El líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, suma una nueva condena de cárcel. En concreto, de siete años y cinco meses de prisión por asociación ilícita, malversación, fraude y cohecho. Además, queda inhabilitado durante 22 años y deberá pagar multas por un valor superior a los 225.000 euros.

Así lo ha decretado la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en la sentencia sobre la trama del caso Unión centrada en las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife. Además del “muñidor” de la red corrupta que exigía comisiones ilegales por obras y servicios en el Ayuntamiento de Arrecife a través de varios concejales del PIL, han sido condenados otros nueve procesados.

Según adelantan los periódicos Canarias 7 y La Voz de Lanzarote, los únicos absueltos han sido la hija del líder del PIL, Elena Martín, jefa de Contratación, y el conocido empresario Juan Francisco Rosa, al que se le acusaba de falsear un contrato laboral para que el propio Martín lograse el tercer grado penitenciario. La Audiencia considera que ese contrato no fue determinante para la obtención del beneficio y, por lo tanto, no aprecia el delito de falsedad documental.

La Audiencia Provincial ha impuesto ocho años de cárcel al exconcejal del PIL Antonio Machín; cuatro años y dos meses al también exedil Ubaldo Becerra, al que se le aplica un atenuante por haber reconocido los hechos, y 3 años y medio al exinterventor Carlos Saénz. También han sido condenados a penas de prisión los empresarios Antonio Gómez (un año), Manuel Gregorio Reina (dos años y medio), Jesús Manuel Brito (un año y tres meses) y Samuel Lemes (un año y seis meses).

El exjefe de la Oficina Técnica Rafael Arrocha ha sido multado con 2.190 euros por revelación de información privilegiada, mientras que al consultor Antonio Cárdenas, por aprovecharse de ella, se le sanciona con 4.225 euros.

Las multas impuestas a los acusados superan el medio millón de euros.

Dimas en el jardín del hotel Los Fariones

Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas reconocen que “resulta difícil imaginarse a Dimas Martín cuidando el jardín del hotel Fariones”, como pretendieron hacer ver tanto el líder histórico del PIL como el empresario Juan Francisco Rosa para justificar ese contrato que la Fiscalía considera que falsearon para que el primero lograra el beneficio penitenciario del tercer grado.

“Que se quiera simular una donación con un contrato de trabajo poco importa a los efectos del delito por el que se acusa, como tampoco la pretendida finalidad de obtener los favores de Dimas en los negocios hoteleros”, recoge la resolución judicial en relación a los complejos ilegales del empresario en la isla.

La defensa del fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) e investigado por el caso Unión, Dimas Martín, pide la absolución del político al “no existir pruebas de cargo” para mantener las acusaciones que le señalan como presunto autor de los delitos de asociación ilícita, cohecho, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsedad documental. Por su parte, el político se acogió a su derecho a la última palabra y afirmó que ha sido víctima de la “técnica del cazador furtivo”, mediante la que se le ha construido un camino lleno de trampas en el que él ha sido “la presa indefensa”. “Me pueden acusar de lo que quieran, pero no lo pueden demostrar, porque lo que no existe no se puede probar. La verdad siempre sale a relucir”, aseveró Dimas Martín.

Durante la jornada de este miércoles y después de que el pasado martes el Ministerio Fiscal trasladara las peticiones de condena para los doce acusados, se pronunciaron las defensas de los cargos públicos, funcionarios y empresarios implicados en esta trama, centrada en el supuesto amaño de la gestión de los contratos de obras y servicios del municipio conejero de Arrecife para adjudicarlos a dedo a personas próximas a la agrupación a cambio de una comisión ilegal del 10% del dinero ofrecido a los adjudicatarios. Las defensas pidieron la absolución del exconcejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Machín, de la técnica de contratación e hija de Dimas Martín, Elena Martín, y de los empresarios Juan Francisco Rosa, Samuel Lemes y Manuel Reina. En el caso de Machín la pena solicitada por la Fiscalía había ascendido a 14 años y cinco meses de prisión y a abonar una multa de 300.000 euros.

Por su parte, las defensas de los administradores de Infogelanz, Martín Brito y Antonio Gómez, se mostraron conformes con las conclusiones de la acusación, así los abogados del interventor del Ayuntamiento de la capital conejera, Carlos Sáez, el exjefe de la Oficina Técnica del organismo, Rafael Arrocha, el ingenierio Antonio Cárdenas, y el exconcejal de Parques y Jardines, Ubaldo Becerra. 

Dimas a secas

Durante su intervención en la sesión del martes, el fiscal Javier Ródenas insistió en el rol de “jefe” de Dimas Martín, que presuntamente gestionaba desde el Centro Penitenciario de Tahíche todas las actuaciones delictivas que “asolaron” el municipio de Arrecife entre 2007 y 2009. En el ejercicio del derecho a la última palabra, Dimas Martín suscribió las declaraciones de su letrado y afirmó que él “no era el jefe”, que a él “todo el mundo se dirige como Dimas a secas” y que se limitaba a “aconsejar”. El fundador del PIL insistió en que él ejercía la labor de asesor y que antes de hacerlo consultó si esta función entraba en conflicto con su situación privativa de libertad. “Me dijeron que podía hacerlo”, recordó. 

Respecto a la acusación de que poseía en su celda el pliego del Plan de Barios de Arrecife, Dimas respondió que se trataba de un documento público al que quiso acceder para conocer qué mejoras podían llevarse a cabo en la ciudad. “Mi vocación es la política y me gusta enterarme de lo que atañe a mi Isla”, aseguró. En esta línea, reconoció que había “recomendado” a los exconcejales bloquear el pago a algunos empresarios. Por su parte, su defensa argumentó que las pruebas aportadas para demostrar la culpabilidad de Dimas Martín no son válidas, ya que todas se desencadenan a partir de la grabación de una llamada telefónica por parte del empresario Carlos Espino en la que se revelaba un presunto soborno, una intervención que no contaba con la “autorización judicial exigida”. 

El Ministerio Fiscal también solicita para Dimas Martín una condena por falsedad documental, argumentando que acordó con el empresario Juan Francisco Rosa la creación de un contrato laboral para así acceder al tercer grado. Además, la Fiscalía añadió que la condición de Rosa era que Dimas Martín legalizara la apertura de hoteles dirigidos por el empresario y que no constaba que Martín hubiera acudido a su puesto de trabajo. “El contrato lo aporté después de obtener el tercer grado, yo no le he abierto ningún hotel a Juan Francisco Rosa”, subrayó el acusado. Para concluir, Dimas Martín insistió en que ninguna de las cartas que él intercambiaba con los exconcejales del Ayuntamiento revelaba que hubiera cobrado algún tipo de comisión ilegal. “A mí nunca se me ha pagado con dinero extraño”, señala.

Elena Martín también quiso acogerse a su derecho a la última palabra para definir la operación Unión como el hecho “más demoledor de su vida”, recordando cómo agentes con metralletas la detuvieron ante una gran expectación mediática. “Yo siempre he intentado pasar inadvertida, y lamento que esto haya convertido a Lanzarote en el paradigma de la corrupción”, afirmó. Su defensa quiso recalcar un error cometido por la acusación al afirmar que era la “jefa de contratación”, cuando realmente era técnica y, en consecuencia, “no cobraba como jefa”. Además, la letrada subrayó que en ese momento la adjudicación era competencia del departamento de compra y no de contratación, del que formaba parte la acusada. Así, el juicio sobre la presunta trama de corrupción más importante del Archipiélago ha quedado visto para sentencia. 

“Todas las actuaciones delictivas emprendidas por la banda corrupta del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) para enriquecerse pasaban por la mirada carcelaria de un interno del Centro Penitenciario de la isla. Nada se hacía sin la autorización del jefe: Dimas Martín”. La Fiscalía ha presentado este martes sus conclusiones definitivas y ha trasladado a la Audiencia Provincial de Las Palmas su petición de condena a los cargos públicos, funcionarios y empresarios implicados en el caso Unión, una de las causas por corrupción más importantes de Canarias por número de imputados y de piezas y que, según el fiscal Javier Ródenas, no debe ser juzgada como un caso aislado, sino como una historia “negra y corrupta” que asoló el Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2007 y 2009.

El Ministerio Fiscal pide que se condene a los acusados por los delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación administrativa y fraude. De este modo, mantiene sus peticiones, previamente modificadas para elevar a 14 años y cinco meses de prisión y a una multa de 300.000 euros la condena relativa al exconcejal de Parques y Jardines de la capital conejera, Antonio Machín, y rebajar la solicitada para la entonces jefa de contratación del municipio, Elena Martín. Su pena pasó de una solicitud de dos años de cárcel a la petición de nueve años de inhabilitación, lo que la obligaría a dejar el cargo que ocupa como jefa del departamento de contratación del Ayuntamiento de Arrecife.

El grueso de la presunta actividad corrupta coordinada por el fundador del partido, Dimas Martín, que entonces se encontraba en la prisión de Tahíche cumpliendo condena por malversación, reside en el amaño de la gestión de los contratos de obras y servicios municipales para adjudicarlos a dedo a personas próximas a la agrupación. A cambio de la adjudicación, los exconcejales exigían a los beneficiarios el abono de una comisión ilegal, el 10% del dinero que iban a recibir por parte del Ayuntamiento.

“Tahíche, a 23 de julio de 2007”

Para que se dé un delito de asociación ilícita se exige un reparto claro de funciones entre los implicados. Para la Fiscalía, los roles estaban claros: Dimas era el jefe y los concejales sus subalternos. Gran parte de la lectura del Ministerio Fiscal versó sobre el papel del fundador del PIL como presunto coordinador de la trama y sobre la “sumisión total” de los exconcejales hacia su figura. Algunas de las pruebas con las que el fiscal justificó esta relación jerárquica fueron las numerosas llamadas telefónicas y también las cartas en las que el líder daba distintas órdenes a los concejales. Entre ellas, bloquear pagos a empresas adjudicatarias hasta que estas pagaran la comisión ilegal que les exigía el partido.

La “costumbre” de Dimas Martín de comenzar las cartas que enviaba a los concejales con la fecha y el lugar en el que se encontraba facilitó, según el Ministerio Fiscal, el rastreo de las llamadas para conectarlas con las epístolas y así conocer las instrucciones que daba a los concejales. “A partir de ahora soy el invisible”, rezaba una de las cartas enviadas por Martín desde prisión al ya fallecido exconcejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez Sánchez. En ella, ambos inauguraron una vía de comunicación reservada.

A partir de entonces, según la intervención de la Fiscalía, José Miguel Rodríguez subordinó sus decisiones a la voluntad de Dimas Martín. Así, para la puesta en marcha del Plan de Barrios de Arrecife, el exconcejal de Hacienda llamó “con apuro” a Martín pidiéndole que lo desbloqueara. “En lugar de sorprenderse y preguntar cómo iba un recluso de la cárcel de Tahíche a desbloquear un proceso de licitación pública, Dimas Martín respondió que le faltaba solo un documento para poder hacerlo”, recordó el fiscal Javier Ródenas, quien además aseveró que el pliego de las mejoras del mencionado Plan de Barrios había sido localizado en la celda de Dimas Martín.

