La retirada de la subvenció de la Diputación de València a l'entitat secessionista Lo Rat Penat és una “discriminació”, segons el president de la gestora del PP de València ciutat, Luis Santamaría. El també diputat autonòmic popuar ha reclamat ha arremès contra la corporació provincial afirmant que la retirada de l'ajuda és per una “mera qüestió ideològica” i que “no és acceptable sota cap punt de vista”.

Així el requisit legal estatutari de complir les normes de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) per al PP és “l'excusa perquè l'Administració autonòmica, la provincial i també la local ofeguen a aquesta entitat” que porta, ha assenyalat Santamaría, “quasi 140 anys dedicada a la promoció, defensa, ensenyament i difusió de la llengua i cultura valencianes”.

Luis Santamaría també ha criticat a l'alcalde de València, Joan Ribó, a qui acusa d'estar “asfixiant a aquesta entitat cultural sota el pretext que no s'até a les normes de Castelló i sí a les del Puig”. Per a Santamaría resulta “trist” veure com a entitats com Acció Cultural del País Valencià “multipliquen les seues ajudes públiques sense realitzar una defensa dels valors i tradició valencianes”.

El diputat del PP conclou reclamant “sensibilitat de les institucions governades per Compromís, PSPV i Podem, que no han demostrat fins avui” i ha demanat que “rectifiquen la seua política sectària d'ajudes”.

Observatori censor del PP

No obstant açò aquestes crítiques de Santamaría als postulats dels nous governs, xoquen amb l'actitud impulsada pel PP durant la seua època de govern. Així cal recordar que en el projecte de Llei de Senyals d'Identitat Valencianes estava enfocat a una ideologia conservadora, segons va admetre el propi PP.

Aquest projecte incloïa la creació d'un observatori amb capacitat censora, que podia retirar ajudes a entitats que segons el seu criteri no compliren l'esperit de la Llei de Senyals. En aquest observatori estarien integrats col·lectius conservadors i secessionistes com l'esmentat Lo Rat Penat i la RACV, mentre quedaven fóra entitats defensores de la unitat de la llengua, privades com ACPV i la Societat Coral el Micalet, estatutàries com l'AVL o el Consell Valencià de Cultura, i fins i tot les pròpies universitats.

La motivació de l'exclusió d'aquestes entitats, segons va reconèixer el propi PP era per ideologia política, ja que el propi Luis Santamaría afirmava que “estan molt més identificades amb projectes d'integració cultural polítics que aquest Govern no comparteix”.

La retirada de la subvención del a Diputación de València a la entidad secesionista Lo Rat Penat es una “discriminación”, según el presidente de la gestora del PP de València ciudad, Luis Santamaría. El también diputado autonómico popuar ha arremetido contra la corporación provincial afirmando que la retirada de la ayuda es por una “mera cuestión ideológica” y que “no es aceptable bajo ningún punto de vista”.

Así el requisito legal estatutario de cumplir las normas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) para el PP es “la excusa para que la Administración autonómica, la provincial y también la local ahoguen a esta entidad” que lleva, ha señalado Santamaría, “casi 140 años dedicada a la promoción, defensa, enseñanza y difusión de la lengua y cultura valencianas”.

Luis Santamaría también ha criticado al alcalde de València, Joan Ribó, a quien acusa de estar “asfixiando a esta entidad cultural bajo el pretexto de que no se atiene a las normas de Castelló y sí a las de El Puig”. Para Santamaría resulta “triste” ver como entidades como Acció Cultural del País Valencià “multiplican sus ayudas públicas sin realizar una defensa de los valores y tradición valencianas”.

El diputado del PP concluye reclamando “sensibilidad de las instituciones gobernadas por Compromís, PSPV y Podemos, que no han demostrado hasta la fecha” y ha pedido que “rectifiquen su política sectaria de ayudas”.

Observatorio censor del PP

No obstante estas críticas de Santamaría a los postulados de los nuevos gobiernos, chocan con la actitud impulsada por el PP durante su época de gobierno. Así cabe recordar que en el proyecto de Ley de Señas de Identidad Valencianas estaba enfocado a una ideología conservadora, según admitió el propio PP.

Este proyecto incluía la creación de un observatorio con capacidad censora, que podía retirar ayudas a entidades que según su criterio no cumpliesen el espíritu de la Ley de Señas. En dicho observatorio estarían integrados colectivos conservadores y secesionistas como el mencionado Lo Rat Penat y la RACV, mientras quedaban fuera entidades defensoras de la unidad de la lengua, privadas como ACPV y la Societat Coral el Micalet, estatutarias como la AVL o el Consell Valencià de Cultura, e incluso las propias universidades.

La motivación de la exclusión de estas entidades, según reconoció el propio PP era por ideología política, ya que el propio Luis Santamaría afirmaba que “están mucho más identificadas con proyectos de integración cultural políticos que este Gobierno no comparte”.

El PP de València ha pedido al alcalde Joan Ribó “que cuelgue una pancarta en el balcón del Ayuntamiento recordando el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco” y que “abandone por una vez su sectarismo al recordar sólo la II República y la Guerra Civil, periodos con los que está obsesionado Ribó”.

El presidente de la gestora del PP de Valencia, Luis Santamaría, que la semana pasada cargaba contra la Ley de Memòria Democràtica del Consell afirmando que hace “apostasía” de la Transición, exigía este homenaje afirmando que el gobierno municipal ha hecho otros homenajes desde el balcón municipal, asegurando que alguno casi era ilegal.

De esta forma, Santamaría critica que “todas las semanas cuelga una pancarta en el balcón del Ayuntamiento por cualquier motivo, ya sea el día del comercio sostenible, el orgullo gay, o incluso ha colgado una pancarta con la bandera de la II República rozando la ilegalidad, pero no hemos visto aún ninguna pancarta en recuerdo de las víctimas del terrorismo de ETA”.

Santamaría ha recordado el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco “que conmovió y movilizó a toda la sociedad española y supuso un punto de inflexión en la impunidad con la que los terroristas actuaban porque la gente dijo 'basta ya', perdió el miedo y salió a las calles a pedir paz y justicia”.

Así el presidente de la gestora del PP afirma que “el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco es una oportunidad perfecta para hacer un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Valencia a las víctimas del terrorismo y colocar una pancarta en su honor”.

