El Ministerio de Función Pública estudia con las comunidades autónomas sancionar a gestores públicos por el abuso de interinos en la Administración, según ha adelantado El País y confirma a elDiario.es el departamento que lidera Óscar López. El Ministerio está tratando de acotar y cifrar el problema de abuso, que por el momento cifra en “menos de 200.0000” trabajadores temporales.

La medida está debatiéndose junto a otras iniciativas y cambios legales para reducir notablemente los trabajadores temporales en el sector público (casi un tercio en la actualidad frente a la meta establecida del 8%), por lo que Bruselas tiene abiertos varios expedientes contra España.

La sanción a gestores públicos está aún siendo debatida en la mesa de negociación abierta con las comunidades y ayuntamientos, las que más temporales tienen, y presenta la dificultad de acotar a qué nivel y cargo público dirigir la responsabilidad del abuso de interinos y, por tanto, la sanción que finalmente se establezca, explica El País.

Así, por ejemplo, ante el abuso de sanitarios interinos en un hospital, se presenta la discusión de qué gestor es el verdadero responsable de esta situación. Muchas veces, el recurso a interinos es la única manera de atender el servicio público en cuestión, ante la falta (o demora) de las convocatorias de plazas estables.

elDiario.es ha consultado a Función Pública si se baraja sancionar a cargos políticos, como Consejeros de Sanidad o Educación, por ejemplo, dos de los sectores con más interinos, pero no ha dado detalles al respecto.

“Respecto a las medidas las estamos trabajando con las Comunidades Autónomas porque al final son ellas las que tendrán que adoptarlas, que son las que tienen el problema”, responden en el Ministerio de Óscar López. La próxima reunión con las CCAA es el próximo 24 de septiembre, añaden estas fuentes.

El Ministerio cifra el abuso en menos de 200.000 trabajadores

El Gobierno además está estudiando hasta dónde alcanza el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas, para responder a la Comisión Europea en los expedientes abiertos contra España por este motivo, que pueden derivar en una demanda contra nuestro país frente al TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Aunque aún no ha cerrado la cifra de afectados, el Ministerio de López precisa que no todos los temporales públicos –casi un millón de personas, un 32% del total de trabajadores del sector– están en una situación de abuso.

De momento, Función Pública sitúa el problema “por debajo de los 200.000” trabajadores temporales, que son las personas que llevan tres años en esta situación, ya que el Estatuto Básico del Empleado Público “fija un límite general de tres años para la ocupación interina de plazas vacantes”, recuerdan en el Ministerio, cambio introducido en 2021 en el paquete de medidas contra la temporalidad abusiva del entonces ministro Miguel Iceta.

“Sin embargo, no todos los interinos que llevan más de tres años estarían en situación de abuso”, por lo que aún tienen que acotar bien el dato, añaden en el departamento de Óscar López.

Bruselas apremió a España responder antes del 30 de junio –con dos meses de plazo– sobre cómo está atajando este problema, que la justicia europea volvió a decir el pasado abril que España no está sancionando de manera adecuada. Tras ello, el Tribunal Supremo dictó una importante sentencia en la que estableció las condiciones para hacer fijos a interinos en abuso, así como a las indemnizaciones económicas para resarcir los daños a los afectados por esta irregularidad.

El Gobierno no llegó al plazo de finales de junio y pidió a la Comisión Europea más tiempo, hasta marzo de 2027, para dar una respuesta sobre la magnitud del problema y las medidas para resolverlo, que es la que está negociando con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para la que ha consultado también a los sindicatos más representativos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, con el apoyo “unánime” de las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, STAS-CLM y UGT, el IX Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, un texto que beneficiará a más de 7.500 trabajadores de la Administración regional.

El nuevo convenio, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, tendrá una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de julio de 2030, y establece el marco regulador de las condiciones de trabajo del personal laboral de la Junta de Comunidades, de sus organismos autónomos y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

La firma de este acuerdo es el resultado de un amplio proceso de negociación entre la Administración regional y la representación sindical, materializado en 25 reuniones de la Comisión Negociadora del convenio colectivo, además de nueve reuniones específicas del grupo de trabajo creado para diseñar un nuevo procedimiento de gestión de las bolsas de trabajo del personal laboral.

El IX Convenio Colectivo incorpora avances significativos en las condiciones laborales del personal, con medidas dirigidas a mejorar la organización del trabajo, favorecer la conciliación y reforzar las oportunidades de desarrollo profesional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Entre las principales novedades destaca la implantación de un nuevo sistema de gestión de las bolsas de trabajo, que permitirá la oferta de puestos mediante llamamientos voluntarios, una medida que facilitará una cobertura más ágil y eficaz de las plazas vacantes. Asimismo, el convenio introduce mejoras en la participación en los concursos de traslados, en los procedimientos de movilidad, en la promoción interna y en el régimen de permisos y descansos.

El texto incorpora una bolsa de horas de conciliación para el personal laboral, para compatibilizar la vida personal, familiar y laboral, y adecuando el convenio al II Plan Concilia y a la legislación vigente.

Además, el nuevo convenio reconoce un complemento específico para el personal que desempeña su jornada exclusivamente en horario de tarde, al tiempo que continúa impulsando mejoras en ámbitos como la formación, la salud laboral y el fortalecimiento de los derechos de representación colectiva.

El acuerdo también supone un avance en la estabilidad y calidad del empleo público, al incluir el compromiso de conversión de los contratos que aún permanecen bajo las modalidades de personal fijo discontinuo y personal de fin de semana en contratos a tiempo completo, mejorando así las condiciones de contratación de estos trabajadores y trabajadoras.

Por último, el IX Convenio incorpora la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de la Administración regional, una medida que será posible tras la reciente aprobación de la normativa estatal que regula esta modalidad.

El sindicato CCOO de Extremadura ha reclamado a la Junta que resuelva ya con la empresa adjudicataria del servicio de los diez centros de transporte de Extremadura, Copergy Ibérica, el problema de impagos en las nóminas de la plantilla, que acumula cinco meses sin cobrar.

Los trabajadores se han concentrado este lunes frente a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en Mérida para exigir el pago de sus nóminas y la resolución del contrato a Copergy.

A juicio de CCOO, la “nefasta gestión” de la empresa está llevando “al límite” la economía de los trabajadores y sus familias. “Copergy no paga a su plantilla desde hace cinco meses y, a pesar de eso, la Junta de Extremadura, responsable última del servicio, no fuerza una resolución del contrato y sigue esperando a que aparezca otra empresa que quiera asumir el servicio”, ha expresado el sindicato en nota de prensa.

El secretario de Organización CCOO del Hábitat de Extremadura, Félix García, ha culpado a la Administración regional de no actuar de manera decidida para dar solución “de una vez” a esta situación “de penuria” de los trabajadores.

Para García, éstos tienen que ir a trabajar obligatoriamente, no cobran salarios y tampoco pueden ir al paro y cobrar la prestación.

Según ha explicado, la Junta de Extremadura adjudicó el pasado año a la empresa madrileña Copergy Ibérica la gestión de los centros de transporte y ya en el mes de diciembre comenzaron los problemas con el impago de las nóminas, acumulándose los retrasos. “Incluso, los trabajadores han tenido que aguantar la humillación de recibir nóminas de un solo céntimo”, ha relatado CCOO.

Además, ha recordado que la mayor parte de la plantilla, cerca del 90 por ciento, tiene alguna discapacidad y pertenecen a un centro especial de empleo.