Las llamadas telefónicas intercambiadas entre ambos también fueron utilizadas por la Fiscalía para probar el uso de dinero público para pagar a simpatizantes del PIL y para sufragar gastos personales. Entre otras peticiones, Martín planteó a José Miguel Rodríguez que “sacara” del Ayuntamiento de Arrecife 7.000 euros para pagar una revista elaborada para ellos por Ismael Montero, un simpatizante del partido.

El abogado del Ayuntamiento de Arrecife ha respaldado las peticiones del fiscal y ha subrayado la necesidad de condenar a un “gobierno paralelo” que se instaló en la capital entre 2007 y 2009 para saquear a la ciudadanía, que ya se estaba viendo afectada por el comienzo de la crisis económica que sufrió el país en esas fechas.

Ambas acusaciones también señalaron al empresario Juan Francisco Rosa como uno de los pilares que sostuvo esta presunta trama de corrupción por crear un contrato laboral para Dimas Martín y que así este pudiera acceder al tercer grado. “Se ha simulado una relación laboral que no existió y que permitió al político seguir dirigiendo las actividades ilícitas del PIL desde la calle”, añadieron las acusaciones. La supuesta condición que puso el empresario fue que el partido legalizara los hoteles que fueran de su propiedad.

La respuesta de los defensores tendrá lugar en las dos próximas sesiones, que concluirán el jueves. Sin embargo, la defensa de Juan Francisco Rosa ha tenido que adelantarse en la sesión de este martes. Durante su intervención, insistió en que no se han añadido al auto pruebas que muestren que Dimas Martín no asistió al puesto de trabajo que le ofertó el empresario y subrayó que tampoco se le ha preguntado al político en el interrogatorio si acudió a su puesto o qué tipo de empleo desarrollaba. Además, insistió en que el contrato laboral no cumple con las características para ser designado como falso, lo que “impide la sentencia condenatoria”.

Condenas

De este modo, la pena solicitada para Dimas Martín es de más de 17 años de cárcel con el agravante de reincidencia y una multa de 400.000 euros. Por su parte, para el empresario Juan Francisco Rosa se piden dos años y tres meses de prisión. Al empresario Samuel Lemes, cinco años de cárcel, a uno de los administradores de La Palmita e Infogelanz Martín Brito, 15 meses de cárcel, a Antonio Gómez, otro de los administradores, un año de prisión, y al empresario Manuel Reina, más de cuatro años de cárcel.

No solamente era el jefe de la presunta trama de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, el “líder de una asociación ilícita” con roles perfectamente definidos. También ejercía una evidente capacidad de influencia en las más altas esferas de la isla de Lanzarote y mantenía conexiones fluidas, entre otros, con el entonces jefe de la Guardia Civil en la isla o con el director de la prisión de Tahíche, en donde se encontraba encarcelado por otra causa. El primero le llegó a pedir que intercediera ante el Ayuntamiento de Teguise para que le otorgase obra pública a un amigo suyo. Al segundo trató de solucionarle su futuro laboral en administraciones gobernadas por la formación política que dirigía, el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), ante su inminente marcha de la institución penitenciaria en la que el jefe había obtenido el beneficio del tercer grado.

Estas y otras cuestiones que figuran en el sumario del caso Unión en relación con la figura del histórico dirigente del PIL Dimas Martín, uno de los principales acusados de una de las mayores causas por corrupción en Canarias por número de piezas e imputados, han sido ratificadas por los dos capitanes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ejercieron hace más de una década como instructor y secretario en la investigación y que han declarado como testigos este miércoles en el juicio, durante la tercera sesión que celebra en Las Palmas de Gran Canaria la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

“Dimas impartía órdenes que no eran cuestionadas. Decía: a este se le paga, a este no. No eran consejos, eran órdenes (…) Había una sumisión de todos los miembros de la organización. Dimas había hecho muchos favores y entendían que le debían su medio de vida”. Así lo ha resumido el primer instructor policial de la investigación, hoy comandante, que no ha dudado en calificar a Martín como “líder” de lo que, con el actual código penal en la mano, se denominaría “organización criminal” con un “reparto claro de roles”. El veterano político “nunca se exponía”. En su lugar, lo hacían intermediarios. Y entre ambas escalas se situaban cargos públicos, concejales del PIL.

El investigador ha recordado que las pesquisas se iniciaron desde una unidad central de la Guardia Civil, la UCO, radicada en Madrid, precisamente por los recelos de los denunciantes ante el conocimiento de los vínculos de Dimas Martín con altos cargos de diferentes instituciones en Lanzarote. Tanto Carlos Espino, entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, como el empresario José Antonio Castellano y su hijo, el otrora diputado del PIL en el Parlamento de Canarias y actual consejero de Turismo del Gobierno regional, Isaac Castellano, decidieron no denunciar ante la delegación de la Guardia Civil en Lanzarote por esas sospechas de connivencia. Así lo reconoció también Castellano padre durante su declaración del martes.

Buena parte de la sesión de este miércoles ha vuelto a girar sobre las grabaciones de las conversaciones que incriminan a los acusados. Sus abogados sustentan las defensas en las supuestas deficiencias durante la instrucción de la causa. Por ello han incidido en errores de fechas y han tratado de asimilar este procedimiento al denominado caso Guateque, en el que resultaron absueltos los 30 procesados después de que la Audiencia de Madrid anulase las pruebas, unas grabaciones que, según el tribunal provincial, habían sido preconstituidas por una unidad territorial de la Guardia Civil (sin contar con autorización judicial) para inculparlos.

La grabación que da origen al caso Unión, la que registró la conversación en la que el empresario Fernando Becerra, actuando de intermediario del abogado y promotor inmobiliario Luis Lleó, ofrece una dádiva al consejero Carlos Espino a cambio de desbloquear un proyecto urbanístico en el sur de la isla, ya fue avalada por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El alto tribunal canario, con el voto discrepante de su presidente, Antonio Doreste, tumbó el auto que la había anulado, firmado por el polémico magistrado Salvador Alba, hoy suspendido y pendiente de juicio. En el transcurso de esa vista, el fiscal Javier Ródenas deslizó que Alba había dictado esa resolución pensando en su propia defensa. Finalmente se ratificó la prueba al estimarse que había sido obtenida de forma correcta y como refuerzo de la denuncia del consejero.

Los capitanes de la Guardia Civil explicaron en la sesión de este miércoles los primeros pasos de la investigación. Se desplazaron a Lanzarote el 4 de junio de 2008, cumpliendo órdenes de sus superiores, para verificar la denuncia de Espino sobre el primer intento de soborno el día 22 de mayo en su propio despacho. El secretario hizo acopio de materiales necesarios y solicitó una grabadora al equipo técnico. El instructor relató que tomó declaración a Espino en ese mismo lugar siguiendo el modo de operar habitual en pesquisas vinculadas a casos de corrupción, alejado de las dependencias territoriales de la Guardia Civil. “No se trata de una sospecha generalizada hacia los compañeros, es una cuestión de precaución. No conocemos los vínculos locales”, ha justificado el inspector, que ha añadido que fue el propio Espino quien les pidió un dispositivo para poder grabar el segundo encuentro que él mismo había concertado, sin la mediación de los agentes, con Becerra, para poder asimilar todos los datos, ya que en el primero había acabado algo confuso ante la avalancha de información.

A partir de ese momento, se activó el operativo y el inspector encargó una labor de vigilancia “discreta”, con evidencias fotográficas incluidas, para ratificar que esa reunión con el intermediario, Becerra, se producía, y cuánto duraba. A última hora de ese 5 de junio Espino finalizaba su segunda denuncia, que ya incluía la grabación que los investigadores aún no habían escuchado. Con esas diligencias comenzó la instrucción del caso y las intervenciones telefónicas, en un principio solo a Becerra, pero después ampliada a Luis Lleó (a quien el intermediario fue a ver a la cafetería Unión después de su reunión con Espino) y al resto de investigados.

La grabación de Castellano

Los esfuerzos de los abogados de los procesados se centran ahora en otro audio, el que presentó Isaac Castellano nueve meses después de que lo hiciera Espino, en marzo de 2009. El actual consejero de Turismo grabó por sus propios medios (una grabadora Panasonic de su propiedad) la conversación que mantuvo con Ubaldo Becerra, entonces concejal del Ayuntamiento de Arrecife, en la que este le exigía el pago de una comisión del 8% para desbloquear una deuda pendiente del Consistorio con la empresa de su padre que ascendía ya a 1,4 millones de euros.

En su declaración de este miércoles, los investigadores de la Guardia Civil han remarcado que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso Guateque, esa grabación de Castellano no contó con autorización judicial porque se produjo a iniciativa propia del denunciante y con sus propios medios. Tanto el instructor como el secretario de las diligencias policiales han remarcado además que en ese momento el caso ya se encontraba judicializado, pues Castellano padre había denunciado esos ofrecimientos para cobrar la deuda a cambio de una mordida que, en principio, era del 20 y, después, del 10%. Lo hizo a través de un agente del Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de Las Palmas al que conocía para sortear de esta manera a la delegación del cuerpo de la Guardia Civil en Teguise, con cuyo jefe Dimas Martín mantenía una estrecha relación, según el sumario.

Los investigadores del caso Unión han asegurado que la línea de investigación abierta a raíz de la denuncia presentada por los Castellano no guarda relación con la incoada a partir del relato de Espino. Según han manifestado ambos en la sesión de este miércoles, con posterioridad a la denuncia del padre y al audio aportado por el hijo, se registraron otros tres encuentros en los que se grabó esos intentos de soborno. A todos ellos acudió el empresario provisto de un medio de grabación encubierto proporcionado por la Guardia Civil, con autorización judicial, y de la grabadora propia, la que había utilizado su hijo. El instructor llegó incluso a admitir cierta “vergüenza” al explicar que fue esta grabadora de uso comercial la que mejor registró los diálogos, ya que la aportada por el cuerpo no se activó en dos ocasiones, la primera de ella debido a los nervios del empresario.

El ahora comandante de la Guardia Civil reiteró que en ningún caso dio indicaciones a Castellano sobre la forma de proceder en esas reuniones, más allá de advertirle de que no podía ser él quien ofreciera las dádivas, ya que incurriría en un delito, y subrayó que esos encuentros siempre fueron concertados por el empresario y que en ningún momento trataron de forzarlos. “Eramos simples observadores”, dijo. También negó haber inducido a los investigados a reconocer los hechos en las declaraciones prestadas después de las detenciones, como ha sugerido la defensa, y recordó que esos testimonios se prestaron en presencia de sus abogados, que no elevaron ninguna queja ni protesta.

La contratación de Dimas Martín

En la sesión de este miércoles también hubo espacio reservado para una rama ajena a la de las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, la que juzga si el empresario Juan Francisco Rosa cometió un delito de falsificación documental por simular la contratación laboral de Dimas Martín como capataz agrícola en sus viñas en La Geria y en los jardines del hotel Los Fariones. Una acción que habría permitido al dirigente del PIL la recuperación del tercer grado penitenciario. El propio Rosa reconoció este extremo en sus dos primeras declaraciones en la fase de instrucción, aunque se desdijo en la tercera y en su último testimonio, en el juicio, ya como procesado. Según el sumario, el empresario obtendría a cambio de este favor una serie de ventajas para legalizar dos de sus hoteles, el Princesa Yaiza y el Son Bou.

El instructor policial del caso Unión explicó ante la Sala que las pesquisas no lograron detectar ningún vínculo laboral efectivo entre Martín y Rosa, a pesar de que este segundo había firmado un contrato con una de las empresas de su propiedad, Galerías Rosa, por 40 horas semanales. El abogado del empresario ha sugerido con las preguntas formuladas este miércoles que Martín pudo trabajar esas horas durante los fines de semana, ya que las conversaciones telefónicas interceptadas descartaban cualquier posibilidad de que lo pudiera haberlo hecho entre semana.

El juicio del caso Unión continúa este jueves con la declaración de peritos.

A vueltas con quién es el jefe. Y de dónde salió esa grabadora que inculpa a algunos acusados en el caso Unión, la presunta trama de corrupción que reventó en la isla de Lanzarote hace una década. La segunda de las sesiones que se desarrollan en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a centrarse en el meollo de la cuestión: si el que fuera omnipotente líder político lanzaroteño, Dimas Martín, presidente del PIL, del Cabildo, senador y alcalde, era “el jefe” de todo.

Y que Dimas Martín era “el jefe”, hasta un “pibe” de poco más de 26 años entonces, Isaac Castellano, lo sabía. El actual consejero de Turismo del Gobierno de Canarias antes de eso fue diputado regional del PIL, el partido liderado por Dimas Martín en el que también militaba su padre, José Antonio. La empresa del padre se dedicaba a limpieza y mantenimiento de centros municipales de Arrecife, y después de haber roto con el PIL en las elecciones generales de 2008, se le dejó de pagar. Casi todos apuntan a que fue por órdenes expresas de Dimas Martín. 

Este martes, Isaac Castellano ha vuelto a contar cómo, después de que su padre se negara por activa y por pasiva a pagar una ‘mordida’ para cobrar su deuda de 1,4 millones de euros, recibió una llamada del concejal arrepentido Ubaldo Becerra para reunirse, y advertido por su padre, que ya había denunciado la exigencia de comisiones a la Guardia Civil, Castellano fue provisto de una grabadora suya a Playa Honda a escuchar y registrar lo que venía Ubaldo Becerra a proponerle.

Ratificando en todos sus extremos su denuncia del 9 de marzo de 2009, Castellano explicó que para que su padre cobrara Ubaldo le pedía una comisión de un 8% de la deuda. Fue esa la última de las cifras y esta vez trasladada al hijo, porque en un principio, el concejal José María Rodríguez y la mano derecha de Dimas, Matías Curbelo –ambos ya fallecidos- le habían pedido al padre un 20%, luego un 15% y luego un 12% y así bajando sucesivamente hasta llegar al hijo.

“Y en esa conversación con Ubaldo, ¿le dijo de quién venía la orden de cobrar?”, preguntó este martes el fiscal, Javier Ródenas, al testigo. En un primer momento el consejero de Turismo dijo que lo desconocía, pero al recordar el fiscal una de sus declaraciones: “Esto venía de arriba. Por encima de Dimas no había nadie más. En el partido se hacía lo que decía Dimas en cada momento”, lo admitió. “Cierto. Es más, cuando hacíamos alusiones al ”jefe“, Ubaldo y yo sabíamos que nos referíamos a Dimas”.

También su padre dejó claro que todos apuntaban a Dimas. “La orden de no pagarme venía de Dimas, eso decían” los concejales que le pedían porcentajes de su deuda para poder cobrarla. En su caso, primero fue el también fallecido José María Rodríguez, a quien poco antes de denunciar en febrero se lo tropezó en el ayuntamiento: “Le puse bonito. Le dije que era un sinvergüenza y un golfo”. Y después siguió tratando con la mano derecha de Dimas, Matías Curbelo, al que ya en colaboración con la Guardia Civil ayudó a detener aceptando pagarle un soborno. “Que quede claro que nunca hablé con Dimas” desde su baja del PIL, dijo.

Ha sido esta la cuestión recurrente de esta parte del juicio de Unión. Tanto, que el abogado de Dimas Martín, Ruiz Pasquau, encontraba otro posible candidato a ser “el jefe”. En lugar del alcalde de entonces por ser alcalde, Pérez Parrilla (PSOE) como pretendió en la sesión del viernes, este martes le tocó al que fuera teniente de alcalde Antón Hernández (PIL) en aquellos tiempos de pactos PSOE-PIL.

“¿No le dijo Ubaldo que Antón les exigía cobrar comisión? ¿Por qué piensa que cuando Ubaldo le dice ”esto viene de arriba“ se refiere a Dimas y no a Antón?”, preguntó el letrado al testigo. “Porque tenemos claro que cuando hablamos del ”jefe“ hacemos referencia a Dimas”, replicó Castellano. “Y Antonio Hernández era presidente del PIL, sí, pero en el momento de los hechos ya había dimitido”, aclaró.

El otro elemento recurrente del día ha sido la grabadora. ¿De quién era y quién facilitó las que utilizaron tanto el padre como el hijo para grabar a los implicados en esta trama de comisiones en Arrecife? Especialmente la abogada de otro de los concejales acusados, Antonio Machín, se esforzó en saber quién y cuándo había facilitado las grabadoras a los Castellano. La letrada Juana Fernández de las Heras, hija de otro acusado en otra ramificación del caso, el que fuera secretario del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero, incluso fue la única en interrogar a los guardias civiles que se ratificaron en sus diligencias este martes, precisamente preguntando si habían facilitado las grabadoras.

En el caso de Isaac Castellano, el consejero regional aclaró que la grabadora era suya, que nunca antes de su denuncia formal el 9 de marzo, a la que aportó el CD de la grabación y el propio aparato, se había puesto en contacto con la Guardia Civil. Cosa que sí había hecho ya su padre, José Antonio Castellano, que denunció los intentos de soborno el 11 de febrero de 2009. Y advirtió a su hijo de que las intenciones de Ubaldo Becerra queriendo verse con él irían en ese sentido. “Por eso creí prudente grabar la conversación”, explicó Isaac Castellano al tribunal.

La cuestión de la grabadora no es baladí. Tanto, que el juez Carlos Vielba, en el caso de José Antonio Castellano, le preguntó si la Guardia Civil le había entregado alguna grabadora desde que contactó informalmente por primera vez con agentes conocidos del cuerpo para denunciar hasta que realizó formalmente la denuncia.

“No, fue después”, aclaró quien facilitara a la Guardia Civil la detención de la mano derecha de Dimas Martín, Matías Curbelo, accediendo a pagar una ‘mordida’ de 95.000 euros dentro de un operativo policial en el que trincaron al asesor del “jefe” con las manos en la masa. “Llegó un momento en que yo estaba dispuesto a renunciar a cobrar con tal de que esto saliera adelante”, dijo en sala el padre. Y salió adelante con las detenciones ‘in fraganti’ con el maletín de 95.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción pide penas de 13 años de cárcel para el expresidente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Dimas Martín y para la exalcaldesa de Arrecife y compañera de partido Isabel Déniz en la pieza central del denominado caso Unión, en la que figuran otros 15 acusados.

Según el escrito de acusación en el que se pide la apertura de juicio oral, que ha sido hecho público este viernes, la Fiscalía atribuye a Martín y a Déniz delitos de asociación ilícita, así como de prevaricación y cohecho de manera continuada, si bien en el caso del líder del PIL, concurre el agravante de reincidencia.

El fiscal Luis del Río considera que ambos acusados a finales de 2001 o principios de 2002 acordaron obtener de forma ilícita fondos de diversas empresas privadas a través de la corporación local, mediante la adjudicación de forma irregular de contratos de obras o servicios a cambio del pago de comisiones, viajes y regalos.

Para ello, según el fiscal, necesitaron de la colaboración de los también acusados Juan Rafael Arrocha, entonces jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento, para elaborar los informes pertinentes, y del exsecretario de la corporación Felipe Fernández Camero, para los que pide penas de 19 años y seis meses de cárcel y 11 años y seis meses, respectivamente.

A Arrocha, el fiscal le atribuye la comisión de nueve delitos por asociación ilícita, prevaricación, cohecho, fraude, falsedad documental y actividades prohibidas a funcionarios, mientras que a Fernández Camero otros por asociación ilícita, cohecho, violación de secretos y falsedad de documento público.

Dimas Martín e Isabel Déniz, junto a Rafael Arrocha y al exsecretario municipal Fernández Camero recibieron al menos 757.000 en sobornos en metálico y en regalos de las empresa Tecmed, que después pasó a ser Urbaser, y 46.674 euros de FCC, que fueron adjudicatarias de servicios y obras de manera irregular, según Anticorrupción.

Así, en 2002 se adjudicó a Tecmed, mediante la alteración del concurso, la adjudicación “fraudulenta” del contrato de recogida de basuras y residuos durante 10 años por un importe de 2,1 millones de euros.

A esta empresa se le adjudicaron también dos obras para la construcción de dos naves para esos servicios de recogida de basura por un importe de más de 6,9 millones de euros, a pagar en 25 años con un canon de 248.836 euros y 168.836 euros, lo que suponía detraer de las arcas municipales un total de 32,3 millones euros, según el Ministerio Público.

El fiscal además señala que, posteriormente, el Ayuntamiento acordó de forma irregular con Urbaser continuas revisiones al alza del contrato de recogida de residuos como del que tenía de limpieza viaria a cambio de nuevas comisiones.

Para ello, en 2001 Dimas Martín y Déniz supuestamente llegaron a un acuerdo con los acusados Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso Herreros, directivos y apoderados de Tecmed, en el que también colaboró el delegado de Tecmed en Lanzarote Jacinto Álvarez de la Fuente, para quienes el fiscal solicita penas de 10 años y 2 meses para los dos primeros, y 1 año y 9 meses de cárcel para el tercero.

En el caso de FCC, a esta empresa se le adjudicó de forma irregular la construcción del pabellón municipal de deportes de Argana Alta, después de que el líder del PIL y la exalcaldesa lo concertaran con los acusados Enrique Astorga González y Enrique José Hernández, directivos de la citada mercantil, que se exponen a penas de 4 años de prisión cada uno de ellos por un presunto delito de cohecho.

La adjudicación de esta obra fue por 8,7 millones de euros, cuando se había sacado a licitación por 9 millones, ya que supuestamente se acordó una rebaja que después se compensó con una modificación al alza por 637.344 euros y con una propuesta de obras complementarias por 1,3 millones de euros, todo ello de manera irregular, según el fiscal.

El acusado Juan Rafael Arrocha además obtenía parte del beneficio económico a través de una trama de sociedades a partir de la mercantil Proyecto Gamma, que creó con los acusados Julio Pedro Romero y el ingeniero industrial Manuel Jesús Spínola en 2002.

Estas empresa, según la acusación pública, después en 2004 pasó a formar parte de Gamma Install, junto con los acusados Jacinto Álvarez de la Fuente, Daniel Hernández Caraballo y Rafael Antonio Corujo, y tenía como administrador único al imputado Julio Pedro Romero.

Además, Del Río señala que había también una tercera sociedad, Infraestructuras Cascosas, participada por Romero y Spínola Perdomo, y todas ellas compartían la misma sede social.

Según la Fiscalía, estas sociedades, que se encargaban de la redacción de proyectos técnicos, conseguían numerosos clientes convencidos de que iban a obtener informe favorable de la Oficina Técnica del Ayuntamiento y del departamento de Actividades Clasificadas del Cabildo, ya que sus jefes eran lo acusados Arrocha y Spínola Perdomo, que, en ocasiones, encargaban la firma de los proyectos a otros ingenieros que no tenían incompatibilidad.

