La situación puede ser de lo más común. Vives de alquiler, pero necesitas mudarte por necesidades del trabajo, porque te han aumentado la renta o porque el propietario ha decidido poner en venta la vivienda y no puedes afrontar una hipoteca. La tesitura se vuelve urgente porque hay poco tiempo y no dispones de dinero suficiente para afrontar dos alquileres. Debes mudarte de un día para otro. Acudes a una agencia inmobiliaria, les cuentas tu situación y rápidamente te ofrecen un inmueble en alquiler. Te gusta, aceptas, vas a firmar el contrato. Y sorpresa. Hay un gasto adicional con el que no contabas y que la inmobiliaria atribuye a un “servicio profesional”.

No es un hecho abstracto. Es lo que un particular, que pide permanecer en el anonimato, ha denunciado ante la Dirección General de Consumo y el Sindicato de Inquilinas. Le ha sucedido en Ciudad Real capital, precisamente una de las ciudades de España donde los precios son más asequibles, pero con menor oferta de alquiler, según el Índice de Precios de Consumo y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El afectado ha relatado a este medio su situación: recientemente tuvo la necesidad urgente de cambiarse de vivienda y ante la falta de oferta, acudió a la inmobiliaria Kampus de la ciudad para agilizar los trámites. En esta oficina, una de las agencias de referencia en Ciudad Real, encontró un piso conforme a sus necesidades por 600 euros al mes.

Aceptó de inmediato y para formalizar el alquiler tuvo que aportar un aval, en este caso de su padre, y depositar el primer mes de alquiler como fianza para el propietario, en concepto de arrendamiento. Hasta ahí todo normal y legal. Pero en un momento determinado le comunicaron que debía realizar un pago adicional: 300 euros (la mitad de una mensualidad) en efectivo y como “gasto aparte”.    

Les hice ver que era algo ilegal. Les pedí un recibo y me lo negaron. Era muy urgente para mí

“Les hice ver que eso era ilegal, a lo que me contestaron que ellos tenían que 'sacar algo' y que si no me quedaba con el piso, había otra gente esperándolo. Les pedí un recibo y me lo negaron. Era muy urgente para mí, así que decidí acudir a un cajero y les entregué el dinero”, detalla.

Es consciente de que ahora está realizando una acusación de la que no tiene pruebas, pero considera que se encuentra en “una situación de indefensión total” y “absolutamente indignado”. “Sé que es ilegal y que me han estafado, así que no puedo quedarme de brazos cruzados”, añade.

Efectivamente, con la legislación actual en España, una inmobiliaria no puede cobrar honorarios ni gastos de gestión al inquilino por el alquiler de una vivienda habitual. Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben ser asumidos siempre por el propietario, sea persona física o jurídica. Concretamente, es ilegal cobrar comisiones asociadas a la mensualidad del alquiler (como esa “mitad aparte” de la que habla el afectado). También está prohibido que se exijan “cargos extra” como visitas al inmueble o “trámites”.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recuerda que hay algunas excepciones, pero ninguna se aplica a la vivienda habitual. Por ejemplo, pueden cobrarse comisiones para alquileres de temporada (para estudios o meses de verano), pero incluso en estos casos la normativa es más difusa y algunas agencias intentan seguir cobrando al inquilino, aunque el criterio general de Consumo es que no debe cobrarse.

De cualquier manera, la “indefensión” a la que alude el afectado y a la que llevó su apremiante situación, es total. Para corroborar el testimonio de este afectado, personal de este medio se puso en contacto con la inmobiliaria Kampus de Ciudad Real para interesarse por uno de sus apartamentos.

Habló con su propietario sobre los trámites para alquilar un estudio con un dormitorio, por 550 euros al mes. Tras corroborar su disponibilidad, el propietario de la agencia informó de los trámites a seguir: la firma de un contrato de alquiler, con un aval y depositando el primer mes de fianza.

Después llegó la constatación de un presunto cobro irregular: “¿Tengo que pagar algo más?”, le preguntamos. “Sí, claro, media mensualidad más”, nos dice. Es decir, 275 euros. “Pero, ¿eso ya constaría como que he pagado, además de la fianza, otra media mensualidad del alquiler?”, preguntamos. “No, no, no. Eso es un servicio profesional que nosotros cobramos al propietario y a usted. Es aparte, una sola vez”, afirma.

Esa es la presunta comisión ilegal. No especifica a qué tipo de servicio profesional se refiere y al interesarnos por cómo se realizaría ese pago, nos informa de que sería en efectivo y “con una factura, con o sin IVA”. Al preguntarle después cómo se justifica ese pago, nos remite a una entrevista personal y “presencial” donde “detallar todos los pormenores”.

De manera posterior a esta llamada, nos ponemos en contacto de nuevo con la inmobiliaria, identificándonos como elDiario.es de Castilla-La Mancha, para preguntarle por el supuesto cobro de estas comisiones ilegales. “No voy a hacer ningún comentario al respecto”, se limita a contestar su gerente.

¿Hay solución?

Ante la constatación de estos hechos, el afectado que ha denunciado la situación ha decidido ponerse en contacto con el Sindicato de Inquilinas. Le han contestado que efectivamente esa comisión de 300 euros es “ilegal” y le conminan a comunicárselo oficialmente a la inmobiliaria.

Este colectivo dice tener conocimiento de muchos conflictos similares al suyo y que, en muchos casos han conseguido recuperar el dinero “que estafan”. “Desde el sindicato creemos que la única manera de poner freno a los abusos de las inmobiliarias y conseguir alquileres dignos y estables es visibilizar todo este tipo de problemáticas y tratar de hacerlas frente”, le han informado.  

Le invitan a realizar una comunicación a la inmobiliaria en nombre del sindicato, de manera gratuita, y posteriormente, preparar la demanda que puede presentarse sin abogado y procurador. Pero vuelve a chocar contra el mismo muro: no hay recibo ni prueba y le remiten a resolver sus dudas en este enlace y a acudir a la próxima ‘Bienvenida’ del Sindicato de Inquilinas de Madrid, donde puede exponer su situación de forma detallada y le informarán de las herramientas para hacer frente a este tipo de situaciones.

Aparte, sobre la situación de este afectado se ha pronunciado también la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ileana Izverniceanu, responsable de Comunicación, detalla a este medio que efectivamente es “una práctica contraria a la ley” y que puede denunciarla de varias formas.

Algunos jueces han dado valor a que el afectado pruebe que en esa fecha hizo una disposición de efectivo

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

En primer lugar, ante el departamento de Consumo de Castilla-La Mancha, para que lo investiguen. “Y llegado el caso para que sancionen a la agencia”. Este paso sería una acción puramente administrativa que no tendría beneficios directos para el denunciante.

Precisamente, este departamento autonómico, adscrito a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno regional, ha indicado a este medio que lo más efectivo es que los afectados se dirijan con toda la documentación de la que dispongan a la Delegación provincial de Ciudad Real y que presenten una reclamación, o al menos, una denuncia al no tener recibo ni factura.

El objetivo en este caso es que se lleve a cabo una “actuación inspectora” que, al menos, pueda resultar “disuasoria”. “Si tienen documentación, se podrá hacer una mediación y exigirles la entrega de un justificante de pago, en su caso, ya que si existe alguna irregularidad también se podria iniciar un expediente sancionador”, comentan fuentes del departamento regional de Consumo.

Otra posibilidad sería denunciar ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Ciudad Real. “Intentará una intermediación con la agencia y eso sirve ya como una reclamación extrajudicial si quiere seguir luego por la vía judicial”, apunta la Organización de Consumidores.

En tercer lugar, ante los juzgados, al no tener pruebas del pago, la OCU reconoce que sería “complicado”. “Algunos jueces han dado valor a que el afectado pruebe que en esa fecha hizo una disposición de efectivo por la cantidad implicada, pero no hay ninguna seguridad de que un juez concreto lo considere prueba suficiente. Debería ir como añadido a otros indicios, como testigos y otros afectados”.

Subterfugios, denuncias y multas

El cobro de una comisión a los inquilinos se prohibió con la nueva Ley Estatal de Vivienda, pero varias empresas utilizan subterfugios para trampear la norma.

Varias sentencias han declarado ya la nulidad de estos supuestos. Desde el Ministerio recuerdan que “trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato es una práctica prohibida expresamente”.

En concreto, la imposición de comisiones o cobros por servicios no solicitados, así como el uso de prácticas comerciales desleales acarrean multas de hasta 100.000 euros. Y la introducción de cláusulas abusivas puede llevar al millón.

El exasesor del ministro José Luis Ábalos Koldo García ha declarado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que va “a demostrar la verdad” en el juicio por corrupción que se va a celebrar en el Tribunal Supremo. “Esto acaba de empezar”, ha advertido durante su comparecencia, en la que se ha negado a dar explicaciones y no ha respondido a las preguntas de los grupos de la comisión que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y Santos Cerdán.

García ha comparecido en la comisión navarra por videoconferencia después de que su defensa solicitase no trasladarle hasta Pamplona alegando motivos médicos. Su declaración estaba prevista para las 10:00 horas, pero Instituciones Penitenciarias la ha retrasado a las 12:00. El exasesor de Ábalos ha comenzado su declaración lamentando que haya políticos que quieran tener “su minuto de gloria” para contribuir a “un circo político y mediático”.

“Esto acaba de empezar, hay que tener un poco más de paciencia, queda mucho”, ha aseverado Koldo García, quien ha asegurado que “todo” lo que ha dicho lo ha “podido demostrar”. “Hay un procedimiento judicial que manda sobre encima de todas las cosas. Estoy en la cárcel por cosas que no se han demostrado, yo tengo que demostrar judicialmente que todo lo que están diciendo son barbaridades y voy a demostrar la verdad”, ha apostillado.

García ha asegurado que no es “idiota” y que meses antes de ser detenido sabía que le estaban “haciendo un seguimiento” por sus años de “colaboración” con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. “Yo mismo puse en conocimiento de la Guardia Civil que me estaban haciendo un seguimiento. Lo único que pedí es que no hicieran lo que hicieron, entrar de esa forma en mi domicilio”, ha apuntado.

“Cometí un error de cálculo porque no pensé que iban a hacer todo ese daño a la gente de mi entorno. Yo asumiré todos mis actos, pero pensé que se iba a focalizar en mí, no en los de mi alrededor”, ha lamentado. “Se han destrozado vidas que no tienen nada que ver aquí. Nadie va a poder borrar lo que se ha dicho sobre mi persona. Me preocupa que el día de mañana no se puedan borrar todas las falsedades que se han dicho sobre mí”, ha concluido. 

“He defendido los intereses de España”

Durante el interrogatorio, el portavoz de UPN, Javier Esparza, le he reprochado que pasase “de escolta de víctimas de ETA” a “defender” los acuerdos del PSOE con EH Bildu y “con Otegi”.

“No puede poner en duda que he defendido los intereses de España, usted no se lo cree y lo sabe”, le ha respondido Koldo García, quien ha señalado que mantuvo “una conversación” con el parlamentario regionalista. “Creo que he cumplido bastante bien a todos los españoles en mi área”, ha añadido.

Instituciones Penitenciarias acepta que “hay razones médicas” para que Koldo García no acuda este miércoles al Parlamento de Navarra a declarar en la comisión de investigación y ha desaconsejado su traslado. Así, ha propuesto que su comparecencia se realice por videoconferencia, tal y como había solicitado la defensa del exasesor del ministro José Luis Ábalos. Los grupos de la comisión de investigación han aceptado la recomendación de Prisiones y García comaprecerá por medios telemáticos.

Según ha informado fuentes del Parlamento navarro, Prisiones ha realizado esta comunicación por teléfono a primera hora de la mañana, cuando los grupos de la comisión que investiga las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000 se iban a reunir para votar la petición de Koldo García de comparecer desde la prisión de Soto del Real.

Koldo García está citado por su presunta implicación en la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. Según el informe de la UCO de la Guardia Civil, ejerció de intermediario con Acciona para lograr contratos a cambio de mordidas. La semana pasada el asesor contable del bar Franky de Pamplona señalado por la UCO en su informe, confesó que emitió facturas falsas a la constructora por supuestas comidas en el establecimiento para que posteriormente Koldo García cobrase el dinero en efectivo.

El propietario y gestor del bar Franky de Pamplona que aparece señalado en el informe de la UCO de la Guardia Civil por presuntamente emitir facturas falsas a Acciona para que después Koldo García cobrase el dinero en efectivo, ha negado haber participado o tener conocimiento de la presunta trama y ha aseverado que “nunca” pagó dinero en efectivo al exasesor del Ministerio de Transportes. Javier Lorente ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Según los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe, el bar Franky servía a la trama para lavar dinero y obtener liquidez a través de facturas “ficticias” que el contable del establecimiento, Miguel Moreno Purroy, emitía a Acciona. La constructora llegó a pagar más de 2.700 euros en facturas por supuestas comidas de empleados y posteriormente el dinero acababa en los bolsillos de Koldo García.

El dueño del bar, Javier Lorente, ha reconocido que conocía a Santos Cerdán y Koldo García por ser clientes de su establecimiento, pero ha negado que les realizase pagos en efectivo. Según ha apuntado, de las facturas se encargaba su “amigo” y contable, Miguel Moreno Purroy. “No sé si hizo alguna vez alguna factura que no debía”, ha añadido.

Por el contrario, ha manifestado que no conoce a Fernando Merino, exresponsable de Acciona en Navarra, pese a que, según la investigación de la UCO de la Guardia Civil consta un intercambio de mensajes a través de Whatsapp o correos electrónicos en el que están incluidos tanto Merino como el propio Lorente. “No sé por qué me habla de Acciona todo el rato, yo no he hecho ninguna factura a nombre de Acciona. Yo no he hablado con Acciona en la vida”, ha asegurado Lorente.

Lorente ha asegurado que “no le consta” que Acciona emitiera esas facturas y que no recurda si empleados de Acciona comían en su bar. “Venía mucha gente a comer, sobre todo personal de los juzgados (situados frente al bar)”. “De las facturas se encargaba mi contable. Sinceramente, supongo que si alguien me pide una factura será porque es una comida grande o porque hay varios tiquets”, ha señalado.

El gerente de la zona norte de Acciona Costrucción, Eduardo Montes, quien era subordinado de los dos directivos de la constructora imputados por el 'caso Koldo', ha confirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que fue Acciona la que introdujo a Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, en la UTE que fue adjudicataria de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate en la comunidad foral.

Montes ha señalado que fue él quien comunicó a la tercera empresa de la UTE, Osés Construcción, la participación de un 15% de Servinabar, si bien ha negado que fuese él quien tomó la decisión. Según ha dicho, fue el directivo imputado Tomás Olarte quien le comunicó la decisión. “No digo que él lo decidiese, solo que él me lo comunicó”. También ha reconocido que Servinabar 2000 “no era imprescindible”.

La UTE a la que el Gobierno de Navarra adjudicó la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate estaba conformada por Acciona (con una participación del 55%), Osés Construcción (30%) y Servinabar 2000 (15%). Tras el estallido del 'caso Cerdán' Acciona y Osés excluyeron a Servinabar 200 de la unión temporal de empresas.

El gerente de la zona norte de Acciona Construcción ha asegurado que Servinabar 2000, además de aportar “conocimiento del medio”, realizaba trabajos en la obra que justificaban su 15% en la UTE a pesar de que únicamente contaba con dos empleados en la misma, dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales. “Las facturas respondían a trabajos realizados”, ha aseverado para explicar que una participación del 15% “no implica que tenga que aportar el 15% de los medios”.

Según ha contado, como gerente de Acciona Construcción en Navarra ya había tenido una experiencia previa con la mercantil de Antxon Alonso, al que conoció en 2019. Fue en las obras para la construcción de 42 viviendas VPO en el barrio de Erripagaña, situado en la comarca de Pamplona. Allí, según ha apuntado, la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción también hacía trabajos reales, tanto es así que ha apuntado que el director de obra era de Servinabar 2000.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha cuestionado durante su interrogatorio que Servinabar 2000 haya realizado trabajos en la obra y ha atribuido su participación en la UTE a la presencia de Santos Cerdán en el accionariado de la mercantil para conseguir la adjudicación. “No es razonable que por dos trabajadores se tenga una participación del 15%”, ha reprochado.

La mayoría de la comisión del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' ha rechazado la petición de UPN para que comparezcan todos los empleados que tuvo Servinabar 2000, la empresa propiedad e Antxon Alonso y Santos Cerdán y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El partido regionalista había solicitado también que acudiesen al Parlamento de Navarra “todos los socios de Servinabar 2000” para citar a quien según la UCO es el tercer accionista de la mercantil, el periodista navarro Joseba Santamaría, así como todas las personas y empresas que hayan facturado de Servinabar 2000. Únicamente ha sido aceptada la comparecencia del exdirigente de UPN y socio de Cerdán Óscar Arizcuren, que será citado en próximas fechas.

Óscar Arizcuren, amigo personal del ex secretario de Organización del PSOE, fue secretario general de UPN y alcalde de Noáin, y entre los años 2022 y 2024 facturó 69.000 euros a Servinabar 2000 a través de OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. Cuando en verano un informe de la Hacienda Foral de Navarra destapó los pagos de Servinabar 2000 a la consultora de Arizcuren, este aseguró no pertenecer “a ninguna trama de nada” en unas declaraciones a 'Diario de Navarra'.

UPN ha defendido la “necesidad” de citar a todas aquellas personas o empresas que hayan tenido relación con una mercantil “que según un juez se ha creado exclusivamente para cobrar mordidas”, destacó su portavoz, Javier Esparza.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' ha enviado a la Fiscalía la negativa a comparecer del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. Todos los grupos, salvo Vox, coinciden en que Entrecanales ha podido incurrir en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal por haber dado plantón hasta en dos ocasiones a la comisión. Ahora será la Fiscalía la que deberá analizar si considera que el presidente de la multinacional ha cometido ese delito.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumenta que Entrecanales no ha sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos.

Los servicios jurídicos de la Cámara Foral defienden que la citación es personal y está dirigida al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por lo que Acciona no puede designar a otro representante para acudir a declarar al Parlamento Navarro.

Desde Acciona insisten en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en un escrito enviado al Parlamento que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.

Los grupos de la comisión navarra que investiga la derivada foral del 'caso Koldo' estudian denunciar al presidente de Acciona José Manuel Entrecanales por negarse a comparecer. Entrecanales ha dado plantón por segunda vez este lunes a la comisión del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también Santos Cerdán.

UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PP y Contigo/Zurekin ya han mostrado su voluntad de dar traslado a la Fiscalía de la negativa del presidente de Acciona a no comparecer para que analice si ha podido incurrir en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. La decisión la tomarán el martes en la reunión interna que celebrarán los grupos de la comisión antes de la comparecencia del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Tras negarse a comparecer en enero, la comisión decidió volver a citarle este lunes 9 de febrero, pero el presidente de Acciona ha vuelto a dar plantón a la comisión de investigación.

La multinacional argumenta que Entrecanales no ha sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona, extremo que rechazaron los miembros de la comisión. “Quien tiene que comparecer es él, no puede designar un suplente cuando la citación es personal”, señaló en una entrevista con este periódico la presidenta de la comisión. Este lunes también ha acudido en lugar de Entrecanales Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de la compañía, y de nuevo se ha rechazado su declaración.

Desde Acciona insisten en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en un escrito enviado al Parlamento que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.

El director general de Obras Públicas que fue destituido por la presidenta de Navarra, María Chivite, en diciembre de 2025 en plena crisis con sus socios por el 'caso Cerdán', ha asegurado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral que nadie le dio “muchas explicaciones” y que no tiene “muy claro” cuáles fueron los motivos de su adiós.

Según ha explicado fue el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite -familiar de la presidenta-, quien le comunicó su destitución, algo que asumió con “naturalidad”.

Pedro López Vera firmó la adjudicación de la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate por 62,8 millones de euros más IVA a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, esta última la empresa propiedad de Antxon Alonso y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública al encontrar en el domicilio del empresario vasco un documento por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán le compró el 45% de las participaciones de la mercantil.

López Vera ha afirmado estar “seguro” y “convencido” de que no hubo corrupción entre los miembros de su equipo en la adjudicación de la obra de Belate. La adjudicación de la obra estuvo envuelta en polémica desde el principio porque tres de los ocho miembros de la mesa de adjudicación, los tres letrados, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. En sus escritos justificaron sus reticencias alegando indicios de “arbitrariedad”. Además, destacaron que el presidente de la mesa, Jesús Polo, conocía las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas antes de emitir su propia valoración, que fue determinante para que la UTE adjudicataria fuera la de Acciona, Servinabar 2000 y Osés.

Pese a las discrepancias entre los miembros de la mesa para adjudicar la obra, Pedro López Vera ha señalado que firmó la adjudicación porque le pareció que era “perfectamente normal” y ha recordado que cuando lo hizo no se conocía el informe de la Guardia Civil en la que se vincula a Santos Cerdán con la empresa Servinabar 2000.

En el interrogatorio del portavoz de UPN, Javier Esparza, el exdirector general de Obras Públicas, ha indicado que conoció a Antxon Alonso en la obra que realizó Servinabar 2000, en UTE con Acciona, en la reforma del edificio del antiguo Archivo General de Navarra, y que no volvió a tener contacto con él. Sí que ha reconocido haber coincidido en varias reuniones con Santos Cerdán, en concreto a las que el ex secretario de Organización del PSOE acudió como diputado por Navarra al Ministerio de Fomento. López Vera ha asegurado que en esas reuniones Cerdán intervenía “poco” y que no se habló en ningún momento de empresas.

El director general de Obras Públicas también autorizó el sobrecoste de 8,5 millones de euros que fue objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General, que consideró que no estaba del todo justificado. El reparo generó una crisis de “confianza” entre los socios del Ejecutivo de la socialista María Chivite, a quien Geroa Bai (socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) reclamaron “responsabilidades políticas”. Finalmente, la presidenta cedió y destituyó a López Vera el 2 de diciembre.

En su comparecencia en el Parlamento navarro ha afirmado estar “totalmente en contra” del reparo suspensivo. “Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo desde el día uno en tener la Intervención perfectamente informada y si Intervención hubiese tenido cualquier sospecha o nos hubiera dado cualquier indicación de que no íbamos por el camino correcto, nosotros habríamos cambiado el paso si hacía falta, o haberle dado más explicaciones, o haber hecho lo que fuese necesario”, ha añadido.

Los partidos que conforman el Gobierno de coalición en Navarra liderado por María Chivite, PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Btazarre), y EH Bildu han vetado este martes la comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre el 'caso Koldo' de la pareja del ex número dos de los socialistas navarros Ramón Alzórriz por haber trabajado entre los años 2021 y 2024 en la empresa Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

La comparecencia de la pareja de Ramón Alzórriz había sido solicitada por Vox, partido que también ha pedido que acuda a la comisión de inverstigación la mujer del vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, y que trabaja en Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda del Ejecutivo navarro, que adjudicó dos contratos para la construcción de viviendas protegidas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000. Las dos comparecencias han sido rechazadas con los votos en contra de los socios del Gobierno de Chivite. Sí que se ha aprobado la comparecencia de Eduardo Montes, responsable de la zona norte de Acciona cuando se formalizó la UTE con Servinabar 2000 y Osés para las obras de Belate.

La pareja de Alzórriz ejerció labores de prevención de riesgos laborales, pese a no tener experiencia previa, en la empresa que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Según explicó el propio Alzórriz fue él quien le pidió a Antxon Alonso un empleo para su pareja porque tenía un “empleo precario”. El exvicesecretario general del PSN le había ocultado a Chivite esta información y, cuando en junio de 2025 se conoció que Santos Cerdán era propietario del 45% de las participaciones de Servinabar, la secretaria general de los socialistas navarros y presidenta del Gobierno foral le despojó de todos sus cargos en el partido, si bien continúa siendo parlamentario del grupo socialista.

La empresa pública Nasuvinsa, dependiente del Departamento de Vivienda adjudicó dos contratos a Acciona y Servinabar 2000 para la construcción de viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña, situado en la comarca de Pamplona. Son del año 2018 y del 2023, años en los que al frente de la consejería estaba Geroa Bai y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra detectó “irregularidades” al apreciar “acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y palmarios”.

A finales de junio de 2025, pocos días después de que se conociera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que situaba al ex secretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán, al frente de una presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública, el Parlamento de Navarra aprobó la creación de una comisión de investigación para analizar las obras que el Gobierno de Navarra adjudicó a las empresas señaladas en dicho informe, Acciona y Servinabar 2000. Esta última, la mercantil propiedad de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

La presidencia de esa comisión recayó en EH Bildu, que sitúo al frente, con el apoyo del PSN, a la parlamentaria Irati Jiménez (Atarrabia, 1992). Recibe a elDiario.es en el Parlamento navarro donde, unos minutos antes, ha comparecido Antxon Alonso, que una vez más se ha negado a dar explicaciones y apenas ha respondido a tres de toda una batería de preguntas que le han formulado los miembros de la comisión.

Abogada de profesión, Jiménez comparece en la entrevista con una carpeta con apuntes y documentos de la comisión, así como con un ejemplar del Reglamento de la Cámara y de la LORAFNA, el equivalente en Navarra al Estatuto del resto de comunidades autónomas, del que de entre sus páginas sobresalen unos cuantos pósits. Lamenta que haya personas y organismos que estén poniendo “trabas” y que no se tomen “en serio” a la comisión navarra. Asegura que este foro tiene “una seriedad” que no ha visto en la comisión que se celebra en el Senado, que la enmarca en una “estrategia” del PP para recuperar el Gobierno. Sobre EH Bildu, afirma que está siendo igual de exigente con este caso como lo ha sido con otros en Euskadi y que presidir la comisión responde a sus “principios contra la corrupción”.

Las personas citadas por la comisión de investigación tienen la obligación de comparecer. ¿No respondiendo a las preguntas cumplen con esa obligación?

Obviamente desde el punto de vista jurídico no es lo mismo comparecer y responder, por supuesto. Pero teniendo en cuenta que la labor del Parlamento es recoger y dar voz a la ciudadanía, es una pena que no se estén dando respuestas en esa obligación de comparecer que tienen las personas citadas. No olvidemos que esto es una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas, no jurídicas. Cuando no responden, no es que no nos estén dando respuesta a los y las parlamentarias, sino que no están dando respuesta a las dudas y preocupaciones que tiene la sociedad navarra.

En este sentido, ¿cree que la comisión de investigación está indefensa?

No es que esté indefensa, la comisión tiene sus herramientas. La cuestión es si los diferentes organismos a los que nos hemos dirigido se toman en serio esta comisión. Me refiero a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo y a otros organismos. Si de verdad le otorgan el valor a la comisión de investigación que la propia ciudadanía y reglamento le otorga.

¿Y se la han tomado en serio?

La respuesta creo que se ve en su manera de actuar o de facilitar la información que les hemos solicitado. También es cierto que ha habido otras instituciones que sí que han colaborado y es de agradecer.

¿Por qué la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo no enviaron la documentación que se les requirió?

Argumentaron que la causa estaba siendo objeto de investigación. Pero volvemos a traer esto que está pasando en el Estado a Nafarroa y a la realidad nuestra de Nafarroa y, a través de ahí, sí que podían haber facilitado información.

¿Dan por perdida esa documentación?

Sí, somos conscientes de que no la vamos a tener. Y esto es, cuanto menos, paradójico, porque se filtra un informe de la UCO que ha llegado a multitud de grupos de WhatsApp, pero no se transmite de una manera oficial, que es como se deberían de hacer las cosas. Es más, es que ni siquiera sabemos si ese es el informe verdadero, o si está completo, o si faltan cosas. No lo sabemos. Aquí también es importante recordar que hay grupos en la comisión de investigación que sí que tienen acceso a esa documentación. Entonces, se produce en esta comisión de investigación una situación de que no todos los grupos parten de la misma información.