Por este motivo, la empresa ha recibido subvenciones y desde el sindicato se ha preguntado a qué se ha destinado ese dinero, “porque no se ha empleado ni para adecuar puestos de trabajo ni para pagar salarios”.

Asimismo, ha anunciado que si la Junta no ofrece pronto una solución, la próxima movilización prevista será una manifestación desde la plaza de toros de Mérida hasta la Asamblea de Extremadura el 23 de julio.

Más de un centenar de personas, según la organización, se han movilizado este lunes en el Hospital de Laredo en una concentración convocada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) para exigir la clasificación del personal técnico medio y superior sanitario “en el grupo que verdaderamente le corresponde y como ya está acordado con el gobierno central”, ya que se trata de un colectivo infraclasificado según su nivel de titulación y competencias profesionales, ha subrayado el sindicato.

La secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, María José Barrio, ha subrayado que “la clasificación de este personal, imprescindible para el buen funcionamiento de la sanidad pública, implica el reconocimiento efectivo de su titulación y responsabilidades, además de un reconocimiento económico que puede llegar a los 3.000 euros anuales”.

Así, el sindicato ha insistido su exigencia de aplicar la normativa vigente, “porque ya está recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, y el cumplimiento del acuerdo para una administración del siglo XXI, firmado e incumplido”.

El problema al que alude el título se resume en la existencia de un desmesurado abuso en la contratación laboral temporal en las Administraciones públicas, que provoca una tasa de temporalidad del 26,8%, cuando en el sector privado es del 11,9% y cuando existe un consenso en que en el sector público no debería superar el 8%. Esta tasa se concentra sobre todo en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos, con especial gravedad en la sanidad y la educación. A pesar de que en 2021 se puso en marcha un procedimiento extraordinario de estabilización, sólo se logró reducir la temporalidad en 4,4 puntos porcentuales, por lo que seguimos con tasas tan elevadas de temporalidad, fruto de abusos en contratación o de una mala gestión de los recursos humanos.

La sentencia en cuestión es un fallo que acaba de dictar el Tribunal Supremo, a resultas de un recurso de una trabajadora que reclamaba su condición de fija por llevar desde 2009 encadenando sucesivos contratos temporales tras haber superado unas oposiciones a plazas fijas, pero sin plaza. El Tribunal, para resolverlo, había planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo sobre la adecuación de la legislación española a la Directiva sobre contratos temporales, que exige medidas eficaces para hacer frente a los abusos en la temporalidad. La sentencia de Luxemburgo de manera rotunda considera que las medidas existentes en nuestra legislación, tal como son interpretadas por el Tribunal Supremo, resultan insuficientes y no cumplen lo que exige la Directiva.

La sentencia del Supremo, a pesar de que logra una solución razonable al asunto enjuiciado, reconociendo la fijeza de la trabajadora reclamante, no va a resolver el problema de las altas tasas de temporalidad, para empezar porque la solución sólo puede venir de una reforma legislativa. La propia sentencia así lo destaca expresamente: “El legislador debe efectuar las reformas necesarias…introduciendo medidas sancionadoras y disuasorias de la situación abusiva. La elevada y persistente tasa de temporalidad evidencia…una cultura de la temporalidad que solo podrá ser atajada por la acción del legislador”.

La sentencia, siendo consciente del problema inmediato hasta tanto haya respuesta legal, no sólo resuelve el caso concreto, sino que intenta ofrecer una respuesta general para el conjunto de litigios que se pueden presentar a partir de ahora, pero lo hace de manera poco atrevida y, en ocasiones, ambigua. El Tribunal Supremo ha procurado moverse lo menos posible respecto de lo que han venido siendo sus criterios hasta ahora, con lo que, con toda seguridad, habrá nuevas intervenciones del Tribunal de Luxemburgo, no descartándose que éste entienda insatisfactorios los nuevos criterios del Supremo. De otra parte, la sentencia va a abrir paso a un incremento de la litigiosidad, sin que ofrezca suficiente seguridad jurídica para algunas materias, como son los supuestos que dan derecho a la fijeza o la cuantificación de las indemnizaciones a los perjudicados.

Como primera novedad, el Tribunal Supremo asume que para Luxemburgo la conversión en indefinidos no fijos no constituye la solución al problema, de modo que, de manera implícita, abandona la figura como medida adecuada. El Tribunal de Luxemburgo señala que las medidas existentes en la legislación española no cumplen lo exigido por la Directiva, pero, al propio tiempo, no señala cuáles son las medidas idóneas, lo que intenta hacer la sentencia del Supremo. Sin embargo, el esfuerzo del Supremo ha resultado poco acertado, bien porque ha intentado por vía indirecta salvar las medidas existentes, o bien porque lo que tiene de novedoso no va a resultar disuasorio para romper con prácticas de abusos muy consolidadas.

Por ejemplo, la declaración de fijeza de la trabajadora se basa en una situación muy singular de que la misma había aprobado una oposición a un empleo fijo pero sin lograr plaza, pero sin aclarar si se mantiene la validez de las convocatorias de oposición en las que sólo se admiten como aprobados aquellos que ocupan plaza, ni se da respuesta suficiente a los otros supuestos de abuso sin haber superado una oposición, insistiendo en que no tiene validez a estos efectos la participación con éxito en un concurso para la cobertura de una plaza temporal.

De otra parte, se centra en las indemnizaciones a los perjudicados, pero recordando el criterio del Tribunal de Luxemburgo de que su cuantía no puede superar la compensación por el daño causado, de modo que estas indemnizaciones por sí solas no van a tener el necesario efecto disuasorio que exige la Directiva. De manera complementaria, entiende que las sentencias deben dar traslado del asunto a la Inspección de Trabajo para que se sancione a la Administración por la infracción de la normativa sobre contratos. Sin embargo, en el ámbito de lo público las sanciones pecuniarias, sean administrativas o indemnizatorias, por muy elevadas que sean, nunca tienen un efecto disuasorio del fraude; aparte del contrasentido de que la Administración se sancione a sí misma, de modo que casi siempre la multa sale de y entra en el mismo bolsillo.

En suma, la solución definitiva y efectiva sólo puede venir por la vía de una reforma legislativa, porque se trata no sólo de establecer medidas de reparación de los daños ocasionados a empleados concretos, que es lo único que puede resolver la vía judicial, sino, sobre todo, de adoptar medidas preventivas y profilácticas que vayan a la raíz del problema y no sólo a los efectos. Por ello, las expectativas reales pueden provenir más de otra actuación que se desarrolla en paralelo: la apertura que se acaba de producir de un procedimiento de infracción por la Comisión Europea, a resultas de la sentencia de Luxemburgo, conminando al Gobierno español para que en un plazo perentorio adopte medidas eficaces contra el abuso de la temporalidad o justifique la idoneidad de lo ya realizado, pues, en caso contrario, planteará la correspondiente demanda ante el Tribunal de Luxemburgo para que impongan las sanciones económicas que procedan, incluso con el riesgo de bloqueo a España de los abonos pendientes de los Fondos europeos.

En este podcast hemos hablado otras veces de querer ser funcionario. Hemos hablado del duro camino de renuncias que supone estudiar una oposición. Hemos hablado de los motivos que te pueden llevar a tomar la decisión de querer ser funcionario: tener mejores condiciones laborales, no estar dispuesto a asumir ciertos sacrificios que pide la empresa privada. Hemos hablado de lo que supone la llegada al sector público. La motivación, al menos del primer día de trabajo. Hay algo en ese camino que damos por hecho y que no es tan obvio: tener el tiempo y las condiciones materiales para poder opositar. Porque opositar cuesta dinero. Directa e indirectamente.

