Un total de 54.965 personas extranjeras residen en Andalucía con una autorización de residencia por arraigo en vigor. Esto supone el 13,4% del total nacional, que asciende a 394.110, lo que supone un incremento del 26% respecto al año anterior, según los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía, un total de 214.085 personas de 16 años o más con autorización de residencia por arraigo estaban trabajando y cotizando a la Seguridad Social en el país, lo que supone un crecimiento respecto al año anterior de un 39%.

En el primer trimestre del año 2025, había 155.000 personas con arraigo afiliadas a la Seguridad Social, cifra que llegó a casi 180.000 en junio y más de 197.000 en septiembre. Se alcanzó el máximo histórico de la serie en el último trimestre de 2025 con estos más de 214.000. La mayoría, el 58%, tienen en vigor una autorización de arraigo familiar, seguidas por las que tienen autorización de arraigo social (21%).

Perfil

El 46% de estos cotizantes vía arraigo presentaba un contrato indefinido a tiempo completo y las secciones de actividad predominantes fueron la hostelería, las actividades administrativas, la construcción y el comercio. Con respecto al perfil de las personas afiliadas con autorización por arraigo, predominan los hombres frente a las mujeres. Estas cifras han aumentado un 38% en el caso de los hombres y un 41% en el de las mujeres en el último año.

La edad media se sitúa en los 36 años, existiendo diferencias en función de los países de origen. Mientras Pakistán muestra la edad media más baja, con 33 años, las personas afiliadas de Venezuela y Cuba superan los 40 años. Por nacionalidades, Colombia, Marruecos y Perú son los países de procedencia más destacados en cuanto a número de personas con autorización de residencia por arraigo dadas de alta en la Seguridad Social al finalizar 2025.

“España debe ser un país de acogida y es voluntad del Gobierno que lo sea”. Esta era la posición expresada por Mariano Rajoy, en nombre del Gobierno de España, en agosto del 2000.

Hoy, su sucesor en el PP, Alberto Núñez Feijóo, clama contra el proceso de regularización de personas inmigrantes en situación irregular decretado por el Gobierno progresista. Y ello pese a que el PP apoyó la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que se encuentra en el origen del decreto. Y ello pese a que gobiernos del PP habían impulsado varios procesos de regularización en un pasado no tan lejano. Pero ya ven los milagros que obra el pútrido aliento de Vox en el cogote de la derecha desnortada.

Ni un segundo tardaron los ingenieros del odio en activarse. Inundan de mentiras y teorías conspirativas las redes y los servicios de mensajería. Vuelan altas las hipérboles y bajos los epítetos. Los singles favoritos de la extrema derecha suenan en bucle en podcasts y tertulias, a vueltas con la supuesta sustitución poblacional, con la invasión de una horda criminal, con el supuesto efecto llamada o con uno u otro bulo electoral. Todo falso de toda falsedad.

Lo cierto es que esta regularización extraordinaria se ofrece a quienes acrediten haber residido un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025, así como a quienes hubieran solicitado protección internacional antes de la misma fecha. Los menores de edad verán su situación administrativa regularizada junto a sus padres. En todos los casos debe acreditarse la ausencia de antecedentes penales.

Lo cierto es que hay personas que se encuentran en España en situación administrativa irregular. Algunas —las menos— porque entraron de forma irregular en el país. Otras —las más— porque, habiendo entrado de forma regular, se quedaron más allá del plazo establecido. Ya están aquí. Trabajan en muchos sectores de la economía. En las aulas de los colegios sus hijas e hijos juegan y aprenden con los nuestros. Son nuestros vecinos y vecinas. Su situación es precaria y vulnerable en todos los sentidos y son objeto de explotación y abusos precisamente por hallarse fuera de los márgenes administrativos.

Hay argumentos utilitaristas de sobras para defender la necesidad de proceder a esta regularización. Los hemos leído estos días y ciertamente se puede aducir que era menester este ejercicio de realismo social y económico. Permítanme, sin embargo, que en este artículo me los ahorre.

Lo justo y necesario es sacarles de esa postración. Lo justo y necesario es combatir el proceso de deshumanización al que les somete, con cálculo espurio, esa ingeniería del odio —de Trump y Musk a sus franquicias locales, Abascal y Orriols—.

La regularización los sitúa y nos sitúa en el marco de los derechos y de las obligaciones. Es bueno para quienes accederán a ella y para el conjunto de la sociedad, y solo es malo para los que quizá pretendieran seguir explotándolos como fuerza de trabajo sojuzgada y barata.

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest dilluns al matí a un home reclamat per les autoritats italianes, després d'una sol·licitud de col·laboració internacional. L'arrest, realitzat a Calvià (Mallorca), s'emmarca en una operació contra el tràfic de drogues en la qual el fugitiu, resident a l'illa, estava implicat en activitats de distribució tant a Itàlia com en Balears.

El detingut havia abandonat Itàlia i es trobava treballant a Mallorca quan les autoritats italianes van alertar a la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat, la qual va activar un operatiu conjunt amb la Brigada Central d'Estupefaents (Udyco) en Balears. El dispositiu de localització va començar a les 11.00 hores del dilluns i va culminar amb l'arrest de l'individu, qui s'enfronta a una pena màxima de 20 anys de presó.

Segons les recerques, l'home havia estat involucrat en el tràfic de drogues a Itàlia, on distribuïa quantitats d'almenys un quilo de diverses substancies estupefaents. A més, se l'acusa de formar part d'una xarxa dedicada al transport, distribució i comercialització de drogues en tots dos països.

Des de la seva arribada a Mallorca, el fugitiu va continuar amb la seva activitat il·lícita, centrant-se en la venda al detall d'estupefaents. Els agents apunten al fet que el detingut mantenia contacte directe amb el líder de l'organització per a coordinar el subministrament i la venda de drogues a l'illa.

Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes por la mañana a un hombre reclamado por las autoridades italianas, tras una solicitud de colaboración internacional. El arresto, realizado en Calvià (Mallorca), se enmarca en una operación contra el tráfico de drogas en la que el fugitivo, residente en la isla, estaba implicado en actividades de distribución tanto en Italia como en Balears.

El detenido había abandonado Italia y se encontraba trabajando en Mallorca cuando las autoridades italianas alertaron a la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado, la cual activó un operativo conjunto con la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco) en Balears. El dispositivo de localización comenzó a las 11:00 horas del lunes y culminó con el arresto del individuo, quien se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.

Según las investigaciones, el hombre había estado involucrado en el tráfico de drogas en Italia, donde distribuía cantidades de al menos un kilo de diversas sustancias estupefacientes. Además, se le acusa de formar parte de una red dedicada al transporte, distribución y comercialización de drogas en ambos países.

Desde su llegada a Mallorca, el fugitivo continuó con su actividad ilícita, centrándose en la venta al por menor de estupefacientes. Los agentes apuntan a que el detenido mantenía contacto directo con el líder de la organización para coordinar el suministro y la venta de drogas en la isla.

¡Buenos días!