Entiendo que lo dice por el PP, que está personado en la causa. ¿Cree que no juegan con las mismas reglas?

Cada grupo político tendrá su valoración, yo describo que hay grupos que tienen más información que otros.

Han pedido al juez del Tribunal Supremo permiso para la comparecencia de Koldo García. Hace unas semanas el mismo juez rechazó la citación de José Luis Ábalos en la comisión del Senado. ¿Confía que esta vez otorgue el permiso?

Sí, porque lo justificaba por tema de plazos y aquí nosotras no tenemos los plazos tan cortos como se tenían en esa comisión.

Hace dos semanas tenían que haber comparecido los técnicos de las conferencias hidrográficas del Ebro y del Cantábrico. No lo hicieron argumentando que como funcionarios del Estado no tenían el deber de acudir a una comisión de un Parlamento autonómico. ¿Se les va a volver a citar?

Estamos a la espera de un informe de los servicios jurídicos de la Cámara para saber si podremos volverles a citar. Yo comparto la opinión de los servicios jurídicos de esta Cámara, consideramos que estos funcionarios parten de una interpretación errónea de unos informes del Consejo de Estado que no tienen en consideración que aquí tenemos un artículo propio que sí les obliga a venir.

¿Teme que ese mismo argumento pueda ser utilizado por otros funcionarios a los que se va a citar como los guardias civiles que realizaron los informes, por ejemplo?

No, porque ya han venido a comparecer a esta comisión otros funcionarios del Estado.

La semana pasada tampoco vino el presidente de Acciona. ¿Confía en que acuda el 9 de febrero?

Sí. Esa es su obligación.

¿Y qué pasa si no lo hace?

Los grupos políticos, una vez más, tendrán que decidir cómo actuar. Habría que volver a requerirle o enviarlo a la Fiscalía, tendrán que decidirlo los grupos.

Existen precedentes de personas que se han negado a comparecer y finalmente sus casos han sido archivados por la Fiscalía.

Sucedió en la anterior comisión de investigación [sobre las actuaciones desarrolladas por la empresa pública Sodena]. Habría que analizar el supuesto concreto, si los hechos han sido de la misma manera o si ha variado algo para que la Fiscalía pueda entrar si así lo considera.

Es paradójico que un informe que ha llegado a multitud de grupos de WhatsApp no se nos quiera transmitir de manera oficial

Acciona dice que se ha desatendido su derecho a designar su representante.

Lo que sucede es que no sé si se ha leído bien la citación, porque la citación es personal, es decir, se le ha citado a él. Quien tiene que comparecer es él, no puede designar un suplente cuando la citación es personal.

¿Considera que hay quien quiere poner trabas a esta comisión?

Sí. Estamos teniendo trabas, por lo menos por parte de estas empresas. Y a mí lo que me preocupa es que las trabas las ponen a esta comisión, pero es que la comisión no es más que una herramienta para que la ciudadanía pueda obtener información y saber qué es lo que ha pasado, para que podamos establecer mecanismos de mejora y depurar responsabilidades políticas, si así procede, para tener una contratación pública transparente, garante y cumpliendo con todos los principios que son necesarios. Porque luego hablamos de desafección política, pero es que, en este caso, quienes están colaborando en esta desafección política son estas empresas que hacen lo imposible para que la información no llegue a la ciudadanía.

¿La Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo también han puesto trabas?

Se podría decir que no nos han facilitado el acceso a la información.

Usted preside está comisión a propuesta de su grupo, EH Bildu, y con el apoyo del PSN. ¿Por qué EH Bildu tiene interés en presidir esta comisión? ¿No se fiaban de los socios del Gobierno?

Euskal Herria Bildu tiene muy claro cuáles son sus principios ante la corrupción y cuál es su hacer, y creo que lo ha demostrado durante toda su historia política en los diferentes ayuntamientos e instituciones que ha gobernado. Y desde esa manera de hacer política que tenemos, es desde donde se propuso esto.

¿EH Bildu es igual de exigente con este caso como lo ha sido con otros casos vascos como Alonsotegi o Getxo, por ejemplo?

Sí, totalmente.

¿A la hora de elegir a quién citar a esta comisión ha primado el interés por conocer la verdad o se han impuesto los intereses partidistas?

Diría que ha primado el interés por conocer la verdad. Las solicitudes de comparecencias que presentó cada grupo eran bastante dispares y se decidieron por mayorías [se votó de forma individual cada una de las solicitudes de comparecencia]. Esas mayorías fueron diferentes en muchos casos, no se repitieron constantemente.

UPN denuncia que no se ha querido citar a personas, por ejemplo a cargos del Gobierno de Navarra actuales y de la pasada legislatura, cuyo testimonio podría aportar información a la causa que se investiga.

Eso fue decisión de los grupos y de la mayoría de la comisión.

En paralelo a esta comisión se está celebrando otra en el Senado. ¿Qué diferencias encuentra entre una y otra?

La verdad es que no he seguido del todo la comisión del Senado, pero diría que la del Senado responde a una estrategia del Partido Popular por volver a tener el Gobierno y no entender la pluralidad que existe en el Estado. Y considero que en Navarra estamos actuando con la debida diligencia, con responsabilidad y, a pesar de que sí que hay algunos grupos que están fomentando esa imagen que se está viendo en Madrid, creo que la seriedad y el trabajo sí que son diferentes.

El presidente Pedro Sánchez calificó la comisión del Senado como un circo. ¿Ve ese ambiente en la de Navarra?

No diría que esta esté siendo un circo para nada. Creo que las intervenciones están siendo conforme a los intereses de cada portavoz, sin faltas de respeto y se están ateniendo al objeto de la comisión.

El origen de esta comisión está en ese informe de la UCO del mes de junio. En él se sitúa a Navarra como el origen de la presunta trama de corrupción. ¿Cómo lo ve?

El informe que se ha filtrado de la UCO sí que coloca a Navarra en esa situación, pero bueno, Antxon Alonso ha respondido que no le consta que exista. En parte, por todo eso se constituyó esta comisión de investigación y estamos investigando qué es lo que sucedió en Navarra. Y creo que lo estamos haciendo de una manera correcta. Se empezó escuchando a los miembros de la mesa de contratación de la obra de Belate para ver qué es lo que pasó y cómo se llevó a cabo esa mesa. Y es más, de un informe de la UCO nunca vamos a sacar cómo fue la mesa de contratación y, sin embargo, aquí sí que hemos visto cómo fue esa de mesa de contratación y de ahí también la información que se ha podido obtener de esa mesa.

¿Entiendo entonces que sí se le da veracidad a lo que recoge el informe de la UCO?

Yo vengo del mundo del Derecho y creo que es importante sacar conclusiones una vez finalizado el proceso, y no olvidemos que aquí estamos en el inicio de un proceso. No se puede juzgar algo sin todas las garantías procesales y penales que el ordenamiento jurídico otorga a los procedimientos penales. Sí que considero importante la labor de esta comisión de investigación desde el momento en el que se conocieron los hechos, pero lo desvinculo de lo que está sucediendo en Madrid. 

Se habla de desafección política y en este caso son las empresas que hacen lo imposible para que la información no llegue a la ciudadanía las que la generan

La primera adjudicación conocida a la empresa que la UCO sitúa en el centro de la trama, Servinabar 2000, es la de la reforma del Navarra Arena en la legislatura en la que Uxue Barkos era presidenta. Sin embargo, se decidió añadir también a la investigación la presidencia de Yolanda Barcina (UPN). ¿Por qué?

Esto lo responderán mejor los grupos, que son quienes tienen que explicarlo, pero se entendió así porque se quiere analizar las obras que han hecho las empresas que aparece en el informe de la UCO y con eso se iba cuatro legislaturas atrás.

Se decidió que la comisión empezase por las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate. ¿Es donde más indicios existen de que pudo haber corrupción?

Eso se decidió por la mayoría de los grupos. Había grupos que preferían no hacer un orden cronológico y otros que abogaban por empezar por Belate. Fue una cuestión de mayorías.

En las sesiones en las que comparecieron los miembros de la mesa de contratación se vieron discrepancias importantes entre ellos en aspectos tan determinantes como el orden de las votaciones o si hubo o no presiones por parte del presidente a otros miembros. ¿A quién va a creer la comisión?

Eso habrá que verlo en las conclusiones que se realicen en su momento. Pero me parece importante destacar esto, porque no fue hasta que escuchamos a los miembros de la mesa de contratación cuando se dio a conocer cómo estaba funcionando. En cuestiones como estas es donde se ve que esta comisión sirve. Tenemos una serie de informaciones que nos vienen a través de los medios de comunicación que atienden a cuestiones que son importantes, pero también es importante saber qué pasó en la mesa de contratación. Y esa información la hemos obtenido escuchando a las personas que formaron parte de ella. De ahí destaco la importancia de esta comisión, del poder dar y ofrecer a la ciudadanía de Nafarroa esta comisión de investigación como una herramienta de escuchar y de conocer qué es lo que pasó en el caso de las obras de Belate.

¿Pero la comisión podrá llegar a saber el orden de las votaciones o si hubo presiones a la hora de puntuar?

