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El TSJ canario coloca a un juez sancionado por el Poder Judicial al frente del tribunal que juzgará a Salvador Alba

Las acusaciones recusan al magistrado Rafael Lis, que acaba de reincorporarse a la carrera judicial tras seis meses de suspensión por no apartarse de una causa en la que su pareja era parte

Lis y Alba vuelven a coincidir tras haber navegado en la misma dirección en el caso Unión: sus últimas resoluciones siempre han sido favorables a los encartados

Ambos jueces también coincidieron en la carrera por presidir en 2014 el TSJ de Canarias, pero la partida la ganó Antonio Doreste, que se apartó de la causa contra Alba por aparecer en la grabación que dio origen al proceso

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Los jueces  Rafael Lis Estévez (i) y Salvador Alba (d).

Los jueces Rafael Lis Estévez (i) y Salvador Alba (d).

Tras un intrincado movimiento de candidatos y candidatas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha colocado al frente del tribunal que juzgará al magistrado Salvador Alba a un viejo conocido de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial: Rafael Lis Estévez. El veterano magistrado, que deberá jubilarse forzosamente en mayo de 2019 al cumplir 72 años, acaba de reincorporarse a su juzgado de Lanzarote tras una sanción disciplinaria de seis meses de empleo y sueldo por una falta muy grave, concretamente por no apartarse de una causa en la que tenía interés directo, una hijuela del caso Unión, en cuya deriva ha coincidido con el juez que tendrá como acusado, ambos navegando reiteradamente en la misma dirección: a favor de los encausados en el caso más sonado de corrupción de la isla de Lanzarote.

Las acusaciones particular y populares personadas en la causa contra Salvador Alba, al que se le acusa de cinco delitos por los que el Ministerio Fiscal pide 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación, ya han anunciado que recusarán a Rafael Lis.

Para conseguir colocar a Lis como presidente, y por lo tanto, como ponente de la sentencia, el TSJC ha tenido que hacer malabares con los jueces y juezas inscritos en la lista de sustitución que ha de ser atendida por riguroso orden. Tras aceptarse la recusación y la abstención de varios aspirantes, el tribunal había quedado formado por José Félix Mota como presidente, acompañado de Julio Wood y de Secundino Alemán. Pero el presidente del TSJC, Antonio Doreste, ha decidido designar a Alemán como potencial sustituto de Julio Wood para el caso de que prospere la recusación que contra él ha formulado Salvador Alba. Esa jugada le ha permitido dar entrada al siguiente en la lista, Rafael Lis, de modo que el tribunal quedara conformado temporalmente y de modo inédito por cuatro magistrados, en lugar de los tres reglamentarios. A continuación, Doreste ha designado a Mota como instructor de la recusación contra Julio Wood, lo que le podría invalidarle para juzgar a Alba. De ese modo, Rafael Lis pasaría a ser el magistrado de mayor edad, y por lo tanto, presidente del tribunal y ponente de la sentencia del mayor caso de corrupción judicial de la historia de Canarias.

La acusación particular en la causa contra Salvador Alba, la que ostenta la magistrada Victoria Rosell, víctima de varios de los delitos presuntamente cometidos por el acusado, ya ha presentado un escrito reclamando la abstención de Rafael Lis y, subsidiariamente, interponiendo un incidente de recusación. Entre los motivos que alega figura el mismo que condujo al presidente del TSJC, Antonio Doreste, a apartarse en la primavera de 2017 de la instrucción contra Alba: aparecer mencionado en la conversación que dio origen a la causa, aquella en la que el juez investigado pacta con el empresario Miguel Ángel Ramírez una declaración judicial de la que pudieran extraerse motivos perjudiciales para la por entonces diputada de Podemos que alimentaran la querella que contra ella había interpuesto en el Tribunal Supremo el exministro José Manuel Soria.

En un momento de esa conversación, Alba demuestra estar al corriente de los motivos por los que Rafael Lis no iba a poder sucederle al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, en el que maquinó contra la jueza Rosell, al cumplirse los seis meses preceptivos de sustitución. Alba cuenta a su interlocutor que el juez Lis había sufrido un accidente de tráfico y que, por lo tanto, no estaría recuperado a tiempo. Lo hizo en su lugar la magistrada Carla Vallejo, que fue la que finalmente elevó al TSJC la exposición razonada que dio lugar a la investigación contra el juez.

Antonio Doreste se apartó de las diligencias penales contra Alba seguidas en la Sala de lo Penal del TSJC porque este, en la misma conversación, aseguró que el presidente de ese órgano estaba siendo informado por él mismo de todas sus gestiones relativas a la causa que se seguía contra el empresario en aquel juzgado.

Las acusaciones populares, representadas por Podemos y por el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, se han adherido a los mismos motivos recusatorios.