Ha surgido por ejemplo la Escuela Ciudadana de Administración Pública, un proyecto organizado por funcionarios y funcionarias de manera voluntaria, que quieren ayudar gratis a otros opositores. Ana, Paloma y Enrique forman parte de ECAP. Lo abordamos con el periodista que ha escrito sobre esto en elDiario.es, Guillermo Martínez.

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Publicar gratis los temas de las oposiciones para democratizar el acceso: “Es una herramienta de justicia social”

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Escobas en alto, uniformes de trabajo, megáfono en mano y pancartas contra la privatización de los servicios públicos. Los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Sevilla han escenificado este jueves en la calle la guerra abierta contra el Gobierno de José Luis Sanz por privatizar la limpieza de los colegios de la ciudad. “Lo público se defiende gobierne quien gobierne”, han coreado los manifestantes mientras avanzaban desde el Palacio de San Telmo hacia las puertas del Consistorio, en una movilización que iba más allá de un pulso laboral.

“Esto no trata solo de empleo, sino de un modelo de gestión”, ha explicado Jorge Menacho, presidente del comité de empresa en el Ayuntamiento de Sevilla, en alusión a la apuesta del alcalde por externalizar parte del servicio de limpieza con una partida presupuestaria de 25 millones de euros, “cuando ya la propia plantilla municipal está presupuestada en 16 millones”.

Entre los miles de asistentes –2.500 según el comité de empresa, 1.000 según datos oficiales– se encuentra Juani, una trabajadora del servicio de limpieza con 20 años de experiencia. “No tiene ningún sentido que quieran privatizar un servicio que se lleva prestando 40 años desde lo público”, comenta, antes de lamentar que “el alcalde lo está dejando morir”. El deterioro en las condiciones laborales lo sitúan los trabajadores desde el cambio de gobierno en 2023. “Antes más o menos se cubrían las vacantes, pero desde que entró el equipo del PP, no se cubren ni bajas ni jubilaciones y ya no podemos más”, asegura Juani, quien acude por las mañanas a su puesto de trabajo con “taquicardias” porque tiene que limpiar ella sola dos centros educativos.

Plantillas sobrecargadas y frustradas

María José, otra trabajadora, coincide con Juani en que “desde que José Luis Sanz llegó a la alcaldía, se ha producido un desmantelamiento total del servicio”. El déficit de personal, que los sindicatos cifran en torno a las 200 vacantes, deriva en una sobrecarga de trabajo para los peones que tienen que mantener limpios los colegios públicos. “La situación es extrema ya, estamos bajo mínimos”, afirma Marina, que forma parte de la plantilla de limpieza del CEIP Maestro José Fuentes en Sevilla Este, uno de los distritos más afectados por la falta de personal.

“Deberíamos ser siete y ahora mismo somos cuatro para atender a un colegio de alrededor de 900 alumnos”, cuenta Marina, quien sufre a diario “una impotencia muy grande porque la sobrecarga de trabajo es enorme y no podemos llegar a los niveles de limpieza que los niños se merecen”. En 2024, las familias llegaron a concentrarse con fregonas a las puertas de este centro para denunciar la suciedad acumulada en las aulas.

“El problema es que el ayuntamiento está empeñado en dejar caer servicios a costa de la salud de los niños, es muy difícil para nosotros esta situación”, añade, verbalizando un sentir compartido entre los trabajadores municipales: “Nos sentimos desolados”. La plantilla cuenta con el respaldo de la federación de AMPA de Sevilla (Fampa), que ha impulsado un manifiesto firmado por 66 de los 108 colegios de la ciudad para sumarse a las quejas de los sindicatos y reivindicar que “la degradación del servicio se está utilizando como estrategia política para justificar una inminente privatización”.

Como el resto de sus compañeros, Eduardo recibió con “preocupación y frustración” la noticia de que el Gobierno local iba a externalizar el servicio de limpieza en los colegios públicos. “Estoy temblando porque veo que me voy a quedar en la calle”, cuenta este interino, mientras sostiene un cartel en el que se advierte de que más de 300 familias van a “ir al paro” si la privatización anunciada a mediados de enero se materializa como está previsto en septiembre.

Eduardo, que lleva siete años trabajando como peón de limpieza en un colegio, ve peligrar su futuro, a pesar “de todo lo que llevamos aguantando este tiempo”. “Vivimos una lucha diaria para que el colegio esté en condiciones porque esa es la casa de todos, de los niños y los maestros, y nosotros vemos que todo el esfuerzo no va a servir para nada”, lamenta.

De la calle al pleno

Dese que se anunció la externalización a mediados de enero, el comité de empresa del Ayuntamiento intensificó las protestas para intentar frenar el proceso de privatización y exigir que el problema se resuelva “desde lo público”, cubriendo las vacantes ya presupuestadas. “Hay informes de la propia Intervención municipal diciendo que si se cubren las vacantes, se solucionaría el problema”, sostienen representantes de CSIF, UGT y CCOO.

Las protestas por esta privatización también se han hecho sentir en el pleno municipal de este jueves, algo habitual en las últimas sesiones desde que se conoció el objetivo del gobierno local. El grupo Podemos-IU interpelaba directamente al alcalde sobre esta cuestión, pero antes de que se llegara a ese momento el presidente del pleno, Manuel Alés (PP), ya había ordenado el desalojo de todo el público asistente.

Lo hizo a la tercera protesta que se ha producido. En los dos primeros casos, han sido expulsadas las personas que han exhibido pancartas y han cortado la intervención de algún miembro del gobierno local. A la tercera, tal y como le faculta el reglamento, ha ordenado el desalojo íntegro de todo el público, con lo que en el salón sólo han quedado los concejales y los periodistas que cubrían la sesión. Una señora se ha llegado a sentar en el pasillo que divide las dos zonas en las que se sienta el público, en señal de que no pensaba irse. Al final, ha sido sacada en volandas por agentes de la Policía Local.

Continúan las movilizaciones

La protesta celebrada este jueves dentro y fuera del Consistorio forma parte del calendario de movilizaciones anunciado por el comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla de cara a las próximas semanas. “Vamos a seguir estando donde esté el alcalde, para que la ciudadanía entienda que esto no trata solo de empleo, sino de un modelo de gestión”, ha avanzado su presidente, respaldado por compañeros de todos los servicios municipales —desde Tussam hasta Emasesa— en una muestra de unidad sindical ante lo que consideran un “plan organizado” para externalizar servicios públicos.

El objetivo, advierten, es mantener la presión si no se abre una negociación. “Si el alcalde se niega a resolver este conflicto desde lo público, Sevilla vivirá unas fiestas primaverales marcadas por la movilización”, afirman las organizaciones sindicales. Entre las acciones previstas figuran una acampada en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento, y protestas coincidiendo con el pregón de Semana Santa.

La tensión ha ido en aumento en las últimas semanas. La delegada municipal de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, amplió esta semana ante la Fiscalía una denuncia por supuestos “insultos” e “intimidaciones”, en un contexto de creciente confrontación pública entre el equipo de gobierno y la plantilla municipal.

El apoyo que reciben los trabajadores no se limita a las empresas públicas. También la comunidad educativa exige al Ayuntamiento que refuerce la plantilla “en lugar de externalizar un servicio que, según datos municipales, resultaría más caro y menos eficiente”. A esa reivindicación se suman también grupos políticos como Podemos-IU o Adelante Andalucía, además de asociaciones vecinales de barrios como Cerro Amate, Pino Montano o Sevilla Este.