¿Cómo estás? Nosotros un tanto sorprendidos por la sarta de mentiras que se han lanzado aprovechando el inicio de la campaña de la declaración de la renta de 2023. A decir verdad, la han protagonizado los sospechosos habituales del neoliberalismo patrio. Desde la vuelta al “¡España es un infierno fiscal!”, que reitera Manuel Llamas, director del instituto Juan de Mariana, al asegurar que un trabajador paga un 50% de impuestos de su nómina, a los exabruptos de Daniel Lacalle o los informes carentes de rigor del Instituto de Estudios Económicos.   

¿Cuál es la realidad?  Nueve de cada diez contribuyentes en nuestro país pagan menos del 22% de sus ingresos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Del salario bruto de cada trabajador, se destina un 6,35% para las cotizaciones sociales. Cuidado, que no se trata de un dinero que vaya a engordar los salarios de los políticos, como asegura Lacalle, sino que es el dinero que va a financiar desde las pensiones, al subsidio de paro o las prestaciones de maternidad o paternidad.

Para encontrar un tipo de retención en el IRPF por encima del 40% tenemos que ir a las 32.000 personas con salarios por encima de los 200.000 euros. Representan un 0,2% de todos los contribuyentes.

Lo que si es una vergüenza es que en España haya tanta diferencia entre lo que pagan las rentas del trabajo y las rentas del capital. Casualmente de las rentas del capital no se suelen preocupar toda la banda neoliberal. Mientras que el tramo más alto del IRPF llega a un tipo impositivo del 47%, las rentas del capital (dividendos, ganancias por compraventas, productos financieros) tributan como máximo un 28%. Aquí tienes mucha más información que tira por tierra la falacia de que los trabajadores pagan un 50% de su salario en impuestos.

Cada vez que habla sube el pan

Lo que habría que hacer es que las empresas pudiéramos pagar a cada uno de los trabajadores el coste real y que cada trabajador fuera el que realizara su declaración ante la Seguridad Social

Antonio Garamendi — Presidente de la CEOE 

Aquí seguimos con los mensajes confusos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha recuperado la vieja idea de que las empresas dejen de abonar lo que les corresponde a la Seguridad Social, se pague el sueldo completo al trabajador y que sea el empleado quien abone las cotizaciones sociales. La excusa es que el trabajador así sepa cuál es su salario total con transparencia... Pero si en las nóminas ya se recoge cuánto se paga de IRPF y de cotizaciones sociales. Viejas ideas que persiguen lo de siempre: evitar que las compañías hagan su contribución para mantener el Estado del Bienestar que ya llegará el momento de rebajar el sueldo lo que se pueda al trabajador. Insostenible. Aquí tienes más información sobre la propuesta de la CEOE para que sean los trabajadores quienes paguen sus cotizaciones sociales.

El Gráfico

Frente a los discursos neoliberales que pretenden impulsar los recortes apoyándose en la recuperación de las reglas fiscales en la UE, hay propuestas alternativas. En este caso, los economistas Jorge Uxó, Eladio Febrero, Iván Ayala y Paloma Villanueva han realizado una investigación que prueba mantener como objetivo principal la reducción de la tasa de desempleo es mejor para la sostenibilidad de la deuda pública y para el crecimiento económico que una política fiscal volcada en rebajar el déficit estructural. Aquí puedes leer otra forma de política económica que busca el equilibrio presupuestario mediante la reducción del paro.

El Dato

6.272 'Golden Visa'

Se han concedido en España desde su aprobación por el Gobierno de Mariano Rajoy. El polémico mecanismo lleva en vigor más de una década y permite a inversores extranjeros lograr un permiso de residencia gracias a la compra de inmuebles por encima de los 500.000 euros. Desde 2018, millonarios extranjeros han realizado inversiones inmobiliarias por un valor de al menos 4.800 millones de euros. Esta fórmula de inversión ha tenido un claro papel en el encarecimiento del mercado inmobiliario de determinadas zonas. El Ministerio de Vivienda reconoce que la concesión de estos permisos se disparó en 2022 y 2023. El 90% de las 'Golden Visa' se han dado por comprar viviendas en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Illes Balears y València.

Letras que son un Tesoro

Esta semana recomendamos el libro del doctor y divulgador Eduardo Vara: Maldito trabajo. Sobrevivir a la cultura del sacrificio y repensar la vocación (Editorial Ariel). Vara ha escrito un ensayo en el que aborda el papel del trabajo en nuestras vidas y desmitifica aspectos como la vocación, que define como “una excusa para que los trabajadores se comprometan más allá de lo razonable”. También avisa sobre los problemas de salud mental que implica una dedicación absoluta al empleo: “Sacrificar el presente por un futuro hipotético de progreso, puede no ser una idea muy inteligente”. Aquí tienes una interesante entrevista a Eduardo Vara sobre su libro.

Entrepreneur

Les presento un nuevo oxímoron: “socimi social”. La familia Álvarez Otero, dueña de un 33% de la aseguradora Santalucía, con un multimillonario patrimonio inmobiliario, se ha convertido en primer accionista de Primero H, una pequeña inmobiliaria cotizada acogida el régimen de las socimi (con amplias ventajas fiscales) en la que han invertido decenas de grandes patrimonios y que se define como “la primera socimi social en España”. A ver, es imposible definirse como social y luego utilizar un instrumento inversor para pagar los menos impuestos posibles, pero con los 'entrepreneurs' todo es posible. El patriarca es Modesto Álvarez, de 81 años, con una fortuna estimada de 1.175 millones, fruto de su participación en la aseguradora y de un impresionante patrimonio inmobiliario. Mucho más sobre la inmobiliaria de ricos que desgravan con vivienda “social” en este enlace.

Bien público

En este periódico hemos publicado muchas informaciones sobre el bloqueo de la derecha a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las consecuencias que tiene sobre el Tribunal Supremo: casi una de cada tres plazas está sin cubrir en el Alto Tribunal. Este no es un juzgado normal, es el órgano jurisdiccional encargado de fijar los criterios sobre cómo deben interpretarse y aplicarse las normas que rigen para todos los ciudadanos. Pues bien, el Tribunal Supremo ha anulado varios aspectos clave de la normativa que el Gobierno puso en marcha en 2020 para limitar la publicidad de las casas de apuestas: limitación de la aparición de famosos en esos anuncios, la publicidad en plataformas de vídeo y redes sociales, la captación de nuevos clientes y la prohibición de anunciar estas apuestas en medios de comunicación. Estamos ante otra situación rocambolesca de la justicia en nuestro país: no se pueden renovar a los miembros del CGPJ que deben designar a jueces y magistrado del Tribunal Supremo pero luego un vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial José María Macías Castaño es el abogado que representa a la Asociación Española de Juego Digital que gana en el Supremo que tumben parte de una Ley que era claramente beneficiosa para la sociedad. Ya me dirán ustedes. Aquí puedes leer la información de Alberto Pozas sobre la decisión del Supremo que anula puntos clave de la norma del Gobierno que limita la publicidad de las casas de apuestas.