El también diputado en Les Corts ha subrayado que “varios ayuntamientos de España ya han adoptado algún tipo de homenaje a Miguel Ángel Blanco en su 20 aniversario e incluso le han dedicado una calle” a la vez que ha pedido a Ribó que “demuestre tener más altura de miras que otros de los llamados ‘alcaldes del cambio’ como Manuela Carmena que se ha negado a colocar una pancarta en su Ayuntamiento en recuerdo de Miguel Ángel”.

Es como si los diputados y diputadas del PP acudieran al hemiciclo después de rociarse el cuerpo y el alma con un spray contra la democracia. La democracia es para ellos y ellas esa plaga de mosquitos que incordia hasta la exasperación. Les provoca sarpullidos. Es escuchar la palabra democracia y empezar a rascarse como si tuvieran la sarna. Al lado del portavoz Luis Santamaría se sentaba un tipo de pelo a lo Primo de Rivera que no paró de reírse todo el rato, de protestar cualquier decisión del presidente de las Corts, de jalear a los suyos como si fuera un director de majorettes en un partido de fútbol americano. Era clavado clavadito al fundador de la Falange. Se lo juro a ustedes. No sé cómo se llama. Ni me importa. Sé que estaba allí. Y que yo lo veía. Nadie me lo ha contado. Le va la marcha. La bronca. La gomina en el pelo. El tiempo aquel del falangismo. El gesto hosco cuando se habla de democracia. Ya lo dije: el spray que repele a los mosquitos.

El debate fue largo. Primero habló la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Explicó la Ley en términos generales. Argumentó con la necesidad de reconciliación y de una convivencia tranquila entre toda la ciudadanía. No habló de división de víctimas. Podía haberlo hecho. Pero no lo hizo. Aludió a todas las víctimas: las unas y las otras de la guerra civil y las únicas de la dictadura. No añadió que se refería a la dictadura franquista. Sólo se habló durante mucho rato de la dictadura a secas. Es como si la palabra “franquista” estuviera prohibida. Luego, esa palabra ya salió en el debate. La Consellera estuvo comedida, en su punto institucional. Se atuvo al sentido de la Ley que se proponía en el debate. Pero esa ecuanimidad institucional no le sirvió para aliviar la agresiva respuesta de la oposición.

Esa respuesta corría a cargo de Luis Santamaría, portavoz del Partido Popular. Y todavía no doy crédito a las barbaridades que dijo. Muchas, muchas barbaridades. Se centró muchísimo en el gran papel de la transición. Para el PP -lo dijo- esa nueva Ley traiciona la transición, su espíritu de concordia, su esfuerzo por la reconciliación entre todos los españoles. Eso decía. De ahí no lo sacabas. Y de repente dijo una palabra mágica: “Alzamiento”. Nada menos. Llamar Alzamiento al golpe de Estado fascista que condujo a la guerra y después a la dictadura franquista. Y hubo más, mucho más, en las miles de veces que intervino en la sesión. Su tesis se resume en una línea: sigamos callados, dejémonos de leyes de memoria y sigamos con los muertos en las cunetas, con el relato de la derrota republicana durmiendo su pesadilla de cuarenta años de franquismo y de otros cuarenta años de democracia, sigamos anclados en el oprobio que ha significado mundialmente una de las dictaduras más crueles de las tiranías contemporáneas. ¡Ah, se me olvidaba!: en un momento dijo Santamaría -sin que se le moviera un pelo de las pestañas- que mejor se callaban quienes habían sido subvencionados por una dictadura de verdad. A ver si saben ustedes a qué dictadura se refería: ¡pues a la de Venezuela! Les juro que es cierto lo que digo, y me sonrojó entonces no la bajeza de esa mentira repetida hasta la saciedad sino el nivel intelectual de quienes siguen defendiendo la dictadura franquista y no la democracia en nuestro país. ¡Qué nivel, dios, qué nivel!

A ver si saben lo que defendió Ciudadanos en la voz de su nueva portavoz Mari Carmen Sánchez. También acertaron: ¡abstención! Nada nuevo bajo el oscuro sol anaranjado de la franquicia del PP en las Corts y en todas partes. Los ex de ese partido, con Alexis Marí al frente, en sus cortas intervenciones dejaron claro su apoyo a la Ley y a su más que necesaria aplicación.

Las intervenciones de Mercedes Caballero, Llum Quiñonero y Marian Campello (PSPV, Podem y Compromís), defendiendo la Ley de Memoria, dieron al texto que yo había leído hacía unos días una dimensión de verdad, de justicia, de memoria y de reparación que a mi entender no contempla aquella primera redacción. Por eso, por el elevado tono crítico con el pasado franquista que ostentaron las tres intervinientes, lo que salía por la boca del portavoz del PP era una continua defensa del olvido y el silencio, de la transición tan maja que la Ley quiere destrozar, de que qué malos eran los del Frente Popular, de que ya está bien de hablar de muertos republicanos porque en una parte y otra hay abuelos muertos por la violencia “entre hermanos”. Ya había hablado de los abuelos en alguna otra ocasión anterior. Pero esta vez se le llenó la boca de abuelos y ahí ya no pude más y me eché unas risas. Y me acordé de lo que decía Nicolás Guillén de esas risas provocadas “por hombres limitados”. ¡Otra vez el nivel, señor, otra vez el nivel de la bancada del PP y de su portavoz! Empezó a soltar abuelos Luis Santamaría por el hemiciclo: su propio abuelo, el de los comunistas de la sala, el de los socialistas, el de los ugetistas, el de los anarquistas… yo qué sé cuántos abuelos empezaron a volar como golondrinas de Bécquer por los cielos del hemiciclo.

Allí sólo faltaba el abuelo de Heidi para completar un cínico y triste panorama de vergüenza intelectual y democrática. ¡Qué sonrojo, dios señor, qué sonrojo!

Para acabar: está claro que la enmienda presentada por el PP a la totalidad de la Ley significa lo que todo el mundo sabe: un partido que sigue anclado en la defensa del franquismo no quiere ninguna Ley de Memoria porque considera que esa Ley ofende a sus antepasados y de paso a ellos mismos. Todos ellos -o casi todos ellos- tienen un Martín Villa en sus ancestros. Por eso no quieren ninguna Ley que enturbie su tranquila identidad totalitaria. Por eso se aferran a la transición como protectora de sus privilegios, unos privilegios obtenidos durante la dictadura franquista y nunca derogados por la democracia.

