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Batllori, el 'pequeño Nicolás' canario

Ocho testigos del caso Unión admiten haberse reunido con el exconsejero del Gobierno canario para tratar temas de Arrecife e Inalsa, pero ninguno comprobó que tuviera el poder de representación que decía tener, el de asesor

La Guardia Civil considera que el abogado cobró 43.000 euros del Ayuntamiento y de la empresa de aguas por trabajos que en realidad realizaba en favor de Dimas Martín

Batllori y Dimas Martín se enfrentan a condenas de seis y ocho años de cárcel respectivamente por malversación, prevaricación y falsedad documental

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Dimas Martín y Francisco José Rodríguez Batllori, en la sesión de este martes del juicio por el caso Unión. EFE/Ángel Medina G.

Dimas Martín y Francisco José Rodríguez Batllori, en la sesión de este martes del juicio por el caso Unión. EFE/Ángel Medina G.

Todos reconocen haberse reunido con él para tratar asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa de aguas de Lanzarote, Inalsa, pero nadie comprobó, ni con el alcalde, ni con los concejales de la corporación, ni con miembros de la compañía insular, que tuviera el poder de representación que decía tener, el de asesor. Para Javier Ródenas, fiscal de Unión, el mayor caso de corrupción de Canarias, el acusado Francisco Rodríguez Batllori, exconsejero de Trabajo del Gobierno regional, es la versión canaria del pequeño Nicolás.

Así lo definió el representante del Ministerio Público durante la celebración de la sexta sesión del juicio oral que se sigue, entre otros, contra Batllori y el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Se trata de la primera de las diez piezas del  caso Unión que llega a juicio y en ella se investiga si el abogado y exconsejero cobró 43.000 euros del Ayuntamiento y de Inalsa por unas gestiones que hacía, supuestamente, para que Dimas Martín, ya entonces en prisión por otra causa de corrupción, pudiera obtener el tercer grado penitenciario.

Ocho testigos propuestos por la defensa admitieron este martes haberse reunido al menos en una ocasión con Batllori entre los años 2008 y 2009 para abordar temas relacionados con la administración local y la empresa de aguas. Del resultado de esas gestiones y del conocimiento que tenía el grupo de gobierno sobre las mismas no existen, sin embargo, las mismas certezas, según se desprende de las respuestas de los testigos a las preguntas realizadas por el fiscal.

El primero en prestar declaración en la sesión de este martes ha sido Javier Sánchez-Simón, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el periodo investigado (2008-2009). El actual candidato de UPyD al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recordado que mantuvo varias reuniones informales con Batllori para tratar de impulsar la construcción del edificio que albergaría el Punto de Inspección Fronteriza.

Sánchez-Simón ha afirmado que en este encuentro todos los asistentes tuvieron una participación activa, sin exclusión. El testigo dijo desconocer la relación que pudiera existir entre Batllori y el alcalde, Enrique Pérez Parrilla, y admitió que no comprobó si era cierto que el abogado actuaba en calidad de asesor del Ayuntamiento y que se fió de él porque venía acompañado de la senadora María Dolores Luzardo y del presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote. "Tampoco me preocupaba, porque no se adoptaba ningún acuerdo, solo me servía para pulsar la opinión de las instituciones que representaban", apuntó.

Batllori también mantuvo en febrero de 2009 una reunión con Domingo Berriel, consejero de la entonces denominada Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y Emilio Jesús Atienza, director general de Calidad Ambiental de este departamento. Sobre la mesa, dos asuntos: el Plan General de Arrecife, paralizado en ese momento, y la orden de cierre de la escombrera de Argana Alta. "Fue a asesorarse. Quería saber cuál era la mejor estrategia para el Plan General, si seguir con el que se estaba elaborando o empezar uno nuevo", manifestó Berriel, que añadió que en esta cita "no se trataron aspectos técnicos del plan", sino, simplemente, "una cuestión de oportunidad".