Nos gusta la competencia

Para terminar os dejamos una serie de artículos que nos han parecido interesantes y han publicado otros medios de comunicación.

Aquí acabamos. Nos vemos el jueves que viene. Si tienes cualquier propuesta o ideas nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

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La elaboración y entrega de los informes que acreditan la integración social de las personas inmigrantes que piden su arraigo en la ciudad de Sevilla padece “un retraso injustificado” que está “perjudicando” los intereses de los solicitantes, “además de incumplirse los principios de una buena administración”. Es la llamada de atención que le ha hecho llegar el Defensor del Pueblo Andaluz al Ayuntamiento de Sevilla, concluyendo que esos informes deber ser emitidos y notificados a los interesados “en un plazo de 30 días desde la fecha de solicitud” como dice la normativa. “El retraso se debe a la gestión del Gobierno anterior que dejó más de un 70% de los expedientes parados”, zanjan al respecto fuentes municipales.

El Defensor ha venido tramitando expedientes de queja en los que personas inmigrantes acreditan retrasos de hasta seis meses en la entrega de esos informes de inserción social en Sevilla. También dice el Defensor al Ayuntamiento hispalense que elabore los informe de inserción a los vecinos extranjeros que lo soliciten pero “evitando la exigencia a los solicitantes de requisitos distintos a los establecidos legalmente como el de acreditar la permanencia en España mediante padrón durante al menos dos años”.

Así consta en una resolución derivada de un expediente de oficio abierto por la institución en cada una de las ocho provincias andaluzas en la que se solicitó a los ayuntamientos con una población superior a 20.000 habitantes diversa información ante las dificultades y posibles perjuicios con que se estaban encontrando las personas inmigrantes. Ya hay resoluciones también respecto a los consistorios de Camas y Los Palacios en la provincia de Sevilla.

Se trata de uno de los requisitos establecidos para la concesión de la regularización administrativa de aquellas personas extranjeras que, pese a que se encuentran plenamente integrados como nuevos vecinos andaluces, carecen de autorización de residencia y trabajo, planteando una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. “El incumplimiento de los plazos por su ayuntamiento provoca un retraso injustificado tanto en la presentación de los expedientes de arraigo como en la tramitación de los mismos en la Subdelegación del Gobierno, perjudicándose los intereses de las personas solicitantes, además de incumplirse los principios de una buena administración”, le espeta el Defensor al Ayuntamiento de Sevilla.

Planes de choque

En el informe remitido por el Ayuntamiento de Sevilla, recuerda el Defensor, respecto a los plazos de entrega de los informe se dice que el tiempo medio de respuesta de emisión de “un mes en aquellos centros en los que no hay lista de espera y más en los que hay más demanda”, aunque el plazo “también depende del número de profesionales que en ese tiempo puedan estar de baja”. El Ayuntamiento argumentó también que cada mes hace un análisis del número de informes de arraigo pendientes en cada centro de Servicios Sociales de la ciudad y “en los que se observan un número considerable se plantean planes de choques para reducirlos”, informando de esos posibles retrasos al Consejo Social de Migraciones.

Respecto a la documentación requerida, el Ayuntamiento facilitó una copia de la hoja informativa que se le entrega a las personas interesadas en la que se detalla toda la que admite para valorar la integración y permanencia de los solicitantes. “Respecto a los tres años de permanencia que exige la Ley, se puede verificar: en primer lugar por el empadronamiento y si no cumple los tres años la Ley permite acreditar dos años con documentos públicos y un año con documentos privados”.

El Defensor responde que esos criterios “no encuentran respaldo ni en la normativa de aplicación ni en las Instrucciones elaboradas al respecto, en las que se indica la documentación válida para acreditar la permanencia en España durante tres años sin la diferenciación de dos años con documentación pública y uno con documentación privada que recogen en su informe”.

Según los datos que obran en el Defensor, las cuestiones que más afectan a los solicitantes de los expedientes para la tramitación de los informes de inserción por parte de las corporaciones locales son la exigencia del empadronamiento en el municipio o una antigüedad mínima en el mismo, así como la exigencia del certificado de penales o las dilaciones en los procedimientos sin que se le notifique resolución al respecto en cualquiera de los sentidos.

¿Qué dice el nuevo gobierno local?

Fuentes municipales consultadas por SevillaelDiario.es acerca de esos retrasos denunciados por el Defensor señalan contundentes que “el retraso se debe a la gestión del Gobierno anterior, que dejó más de un 70% de los expedientes parados” y que “tenía en su organigrama que había una oficina de atención a la población migrante, pero no llegó a funcionar, no existió”.

Las mismas fuentes añaden que la administración municipal actual va a “agilizar este retraso acumulado gracias a la contratación de más trabajadores sociales por medio de una subvención de la Junta de Andalucía”. Además, según apuntan, se está “trabajando con la Fundación La Caixa para implementar programas de interculturalidad en Sevilla bastante ambiciosos”.

El Tribunal Supremo ha eliminado el apartado del Reglamento de Extranjería que extinguía los permisos temporales de residencia si la persona pasaba más de medio año fuera de España. Los jueces de la sala tercera entienden que este artículo “limita el derecho fundamental de libre circulación” de los ciudadanos extranjeros que tienen residencia temporal en España y que eso, en todo caso, tendría que hacerse con una norma con rango de ley y no por un reglamento.

Los jueces han estudiado el caso de una mujer iraní a quien la subdelegación del Gobierno en Girona retiró la autorización de residencia y trabajo en 2019. La razón era que había estado más de seis meses fuera de España a lo largo de ese año según los datos que manejaban en el puesto fronterizo del aeropuerto de El Prat. Entre otras razones, la mujer alegó que había sido operada en Turquía a mediados de ese año pero los jueces entendieron que no justificaba los más de seis meses de ausencia que marca el Reglamento de Extranjería.

Es el Tribunal Supremo el que ha decidido dar la razón a esta mujer iraní, explicando que el Reglamento impone ese plazo de seis meses cuando ningún artículo de la Ley de Extranjería impone esa obligación. “El tribunal deja claro que no le corresponde ponerse en la situación del legislador y determinar si es oportuna una limitación de ese tipo, pero subraya que en todo caso debería hacerse por Ley Orgánica y no por norma reglamentaria”, explica el Supremo.

El Supremo deja claro que su sentencia no implica que no se pueda retirar el permiso temporal de residencia por este motivo, sino que no se puede hacer a través de un reglamento, sino que debe venir contemplado en la Ley de Extranjería. “En resumen, se pueda limitar el ejercicio del derecho fundamental de libre circulación de los extranjeros con residencia temporal en España, mediante la extinción de su autorización por la ausencia del territorio nacional durante un determinado periodo de tiempo, pero dicha limitación ha de realizarse mediante ley orgánica, es decir, en la LOEX”.

