La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de seis meses de suspensión de empleo al juez canario Rafael Lis -ya jubilado- por una falta muy grave de desatención en la tramitación de diligencias en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife (Lanzarote).

Según recoge la sentencia, la Sala ha desestimado el recurso presentado por el juez contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 30 de noviembre de 2017 y la resolución de la Comisión Disciplinaria de 27 de septiembre de 2016 por la que se la imponía una sanción de suspensión de seis meses por la comisión de una falta muy grave de desatención prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La sentencia señala que Lis continuó instruyendo las diligencias previas 654/2014 a pesar de que sobre él pesaba un incidente de recusación promovido por el magistrado César Romero Pamparacuatro por la vinculación de esta causa con otra en la que estaba personada la abogada Margarita Alejo Hervás, pareja sentimental del sancionado. Alejo representaba al empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa.

Las diligencias previas 654/2014 se abrieron como consecuencia de una denuncia interpuesta por Pamparacuatro, el juez del caso Unión, por la desaparición de resoluciones judiciales en este procedimiento. El incidente de recusación cursado contra Lis se basaba en las conexiones entre Unión y el denominado caso Stratvs, en el que estaba personada la abogada Alejo en representación del empresario Rosa, dueño de la bodega que da nombre a la causa.

Según el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas que admite el incidente de recusación planteado por Pamparacuatro contra Lis, el juez sancionado tenía un interés indirecto en la causa. La resolución judicial señala la incidencia de determinadas actuaciones de la investigación del caso Unión (en una de cuyas piezas también estuvo imputado Rosa) en el caso Stratvs. Entre otras, la documentación sobre el expediente de la bodega hallada en una entrada y registro en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza o conversaciones telefónicas interceptadas a Rosa en las que se hablaba sobre Stratvs.

Lis permitió incluso la personación del empresario (y de otros investigados en el caso Unión) en la causa sobre la desaparición de autos de Unión.

Estando recusado, Lis acordó no admitir a trámite un escrito de ampliación de denuncia que se había presentado por el empresario Luis Lleó y ordenó remitir dicha ampliación al decanato de los Juzgados de Arrecife para su reparto entre los Juzgados de ese partido judicial.

Como consecuencia de dicho reparto, la ampliación volvió a corresponder por reparto a su Juzgado y dio lugar a otras diligencias previas, incoadas bajo el nº 4062/2014, de las que conoció el juez Lis, y por las que fue recusado de nuevo.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Las Palmas estimó el primer incidente de recusación por auto de 10 de marzo de 2015 entendiendo que sí concurría la causa 10ª del artículo 219 LOPJ por ser la cónyuge del sancionado letrada de un imputado en unas diligencias que dijo relacionadas con las citadas 654/2014, mientras que la segunda recusación fue rechazada por extemporánea.

La carrera como juez de Rafael Lis estuvo salpicada de polémica desde que decidió regresar a la judicatura para jubilarse dentro de ella, tras un largo periodo ejerciendo la abogacía en un despacho profesional con sede en Las Palmas de Gran Canaria. En estos momentos sigue pendiente de un expediente disciplinario por falta muy grave en el Consejo General del Poder Judicial por dilaciones indebidas en un procedimiento. A pesar de sus acciones, el órgano de gobierno de los jueces le permitió alargar su vida laboral hasta los 72 años, que cumplió el pasado mes de mayo, lo que le impidió formar parte del tribunal que juzgó al juez Salvador Alba al que fue designado por el TSJ de Canarias.

El juez Salvador Alba quiere a su colega Rafael Lis en el tribunal que lo juzgue por los cinco delitos presuntamente cometidos cuando conspiró contra la magistrada Victoria Rosell, elegida el pasado 28 de abril diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas como independiente. Así lo ha hecho constar en un escrito presentado el pasado día 3 por su abogado, Nicolás González-Cuéllar Serrano, quejoso de que un año después de la apertura de juicio oral, este no se haya celebrado todavía, entre otras razones por la multitud de recursos interpuestos por él y por la dificultosa tarea de conformar sala en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) entre magistrados y magistradas disponibles y dispuestos.

Alba quiere que Lis, que tendrá que jubilarse el domingo 26 de mayo al cumplir 72 años, permanezca en el tribunal que preside José Félix Mota y completa Julio Wood, para lo cual ha reclamado que se señale ya la fecha del juicio porque, de comenzar antes de la jubilación forzosa, ésta podrá retrasarse hasta que la sentencia sea redactada.