Podrá establecer mecanismos para que en el futuro no existan esas dudas, ir hacia atrás ya no podemos.

¿Cree que esta comisión podrá determinar si hubo corrupción política en la adjudicación de obras públicas en Navarra?

El objeto de esta comisión es, en todo caso, depurar responsabilidades políticas. Hay otras cuestiones que corresponden a los órganos judiciales, en este caso al ámbito penal, con las garantías que correspondan en ese proceso.

¿Adónde podrá llegar esta comisión que no lo haga la justicia?

Es que son caminos distintos. La justicia penal depurará responsabilidades penales, si es que así las hay. Esta comisión tiene que depurar otras responsabilidades políticas. Son caminos distintos porque las funciones son distintas. Una y otra se pueden acompañar y pueden servirse la una a la otra, pero los caminos son distintos. Pueden existir puentes entre ellas, pero los caminos son distintos.

EH Bildu tiene muy claro cuáles son sus principios ante la corrupción y lo ha demostrado durante toda su historia política

Además de Belate también se van a investigar el resto de contratos adjudicados a la UTE de Acciona con Osés y Servinabar 2000. Ahora un juzgado navarro va a investigar otras obras adjudicadas por una empresa de la que el Gobierno de Navarra es accionista, las obras para la reconstrucción de Sendaviva. ¿Se podrían añadir a esta comisión?

Si los grupos así lo consideran y así lo votan por mayoría, sí.

¿Las conclusiones de la comisión podrían quedar cojas si no se hace?

Hablar ahora que todavía nos quedan muchísimas comparecencias sobre las conclusiones me parece que es algo precipitado. Una vez lleguemos a las conclusiones podremos saber si hemos abordado lo que se corresponde o no.

¿Los partidos tienen las conclusiones escritas desde antes de que empezase la comisión, como en alguna sesión se ha dicho?

Eso tienen que responder los grupos parlamentarios, pero vuelvo a insistir que una comisión de investigación también es una herramienta de escucha para conocer lo que ha pasado. Y para saber lo que ha pasado necesitamos que nos lo cuenten, para así redactar unas conclusiones.

¿Todas las trabas que ha habido a la hora de recibir documentación o de citar a algunas personas condicionarán las conclusiones?

Confío en que con las personas que faltan por comparecer obtengamos una base sólida para obtener unas conclusiones sólidas.

¿Qué plazos manejan para la finalización de la comisión?

Con las personas que están llamadas a día de hoy, las comparecencias finalizarán sobre el mes de mayo, posteriormente se redactarán las conclusiones.

La directora general de Osés Construcción, Noemí Osés, ha asegurado que fue Acciona quien introdujo a Servinabar 2000 en la UTE que fue adjudicataria de las obras para el desdoblamiento para el túnel de Belate por 62,8 millones de euros más IVA. La constructora navarra se desvincula así de la participación de un 15% en la UTE de la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán y que la UCO sitúa en el centro de la trama por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública.

La UTE a la que el Gobierno de Navarra adjudicó la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate estaba conformada por Acciona (con una participación del 55%), Osés Construcción (30%) y Servinabar 2000 (15%). Tras el estallido del 'caso Cerdán', Acciona y Osés han excluido a Servinabar 2000 y se han quedado con su participación a cambio de 900 euros de indemnización, ha precisado la directora general de la constructora. “No puso el aval, incumplió el código ético y no aportó los fondos que se le reiteraron en varias ocasiones”, ha añadido para justificar la exclusión de Servinabar 2000 de la UTE.

La responsable de Osés ha señalado que la presencia de la mercantil de Alonso y Cerdán no era “imprescindible” y que no cuestionaron su presencia en la UTE porque fue Acciona quien la propuso. “¿Qué remedio nos quedaba? Acciona es un socio con el que llevamos años trabajando y es quién tiene la clasificación y la mayoría”, ha apuntado Noemí Osés.

La directora general de la constructora navarra ha explicado que Acciona les comunicó que Servinabar 2000 se encargaría de los controles de calidad, seguridad y medio ambiente. Labores, que ha asegurado podían realizar ellos o Acciona. “Ahora lo hacemos nosotros”, ha apostillado. Preguntada por qué entonces se le dio a Servinabar 2000 un peso del 15% en la UTE ha dicho que “eso se lo deberán de preguntar a Acciona”. “Queda claro que ha sido un regalo de Acciona”, ha solemnizado el portavoz de UPN, Javier Esparza.

Noemí Osés ha asegurado que no conoció a Antxon Alonso hasta que se adjudicó la obra y que no conocía que, tal y como sostiene la UCO de la Guardia Civil, Acciona y Servinabar 2000 tenían un acuerdo firmado por el que la mercantil de Alonso y Cerdán se llevaba un 2% de todas las obras que realizaba el gigante de la construcción. “Radicalmente no”, ha subrayado.

También se ha desvinculado del modificado del proyecto que supuso un sobrecoste a la obra de 8,5 millones de euros que a la postre fue objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General del Gobierno de Navarra. Ese reparo le costó el cargo al director general de Obras Públicas del Ejecutivo foral. “Desde la UTE no se ha planteado nunca un modificado, fue la dirección de obra. La UTE encargó un estudio preliminar del proyecto para garantizar la seguridad de la obra”, ha defendido.

El exdirectivo de Acciona imputado por el 'caso Cerdán' Justo Vicente Pelegrini, quien según la UCO de la Guardia Civil ejercía de enlace entre Santos Cerdán y la multinacional para el cobro de comisiones, se ha negado este miércoles a responder a las preguntas de los miembros de la comisión del Parlamento de Navarra que investiga las adjudicaciones del Ejecutivo foral a las empresas Acciona, Osés y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y Cerdán.

Justo Vicente Pelegrini ha pedido un turno inicial de palabra a la presidenta de la comisión, la parlamentaria de EH Bildu Irati Jiménez, para explicar que por “estar investigado” en la causa abierta en el Tribunal Supremo se iba a acoger a su derecho a no declarar. Las personas citadas por la comisión de investigación tienen la obligación de comparecer, pero no de dar explicaciones, y a eso se ha acogido el que fuera director de Construcción para España de Acciona.

El exdirectivo de Acciona está imputado en la causa por corrupción abierta en el Tribunal Supremo. El juez Leopoldo Puente sitúa al exdirectivo de Acciona en varias reuniones con el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán y con el empresario vasco Antxon Alonso que permitieron que la multinacional accediera a “un significativo número de obra pública”, algunas de ellas en Navarra.

Acciona actuaba en UTE con terceras empresas en las que “no se integraba directamente Servinabar”. Esa compañía era después subcontratada por Acciona, que le abonaba “un beneficio calculado del 2% con respecto al importe total de la adjudicación”.

El interrogatorio lo ha comenzado el portavoz de UPN Javier Esparza, que ha recordado el papel de Pelegrini en las relaciones con Santos Cerdán y Antxon Alonso para el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obra pública, según se desprende del informe de la UCO de la Guardia Civil. Esparza ha lanzado una batería larguísima de preguntas durante casi 40 minutos que no han obtenido respuesta.

El PSN ha utilizado su turno para criticar el “monólogo” del portavoz de UPN Javier Esparza “lleno de acusaciones y especulaciones” y le ha realizado algunas preguntas que tampoco han sido respondidas por el exdirectivo de la multinacional. EH Bildu, Geroa Bai, PP, Contigo/Zurekin y Vox también han hecho uso de su turno de preguntas para interrogar al exdirectivo de Acciona, que en ningún caso ha respondido.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ampliado en las últimas horas su investigación en Navarra a la empresa especializada en demoliciones Erri Berri, cuya sede se encuentra en Olite. Los agentes registraron este jueves sus instalaciones en el marco de la causa secreta que investiga la Audiencia Nacional y que afecta a Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario vasco vinculado a Santos Cerdán Antxon Alonso.

Según la documentación que la Hacienda Foral de Navarra envió al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre la contabilidad de Servinabar 2000, la mercantil que los agentes de la Guardia Civil consideran el vehículo para el cobro de comisiones ilegales de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo, esta empresa recibió dos pagos de Erri Berri de 50.215 y 49.277 euros en los años 2023 y 2024. La empresa navarra de demoliciones explicó en un comunicado que los casi 100.000 euros abonados a Servinabar 2000, la mercantil de la que Cerdán posee un 45% de las participaciones, responden a unos trabajos de “servicios y gestiones” por parte de esa entidad enmarcados en el proyecto de demolición de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, obras en las que Erri Berri fue subcontratada por Acciona para esas labores.

La Guardia Civil encontró un documento fechado en el año 2015 por el que Antxon Alonso y Acciona se comprometían a que Servinabar 2000 recibiría el 2% neto de las adjudicaciones conseguidas por Acciona. Según los agentes más del 75% de los ingresos de Servinabar procedían de Acciona, unos 6,7 millones de euros. El otro 25% provenía de otras empresas de diferentes sectores, entre ellas Erri Berri. Además, Acciona y Servinabar accedieron en UTE a siete contratos adjudicados por el Gobierno de Navarra, entre ellos el más costoso era el de las obras para la duplicación del túnel de Belate. Al estar todavía bajo secreto la investigación se desconoce qué ha motivado el registro de la Guardia Civil a las instalaciones de la empresa de demoliciones.