Los requisitos establecidos para la concesión de la regularización administrativa de aquellas personas extranjeras que, pese a que se encuentran plenamente integrados como nuevos vecinos andaluces, carecen de autorización de residencia y trabajo, pueden convertirse en auténticos quebraderos de cabeza según la provincia en que residan. Entres esos requisitos, para determinados casos, se encuentra el arraigo social, una autorización de residencia temporal que se consigue mediante un informe que acredite su integración social. Los retrasos en la entrega de esos informes o la exigencia de requisitos no contemplados ni en la normativa de aplicación ni en las instrucciones elaboradas por la Secretaría General de Migraciones han llevado al Defensor del Pueblo Andaluz a presentar la apertura de un expediente de queja de oficio en cada una de las ocho provincias andaluzas en la que solicita a los ayuntamientos con una población superior a 20.000 habitantes diversa información ante esas dificultades y esos posibles perjuicios a personas inmigrantes.

La elaboración y entrega de los informes que acrediten la integración social de las personas imigrantes que vienen solicitando su arraigo ha provocado en los últimos meses la apertura de diversos expedientes de queja en los que sus promotores solicitan la intervención de la Defensoría dirigida por Jesús Maeztu, que ha iniciado una investigación “en aras a velar por el principio de legalidad e igualdad de las personas que solicitan el informe de inserción social para aportarlos a los expedientes de autorización de residencia temporal”.

La “relevancia” de esta vía de regularización, según el Defensor, queda acreditada por el propio Observatorio Permanente de la Inmigración. En su última publicación estadística se analizan las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales concedidas en los últimos años. En los datos publicados en noviembre de 2020, últimos disponibles, se recogen la serie de concesiones registradas entre los años 2010 y 2019, así se detalla que solo en 2019 se concedieron 83.866 autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales entre las que se encuentra el arraigo social.

Cuestión de interpretación

Según los datos que obran en la Defensoría, las cuestiones que más afectan a los solicitantes de los expedientes para la tramitación de los informes de inserción por parte de las corporaciones locales son la exigencia del empadronamiento en el municipio o una antigüedad mínima en el mismo, así como la exigencia del certificado de penales o las dilaciones en los procedimientos sin que se le notifique resolución al respecto en cualquiera de los sentidos.

Del contenido de las quejas tramitadas, el Defensor del Pueblo ha observado una “falta de una interpretación única de la normativa de aplicación”, teniendo constancia de ayuntamientos que cumplen con el contenido de la Instrucción de referencia y otros que, por el contrario, parten de una interpretación “muy restrictiva de la legislación”, “dificultando a los interesados y dilatando los plazos en la tramitación de los informes que acrediten su integración, cuando no provocando que los expedientes concluyan con una resolución denegatoria”.

Se trata de una praxis por parte de la administración local que propicia que para solicitar en esos ayuntamientos el informe de inserción social los migrantes se empadronen en aquellos municipios en los que la obtención de esta documentación es más sencilla, y así evitar retrasos en la tramitación de sus autorizaciones de residencia y no donde realmente están sus domicilios. “Tanto las personas afectadas como colectivos del tercer sector nos han trasladado distintas situaciones referidas a las dificultades para obtener el informe de referencia que perjudica la tramitación de su expediente de arraigo”, explica la Defensoría.

Diferencia de criterios

Por todo ello, el Defensor ha pedido a esos ayuntamientos y a cada una de las ocho diputaciones provinciales los criterios tenidos en cuenta para valorar la integración de los solicitantes, tomando especial interés la documentación requerida para acreditar el tiempo de residencia en territorio español, así como la información sobre el número de expedientes iniciados en 2020 y 2021, el sentido de la resolución, favorables o no y los que se encuentran en trámite de resolución.

También quiere conocer el Defensor los tiempos medios de respuesta en la emisión de los informes, las dificultades con las que se encuentran a la hora de emitirlos, el modelo de instancia facilitada a los interesados en la tramitación de los informes de inserción social en el que se detalle la documentación requerida para su elaboración y, concretamente a las diputaciones, se les ha requerido si han constatado diferencia de criterios entre las distintos centros de servicios sociales de su provincia en los que tenga competencia.

El Tribunal Supremo ha denegado este jueves a un ciudadano ecuatoriano, padre de una menor española, la autorización de residencia en España, al considerar que su condena por maltrato en el ámbito familiar no es compatible con el arraigo familiar que alega ni con la protección del menor contra cualquier tipo malos tratos.

Según informa Europa Press, el alto tribunal ha admitido el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dictada en el pasado junio de 2018, que daba el visto bueno a la autorización de residencia temporal concedida al ciudadano por circunstancias excepcionales.

Según la sentencia dictada por el juez, el hecho de que el hombre tuviera antecedentes penales “no es obstáculo” para la concesión del permiso, debido a que el artículo 124.3 Real Decreto por el que se aprueba la Ley de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social contempla el arraigo familiar. En este caso concreto, el condenado es el padre de una niña de nacionalidad española.

En este sentido, la Abogacía del Estado subraya que el padre fue condenado en 2013 por un delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar y que no cumple los requisitos exigidos en dicho precepto. De esta manera, no se ha demostrado que conviva con la menor y atienda sus necesidades. Además, tiene en contra una orden de expulsión en vigor desde febrero de 2016.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo explican que “no resulta compatibles” determinadas conductas delictivas con la situación de arraigo familiar, ya que suponen una “grave alteración de la convivencia familiar y con ello del ámbito en el que se desarrolla la vida del menor”. En esta línea, el Supremo recuerda en su sentencia que el el ciudadano de nacionalidad ecuatoriana tiene la prohibición de aproximarse a la víctima y comunicarse con ella, lo que supone “la ruptura de la convivencia familiar”.

Debe primar el interés superior de la niña

En último lugar, la Sala ha estudiado tanto los efectos de la Ley de Extranjería, que establece que el requisito principal para la residencia temporal es carecer de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, como las situaciones de autorización por arraigo familiar. De igual manera, se deben valorar los derechos que puedan ser afectados y los que son protegidos por el derecho comunitario, en concreto, como la restricción del “disfrute efectivo” de derechos si se obliga a su padre abandonar el territorio de la Unión.

Con todo ello, la Sala recuerda que existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y explica que el condenado es “nacional de un tercer país” y que el derecho de residencia en la Unión “no es incondicional”. Así, señala que “la denegación del derecho de residencia se basa en la existencia de una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, teniendo en cuenta las infracciones penales cometidas por un nacional de un tercer Estado que tiene la guarda exclusiva de unos niños, ciudadanos de la Unión”.

Asimismo, el Supremo recalca que lo que debe primar es el “interés superior del niño” y que, en este caso concreto, los antecedentes penales “inciden directamente sobre el arraigo familiar y especialmente sobre la necesaria protección del menor contra cualquier forma de malos tratos (físicos, psíquicos, emocionales)”. Además, apunta que “no se le da la relevancia que merece” al hecho de que el hombre ecuatoriano aparece empadronado en el domicilio familiar “menos de un mes antes de la solicitud de residencia por razones de arraigo”, cuando el empadronamiento de los demás miembros de la familia se produjo en 2006 y 2008.