Desde el Gobierno municipal, por su parte, se insiste en que la externalización “no supone la pérdida de ningún empleo público” y se enmarca en una reorganización de recursos que, según el alcalde, busca garantizar la calidad del servicio. Sanz ha defendido que se trata de una “práctica habitual” en otros servicios municipales y en numerosos ayuntamientos.

Sobrecarga física y mental

Los trabajadores defienden que el deterioro del servicio no es consecuencia de la falta de presupuesto, sino de una decisión política. Según la plataforma de empleados municipales, durante los dos últimos cursos el Ayuntamiento ha dejado sin cubrir jubilaciones, bajas y comisiones de servicio pese a que las plazas estaban dotadas presupuestariamente.

El resultado, denuncian, es que 108 colegios públicos funcionan con plantillas “gravemente mermadas”. Centros que deberían contar con cuatro limpiadores operan con dos, y en algunos casos con una sola persona para cubrir jornadas que se extienden desde las 7.30 hasta las 20.00 horas, con aulas, comedores y patios en uso continuo.

A la sobrecarga física se suma la mental. “Estamos sin ganas de comer, sin dormir, pensando en cómo se va a hacer resolver esta situación”, comenta Elena, quien después de dos décadas en el servicio, por primera vez se ha dado de baja durante seis meses por una contractura en la espalda. A su lado, Victoria comparte su inquietud por el futuro del servicio: “Soy madre de familia, soy divorciada y necesito el trabajo”, defiende, acompañada de sus dos hijos que sostienen pancartas donde se puede leer “lo público no se vende”.

Más allá del empleo, la plantilla insiste en que el debate tiene una dimensión social. “Aquí hablamos de salud infantil y de dignidad”, resume una trabajadora veterana. Como madre, Elena también transmite su preocupación por dejar la limpieza en manos de una empresa externa. Los trabajadores recuerdan que ellos llevan años formando parte de la comunidad educativa, que accedieron por oposición y que llevan más de 40 años prestando el servicio desde lo público. “El colegio es nuestra segunda casa”, expresa Eduardo.

El comité de empresa mantiene el calendario de movilizaciones y no descarta una huelga indefinida si no se abre una negociación. Lo que comenzó como un conflicto por la limpieza escolar amenaza ahora con extenderse al conjunto de los servicios municipales a las puertas de la primavera sevillana.

El Sindicato de Administración y Servicios (STAS-CLM), en representación del colectivo del personal laboral de la Junta de Castilla-La Mancha -que engloba a 7.000 personas-, ha presentado ante la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha más de 2.000 firmas para conseguir que el Gobierno regional “agilice” una modificación legislativa para que los empleados y empleadas públicas recuperen el derecho de la jubilación parcial.

Desde STAS-CLM señalan que con la publicación del Real Decreto 11/2024 del 23 de diciembre, elaborado por el Gobierno central y “con el visto bueno de CCOO y UGT”, ha supuesto “un retroceso en derechos laborales para el personal laboral de la Junta de Castilla-La Mancha en los últimos 20 años”. Aseguran que previamente a la publicación de este Real Decreto, el personal laboral que cumpliese con una serie de requisitos de edad y de cotización “podía acceder a la jubilación parcial, una figura que permitía en los años anteriores a la jubilación total, liberar una parte de su jornada laboral, aligerando así la carga de trabajo físico en los últimos años de su actividad laboral”.

Pasión Pérez, miembro y portavoz de STAS-CLM, recuerda que “desde que entró en vigor el Real Decreto en el mes de abril, hemos estimado que existen 300 trabajadores y trabajadoras en Castilla-La Mancha que eran candidatos a solicitar esta jubilación parcial. Los han solicitado 80 personas y les ha sido denegado ese derecho”. Pérez explica que esto es debido a que “se ha cambiado la modalidad contractual, ya que antes el relevista, que era la persona que hacía la parte de jornada que el jubilado parcial estaba sin trabajar, era un contrato de interinidad. Con el cambio del Real Decreto eso supone que sea un contrato indefinido. Con lo cual eso no se puede llevar a cabo en la función pública, porque para ello hay que hacerlo mediante un proceso selectivo de publicidad, mérito y capacidad”. La portavoz en este caso de STAS-CLM señala que “al no poderse llevar a cabo esa modalidad contractual se ha interrumpido esa jubilación parcial”.

Pérez manifiesta que “afecta a todo el personal laboral de oficio, desde Fomento en carreteras, a las auxiliares de enfermería, al personal de limpieza, al personal auxiliar técnico educativo o los conductores”. La propuesta es “que nuestro Gobierno regional se ponga en contacto, pero no en gerundio como dicen siempre, de decir: estamos trabajando, estudiando. Que lo hagan de una vez por todas, a través de otro Real Decreto o una transitoria, que se pueda llevar a cabo para el personal de las administraciones públicas, porque afecta a todas a nivel estatal”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha y a las corporaciones locales que agilicen la aplicación de la subida salarial a los empleados públicos de la región, tras el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía que se firmó el pasado jueves con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública.

Según recuerda CSIF, este acuerdo refleja “una subida del 2,5 por ciento para este año con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025”. Serán los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) el primer colectivo en ver reflejado este incremento en sus nóminas entre diciembre y enero del próximo año, pero en el resto de ámbitos son las administraciones regionales y locales las que deben aplicar esta subida.

“Casi 140.000 empleados públicos (personal funcionario, laboral y estatutario) en Castilla-La Mancha se verán beneficiados de este Acuerdo Marco que contempla un incremento salarial del 11,4% hasta 2028 (2,5% en 2025; hasta un 2% en 2026; 4,5% en 2027 y un 2% en 2028, al que se suma el 0,4% del incremento proporcional de las mejoras en los complementos y los salarios base)”, explican desde CSIF.

Solo en este año, sin tener en cuenta complementos específicos ni trienios, la subida supondrá una ganancia media anual sólo en 2025 de 767 euros para el Grupo A1; 627 euros para los A2; 551 euros para el Grupo B o 478 euros para el Grupo C1. Para el 2028, la ganancia será de 3.512 euros para los A1; 2.870 euros para los A2; 2.524 euros para los trabajadores del Grupo B y 2.187 euros para los C1. Para aquellos trabajadores que mantengan una relación laboral de cinco trienios con la Administración, la subida supondrá, al término del acuerdo, más de 5.560 euros para los A1; 4.349 para los A2 o 3.202 euros para los C1.

“Es el momento de avanzar de una vez por todas tras el nefasto acuerdo de 2022”, ha indicado el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, que ha recordado quie el sindicato ve preciso convocar la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha para abordar no sólo este aumento salarial, sino para aplicar también en la región las mejoras en condiciones laborales y empleo público que lleva anexado el Acuerdo Marco.

Entre estas mejoras se contemplan más permisos, avances en conciliación y acción social, progresos en promoción interna y movilidad, actualización de dietas y kilometraje, teletrabajo, refuerzo de la salud laboral, procesos selectivos ágiles o eliminación de la tasa de reposición.

El próximo 28 de noviembre se celebra en todo el Estado una huelga de 24 horas del personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del sistema sanitario público, convocada para exigir la reclasificación profesional al subgrupo C1, de acuerdo con la titulación y las funciones reales del colectivo.