Los trabajos realizados por Erri Berri en Zaragoza se remontan al 2023. En marzo de ese año la promotora aragonesa Montepino ganó la subasta convocada por el Gobierno de Aragón, entonces en manos del socialista Javier Lambán, para hacerse con las 38 hectáreas de terreno donde se encontraba la antigua Universidad Laboral de Zaragoza y construir un complejo logístico. Montepino encargó a Acciona el trabajo para el derribo de los edificios de la antigua Universidad y Acciona subcontrató a su vez esas labores a Erri Berri. En medio estaría Servinabar 2000, que por las gestiones para la subcontrata cobró los cerca de 100.000 euros. Según las cuentas de Servinabar 2000 aportadas por la Hacienda Foral al Tribunal Supremo el código de los dos pagos de Erri Berri fue “entrega de bienes”.

La empresa de demoliciones de Olite enmarca estos trabajos en una “relación privada entre empresas” que se realizó “con total transparencia y en estricta conformidad con la legalidad aplicable” y asegura que “ningún directivo” de la compañía ha tenido relación personal con Cerdán. En su página web, Erri Berri se presenta como una empresa “líder” en el sector de la demolición con más de 35 años de experiencia y destaca haber realizado trabajos como el de la demolición del estadio Vicente Calderón o el de la planta de Sidergás en Avilés. También ha sido adjudicataria de contratos públicos en Navarra licitados por el Gobierno foral o el Ayuntamiento de Pamplona, entre otros, así como en otras partes del país. Destacan varios contratos por valor superior a los tres millones de euros adjudicados por Navantia, empresa propiedad de la SEPI.

Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, ha abandonado este miércoles pasadas las 19.15 la cárcel madrileña de Soto del Real después de casi cinco meses en prisión provisional. El exdiputado ha asegurado a su salida, acompañado de su abogado, que se están diciendo “muchas mentiras y manipulaciones” en la interpretación de los informes de la Guardia Civil que apuntalan su papel en el presunto amaño de adjudicación de obras. “Yo confío en que la verdad se imponga y en base a esa verdad se haga justicia”, ha insistido.

El ex número tres del PSOE ha salido del penal horas después de que el juez del Tribunal Supremo haya entendido que ya no hay riesgo de que pueda destruir pruebas en la investigación que gira en torno al supuesto amaño de obras públicas que dependían del Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos y por las que él, presuntamente, cobraba comisiones.

Los últimos informes y registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han sido clave tanto para apuntalar su imputación como para propiciar su puesta en libertad al entender el magistrado que ya no existe un peligro real de que pueda destruir pruebas, la razón por la que le envió a prisión provisional a finales del pasado mes de junio.

La unidad de élite entregó, por un lado, un informe que después de meses de incertidumbre relataba la existencia de pagos y dádivas a Cerdán y su entorno: Servinabar, la pequeña empresa navarra que consiguió grandes contratos de obra pública en UTE con Acciona, abonó más de 90.000 euros a Cerdán por alquileres, viajes y comidas y, además, dio empleo a familiares del político. Documentos del caso apuntan a que Cerdán tendría el 45% de las acciones de la compañía y, además, los agentes sostienen que la contratación de su entorno es otro indicio de su “efectiva capacidad de control” sobre esta empresa.

También han sido relevantes los últimos registros efectuados por la Unidad Central Operativa en distintas sedes de la empresa Acciona, lo que ha motivado nuevas imputaciones de personas ligadas a la contrata. Se trata de Justo Pelegrini, que era director de Construcción para España hasta el pasado junio; y los directores de la Zona norte y sur de la empresa, Manuel José García Alconchel y Tomás Olarte Sanz, ambos apartados de sus funciones desde este miércoles. El juez les tomará declaración el próximo 3 de diciembre. 

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes en las sedes de la empresa Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla con un requerimiento judicial dictado en el marco del caso Ábalos, han informado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. La orden judicial se ha dictado bajo el secreto de las actuaciones, en el marco de una pieza separada, e incluye la autorización de registrar las sedes. Los registros de este viernes están precedidos de la presentación de un nuevo informe al juez por parte de la UCO dentro de la investigación de irregularidades en la adjudciación de obra pública.

El nombre de la constructora aparece mencionado en seis ocasiones en el auto del juez Leopoldo Puente que envió a la cárcel a Santos Cerdán el pasado julio. El magistrado decía que la obtención de contratos por la constructora de la familia Entrecanales, “actuando en UTE con otras de menor envergadura”, representa el “elocuente denominador común” de la trama.

El hilo conductor del magistrado se completaba en el hecho de que en los casos bajo investigación, Acciona y la otras empresas con las que concurrió formando una UTE nunca presentaron “la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva”, escribió el juez del Tribunal Supremo.

El registro de la compañía en Madrid incluye la búsqueda de información relacionada con Justo Vicente Pelegrini, el responsable de Construcción en España que fue despedido tras aparecer su nombre en la causa judicial. La compañía informó el pasado 16 de junio que despedía a Pelegrini ante “una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección”. Se trataba del directivo del que dependía Fernando Merino, antiguo responsable de la compañía para proyectos en Navarra y La Rioja y que fue despedido en 2021.

A diferencia de Pellegrini, Fernando Merino está imputado en el Tribunal Supremo por canalizar presuntamente mordidas para la trama por varlor de 620.000 euros. Un audio grabado por Koldo García en noviembre de 2023 recoge, según la UCO, una “posible referencia” a Pelegrini cuando el actual ministro de Transportes estaba conformando su equipo: “Santos [Cerdán] ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo” (...), “en posible referencia a Justo Vicente Pelegrini, CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África”.

En Sevilla, la personación en Acciona de la UCO está relacionada con la adjudicación de las obras en el Puente del Centenario. El 17 de mayo de 2021, una UTE formada por Acciona, Tecade y Freissynet se hizo con la adjuciación por un importe superior a 86 millones de euros. La UCO ya mencionaba esta adjudicación al intepretar las conversaciones incautadas a Koldo García. En el informe de la Guardia Civil se recogía cómo Santos Cerdán habría intervenido en la adjudicación instando a Koldo García a “cerrar” el asunto de la renovación del puente. Luego, García le diría a Ábalos en otra conversación que Cerdán estaba “obsesionado” con resolver la adjudicación.

El requerimiento de junio

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga esta ramificación del caso Koldo –ya ha enviado al exministro Ábalos al banquillo por supuestos amaños en la compraventa de mascarillas a cambio de beneficios personales– considera que Acciona está en el centro de la trama y ha llegado a interrogar a un exdirectivo. El pasado mes de junio emitió un requerimiento de información a la compañía de la familia Entrecanales para solicitar información.

Ese auto del juez ya apuntaba a varias obras en Logroño, Sevilla, Sant Feliu de Llobregat y Murcia y cómo su supuesta “adjudicación indebida” pudo desembocar en “premios y comisiones” para Koldo García y José Luis Ábalos, aunque algunas de ellas estarían “pendientes de cobro”. Ya en ese momento el magistrado del Supremo optó por requerir la información y no enviar a la UCO a registrar Acciona porque podría ser una medida “invasiva” ya que el exdirectivo bajo sospecha ya no trabaja allí.

El instructor del caso Koldo pidió entonces a Acciona toda la documentación relacionada con ese exdirectivo y su correo corporativo, así como “toda la documentación tanto en formato físico como digital” de cinco obras públicas adjudicadas a Acciona en UTE con otras empresas: dos adjudicadas por la Dirección General de Carreteras y otras tres de ADIF, el gestor público ferroviario.

Registros en Donosti

Los agentes de la UCO también registran dos cooperativas que comparten sede en Donosti. Se trata de Noran y Erkolan. Esta última facturó a Servinabar –la empresa del empresario imputado Antxon Alonso– unos 258.000 euros, según consta en los informes de la Hacienda foral incorporados al sumario del Tribunal Supremo. Noran, la otra cooperativa que compartían Antxon Alonso y Koldo García facturó a Servinabar 2000 más de 700.000 euros. Servinabar conecta estos últimos registros con el de Acciona ya que la pequeña compañía de Antxon Alonso acudía a los concursos en UTE con Acciona. Los investigadores sospechan que la gran constructora habría utilizado a Alonso para ganarse el favor de Cerdán y que este influyera en las adjudicaciones.

En el registor de Servinabar de junio apareció un documento interno que apuntaba a que Cerdán controlaba el 45% de la empresa constructora Servinabar 2000. El ex secretario de Organización del PSOE siempre ha negado que tuviera validez y alegó en sede judicial que fue un proyecto para retirarse de la política en 2015 que nunca se puso en marcha. Servinabar 2000 ha recibido (al menos) siete adjudicaciones del Gobierno de Navarra y de áreas controladas por tres partidos diferentes, PSN, Geroa Bai (PNV y Socialverdes) y Contigo/Zurekin (Podemos, Batzarre, IU y otros). En total, según las estimaciones de este periódico, ha participado en adjudicaciones que suman 86 millones de euros (con IVA 104 millones) principalmente en UTE con Acciona, de los que un 10% corresponden a la compañía navarra, 8,6 millones.

Por otra parte, Servinabar tuvo contratada a la hermana de Cerdán y le pagó unos 22.000 euros. Belén Cerdán trabajó después para la cooperativa Erkolan, una de las dos registradas este viernes en la capital guipuzcoana.

El juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Ábalos ha rechazado una nueva petición de libertad de Santos Cerdán. El magistrado Leopoldo Puente desestima las alegaciones del ex secretario de organización del PSOE, que lleva en prisión provisional desde finales de junio, y explica que sigue vivo el riesgo de que “pudiera alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento”. Cerdán, añade el juez, era supuestamente quien “negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego entre sus colaboradores”. El auto no refleja que el magistrado haya pedido su opinión a la Fiscalía como es habitual.

El magistrado encarceló preventivamente a Cerdán a finales del pasado mes de junio. Alegó entonces el juez Puente que los audios incautados a Koldo García permitían deducir que Cerdán había sido el nexo entre José Luis Ábalos y su asesor Koldo García con las empresas que, supuestamente, se habían accedido a adjudicaciones públicas a cambio de pagar comisiones. La defensa del ex secretario de organización del PSOE y exdiputado, el puesto de máxima confianza por debajo del secretario general, sigue desde entonces denunciando que el dinero de las supuestas comisiones no ha aparecido.

El juez y la Sala de lo Penal ya han rechazado varias peticiones de libertad de Cerdán. Han alegado su supuesta capacidad para destruir pruebas o influir en testigos clave si sale de la cárcel de Soto del Real. En este nuevo auto, el magistrado Puente rechaza que exista un “agravio comparativo” entre él y los imputados que siguen en libertad —Ábalos y su exasesor—, que fue uno de los motivos esgrimidos por su defensa. “Las medidas adoptadas son, evidentemente, distintas; pero también lo son las situaciones de unos y otro”, señala. Cerdán, según el juez, tenía otra “posición funcional” en el supuesto entramado de comisiones y eso permite que pueda “alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento”.

Puente añade que no tiene intención de liberar a Cerdán hasta que no “desaparezcan las razones” que le llevaron a su encarcelación en Soto del Real. “Esa modificación sustancial de las circunstancias todavía no se ha producido”, dice antes de avanzar que el informe policial sobre su situación patrimonial es “ya próximo”.

Rechaza la nulidad de la causa

En otro auto, el juez Puente también rechaza la nulidad de la causa que había solicitado Koldo García. La defensa del exasesor alegó que el Supremo estaba investigando “hechos distintos a los autorizados” en el suplicatorio concedido por el pleno del Congreso al exministro Ábalos y reclamó el archivo de la causa.

El magistrado alega, sin embargo, que el auto que sirvió de base para pedir que se levantara su inmunidad aludía a “la totalidad de las conductas” que se investigan ya que, además de los contratos de mascarillas, citaba “otros contratos de empresas y particulares con la Administración pública y/o institucional”.

Asimismo, el juez acuerda en otra resolución no acceder a la petición de Ábalos de que se expulsara a los partidos políticos que ejercen la acusación popular en el procedimiento. El juez Puente afirma que han transcurrido ya “varios meses” desde que se abrió la investigación sin que la defensa del exministro haya opuesto objeción alguna hasta ahora.

El juez aventura que esta petición “obedece” al reciente cambio en la defensa de Ábalos y afirma que “debe comprenderse” que ello “en absoluto” permite “abrir una escotilla para la revisión de todo lo actuado hasta el momento, con independencia de que las resoluciones ya dictadas hubieran ganado firmeza”. El magistrado recuerda que en este momento la ley no contempla la exclusión de los partidos de la acusación popular, por lo que descarta expulsarles de la causa.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al juez del Tribunal Supremo que investiga a José Luis Ábalos apuntala los indicios del cobro de mordidas por parte del que fuera ministro de Transportes y ‘número tres’ del PSOE. El atestado afirma que el exdirigente socialista manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. Es un dinero que utilizó para sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagar joyas y flores a una de sus exparejas o costear el salario de la empleada del hogar y que, al menos en parte, provenía de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes que Ábalos dirigió entre 2018 y 2021, según los investigadores. 

El juez Leopoldo Puente encargó el pasado febrero a la UCO que hiciera una investigación económica exhaustiva sobre José Luis Ábalos y su entorno cercano, incluyendo a quien fuera su mano derecha, Koldo García. Durante seis meses, los agentes han analizado una década de movimientos bancarios, retribuciones y datos tributarios y han puesto en contexto esa información con los mensajes y audios intervenidos a Koldo García y su entorno en los que figuran conversaciones sobre el presunto amaño de contratos y el cobro de comisiones.

El atestado cita en más de una decena de ocasiones al empresario investigado Víctor de Aldama, quien, según las pesquisas, pagó 10.000 euros al mes durante al menos dos años y medio a Koldo García, quien luego los repartía con Ábalos. Cuando el asesor fue detenido, en febrero de 2024, los agentes hallaron en su domicilio una contabilidad manuscrita en la que reflejaba esos pagos y se incautaron de 24.000 euros en efectivo. 

El informe detalla una conversación del 20 de septiembre de 2019 en la que Patricia Uriz, esposa de Koldo, le informa de que ha estado con Aldama y se ha traído “20 chistorras”. Es la jerga con la que la trama se refiere a los billetes de 500 euros, según han deducido los investigadores. El asesor y su mujer utilizaban otros términos en clave para referirse a los billetes de 200 euros, a los que denominaban 'soles'; y a los 100, a los que llamaban 'lechugas'. Ábalos, por su parte, utilizaba el término “folios” para reclamar, según la Guardia Civil, que le llevaran dinero en efectivo a su casa o a su despacho, según figura en varios mensajes interceptados a su asesor.  Abalos lo negó ayer y aseguró que “folios eran folios y no dinero”.

En el whatsapp donde se refiere a 20 chistorras, la Guardia Civil entiende que se trata de 20 billetes de 500 euros, que serían los 10.000 euros que el comisionista Víctor de Aldama pagaba a Koldo García como vía para “mantener el acceso” al ministro, al que también agasajó con el alquiler con derecho a compra de un chalé en Cádiz, el abono del piso de lujo de quien era su pareja o unas vacaciones en Marbella durante el verano de la pandemia. 

El empresario que pagaba la pensión

Otro de los indicios que apuntala el pago de mordidas por parte de empresarios es de un tiempo posterior: noviembre de 2023. Han pasado más de dos años desde que Pedro Sánchez destituyó sorpresivamente a Ábalos y Koldo García se marchó del Ministerio. El antiguo asesor sabe que está siendo investigado y graba su conversación con Ábalos. “Te lo digo para que tengas conocimiento de causa porque yo no quiero problemas con nadie. El tema de la pensión, yo ya no puedo hacer más. ¿Por qué motivo? Porque yo cobraba 1.100 euros de Pepe. ¿Vale? Y ya no me los pagan”, le dice a su antiguo jefe en el Ministerio. 

Según la UCO, el “Pepe” a quien se refiere el exasesor es José Ruz, dueño de la constructora Levantina y otro de los empresarios investigados en la causa. Y la “pensión” es el dinero que Ábalos tenía que abonar mensualmente a uno de sus hijos, Carlos, para asegurar su sustento. “Esta afirmación refuerza que dichos pagos se habrían efectuado con fondos ajenos a sus cuentas bancarias personales y ligados a los hechos objeto de investigación”, dice el informe policial. 

Además, otro mensaje anterior, de agosto de 2022, apuntala los indicios de que era Koldo García quien sufragaba esa pensión de alimentos. “Llevo cuatro años haciendo lo mismo”, le escribió a través de WhatsApp cuando el ya exministro le reclamó el ingreso de ese dinero. Según los investigadores al menos 17.508 euros de origen opaco se habrían destinado a pagar esta obligación económica. El informe destaca que Ábalos pasó de hacer transferencias y bizum a su hijo a delegar esos abonos en su mano derecha a partir del verano de 2018, cuando llegó al Ministerio de Transportes. Además, Ábalos también “solicitó expresamente a Koldo que realizara ingresos para sufragar el coste de la matrícula escolar y el dentista” de su hijo, según el informe. 

La Guardia Civil apunta también al flujo de dinero entre Ábalos y su hijo Víctor, que también está en la lista de testigos del caso. Entre 2021 y 2024, a través de transferencias, Víctor Ábalos transfirió algo más de 56.000 euros a su padre, pero la UCO también dedica varias páginas a afirmar que fue una “vía de provisión de fondos” en efectivo para el exministro. Los investigadores apuntan a conversaciones entre el exministro y Koldo García en el que el político lamenta no tener dinero y que su hijo le “va dando” cantidades: “Me va dando mil, cuatro mil”. 

Para los investigadores, las conversaciones intervenidas en casa de Koldo García ponen de manifiesto “la existencia de una reserva de efectivo vinculada a Ábalos, que estaría siendo custodiada por su hijo”. Víctor Ábalos, añaden los agentes más adelante, “sería el custodio de dinero en efectivo que podría pertenecer a Ábalos”. No especifica ni las cantidades ni tampoco el origen de ese supuesto flujo de dinero en efectivo. 

Los abonos del PSOE

Como parte de esta investigación patrimonial, el juez también pidió al PSOE que informara de todas las cantidades dinerarias abonadas o transferidas a Ábalos; así como las posibles donaciones del exdirigente a la formación. De acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre 2017 y 2021, el partido abonó 19.638 euros a Ábalos y 12.744 a Koldo García en concepto de liquidaciones de gastos. Los abonos se hacían por transferencia bancaria o en dinero en efectivo que se entregaba “mediante sobres” en la sede de Ferraz. 

La Guardia Civil reconoce que hay “determinados pagos” que coinciden con la información declarada por el PSOE, pero añade asimismo que “dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular”.