Los absurdos de la burocracia a veces alcanzan límites impensables. La Oficina de Extranjería de Sevilla ha denegado el permiso de residencia una niña de apenas cinco meses de edad por no haber presentado “personalmente” la solicitud. La Subdelegación del Gobierno ha dictado una resolución dirigida a nombre de ella, nacida el pasado agosto en Madrid y de padres marroquíes.

Según la respuesta a la solicitud de autorización de residencia temporal no lucrativa, a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, la Subdelegación dice que en la petición concurre alguno de los supuestos de inadmisión a trámite, en concreto, y lo refiere en mayúsculas, “NO REALIZARSE PERSONALMENTE LA SOLICITUD EN LA OFICINA DE EXTRANJERIA”.

El caso se agrava por el delicado estado de salud de su hermana mayor, de cuatro años, que padece un cáncer y está siendo tratada en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, incluida en el programa de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. La madre y la niña enferma disponen de permiso de residencia sin permiso de trabajo.

La recién nacida que pretede la residencia en España, de nacionalidad marroquí, dispone de Libro de Familia con sus padres. El 10 de noviembre la madre acudió a la Delegación del Gobierno en Andalucía, situada en la Plaza de España, y solicitó la residencia no lucrativa para que la niña tuviera el mismo estatuto legal que la hermana mayor en tanto dure el tratamiento. Allí, en el registro general de entrada, se la sellaron y le entregaron un justificante de haberla presentado.

El caso es que unos días después llegó la sorprendente respuesta de la Subdelegación, fechada el 24 de noviembre, que le cierra a esta familia la vía administrativa para legalizar la situación de su pequeña y en la que se les insta a poner un recurso de reposición en el plazo de un mes ante la misma Oficina de Extranjería o un recurso contencioso-administrativo en los juzgados de Sevilla.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno indican a este periódico que el trámite debió cursarse exactamente en la propia Oficina de Extranjería, en la misma Plaza de España, si bien en el registro de entrada nadie advirtió en aquel momento a la madre. La petición que tramitó la madre en ese lugar “automáticamente se desestima, por causa de inadmisión”, dicen, sin aclarar por qué entonces se le tramitó la solicitud y se la sellaron sin más. En cualquier caso entienden que, si a la hermana mayor de cuatro años se le concedió permiso de residencia por razones humanitarias, por enfermedad sobrevenida, que se extendió también a su madre para que pudiera curarla, la Oficina también le concederá la residencia a la niña de cinco meses.

Fuentes del entorno de la familia afectada entienden que no debió haber problema alguno en poder aclarar a qué puerta en concreto debió dirigirse o en advertirla a la entrada del mismo registro, lamentando además que se dicte una resolución dirigida directamente a una niña de apenas cinco meses para que lo haga “personalmente”. La situación “no muestra la buena fe que exige la Constitución a la Administración”, cuyos “errores son responsabilidad suya y no de una inmigrante que no habla bien castellano”, concluyen.

¿Es efectiva la ciudadanía europea si al padre de dos niños de la unión se le deniega la posibilidad de trabajar y vivir en España? Rafael (nombre ficticio) es colombiano. Tiene dos hijos europeos nacidos en 2002 y 2003, uno de nacionalidad española y otra polaca (su madre es polaca), cuya guardia y custodia le fue concedida por un juez y vive con ellos en un pueblo de Málaga. Los niños, ambos nacidos en España, se han criado allí. Pero Rafael tenía también antecedentes penales. Por eso no podía obtener permiso para residir legalmente en España y debería haberse marchado con sus dos hijos, si no fuese porque en 2009 se plantó y decidió llevar su caso a los tribunales.

Seis años después de iniciarse, la cuestión llegará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estudiará este martes la pregunta planteada por el Tribunal Supremo: ¿es compatible con el derecho europeo la norma española que excluye la posibilidad de otorgar permiso de residencia a extranjeros en la situación Rafael?

Málaga Acoge asumió el caso en 2010, cuando aún no existían los permisos por arraigo. Solicitó un permiso de residencia por circunstancias excepcionales y la solicitud fue denegada por la Dirección General de Migraciones por los antecedentes penales de Rafael. Esa resolución fue recurrida primero ante la Audiencia Nacional (cuando los antecedentes ya estaban suspendidos) y luego ante el Tribunal Supremo. Y el máximo órgano jurisdiccional dudó. Lo que se discute es si basta la existencia de antecedentes para denegar el permiso sin valorar otras circunstancias; si ello no supone vulnerar los derechos de los hijos, que son ciudadanos europeos, a vivir, residir y circular libremente por territorio comunitario. En definitiva, si no habría que estudiar otros factores antes de denegar sin más y expulsar del país a padre e hijos. La madre está en paradero desconocido. ¿En qué situación quedarían los menores?, se plantearon en la ONG. Expulsar a su padre, ¿no supone también expulsar a sus hijos?

“Si a su padre no le dieran el permiso, los niños quedarían en riesgo de exclusión social”, explica Arantxa Triguero desde Luxemburgo. Ella y Liliana de Rossi, que han llevado el caso desde Málaga Acoge, basarán su alegato en el derecho de los menores a vivir dentro de la UE. Entienden que debe primar la ciudadanía de la unión y el interés del menor: “Si expulsan al padre los niños van detrás. Los niños no pueden ejercer la libre circulación por sí solos”. Al caso se le ha acumulado otro asunto similar de Reino Unido en el que los abogados del menor van más allá: creen que en estos casos el Estado debería conceder la residencia al progenitor, sin más valoraciones.

La contundencia de la Ley de Extranjería

El artículo 31.5 de la Ley de Extranjería no deja, de momento, margen para la interpretación: “Para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia”. No hay excepción. Ni siquiera cuando haya menores a su cargo con nacionalidad de un país europeo. Sin embargo, los tratados reconocen la ciudadanía de la Unión y eso incluye el derecho de todos los europeos a circular y residir libremente en cualquier Estado miembro. La jurisprudencia comunitaria ha interpretado este derecho de manera extensiva en otras ocasiones.

Cuando existen dudas sobre la aplicación del derecho europeo, el tribunal debe formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo. La respuesta es vinculante no sólo para el órgano que pregunta, sino para todos los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea. Por eso, otros siete Estados han participado en el procedimiento. La vista se celebrará ante la Gran Sala (15 jueces) por las posibles repercusiones de la decisión.

Rafael no fue expulsado y con la cancelación de los antecedentes obtuvo el permiso. Sin embargo, la norma sigue siendo sorda a las circunstancias particulares de los solicitantes y situaciones parecidas, con hijos con ciudadanía europea de padres extranjeros, son ahora más comunes que nunca. “Ni la UE ni España pueden legislar de espaldas a esto”, razona Triguero. Hoy es residente legal, pero en el camino, Rafael perdió el trabajo que tenía y la casa en la que vivía. Se le negó el derecho a trabajar y le dijeron “no” sin pensar en qué pasaba con sus hijos.

La Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha remitido este jueves a la Oficina de Extranjería de Ceuta una autorización individual de residencia temporal con un año de vigencia por circunstancias excepcionales a favor del niño que el día 7 fue rescatado en la frontera del Tarajal del interior de una maleta en la que iba a ser introducido de manera irregular en territorio español.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta a Europa Press, la autorización se otorga al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Ley de Extranjería 4/2000, que prevé la concesión de permisos de residencia por circunstancias excepcionales “a los extranjeros que se hallen en España en los supuestos de arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades públicas o razones de seguridad nacional o interés público”.

La Oficina de Extranjería deberá remitir ahora esa documentación a la Dirección del Centro de Menores Mediterráneo de la Ciudad Autónoma, que asumió su tutela hace dos semanas.

La familia del menor, con permiso de residencia en España, había solicitado la reagrupación familiar del pequeño, que según sus padres está enfermo y no tienen en su país de origen, Costa de Marfil, a ninguna persona que pueda hacerse cargo del cuidado que requiere. El trámite fue denegado. “El niño está enfermo y él (su padre) lo que quería era traerlo a España cuando antes, pero por un mero problema burocrático de 70 u 80 euros no ha podido ser”, explicó el abogado de la familia, Juan Isidro Fernández.

La defensa ha pedido la liberación del padre

El padre, Alí Ouattara, pagó 5.000 euros a unas personas para introducir a su hijo en España, pero según su declaración no sabía que el pequeño sería introducido en una maleta. Ouattara permanece en prisión provisional sin fianza en la cárcel ceutí de los Rosales desde el 8 de mayo. Una campaña de firmas, puesta en marcha por la Red Española de Inmigración, solicita su liberación porque entienden que la negativa de la Administración y las circunstancias del menor en Costa de Marfil forzaron al padre a recurrir a una vía ilegal para reunir a su hijo con la familia.

Ahora, tras el permiso de residencia concedido al menor, fuentes de la Administración local han explicado que, el niño deberá esperar a que se conozca el resultado de las pruebas de ADN practicadas a su padre y a su madre.

El Área de Menores también espera un informe de las autoridades del archipiélago que dé cuenta de la situación “real” del núcleo familiar para que se pueda aprobar la reagrupación del pequeño al menos con su progenitora a la espera de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta decida sobre la petición de puesta en libertad del padre que cursó el martes su defensa.

La juez prevé resolver “en los próximos días” esta solicitud, mientras que la Administración local ceutí calcula que el resto de trámites pendientes podrían estar completados en el plazo de “aproximadamente un mes”.

Sulaiman Conteh pasó la mañana del jueves 15 de enero tirado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga, a ratos llorando. Un juzgado le había comunicado que tiene que marcharse. No ha lugar a un nuevo permiso, le dijeron. No ha trabajado el mínimo de días. Hay documentos: en un informe de la Seguridad Social consta que trabajó 67 días durante un año y eso no es suficiente. Debe volver a Sierra Leona. Pero Conteh no está de acuerdo, y ha decidido llevarle la contraria al papel oficial: asegura que recogió naranjas y mandarinas durante meses en Valencia y que trabajó más de lo que la Seguridad Social certifica. Y que si todos esos días en los que trabajó no constan es porque las empresas de trabajo temporal que lo contrataron no cotizaron sus jornadas. Tiene un cuaderno para probarlo. Los sindicatos llevan años denunciando abusos por parte de algunas de empresas en el campo valenciano.

Conteh huyó de Sierra Leona a Guinea Bissau en 1997, y de Guinea tomó un cayuco a Canarias, en 2006. Lleva ocho años en España. Primero solicitó asilo, porque en Sierra Leona le acusaban de colaborar con los rebeldes. Su país fue consumido durante los años 90 por una Guerra Civil. Niños soldado, tráfico de diamantes, amputaciones: ese tipo de guerra. La petición de asilo fue denegada tres años después de que la solicitara, según cuenta. Pero como había realizado un curso de mecánico, trabajó durante varios años en un taller, sin contrato. Consciente de que tendría problemas para renovar el permiso por arraigo, decidió buscar trabajo en la campaña de la recogida de cítricos en Valencia y solicitó uno de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. Ahí empezó su calvario.

Según el informe de la Seguridad Social en el que se basa la sentencia, Conteh trabajó 67 días durante el año de vigencia de su viejo permiso, cuando el mínimo exigido por el Reglamento de Extranjería es de 90 días. Le faltarían 23. Sin embargo, ese informe también recoge que en el mismo periodo estuvo 201 días de alta en la Seguridad Social. En el régimen especial de trabajadores agrarios es posible dar de alta a un trabajador y que la empresa cotice sólo las jornadas que efectivamente ha trabajado. El problema surge cuando esa posibilidad es utilizada fraudulentamente. José Miguel Tomás, secretario general de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana, asegura que es común que algunas empresas de trabajo temporal coticen menos días de los realmente trabajados, aprovechando que pagan menos de lo que establece el convenio colectivo que en teoría deberían cumplir. Así, si un trabajador recoge naranjas durante 20 días de un mes y cobra 600 euros, la empresa cotiza menos días y se ahorra esos pagos a la Seguridad Social. “Como la mayoría son extranjeros, no tienen más remedio que tragar y callar. Les chantajean”, resume Tomás.

Después de trabajar para Ayser Activity ETT, S.L. en diciembre de 2011, Conteh fue nuevamente dado de alta en la Seguridad Social el 1 de enero de 2012, hasta su baja 152 días después, el 31 de mayo. Ayser Activity, S.L. (del 1 de enero al 31 de marzo) y Éxito Labor ETT, S.L. (del 10 de abril al 17 de mayo) aparecen como empleadores, pero no consta ningún día trabajado para ellos. Conteh, que ha denunciado a las empresas ante la inspección de la Seguridad Social, asegura que trabajó recogiendo cajas de naranjas y mandarinas y ha aportado, junto al último recurso ante el TSJA, un cuaderno en el que apuntaba cuántas cajas recogía cada día para luego poder cobrarlas. En ese cuaderno aparecen anotaciones según las cuales habría trabajado de enero a mayo. Días más que suficientes para cumplir el mínimo. “Martes, 24/1/12, 44 cajas naranjas. Miércoles, 25/1/12, 27 cajas mandarinas…”, y sigue.

Conteh dice que les obligaban a firmar nuevos contratos con distintas empresas durante los periodos de trabajo. “Eran los mismos”, asegura. La vinculación entre Ayser Activity S.L. y Ayser Activity ETT es obvia. Éxito Labor dice estar especializada en el sector agrario y alguno de sus directivos ha trabajado con anterioridad en Ayser. Ningún responsable de Éxito Labor o de Ayser Activity ha respondido a los correos electrónicos o a las llamadas de este medio.

Las denuncias de los sindicatos

El relato que hace Conteh encaja con la situación que los sindicatos valencianos vienen denunciando desde hace varios años. A finales de 2013, CCOO publicó un informe sobre la contratación en el sector agroalimentario a través de ETTs. Según José Miguel Tomás, muchas empresas recolectoras y comercializadoras de cítricos contratan ahora a través de ETT. Así evitan gestionar un gran volumen de contratación y reducen trabajadores y representantes sindicales. Las ETTs deben cumplir el mismo convenio que el de la empresa usuaria, pero muchas veces no ocurre así, denuncia Tomás, que explica que algunas pagan entre un 50 y un 60% de lo convenido, y exigen el pago del transporte al lugar de trabajo, por el alquiler de herramientas y, en ocasiones, por los pisos donde se alojan los trabajadores. El diario de Conteh refleja un precio de 0,60 euros por caja recolectada (por convenio la variedad navelina está a 1,20) y restas diarias de cinco euros por “transporte”. Ayser Activity, que ya no es una ETT, vende tijeras para cortar fruta a través de su web.

Según el sindicalista, muchas de estas ETT surgieron al calor del negocio de los cítricos y no sirven para cubrir periodos punta de producción (“cuando tienes que llevar un barco que se va mañana”) sino como forma de contratación de trabajadores habituales. “Y 30 días en un mes no es una circunstancia de la producción, no es una urgencia”.

Conteh se presentó a la cita con una carpeta llena de papeles desordenados. Guarda hasta los recibos de la comunidad de vecinos: “Fui a Valencia a buscar trabajo, porque si no, no te renuevan. Los senegaleses se quejaban de que la empresa no pagaba. Querían denunciar. Me dio pena de que no apuntaran. Ellos te apuntan solo un día. Por eso yo lucho de todas las formas, porque yo trabajo para este papel”. Compromís e Izquierda Plural (que llegó a hablar de situación “generalizada de explotación” y de “tramas”) presentaron sendas iniciativas en el Parlament para que se incrementara el número de inspecciones e, incluso, para que llegaran a prohibirse las empresas de trabajo temporal en el sector agrario. CCOO dice haber denunciado casos de abuso ante la Fiscalía, que no observó indicios de delito: “Hay impunidad total. El caso que me cuentas, multiplícalo por miles”.

Las personas extranjeras que fueron víctimas de la estafa de la abogada María Carmen Fermoso, un gestor y varios empresarios se han concentrado este martes en Bilbao ante la oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en protesta por la denegación de la renovación de sus permisos de residencia, que hace un año les concedieron para testificar en los juicios contra la letrada en concepto de colaboración con la justicia. “Estamos aquí porque queremos que nos escuchen y hagan lo que tienen que hacer. Nos dieron unos papeles con los que no podemos trabajar y ahora que tenemos que renovarlos, nos dicen que no se puede”, denunciaba este martes Nbaye Ciss, una de las víctimas del engaño perpetrado por Fermoso, quien se encuentra en prisión preventiva desde mayo de 2013.

La promesa de un contrato de trabajo con el que poder tramitar su permiso de residencia fue lo que llevó a decenas de inmigrantes a tocar la puerta del despacho de esta abogada, quien les cobró entre 1200 y 2000 euros por unos contratos ficticios que jamás se llegaron a formalizar. “Se trata de un caso grande de estafa en el que hay varios procedimientos abiertos y estas personas están dentro de ellos como testigos, por lo tanto siguen colaborando con la justicia. Llegaron hasta aquí, fueron estafados y aun quedan juicios en los que deben testificar, pero el permiso de residencia que les concedieron era de un año y ahora no les dejan renovar”, cuenta Brígida Ridruejo, miembro de SOS Racismo.

Los inmigrantes no se dieron cuenta del engaño hasta el momento en que hicieron los trámites pertinentes para regularizar su situación. “Entonces les dijeron que no les daban los papeles porque los contratos eran falsos, de modo que se quedaron sin regularización, sin trabajo y sin el dinero que habían pagado por ello”, explica Ridruejo.

Deniegan la renovación de sus permisos

Deniegan la renovación de sus permisosDe esta forma, pidieron testificar contra la abogada y se les concedió un permiso de residencia válido para un año. A fecha de hoy aun quedan juicios pendientes, pero el tiempo ha pasado y deben renovar los permisos. Sin embargo, Extranjería ha cambiado las condiciones y esas renovaciones están siendo denegadas. “Para poder renovar esos papeles nos piden unos contratos de un año o unos ingresos superiores a 2000 euros mensuales, pero todos sabemos que eso es muy difícil en estos momentos”, asegura Cyss. “La gente que vive aquí, que ha nacido aquí y quiere trabajar no puede porque no hay trabajo. Si no hay trabajo para la gente de aquí, menos hay para nosotros y además nos piden un contrato de un año que es imposible conseguir. No sé qué vamos a hacer”, se preocupa.

Su compañero Mohamed Ben Abdallah se encuentra en la misma situación. “Llevaba mucho sin papeles, luego encontramos a esta abogada para darnos un contrato. Nosotros pensábamos que iba a salir todo bien, pero nos ha robado el dinero. Fui a presentar los papeles con la RGI y han tardado dos semanas en decirme que estaba denegado, que no puedo renovar nada. Es muy difícil conseguir un contrato de trabajo ahora. Yo llevo siete años aquí, he hecho siete u ocho cursos de todo, pero ahora es muy complicado conseguir algo”, asegura Abdallah.

Ambos llevan mucho tiempo residiendo en Bilbao y, aunque no quieren, ahora se ven abocados a tener que volver a sus países de origen. “Si yo vine aquí era para trabajar, para mejorar. No vinimos aquí como piensan algunas personas para pedir ayuda y solo dormir. Nosotros también queremos trabajar, queremos mejorar nuestra vida y el país donde vivimos”, apunta Abdallah, quien comparte la opinión de Cyss que señala que todo es muy complicado. “En todos lados hay gente buena y gente mala que hace cosas que no debe hacer. Vinimos aquí para ayudar a nuestras familias, no estamos aquí para hacer algo malo. Pero si alguien nos promete una cosa, luego hace otra, no podemos hacer nada. Lo que tenemos que hacer es colaborar con la justicia para que ellos castiguen a estas personas que nos han hecho esto, pero el juzgado es muy lento”, añade.

En relación a ello, desde SOS Racismo recalcan que “Bilbao es el lugar en el que viven, algunos llevan aquí 8, 10 o incluso 12 años y dejarles sin permiso de residencia ahora no tiene sentido cuando han sido estafados y tienen un arraigo más que demostrable”. Según afirma Ridruejo, “han sido víctimas de un abuso de la legitimidad que tiene una abogada para asesorar en materia de extranjería a una población que es muy vulnerable y que, además, se tiene que enfrentar a una Ley de Extranjería con unas condiciones muy restrictivas que no les deja regularizar su situación”.

Es una de las primeras medidas conjuntas que la gran coalición que gobierna Alemania pretende llevar a cabo: que los desempleados de otros países de la UE no puedan permanecer de forma indefinida en Alemania. El Ministro del Interior Thomas de Maziere, del partido de Merkel, la Unión Cristianodemócrata, y la Ministra de Trabajo y Asuntos Sociales Andrea Nahles, del partido socialdemócrata, propusieron este miércoles reducir el tiempo de permanencia de los parados de tres a seis meses. Asimismo planean prohibir la entrada a quienes no cumplan dicha norma.