En La Rioja, donde el colectivo supera los 800 profesionales solo en el Servicio Riojano de Salud, la jornada de huelga ha convocado las concentraciones a las 11:30 horas en las puertas del Hospital San Pedro (Logroño) y Hospital de Calahorra.

Según han explicado, los motivos de la huelga se deben a la reclasificación profesional: “Estas profesionales están encuadradas en el subgrupo C2, pese a que deben disponer de la titulación oficial de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, que según el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) corresponde al subgrupo C1”.

Esta “clasificación obsoleta”, según subrayan, procede de una categoría creada en 1973 y nunca actualizada. Consideran, por tanto que supone “una brecha retributiva y de reconocimiento profesional injustificable frente a la realidad de los cuidados que prestamos en hospitales, centros de atención primaria y otras unidades asistenciales”.

Además, reclaman la aplicación efectiva del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI (octubre de 2022), que permite a las administraciones modificar los grupos profesionales. Sin embargo, “ni la administración estatal ni las autonómicas han dado pasos reales para actualizar la clasificación de los TCAE”, afean.

Así, llaman a la participación en la huelga: “Nuestra presencia en la calle es clave para visibilizar una situación que se arrastra desde hace décadas y para enviar un mensaje claro a las administraciones: la reclasificación al C1 no es una opción, es una obligación legal y una cuestión de dignidad profesional”.

El sindicato CSIF ha exigido a la Junta de Extremadura que cumpla con sus compromisos y otorgue estabilidad laboral a los 138 bomberos forestales del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) que hasta el momento tenían una jornada laboral del 50%, “pero que a los que se les había prometido por parte de la Administración regional la ampliación a jornada completa”.

El sindicato ha expresado su “estupor y sorpresa” al conocer la orden enviada por escrito por la Junta de Extremadura a los afectados comunicándoles su despedido el próximo 30 de noviembre sin que los representantes de los trabajadores tuvieran ninguna noticia al respecto.

Ante ello, ha pedido una reunión “urgente” a la Junta con el fin de planificar la transformación de estos contratos al cien por cien, “tal y como dieron su palabra los máximos responsables de la Junta en plena ola de incendios que afectó gravemente a Extremadura el pasado mes de agosto”.

El sindicato ha exigido a la Administración regional que, en primer lugar, ofrezca estabilidad a todo el personal del Infoex, un servicio que se ha demostrado una vez más este pasado verano “absolutamente imprescindible” y que fue galardonada con la Medalla de Extremadura el pasado 7 de septiembre.

Y en segundo lugar, le ha reclamado que ponga en marcha, “de forma transparente, negociada y pactada con los sindicatos”, el proceso de estabilización laboral de estos 138 puestos de trabajo “y no tome decisiones unilaterales que siembran el desconcierto en los trabajadores y en la opinión pública”.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el desglose completo de la nueva oferta de empleo público aprobada por el Consejo de Ministros. El Real Decreto señala que “desde 2022 se ha generado durante tres años consecutivos empleo neto, superando la mera reposición de efectivos en más de un 40%, lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas”. Para 2025, hay 36.588 plazas, incluidas las de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Hacen falta abogados del estado, arquitectos de la hacienda pública, archiveros, bibliotecarios, arqueólogos, conservadores de museos, farmacéuticos, ingenieros, traductores, auxiliares y un largo etcétera. Estas son, una a una, las plazas ofertadas:

¿A cuántas plazas de funcionario se puede opositar en la OEP 2025?

Este Real Decreto solo incluye las plazas para la Administración General del Estado (AGE), por lo que queda fuera la convocatoria para los nuevos miembros de las Fuerzas Armadas (2.847), guardias civiles (3.713) y policías nacionales (3.139). Así, en esta tanda son 26.889 de personal funcionario y laboral. Pero no todas son de libre acceso. Hay 6.565 puestos reservados para promoción interna, para aquellas personas que ya son funcionarias o trabajan en la administración.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para acceder a una oferta de empleo público hay que cumplir varios requisitos. En cada convocatoria se especificarán los generales de titulación y las capacidades requeridas, pero todos y todas las aspirantes deben tener la ciudadanía española y ser mayores de edad. Además, para el subgrupo C2 es necesario contar con el título de enseñanza secundaria obligatoria; para los C1, el bachillerato; y para los A1 y A2 se exige, al menos, un título universitario de grado, licenciatura o ingeniería.

¿Dónde hay más plazas?

El Ministerio de Función Pública ha hecho hincapié en que uno de los principales objetivos de esta convocatoria es “reforzar la atención a la ciudadanía”. De las 13.400 plazas de funcionarios para la AGE, el 64% pertenece a los subgrupos C1 y C2, “estrechamente vinculados con la atención ciudadana”, resaltan. En total, son 8.851 plazas, que irán destinadas a diferentes organismos que dependen del Gobierno y que están centrados en la tramitación de prestaciones o registros, como el Servicio Estatal Público de Empleo, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico, las oficinas de extranjería, las gerencias territoriales de Justicia, el Catastro, la Agencia Tributaria, las oficinas de expedición del DNI, homologación de títulos educativos, bibliotecas, archivos y museos estatales y capitanías marítimas

¿Dónde es más fácil aprobar el examen?

La Constitución establece que la ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, que influyen en el acceso. Más allá de eso, no hay una respuesta sencilla, porque influyen las plazas ofertadas, pero también el número de candidatos para cada ocupación. Pero, atendiendo solo a las plazas, para el personal funcionario de nuevo ingreso en el subgrupo A1 se ofertan 207 plazas para personal científico titular de organismos públicos de investigación; 118 para inspectores de Hacienda; o 92 para personal superior de sistemas y tecnologías de la información para la administración del Estado. En el subgrupo A2, se ofertan 1.090 plazas para gestión de la administración civil del Estado y 410 para técnicos de Hacienda o 221 para la Seguridad Social.

En el subgrupo C1, entre otras, hay 2.271 plazas de nuevo ingreso para administrativos de la administración del Estado; 966 para la Seguridad Social; otros 920 para agentes de la Hacienda pública; y 900 para ayudantes de instituciones penitenciarias. Además, hay 1.855 plazas más para personal laboral.

En el turno de acceso libre, hay 2.555 plazas para personal de la Administración de Justicia, la mayoría (1.126) para el cuerpo de tramitación procesal y administrativa, además de otras 1.010 de promoción interna. Para el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hay 2.054 y 202, respectivamente.

¿Qué pasa con la promoción interna?

El aumento de plazas de promoción interna es una de las grandes reivindicaciones de los sindicatos, que no han dado el visto bueno a esta convocatoria. Este año, la oferta de empleo público para la AGE contempla 6.565 plazas de este tipo, frente a las 10.625 del año anterior.

¿Y las personas con discapacidad?

Este es el segundo año en el que el Ministerio de Función Pública reserva un 10% de las plazas en la Administración General del Estado para personas con discapacidad. En total, son 2.610 plazas, de las que 538 están destinadas a personas con discapacidad intelectual.

¿Cuándo son los exámenes de la OEP 2025?

El Real Decreto señala que “las convocatorias derivadas de esta oferta de empleo público velarán por garantizar el principio de eficacia, buscando la celeridad, agilización y modernización de los procesos selectivos, evitando su dilatación excesiva en el tiempo”. Sin embargo, no hay fechas previstas y dependerá, en todo caso, de cada convocatoria concreta. Como referencia, desde Función Pública señalan que “el 93% de los procesos de la OEP de 2024 se han publicado en 2024 y la gran mayoría realizan la fase de oposición en menos de un año”.