Y por eso, también, la redacción definitiva de la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia no puede ser, una vez más, una redacción dictada por el miedo a la derecha. Ojalá la que salga finalmente sea una auténtica defensa de la verdad, de la justicia y de la reparación de esa memoria republicana que asoló un golpe de Estado fascista hace justo ahora ochenta y un años. Ojalá salga eso y no otra muestra de debilidad frente a la derecha. Ojalá.

“Estan fent apostasia de la Transició”, ha acusat aquest dimecres el diputat Luis Santamaría en les Corts Valencianes als promotors de la Llei de Memòria Democràtica i per la Convivència, durant el debat de totalitat del text legal presentat pel Govern del Pacte del Botànic. Segons el PP, que ha vist rebutjada la seua pretensió que el projecte de llei fóra retirat, les al·lusions de la norma a la doctrina de Nacions Unides la col·loquen en contra de la Llei d'Aministia i dels pactes polítics que es van establir fa 40 anys.

El PP no ha arreplegat la invitació al diàleg que ha formulat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, en presentar una llei que, no solament pretén exhumar més de 300 fosses comunes existents en territori valencià de la Guerra Civil i la dictadura per a identificar a 11.000 víctimes tant del franquisme com de la repressió republicana, sinó que preveu la recuperació del dret “a la veritat, la justícia, la memòria i la reparació”.

La llei, que crea un Institut Valencià de la Memòria Democràtica, reconeix a les víctimes directes i indirectes, d'acord amb els criteris de l'ONU, preveu la retirada en un any de tots els vestigis i símbols franquistes que queden i la incoporació al sistema educatiu de la memòria democràtica per a “tancar les ferides” i posar en evidència la veritat.

“No hi ha una sola al·lusió al govern del Front Popular i els seus abusos”, ha insistit Santamaría per a sostenir que es tracta d'una llei que oblida a una part i promou “una visió esbiaixada” de la història. Després d'al·ludir als represaliats per les seues creences religioses, a les víctimes de les txeques i als afusellats en zona republicana, el diputat del PP, en una de les rèpliques, ha arribat a assegurar que “el Front Popular va canviar la llista de carrers com Joan Ribó”. El parlamentari ha indicat que els republicans van posar als carrers nom com els de Màximo Gorki, UGT o Pablo Iglesias. “Això és el que van fer i el que tornen a fer”, ha insistit en al·lusió a l'alcalde de València.

La comparació de Santamaría s'ha produït al final d'un tibant debat amb les diputades del PSPV-PSOE Mercedes Caballero; de Podem Llum Quiñonero, i de Compromís Marian el Campello. Per la seua banda, Rosa García, de Ciutadans, ha defensat la posició del seu grup d'abstenir-se en la votació, la qual cosa no li ha estalviat crítiques per part del PP.

La socialista Mercedes Caballero ha assegurat que els populars “se senten incòmodes” amb la llei de memòria democràtica perquè mantenen reminiscències franquistes en la seua actuació. Li ha recriminat a Santamaría que parlara del colp d'estat de Franco com de l´“alçament nacional” i li ha recordat que, en plena democràcia i fins i tot amb la llei de la memòria històrica en vigor, Rita Barberá, l'exalcaldesa de València que va morir el passat mes de novembre, va impedir durant anys que s'exhumaren les restes d'un represaliat de la dictadura en el cementeri de València.

Llum Quiñonero, de Podem, ha enlletgit al PP valencià la seua postura quan els populars no han tingut problema a recolzar en Catalunya la nul·litat de les condemnes dels tribunals franquistes i ha apostat per no perpetuar “el silenci dels pactes de la transició”.

Marian Campello, de Compromís, ha recordat al PP diversos casos d'exhibició de símbols franquistes de les seues joventuts i de càrrecs o militants del partit. “Això solament els ocorre a vostés, és made in PP”, li ha retret. Ha sigut aleshores quan el diputat del PP ha acusat a Ribó, que és també de Compromís, d'actuar “com el Front Popular”, quan compleix la llei estatal de la memòria històrica que estableix la retirada de símbols i el canvi de noms dels carrers i places que es referisquen al franquisme. “Gràcies a vostès”, ha replicat la diputada, “a Alacant el barri de Miguel Hernández s'ha tornat a nomenar barri de José Antonio”. Al·ludia al fet que un recurs del PP va aconseguir que, per una qüestió de forma, s'anul·laren els canvis de nom dels carrers en aqueixa ciutat.

El PP cree que el malestar crece entre diferentes colectivos de la ciudad de Valencia por la decisión del Ayuntamiento de seguir adelante con la intención de prohibir aparcar en el carril bus por las noches sin un consenso previo entre los afectados, situación que el presidente de la gestora del partido en Valencia, Luis Santamaría, ha censurado abiertamente en un comunicado.

“La falta de diálogo con los vecinos en decisiones trascendentales para la ciudad se está convirtiendo en una práctica habitual y en un sello del Gobierno surgido en La Nau”, ha explicado el dirigente popular. Santamaría exige al alcalde, Joan Ribó, que “recupere la concordia en la ciudad que el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, está dinamitando con sus decisiones”.

Ahora bien, Santamaría recuerda que el juego del “poli bueno y poli malo es muy antiguo en la política” y que el máximo responsable de las decisiones de Grezzi es el alcalde “que no le ha rectificado nunca, salvo cuando ha visto en peligro el pacto con sus socios de gobierno”.

La falta de una alternativa sólida y estudiada a la prohibición de aparcar en el carril bus “es una más de las decisiones sectarias del actual gobierno municipal después de la peatonalización de algunas calles, la implantación de doble sentido en otras y bajar el carril bici de las aceras sin previo aviso”.

En pie de guerra

Grezzi, ha manifestado Santamaría, “ha puesto en pie de guerra a muchos colectivos por la prohibición de aparcar en el carril bus, lo que revela la improvisación y la imposición con la que gestiona su departamento”, siempre según un comunicado del PP.

La Mesa de la Movilidad tenía detractores y defensores de la medida pero “en ningún caso se llegó a un consenso básico”, ha defendido el presidente de la gestora del PP en la ciudad. Los hosteleros ya han manifestado que la medida “puede suponer un coste en empleo superior a los 500 contratos que Valencia no puede permitirse” y la problemática en cada barrio ante esta medida depende de su propia composición.

