El productor televisivo José Luis Moreno ha negado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional que le investiga en el denominado 'caso Titella' haberse valido de un esquema de defraudación entre 2017 y 2021, como apunta la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria en un informe aportado al juzgado.

Fuentes jurídicas señalan a Europa Press que así se ha pronunciado Moreno en su declaración como investigado, en la que se ha acogido a su derecho a contestar únicamente al juez y a su abogado, aunque el instructor no le ha hecho ninguna pregunta.

Durante poco más de media hora, el productor televisivo ha justificado las actuaciones que se le imputan y ha explicado que las cantidades señaladas por la ONIF son reembolsos de gastos que hizo previamente, por lo que defiende que no debía tributarlo, según las fuentes consultadas.

Moreno ha negado la veracidad del contenido del informe de la Agencia Tributaria y ha precisado que uno de los pagos bajo sospecha --por importe de 623.000 euros-- responde a un reembolso por los gastos que asumió como consecuencia del contrato que firmó con su socio Alejandro Roemmers. En este sentido, ha insistido en que no tuvo ganancia patrimonial alguna.

En la misma línea, ha defendido que los fondos recibidos por parte de Youmore TV en 2018, 2019 y 2020 son también reembolsos en los que no obtuvo ganancia patrimonial. Asimismo, ha indicado que las empresas con las que trabaja le reembolsaron gastos que asumió en su momento y que hay facturas que así lo demostrarían.

En el marco de la declaración, también se ha desmarcado de un inmueble en Praga que, según ha señalado, adquirió Youmore TV para tener una sede en Centroeuropa. Con todo, ha incidido en que ha tenido más de 30 inspecciones de la Agencia Tributaria y que en ningún momento le han reprochado nada.

Acusa al policía de los millones emparedados

A su salida del juzgado, en declaraciones a la prensa, Moreno ha asegurado que confía en la Justicia, pero ha incidido en que “hay cosas en la Justicia que tiene sus cuestiones”.

“El responsable absoluto de mi imputación, el jefe de la UDEF, está en la cárcel, Óscar Sánchez. El que vino haciéndose parte de esto, como si le hubiera robado la vida y la serie que no existía (...), Alejandro Roemmers, está imputado por tráfico de menores y droga en Argentina, según TeleNueve y la prensa”, ha manifestado.

Moreno alude a que la unidad que investigó su caso, a las órdenes del juez, estaba dirigida por el inspector jefe Óscar Sánchez Gil, en prisión provisional después de que le fueran encontrados 20 millones de euros emparedados en su casa. Está acusado de integrar una organización de narcotraficantes.

Este lunes también estaba citado Martin Czehmester, ex pareja de Moreno, quien se ha acogido a su derecho a no declarar. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 citó a ambos a petición de la Abogacía del Estado y después de que se haya aportado a la causa el informe de la ONIF Agencia Tributaria en el que los investigadores detallan las cantidades que presuntamente defraudaron entre 2017 y 2021.

Inicialmente, la defensa de Moreno y Czehmester solicitó la suspensión de las declaraciones alegando que no había recibido el citado informe. Sin embargo, la pasada semana el instructor descartó esa solicitud. Este lunes, a las 9.40 horas, el productor televisivo ha acudido a la Audiencia Nacional acompañado de su abogado.

El citado informe, al que ha tenido acceso Europa Press, señala la “existencia de diferentes esquemas de defraudación tributaria en los que estarían inmersos” tanto Moreno como su ex pareja así como Youmore TV, una sociedad con un “papel muy destacado” en esa “operativa de riesgo fiscal”.

La ONIF sostiene que formalmente el 98% de la misma pertenece a Czehmester, a quien sitúa como “persona de máxima confianza de Moreno”, figurando además como administrador. Respecto al productor televisivo, la Agencia Tributaria cree que “sería el principal destinatario de fondos procedentes” de la sociedad.

Hacienda descarta un error

Desde ese supuesto, la ONIF asevera que los ejercicios en los que la cuota defraudada superó los 120.000 euros –lo exigible para que haya un delito contra la Hacienda Pública– fueron los de 2018, 2019 y 2020 en el caso de Moreno y respecto al IRPF. En total, el fraude se situaría por encima de los 981.000 euros.

El departamento de la Agencia Tributaria señala además que Youmore TV cometió un presunto delito contra la Hacienda Pública en los años 2019 y 2020 al dejar de pagar el IVA y el Impuesto de Sociedades. El fraude, en este caso, se eleva por encima de los 1.919.000 euros.

La ONIF considera que “es difícil pensar que tales actos se realizaron por error, por imprudencia, o por una incorrecta interpretación de la norma”. “Al contrario, los actos realizados consideramos que tuvieron como una de sus principales finalidades, precisamente, la de evitar pagar a la Hacienda Pública las cantidades que en cada caso hubieran correspondido”, concluye.

Es la tercera vez que Moreno declara como investigado en esta causa, en la que está acusado de delitos de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública. El ventrílocuo declaró tras ser detenido en julio de 2021 y en septiembre de 2023, esta última de forma voluntaria.

El productor de televisión José Luis Moreno ha negado este jueves en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional cualquier ilegalidad en relación con la presunta macroestafa que se investiga en la Operación Titella (Marioneta, en catalán). Moreno ha afirmado que no es “capo” de nada, sino un empresario con una larga trayectoria.

No soy capo de nada, ha dicho al ser preguntado por su defensa al principio de un interrogatorio que ha comenzado al filo de las 10:00 horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, según fuentes presentes en la declaración consultadas por Europa Press.

Los investigadores señalan a Moreno como el presunto cabecilla de una organización criminal que desde 2017 se habría dedicado a estafar a entidades bancarias e inversores privados, por un lado, y a “la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés” y al “blanqueo de capitales” usando para ello un entramado empresarial, por otro.

No obstante, Moreno ha negado que usara testaferros. “No puedo soportalos”, habría señalado, de acuerdo con dichas fuentes, para reivindicar que a lo largo de su carrera ha realizado más de 3.000 producciones que se han traducido en 150 millones de euros en contratos firmados.

En concreto, se ha referido a la producción de la serie sobre la vida de San Francisco de Asís, 'Glow & Darkness', para rechazar igualmente que estafara al empresario argentino Alejandro Roemmers, con el que se asoció para realizarla. Eso es un “bulo”, ha afirmado para recalcar a continuación que el juez tiene en su poder los 35 capítulos grabados.

Quince coristas de Glow and Darkness, la superproducción 'fantasma' de José Luis Moreno sobre San Francisco de Asís, van a llevar a juicio al empresario y a la productora YouMore TV. Los cantantes trabajaron para la serie en verano de 2020, un periodo que describen como “caótico” y que acabó de forma súbita, dos meses después, con el despido de casi 80 personas.

Moreno les ofreció a todos los miembros del coro un contrato de un año y en régimen de exclusividad pero, al aparecer un brote de COVID entre músicos y cantantes, a los cuales se les exigía ensayar en ocasiones sin mascarilla, la productora se acogió al periodo de prueba para despedirlos de un día para otro. 15 de estos artistas han denunciado a la productora para que sus despidos sean considerados nulos.

La relación laboral que describen los cantantes se inserta en las noticias sobre el extravagante rodaje que saltó por los aires con la operación policial Titella, que acusa al ventrílocuo de encabezar supuestamente una enorme red de estafas financieras. La multimillonaria serie de televisión iba a tener 45 capítulos, pero se canceló antes de haber estrenado el piloto. Moreno fue detenido y puesto en libertad con una fianza de tres millones de euros.

Glow and Darkness, o Resplandor y tinieblas en España, fue anunciada como la producción más ambiciosa del director desde la serie La que se avecina, pero además con alcance internacional. Las cabezas de casting eran todas actrices reconocidas en Hollywood y el presupuesto millonario no tenía nada que envidiar al de la fábrica de los sueños: 280 millones de euros, mucho mayor que el de series como The Crown o House of Cards. Moreno quiso producir él mismo la banda sonora y reunió a un coro y una orquesta de 80 personas. Ese fue el comienzo de los problemas para el tenor Ramón Farto y sus compañeros.

Farto explica a elDiario.es que hasta ahora ha querido ser discreto respecto a las desavenencias con la productora de José Luis Moreno, pero el vaivén con las fechas del juicio y la indemnización propuesta por los abogados del empresario le han hecho cambiar de idea: la empresa les ofrece cobrar una indemnización en torno a los 12.000 euros a lo largo de 60 mensualidades, a razón de 200 euros al mes por persona. “Es irrisorio esperar cinco años para cobrar los 10 meses que habríamos estado trabajando con él”. En total, 180.000 euros en indemnizaciones dentro de una serie inacabada con un presupuesto de 280 millones de euros. elDiario.es ha intentado contactar con YouMore TV para recabar su versión sin obtener respuesta.

Antes de acudir a la residencia del empresario en Boadilla del Monte para una audición privada en el verano de 2020, Farto ya había trabajado con Moreno en un musical de 2018 también sobre la figura de San Francisco de Asís: Franciscus. La idea original era de Alejandro Roemmers, un magnate argentino dueño de una farmacéutica y apasionado del arte en todas sus formas.

Moreno le convenció para estrenarla en Europa, concretamente en Bilbao. Y, como se indica en el sumario, Moreno preparó una rueda de prensa falsa para su socio. Roemmers se dejó seducir y cedió los derechos de un proyecto que duró cuatro funciones y estuvo lejos de recaudar lo mismo que el original. A pesar de todo, Roemmers repitió con Moreno, y Farto también.

Entre el mundo lírico ya tenía fama de ser un estafador. Un montón de cantantes lo habían denunciado porque les debía pasta

Ramón Farto — Tenor

El argentino y el español fundaron Dream Light, la productora que rodaría la gran serie sobre San Francisco de Asís. Tenían dinero, un buen reparto y, según decían, plataformas interesadas en emitirla. En verano de 2020 no había razón para desconfiar. Farto se presentó a la audición porque el director de la orquesta era amigo suyo. Describe la casa y la situación como una “locura”.

Moreno había montado un escenario rodeado de decenas de cámaras donde les hacían cantar dos arias de ópera o zarzuela. Ese mismo día seleccionaron a 40 personas. La productora del empresario y de su sobrina, YouMore TV, les avisó de que los contratos iban a durar un año e incluían una cláusula de exclusividad.

Cobraban unos 1.500 euros al mes, lo que a la mayoría le pareció razonable para renunciar a otros proyectos. “Para un cantante es muy difícil tener una estabilidad salarial durante un año y este trabajo lo compensaba”, reconoce Farto. “Se nos explicó con detenimiento que en caso de COVID nos harían un ERTE, lo que nos daba tranquilidad”, añade. Pero en cambio no conocían nada sobre la serie en la que trabajaban. Según el cantante “no había nada, solo un capítulo piloto y cosas sueltas”, aunque José Luis Moreno había anunciado que grabarían 45 del tirón.

Del ensayo sin mascarilla al despido nulo

En agosto de 2020 comenzaron a grabar las piezas compuestas para Glow and Darkness. A veces cantaban las originales y otras les pedían interpretar sinfonías “a capricho”. “Cantamos la novena de Beethoven para él sabiendo que no iba a salir entera en la serie”, recuerda Farto. Cada vez que José Luis Moreno visitaba el estudio exigía que tanto el coro como la orquesta practicaran sin mascarilla. Él tampoco la llevaba. Los quince denunciantes sostienen que durante esa época la productora “jugó” con su salud.

“Un día vino con un periodista muy amigo suyo y el coro y la orquesta nos dedicamos a ser el deleite y el juguetito del señor Moreno”, cuenta el tenor. “Como el estudio era gigante y no se escuchaba bien en directo, nos obligaron a mezclarnos con los músicos, a pesar de que estábamos en burbujas distintas. Me pasé toda la mañana sin mascarilla y gritándole en la nuca a una pobre chica que tocaba la trompa”, recuerda. Aseguran que tampoco se respetaban las medidas de higiene en el resto de instalaciones, baños o comedor.

Un día vino con un periodista muy amigo suyo y el coro y la orquesta nos dedicamos a ser el deleite y el juguetito del señor Moreno

El tenor describe condiciones extremas en el estudio, más allá de la COVID. El segundo director del coro –contratado después de que el inicial dimitiera por empezar a trabajar sin contrato– estableció que cantasen durante siete horas sin parar. “Es inhumano”, describe el vocalista. “En el Teatro Real trabajas seis horas, que ya son bastantes porque el médico te dice que no debes estudiar más de cuatro al día. Es una barbaridad para la voz”.

Los contagios fueron acumulándose, pero José Luis Moreno seguía exigiendo que ensayaran sin mascarilla en su presencia. Al final, Farto y otros 14 compañeros se infectaron y se tomaron una baja de dos semanas. “Despidieron a toda la plantilla de orquesta y coro, de un día para otro, sin ningún tipo de indemnización”, cuenta. En su opinión, esto se hizo así para “evitar comunicar el brote de COVID entre actores, músicos y cantantes”.

La empresa se escudó en que no habían superado el periodo de prueba que constaba en el contrato. “Muchos ya habíamos trabajado con él, por eso el período de prueba es ilegal, porque solo lo pasas una vez”, alega el cantante. A la carta de despido le acompañaba otra en la que el propio José Luis Moreno se manifestaba “muy contento” con los músicos y cantantes, y su intención de retomar su contrato en cuanto pasase lo peor de la pandemia. Algo incongruente con las razones del despido: “De hecho, nos ofreció a posteriori una grabación más, pagada como un bolo suelto en vez de un contrato real, que evidentemente no aceptamos”.

El 25 de septiembre se efectuaron las bajas en la Seguridad Social y semanas más tarde les enviaron la parte de la nómina correspondiente a la baja por COVID, aunque cada trabajador recibió una cantidad diferente. “Entre el mundo lírico ya tenía fama de ser un estafador. Un montón de cantantes lo habían denunciado porque les debía dinero”, reconoce Farto. Por alguna razón pensaron que esta vez sería diferente: “Sabíamos que era un crápula, pero no tanto”. Evidentemente, “nos han tomado el pelo”, explica el tenor. El juicio está previsto para el 19 de marzo, después de haber sido retrasado tres veces.

Los otros 65 damnificados no han querido denunciar porque “tenían miedo de no volver a trabajar con él. Es un hombre muy poderoso”. Todo eso cambió el 29 de junio de 2021, cuando la policía detuvo a José Luis Moreno por la operación Titella. Pero Glow and Darkness había caído meses antes. “Ahora muchos se arrepienten de no haber querido denunciar a YouMore TV”, dice Farto.

Muchos no denunciaron porque tenían miedo de no volver a trabajar con él, es un hombre muy poderoso

¿Qué pasó con 'Glow and Darkness'?

Se desconoce por qué un empresario argentino, un peso pesado de los negocios farmacéuticos, accedió a financiar con millones de dólares una serie tan arriesgada como Glow and Darkness: 45 capítulos, sin plataforma ni distribuidora, y después del batacazo en España del musical de San Francisco de Asís. Pero lo cierto es que Alejandro Roemmers no fue el único en confiar en una producción de 280 millones de euros, “seis millones por capítulo”, 35 de los cuales pertenecían al argentino.

La producción contaba con José Luis Alcaine, octogenario director de fotografía, ganador de cinco premios Goya y muy respetado en el sector audiovisual español. El reparto incluía rostros internacionalmente conocidos como Joan Collins, Jane Seymour y Dennise Richards. Pero quizá el mayor delirio de grandeza lo representaba el propio Moreno, que se habría encargado de escribir y dirigir los 45 episodios sin experiencia en la realización de dramas históricos, y en inglés.

“Glow and Darkness presenta la vida y la época del que será el fundador de hasta tres órdenes religiosas: la Primera o de los franciscanos; la Segunda o de las clarisas; y la Orden Terciaria”, anunciaba la productora en su página web. La idea era estrenarla en 2021 con un pase especial en el Vaticano, en compañía del Papa Francisco. Nada de eso ocurrió.

El Confidencial desveló que la relación entre José Luis Moreno y Roemmers se resquebrajó a finales de 2020, cuando el primero no entregó los diez primeros episodios prometidos al segundo. De hecho, apenas existió un piloto y algunas escenas sueltas. El vídeo promocional de la serie es una sucesión de escenas inconexas, sin diálogo y una banda sonora sacada de un repositorio gratuito (el coro y la orquesta ya habían sido despedidos).

Después de la operación Titella, Alejandro Roemmers alegó que él mismo podría “estar siendo estafado mediante la emisión de facturas ficticias que no respondían a gasto alguno o eran infladas arbitrariamente para desviar los fondos entregados para la realización de la serie”. Se desconoce si la producción tenía una relación directa con la supuesta trama ilegal que investiga la Policía, pero tiene sus propias causas abiertas. “Yo soy muy incendiario y cuando las cosas son injustas, creo que hay que denunciar siempre”, concluye el representante del coro que nunca cantará en Resplandor y tinieblas.

Estas Navidades deberían haber sido las primeras para José Luis Moreno con residencia fija fuera de España. El invierno pasado, los planes del empresario pasaban por dejar atrás la “contaminación” que detectaba a su alrededor y establecerse en Los Ángeles, quizás Londres, o en las Islas Maldivas, donde planeaba construir un hotel. Pero Moreno no terminó de decidirse y el 29 de junio, el servicio de su mansión en Madrid le despertó para avisarle de que tenía visita: los guardias portaban una orden de detención de la Audiencia Nacional que el productor leería en bata. 

Seis meses después, José Luis Moreno sigue en Madrid, desde donde pleitea para que le rebajen aún más la fianza de tres millones de euros –el juez acaba de rebajarla en un millón– que tuvo que depositar para evitar la cárcel acusado de liderar una organización de estafadores de altos vuelos. “Yo ya he vivido una vida fuera y estoy muy organizado, yo lo que tengo que ir es fuera de España urgentemente. Todos los gastos de fuera se pagan fuera. Yo es como si viviera otra vida y es la que quiero, pero ya definitivamente. No tengo por qué contaminarme aquí de nada. Además lo tengo todo muy ordenado, muy regulado”, le dijo José Luis Moreno por teléfono a uno de sus colaboradores el 25 de febrero de 2021. 

En ese momento, los investigadores ya tenían pinchado el teléfono del empresario. Los españoles no sabían por entonces que en tres meses podrían distraerse de las noticias de la pandemia con uno de sus pasatiempos favoritos: la caída en desgracia de un icono (de otro tiempo). Instalado en la memoria de varias generaciones, José Luis Moreno siempre había sido famoso, pero no del todo popular. Estandarte de un género de entretenimiento ya desaparecido, la ventriloquía, su lujosa vida, su altivez y los enemigos que había ido dejando en el mundo del espectáculo hicieron de él el blanco perfecto de una inquina que se manifestó en 2008, pese a ser víctima de un asalto en su casa con paliza de muerte incluida. 

La historia reciente española es rácana para ofrecer objetivos judiciales tan carpetovetónicos como José Luis Moreno. Desde 2007, con el arresto de Isabel Pantoja, no aparecía en un auto de detención un personaje tan kitsch. La expectación ha sido tanta que la televisión ha llenado horas y horas hablando de una operación contra unos delitos económicos tan desprovistos de espectacularidad que sin José Luis Moreno habría pasado desapercibida. Los guardias civiles y policías al frente de la investigación prepararon la guinda mediática: la Operación se llamaría ‘Titella’, marioneta en catalán. 

El sumario que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional reúne el nombre de más de 700 empresas integrantes de un entramado utilizado por la organización criminal para blanquear el dinero estafado a inversores públicos y privados. Las pesquisas apuntan a que Moreno prestaba su nombre como “tarjeta de visita” y pedía enormes volúmenes de financiación para supuestos proyectos audiovisuales. Después, el dinero se esfumaba. Con razón Moreno hablaba de que fuera tenía una vida organizada: los investigadores siguen aún el rastro del dinero, pero en un informe de junio cifran la fortuna del empresario fuera de España entre los 400 y los 900 millones de euros. 

La organización investigada en la operación Titella arranca con las pesquisas sobre dos aliados de Moreno, Antonio Luis Aguilera y Antonio Salazar, quienes, al menos desde 2017, se dedicaban al fraude y estafa de entidades bancarias e inversores privados, a falsificar cheques y pagarés y al blanqueo de capitales. Una vez entraron en contacto con Moreno, éste se situaría en la cabeza de la banda junto a Aguilera. José Luis Moreno conseguía los fondos y Aguilera y Salazar pondrían sus “amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil” para crear la red de empresas y distraer el dinero de préstamos y subvenciones, según los investigadores. 

A través del seguimiento de la organización, los agentes comprobaron que Moreno y sus colaboradores se adaptaban a las circunstancias. “En la actualidad se se están beneficiando de los créditos ICO que se están concediendo a raíz del Covid 19, dado que dicen que son los más fáciles de conseguir y que las entidades bancarias están deseando concederlos”, informaron al juez poco antes de las detenciones. O no tan deseosos: los propios agentes apuntan en su informe que las sospechas recaen sobre “un número de directores de entidades bancarias que, cuanto menos, están colaborando con la organización, obviando la diligencia debida a la hora de aprobar las operaciones de financiación que les presentan”. 

Aquel 29 de junio de la detención de Moreno fueron arrestadas otras 52 personas. Entre ellas, varios directores de sucursales, trabajadores y empresarios cercanos al productor, su sobrina, su abogada y un notario que estaba a sueldo de la organización. Según los cálculos de la Fiscalía, la red pudo causar “un perjuicio evaluado en torno a los 85 millones de euros”. El destino de ese dinero eran países como Suiza, Panamá y Maldivas. Entre los proyectos de la organización estaba también crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.

“Peloteo de cheques”

El registro de la mansión de Moreno se convirtió en el foco de atención el 29 de junio. Coches de lujo, cajas fuertes… finalmente los policías solo encontraron 4.000 euros en efectivo en la vivienda. El productor pasó dos noches en el calabozo, pero logró evitar la cárcel tras cubrir con un aval hipotecario la fianza de tres millones de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Tras la rebaja a dos millones, su defensa sigue batallando para que se quede en un millón o desaparezca esa medida cautelar. 

En las horas siguientes se fueron desvelando los métodos utilizados por la organización. Se repetían los términos “empresas pantalla”, “testaferros” y otros menos conocidos como “peloteo de cheques”, una práctica consistente en que una empresa emite un cheque a nombre de otra y ésta cobra la cantidad en el banco. Cuando la sucursal se da cuenta de que no hay fondos en el denominado –hay un “plazo de devolución interbancario” que dura alrededor de 72 horas–, la empresa que ha cobrado el dinero hace lo mismo con otras y así sucesivamente.

La prosaica actividad delictiva de la trama recibía un toque de sofisticación con algunas intervenciones de Moreno. “Ha cambiado algunos actores y está utilizando diferentes sociedades, pero el fin es el mismo: conseguir dinero por cualquier medio”, advirtieron en verano al juez los investigadores. Se referían a los 32 millones de euros que José Luis Moreno obtuvo del magnate argentino Alejandro Roemmers para filmar la serie ‘Resplandor y Tinieblas’, basada en la vida de San Francisco de Asís. 

“Roemmers podría ser una víctima más de las estafas del señor Moreno, un inversor privado que disponía de cierto capital en países como Argentina, Panamá o Suiza, del que se desconoce su procedencia, y que estaba introduciendo en nuestro país ayudado por Moreno, esperando posteriormente que le reportase beneficios una vez lavado”, escriben los agentes. El dinero habría acabado en las empresas de Moreno a través de facturas falsificadas. José Luis Moreno asegura que tiene rodados 35 capítulos de 45 minutos cada uno, con estrellas internacionales como Joan Collins, y que toda la inversión está justificada. La filtración de algunas escenas provocó en su día críticas por la baja calidad de una serie que pretende ser de época. 

Es aquí donde entra en escena otra figura clave, el checo Martin Czehmester, pareja de José Luis Moreno, titular de la empresa Youmore TV S.L y que será interrogado por el juez el próximo 18 de enero, en una nueva tanda de declaraciones. Youmore TV es detectada por los policías como la única empresa que Moreno consideraba que tenía “limpia” antes de su detención. Los investigadores sospechan que Czehmester transfirió a República Checa dinero obtenido por la trama en una operativa propia del blanqueo de capitales. “En concreto ostenta la titularidad de propiedades inmuebles de alto standing en el extranjero, en concreto en la República Checa, disfruta de viajes de lujo en barcos y aviones privados, tiene el usufructo de vehículos de alta gama de las mejores marcas y recibe dinero en sus cuentas”, detallan. 

La citación de la pareja de Moreno se ha producido al detectar los investigadores que, con posterioridad a la detención del empresario, Czehmester ha vendido una casa en la República Checa que está en el punto de mira de los investigadores. En el sumario consta una conversación entre la pareja de Moreno y una colaboradora en la que el checo expresa su incomprensión ante la situación del empresario, que estaría “pasando penalidades cuando tiene fuera de España 500 millones de euros”. “Que pague a alguien 200 millones aunque sea, para que los traiga”, dice Czehmester en ese pinchazo telefónico. 

Hay una pata de la investigación de la Operación Titella que investiga el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La operación contra Moreno se precipitó cuando el 13 de junio, los agentes interceptaron un Opel Astra en el trayecto Barcelona-Madrid con 1,2 millones de euros escondidos en su maletero. El destinatario de los fondos para su ingreso en un banco y blanqueo era Antonio Aguilera, uno de los máximos colaboradores del productor en la trama “económica”.

El sindicato CGT ha criticado la petición petición de sobreseimiento de la Fiscalía en el caso del “saqueo de RTVV” donde señala a Alba Adriática, la productora de José Luis Moreno. CGT señala tanto a Fiscalía Anticorrupción como al juez de no querer investigar una denuncia que presentó en julio de 2014.

El sindicato recuerda que se personó en 2017 “ante la pasividad mostrada en la instrucción”, y que se pidió la pericial “porque estábamos seguros de los indicios de delito”. Pero señalan que “la jueza sustituta denegó la prueba y la Audiencia Provincial nos dió la razón. La pericial ha confirmado un sobrecoste de 1.300.000 euros”.

No obstante CGT advierte que “iba pasando el tiempo y la Fiscalía no pidió la prórroga de la fase de instrucción” y que al vinal la pericial llegó pero con la instrucción finalizada “gracias a la reforma de la LECRIM del PP”. Esto supuso que no se pudieron pedir más diligencias como alude la Fiscalía en su escrito, “precisamente lo reprocha quien debió hacerlo y no lo hizo”.

Con todo recuerdan que “denunciamos en solitario a José Luis Moreno, y recurrimos ante la Audiencia en solitario contra el sobreseimiento por el resto de hechos denunciados (incluido más de 100.000 euros en comilonas de Jaraba)”. Ante esta situación lamentan que “ni la Fiscalía ni la Abogacía del Cobsell se han pronunciado sobre estos dos recursos”.

Concluyen desde CGT afirmando que “la instrucción ha sido pésima por utilizar un calificativo suave, ni el juez, ni la Fiscalía han querido investigar”, pero advierten de que “seguiremos denunciando que la corrupción es el sistema, y exigimos responsabilidades de todos los elementos que lo conforman”.

El exdirector general de RTVV José López Jaraba ha defendido el pago de los dos programas del productor José Luis Moreno Planta 25 y De un tiempo a esta parte que un peritaje encargado por el juez a petición de la acusación ejercida por el sindicato CGT concluyó que tenían un precio superior al real en 1,7 millones. Jaraba ha acudido este lunes al juzgado de Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) a ser interrogado sobre el informe y el perjuicio a los fondos públicos.

El juez se ha mostrado muy interesado en que explicara el mecanismo de pago del programa De un tiempo a esta parte. En su día, la Sindicatura de Cuentas cuestionó cómo se abonó la serie Planta 25, de la que dijo que faltaban por justificar 1,7 millones de euros. Ese dinero, que era una supuesta deuda con José Luis Moreno, Jaraba decidió pagarlo con la adjudicación del programa con famosos que ahora cuestiona el peritaje. 

El exdirector general ha asegurado, según ha podido saber eldiario.es, que se decidió darle el programa porque la televisión hubiera perdido la reclamación de la deuda en un juzgado. Finalmente, -siempre según la declaración de Jaraba- se optó por una “compensación en especie”, es decir, que Moreno reconociera su deuda con la condición de pagar con programas.

Así, el productor entregó a RTVV 44 programas (De un tiempo a esta parte) de 100 minutos de duración, a un coste estimado de 44.600 euros por los que el ente público no abonó “un sólo céntimo” en una operación que fue avalada por la consultora KPMG y no tuvo objeción alguna por parte de la Sindicatura o la Intervención, ha insistido el exdirector general.

Jaraba ha insistido en que otras televisiones autonómicas pagaron “más caro” y ha aportado varios contratos en los que las televisiones públicas de Castilla-La Mancha o Andalucía abonaron hasta 66.000 euros o 90.0000 por programas de 150 y 100 minutos, respectivamente, en las mismas fechas (2009). El exdirector general ha incidido en que tanto la serie como el programa “son arte”, por lo que son de muy difícil valoración.

En ese sentido, Jaraba ha seguido la misma estrategia que José Luis Moreno, que no es otra que cuestionar el informa pericial. El exdirector general de RTVV ha alegado que la pericial ha decaído porque el propio informe “habla de falta de información” y ha dicho que uno de los peritos tiene animadversión hacia Moreno, pese a que antes de la declaración había asegurado no tener amistad con el productor. 

La empresa Taxo, que ha realizado la pericial, es la que contrata la Conselleria de Justicia para todos sus pleitos en juzgados.