Para el caso de que no se fije juicio antes de las elecciones del domingo 26, Alba quiere que el tribunal se dirija al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que autorice una “prórroga de jurisdicción del magistrado don Rafael Lis Estévez tras la fecha de su jubilación”. Como última petición y para el caso de que se le deniegue la anterior, el acusado quiere que se designe ya un sustituto del polémico juez con destino en Instrucción 3 de Arrecife.

Salvador Alba quiere que Lis, que ya fue recusado sin éxito por las acusaciones particular y populares, pueda participar en la sentencia porque, en el caso de condena, un hipotético voto particular favorable podría ayudarle en su recurso ante el Tribunal Supremo, la única instancia a la que podrá acudir al ser juzgado como aforado en un TSJ.

Rafael Lis fue designado miembro del tribunal que ha de juzgar a Salvador Alba el pasado mes de diciembre, poco después de reincorporarse a su puesto tras cumplir una sanción disciplinaria de seis meses de suspensión de empleo y sueldo. El CGPJ lo sancionó por no apartarse de una causa relacionada con la corrupción urbanística de Lanzarote en la que su pareja ejercía como letrada de uno de los empresarios encartados a través del despacho de abogados que él mismo fundó y del que era socia junto a los hijos del magistrado.

Antes de ser sancionado Lis y suspendido cautelarmente Alba tras abrirse juicio oral en su contra, ambos coincidieron reiteradamente en sus resoluciones casualmente a favor de empresarios y empresas vinculados con la trama de corrupción del caso Unión, en Lanzarote, y algunas de sus derivadas. Resoluciones que en la mayoría de los casos fueron posteriormente tumbadas por instancias superiores a petición del Ministerio Fiscal.

Salvador Alba Mesa se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación a petición de la Fiscalía del TSJC por la presunta comisión de los delito de prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento judicial, negociación prohibida a funcionario público y revelación de secretos. La acusación particular y las dos populares incrementan la petición de prisión a 14 y 13 años, respectivamente.

Al juez Salvador Alba no le ha hecho ninguna gracia la exclusión de su colega Rafael Lis del tribunal que lo tendrá que juzgar próximamente por los cinco delitos que se le atribuyeron tras descubrírsele maniobrando en contra de la magistrada Victoria Rossell. Su abogado interpuso un recurso al día siguiente de que la letrada de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitiera una providencia detallando la composición del tribunal, fijada “por orden cronológico de entrada en esta Sala de los nombramientos de los magistrados reseñados”.

Así, el tribunal quedó compuesto por José Félix Mota, como presidente y ponente de la sentencia, y por Secundino Alemán y Julio Wood. Tal resolución dejaba fuera a Rafael Lis, que había sido recusado tanto por la acusación particular (Victoria Rosell), como por las acusaciones populares (Podemos y el periodista Carlos Sosa). Todas las partes alegaron la estrecha amistad entre Salvador Alba y el polémico Rafael Lis, actualmente al frente de Instrucción 3 de Arrecife, juzgado al que acaba de incorporarse tras cumplir una sanción disciplinaria de seis meses de empleo y sueldo por no apartarse de una causa en la que su esposa era abogada de una de la partes.

Lis, además, habrá de jubilarse el 26 de mayo indefectiblemente, al cumplir 72 años.

La recusación fue rechazada por el TJSC, que mantuvo al juez como ponente de la sentencia. Sin embargo, la letrada de la Administración de Justicia, al apreciar que había sido alterado el orden cronológico de entrada de los nombramientos de magistrados, corrigió el error y dejó fuera a Rafael Lis, sustituyéndolo por quien entró antes que él, Secundino Alemán.

La reacción de la defensa jurídica de Alba no se hizo esperar y, de inmediato, interpuso recurso contra tal resolución alegando infracción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial y del derecho de su defendido al juez natural predeterminado por la ley. Todo ello por entender que Secundino Alemán fue nombrado por el presidente del TSJC, Antonio Doreste, para resolver la recusación que Alba había formulado contra Julio Wood, y que al quedar resuelta esta, el siguiente de la lista debía sustituirle, es decir, Lis.

Además, Alba ha presentado un escrito reclamando que se agilicen los trámites para celebrar juicio oral, cuya apertura fue decretada en mayo de 2018 por la magistrada instructora, Margarita Varona. Durante este periodo de casi un año, Alba ha recurrido prácticamente todas las resoluciones y se ha opuesto a media docena de nombres de magistrados y magistradas con opción a formar parte del tribunal.

Salvador Alba Mesa está acusado de los delitos de prevaricación judicial, cohecho, falsificación de documentos judiciales, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionario público. La Fiscalía pide para él una condena a 10 años de prisión y 29 de inhabilitación. Las acusaciones elevan las penas hasta 14 años de cárcel.