Hay vecinos que manifiestan su preocupación, ha indicado Santamaría, porque en sus barrios “la mayoría de edificaciones no cuentan con garajea y el uso del carril bus para es fin por las noches supone un beneficio para ellos que va a desaparecer”. Todos los colectivos vecinales coinciden en la necesidad de que la ciudad cuente con un “eficiente transporte de autobuses nocturnos que en la actualidad no existe” y algunos esgrimen que se podría “dejar aparcar preservando las paradas de autobuses nocturnos”.

En cualquier caso, los afectados por esta nueva prohibición no quieren ser “meras comparsas” en estas medidas una vez que ya se han tomado por lo que piden que en el seno de la Mesa de Movilidad se estudien en profundidad los pros y los contras con datos de los técnicos municipales sobre sus consecuencias.

Por todo ello, Luis Santamaría ha exigido al alcalde de la ciudad que “reconsidere todo el proceso” y que ponga de acuerdo a usuarios del transporte público, EMT, taxistas, hosteleros, vecinos, asociaciones de aparcamientos y Policía Local para lograr un “gran consenso sobre la medida” y que ésta no se implemente hasta no conseguir ese “acuerdo de mínimos que hoy en día es inexistente”.

El camino de Isabel Bonig hacia la renovación de su liderazgo del PP de la Comunitat Valenciana cuenta con un nuevo refuerzo después de que el presidente de la gestora del PP de Valencia ciudad, Luis Santamaría, haya mostrado su “total apoyo” a la actual presidenta regional.

Asi se expresó Santamaría tras la reunión mantenida con los presidentes de los distritos de la ciudad y con los militantes que se han acercado hasta la sede regional del partido para conocer de primera mano el calendario y el procedimiento a seguir ante la celebración del citado cónclave regional.

El trabajo que ha desarrollado Bonig a lo largo de estos últimos años ha sido “encomiable”, según ha explicado Luis Santamaría, al tener en cuenta “las enormes dificultades que se encontró en el partido al acceder a su cargo”. Es por ello, que se ha mostrado “confiado” en que el proyecto siga creciendo bajo su presidencia en los próximos años.

El PP de València anunciado la impugnación del decreto publicado sobre la oficialización sólo en valenciano de nombre de la ciudad como 'València'. Así lo ha anunciado el presidente de la gestora del PP en la ciudad, Luis Santamaría, en una nota de prensa en la que no se ha querido usar el nombre oficial con el acento.

Desde el PP afirman que “stamos hartos de las imposiciones del tripartito y de obligarnos a comulgar con ruedas de molino creando problemas donde no los hay. Ribó solo sabe imponer, prohibir, dividir, aislar la ciudad y favorecer a los suyos”.

Para Santamaría este decreto “obedece a un sectarismo ideológico ajeno al sentir de la gran mayoría de los ciudadanos. No es un debate social y no hay ninguna necesidad de esto. Por eso vamos a impugnar el decreto ante la jurisdicción del contencioso administrativo correspondiente atendiendo a su ilegalidad y sectarismo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y apelamos a la ciudadanía y entidades sociales, cívicas y culturales para que se movilicen en contra de un decreto provocador, insultante e innecesario. Es hora de decir basta ya a las tomaduras de pelo de Ribó y del Consell a los valencianos creando continuamente problemas donde no los hay en lugar de gestionar”.

“Esta iniciativa sectaria –ha continuado- fomenta la división entre el valenciano y el castellano, y también entre los valenciano hablantes, ya que incluso la forma València con el acento abierto no es usada por la mayoría de la población. Imponen una medida de esta importancia sin ningún consenso”.

Polémicas anteriores

No es la primera vez que la oficialización de un nombre provoca tensiones políticas. Así cabe recordar que durante la etapa de gobierno del PP fue proscrito el término 'País Valenciano', concepto moderno del territorio que se uso especialmente en el siglo XX y que se recoge en el preámbulo del Estatut d'Autonomia.

No obstante en este mismo estatut de 2006 reconoce como único nombre oficial el de Comunitat Valenciana, en valenciano, y el PP se aferró a esta condición hasta puntos como rechazar propuestas y documentos en las Corts que  contuvieran el término 'País Valenciano' alegando que no eran acordes a lo que marca el Estatut.

En el PP han advertido que “estamos viendo demasiada connivencia” con las manifestaciones independentistas catalanas por parte del tripartito y han pedido al President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y al alcalde de València, Joan Ribó, que “no usen las instituciones para quebrar la convivencia ciudadana”. Por ello, el secretario genral del Grupo Popular en les Corts, Luis Santamaría, ha alarmado sobre la posibilidad de que València “se convierta en un manifestódromo del independentismo catalán”.

Esta manifestación se producía precisamente el mismo día en el que el President Ximo Puig se reunía con su homólogo catalán, Carles Puigdemont, en Barcelona. Sobre el encuentro, Santamaría aseguraba que “siempre hemos apostado por la colaboración con Catalunya, y evidentemente hay cuestiones de interés para las dos regiones como el corredor mediterráneo o el comercio, que deben ser tratadas como se merecen, con rigor y seriedad”. No obstante, añadía que esto “no significa estar de acuerdo en todo, y por eso esperamos que Puig tenga la valentía de levantar la voz y mostrar firmeza para defender los intereses de los valencianos”, ha manifestado.

El discurso del PP se produce en un momento de lucha con Ciudadanos por encabezar el “valencianismo político”, tras la manifestación organizada por el partido de Albert Rivera en València a la que asistieron unas 200 personas. En ese sentido, el diputado popular ha señalado que “el valencianismo político que defiende el PPCV no es el de conmigo o contra mí, ni con Barcelona, ni contra Barcelona, ni con Madrid ni contra Madrid”.

El PP ha cargado contra la no asistencia del alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) y del Consell a la fiesta de la Virgen de los Desamparados. Así para el diputado del PP en las Corts, Luis Santamaría, “dando la espalda a esta celebración tradicional están dando la espalda a la ciudad de Valencia y a los ciudadanos”, y ha añadido que “es como si, por ejemplo, renegaran de Jaume I, las Fallas o de la Albufera. Ribó prefiere las vacaciones a las tradiciones”.

Santamaría ha lamentado que “los miembros del tripartito confunden aconfesionalidad institucional con laicismo, renunciando a nuestras tradiciones y costumbres más ancestrales”. Del mismo modo advertía que “por mucho que a la izquierda intolerante le moleste, la fiesta de la Virgen de los Desamparados está enraizada en la esencia y en la tradición valenciana”.

