UGT y Nueva Canarias se suman a la concentración contra la condena al fiscal general en Las Palmas

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Nueva Canarias-Frente Canarista se han sumado a la convocatoria de concentración de este sábado, Día de la Constitución, en la capital grancanaria, para protestar contra el fallo condenatorio anunciado a punto de cumplirse quince días por el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El lema escogido por los convocantes es “Ni acatamos ni respetamos la sentencia al fiscal general”. La convocatoria se mantiene para las 12.00, en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Ya son, por lo tanto, diecinueve las entidades, asociaciones, sindicatos y colectivos sociales han convocado esta protesta por entender que “la publicación del fallo que condena al fiscal general del Estado provocando el deliberadamente buscado efecto político de su dimisión, ha supuesto ya la voladura definitiva de la de por sí deteriorada esencia de la idea misma de justicia”. Y lo acumulan a “otras tropelías recientes”, entre las que citan  la negativa a aplicar determinadas leyes aprobadas por el Parlamento, como la Ley de Amnistía“. Dicen los convocantes que ”el Tribunal Supremo sigue imparable en minar uno de los principios esenciales de cualquier democracia plena: la confianza en la justicia. Son las carencias que aquí se padecen las que estigmatizan la actual democracia como gravemente imperfecta“. 

Además de UGT y Nueva Canarias, son convocantes Comisiones Obreras, el sindicato Co Bas, Intersindical Canaria, la Federación de Sindicatos Obreros de Canarias, la Federación Sindical Canaria, Reunir, Unidad del Pueblo, Canarias Insumisa, Los Verdes o el Foro por la Memoria de Canarias.

Entienden los convocantes que “la Sala Segunda del Supremo echa de su cargo a un fiscal general que tanto les ha molestado desde que fue nombrado. No lo envía a la cárcel, dictando sólo una condena adecuada que le permite alcanzar su objetivo político sin provocar una rebelión en sus propias filas o una tormenta en las calles, afinándola groseramente como fallo y después encargando a alguien que busque la manera de justificarla legalmente. Y en eso están ahora, en medio de cursos financiados por una de las acusaciones, el Colegio de Abogados de Madrid”.  

Consideran que lo que ha hecho la Sala Segunda adelantando el fallo de su resolución sin argumentación “es una aberración (...) algo que en ocasiones ya ha hecho el Tribunal Constitucional y que desafía la idea misma de jurisdicción. Que lo haga un órgano judicial, desobedeciendo el mandato del artículo 120 de la Constitución de que sus sentencias deben ser siempre motivadas, y que lo haga precisamente en el caso en el que más dudas sociales hay sobre su imparcialidad, es simplemente indecente”. 

“Frente al grave deterioro del poder judicial”, dicen los colectivos convocantes, “es crucial la defensa de los valores democráticos, de los valores de la cosa pública, de los valores republicanos. Urge transformar el poder judicial a fin de que sus miembros sean estructura medular en la aplicación de las leyes de defensa de la libertad, la igualdad, la cultura, la fraternidad, la paz, el antifascismo, el feminismo, la memoria democrática, la salud del planeta… Por ello urge impregnar de democracia la Justicia, soltando el lastre de quienes siguen sujetos a los valores del rancio pasado”.