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado una protesta, el próximo 8 de julio a las 11.30 horas, frente a la sede del Ministerio de Hacienda, ante lo que consideran un “incumplimiento” de la Administración con los empleados públicos. Tras una reunión celebrada este jueves, las organizaciones sindicales han denunciado que están pendientes de una solución para la jubilación parcial del personal laboral, que quedó en el limbo tras el acuerdo de pensiones, la plena implementación para el personal funcionario y estaturario, que se aplique la jornada de 35 horas y que culminen los procesos de estabilización.

Entre las cuestiones “sin atender”, los sindicatos suman otras “también significativas”, como la implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales, desarrollar los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, garantizar la atención presencial de los servicios públicos o la creación de empleo neto.

La reivindicación de no perder efectivos se produce a unas horas de una nueva reunión con el Ministerio de Función Pública para acordar la Oferta Pública de Empleo de 2025. La de 2024 fue de récord, con más de 40.000 plazas. Sin embargo, aún no se ha eliminado la tasa de reposición, un compromiso del anterior ministro del ramo, José Luis Escrivá.

Respecto a la jubilación parcial, el actual ministro Óscar López cerró en diciembre un acuerdo con UGT y CCOO para recuperar este derecho para funcionarios y personal estaturario, perdido con los recortes de Mariano Rajoy. Siete meses después, el compromiso está atascado en el trámite parlamentario de la Ley de Función Pública. Además, el acuerdo de pensiones dejó en el limbo al personal laboral, que ya tenía este derecho, pero que lo ha visto frenado por el requisito de que los relevistas sean contratados de forma indefinida, lo que requiere un proceso de oposición.

Función Pública convocará 1.000 plazas extraordinarias para garantizar este derecho al personal de la Administración General del Estado, como avanzó elDiario.es, pero quedan pendientes los casos de trabajadores y trabajadoras que dependen de otras administraciones, autonómicas y municipales.

Además, los sindicatos han reclamado comenzarla negociación de un nuevo acuerdo marco y “la necesidad de abordar la mejora salarial para el año 2025”. Este martes, el Gobierno aprobó la subida del 0,5% con caracter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, pendiente desde enero de 2025, cuando se confirmó una inflación acumulada en los últimos tres años por encima de 8%, que habilitaba este incremento extra. Aunque las organizaciones sindicales han celebrado este paso, consideran que la medida es “tardía y claramente insuficiente”.

Artistas y trabajadores del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) se han concentrado este miércoles frente al Ministerio de Cultura para protestar por las condiciones laborales del sector de las artes escénicas que, según explica a elDiario.es la Secretaria general de la sección sindical de FSC-CCOO en el INAEM, Vanessa Arévalo Benito, “lleva 30 años funcionando con disposiciones transitorias del IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado”, cuando la mayoría de los funcionarios y personal público “ya están entrando en el V”, al que también aspira el personal de INAEM.

Los concentrados se han manifestado contra la “imposición y deriva” de la secretaría general del organismo y han reivindicado que el sector “no es basura” y que “es cultura y no esclavitud”. A la concentración han acudido integrantes del Coro del Teatro de la Zarzuela, de la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España. Los trabajadores han estado representados por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que han denunciado la “imposición” del INAEM en las reuniones.

Por otro lado, se ha lanzado un manifiesto conjunto en el que se exponen once reivindicaciones al Ministerio de Cultura y se lamenta la actitud de los directivos del Teatro de la Zarzuela ante el reciente paro del Coro del Teatro en la representación de la obra La taverna del puerto. Según explica Árevalo a este medio, “obligaron a levantar el telón y realizar la función sin coro por primera vez en su historia”. En consecuencia, los trabajadores a través de los sindicatos, han convocado un paro tanto del coro como del resto del personal del teatro en la representación de la obra para los días 19, 20 y 21 de junio de 18:30 horas a 21:30 horas.

Cuestionamiento de acuerdos ya firmados y sellados

“Las autoridades están imponiendo interpretaciones unilaterales de acuerdos que ya están firmados, sellados y que llevan vigentes mucho tiempo y que están siendo interpretados de otra manera cada vez que llega un nuevo cargo a la dirección del INAEM, se queja la Secretaria general de la sección sindical de FSC-CCOO en el INAEM.

“Es un problema crónico”, insiste Arévalo, “cada vez que llega un director a un teatro o un secretario general, cuestiona los distintos acuerdos alcanzados por cada sector, ya sea técnico, artístico u otro”. En este sentido reivindica estos acuerdos y denuncia que a nivel de convenio el funcionamiento con disposiciones transitorias “no nos permite actualizar emolumentos, ni dietas ni otras cuestiones, que ahora tenemos referenciadas a un convenio que procede de 1993”.

Arévalo también denuncia “actitudes arbitrarias” por parte de los directivos del INAEM: “El pasado 8 marzo, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, hicimos una huelga para denunciar la brecha salarial en el instituto, un paro que apoyaron todos los teatros administrados por el INAEM”, relata. “Pero en Zaragoza, la dirección del Ballet Nacional de España retrasó la función para coaccionar a los trabajadores”, denuncia.

Esta actitud que la sindicalista juzga como “totalmente arbitraria”, alcanzó a su juicio su cenit el pasado 4 de junio, día en que se convocó una huelga por “el incumplimiento de unos acuerdos tomados hace más de 30 años”. Es cuando la dirección del Teatro de la Zarzuela, según explica Arévalo y se refleja en el manifiesto lanzado, decidió realizar la función sin el coro.

Un brecha salarial “de libro”, según Urtasun

Entre las reivindicaciones estipuladas en el citado manifiesto, figura un cierre estacional por fin de temporada “abusivo” y una brecha salarial “que persiste en las secciones técnicas feminizadas”. Respecto del primer punto, la dirigente sindical de CCOO explica que “la temporada va de octubre a julio, por lo que se nos obliga a coger vacaciones en agosto, sin posibilidad de hacerlas en otra época del año”, por ejemplo mediante sustituciones.

“Es un tema que ya hemos llevado ante el Ministerio de Trabajo, aunque de momento ha dado la razón al INAEM”, reconoce. De todos modos, extiende el problema a que “en el resto de la Administración General del Estado hay para cada sector una relación certificada de los distintos puestos de trabajo, donde se expone el tipo de trabajo que se realiza, los emolumentos, las dietas, etc.”. Pero en el INAEM, denuncia Arévalo, “todo lo que existe es un documento Excel sin ninguna certificación y que, por lo tanto, no es convalidable con el resto de personal de la administración pública”.

Respecto a la brecha salarial en el sector de los técnicos de las artes escénicas, explica que “Urtasun acudió a nuestra última reunión, escuchó nuestras quejas y dijo que existía una brecha salarial de libro”. El problema es que posteriormente, según asegura Arévalo, “la directora general [Paz Santa Cecilia] negó lo dicho por el ministro y adujo que no se trataba de una brecha de género salarial, sino que venía derivada del diferente origen de las ocupaciones de hombres y mujeres en los trabajos técnicos”.

Por lo que respecta a la esperada reforma del INAEM que Urtasun anunció en febrero de este año, Arévalo cree que el problema es que “se ha querido dividir la reforma en dos secciones, una dedicada a la gestión de subvenciones y ayudas y otra a la regulación del funcionamiento del organismo, y por el momento solo se ha creado la primera sección y se han olvidado completamente de la otra”.

Preguntado el Ministerio de Cultura sobre las reivindicaciones de los trabajadores, este ha derivado la respuesta a la dirección de INAEM, cuyas fuentes han explicado a su vez a elDiario.es que “el lunes hubo una reunión del Comité de Huelga, fue productiva y se avanzó de forma significativa en la mayor parte de las reivindicaciones de los sindicatos relativas al Coro del Teatro de la Zarzuela”. Añaden finalmente que “la administración ha realizado hasta cuatro propuestas y El INAEM confía en llegar a un acuerdo con los sindicatos”.

A solo unas horas de que comiencen las fiestas de San Bernabé, el conflicto con el Parque de Servicios, que continúa en huelga desde el martes, se ha enquistado. Tras las últimas negociaciones, que se desarrollaron ayer por la tarde sin alcanzar acuerdo, tanto la Junta de Personal como el Ayuntamiento de Logroño han explicado la situación.

La Junta de Personal ha acusado al ejecutivo local de “dar por finalizada la negociación en este conflicto”. Para los representantes de los trabajadores, “el Equipo de Gobierno estaba tratando de cumplir los protocolos administrativos de reuniones, comunicaciones y trámites legales ante una huelga, pero en ningún momento ha barajado ni contemplado una posibilidad que permitiera desbloquear la situación”.

Así mismo han afeado al Equipo de Gobierno que “centre en salvar las fiestas a cualquier precio, como por ejemplo el encargo a empresas privadas de las tareas propias de los empleados municipales y los llamamientos a personas voluntarios”. En este sentido, han advertido que esto supone una “grave irresponsabilidad” al “permitir que personas no cualificadas ni aseguradas realicen estas tareas” y además son, según la Junta de Personal, “una vulneración del derecho de huelga”.

“La huelga continúa porque el colectivo del Parque de Servicios ha rebajado sus expectativas considerablemente y no se va a conformar con una propuesta que apenas ha sido modificada desde que se iniciaron las negociaciones”, han justificado.

Versión distinta es la aportada por el Ayuntamiento de Logroño. Esta mañana han comparecido los concejales de Alcaldía, Celia Sanz, y del Parque de Servicios, Ángel Andrés, que han asegurado que a lo lardo de varias reuniones “han puesto sobre la mesa diferentes propuestas”, que aseguran, “mejoraban el acuerdo específico con el que cuentan los trabajadores del parque desde 2003 y que se ha ido actualizando anualmente”.

“Este acuerdo sectorial de servicios extraordinarios establece una mejora respecto al resto de personal del Ayuntamiento con un número de días que tienen la consideración de evento especial y de día festivo y en los que la hora se abona a un precio superior, el doble que una hora extraordinaria, es decir entre 30 y 35 euros”.

Así, han explicado que las ofertas planteadas por el Gobierno local durante las negociaciones planteaban el incremento de este número de ‘días especiales’ para realizar actuaciones que mejoren el servicio a la ciudad desde el parque.

“La voluntad del equipo de Gobierno siempre ha sido llegar a un acuerdo pero pensando en que este colectivo forma parte de otro muy superior de 900 funcionarios del Ayuntamiento, y teniendo como objetivo adecuar la oferta para evitar disparidades salariales entre los diferentes grupos funcionariales, asegurando una estructura retributiva homogénea”, ha explicado Celia Sanz.

Esta mañana se ha celebrado Mesa General de Negociación y se ha acordado mantener los servicios mínimos del personal del parque para los próximos días, el 35%, 9 operarios cada día.

La Junta de Personal de Servicios Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, formada por CSIF, STAR, CCOO y UGT, ha criticado este domingo “la inactividad de la Administración en lo que se refiere a diversos asuntos que afectan a los empleados y empleadas públicas de la Administración General de La Rioja, suponiendo esto una merma de los derechos de este personal”.

Como dicen en un comunicado, “desde el inicio de la Legislatura la Junta de Personal lleva planteando a la Administración una serie de temas que afectan y preocupan al personal funcionario de la Administración General de la CAR sin ver movimiento de respuesta ni modificación ninguna al respecto”.

Así, “como temas que afectan a nivel general y de carácter económico, podemos destacar la Orden de Ayudas Sociales y al Estudio sobre la que se pueden beneficiar el conjunto de personal funcionario de la Administración General, además de otro personal, y sobre el que además de llevar retraso de meses en su convocatoria no hay perspectiva de mejora”.

Otro tema importante “es la actualización de los grados de carrera profesional, existiendo un compromiso de negociar este asunto, que se está dilatando de manera que todo indica que no hay voluntad de que este incremento entre en el presente ejercicio presupuestario”, al tiempo que recuerdan que “también de orden retributivo tenemos pendiente la actualización del Decreto de indemnizaciones por razón de servicio”.

Una tercera cuestión “de suma importancia es la Integración en los Cuerpos y Escalas de la nueva Ley de Función Pública: dos años después de su entrada en vigor los/as funcionarios/as desconocen cuándo y cómo se va a producir su integración, se ha reiterado en numerosas ocasiones la petición de un calendario y en la actualidad no hay nada aprobado oficialmente”.

Añaden igualmente “el desarrollo de la oferta de empleo público desde 2021 a 2024, siendo de una enorme lentitud la ejecución de los procesos selectivos”.

“Especialmente llamativo -resaltan- son algunas cuyo plazo de solicitudes finalizó el pasado mes de julio y a día de hoy ni siquiera se ha publicado la fecha de realización del primer ejercicio con la incertidumbre y desánimo que genera en los opositores. Además, queda pendiente la negociación de la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2025”.

En otro orden de cosas, “existe la necesidad de negociar y sacar adelante cuestiones como los criterios de aplicación del RD 5/2023 del 28 de junio, que modifica el Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto a permisos por fallecimiento y enfermedad de familiar entre otros, cuestión que está creando agravios comparativos entre el personal”.

“Estamos pendientes de que se negocien los criterios para su aplicación, al objeto de unificarlos para todos los/as empleados/as públicos. Quedan además cuestiones como calendarios de trabajo anuales, composición y funcionamiento de las listas de espera, situación de mejora de empleo regulada en la Ley de Función Pública, temarios de promoción interna de Administración general o la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo”, detallan.

Ante todo esto, por parte de la Junta de Personal de Servicios Generales “exigimos a la Administración riojana que active el trabajo y la negociación de todos estos asuntos como única vía de conseguir una mejora real de las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicas en La Rioja y por ende para una mejor calidad de los servicios públicos”.

Con el convenio caducado desde el 31 de diciembre de 2024 y una patronal que no atiende sus demandas, según denuncian los sindicatos, Sector Profesional RSU, CCOO y UGT han convocado huelga indefinida en la recogida de basuras de Madrid a partir del próximo 21 de abril a las 23.00 horas. En torno a unos 1.800 trabajadores están llamados a este paro. La movilización pretende obligar a las empresas subcontratadas por el Ayuntamiento de la capital, que gestionan tres lotes entre FCC, Valoriza, Acciona, OHL, Prezero y Urbaser, a mejorar sus condiciones laborales de cara a la aprobación de un nuevo convenio. 

Sebastián Bautista pertenece al sindicato mayoritario en la empresa, Sector Profesional RSU, y así relata el inicio del conflicto: “Tras la caducidad del anterior convenio, abrimos una mesa de negociación en enero. Desde las primeras reuniones vimos que las pretensiones de las empresas distaban muchísimo de nuestras propuestas”. Además, denuncia que tan solo se reunían quincenalmente. Así estuvieron hasta febrero. “Estaba todo tan encallado que preguntamos a la plantilla de los cuatro centros de Madrid si nos daban su apoyo para iniciar el conflicto oficialmente ante la parte empresarial”, añade.