La UCO concreta sus sospechas en un ejemplo. Se trata de un sobre dirigido a Ábalos y que fue recogido por Koldo García en junio de 2019. Según la información comunicada por el PSOE debería contener 321,29 euros en efectivo, procedentes de la caja. Sin embargo, el atestado recoge una fotografía del sobre con membrete del PSOE que corresponde a esa entrega y en el que aparece manuscrita la cifra de 826,73 euros.

Es una diferencia de 505,44 euros que los investigadores consideran “llamativa” y que ponen en contexto con una conversación de cuatro meses antes en la que Koldo García “parecía reconocer que, por el cargo que desempeñaba, recibía mensualmente uno o dos billetes de 500 euros, denominados en lenguaje convenido como chistorra”. 

El PSOE explicó que ese sobre contenía “321 euros declarados como pago a Ábalos por sus gastos y, en segundo lugar, 505 euros de gastos en manutención del equipo de organización del PSOE que acompañaba a Ábalos en sus desplazamientos o actividades de partido”. Según Ferraz, son gastos “anotados y justificados en la contabilidad auditada del PSOE”. 

La imagen del sobre con el logo del partido y las sospechas por el descuadre expresadas por la UCO llevaron al Partido Popular a hablar de una “contabilidad paralela” en el partido que sustenta al Gobierno. En realidad, el informe no alude en ningún momento a la existencia de una caja B. Los agentes afirman que hay “supuestos” en los que no se ha hallado una “correlación” entre liquidaciones de gastos que figuran en la documentación aportada por el PSOE y conversaciones de WhatsApp en las que los implicados aluden a entregas de dinero por parte del partido. 

El patrimonio de Santos Cerdán

La causa que arrancó en la Audiencia Nacional como ‘caso Koldo’ se ha dividido en varias ramas y el Tribunal Supremo ha asumido la que tiene que ver con dos políticos que lo fueron todo en el PSOE: Ábalos y Santos Cerdán, que lleva en prisión sin fianza desde finales de junio. El magistrado Leopoldo Puente espera un futuro informe de UCO para poder afianzar sus sospechas sobre el papel que este segundo político jugó en el caso: cobrar comisiones salidas de obra pública o, al menos, gestionar las que supuestamente cobraban Koldo García y Ábalos. 

El dinero o su rastro, por el momento, no han aparecido y el magistrado se apoya en las conversaciones que Koldo García grabó durante años cuando hablaba de dinero, en términos más o menos crípticos, con Ábalos y Cerdán. “550.000 y de ahí descontamos”, afirmó Cerdán en una conversación grabada con el entonces asesor de Ábalos. 

La defensa de Cerdán ha pedido en varias ocasiones su liberación negando los hechos y destacando que, en más de tres meses, ni el instructor ni la Guardia Civil ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado indicios tangibles de que usara su posición política para amañar grandes contratos de obra pública y adjudicarlos a Acciona, en UTE con la empresa navarra Servinabar, para de ahí sacar el botín. El juez, por el momento, ha destacado el peso de los audios grabados y ha explicado varias veces que está a la espera de recibir más informes de la UCO. En el fechado este viernes no hay más que alguna somera alusión a Cerdán vinculada a pasajes ya conocidos de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción tampoco tiene intención de suavizar su petición de prisión provisional para él hasta que no conozca más conclusiones de esta unidad de élite de la Guardia Civil. En el último informe de la UCO las referencias a Cerdán son mínimas e irrelevantes para apuntalar la teoría de que era el jefe de la trama.

El Supremo, por el momento, atribuye ese “papel directivo” a Cerdán en la red corrupta con las pruebas de las grabaciones efectuadas por Koldo García. Tanto el magistrado instructor como el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, han reconocido que mantienen al político entre rejas para que no contacte con los “aún desconocidos” pagadores de supuestas mordidas. Por el momento, en el Tribunal Supremo todos los dedos apuntan a Acciona como pagador de las supuestas mordidas, el “elocuente denominador común” de la trama a la espera de informes más concretos de la Guardia Civil. 

No hay dos sin tres. El expresidente del F.C. Barcelona Josep Maria Bartomeu ha sumado su tercera imputación por su gestión económica al frente del club. El caso, que ha permanecido en secreto durante más de un año, nació a raíz de la denuncia de su sucesor, Joan Laporta, tras el informe de los auditores sobre las finanzas del Barça.

El juez ha fijado la declaración como investigado de Bartomeu, adelantada por El Mundo y que ha podido confirmar elDiario.es, el 24 de octubre. En la misma fecha declararán Óscar Grau, director ejecutivo del club en el mandato de Bartomeu y Román Gómez Ponti, exdirector de la asesoría jurídica.

Bartomeu permanece investigado en otras dos causas: el caso Negreira, donde se investigan los pagos que el Barça hizo al excolegiado a cambio de supuestos informes que no existen; y el 'Barçagate', el caso que indaga en la campaña de desprestigio hacia rivales pagada con dinero del club que promovió su junta.

La Fiscalía arrancó en 2022 una tercera investigación sobre la gestión económica de la junta del F.C. Barcelona del expresidente Bartomeu a raíz de la denuncia presentada por el actual equipo directivo del club, encabezado por Laporta (y enfrentado a su antecesor).

Las pesquisas las pilotó el servicio de delitos económicos del Ministerio Público en Barcelona, y se llevaron ante el juez en 2023. Durante más de un año, la causa ha permanecido bajo secreto de sumario, y durante este tiempo se han practicado entradas y registros y analizado el contenido de dispositivos electrónicos.

La auditoría encargada por Laporta y que terminó en la Fiscalía detectó comisiones desproporcionadas en fichajes que resultaron un fiasco, como el del brasileño Malcom, así como honorarios irregulares a abogados y otros profesionales. La junta de Laporta vio indicios de delito de administración desleal y puso el caso en manos del fiscal.

La investigación sobre la gestión de Bartomeu ha corrido en paralelo a la causa abierta en otro juzgado barcelonés por el caso Barçagate, que ya ha desvelado cómo la su junta camufló como gastos de La Masia, el centro formativo del club, pagos a la empresa que desprestigiaba a sus rivales.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado un auto que lleva a juicio a Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, ambos exdiputados del PP, por participar en una trama que facilitó contratos de obras en Argelia por 480 millones de euros en total a cambio de comisiones. Según ha publicado este lunes El Confidencial, ambos se enfrentan a cargos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho pasivo, falsedad documental y organización criminal. La decisión responde a un escrito del fiscal anticorrupción Conrado Alberto Sáiz, firmado el pasado 11 de septiembre, en el que reclama 21 años de prisión para cada uno.

El procedimiento incluye a 23 personas –entre ellas el hijo de Arístegui– y cinco empresas, como Electrificaciones del Norte SA (Elecnor), considerada clave en la causa. A otros imputados, aunque no a los populares, se les añade el delito de blanqueo. Las investigaciones abarcan el periodo 2009-2016. Por entonces, según el informe de la Fiscalía, De la Serna era funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y Arístegui diplomático de carrera, además de portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores.

En el año 2009, los exdiputados pactaron ofrecer asesoría y consultoría a compañías con interés de expandir su actividad en el plano internacional. El esquema contemplaba cobrar una cuota fija mensual de 15.000 euros –la llamada “iguala”– y comisiones adicionales si la empresa conseguía contratos públicos o con gobiernos extranjeros gracias a sus gestiones. Según el Ministerio Público, “para llevar a cabo la actividad de consultoría internacional se prevalieron de su condición de funcionarios públicos y de los cargos que ostentaron hasta 2016”.

El escrito añade que su condición de funcionarios “era el elemento distintivo y motivador para que las empresas aceptasen ser clientes y pagar los honorarios”, ya que las “igualas” se abonaban incluso sin contraprestación mientras no se lograse un contrato. Durante ese periodo en el que los imputados compaginaban sus responsabilidades públicas con el cobro de comisiones, Arístegui también fue embajador en la India, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Bután bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Para atraer clientes, firmaban contratos con intermediarios que se dedicaban a conseguirlos. Uno de ellos les abrió la puerta de Elecnor y de otra empresa en la que partcipaba esta, Internacional de Desarrollo Energético SA. Según la Fiscalía, el entramado era “conocido por los directivos del Grupo Elecnor, Germán Junquera, Ramón López, Santiago De la Rica, Enrique Sánchez, Alfonso Castellanos y Fernando Asencio”.

Y todo ello, añade el fiscal, “para que las empresas españolas consiguiesen contratos en el extranjero, De la Serna y Arístegui se valieron de personas que tenían capacidad para acceder a autoridades y funcionarios públicos”. En Argelia contaron con Cristóbal Tomé –fallecido en 2016– y su hermano José Luis, “quienes tenían influencia con las autoridades y funcionarios civiles y militares argelinos” y que cobraban honorarios con los que pagaban las comisiones a las autoridades del país.

El Ministerio Público concluye que los acusados “se concertaron para la consecución, mantenimiento, y modificación de contratos públicos en Argelia, mediante el pago de comisiones”, aprovechándose de la ausencia de mecanismos de prevención de delitos en las empresas implicadas. La investigación apunta a al menos a dos adjudicaciones: la construcción de una planta desaladora en Souk Tleta por 250 millones de euros (2009) y el tranvía de Ouargla por 230 millones (2013), este último adjudicado a una UTE formada por Elecnor, Assignia y Rover Alcisa.