"Me fié de su palabra, no comprobaba en calidad de qué venía, no pedí acreditación ni poderes. Batllori no era un desconocido y no vi necesario acreditarlo", señaló Berriel, que insistió en que el objetivo del abogado era simplemente asesorarse. Fue por ello por lo que también estuvo presente en el encuentro Emilio Jesús Atienza, que expuso que acudió a la cita porque fue llamado por el consejero. "No sé por qué el Ayuntamiento se preocupaba por estos temas –en referencia a la escombrera de Argana Alta- porque es competencia del Cabildo, supongo que quería saber qué pasaba porque estaba en terreno municipal", apostilló.

Concurso de acreedores de Inalsa

Otro de los testigos que reconoció haberse reunido con Batllori fue el juez Juan José Cobo Plana, que en aquellas fechas ejercía como letrado especialista en derecho concursal. En ese momento, el pacto PSOE-PIL en el Cabildo de Lanzarote no se ponía de acuerdo en cómo solucionar los problemas por los que estaba atravesando la empresa Inalsa. El PSOE quería solicitar concurso voluntario de acreedores y el PIL tenía dudas. Cobo Plana mantuvo un encuentro en su despacho con Batllori y Dimas Martín para convencerles de que, a pesar de las reticencias del fundador del PIL, que temía que la suspensión de pagos en Inalsa pasara factura a su partido en las elecciones de 2011, el concurso voluntario era la mejor opción. "Dimas confiaba en lo que le decía Batllori, que asentía a lo que yo le transmitía", señaló el actual juez, que agregó que esa cita "acabó por convencer" al PIL para adoptar la decisión.

También declararon este martes María Inmaculada Acosta, ex directora general de la Escuela de Servicios Sanitarios de Canarias, por unos cursos que solicitó Batllori sobre atención a personas dependientes y que finalmente no se concretaron; el arquitecto José Bernández Montero, a quien los dos principales imputados le ofrecieron integrarse en el equipo redactor del Plan General: María Rosario Mendoza Rosales, jefa de servicio de la Dirección General de Trabajo, a quien el abogado realizó una consulta sobre la modificación del convenio colectivo de Inalsa, y Juan de Dios Fernández, jefe de Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, también por una consulta sobre un tema laboral de la empresa de aguas.

Por su parte, Juan Carlos Betancort García, secretario general de FEMEPA, declaró que su asociación, la patronal del metal, impartió cuatro cursos a una veintena de trabajadores de Inalsa después de una reunión que mantuvo con Batllori en la que este le planteó las jornadas de formación como alternativa al Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ya que el convenio colectivo "era muy rígido" e impedía a los empleados "realizar más de una función".

La Guardia Civil ratifica su informe

A petición de la Fiscalía, declararon como testigos -por videoconferencia, uno desde Madrid y otro desde Málaga- dos agentes de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil (UCO), que ratificaron lo expuesto en el informe realizado después de que Batllori fuera detenido y aportara una serie de documentos sobre sus presuntos trabajos para el Ayuntamiento de Arrecife e Inalsa. La UCO concluyó entonces y mantiene ahora que las facturas enmascaraban los trabajos realizados por el exconsejero del Gobierno de Canarias en favor de Dimas Martín.

Según el primero de los agentes, Batllori entregó documentación "de años anteriores" a los investigados "y de otros ayuntamientos", lo que no concordaba ni con su versión ni con los pinchazos realizados al teléfono del fundador del PIL. "En ninguno de los documentos se ve de manera tangible la participación de Batllori en el Ayuntamiento", aseveró el guardia civil.

Al término de la sesión y también a petición del Ministerio Público, se escucharon tres conversaciones entre Batllori y Dimas Martín. En una de ellas hablan del recurso para intentar que a este le otorgaran el tercer grado penitenciario, de la situación de Inalsa y la posibilidad de organizar una reunión con Cobo Plana, así como de concertar una comida y una entrevista con el periodista Francisco Chavanel. En un momento de la charla, Batllori presume de mantener "una buena relación" con el juez que debía decidir sobre el régimen de Martín en la prisión.

Los dos principales imputados en esta pieza, Dimas Martín y Rodríguez Batllori, se enfrentan, respectivamente, a posibles condenas de seis y ocho años de cárcel por varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental.

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