26 de mayo de 2019. Esta fecha, señalada por la celebración de las elecciones europeas, autonómicas y locales, supondrá también el punto final en la carrera judicial del polémico magistrado Rafael Lis. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en la sesión celebrada el 24 de enero, a propuesta del servicio de personal, la jubilación forzosa del actual titular del Juzgado de Instrucción 3 de Arrecife, que cumple ese día los 72 años fijados por ley como tope para ejercer en la judicatura.

El último año de Lis como juez ha estado marcado por dos controvertidos acontecimientos: la sanción de seis meses de empleo y sueldo que le impuso el Poder Judicial por la comisión de una infracción disciplinaria muy grave (no apartarse de una causa en la que tenía interés directo) y su designación como miembro del tribunal que juzgará a otro juez, Salvador Alba, acusado de cinco delitos (prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos) vinculados a actuaciones ejercidas durante los seis meses en los que sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria a Victoria Rosell cuando la magistrada pidió la excedencia para concurrir a las elecciones generales de 2015 en las listas de Podemos.

La jueza, que figura como acusación particular en la causa contra Alba, en calidad de víctima, ha recusado a Lis. Las acciones populares, ejercidas por el partido político Podemos y por el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de Rosell, se han adherido. Aducen, entre otros, el mismo motivo que condujo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, a abstenerse: haber sido mencionado en la conversación que da origen a la causa, la que grabó el empresario Miguel Ángel Ramírez, entonces presidente de Seguridad Integral Canaria, en el despacho de Alba en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la que tiene su plaza el magistrado, suspendido por el Poder Judicial desde julio.

Los audios del denominado Albagate destaparon una operación para perjudicar a Rosell a través de una declaración pactada del empresario en sede judicial para alimentar la querella que contra ella había interpuesto José Manuel Soria, entonces ministro de Industria y líder del PP en las Islas, y tumbar el procedimiento judicial que aún se instruye en ese juzgado contra Ramírez por presuntos delitos fiscales. En esa grabación, realizada el 16 de marzo de 2016, también se puede escuchar cómo el juez informa a su interlocutor de que Rafael Lis no podrá sucederle en el juzgado después de finalizar su periodo de sustitución de seis meses, que concluyó en mayo de 2016, por estar convaleciente tras haber sufrido un accidente de tráfico.

Un rompecabezas para el tribunal

En caso de que no prospere la recusación de Lis y acabe formando parte de la sala, la inminencia de la fecha de su jubilación y la posibilidad de que no llegue a tiempo para dictar sentencia añaden nuevos interrogantes al rompecabezas en que se ha convertido la conformación del tribunal que juzgará a Salvador Alba.

El último movimiento de la Sala de lo Penal del TSJC ha sido el nombramiento de Jaime Requena, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y ponente de la sentencia del caso de Las Teresitas, como eventual sustituto de Rafael Lis, que no es el único juez recusado, ya que también lo está otro de los miembros designados para el tribunal, Julio Wood. Alba atribuye a este magistrado, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Telde, una relación de amistad con Rosell y una vinculación ideológica al pertenecer ambos a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.

Los nombramientos y recusaciones en el TSJC en torno al caso Alba configuran un auténtico galimatías que comenzó a dibujarse a principios de septiembre, más de tres meses después de que se dictase el auto de apertura de juicio oral, con la designación de los tres primeros magistrados: Carla Vallejo, María Luisa Mediavilla y Julio Wood. Las dos primeras se cayeron de inmediato de la lista por razones obvias. La primera sucedió a Alba en Instrucción 8 en mayo de 2016 y es la autora de la exposición razonada que da origen a la investigación del TSJC, al apreciar indicios de delito en la actuación del magistrado. Y la segunda había abandonado días antes de su nombramiento el Juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz Tenerife rumbo a Valencia, donde tiene actualmente su plaza.

Los movimientos de piezas se han sucedido desde entonces hasta la configuración actual, con el magistrado de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife José Félix Mota como presidente del tribunal, acompañado de Jaime Requena y de Secundino Alemán, con plaza en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Los dos últimos serán los sustitutos de Lis y Wood, respectivamente, en caso de que las recusaciones prosperen.

La designación de magistrados en los procedimientos de recusación ha añadido aún más complejidad a este entramado. En el caso de la que presentó Alba contra Julio Wood, el TSJC nombró instructor al propio José Félix Mota, presidente, a su vez, del tribunal que juzgará al magistrado. Cuando Mota admitió a trámite este incidente de recusación, el alto tribunal canario completó la sala que debe resolverlo con Secundino Alemán y Rafael Lis. Sin embargo, al haber sido también recusado este último por Victoria Rosell, el TSJC ha decidido suspender la tramitación del procedimiento, con la oposición de la defensa de Alba.