La acusación ejercida por CGT y Compromís -los dos únicos que han acudido al interrogatorio- recuerda que se le pagaron a José Luis Moreno más de 2 millones de euros por el mecanismo de pago a proveedores del Estado, incumpliendo los requisitos legales, como señaló la Sindicatura de Cuentas, “sin que nadie exigiera responsabilidades”. “Tampoco los liquidadores del PP ni los últimos debieron ver nada extraño”, ha dicho. Jaraba se ha negado a contestar a la CGT. 

El juzgado de Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) tiene muy adelantadas las pesquisas sobre la investigación abierta a determinados contratos audiovisuales de la extinta Canal 9, la televisión pública valenciana que cerró el PP de manera abrupta en 2013 con una agujero superior a los 1.300 millones de euros y que acabó con más de 1.600 empleados en la calle.

Tras la batalla que libraron el instructor y la acusación -el sindicato CGT-, el informe pericial sobre dos de los programas denunciados ha llegado a manos del magistrado. Tras analizar el peritaje, el juez ha citado a declarar como imputado -ya lo estaba en la causa- al exdirector de Radio Televión Valenciana (RTVV) entre octubre de 2008 y diciembre del 2012, el periodista José López Jaraba, el próximo 3 de junio. López Jaraba deberá responder por esta tasación.

El informe pericial se ha elaborado sobre el programa de entretenimiento De un tiempo a esta parte y la serie de ficción Planta 25, de la productora Alba Adriática, propiedad del ventrílocuo y productor José Luis Moreno. Según el informe de 90 páginas realizado por la empresa Taxo, ambos programas se habrían pagado por un valor totalmente fuera de mercado, en concreto con unos sobrecostes de 1,9 millones de euros.

El documento elaborado por dos peritos expertos en el mercado audiovisual y que ya es parte de la causa en la que solo queda imputado José López Jaraba analiza técnicamente el programa y la serie, los gastos incurridos, el dinero abonado y hasta la calidad de la imagen y el material usado. Es una de las pruebas de más fuerza que la acusación podría usar para seguir adelante con un proceso que ya ha desechado investigar otros programas acusados inicialmente de estar hinchados.

Así, de la serie de ficción Planta 25, que se emitió en 2006 y 2007, entienden los peritos que la calidad es muy baja para el precio que se abonó. La televisión valenciana pagó a José Luis Moreno 2.025.000 euros por la emisión de la serie -una coproducción entre Alba Adriática y RTVV-. En total, unos 126.018 euros por capítulo. El informe pericial concluye que habiendo visionado y analizado cada capítulo, cada entrega de la serie debía haber rondado de 20.000 a 30.000 euros.

Es más, los peritos comparan el coste unitario de series de gran éxito con la producida por José Luis Moreno. Amar en tiempos revueltos, uno de los mayores éxitos de TVE, tenía un coste por capítulo de 56.000 euros -68.000 cuando se disparó su precio debido al éxito-. Gran Reserva: el origen, costó también a la televisión pública española unos 53.000 euros. Entienden los peritos que el agujero provocado a Canal 9 fue de alrededor de medio millón de euros.

Los peritos también ponen el foco en que la serie Planta 25 se emitió en otras televisiones autonómicas como Telemadrid, Canal Sur o Castilla La Mancha Televisión. Entienden pues los peritos, que los gastos podrían haberse reducido puesto que la productora de José Luis Moreno vendió la obra a otras autonómicas.

El quebranto más grande para Canal 9, según el informe pericial presente en la causa, es el programa De un tiempo a esta parte. En este caso, el contrato fue cerrado en 2011. Según la documentación en poder de eldiario.es, José López Jaraba siendo director general reconoció en 2010 que RTVV adeudaba a Alba Adriática SL 1.785.295 euros. Para saldar este pago, la televisión le encargó el programa de entretenimiento semanal que se emitió casi de madrugada y que contaba con actuaciones y entrevistas a famosos.

En este caso, la empresa pública satisfizo los casi 1,8 millones, pero los peritos entienden que “el valor máximo razonable” de todos los programas emitidos era de 400.000 euros. 1,3 millones de euros de desfase. Cada capítulo se vendió por un coste unitario de 44.000 euros y cada número tendría un coste de unos 4.000 euros, según los tasadores independientes.

En el informe, los peritos llaman la atención sobre una factura emitida a Alba Adriática por la empresa Kulteperalia SL, también del holding empresarial de José Luis Moreno. “La productora Alba Adriática sobrecosteó los presupuestos destinados a su programa De un tiempo a esta parte, efectuó cobros en efectivo de más de 40.000 euros para los que no hemos encontrado justificación, según las facturas emitidas por Kulteperalia SL y vendió una obra audiovisual de una calidad muy mala por un precio desorbitado cuyos cincuenta primeros capítulos no habrían pasado los cortes de calidad de otras cadenas generalistas”, concluye el informe pericial encargado por el juez. Este programa también fue vendido a Televisión de Castilla La Mancha, por lo que el negocio fue redondo.

En la causa incial por los contratos de Canal 9 se imputó a varios directivos del RTVV por los pagos a la productora Triskel y al Villarreal CF. Tras varios años de pesquisas se archivaron, aunque la Fiscalía Anticorrupción reabrió la investigación. La denuncia y personaciones inicial la realizaron Compromís y CCOO a la que se sumó CGT. En estos momentos, es CGT el sindicado que ha conseguido que el juez encargara un pertitaje, ya que en un primer momento se negaba. Con este informe el caso vuelve a estar vivo y la idea es recuperar al menos parte del dinero del agujero multimillonario de la extinta RTVV.

El empresario José Luis Moreno sigue gestionando un teatro municipal de Valencia aunque no paga a hacienda, a la seguridad social y, según denuncia ahora Esquerra Unida (EU)¸a los artistas que han actuado en el recinto.

La situación en el Teatre El Musical es surrealista. El ayuntamiento decidió en junio de 2014 no abonar la subvención pactada y rescindir la concesión a Moreno por incumplimiento de sus obligaciones. Siete meses más tarde, sin embargo, el productor de televisión continúa gestionando el recinto del Cabanyal.