Así mismo, estas sociedades se hicieron cargo de los proyectos de las dos naves que le fueron adjudicadas a Tecmed, por las que facturó 169.300 euros en los años 2003 y 2004, y de la elaboración de los proyectos del pabellón de deportes, por un importe de 136.999 euros.

Por quinta vez se ha suspendido el juicio contra Dimas Martín por las obras en su casa de Los Rostros (Yaiza), en suelo rústico y sin los permisos oportunos. El juicio estaba fijado para este miércoles en el Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife.

Sin embargo, la vista oral se ha vuelto a posponer, en esta ocasión por una operación de su abogado, Manuel González Peeters. La nueva fecha para el juicio es el 8 de febrero del próximo año.

El juicio ya se ha pospuesto en cinco ocasiones, después de que se fijara para diciembre del año pasado y para enero, marzo, septiembre y noviembre de este año. La última vez se aplazó por el caso Noós ya que el abogado de Dimas Martín, Manuel González Peeters, es también el abogado de Diego Torres, el exsocio de Urdangarín.

Dimas Martín se enfrenta a la petición por parte de la Fiscalía de dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, así como a una multa de 12.000 euros y a la inhabilitación para promover obras.

Según el escrito de acusación, Martín, entre marzo y mayo de 2009, llevó a cabo obras de transformación del suelo y de ampliación de la casa sin licencia de obras ni calificación territorial.

Las obras de la casa fueron denunciadas, pero la pieza nace del caso Unión, ya que los pinchazos telefónicos a Martín no sólo revelan las obras que se estaban haciendo sino también los intentos por evitar la sanción o la paralización de las obras por parte del Ayuntamiento de Yaiza.

Puedes continuar leyendo esta noticia en Diario de Lanzarote

La jueza Silvia Muñoz ha rechazado el recurso de la defensa de Dimas Martín en la pieza del caso Unión relacionada con el cobro de comisiones ilegales a Urbaser o la construcción del pabellón de Argana, que se conoció como operación Jable. En un auto, la jueza cuestiona el tono del recurso y su más que “reprochable exceso literario” en forma “de sorna”.

Dimas Martín está investigado en este procedimiento por cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y uso de información privilegiada.

La jueza señala que el recurso de Martín se centra en mantener que era ajeno a los hechos imputados y “su negada condición de líder político”, para a continuación “realizar una interesante comparativa con Mariano Rajoy Brey o Felipe González Márquez, a la sazón, también líderes políticos”.

La instructora del caso Unión censura que la defensa de Martín considera a los restantes investigados como “invitados a permanecer en la cuita” o que manifieste que el fundador del PIL ha sido “colocado con calzador, es decir, de manera forzada e infundada, para variar, pues parece que el colocar a uno u otro en la cuita, depende de la adscripción política a la que pertenezca”. “A unos se les da pábulo y a otros no”, cita la jueza del recurso.

Para la instructora del caso Unión, las expresiones de la defensa de Dimas Martín, que ha sido ejercida por el letrado Manuel González Peeters, también abogado del ex socio de Urdangarín en el caso Noós, “resultan cuanto menos poco adecuadas para dirigirse a un tribunal siendo más próximos al sarcasmo que a una estudiada reflexión jurídica, pese a la seriedad que debe imperar una intervención en un procedimiento judicial como el que nos ocupa”.

Sigue leyendo esta información en Diario de Lanzarote.

El Juzgado de Silvia Muñoz, que instruye el caso Unión, ha dictado el embargo de dos viviendas, de una finca de casi 12.000 metros, de un automóvil, de una motocicleta y de una parte de su sueldo de profesora a la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, a quien le impuso una fianza de 1,8 millones de euros.

La fianza se acordó en una de las piezas del caso Unión, relacionada con el presunto amaño del concurso de la recogida de basura y limpieza de las calles, que se adjudicó de manera supuestamente fraudulenta a Urbaser a cambio del pago de comisiones.

El pasado mes de marzo, el Juzgado notificó a la ex alcaldesa la obligación de prestar la fianza para garantizar la responsabilidad civil dentro del procedimiento judicial, en el que se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, uso de información privilegiada, falsedad documental y blanqueo de capitales.

María Isabel Déniz contestó al Juzgado “que quedaba enterada” y que “no quería manifestar nada más”, pero no prestó la fianza ni indicó qué bienes poseía para ser embargados. De ahí que el Juzgado procediese a averiguar qué bienes estaban a nombre de la ex alcaldesa para proceder a su embargo.

De este modo, en una resolución del pasado 24 de mayo se decretó el embargo de la mitad de una vivienda de 188 metros cuadrados ubicada en la calle Mesana de Playa Honda, con un valor catastral de 90.783 euros, y de otro inmueble de 105 metros cuadrados en la Avenida Virgen del Mar de Caleta del Sebo, en La Graciosa, con un valor catastral de 38.666 euros.

Sigue leyendo esta información en Diario de Lanzarote.

El fiscal ha pedido al Supremo que confirme las condenas por prevaricación y malversación que la Audiencia de Las Palmas impuso al expresidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín y al exviceconsejero canario de Justicia Francisco Batllori mientras que sus defensas han pedido la nulidad de la sentencia.

El Supremo ha revisado este miércoles las penas de cinco y siete años impuestas a Martín y Batllori, respectivamente, además de las que recayeron en otros condenados en esta causa derivada del llamado Caso Unión, centrado en una trama corrupta de políticos, empresarios y funcionarios en Lanzarote.

Los abogados han apuntado que la investigación judicial de los hechos fue caótica y sin garantías, han lamentado irregularidades en la instrucción del sumario y han señalado que se rompió la custodia de la prueba de cargo clave, las grabaciones telefónicas de conversaciones de Dimas Martín y otros. Por esos motivos han pedido la absolución de sus clientes y la nulidad de la causa.

Así, el abogado de Dimas Martín ha apuntado que “no podemos saber si las grabaciones usadas como prueba de cargo han sido o no manipuladas”, ha calificado de “descontrol” la situación en la que se encontraba el juzgado en el que se investigaron los hechos y de “caótico” el desarrollo del procedimiento.

El resto de los letrados han insistido en los mismos argumentos, a los que el abogado de Batllori ha añadido que su cliente ha sido condenado, entre otras pruebas, a partir de una denuncia anónima basada en unas facturas sustraídas de la sociedad Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa).

Sin embargo, el fiscal, apoyado por otras acusaciones, como la ejercida por el Ayuntamiento de Arrecife, ha rebatido estos argumentos señalando que la investigación, y en concreto las intervenciones telefónicas, cumplieron los requisitos exigidos por la Ley.

A ello ha sumado su defensa de otros elementos cuestionados, pues aunque ha aceptado que las grabaciones “estaban en un sitio inadecuado”, la sentencia es ejemplar (calificación que no ha extendido a la instrucción) en su valoración de algunas de estas conversaciones como pruebas, apoyadas en otros indicios, como la confesión de un imputado.

La Audiencia de Las Palmas consideró probado que Rodríguez Batllori y Martín cometieron los delitos al pagar con cargo a fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife y de la sociedad Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) las gestiones que el primero hacía como abogado en favor del segundo.

La sentencia consideró probado que Rodríguez Batllori cobró ilegalmente 45.835 euros del Ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa por servicios de asesoramiento a ambas entidades que nunca llegó a realizar y que, en realidad, tampoco le podrían haber contratado, dada su condición de funcionario del Gobierno de Canarias (lo que le impedía cobrar de más de una administración).

El tribunal declaró acreditado que el exviceconsejero (CC) pudo recibir esos ingresos gracias a la mediación de Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), que en aquellos momentos cumplía en prisión dos condenas por delitos de cohecho, malversación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social cometidos desde cargos públicos.

El Supremo revisará el próximo miércoles los recursos que el expresidente de Lanzarote, Dimas Martín, y del exviceconsejero de Justicia canario, Francisco Batllori, presentaron contra las penas de cinco y siete años respectivamente que les impuso la Audiencia de Las Palmas por el caso Unión.

La Audiencia de Las Palmas condenó el pasado mes de febrero de 2015 a siete años de cárcel al exviceconsejero de Justicia del Gobierno canario Francisco José Rodríguez Batllori y a cinco años y medio al expresidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín en uno de los juicios derivados del llamado Caso Unión.

Se trata de un macroproceso por corrupción que investiga el presunto saqueo de fondos de las instituciones públicas de Lanzarote por parte de políticos, empresarios y funcionarios.

La Audiencia consideró probado que Rodríguez Batllori y Martín cometieron delitos de malversación y prevaricación al pagar con cargo a fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife y de la sociedad Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) las gestiones que el primero hacía como abogado en favor del segundo.

En este caso, la sentencia consideró probado que Rodríguez Batllori cobró ilegalmente 45.835 euros del Ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa por servicios de asesoramiento a ambas entidades que nunca llegó a realizar y que, en realidad, tampoco le podrían haber contratado, dada su condición de funcionario del Gobierno de Canarias (lo que le impedía cobrar de más de una administración).

El tribunal declaró acreditado que el exviceconsejero de Justicia de Canarias, de CC, pudo recibir esos ingresos gracias a la mediación de Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), que en aquellos momentos cumplía en prisión dos condenas por delitos de cohecho, malversación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social cometidos desde cargos públicos.

La sentencia dictaminaba que, a pesar de estar retirado oficialmente de la política por esas condenas, Dimas Martín seguía siendo desde la cárcel “el factótum de Lanzarote”, la persona que podía conseguir prácticamente cualquier cosa en la isla gracias al “notable poder” que conservaba sobre los cargos públicos del PIL.

Eso, dijo el tribunal en los fundamentos de resolución, “lejos de ser una leyenda urbana”, como intentó alegar el propio Dimas Martín durante el juicio, se ha demostrado en este caso que es “una realidad”.

Entre mayo de 2007, cuando entra a gobernar el pacto PSOE-PIL en el Ayuntamiento de Arrecife, y mayo de 2009, cuando entra la UCO en el mismo Ayuntamiento, en la casa Consistorial se delinquía prácticamente todos los días. El fiscal Javier Ródenas señala en su escrito de acusación de la pieza principal de Unión que había “una directriz básica y estratégica” por parte de Dimas Martín, el “verdadero jefe” del PIL: la obtención de dinero para la estructura financiera del partido y para los componentes de una asociación ilícita que formaban él mismo, Matías Curbelo, José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra, y en la que participaban otros cargos como Antonio Machín, y varios funcionarios, pero principalmente, Elena Martín, hija de Dimas, y el interventor Carlos Sáenz.

Ahora se describirá el funcionamiento de la trama, pero primero habrá que describir la disposición. Dimas era el jefe, de eso hay pocas dudas, y los jefes dicen lo que hay que hacer y toman las decisiones. Matías era su mano derecha y transmitía las órdenes, las ejecutaba, recaudaba el dinero y llevaba una contabilidad B del partido. Los demás, que eran “nuevos en política y sin más mérito que la obediencia debida al jefe”, obedecían. Según el fiscal, Dimas (que estaba en la cárcel, aunque en un periodo disfrutó del tercer grado y sólo iba a Tahíche a dormir) cobraba una cantidad fija mensual en metálico que le pagaban Matías Curbelo y José Miguel Rodríguez.