Mota y Alemán también deberán resolver el otro incidente de recusación, el planteado por Rosell contra Rafael Lis, aunque en este caso acompañados de Jaime Requena. Se trata, por tanto, de los tres jueces que, en principio, formarán el tribunal si el TSJC aprecia que tanto en Wood como en Lis concurren causas de abstención o recusación. Las dudas, sin embargo, no acaban en este punto, puesto que aún habrá que despejar otra incógnita: si la intervención de estos magistrados en los procesos paralelos de recusación no les invalida para sentarse en el estrado durante el juicio oral contra Salvador Alba.

El vínculo de Unión

Tanto Rafael Lis como Salvador Alba han sido también noticia estos últimos años por determinadas resoluciones vinculadas a una de las mayores tramas de corrupción de Canarias, el caso Unión de Lanzarote. El primero de ellos cumplió durante seis meses una suspensión de empleo y sueldo por negarse a apartarse de una causa en la que tenía interés directo. Se trata de una derivada del caso Unión, la que investigaba una denuncia presentada por su primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, por el robo de parte del sumario. Lis permitió que se personaran en este procedimiento, en calidad de perjudicados, dos de los principales investigados en Unión: el abogado y promotor inmobiliario Luis Lleó y el empresario turístico Juan Francisco Rosa. Y ello a pesar de que este último estaba representado por la abogada Margarita Alejo, entonces (2016) pareja de Lis. Pamparacuatro recusó al magistrado, quien continuó instruyendo a pesar de que la Audiencia de Las Palmas le ordenó apartarse. El Poder Judicial lo sancionó por una falta muy grave de desatención a sus obligaciones jurisdiccionales.

Alba, por su parte, firmó en abril de 2017 una cuestionada resolución que anulaba la grabación que da origen al caso Unión, la que destapa un intento de soborno de Luis Lleó, a través de la intermediación de otro empresario, Fernando Becerra, al entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, el socialista Carlos Espino, para desbloquear un proyecto urbanístico en el sur de la isla. El TSJC ha corregido recientemente esa decisión de Alba en una resolución, firmada por las magistradas Carla Bellini y Margarita Varona con el voto discrepante de Antonio Doreste, que da validez a la grabación.

Durante la vista oral celebrada por esta cuestión en noviembre del año pasado, el fiscal Javier Ródenas sostuvo que Alba utilizó el caso Unión para blindar su propia defensa en la causa por la que ya entonces estaba siendo investigado, que también tenía en una grabación subrepticia una de las principales pruebas de cargo. Años antes, en 2014, Alba también formó parte de la sala que anuló la entrada y registro en las oficinas de Luis Lleó, una acción en la que la Guardia Civil se incautó de abundante material y en la que fueron intervenidos correos electrónicos que comprometían a dos letrados del Tribunal Constitucional que asesoraban al abogado y promotor para pagar menos impuestos. Al anularse esa actuación, todas esas pruebas no pudieron ser incorporadas al proceso.

Salvador Alba se enfrenta ahora a penas de hasta trece años y medio de cárcel y 41 de inhabilitación por la presunta comisión de cinco delitos. La Fiscalía pide para él diez años de prisión y 29 de inhabilitación.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tardará cuarenta días en ejecutar la sanción disciplinaria impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al magistrado Rafael Lis, actual titular del Juzgado de Instrucción 3 de Arrecife.

El TSJC ha fijado el próximo 1 de mayo como la fecha en la que Lis deberá empezar a cumplir los seis meses de suspensión de empleo y sueldo acordados por la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces por una falta muy grave de desatención en sus funciones, consistente en no apartarse de una causa en la que había sido recusado. La sanción concluirá, por tanto, el 1 de noviembre, cuando apenas resten otros seis meses para la jubilación del magistrado, quien solicitó prolongar su vida laboral de los 70 a los 72 años, edad que cumplirá en mayo de 2019. La petición fue autorizada por el CGPJ en marzo de 2017.

La decisión del presidente del TSJC ha sido anunciada este martes. Según han informado a este periódico fuentes oficiales del Poder Judicial, la Comisión Disciplinaria interesó la ejecución de la sanción el pasado 22 de marzo, el mismo día en el que tomó conocimiento del auto del Tribunal Supremo que desestimaba el último recurso presentado por Lis. Las mismas fuentes explican que, una vez notificada la firmeza de la suspensión, la fecha de ejecución queda en manos de los órganos de gobierno competentes según el ámbito territorial, en este caso, el TSJC, que debe valorar la conveniencia de aplicar la medida de forma inmediata o esperar a que el magistrado sancionado resuelva determinados asuntos en su juzgado.