Por otro lado el diputado ha recalcado la implicación de su partido con esta fiesta -a la que asistieron el propio Santamaría, la presidenta del PPCV, Isabel bonig, y el presidente provincial del PP, Vicente Betoret, entre otros- señalando que “desde el PP siempre hemos abogado por la normalidad en la convivencia cotidiana”. Así ha acusado al tripartito le “falta normalidad”, criticando que “con gestos como estos y vetos absurdos, crispan innecesariamente la vida ciudadana”.

El presidente de la Junta Gestora del Partido Popular de la ciudad de Valencia, Luis Santamaría, ha expresado este jueves su preocupación “por el grave deterioro de la convivencia ciudadana que se percibe desde que gobiernan Compromís, PSOE y Podemos en el Ayuntamiento de Valencia”.

Luis Santamaría se ha pronunciado en estos términos durante un encuentro con los medios de comunicación que ha tenido lugar esta mañana, en el que ha desgranado los objetivos de la Junta Gestora para los próximos meses. Así, ha explicado que el trabajo girará en torno a tres ejes: Convivencia ciudadana y sentido común, hacer de Valencia una ciudad amable y un nuevo valencianismo.

Santamaría apuesta por una Valencia “abierta, moderna, integradora y cosmopolita y, sin embargo, nos encontramos con un gobierno municipal que está utilizando las instituciones para fomentar la división”. En este sentido, considera que “falta mucho diálogo y sentido común, en definitiva, normalidad”.

“Hay una política errática en materia de horarios comerciales que sólo ha conseguido enfrentar a pequeño comercio con las grandes superficies; no se ha dialogado con quienes traían un proyecto de empleo para la Marina Real y no se han buscado alternativas; se están cerrando aulas; un día se sube el IBI y no sabemos si al días siguiente se baja; un día pintan un parking para motocicletas y al día siguiente lo borran”, ha enumerado.

Por ello, en un comunicado, ha calificado al gobierno municipal como un gobierno de “ensayo y error. Frente a esta improvisación proponemos aplicar el sentido común, el diálogo con los ciudadanos y recuperar  la normalidad. Un ejemplo: peatonalización sí, pero con diálogo y con consenso, y yo como vecino de Ciutat Vella echo en falta información y más transparencia por parte del Ayuntamiento en estas cuestiones”.

Por otro lado, ha lamentado también que el tripartito “haya renunciado a reivindicar el papel de Valencia como tercera capital de España, y de esa forma es difícil, por ejemplo, que el Gobierno central se decida a pagar el transporte público como ocurre en otras ciudades o que se comprometa con el Palau de les Arts”.

“Queremos una ciudad amable, segura y atractiva tanto para los vecinos como para el visitante, y estamos detectando problemas en materia de limpieza o seguridad producto de cuestiones como los botellones, de mercados ilegales, viviendas ocupadas o robos en la zona del paseo marítimo”, ha señalado.

Asimismo, Luis Santamaría ha destacado que el PP defiende un valencianismo “reivindicativo, no sólo lingüístico o identitario, que debe estar centrado en reclamar aquello que en justicia nos corresponde a los valencianos”.

“Un valencianismo –ha continuado- presidido por el sentido común, capaz de reclamar lo que legítimamente nos corresponde, que no sea transigente con las agresiones a nuestras señas de identidad”. En este punto ha reclamado “respeto y orgullo” y que las autoridades “no subvencionen agresiones innecesarias que sólo buscan fragmentar a la sociedad valenciana”.

Santamaría ha subrayado que el PP propone “superar el conmigo o contra mi. No estamos ni contra Barcelona ni contra Madrid ni contra nadie. Estamos con los valencianos para defender nuestros en Madrid, en Barcelona, en Bruselas y allí donde sea necesario. Todo dentro de la lealtad a nuestra identidad como pueblo y el respeto al proyecto nacional y al resto de territorios de nuestros país”.

El secretario general del Grupo Popular en las Corts Valencianes, Luis Santamaría, ha avanzado este miércoles que el PP en la Comunitat Valenciana fijará la fecha de su Congreso Extraordinario cuando se conozca la composición del futuro Gobierno de España.

Así lo ha indicado Santamaría a los medios de comunicación en rueda de prensa, acompañado por la portavoz de Gobernación del PP, Verónica Marcos, al ser preguntado por si el proceso de pactos para lograr una investidura de Gobierno retrasa la convocatoria del Congreso Extraordinario del PPCV.

Al respecto, el secretario general del Grupo Popular ha recalcado que la celebración del congreso extraordinario es un compromiso “claro” de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, pero ha admitido que aún esta pendiente la fijación de la fecha concreta.

“El sentido común indica que esperemos a fijar la fecha de este congreso hasta cuando sepamos cómo queda la composición del gobierno de España”, ha indicado.

Oltra, “pendiente de las fotos en Madrid”

Por otra parte, Santamaría ha opinado, de forma “puramente personal”, sobre la “omnipresencia” de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y se ha preguntado si “le queda tiempo para gestionar el área de competencia que tiene asignado en el Consell”.

Para Santamaría, Oltra está muy pendiente de “las fotos en Madrid” que “tanto rédito le dan”. “También me pregunto cuál es la posición del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en esta relación en la que parece abocado a un papel de secundario de lujo”, ha puntualizado el diputado autonómico del PP, quien ha remarcado que al 'president' le van el Óscar al “mejor actor secundario”.

Al PP no le ha sentado nada bien que la Generalitat Valenciana patrocine la gira 'Raimon torna a casa', y después de que la portavoz del PP en las Corts, Isabel Bonig, criticara la medida de forma irónica refiriéndose a que sus gustos musicales son otros, el partido ha subido el tono y el secretario general del grupo popular en la cámara, Luis Santamaría, lo ha calificado de “escándalo”, además de que es un apoyo que “genera agravios comparativos con otros cantantes y grupos musicales valencianos”.

Santamaría ha reclamado explicaciones por el coste de 270.000 euros de esta gira que se financiará a partes iguales entre la Generalitat, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos porque son un apoyo a “un cantante particular” y se “obliga” a estas instituciones públicas. Así el responsable del PP afirma que las críticas a esta decisión “van más allá de gustos musicales, afinidad ideológica con el cantante o del grado de amistad de Puig con el beneficiado de las ayudas, sino que se trata de un decisión absolutamente arbitraria financiada con el dinero de todos los valencianos, para beneficio particular y que genera agravios comparativos”.