¿En qué consistía el robo? En extraer dinero del Ayuntamiento para su beneficio privado. ¿Cómo se hacía? Pues, en líneas generales, concediendo obras o servicios a empresarios afines que después pagaban la correspondiente comisión (entre el 8 y el 10%). ¿Pero entonces? Se podría pensar que el Ayuntamiento no era el perjudicado porque los empresarios pagaban con su beneficio. Sí y no. Lo que revela la instrucción es que, ante el descontrol en los expedientes, es imposible saber si las obras se hicieron o si se ajustaban al precio de mercado. De hecho, en varias ocasiones se pagó una obra, tres, cuatro y hasta cinco veces. Se pagaban facturas iguales por conceptos iguales. En definitiva: un saqueo de dinero público, sin más aderezo.

Puede leer el artículo íntegro en Diario de Lanzarote.

Matías Curbelo, considerado durante años la mano derecha del fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, compareció ante la jueza Silvia Muñoz, instructora del caso Unión, para responsabilizarle de las irregularidades del PIL y de estar detrás del cobro de comisiones ilegales.

Curbelo compareció el pasado martes ante la jueza Silvia Muñoz y manifestó su “deseo” de “colaborar” con la Justicia “con la finalidad de esclarecer” los delitos investigados en el caso Unión, “tal y como ha venido haciendo hasta la fecha, habiendo puesto de manifiesto hechos y personas que intervinieron en los mismos”.

De este modo, Matías Curbelo reconoció ante la jueza como “ciertos” los presuntos delitos detallados en el auto del pasado 28 de mayo con el que se puso punto y final a la investigación de la denominada pieza 12 del caso Unión, sobre el cobro de comisiones ilegales a cambio de contrataciones en el Ayuntamiento de Arrecife.

Puede leer la información completa en Diario de Lanzarote.

El expresidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín ha aprovechado este viernes su derecho a decir la última palabra el juicio del caso Unión para poner en entredicho al antiguo edil de Arrecife que ha confesado que se desviaban hacia el PIL fondos públicos de instituciones de la isla.

“Miente y sabe que miente”, ha señalado Martín respecto al exconcejal de Hacienda José Miguel Rodríguez, en la jornada con la que se cierra el primero de los juicios derivados de la trama de presunta corrupción destapada en las administraciones de Lanzarote.

En el uso de la última palabra, Dimas Martín ha negado “rotundamente” que haya contratado en algún momento a Batllori para “ningún servicio privado, ni de ningún tipo”.

“Miente y sabe que miente, porque nunca le he obligado a pagar ninguna factura al señor Batllori, ni a nadie”, se ha defendido el fundador del PIL, quien sí ha confirmado que asesoraba de “forma pública y notoria” a los representantes de su partido.

“Una vez más se quiere echar tierra al muerto”, pero “en mi casa no hay ni el valor de una bombilla” que se haya pagado con dinero público, ha alegado el expresidente del Cabildo de Lanzarote, que se encuentra en prisión desde hace tiempo por otra causa.

Por ello, Dimas Martín ha asegurado que tiene “un patrimonio personal” que no le va a destruir ni el Ministerio Fiscal, ni el comandante de la unidad de la Guardia Civil que destapó el caso; y ese es “su conciencia”, ha enfatizado.

En este proceso, el Ministerio Fiscal ha solicitado a la Audiencia de Las Palmas que condene a ocho años de prisión al exviceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Batllori y a seis al fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, por dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación.

Además, ha juzgado también la actuación en los hechos de dos exediles del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife, así como del gerente y de la consejera delegada de la empresa pública de aguas de Lanzarote, Inalsa.

En la última jornada de la vista oral, los letrados de la defensa han reclamado la libre absolución de los imputados al entender que los hechos no han sido probados por los testigos, ni por las pruebas periciales.

Asimismo, tanto la abogada del gerente de Inalsa en 2008, Rafael Elorrieta, como la letrada de la exconcejal de Recursos Humanos María Luisa Blanco han pedido la nulidad del juicio, puesto que estiman que existen irregularidades en diversas pruebas aportadas al procedimiento.

Por su parte, el abogado del exedil de Hacienda de Arrecife José Miguel Rodríguez (PIL) ha destacado nuevamente el arrepentimiento de su defendido y ha subrayado que su confesión ha sido importante para el desarrollo de la causa.

El también letrado Francisco Rodríguez Batllori, imputado en la causa, ha justificado de nuevo toda su gestión en el asesoramiento a Inalsa y al Consistorio de Arrecife, y ha dicho en su última palabra que nunca ha sido abogado de Dimas Martín.

Asimismo, ha defendido su profesionalidad y ha manifestado que le duele mucho que se compare su actividad con “la del pequeño Nicolás”.

Al respecto, la consejera delegada de Inalsa en el momento de los hechos, Plácida Guerra, ha ratificado que “jamás” nadie le ha presionado, ni le ha exigido “nada para contratar a alguien”.

El gerente de Inalsa y yerno de Dimas Martín, Rafael Elorrieta, ha lamentado que se dude de su profesionalidad y ha añadido que parece que su “mayor error” haya sido “enamorarse de la persona equivocada”, aunque para él no ha sido así, ya que ha calificado de acierto su matrimonio.

El comandante de la Guardia Civil que ejerció como instructor de la investigación de la denominada operación Unión ha ratificado este jueves que, pese a estar inhabilitado para el ejercicio de un cargo público, Dimas Martín, el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), movía los hilos del Ayuntamiento de Arrecife entre 2008 y 2009 desde la cárcel de Tahíche, donde se encontraba cumpliendo una condena por otro caso de corrupción, gracias al “ascendente político generalizado” que tenía sobre los concejales de su partido.

En la séptima sesión del juicio por una de las piezas separadas del caso Unión (la número ocho de diez), celebrada este jueves en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el comandante ha reiterado que las escuchas realizadas y la documentación intervenida en el registro a su celda y a su domicilio acreditaron que, “a pesar de no ostentar cargo de responsabilidad” en ese momento, Dimas Martín dirigía una trama para el cobro de comisiones ilegales a empresarios.

Según explicó el instructor de la Guardia Civil, la operación tiene su origen en la denuncia de un empresario de Lanzarote que afirmaba ser víctima de una extorsión por parte del Ayuntamiento de la capital, que le exigía una comisión del 10% (posteriormente el 8%) para desbloquear el pago de una cantidad de dinero que la administración le adeudaba por los servicios prestados.

“Era el concejal de Hacienda –José Miguel Rodríguez- quien había retenido el dinero de la deuda, pero era Dimas quien lo ordenaba”, ha manifestado el agente de la Unidad Central Operativa (UCO) en su declaración de este jueves en calidad de testigo.

La subordinación de este y otros concejales del grupo de gobierno al fundador del partido era “total y absoluta” y el nivel de detalle con el que Dimas Martín manejaba los asuntos del Consistorio era “impropio de un simple presidente de un grupo político”, destacó.

En un oficio firmado en febrero de 2009, el instructor solicitó a la autoridad judicial que pinchara los teléfonos móviles de Dimas Martín y José Manuel Rodríguez. Posteriormente pediría la prórroga de las escuchas porque se mantenían abiertas cuatro líneas de investigación. Las conversaciones interceptadas “corroboraron la veracidad” de lo afirmado por el empresario y revelaron que el hecho investigado “no era puntual”.

“La Guardia Civil llegó a cubrir una cita en el aeropuerto de Lanzarote a la que acudió otro empresario de Las Palmas, en la que se intercambió un sobre con todas las medidas de sigilo”, explicó el agente, quien agregó que en este encuentro participaba un intermediario de Dimas.

Tanto en las conversaciones telefónicas intervenidas como en las reuniones, el lenguaje era muy cuidado: “Sería muy ingenuo pensar que hablaban con claridad”.

Las evidencias halladas llevaron a la UCO a concluir que se encontraba ante una asociación ilícita (“lo que hoy se denominaría organización criminal”) con una clara distribución de roles.

De las llamadas a las cartas

El instructor de la Guardia Civil relató a la Sala que Dimas Martín cambió el método de comunicación cuando le retiraron el tercer grado. De las llamadas telefónicas pasó a las cartas que posteriormente serían incautadas en el registro a su celda. Esta relación epistolar fue la que puso en el punto de mira de la investigación a Francisco José Rodríguez Batllori, abogado y exconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, que hasta ese momento no aparecía como objetivo directo de las pesquisas. “Como sucede en tantas ocasiones en las investigaciones complejas, tras analizar la documentación intervenida (minutas de honorarios profesionales de Batllori y misivas) y escuchar de nuevo las conversaciones grabadas, todo se ve con otros ojos”, aseveró el comandante.

Tras poner en relación estas pruebas, la UCO determinó que “el pago de honorarios –a Batllori- nada tenían que ver con el Ayuntamiento, sino, en todo caso, con gestiones a título personal para Dimas Martín, en su defensa jurídica de reingreso en prisión”.

La defensa intenta desacreditar la investigación

El abogado de Dimas Martín, Manuel González Peeters, ha puesto en duda este jueves la investigación de la UCO de la Guardia Civil. En un tenso y, en ocasiones, subido de tono intercambio de palabras con un agente del grupo de delitos urbanísticos que intervino en el registro a la celda de su representado, el letrado ha cuestionado la selección de los documentos incautados en la prisión. “¿También eran relevantes los email entre Dimas Martín y su abogado, Manuel González Peeters?”, le ha preguntado.

La defensa ha manifestado que los guardias civiles registraron un lugar “que no correspondía al domicilio de Dimas Martín”, sino al de su hijo Fabián. “Recuerdo que dijeron que estábamos recogiendo documentos que no pertenecían a Dimas, sino a Fabián, pero no me consta que una parte de la vivienda fuera de Fabián”, respondió el agente, que dirigió la entrada y registro a ambos lugares.

Sobre la selección de las llamadas, el instructor comentó posteriormente que solo escuchaba las conversaciones más relevantes o aquellas que tenían una interpretación más discutible, pero que en ningún caso esta clasificación alcanzaba a la autoridad judicial, que recibía “todas las conversaciones en su soporte original”.

Los dos principales imputados en esta pieza, Dimas Martín y Rodríguez Batllori, se enfrentan, respectivamente, a posibles condenas de seis y ocho años de cárcel por varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental.

Antonio Castro Feliciano, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha asegurado este jueves, durante la séptima sesión del juicio que se sigue en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas por la pieza número ocho del caso Unión, que el abogado y exconsejero de Empleo Francisco Rodríguez Batllori, uno de los principales acusados, se reunió en diversas ocasiones con él en 2009, pero “nunca” para hacer gestiones sobre la situación del fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, que ya entonces se encontraba en prisión por otro caso de corrupción.

El expresidente del TSJC ha reconocido, no obstante, que Batllori le consultó sobre el criterio que seguía la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas para otorgar el tercer grado penitenciario (régimen abierto que permite al preso solo pernoctar en la cárcel). Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Batllori facturó entre 2008 y 2009 unos 43.000 euros al Ayuntamiento de Arrecife y a la compañía de aguas de Lanzarote, Inalsa, por unos trabajos que no realizó para la administración, sino en favor de Dimas Martín precisamente para que al político le concedieran el tercer grado que le habían retirado.

