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Enrique Bethencourt

Licenciado en Pedagogía por la Universidad de La Laguna y máster en periodismo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

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Las puertas (y las palabras) de la integración

En las últimas décadas hemos avanzado mucho respecto a la situación de las personas afectadas por algún tipo de discapacidad. Hasta en el lenguaje. Durante buena parte del pasado siglo se hablaba en términos muy despreciativos: inválidos, inútiles, retrasados… Luego, suavizando semejante nivel de atrocidad, se pasó a minusválidos, que tampoco era ni amable ni justo, y más tarde a discapacitados, que es el que reconoce la ONU desde el año 2006.

En las leyes ha sucedido lo mismo, entre 1982 y 2013 estuvo vigente la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), sustituida a finales de 2013 por la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Esta señala como objetivo, “garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción y la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de cualquier forma de discriminación”.

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Fin del bipartidismo, ¿fin de las mayorías absolutas?

El bipartidismo ha supuesto la alternancia al frente del Gobierno español entre los dos grandes partidos estatales, PSOE y PP, tras la desaparición de la UCD. Con mayorías absolutas, como una buena parte de los gobiernos de Felipe González, el segundo de José María Aznar o el primero de Mariano Rajoy, que combinaban con mayorías simples que precisaban del apoyo de partidos nacionalistas. El nuevo panorama político-electoral, con cuatro grandes formaciones estatales, dos de derechas, PP y Ciudadanos, y dos de izquierdas, PSOE y Unidos Podemos, imposibilita en buena medida que se den mayorías absolutas y abre la puerta al gobierno de coalición entre dos partidos. Con posibles combinaciones que podrían ir más allá de la afinidad ideológica. Lo que parece que cada vez queda más lejos, cuestión de números, es un gobierno de las izquierdas. 

Lo que sucede en la órbita estatal también se traduce en los ámbitos autonómicos y locales. Lejos quedan las mayorías aplastantes del PSOE en Andalucía, de CiU en Cataluña o del PNV en el País Vasco. Cierto que el PP mantiene algunos de sus feudos, como Castilla y León o Galicia, pero perdió la Comunidad de Valencia, donde arrasaba. Y en la Comunidad de Madrid ha sobrevivido gracias al apoyo que le presta Ciudadanos. 

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Apuntes sobre una encuesta

A un año de las locales, autonómicas y europeas de mayo de 2019 cobran cada vez más interés los sondeos. El recientemente publicado por el periódico Canarias7 –realizado por la empresa Técnicos de Socioanálisis- ofrece algunas claves de la situación, de la foto actual. Entre otras, la previsible entrada de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias y sus efectos colaterales –especialmente en el PP, pero también en Coalición Canaria-, el ascenso del PSOE, el único partido junto a NC que mejora respecto a 2015, el persistente declive de CC o el estancamiento de Podemos.

Así como la dificultad de formar gobierno con solo dos fuerzas políticas, solo factible en el caso de que PSOE y CC se colocaran en los máximos de sus respectivas horquillas, lo que les permitiría sumar 31. Por islas, el PSOE ganaría en Tenerife, Lanzarote y La Palma; Coalición en Fuerteventura y en El Hierro; Nueva Canarias en Gran Canaria y, por último, ASG en La Gomera.

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Pensiones: alarmismo y realidad

L a política, una vez más, ha ido por detrás de la calle. Nuestros gobernantes saben perfectamente la importancia que tiene el sistema de pensiones en un estado social y de derecho. Y conocen, también, lo que señala la Constitución en su artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Pero los hombres y mujeres pensionistas han tenido que movilizarse masivamente en la calle para que el Gobierno central reaccionara. Primero, insultando a los pensionistas, luego reculando (entre otras cosas porque el grupo de edad 65 y más años ha sido, según los estudios sociológicos, el principal caladero de votos de los conservadores; la chulesca actitud inicial era un auténtico suicidio político que algunos estudios ya comienzan a percibir) y reconociendo el problema.

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Tenemos República

Señalaba en un reciente reportaje en este medio, OUA y Canarias: 40 años después,  que el independentismo canario “cuenta con una escasa base social y electoral. Las formaciones que lo defienden o no concurren a los comicios o suelen sacar resultados insignificantes. Nada que ver con lo que sucede en Cataluña o en Euskadi”.

Recordaba, asimismo, la relevancia mediática que tuvo a finales de los años setenta del pasado siglo y algunos acontecimientos significativos de la misma. Luego desaparecería casi por completo en un panorama de enorme fraccionamiento en minúsculos grupos.

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OUA y Canarias: 40 años después

C anarias es hoy, en la segunda década del siglo XXI, una comunidad autónoma que dispone de instituciones autonómicas, Parlamento y Gobierno, desde el año 1983; y que cuenta con un elevado grado competencial, similar a las de las denominadas nacionalidades históricas. Su Estatuto, aprobado en el 82, se encuentra ahora en el Congreso de los Diputados para abordar su segunda reforma (la primera se llevó a cabo en 1996, reconociendo nuestra condición de nacionalidad), ampliando competencias e incorporando al texto una serie de derechos ciudadanos, así como la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones autonómicas.