En el caso de Rafael Lis transcurrirán cuarenta días desde la solicitud de ejecución (el 22 de marzo) hasta su formalización (el 1 de mayo). Durante este periodo el magistrado ha aprovechado para imponer fianzas de más de tres millones de euros a cinco investigados en la causa sobre los centros turísticos del Cabildo de Lanzarote, que investiga los sobrecostes en la reforma de la cocina de los Jameos del Agua. Entre ellas, una de 1,5 millones de euros al socialista Carlos Espino, quien fuera consejero en la institución insular y denunciante de la mayor trama de corrupción de la isla, el caso Unión. A pesar de que este tipo de medidas cautelares se suelen dictar con los autos de apertura de procedimiento abreviado o de juicio oral, es decir, a la conclusión de la investigación, Lis ha decidido adelantarlas en la misma resolución en la que reconoce que aún está lejos de cerrar la instrucción.

La fianza decretada por Lis responde a una petición formulada en diciembre de 2016 por la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, un polémico colectivo que se ha intentando personar en diversos procedimientos de la isla de Lanzarote para alinearse con las tesis de investigados en causas de corrupción con la justificación de “la defensa de la legalidad y las garantías del proceso”.

La sanción disciplinaria impuesta a Lis está vinculada con el caso Unión. El juez ahora sancionado ignoró todas las peticiones de recusación formuladas contra él, incluida la de la Fiscalía, para continuar con la instrucción de una causa abierta a raíz de la denuncia presentada por el primer juez de Unión, César Romero Pamparacuatro, por la desaparición de tomos del sumario, la sustracción de medios de prueba y la anulación de diligencias que eran cruciales para la investigación.

Lejos de apartarse del procedimiento, Lis permitió que se personaran en la causa algunos de los investigados en el caso Unión, entre ellos el principal acusado, Luis Lleó, y el empresario Juan Francisco Rosa, a pesar de que su abogada, Margarita Alejo, era la esposa del juez. Ambos han utilizado esta instrucción en su defensa.

El Poder Judicial aprobó la suspensión de seis meses de empleo y sueldo a Rafael Lis en noviembre de 2016 y la ratificó en noviembre de 2017 tras rechazar su recurso. El juez acudió al Supremo, alegando incluso “daño moral”, pero tampoco le ha dado la razón el alto tribunal, por lo que la sanción es firme desde el pasado 22 de marzo. Según informa el TSJC, Lis ya ha presentado un recurso en vía administrativa contra la decisión del presidente del tribunal canario, Antonio Doreste. Esta orden sólo se paralizará “si así lo estima oportuno” el órgano de gobierno de los jueces, cuya Comisión Disciplinaria se reúne este miércoles.

Lis fue juez decano de Las Palmas de Gran Canaria y candidato a presidir el TSJC en 2014 junto a Antonio Doreste -el finalmente elegido-, José María Fragoso, Pilar Parejo y el también polémico magistrado Salvador Alba, sobre quien pesa una propuesta de expulsión de la carrera judicial, paralizada hasta que se resuelva la causa penal en la que está inmerso, con peticiones de entre diez y trece años de cárcel.

El magistrado Rafael Lis Estévez sigue actuando al frente de Instrucción 3 de Arrecife a pesar de haber sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de haberle sido tumbadas este en marzo por el Tribunal Supremo todas sus pretensiones contra esa resolución disciplinaria. El pasado miércoles impuso más de 3 millones de euros de fianza a varios de los investigados en una causa que instruye desde mayo de 2010 en su juzgado, concretamente la del llamado caso de los centros turísticos del Cabildo de Lanzarote, promovida por la presidenta del Partido Popular en la isla, Astrid Pérez, contra uno de sus contrincantes políticos, el socialista Carlos Espino.

Una de las partes personadas, concretamente la Asociación de Juristas por la Defensa de la Legalidad y las Garantías del Proceso Jiménez de Asúa, solicitó al juez Lis en diciembre de 2016 que se abriera una pieza de responsabilidad civil. Y tal petición ha sido sobradamente atendida por su señoría dieciséis meses después, en el límite mismo de tener que cumplir su sanción de seis meses de empleo y sueldo: ha resuelto imponer una fianza millonaria al denunciante del caso Unión, el exconsejero del Cabildo Carlos Espino (PSOE), al que reclama que deposite en la cuenta del juzgado la cantidad de 1.523.426,61 euros en concepto de fianza por las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de una causa que lleva meses paralizada y que tiene como principal imputación el desembolso de unos sobrecostes en la reforma de las cocinas del restaurante de Los Jameos del Agua, perteneciente a la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.