“No le di esa información porque no la tenía”, declaró Castro Feliciano, que restó importancia a la pregunta del abogado: “Para mí fue una cosa intrascendente”. El expresidente del TSJC manifestó que, en todos los encuentros que mantuvo con Batllori, el exconsejero de Empleo se presentaba como asesor de la Cámara de Comercio.

“Que yo sepa no era el abogado de Dimas Martín. Supuse en aquel momento que tenía alguna relación de amistad o profesional con el señor Martín”, afirmó.

En su turno de preguntas, el fiscal Javier Ródenas pidió escuchar en la sala una de las conversaciones grabadas durante la investigación en la que Batllori y Martín hablaban sobre Castro Feliciano, con el objetivo de que el expresidente del TSJC identificara las voces, ya que ambos acusados no se han reconocido en las mismas. Sin embargo, los magistrados han rechazado la petición del representante del Ministerio Público al considerar que el testigo no era interlocutor en ese diálogo.

“No soy responsable de lo que dos personas hayan hablado en mi nombre”, concluyó Castro Feliciano.

Las facturas de Inalsa

Adrián Mendoza, director general de Energía del Gobierno de Canarias en la época de los hechos denunciados (2008-2009), manifestó este jueves que se reunió en dos ocasiones con Batllori –una en su despacho y otra en una cafetería- para abordar la abultada deuda que la empresa insular de aguas, Inalsa, mantenía con Unelco-Endesa. En este encuentro, Mendoza le planteó la necesidad de que la compañía “acudiera al mercado libre” para reducir los costes, ya que, por entonces, estar fuera del mismo se penalizaba con un 20% en la factura eléctrica.

El ex director general del Ejecutivo regional admitió que su labor en ese momento fue la de asesorar a alguien que venía en calidad de asesor de la empresa y ponerle en contacto con Pablo Casado, director general de Endesa en Canarias. Mendoza dijo no recordar si el abogado llevó algún documento a esta reunión, pero sí que le dio instrucciones sobre cómo presentar un concurso de suministro eléctrico.

Por su parte, Casado explicó que se citó con Batllori el 15 de mayo de 2008 a petición del letrado, que le indicó que “le habían encargado negociar con los acreedores de Inalsa”. “No me dijo que venía de parte de Dimas Martín”, contestó a preguntas del fiscal. El representante de Endesa sentenció que la reunión, de unos 20 minutos, fue “infructuosa” y que en ella le planteó una única solución: que la empresa pagara la deuda corriente para establecer una negociación sobre la deuda anterior.

Otro de los testigos a los que se tomó declaración en la sesión de este jueves fue Antonio Tomás Monroy, que ejerció como abogado del Ayuntamiento de Arrecife de junio de 2008 a febrero de 2009. El letrado firmó un contrato de arrendamiento de servicio por cuatro meses (prorrogable por otros cuatro meses) para trabajar en el área de personal que por entonces lideraba Luisa Blanco. Además, representaba al Consistorio –mediante decretos- en los procedimientos judiciales. La Fiscalía solicitó esta comparecencia para demostrar que el Ayuntamiento contrataba a los asesores por escrito y no verbalmente, como supuestamente había ocurrido con Rodríguez Batllori.

Los dos principales imputados en esta pieza, Dimas Martín y Rodríguez Batllori, se enfrentan, respectivamente, a posibles condenas de seis y ocho años de cárcel por varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental.

Todos reconocen haberse reunido con él para tratar asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa de aguas de Lanzarote, Inalsa, pero nadie comprobó, ni con el alcalde, ni con los concejales de la corporación, ni con miembros de la compañía insular, que tuviera el poder de representación que decía tener, el de asesor. Para Javier Ródenas, fiscal de Unión, el mayor caso de corrupción de Canarias, el acusado Francisco Rodríguez Batllori, exconsejero de Trabajo del Gobierno regional, es la versión canaria del pequeño Nicolás.

Así lo definió el representante del Ministerio Público durante la celebración de la sexta sesión del juicio oral que se sigue, entre otros, contra Batllori y el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Se trata de la primera de las diez piezas del caso Unión que llega a juicio y en ella se investiga si el abogado y exconsejero cobró 43.000 euros del Ayuntamiento y de Inalsa por unas gestiones que hacía, supuestamente, para que Dimas Martín, ya entonces en prisión por otra causa de corrupción, pudiera obtener el tercer grado penitenciario.

Ocho testigos propuestos por la defensa admitieron este martes haberse reunido al menos en una ocasión con Batllori entre los años 2008 y 2009 para abordar temas relacionados con la administración local y la empresa de aguas. Del resultado de esas gestiones y del conocimiento que tenía el grupo de gobierno sobre las mismas no existen, sin embargo, las mismas certezas, según se desprende de las respuestas de los testigos a las preguntas realizadas por el fiscal.

El primero en prestar declaración en la sesión de este martes ha sido Javier Sánchez-Simón, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el periodo investigado (2008-2009). El actual candidato de UPyD al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recordado que mantuvo varias reuniones informales con Batllori para tratar de impulsar la construcción del edificio que albergaría el Punto de Inspección Fronteriza.

Sánchez-Simón ha afirmado que en este encuentro todos los asistentes tuvieron una participación activa, sin exclusión. El testigo dijo desconocer la relación que pudiera existir entre Batllori y el alcalde, Enrique Pérez Parrilla, y admitió que no comprobó si era cierto que el abogado actuaba en calidad de asesor del Ayuntamiento y que se fió de él porque venía acompañado de la senadora María Dolores Luzardo y del presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote. “Tampoco me preocupaba, porque no se adoptaba ningún acuerdo, solo me servía para pulsar la opinión de las instituciones que representaban”, apuntó.

Batllori también mantuvo en febrero de 2009 una reunión con Domingo Berriel, consejero de la entonces denominada Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y Emilio Jesús Atienza, director general de Calidad Ambiental de este departamento. Sobre la mesa, dos asuntos: el Plan General de Arrecife, paralizado en ese momento, y la orden de cierre de la escombrera de Argana Alta. “Fue a asesorarse. Quería saber cuál era la mejor estrategia para el Plan General, si seguir con el que se estaba elaborando o empezar uno nuevo”, manifestó Berriel, que añadió que en esta cita “no se trataron aspectos técnicos del plan”, sino, simplemente, “una cuestión de oportunidad”.

“Me fié de su palabra, no comprobaba en calidad de qué venía, no pedí acreditación ni poderes. Batllori no era un desconocido y no vi necesario acreditarlo”, señaló Berriel, que insistió en que el objetivo del abogado era simplemente asesorarse. Fue por ello por lo que también estuvo presente en el encuentro Emilio Jesús Atienza, que expuso que acudió a la cita porque fue llamado por el consejero. “No sé por qué el Ayuntamiento se preocupaba por estos temas –en referencia a la escombrera de Argana Alta- porque es competencia del Cabildo, supongo que quería saber qué pasaba porque estaba en terreno municipal”, apostilló.

Concurso de acreedores de Inalsa

Otro de los testigos que reconoció haberse reunido con Batllori fue el juez Juan José Cobo Plana, que en aquellas fechas ejercía como letrado especialista en derecho concursal. En ese momento, el pacto PSOE-PIL en el Cabildo de Lanzarote no se ponía de acuerdo en cómo solucionar los problemas por los que estaba atravesando la empresa Inalsa. El PSOE quería solicitar concurso voluntario de acreedores y el PIL tenía dudas. Cobo Plana mantuvo un encuentro en su despacho con Batllori y Dimas Martín para convencerles de que, a pesar de las reticencias del fundador del PIL, que temía que la suspensión de pagos en Inalsa pasara factura a su partido en las elecciones de 2011, el concurso voluntario era la mejor opción. “Dimas confiaba en lo que le decía Batllori, que asentía a lo que yo le transmitía”, señaló el actual juez, que agregó que esa cita “acabó por convencer” al PIL para adoptar la decisión.

También declararon este martes María Inmaculada Acosta, ex directora general de la Escuela de Servicios Sanitarios de Canarias, por unos cursos que solicitó Batllori sobre atención a personas dependientes y que finalmente no se concretaron; el arquitecto José Bernández Montero, a quien los dos principales imputados le ofrecieron integrarse en el equipo redactor del Plan General: María Rosario Mendoza Rosales, jefa de servicio de la Dirección General de Trabajo, a quien el abogado realizó una consulta sobre la modificación del convenio colectivo de Inalsa, y Juan de Dios Fernández, jefe de Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, también por una consulta sobre un tema laboral de la empresa de aguas.

Por su parte, Juan Carlos Betancort García, secretario general de FEMEPA, declaró que su asociación, la patronal del metal, impartió cuatro cursos a una veintena de trabajadores de Inalsa después de una reunión que mantuvo con Batllori en la que este le planteó las jornadas de formación como alternativa al Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ya que el convenio colectivo “era muy rígido” e impedía a los empleados “realizar más de una función”.

La Guardia Civil ratifica su informe

A petición de la Fiscalía, declararon como testigos -por videoconferencia, uno desde Madrid y otro desde Málaga- dos agentes de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil (UCO), que ratificaron lo expuesto en el informe realizado después de que Batllori fuera detenido y aportara una serie de documentos sobre sus presuntos trabajos para el Ayuntamiento de Arrecife e Inalsa. La UCO concluyó entonces y mantiene ahora que las facturas enmascaraban los trabajos realizados por el exconsejero del Gobierno de Canarias en favor de Dimas Martín.

Según el primero de los agentes, Batllori entregó documentación “de años anteriores” a los investigados “y de otros ayuntamientos”, lo que no concordaba ni con su versión ni con los pinchazos realizados al teléfono del fundador del PIL. “En ninguno de los documentos se ve de manera tangible la participación de Batllori en el Ayuntamiento”, aseveró el guardia civil.

Al término de la sesión y también a petición del Ministerio Público, se escucharon tres conversaciones entre Batllori y Dimas Martín. En una de ellas hablan del recurso para intentar que a este le otorgaran el tercer grado penitenciario, de la situación de Inalsa y la posibilidad de organizar una reunión con Cobo Plana, así como de concertar una comida y una entrevista con el periodista Francisco Chavanel. En un momento de la charla, Batllori presume de mantener “una buena relación” con el juez que debía decidir sobre el régimen de Martín en la prisión.

Los dos principales imputados en esta pieza, Dimas Martín y Rodríguez Batllori, se enfrentan, respectivamente, a posibles condenas de seis y ocho años de cárcel por varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental.

Dimas Martín sí acepto este viernes en el primer juicio del caso Unión preguntas de la Fiscalía, aunque con restricciones. Dijo que no iba a contestar a nada que tuviera que ver con el registro de su celda, con las cartas de Batllori ni con las conversaciones pinchadas. “No recuerdo haber recibido cartas de Batllori ni reconozco esas conversaciones”, señaló.

Ante esas afirmaciones, y después de haber escuchado las conversaciones, el fiscal le preguntó si alertó a José Miguel Rodríguez de que estaba recibiendo cartas en la cárcel “de alguien que se hacía pasar por Batllori”.

