Clavijo: moratoria, mentiras y 18M

El presidente Clavijo fue muy contundente en su intervención parlamentaria en el Debate del Estado de la Nacionalidad 2025, celebrado el pasado 11 de marzo, acusando a Román Rodríguez de ser el responsable de indemnizaciones por un monto global de 1.000 millones de euros por la aplicación de la moratoria turística. Supongo que se refería a la moratoria (ley de medidas urgentes de 2001) decidida por el Ejecutivo y a las directrices de ordenación y del turismo de Canarias (2003), estas últimas aprobadas unánimemente en el Parlamento. Ninguna ha costado ni un solo euro, ni uno, a la Comunidad Canaria. Clavijo se lo inventó, al modo y manera de las noticias falseadas que tanto utilizan las extremas derechas como habitual forma de envilecer la política: miente que algo queda, difama que algo queda.

Los que seguimos con atención la política canaria y, en especial, las decisiones adoptadas en materia de turismo, desarrollo, territorio y medio ambiente, sabíamos desde el minuto uno que se trataba de una absoluta falsedad. Un truco, un invento, una mentira, que no era la primera vez que soltaba y que también, en numerosas ocasiones, han repetido algunos expertos en desinformación en la prensa o en la radio.

Ha tenido que ser un departamento gubernamental, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, nada sospechosa de veleidades partidarias canaristas, la que, a respuesta a una pregunta del grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha confirmado que las leyes referidas (moratoria de 2001 y directrices de 2003) no generaron ninguna sentencia condenatoria ni hubo ninguna indemnización que pagar. Ha tenido que ser Política Territorial la que desmienta las alegres, irresponsables y nada sustentadas aseveraciones del presidente.

La respuesta de la Consejería de Política Territorial señala textualmente que “en cuanto a las indemnizaciones que se refieren a las dos primeras leyes (ley 6/2001 y Ley 19/2003), todas las sentencias fueron desestimatorias, por lo que no hubo indemnizaciones por responsabilidad patrimonial”. En su comunicación sí reconoce sentencias desfavorables referidas a decisiones adoptadas por otros ejecutivos canarios posteriores.

Palabra de presidente

“El Gobierno se está enfrentando a 36 sentencias condenatorias por más de 1.000 millones de euros de la época de la moratoria que se hizo, porque no se hizo bien. Sí, sí, sí, siendo presidente Román Rodríguez. Sí, sí, sí, se hizo. 36 sentencias condenatorias”, afirmó Fernando Clavijo con rotundidad en marzo desde la tribuna de la Cámara canaria en el debate del Estado de la Nacionalidad 2025, mientras el diputado y portavoz parlamentario de NC Luis Campos le hacía ostensibles gestos de que esa afirmación no era en absoluto cierta.

Lo ocurrido con esta polémica muestra claramente dos cosas. La primera es positiva: se confirma que resulta perfectamente posible poner límites al crecimiento turístico desde la legalidad y sin consecuencias negativas para el erario de las Islas, como se hizo, con rigor técnico, liderazgo político y determinación entre los años 2001 y 2003; que Canarias cuenta con competencias, con capacidad suficiente para transformar la realidad y orientar el modelo de desarrollo hacia una mayor sostenibilidad. Como pretenden los colectivos y personas que promueven las manifestaciones del próximo 18 de mayo bajo el lema ´Canarias tiene un límite´. Y los ciudadanos y las ciudadanas que las apoyaremos en las calles.

La segunda, la negativa, es que lamentablemente se extiende como una mancha de aceite una forma de hacer política en la que todo vale, que cuenta con numerosos actores y seguidores dentro y fuera de las instituciones, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y que, lejos de producir una profunda repulsa, atrae a nuevos adeptos, como puede observarse en los cambios político-partidarios recientes y en los que se producirán de aquí a las elecciones autonómicas de 2027.

Canarias no es ajena a la derechización y a la banalización de la política que viene sucediendo en medio mundo, al creciente imperio de los bulos y de la más burda manipulación. Y, como estamos viendo ya y veremos incrementado en el futuro, tampoco es ajena al blanqueo de las extremas derechas tanto por las derechas estatalistas como por las de obediencia canaria. Unas y otras no sienten el menor rubor por promover que los ultras sean sus socios de gobierno en las instituciones, regalando poder y altavoz a organizaciones xenófobas, machistas, homófobas y contrarias al Estado Social. Y, también, por cierto, negacionistas de la Crisis Climática y enemigas acérrimas del ecologismo.