El diputado popular se pregunta “por qué se financia a este señor y no a otros cantantes valencianos. Estamos ante una decisión personal de Puig que, en lugar de hacer su trabajo como presidente de la Generalitat, se dedica a ejercer de manager y productor musical de Raimon. Debería preocuparse de generar empleo y trabajar para resolver los problemas y necesidades de los valencianos y no ocuparse en estas cuestiones personales financiadas con el dinero de todos con presentaciones de giras musicales de cantantes”.

El PP ha reclamado saber “qué proceso administrativo se ha seguido en la ayuda directa que se otorga, qué criterio de selección se ha seguido tanto del artista como de los municipios escogidos para las 17 actuaciones en catorce localidades, y con qué partidas y líneas presupuestarias se sufragan. Con esta subvención se cae la excusa de que ya no se otorgan subvenciones nominativas”.

Por último, el diputado popular ha indicado que “cuando llegaron hace ya ocho meses dijeron que iban a rescatar a la personas pero, visto lo visto, a quien rescatan parece, en este caso, que es solo a una persona. Proponemos que estos 90.000 euros de la Generalitat se destinen a políticas sociales, a atender el pago de Puig ejerce más de productor musical que de presidente del Consell”.

Los roces entre el PP y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) han sido sonados. Los encontronazos entre los conservadores y el órgano que dictamina la normativa lingüística alcanzaron un punto álgido poco antes de terminar la pasada legislatura y confirmaron un distanciamiento, hoy por hoy, insalvable. La intervención este martes en las Corts Valencianes del presidente de la AVL, Ramón Ferrer, lo ha confirmado.

“Estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de intervenir en las Cortes que hasta el momento no había tenido ”, ha afirmado Ferrer. Tras dar cuenta de las tareas realizadas por la institución, ha vuelto a criticar el fundido a negro por parte del PP de Ràdio Televisión Valenciana y ha recordado que esa acción “vulneraba de forma flagrante la carta europea de las lenguas regionales y minoritarias”.

El PP, que había pedido la comparecencia de Ferrer, en boca de su diputado y exconseller Luis Santamaría, ha denunciado que la AVL “se está extralimitando en sus competencias. Deben decidir sobre la normativización, pero no sobre política lingüística”. “En su última declaración apuesta por la inmersión lingüística”, ha criticado, para sacar a relucir uno de los lemas de batalla de los populares: la libertad de elección. “Con el modelo de escolarización que propone se acaba con la libertad de elegir de los padres”, ha censurado.

Unas críticas a las que se ha sumado Ciudadanos a través de su diputado Domingo Rojo. “Nosotros defendemos el trilinguismo en las escuelas. Un modelo en que todas las lenguas tienen la misma proporción. Como debería hacerse en la futura RTVV”, ha afirmado, para cargar contra el presidente de la AVL: “En su declaración hablan de priorizar. Y eso conlleva discriminar a un idioma frente al otro”. Los tres partidos de la izquierda han dado apoyo a la AVL y han criticado el uso partidista de la lengua del que ha hecho gala el PP en el pasado y quiere resucitar ahora.

Ferrer ha desmontado las acusaciones de Ciudadanos y PP. Y ha sacado a relucir las contradicciones de estos últimos. “Usted está diciendo que he cometido una desviación de poder por promover el valenciano, cuando ese función la tenemos recogida”, ha respondido Ferrer. “¿Zaplana, Olivas, Camps y Fabra también lo hicieron por apoyar los presupuestos donde se recogían estas labores?”, le ha preguntado a Santamaría. Sobre la inmersión lingüística, Ferrer no ha querido expresar su opinión, pero ha recordado que “el valenciano es una lengua minorizada y que el castellano no precisa de mayor respaldo”.

También le ha dado la vuelta al concepto de libertad de elección planteado por los dos partidos derechistas. “La AVL defiende la libertad de elección. En especial, de los que no pueden estudiar en valenciano, que cada vez hay más demanda”. Una afirmación realizada tras defender el decreto de plurilinguismo aprobado por la exconsellera de Educación, María José Català (PP). “Todas las emisoras emiten en castellano. No tenemos ni una sola en valenciano, que debe ser la función de la nueva RTVV”, ha contestado a Ciudadanos. Y ante las críticas del PP por la diferenciación entre el valenciano culto y coloquial, Ferrer ha expresado lacónico: “¿Usted habla igual aquí que en la barra del bar? ¿Usted defiende que se escriba y hable como cada uno quiera?”.

El PP ha anunciado que presentará un recurso contencioso administrativo contra el decreto del Consell en la cual se elimina el requisito de ser titulado superior ara ser nombrado asesor. El secretario general del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Luis Santamaría, afirma que esta supresión se realiza “para poder cobrar como alto funcionario, es decir, permite contratar asesores sin ninguna titulación lo cual, además de una sinvergonzonería, va contra una sentencia del TSJ de 2014”, precisamente el argumento contrario al defendido por la vicepresidenta Mónica Oltra.

Santamaría ha cargado así contra Oltra afirmando que “no es de recibo que salga ahora justificando tener asesores sin titulación cuando el marco jurídico dice lo contrario y antes, en la oposición, lo exigían. Puig y Oltra se han creído que esto es su 'paraeta' y que puede hacer lo que les dé la gana nombrando a dedo a sus amiguitos aunque no cumplan los requisitos mínimos exigidos”.

Ante esta situación el diputado 'popular' ha reclamado a Mónica Oltra que explique “cuántos asesores hay en el Consell que no tienen titulación y a cuántos han nombrado con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, es decir, de manera irregular”. Para Santamaría “nos encontramos ante una vulneración flagrante de la ley de función pública y nos gustaría saber qué dice el CJC al respecto porque este Consell se dedica, por costumbre, a adoptar la norma a sus caprichos en lugar de hacerlo al revés”.

El vicesecretario de Ideas, Principios y Valores del PPCV, Luis Santamaría, ha denunciado este viernes un “oscurantismo” organizativo en torno al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya que asegura que en el área de Presidencia hay actualmente adscritas 178 personas en puestos de confianza, con un coste de 8.196.264 euros, mientras que en la época de Alberto Fabra la cifra era de 45, con un coste de 2.104.709.

Los populares, que se refieren tanto de subsecretarios como directores generales, jefaturas de servicio y personal eventual, incluyen en ese listado a la Abogacía de la Generalitat y a otras áreas que en el actual gobierno se han adscrito a Presidencia como la Agencia de Turismo o Emergencias.