Dos jueces polémicos

Rafael Lis acaba de regresar a la carrera judicial para cumplir los seis meses que le quedan antes de su jubilación. El Consejo General del Poder Judicial lo sancionó en octubre de 2016 con una suspensión de seis meses de empleo y sueldo por una falta muy grave de desatención a sus obligaciones jurisdiccionales, sanción que no empezó a cumplir hasta mayo de 2018. En concreto, Lis se negó reiteradamente a apartarse de la causa que se seguía en su juzgado (Instrucción 3 de Arrecife) por el robo de parte del sumario del caso Unión tras una denuncia formulada por el instructor de aquella causa, César Romero Pamparacuatro.

En una de sus polémicas decisiones, Lis permitió que en aquella investigación fueran parte como perjudicados los empresarios investigados en el caso Unión, Luis Lleó y Juan Francisco Rosa, teóricos beneficiarios de los estragos sufridos en aquel sumario. Y no contento con esa decisión, continuó instruyendo a pesar de haber sido recusado por el juez Pamparacuatroal descubrirse que la abogada de Rosa era la pareja de Lis, Margarita Alejo, socia del bufete que el magistrado había abandonado para reinstalarse en la carrera judicial sus últimos años de vida laboral. Un despacho muy floreciente del que también son socios sus propios hijos.

Es precisamente el caso Unión uno de los que ha hecho que Rafael Lis y Salvador Alba hayan coincidido mucho últimamente, y en ambos casos resolviendo a favor de los empresarios encartados.

Ya en 2014 la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de la que Alba formaba parte antes de ser suspendido de sus funciones, anuló la entrada y registro en las oficinas de Luis Lleó, donde la Guardia Civil se incautó de abundante material que incluso involucraba a dos letrados del Tribunal Constitucional que actuaban como asesores fiscales para el ahorro de impuestos. Todas esas pruebas tuvieron que ser apartadas de la causa.

En octubre de 2016, la misma Sección Sexta, en un auto del que Alba fue ponente, daba la razón a Luis Lleó al rechazar que el juez César Romero Pamparacuatro pudiera actuar como afectado por la desaparición y manipulación del sumario del caso Unión que se custodiaba en su juzgado de Arrecife. Pamparacuatro fue reiteradamente señalado como un mal instructor, incluso por la misma Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

En diciembre de 2016, Salvador Alba volvió a la carga con un polémico auto por el que levantó el precinto de la Bodega Stratvs, propiedad del empresario Juan Francisco Rosa. Lo hizo contraviniendo incluso una resolución de 2014 de la Audiencia Provincial y el criterio de la fiscalía, que consideró lo generado por aquella bodega en el paisaje protegido de La Geria “el peor atentado ambiental contra Lanzarote”.

En abril de 2017, Salvador Alba anuló la grabación que dio lugar al caso Unión a través de un auto que condujo a la Fiscalía a considerar que con él el juez prefabricaba de ese modo su defensa. La grabación registraba el encuentro entre el denunciante del caso, el político socialista Carlos Espino, y uno de los encartados, Fernando Becerra, que le proponía el pago de comisiones a cambio de facilidades para determinados proyectos en el Cabildo de Lanzarote, del que aquel era consejero de Política Territorial. Alba se basó en que la grabación no se realizó espontáneamente, sino de modo subrepticio y que el resultado tiene cortes, justo lo que alega en estos momentos ante el TSJC para anular la que le incrimina a él.

Contra Carlos Espino cargó fuertemente el juez Rafael Lis estando ya sancionado por el Poder Judicial imponiéndole una fianza de 1,5 millones de euros por una causa que lleva en su juzgado promovida por la presidenta insular del PP en Lanzarote, Astrid Pérez. El asunto todavía está -cinco años después de abrirse- en diligencias previas y parte de una denuncia en la que se acusa a Espino de abonar sobrecostes en una cocina de los centros de arte y cultura del Cabildo de Lanzarote. Lis se apresuró a imponer esa sanción días antes de ser suspendido.

Las coincidencias entre Rafael Lis y Salvador Alba se extienden también a sus pretensiones gubernativas. En 2014 ambos fueron candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero aquella carrera la ganó por un voto Antonio Doreste, que es el que ahora vuelve a unirlos colocando a uno en estrados y al otro en el banquillo de los acusados.

Salvador Alba será juzgado por cinco delitos en fecha aún por determinar: prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento judicial, revelación de secretos y negociación prohibida a funcionario público. La Fiscalía pide para él 10 años de prisión y 29 de inhabilitación profesional. La petición de las acusaciones oscila entre los 13 y los 14 años de cárcel.

Los hechos se remontan a los seis meses (noviembre de 2015 a mayo de 2016) en los que estuvo al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de su titular, Victoria Rosell, que había sido elegida diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas. Desde esa posición, Alba maniobró para conseguir pruebas que pudieran engrosar la querella que por injurias y calumnias había interpuesto contra la magistrada el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, querella que, gracias a los informes presuntamente falsos de Alba, se amplió a otros delitos. La diputada tuvo que dimitir en aplicación del código ético de Podemos y la causa quedó finalmente archivada en el TSJC al no apreciarse la comisión de delito alguno.

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