También se controlarán de forma estricta las solicitudes del llamado “Kindergeld”, unos 180 euros por hijo que reciben los alemanes mensualmente. Esta suma la paga el estado hasta los 25 años si el joven permanece dentro de la unidad familiar económica y es independiente de la renta. Hasta ahora podían cobrarla también los nacionales de otros estados miembros de la Unión.

Según el periódico amarillista Bild Zeitung, hasta un 25% de los polacos que reciben esta ayuda ni siquiera viven en Alemania. Acusaciones como éstas pueden leerse en diferentes medios en Alemania desde hace meses, aunque hasta ahora no hay cifras oficiales. En el caso del periódico Bild, se trata de “un informe secreto”. Precisamente la comisión de trabajo de ambos ministerios que presentaba las primeras conclusiones de un estudio que están llevando a cabo es quien debería aclarar dudas como estas.

“El número de emigrantes de Bulgaria y Rumanía, así como de los problemas sociales que en parte traen asociados, son abarcables”, decía el que ya fuera Ministro del Interior en el anterior mandato de Merkel. Sin embargo, quiso tematizarlo como posible problema futuro: “es importante que giremos el timón ahora para esto no se convierta en un gran problema a nivel nacional”.

Entre 2012 y 2014 el número de personas de estas nacionalidades habría aumentado hasta mas de un 400%. Sin embargo, es uno de los colectivos de inmigrantes con una cifra de paro mas baja, por debajo de la de italianos o españoles. En ambos países hay también jóvenes y expertos que el mercado laboral alemán necesita.

“Necesitamos una inmigración positiva”, asegura la ministra socialdemócrata. “Se trata, simplemente, de ver si la persona que viene tiene posibilidades reales de encontrar un trabajo o no, y en caso negativo, perdería su permiso de residencia”. Pero el ministro del interior tuvo que reconocer que “lo cierto es que existe un problema especial de aceptación de la emigración de sinti y romaníes”. No es casualidad que en la ciudad de Duisburgo o en Dortmund, donde sí se ha registrado una llegada masiva de personas de estas dos nacionalidades de etnia romaní se hayan vivido escenas racistas y enfrentamientos.

Ambos ministros anunciaron un contingente de 200 millones de euros para las regiones mas afectadas por lo que en Alemania se conoce como “Armutszuwanderung” o “emigración pobre”, un concepto que es usado en relación a parados del sur y el este de Europa. Con esta suma, planeada para los próximos siete años, el gobierno pretende construir albergues para sin techo, pagar intérpretes y ayudar a la integración de los inmigrantes a través de cursos de alemán y de formación profesional.

En cuanto a la forma en que el gobierno pretende controlar la entrada o permanencia de quien sobrepase el tiempo legal de estancia solamente mencionaron una medida: la obligatoriedad de llevar consigo a todas partes el permiso de residencia y mostrarlo ante las autoridades. Tampoco se sabe si esta norma sería legal en relación a la legislación europea, como ocurre con el caso de Bélgica, que en febrero se conocía que estaba “invitando a irse” a los españoles en paro que se encuentran en el país. El tribunal europeo emitirá una sentencia el próximo verano al respecto de si considera legal que otros europeos cobren ayudas al desempleo no contributivas en Alemania, el llamado “Hartz IV”.

Un periodista de una televisión suiza le pregunta al ministro si, en secreto, desea que en Alemania se introuzcan controles a la inmigración, tal como aprobó Suiza en un referéndum, a lo que el ministro responde: “No, no lo he deseado en el pasado y no lo voy a desear en el futuro”. Una pregunta dirigida a dar un toque de atención a una migración de la que el gobierno alemán no gusta de hablar: la de los alemanes que se marchan a trabajar a Suiza.

Un debate que se repite los últimos meses

A comienzos de febrero varias agencias de información difundieron la noticia en Alemania de que un tribunal alemán “había fallado en favor de una familia española desempleada”. La noticia no tenía nada de nuevo. La novedad era escandalizar el hecho de que españoles en paro cobren ayudas en Alemania. Se contaba que un tribunal social de Dortmunt había dado la razón a una familia española con cuatro hijos que vive desde julio del año pasado en la ciudad de Iserlohn, de 96.000 habitantes, en Renania-Westfalia del Norte. Esta familia subsiste gracias a empleos temporales mal remunerados y al “Kindergeld”.

Aparte de esta ayuda existe otra compensación para desempleados de carácter no contributivo, el llamado Hartz-IV. Una ayuda de subsistencia que contempla el pago del alquiler y unos 300 euros por persona. Dependiendo de los ingresos que la familia tenga, ellos se descuentan al total que les corresponde de ayuda. Como esta pareja no llegaba al umbral de ingresos que se considera el mínimo en Alemania, solicitaron dicha ayuda. En un primer lugar, la oficina de empleo local se lo denegó argumentando que los ciudadanos de la UE que vengan a Alemania únicamente a buscar trabajo no tienen derecho a dicha ayuda contributiva.

Sin embargo, el tribunal social de Dortmund, que es un tribunal específico para cuestiones de seguridad social, ha dictaminado que la familia sí tiene derecho a dichas ayudas porque negárselas sería contravenir los acuerdos firmados por Alemania a nivel europeo, que la obligan a tratar a los ciudadanos de la Unión como a los nacionales de su país. La decisión de este tribunal no es nueva, sino que esta vía de recurso es utilizada de forma usual por ciudadanos españoles, portugueses, italianos... como ya contó detalladamente ya a principios de 2013 eldiario.es. Sin embargo la noticia apareció en los principales medios alemanes como una novedad y casi precediendo al anuncio actual del gobierno de cambiar las normas para los parados europeos.

“A ver si esto no se convierte en el comienzo del fin de nuestro estado del bienestar. Puede ser el comienzo de una oleada de mudanzas. No tengo ni idea de qué ayudas sociales recibían estas personas en España, pero la mudanza que realizaron en 2013 parece haber merecido la pena por los 1.033 euros de ayuda al desempleo”. Así reza el primer comentario de la noticia en la web del semanario Spiegel, una de las más visitadas en Alemania. Muchos de los comentarios que le siguen tienen el mismo tono.

En la foto que abre esta información, la cabecera del número de mayo de la revista “Exberliner”, dirigida a la comunidad hispanohablante y cuya portada dice: “¿Quién tiene miedo de los españoles? La verdad sobre la invasión ibérica al sistema social alemán”. Aunque en este caso la publicación lo que trata es de rebatir las ideas que otros medios extienden de que cada vez mas europeos del sur y el este vienen a Alemania a vivir del estado, con una recopilación de datos muy interesante, queda de manifiesto que la “invasión ibérica” o “griega” o “rumana” es un hecho en el ideario mental de los alemanes.