El Ayuntamiento de Arona deja caducar el expediente para demoler las obras ilegales de la nave de Guaza

El gobierno de Arona, formado por el Partido Popular (PP), Coalición Canaria (CC) y Vox ha dejado caducar el expediente sobre las obras ejecutadas por la empresa de alquiler de vehículos Cicar en la nave que adquirió en el núcleo de Guaza, junto a la autopista del Sur de Tenerife. El Ayuntamiento no contestó en los seis meses estipulados a las alegaciones presentadas por la compañía en el procedimiento abierto para exigir la restitución de la realidad urbanística alterada sin licencia. Ese proceso se inició el 24 de febrero de 2025.

El caso se ha convertido en una de las polémicas urbanísticas más relevantes de los últimos años en el municipio más poblado del sur de Tenerife, junto con Adeje por su peso turístico. Las obras fueron objeto de denuncias ante la Agencia del Medio Natural del Gobierno canario y acabaron precintadas en enero por el entonces concejal de Urbanismo de Más por Arona. Esa decisión precipitó la ruptura del pacto con ese partido y abrió la puerta a la entrada de Vox en el grupo de gobierno junto al PP y Coalición Canaria.

Cicar presentó alegaciones el 13 de marzo y el Ayuntamiento solicitó después un informe técnico sobre ellas, pero nunca llegó a responder formalmente. Finalmente, el concejal de Urbanismo, Javier Alexis Baute (PP), firmó el 30 de septiembre la caducidad y el archivo del expediente, según la documentación consultada por Canarias Ahora.

La resolución deja abierta la posibilidad de reabrir el procedimiento “si resultara procedente con la legislación vigente, conservando los actos y trámites no afectados por la caducidad”. Aunque jurídicamente existe esa opción, todo apunta a que esta decisión cierra de facto el caso, salvo que derive en una reclamación judicial. La alcaldesa, Fátima Lemes (PP), rompió en enero con Más por Arona, que gestionaba Urbanismo, y esa medida fue uno de los detonantes. La salida de ese grupo permitió la entrada de Vox, un movimiento político que Coalición Canaria también replicó poco después en Granadilla y en el inicio del mandato en Teguise (Lanzarote).

En la parte jurídica, la resolución recuerda que “la competencia en disciplina urbanística corresponde al titular de la Alcaldía, de acuerdo con el artículo 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, salvo delegación expresa”.

Un caso que detonó una crisis de gobierno

La decisión de Urbanismo de precintar la nave el 8 de enero marcó el punto de inflexión en el gobierno local. El área, entonces dirigida por Luis García (Más por Arona), decretó la paralización de las obras y la extinción de la consolidación del suelo, aspecto clave de la controversia jurídica y política sobre si la nave —antigua sede de Renault— podía reformarse y destinarse a uso comercial, como pretendía Cicar.

Ese mismo día, la alcaldesa Lemes cesó a los cuatro ediles de Más por Arona. Fuentes de ese partido explicaron a Canarias Ahora que el precinto se justificó en la resolución previa de la Agencia del Medio Natural, que en septiembre de 2024 ya había ordenado paralizar los trabajos por carecer de los permisos necesarios.

Antes del cese, el consistorio había mantenido criterios enfrentados sobre la legalidad del uso de la nave. Informes técnicos y jurídicos discrepaban: la secretaría municipal se oponía a su consolidación, mientras el arquitecto Damián Hernández la avalaba, lo que avivó una disputa interna que alcanzó tanto a los funcionarios como a los responsables políticos.

Vínculos empresariales y antecedentes políticos

La nave de Guaza fue adquirida por Cicar al empresario Diego Cano, promotor del centro comercial El Camisón. Cano ya había sido protagonista de la crisis que rompió la mayoría absoluta del PSOE en Arona en 2020, una fractura de la que nació Más por Arona. Aquella escisión permitió la formación de un nuevo gobierno alternativo junto al PP y Coalición Canaria, pero la alianza duró menos de dos años y terminó en enero con la entrada de la ultraderecha de Vox.

En los últimos meses, la continuidad de los trabajos en la nave —pese al precinto— ha sido denunciada ante la Agencia del Medio, los juzgados de Arona y la Guardia Civil. Los denunciantes sostienen que el inmueble carece de actividad regular desde 2012, extremo que apoyan con informes de la Policía Local y testimonios vecinales. Sin embargo, el área de Urbanismo manejaba documentación contradictoria, lo que mantuvo el conflicto abierto durante años y lo convirtió en un símbolo de las tensiones políticas y urbanísticas del municipio.