En realidad Carlos Espino está en la génesis de todos los males disciplinarios que afectan al magistrado Rafael Lis. Fue Espino el que denunció la trama corrupta de compra de voluntades para negocios urbanísticos conocida como el caso Unión. La denuncia fue tramitada por la Guardia Civil ante el juzgado de Arrecife del que se ocupaba el magistrado César Romero Pamparacuatro, que desde los inicios presenció extraños fenómenos en su oficina judicial, como la desaparición de tomos del sumario, la sustracción de medios de prueba y la anulación de diligencias que eran cruciales para la investigación. El juez denunció esas desapariciones y la denuncia cayó en el juzgado de Rafael Lis, que regresaba de una larga excedencia que dedicó a su próspero despacho de abogados en Las Palmas de Gran Canaria. No se lució precisamente el magistrado en la gestión de esa denuncia de su compañero, y hasta tuvo la ocurrencia de permitir que en ella se personaran algunos de los investigados en el caso Unión, uno de los cuales tenía como abogada a su propia esposa, Margarita Alejo, socia del despacho que él acababa de abandonar para reincorporarse a la carrera judicial los últimos años previos a la jubilación. Lis desoyó todas las recusaciones apoyadas por la Fiscalía y continuó dictando resoluciones como si aquella historia no fuera con él.

La querella de Pamparacuatro ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no prosperó, pero sí la denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, cuyo máximo órgano decidió en octubre de 2016 sancionar a Rafael Lis con una suspensión de empleo y sueldo por un periodo de seis meses. Lis recurrió esa sanción hasta el Tribunal Supremo, ante el que alegó incluso “el daño moral” que le iba a producir una sanción así. Pero el Supremo tumbó sus pretensiones el pasado 8 de marzo. Desde que fue suspendido hasta que el Supremo ha declarado firme la sanción solo ha habido una resolución del CGPJ relativa a Rafael Lis: la adoptada en marzo de 2017 autorizándole a permanecer en el servicio activo como juez hasta los 72 años.

En un auto fechado el pasado miércoles, un mes después de que el Supremo rechazara su recurso y sin que el Consejo General del Poder Judicial haya ejecutado sus propias resoluciones, Rafael Lis atiende la petición de la Asociación Jiménez de Asúa, estrechamente vinculada con los acusados del caso Unión, e impone más de tres millones de euros de fianza a los investigados en esta otra trama de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Y lo hace a pesar de reconocer en el mismo auto que la causa tardará aún mucho más tiempo en tramitarse (lleva ocho años de instrucción) y tras unos seis meses sin promover ninguna otra diligencia.

Además del millón y medio de fianza que impone a Carlos Espino, el magistrado suspendido pero en activo requiere 1.362.000 al empresario Antonio González Medina; 95.000 al periodista Mario Alberto Perdomo; 49.000 a la empresaria Gloria Valenciano, y 65.000 al también empresario Enrique Gutiérrez.

La resolución es recurrible ante el propio juez instructor – si los recursos llegan antes de ser suspendido- y en apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, la que ordenó la recusación de Rafael Lis.

El Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso presentado por el magistrado Rafael Lis, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife (Lanzarote), para evitar cumplir la sanción de seis meses de suspensión de empleo y sueldo que le había impuesto la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en septiembre de 2016 por una falta muy grave de desatención de sus funciones. Entre otros argumentos, el juez había alegado “el daño moral” que significaría la publicación en prensa del cumplimiento de su sanción, “que una sentencia estimatoria repararía difícilmente”.

La falta se produjo por su actuación en una causa abierta a raíz de una denuncia presentada por Luis Lleó, el principal acusado de una de las mayores tramas de corrupción de la isla de Lanzarote, el caso Unión. Rafael Lis permitió que un empresario, Juan Francisco Rosa, se personara en este procedimiento a pesar de que su abogada era Margarita Alejo, mujer del juez.

El magistrado había presentado un recurso de alzada, que fue rechazado, para que se suspendiera cautelarmente la sanción, y ahora el Supremo lo vuelve a rechazar. Además del daño moral, Lis había basado su recurso en el archivo de una querella contra él por los mismos hechos y en los tres votos particulares discrepantes del acuerdo del CGPJ. El juez entiende que la decisión adoptada “no causó ningún perjuicio”.

La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo desestima todos los argumentos del juez y considera que “debe prevalecer el interés general, concretado en la ejemplaridad derivada de la sanción, que requiere su ejecutividad, sobre el interés particular del recurrente”. “No concurre daño al prestigio o consideración al sancionado, que no derivaría de la ejecución del acto, sino del propio acuerdo sancionador ya adoptado”, reza el auto, fechado el pasado 8 de marzo.

Añade el Alto Tribunal que “en caso de que el cumplimiento de las obligaciones que impone el Estado de Derecho a jueces y tribunales pudiera ser entendido como dañino para la honorabilidad de sus profesionales (...) o que la trascendencia mediática así lo entendiera es obvio que todo sería también reversible en sentido contrario en caso de estimación”.

Sobre los votos particulares, dice que su existencia es “una consecuencia lógica y positiva del funcionamiento de los órganos colegiados”. La Sala sanciona con 1.000 euros de costas al magistrado y concluye argumentando que “se trata, en definitiva, de que prevalezca el interés general concretado en un adecuado funcionamiento del Poder Judicial que sería incompatible con la percepción social de que quienes ejercen ese poder, pese a ser sancionados por infracciones muy graves, lo siguen ejerciendo, aunque sea transitoriamente, hasta la resolución del recurso contencioso administrativo”.

La causa de la que debía apartarse Lis está relacionada con el caso Unión y con el caso Stratvs. Su juzgado inició la investigación del extravío o robo de autos de esta causa, que denunció su primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, pero permitió que se personaran como perjudicados algunos de los imputados en esos procedimientos, entre ellos Juan Francisco Rosa, que acababa de contratar como abogada a la que era entonces esposa del juez Lis, Margarita Alejo.

Por este motivo, Lis fue recusado por Pamparacuatro, la Audiencia Provincial admitió ese incidente de recusación por los vínculos entre el juez y su esposa con uno de los imputados personados en la causa, y Lis, en lugar de apartarse del procedimiento, continuó tramitando la causa y admitiendo una ampliación de la denuncia, lo que motivó que fuera recusado por segunda vez. La Ley de Enjuiciamiento Criminal “impide al juez de instrucción realizar ninguna actuación procesal en el proceso en el que ha sido recusado, salvo aquellas urgentes que no admiten demora”.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su reunión del pasado 30 de noviembre desestimar el recurso de alzada interpuesto por el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, Rafael Lis Estévez, contra la sanción de suspensión de funciones durante seis meses que le había impuesto la comisión disciplinaria del propio Consejo en septiembre de 2016.

Lis fue suspendido por una falta muy grave, recogida en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por desatención de sus funciones por no apartarse de una causa judicial, pese a que había sido recusado. El magistrado aún no ha comenzado a cumplir la sanción y continúa al frente del Juzgado. Con el rechazo al recurso de alzada, que ha tardado más de un año en resolverse, se agota la vía administrativa pero el juez puede recurrir ante la sala tercera del Tribunal Supremo.

La causa de la que debía apartarse Lis está relacionada con el caso Unión y con el caso Stratvs. Su juzgado inició la investigación del extravío o robo de autos del caso Unión, que denunció el juez Pamparacuatro, pero permitió que se personaran como perjudicados algunos de los imputados en esos procedimientos, entre ellos Juan Francisco Rosa, que acababa de contratar como abogada a la que era entonces esposa del juez Lis, Margarita Alejo. Por este motivo, Lis fue recusado por Pamparacuatro, la Audiencia Provincial admitió ese incidente de recusación por los vínculos entre el juez y su esposa con uno de los imputados personados en la causa, y Lis, en lugar de apartarse del procedimiento continuó tramitando la causa y admitiendo una ampliación de la denuncia, lo que motivó que fuera recusado por segunda vez. La Ley de Enjuiciamiento Criminal “impide al juez de instrucción realizar ninguna actuación procesal en el proceso en el que ha sido recusado, salvo aquellas urgentes que no admiten demora”.

En el expediente del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía pidió una suspensión de un año y destacó la “plena conciencia” del juez Lis “del deber de abstención que le incumbía”, señalando que su actuación afectó de manera “evidente” al principio de “imparcialidad” y al derecho a un “proceso con todas las garantías”.

El juez Lis también tuvo abierto otro expediente más, relacionado con el empresario y abogado Luis Lleó, uno de los principales imputados del caso Unión, por mantener paralizadas unas diligencias algo más de dos años. Además de este expediente se enfrentó a una querella por irregularidades en la misma causa por parte del ex secretario judicial que llevó el caso Unión por los delitos de prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y falsedad en documento público.

El TSJC concluyó que no existía responsabilidad penal y archivó la querella. El CGPJ permitió a Lis mantenerse en activo a pesar de que tiene edad de jubilación, y alargar su vida profesional dos años más, pero tendrá que dejar defnitivamente el Juzgado en el año 2019.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionado con una suspensión de funciones durante seis meses al juez Rafael Lis Estévez, titular del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife. La comisión disciplinaria del CGPJ le considera responsable de una falta muy grave de desatención de sus funciones  por no apartarse de una causa judicial, pese a que había sido recusado.

