Vox también lleva a Canarias su propuesta ultra de la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y sanidad

Vox continúa con la expansión de su propuesta ultra para garantizar que los españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, vivienda y servicios públicos, lo que ellos llaman la “prioridad nacional”, a través de una proposición no de ley presentada en el Parlamento de Canarias este mismo viernes.

La iniciativa advierte de la situación de “profunda crisis” que atraviesa el Estado del bienestar y denuncia que la “inmigración masiva ha tensionado hasta extremos insostenibles los servicios públicos”, sin aportar ningún dato que avale esa afirmación.

La formación de extrema derecha propone establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda, y garantizar que las prestaciones y pensiones no contributivas queden reservadas a los españoles.

Asimismo, pide derogar el real decreto que regula el acceso a la sanidad pública de personas extranjeras en situación irregular, al tiempo que solicita “poner fin de esta manera” al proceso de regularización de migrantes.

También demanda que se impulsen medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario limitando el acceso “salvo en casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia”.

Y pide “repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal” en el país e incluso “la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles”.

Sobre todos estos puntos, de nuevo, Vox no aporta datos. Basa su argumentario en “atender antes a quienes sostienen y conforman la propia comunidad nacional” y se limita a decir que “el colapso de los servicios púbicos y en especial del sistema sanitario” es causado por “un incremento constante de la demanda que las propias políticas migratorias han propiciado”.

El partido defiende que “la preferencia de los nacionales en el acceso a ayudas públicas no solo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política”.

Y subraya por último que “los recursos públicos deben destinarse en primer lugar a quienes sostienen y conforman la propia comunidad nacional”, reclamando un cambio en las políticas actuales para garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar.