Clavijo, educación y modo chuchango

El 5% de inversión sigue estando en el horizonte del sistema educativo canario. No por capricho alguno, sino porque así lo establece la Ley Canaria de Educación no Universitaria (LCE) aprobada por nuestro Parlamento en el año 2014. “El Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto”, señala textualmente su artículo 72.3.

La Ley Canaria de Educación tiene su origen en una ley de iniciativa popular (ILP) que asociaciones de padres y madres, sindicatos docentes, diversos ayuntamientos y colectivos vecinales llevaron al Parlamento con el apoyo de más de 38.000 firmas. La norma finalmente aprobada por la Cámara canaria recogía la mayor parte de las propuestas de la ley de iniciativa popular. Enriquecida por las aportaciones del Consejo Escolar de Canarias y por el trabajo de los grupos parlamentarios, en especial de la Comisión de Educación.

Fue aprobada con los votos de CC, PSOE y NC, con Paulino Rivero presidente del Gobierno y José Miguel Pérez en la Vicepresidencia y al frente de la Consejería de Educación. El PP se abstuvo. El sucesor de Rivero en la Presidencia, Fernando Clavijo, nunca se mostró favorable a la Ley y, especialmente, a los compromisos económicos que conlleva. 

Lo confirmó en la campaña de las elecciones autonómicas de 2015. Era la primera vez que entrevistaba a Clavijo y en un programa radiofónico le pregunté si, en el caso de que llegara a presidir el Ejecutivo canario, iba a cumplir con lo que postulaba la Ley Canaria de Educación. Como hice con todos los candidatos y candidatas de las diferentes formaciones políticas que concurrían a esos comicios. Logrando muy variadas respuestas, favorables o no al desarrollo de dicha ley en todos sus términos o de forma parcial. Alguna verdaderamente disparatada, como la de una candidata que respondió señalando que la ley, aprobada apenas un año antes, resultaba “completamente obsoleta”. Muy prematura caducidad legislativa: había entrado en vigor el 1 de septiembre de 2014, apenas siete meses antes de aquellas entrevistas electorales.

Cumplirla o cambiarla

La contestación de Clavijo, que muy poco después terminaría siendo presidente del Gobierno de Canarias fue rotunda: “Las leyes están para cumplirlas o para cambiarlas”. Es una frase que resulta, al menos para mí, muy difícil de olvidar. No era, desde luego, un compromiso entusiasta con la LCE, como luego el tiempo se ha encargado de corroborar de forma nítida. Y, eso sí, la lapidaria frase es completamente ajena a lo que ha hecho Clavijo cuando ha gobernado Canarias, entre 2015 y 2019, y desde 2023 hasta hoy. Ni ha cumplido con la Ley educativa, como me temía, ni ha planteado ninguna iniciativa para modificarla.

Probablemente, rebajar lo establecido en materia presupuestaria, ese 5% del PIB, queda poco presentable en una tierra, la canaria, que se encuentra por debajo de la media estatal en los distintos parámetros educativos. Que tiene muy bajos niveles de implantación de la educación infantil 0-3 años, esencial para avanzar en equidad en la Comunidad con peor distribución de la riqueza y con una elevada pobreza. Que sufre carencias en Formación Profesional o en el apoyo al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Aunque igual de poco presentable es ser un declarado insumiso de la LCE.

La Plataforma que reivindica el cumplimiento de ley acaba de señalar en los medios que, aunque la educación crece en números absolutos en 167 millones de euros en los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2026, apenas supone un pequeño avance en el camino de llegar al 5%. En la anterior legislatura, con el Gobierno de Progreso, se logró llegar al 4,63% en el último ejercicio presupuestario, el mejor dato hasta ahora. La Plataforma por el 5% afirma que, en los dos primeros años de legislatura del actual Ejecutivo conservador CC-PP, “la educación caminó como los cangrejos, retrocediendo respecto al PIB en 2024 (4,20%) y en 2025 (4,05%), ahora avanza como los caracoles, unas tímidas dos centésimas, del 4,05 al 4,07%”.

Si en las cuentas públicas de 2023 estuvimos situados a solo cuatro décimas del objetivo del 5% del PIB para la educación canaria, ahora nos encontramos a casi un punto porcentual, un evidente retroceso. En esta legislatura nos hemos alejado, por tanto, del objetivo establecido en la Ley. Canarias, en consecuencia, seguirá sin poder abordar con decisión y recursos importantes déficits educativos que nos lastran socialmente.

Responsables

Aunque algunos se empeñen en olvidarlo, incumpliendo descaradamente lo que de forma clara señala la Ley Canaria de Educación, el 5% continuará siendo un objetivo imprescindible de la educación canaria. Pese al empeño del Gobierno de las dos derechas en implementar políticas presupuestarias educativas que, cuando no retroceden claramente, avanzan a velocidad de chuchango. Esa actitud negligente nos condena a permanecer en la cola de las comunidades autónomas en casi todos los parámetros educativos. Y sus responsables -como sucede con la apuesta por una fiscalidad favorable a los que más tienen, el desigual reparto de la riqueza o el empeño en un desarrollismo insostenible del que se benefician unos pocos y cuyas consecuencias sufre la mayoría- no se encuentran en la metrópoli, sino cerca, mucho más cerca.