Santamaría ha expresado la “enorme preocupación” del PP porque el Consell esté haciendo de la administración pública un “cortijo” para aumentar la “red clientelar” tanto de PSPV como de Compromís y ha atribuido la “inflación” orgánica a la “batalla” entre Puig y la vicepresidenta, Mónica Oltra, por la “supremacía” y por el “choque de trenes o rivalidades políticas que deriva en el que Palau de la Generalitat se parezca más al Kremlin que a una organización administrativa”.

En una rueda de prensa junto con la coordinadora general del PPCV, Eva Ortiz, para hablar de cuestiones de actualidad política, Santamaría ha denunciado que se ha convertido a la administración en “una especie de territorio de purgas” y un “campo de batalla” entre Puig y Oltra. En esta línea, ha asegurado que desde el verano más de cien personas están “en casa” en expectativa de destino, una situación que ha calificado de “enormemente grave”.

La denuncia ha sido tajantemente desmentida por la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, que ha acusado a los populares de esgrimir “datos delirantes que no corresponden a la realidad”. Oltra ha recordado que el nuevo gobierno de izquierdas ha reducido en un 30% el personal eventual, es decir, los asesores de designación directa, y ha añadido que el PP creó muchos puestos de “falsos autónomos” que, en realidad, eran asesores. Según la vicepresidenta, la reducción de personal de confianza ha supuesto un ahorro de unso 600.000 euros anuales.

El PP ya tiene un objetivo marcado de cara al inicio de curso, el conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, quien se ha convertido en la principal amenaza de las 'señas de identidad valencianas' después de que hace unos días se recuperaran unas declaraciones realizadas den septiembre de 2014 sobre el proceso soberanista catalán y en las que mostraba su proximidad al concepto 'Països Catalans'.

Así, mientras el Consell, por medio de su vicepresidenta, Mónica Oltra, se desmarcaba de las declaraciones del titular de Educación -también apuntó que a Marzà había que juzgarlo por las medidas que adopte como responsable de Educación y Cultura y no por lo que dijera hace un año-, los populares ya preparan una serie de iniciativas con Marzà en el punto de mira.

De este modo, han anunciado la presentación de una serie de mociones en todos los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana pidiendo la reprobación del conseller, así como la presentación de una Proposición No de Ley para que el Consell actúe “con diligencia” frente a las “ofensas y actitudes que funcionarios, responsables políticos y cualquiera que pudiera menoscabar los símbolos” valencianos. Iniciativas que se suman a la petición de dimisión realizada por la líder del PPCV, Isabel Bonig, hace apenas unos días.

Declaraciones “graves”

En este contexto se enmarca la iniciativa parlamentaria de los populares, que la consideran “necesaria” ante las “graves declaraciones y acciones” de algunos dirigentes políticos “en contra de los principios recogidos en el Estatut y la Constitución”, según declaraba el diputado Luis Santamaría, exconseller de Gobernación e impulsor de la Ley de Señas aprobada por el Partido Popular en la pasada legislatura.

Los populares insisten en que las declaraciones de Marzà sobre los 'Països Catalans' son “incompatibles con el respeto a nuestra Senyera o nuestro Himno Regional, que nos representan a todos”, al tiempo que ponen en duda que el conseller “pueda separar su espacio personal de su espacio de gestión”.

“Controlar” a Compromís

Los populares, ha asegurado Santamaría, asisten “muy preocupados” ante decisiones adoptadas por las nuevas instituciones “sin consultar ni a los vecinos ni al resto de grupos políticos para la retirada de símbolos, banderas o el himno de España, o asistencia a actos festivos que son habituales y conforme a legislación”.

Los populares piden al president Ximo Puig que “controle” que las consellerias que dependen de Compromís “cumplan la ley y respeten nuestros símbolos. No vamos a tolerar que nadie quiera hacer creer que la opinión de unos cuantos es la opinión de todos los valencianos”.

El todavía Conseller de Gobernación, Luis Santamaría, será nombrado este viernes nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana por el Consejo de Ministros en sustitución de Serafín Castellano, que fue destituido tras ser detenido por las presuntas irregularidades en los contratos de su época de conseller de Gobernación con la empresa Avialsa, que supuestamente le realizó diversos regalos, entre ellos un rifle valorado en más de 1.800 euros.

Así, tal y como ha avanzado el diario ABC, Santamaría relevará a Castellano -tal y como hizo hace unos meses en el Consell- y tendrá que cesar como conseller y renunciar a su acta de diputado autonómico, estrenada este mismo jueves. De este modo, Santamaría -que se convertirá en el principal cargo institucional del Partido Popular en la Comunitat Valenciana después de que el PP pierda la Generalitat Valenciana- regresa a la delegación del Gobierno, donde ocupó la subdelegación con Paula Sánchez de León como delegada.

El El director de programa del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Luis Santamaría, ha asegurado este domingo que el 24 de mayo “los valencianos nos jugamos nuestra identidad”. Santamaría, que ha participado junto al Síndic del PP en Les Corts Jorge Bellver, en un acto de partido en las Torres de Serranos bajo el lema 'En defensa de la nostra Identitat', ha reivindicado la defensa de la lengua valenciana, los símbolos, el modelo estatutario y la lealtad constitucional frente al modelo de ruptura que, a su juicio, pretenden implantar los grupos en la oposición.

“La izquierda valenciana sigue empeñada en separarnos de España y convertirnos en una triste sucursal del catalanismo rupturista. Esa es la alternativa al Partido Popular. Por eso nos estamos jugando nuestra identidad”, ha explicado.

Según Santamaría, la oposición se ha quitado la máscara para decir alto y claro que lo suyo “es apostar por un modelo de integración en un proyecto político que busca que dejemos de ser valencianos, que dejemos de hablar en nuestra lengua y que quiere llevaros a romper España. Algo a lo que los populares nos opondremos siempre”. El director de programa ha insistido en que el PP “siempre estará en contra de romper nuestras raíces, de reescribir nuestra historia y de dejar de ser valencianos y españoles”. Por ello, ha acusado a la oposición de “mentir al pueblo valenciano”.