La causa de la que debía apartarse Lis está relacionada con el caso Unión y con el caso Stratvs. El primer instructor de ese caso, César Romero Pamparacuatro, denunció el supuesto robo o extravío de varios autos judiciales del caso Unión.

La denuncia llegó al Juzgado de Lis, que inició la investigación pero fue recusado por Pamparacuatro después de permitir que se personaran como perjudicados diversos imputados en los citados procedimientos, entre ellos el empresario Juan Francisco Rosa, cuya abogada en el caso Stratvs era Margarita Alejo, esposa del juez Lis.

La recusación formulada contra el juez Lis se produjo en octubre de 2014 pero, en vez de apartarse del procedimiento, decidió no admitir una ampliación de la denuncia, que fue remitida al Decanato de los Juzgados de Arrecife para su reparto y que recayó en su propio Juzgado. De estas nuevas diligencias, Lis también fue recusado.

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El juez Rafael Lis se ha reincorporado a su puesto en el Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, tras varios meses de baja médica, en concreto desde el pasado marzo. El magistrado ha dictado un auto por el que se inhibe en el procedimiento contra el ex secretario de Unión, José Ramón Vera, y dos agentes de la UCO que fueron denunciados por Luis Lleó.

Lis se ha apartado del caso por tener una enemistad manifiesta con Vera, ya que éste denunció al magistrado y la denuncia fue admitida a trámite por la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pasado mes de junio. El caso pasará a instruirlo el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 1 de Arrecife.

En la denuncia se acusa a Lis de varios delitos, como falsedad documental, prevaricación judicial y retardo malicioso de la administración de justicia, cometidos presuntamente, durante la instrucción por parte del juez de una denuncia de Lleó, uno de los principales imputados en el caso Unión.

En el auto de admisión de la querella se considera que el juez Lis dictó seis autos, entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015, dentro de dos procedimientos judiciales cuando debía haberse abstenido ya que había sido recusado porque su mujer, Margarita Alejo, era la abogada de Juan Francisco Rosa, al que se le había dejado personarse como acusación particular en la investigación del robo o desaparición de autos de Unión.

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La sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite una querella contra el magistrado titular del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, Rafael Lis, por falsedad documental, prevaricación judicial y retardo malicioso de la administración de justicia.

Los hechos que se van a investigar están relacionados con el caso Unión y con otro procedimiento, instruido por Lis, por la desaparición o presunto robo de autos relevantes dentro del caso Unión, que fue denunciada por el primer juez instructor de ese caso, César Romero Pamparacuatro. El instructor de la querella será el magistrado Francisco Javier Varona Gómez-Acedo

La querella se presentó el pasado mes de enero por parte del ex secretario del Juzgado número 5 de Arrecife, que llevó la instrucción del caso Unión, José Ramón Vera. Este secretario judicial fue objeto de dos querellas presentadas por uno de los principales imputados, Luis Lleó, a quien se le piden seis años de cárcel por cohecho. Las querellas no fueron admitidas a trámite por el TSJC, pero a pesar de esta circunstancia Vera está imputado actualmente por el juez Lis en un procedimiento que investiga los mismos hechos que ya fueron descartados como delictivos.

En el auto de admisión de la querella se considera que el juez Lis, que actualmente está de baja médica, pudo cometer los delitos de los que se le acusa al dictar, al menos, seis autos entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015 dentro de dos procedimientos judiciales. Lis había dejado que se personaran en la causa del robo de autos varios de los imputados en el caso Unión en calidad de perjudicados.

El juez Pamparacuatro solicitó la recusación de Lis, ya que la abogada de Juan Francisco Rosa, uno de esos imputados que se había personado, era Margarita Alejo, que a su vez era entonces la mujer del juez Lis, que finalmente fue recusado por la Audiencia provincial por considerar que tenía interés en la causa.

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El juez Rafael Lis, que instruye una denuncia presentada por Luis Lleó, imputado en el caso Unión, contra el ex secretario de ese caso y dos agentes de la UCO, acusa a la Fiscalía de Las Palmas de lanzar “graves, infundadas e ilusorias insinuaciones sin más sustento que su propia imaginación”.

La Fiscalía ha pedido que Lis se aparte de esa investigación porque considera que existen “sospechas fundadas sobre la ausencia de imparcialidad objetiva del juez instructor” y porque su instrucción “adolece de un sesgo claro a favor del denunciante”.

Es la segunda vez que la Fiscalía pide esta medida en un caso similar sobre este juez. La primera fue en la causa que investigaba el posible robo de autos dentro de caso Unión.

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