Dimas aseguró que él no contrató a Batllori, sino que llegó por mediación de María José Docal, y que había otros dos candidatos que se desecharon porque tenía relación de parentesco con los concejales, que se trataba de José Manuel Fiestas y de Juan Carlos Becerrra. “A ellos nunca se les comunicó pero se barajó”.

Dijo que se buscaban a alguien con conocimientos en el campo laboral aunque el fiscal le dijo que entonces por qué Batllori asistió a una reunión en una oficina en desuso de Inalsa para hablar sobre el Plan General de Arrecife, y contestó que él no sabía lo que hacía Batllori ni le fiscalizaba, que de eso se encargaban los concejales. Sí admitió que estuvo en varias reuniones junto a Batllori, una de ellas con el abogado Cobo Plana, para tratar sobre el concurso de acreedores de Inalsa.

Sigue leyendo esta información en Diario de Lanzarote.

El ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Batllori, el principal acusado por el supuesto desvío de fondos desde Inalsa y el Ayuntamiento de Arrecife para pagar unas gestiones privadas de Dimas Martín, no reconoce su voz en las conversaciones pinchadas por la Guardia Civil ni su firma en las cartas enviadas a Dimas Martín a la cárcel de Tahíche.

Batllori declaró durante algo más de una hora pero sólo contestó a las preguntas de su abogado. El fiscal quiso que se escucharan en la Sala varias conversaciones telefónicas entre él y Dimas Martín en las que hablaban de gestiones hechas por Batllori ante el fiscal jefe de Canarias y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que Dimas obtuviera el tercer grado.

Lo único que contestó Batllori es que no reconocía su voz. Lo dijo hasta en cinco ocasiones. “Es la primera vez que la oigo y no me reconozco”, dijo.

Sigue leyendo esta información en Diario de Lanzarote.

El nacionalismo ha sido muy relevante en Canarias en las dos últimas décadas. Su expresión mayoritaria lleva gobernando desde el año 93, en solitario o con el PP, salvo esta legislatura 2011-2015 en la que lo hace con el PSOE. Sus mejores resultados en porcentaje de apoyo ciudadano en las urnas se produjeron en 1999, al ganar las autonómicas e imponerse también en las europeas, sufriendo luego un ligero declive del que parece haberse recuperado. Fracturado en distintas organizaciones, como sucede en Cataluña o en el País Vasco, situadas a derecha e izquierda del espectro político, pero sin un referente independentista, afronta un futuro difícil para pequeñas formaciones con poco peso en el concierto político estatal pero que ven confirmadas sus tesis y su razón de ser con la política centralista y de ninguneo a Canarias que practica el Gobierno del PP.

Gestación

Antes de que se produjeran las primeras elecciones autonómicas, en 1983, el nacionalismo canario había logrado algunos importantes éxitos electorales. Especialmente en los comicios generales del 79, cuando la Unión del Pueblo Canario (UPC), con Fernando Sagaseta al frente, logra un escaño por Las Palmas en el Congreso de los Diputados.

Y, asimismo, en las municipales de ese mismo año, en las que, con el apoyo del PSOE, alcanza la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria que ejercerá Manuel Bermejo, hasta que los socialistas le retiran su apoyo y pactan con la UCD para colocar al frente de la corporación municipal a Juan Rodríguez Doreste. El nacionalismo asambleario también obtiene algunos éxitos municipales, con alcaldías como las de Telde, Santa Lucía o Agüimes.

El antecedente organizativo de UPC, Pueblo Canario Unido (PCU), había logrado un buen resultado en las primeras elecciones tras la dictadura, las de junio del 77. Pero insuficiente para que su cabeza de lista, Carlos Suárez, el látigo negro, llegara a las Cortes. UPC uniría a PCU (integrado por nacionalistas de base, células comunistas y PRC, entre otros), PUCC (luego MIRAC y finalmente UNI) y Partido Socialista de Canarias, que nada tenía que ver con el PSOE.

La UPC era una mezcla de formaciones independentistas y de otras autodeterministas de izquierdas que fue devorada por sus contradicciones y pugnas internas en muy pocos años; antes de la mitad de la legislatura autonómica iniciada en 1983 se iniciaba su proceso de autodisolución. En los comicios generales del 82 había perdido su escaño en el Congreso y en las municipales del 83 certificó su evidente retroceso.

Es verdad que, junto a los errores internos, contra la UPC se movilizó eficazmente el aparato del Estado, muchos medios de comunicación y hasta una parte de la izquierda eurocomunista canaria, una década más tarde reciclada, curiosamente, al nacionalismo que tanto fustigaba.

Su presencia organizativa y electoral estaba muy centrada en las islas capitalinas y, especialmente, en sus ciudades más populosas; un fenómeno urbano y que tuvo grandes dificultades para comprender la dimensión archipielágica y, especialmente, la relevancia del hecho insular.

Por cierto, ahora que algunos acatan la Constitución “hasta que los ciudadanos la cambien”, frase edulcorada y convertida en una auténtica perogrullada, los electos de la UPC lo hacían hace más de treinta años de forma mucho más rotunda. Afirmando que prometían el texto constitucional, pero añadiendo una coletilla significativa: “y luchar por una Canarias libre y socialista”.

AIC

AIC Mientras, muchos de los dirigentes de lo que más tarde serían las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) estuvieron los primeros años del proceso democrático formando parte de la UCD, entre ellos Manuel Hermoso, Paulino Rivero, alcaldes por esta formación política de Santa Cruz de Tenerife y El Sauzal, respectivamente, o Ana Oramas.

El hundimiento del partido de Adolfo Suárez sería esencial para que una parte de la derecha moderada canaria optara por descolgarse del poder central y construir una formación de ámbito local que evolucionaría hacia el nacionalismo, con contenidos de arranque profundamente insularistas.

Su primera y significativa parada son las AIC, que en 1987 se erigen en principal fuerza no estatalista del Archipiélago. Algo similar, pero más débil, ocurriría con el CDS, germen en las Islas del Centro Canario Nacionalista (CCN).

Con anterioridad, en 1983, el conjunto del nacionalismo canario logra el 15% de los votos en los comicios autonómicos y 9 diputados, distribuidos de la siguiente forma: UPC-AC (8,48% de votos; dos escaños), Convergencia Nacionalista Canaria (4,30%, uno), AHI (dos) y AGI (uno), que conjuntamente no llegan al 1% de las papeletas, y Asamblea Majorera (1%; tres); a ellos se les suman otras formaciones nacionalistas o independentistas sin apenas apoyo popular en las urnas.

Como pueden observar una presencia muy fraccionada, facilitada por el sistema electoral canario de entonces (con barreras de acceso al Parlamento de Canarias del 20% insular y del 3% archipielágico), que posibilitaba que organizaciones de carácter insular pudieran conseguir representación en la cámara canaria sin formar parte de partidos o coaliciones del conjunto de las Islas.

El PSOE es el claro vencedor de las primeras autonómicas, con el 42,36% de los votos y 27 escaños, y gobierna en solitario hasta el 85, en que el denominado pacto de progreso incorpora a PCC, PRC y AM, dando estabilidad parlamentaria al Ejecutivo que presidía Jerónimo Saavedra.

Pero, como señalaba más arriba, la irrupción de las AIC se produce en las autonómicas del 87, corroborando su inicial fortaleza municipal. Logran el 20,13% de los sufragios, con 11 escaños, situándose como segunda fuerza en votos y tercera en escaños tras el PSOE (27,85%; 21 escaños) y CDS (19,6%; 13), y hegemonizando el espacio nacionalista, por delante de AC-INC (6,96%, dos escaños), AM (0,82%, tres) y AHI (0,21%, dos); el total del espacio nacionalista, o al menos de obediencia canaria, consigue 18 de los 60 escaños en liza en el Parlamento canario, duplicando los datos del 83.

Gobierno conservador

Gobierno conservadorLas AIC son pieza clave en la articulación de un gobierno conservador con CDS y AP, primero con Fernando Fernández al frente y después, tras la estrambótica cuestión de confianza presentada y perdida por este, por Lorenzo Olarte, que más tarde también se convertiría al nacionalismo, mientras que Fernández se incorporaría al PP, llegando a ser eurodiputado de esta formación.

Factores de interés en este período son la ruptura de AM, con el pase de algunos de sus más destacados dirigentes al PSOE, y la conmoción política originada por la reivindicación de una Universidad en Gran Canaria, que finalmente es creada en 1989, tras generar grietas tanto en los partidos que integran el Gobierno canario como en la propia oposición.

Unidad y consolidación

Unidad y consolidaciónLa legislatura que arranca en 1991 es determinante en la consolidación del nacionalismo canario contemporáneo. Las urnas dan la victoria al PSOE (con más del 33% de los votos y 23 escaños), seguido de las AIC (22,70%; 16) y CDS (14,41%, siete). El resto de diputados se reparte entre AP (seis) y distintas organizaciones del muy fraccionado nacionalismo: ICAN (12,22%; cinco), AM (0,71%; dos) y AHI (0,21%, uno).

El nacionalismo en su conjunto logra el 37,56% de los votos, siete puntos más que en las autonómicas de 1987. Pero su fraccionamiento hace que el número de escaños solo evolucione de 18 a 24. Aunque luego se le sumarían los siete diputados de los centristas que evolucionaron a CCI (Centro Canario Independiente) y más tarde a CCN.

El denominado ‘pacto de hormigón’, PSOE-AIC, con el amplio apoyo parlamentario de 39 diputados, sufre aluminosis a mitad de legislatura. Y en abril del 93, tras la moción de censura presentada por el vicepresidente Manuel Hermoso al presidente Saavedra, lleva a un heterogéneo nacionalismo al Gobierno de Canarias, con Hermoso de presidente y José Mendoza (ICAN), como vicepresidente y consejero de Educación.

Moción de censura

Moción de censuraApoyan la moción de censura justo 31 diputados (AIC, ICAN, CCI, AM y AHI) en una polémica votación en la que leyendas urbanas aseguran que algún diputado fue llevado a la cámara a punta de pistola y en la que nunca llegó al Parlamento la sentencia que inhabilitaba a Dimas Martín, diputado de AIC por Lanzarote.

En el 95, Hermoso repite en la Presidencia. En esta ocasión al frente de Coalición Canaria (CC), que aglutina a la inmensa mayoría del nacionalismo canario y que se había estrenado en las urnas en las generales del 93. Logra el 32,85% de los votos y 21 escaños.

Otros nacionalistas también consiguen presencia en el Parlamento: la Plataforma Canaria Nacionalista (PCN) de Dimas Martín, Ildefonso Chacón y Onelio Ramos, con el 3,01% y cuatro actas, que corresponden a las islas de Lanzarote (tres) y Fuerteventura (una); y la AHI (0,26%, una).

El Gobierno presidido por Hermoso cuenta en esta ocasión con el centrista Lorenzo Olarte en la vicepresidencia. Se trata de un Ejecutivo de coalición con el PP, segunda fuerza política (18 escaños) por delante de los socialistas (16).

El conjunto del nacionalismo, incluyendo a los que no consiguieron representación, supera el 36% de los votos, un punto menos que en 1991. Y un global de 26 escaños, cifra que se repite en el 95, en el 99 y en 2003.

Mejores resultados

Mejores resultadosEn el 99, Coalición Canaria presenta como candidato a la Presidencia por primera y única vez hasta ahora a un candidato de la isla de Gran Canaria, Román Rodríguez, procedente del sector de izquierdas de la organización. Consigue 24 escaños, superando el 37% de los sufragios, en lo que ha sido su mejor resultado histórico.