Lo hará, en principio, hasta abril, cuando el ayuntamiento prevé tener el pliego de condiciones para ceder la gestión del teatro a la iniciativa privada. La expulsión de Moreno no se habría concretado, según EU, para respetar la programación prevista hasta primavera. Los artistas, sin embargo, no cobran.

Amadeu Sanchis, concejal de EU, ha criticado al equipo de gobierno, del PP. “Es escandaloso el descubrir que Moreno lleva más de un año sin pagar sus contratos a los artistas. Consideramos que es una prueba evidente de donde ha derivado esa contratación privada”.

Los impagos de Moreno, dice Sanchis en un comunicado, deben ser “un elemento más no sólo para continuar con la denuncia respecto a José Luis Moreno y su empresa sino también para remunicipalizar el Teatro El Musical”.

Moreno, proveedor del PP valenciano

Moreno es un viejo conocido del PP valenciano. Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) pagó a su productora dos millones de euros por la serie Planta 25, una ficción que fue retirada por su pobre audiencia tanto en Canal 9 como en Tele Madrid. El sector tachó en su día el precio abonado como de fuera de mercado.

La sindicatura de Comptes denunció que la productora no justificó 1.7 de los 2 millones de euros que le otorgó Pedro García, el exdirector general de RTVV imputado por el  supuesto robo de medio millón de euros durante la visita del Papa a Valencia. Moreno anunció en abril de 2013 que negociaba con la Generalitat la compra de Ciudad de Luz, los estudios de cine de Alicante, de propiedad pública, paralizados y en quiebra. De este negocio, al menos, nunca más se supo.

La Generalitat Valenciana ha dedicado parte del dinero que le llegó del gobierno para afrontar su enorme deuda con proveedores a gastos cuantos menos variopintos. Entre ellos, 72.000 euros a entradas al campo del Real Madrid (637,20), el Barcelona (265,20) y “Toros y espectáculos gaditanos” (71031,38), según VozPopuli.

La oposición ya ha exigido claridad y transparencia sobre el destino del rescate del Gobierno a la Generalitat a través del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, un instrumento ideado por Madrid para evitar el colapso de varias administraciones regionales, entre ellas la valenciana.

Madrid prestó a la Generalitat en 2012 , mediante este procedimiento, 4.300 millones. El destino de parte de este dinero ha tenido receptores que han indignado a PSPV, Compromís y Esquerra Unida, que se plantean llevar algunos de estos pagos a los tribunales. Por ejemplo:

El aeropuerto de Castellón, aún sin funcionar, pagó 3 millones al Villarreal Club de Fútbol en concepto de patrocinios que se adeudaban.

La Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana pagó medio millón de euros al equipo de motociclismo de Jorge Martínez Aspar, socio de Valmor, la empresa privada que organizó la Fórmula 1 en Valencia, también en concepto de patrocinio.

Canal 9 pagó casi 3 millones de euros que la extinta Canal 9 le debía al productor José Luis Moreno por 30 programas. Moreno es (o era) un contratista clásico de las administraciones valencianas del PP.

Canal 9 también pagó¸ siempre gracias al dinero del rescate, 656.000 euros a Bernardino Lombao, el entrenador personal de Jose María Aznar, por la producción de una competición deportiva entre colegios que se retransmitía los sábados por la mañana, Esport Divertit.

Tras varios meses de tira y afloja, el Ayuntamiento de Valencia ha decidido iniciar las gestiones para recuperar la gestión del Teatre El Musical, gestionado durante cerca de 18 meses por el polémico productor de televisión José Luis Moreno.

Moreno no ha podido acreditar ante la administración local estar al corriente de pago con hacienda y la seguridad social. Es decir, ha incumplido el contrato, por lo que el ayuntamiento cancelará el contrato y, previsiblemente, volverá a sacar a concurso la gestión del recinto del Cabanyal.

El sector de la cultura y había criticado de manera casi unánime la programación de El Musical, que habría perdido calidad y público desde que es gestionado por Moreno, que ganó su gestión al presentar la oferta mejor puntuada y más barata en un concurso público y abierto. El Ayuntamiento no paga la subvención pactada a Moreno desde julio de 2013, cuando transcendieron sus incumplimientos.

Moreno es un viejo conocido del PP valenciano. Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) pagó a su productora dos millones de euros por la serie Planta 25, una ficción que fue retirada por su pobre audiencia tanto en Canal 9 como en Tele Madrid. El sector tachó en su día el precio abonado como de fuera de mercado.

La sindicatura de Comptes denunció que la productora no justificó 1.7 de los 2 millones de euros que le otorgó Pedro García, el exdirector general de RTVV imputado por el supuesto robo de medio millón de euros durante la visita del Papa a Valencia. Moreno anunció en abril de 2013 que negociaba con la Generalitat la compra de Ciudad de Luz, los estudios de cine de Alicante, de propiedad pública, paralizados y en quiebra. De este negocio, al menos, nunca más se supo.

La Rambleta, el centro público, de gestión privada, referente en la escena cultural de Valencia ha perdido a su programador y a su responsable en apenas un mes. El Musical, el teatro municipal del Cabanyal gestionado por una empresa del productor José Luis Moreno, podría ser rescatado por el ayuntamiento por los impagos de su gestor.

En otras palabras, la gestión privada de los recintos culturales públicos en Valencia está en entredicho. Amadeu Sanchis, concejal de EU, habla directamente de “la deriva de la gestión indirecta de la cultura”. Con la dimisión de Gemma Sastre, la directora de Espai Rambleta, “tenemos una prueba más de que la gestión indirecta solamente busca el beneficio económico y no propuestas culturales tan interesantes como las que hasta ahora se habían programado”, dice el edil.

El ayuntamiento presidido por Rita Barberá, como en otras áreas, apuesta por la gestión privada de los recintos culturales públicos. Espai Rambleta está gestionado por Bulevar del Arte y la Cultura, una empresa propiedad, entre otros, de las constructoras Cyes, Secopsa y algunos miembros de la familia Reyna, antiguos propietarios del diario Las Provincias.

La compañía recibe anualmente 2.2 millones de euros del Ayuntamiento de Valencia por la construcción y gestión del recinto, pero la empresa, para que le salgan los números, necesita más ingresos. Eso –dar un “giro más comercial” a su oferta- provocó el despido de su programador cultural y, después, influyó en la dimisión de la responsable del espacio.

Moreno, a través de una empresa, Crystal Forest, también cobra por su labor en El Musical: 400.000 euros al año. Frente a las alabanzas, hasta ahora, sobre la gestión de Espai Rambleta, el teatro sólo recibe críticas: su programación se tacha de floja o directamente de penosa en el mundo de la cultura y, además, Moreno no está al día en sus pagos a hacienda o la seguridad social. El ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para rescatar la concesión.

La extensión de modelo Alzira

El modelo Alzira –la gestión privada de un hospital público- es común en varios recintos o servicios del Ayuntamiento de Valencia, desde los gimnasios hasta la grúa pasando por los aparcamientos. El ayuntamiento cree ahorrar costes –salarios, por ejemplo- y mejorar la gestión con las concesiones, pero, en la actual coyuntura, la gestión es muchas veces deficitaria.

Barberá quiere recuperar el control de Piscina Valencia por los impagos, el Polideportivo de la Rambleta ha estado cerrado dos años tras la renuncia por las pérdidas de la anterior concesionaria y algunas empresas han renunciado a hacer los aparcamientos adjudicados por la incertidumbre sobre la rentabilidad del proyecto.

La alternativa, en muchos casos, sería recuperar la gestión municipal, pero hay un problema: la falta de dinero. El ayuntamiento de Valencia debía a fin de 2013 872 millones de euros, a 1.100 por vecino. Sin estar en quiebra como la Generalitat, la tesorería no permite alegrías.

El lío que ha montado el productor de televisión José Luis Moreno en un teatro municipal de Valencia, el Musical, se eterniza, aunque el ayuntamiento de Valencia parece tenerlo claro: Si el productor no paga sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social, el consistorio no aprobará la programación para la próxima temporada, antesala de la rescisión del contrato.

Según la concejal de Cultura, Mayren Beneyto, Moreno “se ha comprometido a presentar los papeles y nosotros le aprobaremos la temporada cuando llegue la temporada próxima si él tiene los papeles, si no, no hay nada que aprobar”. El productor achaca a la crisis el impago de los impuestos y la seguridad social de los trabajadores.

El sector de la cultura, por el contrario, critica de manera casi unánime la programación del Teatre El Musical, un recinto de El Cabanyal que habría perdido calidad y público desde que es gestionado por Moreno, que ganó su gestión al presentar la oferta mejor puntuada y más barata en un concurso público y abierto. El Ayuntamiento no paga la subvención pactada a Moreno desde julio de 2013, cuando transcendieron sus incumplimientos.

Moreno, negocios habituales con el PP

Moreno es un viejo conocido del PP valenciano. Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) pagó a su productora dos millones de euros por la serie Planta 25, una ficción que fue retirada por su pobre audiencia tanto en Canal 9 como en Tele Madrid. El sector tachó en su día el precio abonado como de fuera de mercado.

La sindicatura de Comptes denunció que la productora no justificó 1.7 de los 2 millones de euros que le otorgó Pedro García, el exdirector general de RTVV imputado por el supuesto robo de medio millón de euros durante la visita del Papa a Valencia. Moreno anunció en abril de 2013 que negociaba con la Generalitat la compra de Ciudad de Luz, los estudios de cine de Alicante, de propiedad pública, paralizados y en quiebra. De este negocio, al menos, nunca más se supo.

El Ayuntamiento de Valencia estudia cómo retirar la concesión del Teatre Municipal El Musical (TEM) a Crystal Forest, una empresa del productor José Luis Moreno, por su pésima programación, su opacidad en la gestión de un recinto público y los impagos a hacienda y a la Seguridad Social.

La gestión de Moreno, productor y director de decenas de series de televisión, entre ellas, éxitos de audiencia como La que se avecina, ha acabado con la paciencia de la concejal de Cultura, Mayrén Beneyto. «He remitido la situación del Teatre El Musical a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que estudien qué opciones legales podemos acometer», ha dicho la edil, que reconoce que la gestión de Crystal Forest “no ha cumplido las expectativas”.

Expertos del sector lo pone blanco sobre negro. La programación ha sido mediocre, de poca calidad, originalidad y alejada del espíritu del TEM, un teatro de barrio pero con un público ya consolidado. Moreno, además, habría engañado a gran parte de los trabajadores contratados tras apenas 12 meses de gestión.

Felipe del Baño, exdiputado del PP en el parlamento autonómico y exasesor de Teatres de la Generalitat, fue nombrado gerente del TEM por Moreno. Abandonó el cargo. Algunos trabajadores han denunciado el impago de sus sueldos. Y, el Ayuntamiento, no abona su subvención al recinto porque Crystal Forest incumple el contrato y ni siquiera certifica estar al día con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

En resumen, el TEM está sumido en el caos. En su día, fuentes del sector lo advirtieron, pero la empresa de Moreno presentó la oferta más barata y mejor puntuada en el concurso organizado por el Ayuntamiento, que ahora deberá rescatar la concesión del empresario que se hizo famoso como ventrílocuo.

Moreno, negocios habituales con el PP

Moreno es un viejo conocido del PP valenciano. Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) pagó a su productora dos millones de euros por la serie Planta 25, una ficción que fue retirada por su pobre audiencia tanto en Canal 9 como en Tele Madrid. El sector tachó en su día el precio abonado como de fuera de mercado.

La sindicatura de Comptes denunció que la productora no justificó 1.7 de los 2 millones de euros que le otorgó Pedro García, el exdirector general de RTVV imputado por el supuesto robo de medio millón de euros durante la visita del Papa a Valencia. Moreno anunció en abril de 2013 que negociaba con la Generalitat la compra de Ciudad de Luz, los estudios de cine de Alicante, de propiedad pública, paralizados y en quiebra. De este negocio, al menos, nunca más se supo.