Además, ha criticado a los socialistas valencianos, una formación política, ha dicho, “que no se atreve a tener voz propia ni a defender lo valenciano únicamente por su ansia de gobernar. Hace unos meses el president Fabra me encomendó la tarea de elaborar el programa de nuestro partido. Un programa que descansa sobre la defensa de nuestro modelo democrático y solidario de convivencia, la defensa de nuestro autogobierno y de las instituciones y la defensa de nuestras señas de identidad como pueblo”.

Frente a ello, ha asegurado, “estarán los programas de los grupos en la oposición donde seguro que no está la Senyera que la izquierda no usa, el himno que la izquierda no canta o esa referencia orgullosa a nuestra lengua valenciana, al pasado y a la historia que la izquierda no reconoce”.

Luis Santamaría ha añadido que la izquierda no quiere cambio sino ruptura, “mienten cuando dicen que van a defender los intereses de este pueblo porque su proyecto político pasa por renunciar lo que somo como pueblo, porque lo que quieren no es cambiar la Comunitat valenciana, sino segregarla de España y anexionarla a un ente extraño”. Por eso, ha enfatizado, “somo el único partido que está orgulloso de sentirse valenciano”.

“No pueden derogar un sentimiento”

Por su parte, el Síndic popular en Les Corts, Jorge Bellver, ha criticado que todos los partidos de la oposición ya han dicho que si pueden derogarán la Llei de Senyes, “pero lo que no podrán es derogar el sentimiento de un pueblo ni imponer nada que los ciudadanos no quieran”.

Bellver ha afirmado que “solo el PP defiende nuestras señas, ya lo hemos vivido en Les Corts, con una oposición en contra. Hablamos de una Ley que recoge las señas, las defiende, protege y promociona y por desgracia otros partidos miran hacia otro sitio, miran hacia el norte, hacen gala de su catalanismo. Prefieren ser catalanes de segunda que valencianos de primera. Nos han perjudicado económicamente y también políticamente”.

“La Llei de Senyes defiende nuestras raíces y costumbres. Debemos dejar a nuestros hijos lo mejor que tenemos, un presente y un futuro en el que nuestras señas sigan vigentes”, ha expresado el candidato popular. Para Bellver, “la única obsesión de la izquierda es echar al PP del Gobierno valenciano a toda costa”.

La Generalitat Valenciana se limpia las manos en el escándalo de la 'caza del topo del Palau' -que buscaba un filtrador de información interna comprometida- y ha responsabilizado en exclusiva al jefe de seguridad de Alberto Fabra, que ya fue fulminado por el ejecutivo valenciano. El conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, ha insistido este miércoles en que no hubo “orden alguna” para que la Policía de la Generalitat realizara interrogatorios para encontrar al responsable de la filtración de documentos del Consel. Asimismo, ha destacado que el entonces jefe de seguridad del Palau, Rafael Piqueras, actuó “a título individual”.

Santamaría ha comparecido este miércoles en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat de las Corts Valencianes, a petición del PSPV y EUPV, para explicar las filtraciones de documentos del área de Presidencia y el papel realizado por la Policía Autonómica en la investigación realizada al respecto para encontrar al 'topo'.

El conseller, quien ha eludido hablar de “conjeturas, sospechas u ocurrencias”, ha explicado que el pasado octubre, cuando se enteró “por un medio de comunicación” de “posibles interrogatorios policiales a empleados públicos”, ordenó la apertura “inmediata” de una investigación interna de carácter reservado para “esclarecer la veracidad de lo publicado y dirimir las posibles responsabilidades”.

Luis Santamaría ha indicado que, de los informes y declaraciones del expediente, se ha concluido que “la Policía de la Generalitat no ha buscado al 'topo'. No ha habido orden alguna y no ha sido parte de la actividad de nuestros agentes”, ha manifestado.

Asimismo, ha indicado que hubo “dos entrevistas” entre el responsable de seguridad del Palau y el asesor de prensa del vicepresidente del Consell, José Císcar, realizadas “a título individual” por parte del policía y a las que el asesor accedió “voluntariamente”.

Del mismo modo, ha indicado que existen “discrepancias” en algunos asuntos relativos a estos encuentros porque “el inspector jefe dice que toda la entrevista transcurrió en una situación de normalidad sin ningún tipo de presión por su parte, mientras que el asesor dice lo contrario”.

El conseller ha recordado que el jefe de seguridad del Palau fue destituido de sus funciones. También ha explicado que se trasladaron los hechos a la Fiscalía de Valencia, quien abrió diligencias de investigación, que fueron remitidas al juzgado de instrucción número 15, que incoó diligencias previas que forman parte de un proceso judicial que está en curso.

“La gaviota, el topo y el bulldog”

El síndic de EUPV, Ignacio Blanco, ha destacado que “hay tres escándalos: la gaviota, el topo y el bulldog”. El primero se refiere a “los gastos personales cargados al erario público”, el segundo a “la filtración de documentos” y el último a “una actuación parapolicial del jefe de seguridad de Palau que actúa como Clint Eastwood en 'Harry el sucio', al margen de ley”, ha subrayado.

Según Ignacio Blanco, la “presa” ha sido un asesor del vicepresidente y “los dos sospechosos de las filtraciones son personal de su confianza”. “¿Por qué no cogen al señor Císcar y le interrogan a ver si canta?”.

Del mismo modo, el portavoz adjunto del PSPV, Rafael Rubio, ha leído el escrito del fiscal y ha dicho que no se cree que “se le ocurriera al policía solo realizar el interrogatorio”. “Al señor Piqueras le dio la orden un responsable político de Presidencia”, ha aseverado el socialista.

Rubio ha instado a Santamaría a que “si de verdad se enteró por el periódico” de los interrogatorios, “más vale que dejase su puesto y se dedicara a otras cosas”. Del mismo modo, la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha dicho que “si se ha enterado por la prensa, no sé si está habilitado para ocupar el puesto que ocupa en el Consell”.

“Dos límites”

La oposición ha criticado que la Conselleria no haya facilitado información solicitada sobre este tema. Santamaría ha indicado: “Queremos ser lo más transparentes posible”, pero ha matizado que en este asunto hay dos límites“. Éstos son ”la propia naturaleza del expediente disciplinario, que incluye datos personales que deben ser salvaguardados y protegidos“ y que este asunto ”es objeto de un a investigación que está en curso“.

“En este caso no tenemos nada que esconder, ni ocultar, ni ninguna connivencia”, ha dicho el titular de Gobernación, quien ha añadido que “si fuera así, no habríamos abierto un expediente y llevado a la Fiscalía”.