Nuestra Comunidad tiene, asimismo, un Régimen Económico y Fiscal (REF) que le diferencia claramente del resto de las comunidades, aunque fuera de las Islas se suele hablar solo de las especificidades fiscales y económicas vascas y navarras. Un REF con su parte fiscal ya renovada y que afronta en esta etapa las modificaciones en su texto económico, el que incluye aspectos como ayudas al transporte de personas y mercancías, apoyo a los distintos sectores económicos o elementos tan trascendentales como el desarrollo de las energías renovables.

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Derecha ¡AR!: tiempos de contrarreforma y neocentralización

Si hacemos caso a la mayoría de las encuestas publicadas en estos dos primeros meses de 2018, España se desplaza electoralmente hacia la derecha. Y lo hace de forma acelerada. Mientras el PSOE se estanca o crece casi imperceptiblemente y Unidos Podemos retrocede, Ciudadanos aumenta sus expectativas electorales alimentándose fundamentalmente de antiguos votantes del PP, pero también atrayendo a una parte de los que en 2016 apoyaron a PSOE e incluso a UP.

Las dos grandes formaciones de la derecha compiten en sus propuestas y medidas. Y no lo hacen mirando a la moderación o al centro político. Nada de eso. Ciudadanos descubrió en la crisis de Cataluña que su radicalismo frentista rendía más créditos en papeletas que la moderada, al menos verbalmente, intervención de Rajoy. Y, a partir de ahí, pelean en extremismo. Ocurre con la prisión permanente preventiva o con los derechos lingüísticos de las nacionalidades con idioma propio.

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Javier Sánchez (Podemos): "El PP pretende que el pacto educativo concluya con un retoque de la LOMCE, no con su derogación"

Javier Sánchez Serna, murciano de 32 años, licenciado en Filosofía y máster en Sociología Aplicada, es el portavoz de Unidos Podemos en la subcomisión parlamentaria para el Pacto Social y Político por la Educación. Se encuentra estos días en Canarias al frente de la campaña ‘Orgullosas de la Pública. El Pacto de Estado sale a la calle’ que está desarrollando su formación política. Hablamos con él sobre la salud del pacto y sobre algunos de los retos de nuestro sistema educativo.

P. Existe, al menos en los ámbitos vinculados con el sistema educativo, una gran expectación a la vez que un profundo desconocimiento sobre lo que está pasando en la subcomisión. ¿Trabaja en medio de un gran secretismo?

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Ciudadanos, moderna derecha centralista

Ciudadanos ha arrancado el año 2018 con encuestas electorales favorables. Todas, en mayor o menor medida, apuntan a su crecimiento en unas posibles elecciones generales, aunque parece que Rajoy hará todo lo posible para que estas no tengan lugar antes de 2020. Las recientes catalanas donde el partido naranja recibió un inusitado apoyo mediático, desde El País al ABC -periódico este último que incluso no dudó en saltarse la normativa electoral vigente publicando una entrevista a su candidata, Inés Arrimadas, en la jornada de reflexión- y consiguió un gran resultado, parecen haber mejorado sus expectativas en el conjunto del Estado, a costa, fundamentalmente pero no solo, del PP.

De todos modos, la situación política del último periodo, con el problema territorial en Cataluña, así como la lejanía de los comicios deben llamar a la prudencia a la hora de interpretar estos datos. Habrá que esperar más tiempo para comprobar si se trata de un suflé que se desinflará tarde o temprano o si estamos ante una formación que puede sustituir al PP como principal representante de la derecha española.

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Podemos, el más beneficiado por el nuevo modelo electoral si se aplican los resultados de 2015

El nuevo modelo electoral, que apoyan inicialmente PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias, supone pasar de 60 a 70 escaños. De los diez escaños incorporados, uno iría a Fuerteventura, para compensar su crecimiento poblacional (hoy tiene siete pese a tener mucha más población que La Palma, que cuenta con ocho), y los otros nueve a un colegio de restos que, en la práctica, se distribuirían entre Tenerife y Gran Canaria. En una aplicación a los resultados de 2015, el gran beneficiado sería Podemos que incrementaría sus escaños un 22,2%; el menos, Nueva Canarias que se quedaría como está: cinco diputados y diputadas.

El Parlamento resultante hubiese quedado de la siguiente manera: CC 19, PSOE 17, PP 13, Podemos 9, NC 5, Ciudadanos 3, ASG 3 y Unidos 1. El aumento a ocho de la isla de Fuerteventura supondría un nuevo escaño para CC, por sus extraordinarios resultados en esta isla. Y las nueve actas del colegio de restos se distribuirían como sigue: PSOE (2), Podemos (2), PP (2), CC (1), NC (1), y Ciudadanos (1).

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