A ese porcentaje se suma el de la Federación Nacionalista Canaria (FNC), con un 4,81% y cero escaños; y AHI, 0,33% y dos actas de diputado. El global del nacionalismo, con o sin representación, supera el 42%, el mayor de toda la serie electoral autonómica.

La aplicación de la nueva normativa electoral que exige el 6% archipielágico o el 30% insular o ser primera fuerza en la circunscripción deja fuera al PIL (integrante de la FNC) que roza el 30% y queda ligeramente detrás de CC, que alcanza cuatro de los ocho escaños de Lanzarote.

El PSOE es segunda fuerza en el Parlamento canario, con 19 escaños, y el PP tercera, con 15. El primer gobierno será de coalición entre CC y PP, hasta la salida del PP a comienzos del año 2001, quedándose CC en solitario.

Paralelamente, CC vence en las elecciones europeas, que se celebran conjuntamente con autonómicas y locales, en la única ocasión en que se ha impuesto a PSOE o PP en estos comicios.

Ruptura

RupturaEn 2003, Adán Martín llega a la presidencia del Gobierno de Canarias tras triunfar nuevamente CC en los comicios autonómicos. Logra 23 escaños, uno menos que en los anteriores comicios, pese a que AHI comparece dentro de CC, y pierde unos cuatro puntos con relación a 1999.

La Federación Nacionalista Canaria, con el 4,83% de los sufragios, obtiene tres escaños, todos del PIL, gracias a que este partido gana en Lanzarote, superando además el 30% de los sufragios en la isla de los volcanes. El global del nacionalismo asciende a 26 diputados y casi el 39% de los sufragios, unos cuatro puntos menos que en el 99.

A lo largo de la legislatura se produce la ruptura de Coalición Canaria -tras el incumplimiento de los acuerdos establecidos antes de las elecciones con relación al papel de Gran Canaria en el Gobierno-, con la creación de Nueva Canarias. Antes el CCN había abandonado CC.

El Gobierno de Adán Martín es inicialmente de coalición con el PP. Hasta que se produce la expulsión de los consejeros conservadores en el último tramo de la legislatura, aunque el PSOE presta su apoyo parlamentario al Ejecutivo, evitando su naufragio.

Segunda fuerza

Segunda fuerzaEn los comicios autonómicos de 1995, 1999 y 2003, CC había sido primera fuerza política en el Archipiélago. Esto se quiebra en 2007, como se había quebrado la unidad nacionalista.

En esta ocasión, la candidatura socialista que lidera Juan Fernando López Aguilar consigue 26 escaños y más del 34% de los sufragios, sacando diez puntos y casi cien mil votos de diferenta a la organización que sustituyó a Adán Martín por Paulino Rivero. CC logra 19 escaños y el PP 15.

El pacto CC-PP, o si lo prefieren Rivero-Soria, pese a la evidente falta de química entre los dos, se hace con las riendas del Ejecutivo canario, aunque para no variar el PP no llega al final de la legislatura. Un año antes de su cierre, Soria en un calculado, pero también arriesgado, movimiento electoralista, abandona el Gobierno y se prepara para intentar llegar al poder en 2011.

En estos comicios concurre por primera vez Nueva Canarias que con algo más de 50.000 papeletas se queda en el 5,42%, evitando la barrera de acceso del 6% archipielágico los dos diputados que le hubiesen correspondido por la circunscripción de Gran Canaria. CCN-PIL quedan aún más lejos del objetivo, con el 4,92%, y también pierde un posible escaño en Lanzarote.

El global del nacionalismo supera el 35% de los votos, lo que supone tres puntos menos que en las elecciones de 2007 y con una reducción de casi siete en comparación con 1999.

Ese obligado acomodo de CC como segunda fuerza política también se produce en 2011, otra vez con Rivero al frente. En este caso, logrando en torno al 25% de apoyo en las urnas, unas décimas más que en los anteriores comicios. El PP se convierte en la fuerza más votada, siete puntos más que CC, pero por la singularidad de nuestro sistema electoral empatan en escaños: 21. El PSOE logra 15 y NC, que esta vez supera la barrera de acceso al Parlamento, con más del 9% de votos, tres, dos en Gran Canaria y uno en Lanzarote (PIL).

CC-PSOE

CC-PSOEEsta vez cambia la tradicional fórmula de Gobierno de las Islas, de alianza entre nacionalistas y conservadores, la que viene funcionado desde el 95. Aunque, eso sí, continúa siendo CC quien toma el mando y elige a su compañero de baile, dejando fuera al partido más votado, en esta ocasión el PP, como ya sucediera en 2007 con el PSOE de López Aguilar.

Paulino Rivero continúa como presidente del Ejecutivo y el PSOE accede a la Vicepresidencia, con José Miguel Pérez, al tiempo consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

El espacio nacionalista crece en relación con 2007. Si entonces apenas pasó el 35% de los sufragios, ahora supera claramente el 37%, un dato similar al del año 91. Y pasa de 19 a 24 escaños.

Pese a que CC y NC fueron posteriormente juntas a las elecciones generales del 20-N de 2011, obteniendo cada una de ellas un diputado: Ana Oramas, CC, por Santa Cruz de Tenerife, y Pedro Quevedo (NC), por Las Palmas, el acercamiento entre ambas formaciones, que algunos analistas anunciaban e incluso ponían fecha para el proceso de unidad, no se produce.

Prueba de ello son las profundas discrepancias en el Parlamento canario, en el que NC ha presentado enmiendas a la totalidad a las tres leyes de presupuestos de la Comunidad Canaria. Aunque han coincidido en batallas contra el Gobierno central, como las de la prospecciones petrolíferas, la financiación autonómica o la privatización de AENA. O en sacar adelante leyes como las de Educación.

Futuro inmediato

Quedan apenas ocho meses para que se celebren las próximas elecciones autonómicas y locales, a finales de mayo de 2015, con la incógnita de si Rajoy las hará coincidir o no con las generales.

El nacionalismo canario concurrirá a las mismas dividido, el menos en dos opciones, las que representan NC y CC. Será así en el ámbito del Parlamento de Canarias, pero también en cabildos y ayuntamientos.

El CCN, de momento aliado de CC en el Parlamento canario y otras instituciones, ha presentado en las últimas semanas a distintas cabeceras de listas a ayuntamientos y cabildos, en lo que puede ser un amago de futura liberación del ‘yugo’ de CC o una precaución ante un escenario diferente al de hoy. Recuerden que en las generales de 2011, en una auténtica cabriola política, pactó con el PP, a mayor gloria de dos senadoras. Y del PP, claro.

El clima político generado estos tres últimos años por la política centralista del PP, su castigo a Canarias en los Presupuestos Generales del Estado, su actitud ante los planes de empleo, las renovables, los convenios de carreteras, las prospecciones petrolíferas o la privatización de AENA, parecen constituir un buen caldo de cultivo para el crecimiento del nacionalismo canario.

Asuntos como el petróleo parece que pasarán factura a los populares, especialmente en las islas orientales, como reconocen en privado algunos de sus dirigentes.

24 escaños

La última encuesta publicada, la de Celeste Tel del pasado agosto, muestra un nacionalismo que resiste al desgaste del prolongado Gobierno y a la irrupción de Podemos. CC se sitúa como primera fuerza, con 18 escaños (aunque segunda en número de votos, superada por los conservadores de Soria), tres menos que en 2011. Por delante de un PP que retrocede de manera significativa (pierde seis escaños), y de un PSOE que se mueve poco, pasando de 15 a 14. Podemos irrumpe con siete y Nueva Canarias, con seis, duplica sus actuales escaños en el Parlamento canario. El total del espacio nacionalista aglutina 24 diputados, los mismos que ahora. Habrá que esperar qué apuntan los sondeos del último trimestre del año, ya alejados de la contaminación de los comicios europeos y, también, realizados tras acontecimientos como la elección de Clavijo como candidato de CC y los cambios en el PSOE.

Año 2000: El mejor resultado en unas generales

Año 2000: El mejor resultado en unas generalesEl nacionalismo canario obtiene el mejor resultado en unos comicios generales en el año 2000, ratificando su éxito en las autonómicas, locales y europeas del 99. En esta ocasión, coincidiendo con la ola conservadora y la mayoría absoluta de Aznar, CC resiste y obtiene el 29,37% de los votos, consolidando cuatro escaños por el Archipiélago en el Congreso de los Diputados. Por detrás del PP, que consigue siete, y por delante del PSOE (tres).

Pero volvamos a los comienzos de la transición. En 1977, en las primeras elecciones tras la dictadura, con la UCD sacando casi el 60% de los votos en el Archipiélago, PCU logra el 3,24% de las papeletas y el conjunto del nacionalismo apenas el 5%. Sin que se logre representación en el Congreso. Sí en el Senado por parte de Asamblea Majorera, con Miguel Cabrera, que repetiría en el 82 tras perder la plaza, por apenas quince papeletas, en el 79.

En 1979, las cortes constituyentes contarán con la presencia de Fernando Sagaseta, de UPC; la coalición autodeterminista obtiene el 11,07% de las papeletas en Canarias, aunque con más votos en las islas orientales y específicamente en Gran Canaria.

En el 82, el año del arrase del PSOE de Felipe González, la UPC cae en picado hasta el 5,20% y Sagaseta no logra la reelección. El nacionalismo apenas concita el apoyo del 7,50% de los votantes de las Islas.

En el 86, el nacionalismo duplica sus votos en relación con los anteriores comicios. Y ello gracias a la aparición de las AIC, que alcanzando casi el 10% de apoyos electorales consigue un escaño en Madrid. La izquierda nacionalista, AC-INC, se queda en el 5,40% y sin representación.

En 1989, el nacionalismo retrocede en las generales, quedando por debajo del 14%. Aunque mantiene su escaño, gracias al 9,57% de las AIC. Cuatro años después, en 1993, irrumpe con fuerza Coalición Canaria, muy poco después de su acceso al Gobierno con la moción de censura a Saavedra y la elección de Hermoso como presidente. CC consigue el voto de uno de cada cuatro canarios y cuatro escaños.

En la elecciones generales del 96, CC mantiene sus cuatro escaños, aunque pierde un punto y se queda en el 24,29% de las papeletas.

Las últimas elecciones del siglo XX, las de 2000, suponen, como señalábamos al principio, una buena despedida de siglo para los nacionalistas: 29,37% de votos y cuatro escaños.

Crisis

CrisisEn 2004, y en plena crisis del nacionalismo y con la convulsión de los sucesos del 11-M, CC mantiene el porcentaje de votos pero pierde un acta de diputado, quedando en tres.

Situación que se agrava en 2008, con dos diputados (ambos por Santa Cruz de Tenerife) y el 17,37% de los sufragios, una caída de 12 puntos porcentuales. NC concurre solo por Las Palmas, pero no logra representación, con un 3,78%. Datos levemente superiores a los de 2011, donde CC-NC alcanza el 15,20% repitiendo los dos escaños, aunque en esta ocasión se distribuyen uno en cada circunscripción, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

[Este es un contenido Premium de CANARIAS AHORA SEMANAL. Hazte Lector Premium para leerlos todos y apoyar a sus periodistas]