Mientras tanto, este integrante de la mesa negociadora, primero, y ahora también miembro del comité de huelga afirma que “las propuestas que presentaban las empresas solo restaban derechos a la plantilla, auténticas barbaridades”, en sus propios términos. Algunas de estas medidas son la congelación de salarios en 2025 y 2026 y limitar su subida al 1% en 2027, modificación de la retribución de los días festivos y el recorte de complementos como la antigüedad y el premio de puntualidad, que dejaría de percibirse incluso por una sola ausencia justificada.

En este sentido, desde los sindicatos han propuesto unos máximos que negociar, aunque ni siquiera hayan podido llegar a hacerlo con las empresas. Sobre el aumento de salarios, recalcan que quieren un aumento del 5% en 2025 y un 5% en 2026. “Lo que nos propone la empresa está muy alejado del incremento del IPC que hemos vivido en España en los últimos años y no lo podemos aceptar”, incide Pablo Morán, responsable de Saneamiento Urbano de CCOO del Hábitat de Madrid.

Lo más grave, comenta Bautista, es que “quieren condicionar el mantenimiento del convenio que lográramos a la consecución de derechos futuros que puedan reconocerse por legislación”. Es decir, las empresas pretenden arrogarse el derecho de echar abajo el convenio si durante su vigencia se produce algún avance que beneficie a la plantilla. 

La última reunión con la parte empresarial tuvo lugar el pasado 4 de abril. “No modificaban nada su postura. También quieren que firmemos el convenio a siete años, cuando la vigencia de sus contratos con el Ayuntamiento de Madrid caduca en noviembre de 2028”, añade el sindicalista. Morán sostiene que las empresas desean “que el coste económico de estas subidas salariales vaya a cuenta del Ayuntamiento a partir de ese 2028”.

Este sindicalista de CCOO explica que, si el nuevo convenio acaba aprobándose hasta el 2032, será el Consistorio madrileño quien deba hacerse cargo de ese convenio e introduzca el aumento de los salarios en la partida de gastos. “De esta forma la subida la asumiría el Ayuntamiento, y no las empresas”, apuntilla Morán.

Demandas sin coste para las empresas

El representante de Sector Profesional recalca que algunas de sus demandas ni siquiera tienen coste económico para la patronal. Por ejemplo, exigen que haya una lista para la contratación de personal eventual y que esta se realice con un criterio de justicia distributiva. “También pedimos que los fijos indefinidos a tiempo parcial pasen a tener jornada completa y se reduzca la contratación eventual”, agrega.

La huelga, por otra parte, también pretende conseguir algunos derechos todavía no reconocidos. “Pensamos que los trabajadores mayores de 55 años deberían poder elegir si quieren hacer el turno de tarde, casi de reciente creación y sin normativa que lo regule en este sentido, igual que ya ocurre con el de noches”, ejemplifica Bautista, quien admite no entender por qué las empresas no acceden a este tipo de reclamaciones.

Mejoras en las condiciones de trabajo

La convocatoria de huelga llega tras meses de negociación infructuosa en la que todavía no se han abordado las propuestas de los sindicatos, tal y como asegura el integrante de Sector Profesional. “Solo se han referido a sus pretensiones, y nosotros no podemos admitir propuestas que tan solo nos restan derechos”, subraya el mismo Bautista.

Los sindicatos acudieron a estas reuniones con una propuesta de máximos con la idea de poderlas evaluar durante la celebración de las mismas. Por parte de la plantilla exigen mejoras salariales y bonificación adecuada de la nocturnidad, ya que a día de hoy se encuentra “infravalorada”. 

Asimismo, persiguen la reducción de los días consecutivos trabajados en turno de noche, y establecen su límite en seis. También reclaman el reconocimiento del turno de tarde como jornada ordinaria, derecho a días de asuntos propios y estabilidad y promoción interna. “Aquí incluimos ascensos en taller por antigüedad, la regularización de los indefinidos parciales y un sistema justo para la contratación de eventuales”, reitera el miembro del comité de huelga.

Sin consenso por los servicios mínimos

El integrante de CCOO enuncia que los servicios mínimos, finalmente, tendrán que ser estipulados por parte del Ayuntamiento dado que las partes tampoco han llegado a un consenso. Bautista, desde Sector Profesional, cifra que sí estarían de acuerdo en realizar unos servicios mínimos del 100% en la recogida de residuos de algunos complejos, como residencias de ancianos y hospitales. Sin embargo, se muestran contrarios al 80% de servicios mínimos en la recogida domiciliaria que reclama la parte empresarial, cuya cifra propuesta desciende al 30% por parte de los sindicatos. 

“Somos profesionales considerados esenciales durante la pandemia, que nunca dejamos de hacer nuestro trabajo, igual que sucedió durante Filomena, y nuestras reivindicaciones son justas”, recuerda Morán. Tampoco omite los perjuicios que un paro indefinido de la recogida de basuras puede provocar a la ciudadanía de la capital: “Nosotros también somos vecinos de Madrid, pero todo el mundo tiene derecho a hacer huelga cuando no se valora su trabajo ni se mejoran sus condiciones”, concluye.

Las trabajadoras de maquillaje y peluquería de EITB Miramon, la sede de la televisión pública vasca en Donostia, han puesto fin a la huelga indefinida comenzada el martes tan solo un día después, tras firmar este miércoles un acuerdo que garantiza su derecho a la subrogación, de manera que en el momento de la adjudicación del servicio las trabajadoras tendrán garantizado el derecho a continuar trabajando con la siguiente adjudicataria del servicio. Se trata de 12 trabajadoras de la empresa Soler Bmak. El servicio a partir de abril será ofrecido por Imagenmania, que ha resultado ganadora del concurso tras el pliego de contratación. Sin embargo, en el proceso no estaba incorporada la subrogación de estas trabajadoras por lo que temían quedarse en la calle tras décadas trabajando en la televisión vasca.

Así, convocaron una huelga indefinida hasta lograr lo que para ellas era justo: su derecho a la subrogación.  “A falta de menos de un mes, argumentando que EITB no incluyó la obligación de subrogación en los pliegos, la nueva empresa no ha manifestado su voluntad de mantener a la anterior plantilla, por lo que sus puestos de trabajo se ven comprometidos. Para ELA es sorprendente que se haya puesto en marcha el proceso de adjudicación del servicio de EITB sin mencionar la necesidad de subrogación. Por un lado, porque EITB garantiza este derecho a otras subcontratas que estén en la misma situación. Por otro lado, porque el acuerdo marco a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se aplica a la plantilla recoge expresamente el derecho de subrogación”, denunció el sindicato ELA durante el primer -y único- día de huelga de las trabajadoras, que tuvo un seguimiento total de la plantilla.

Tras reuniones con todas las partes mantenidas este martes, finalmente este miércoles se ha firmado un acuerdo que, además de la subrogación, incluye una subida salarial del 8,3% para 2025 y subidas por encima del IPC para el periodo 2026-2028. Otra de las cuestiones que han logrado las trabajadoras con su protesta es reducir la jornada anual en 67 horas e incorporar cláusulas de inaplicación y/o ultraactividad.

“En el camino hacia el acuerdo ha sido fundamental la firmeza expresada por las trabajadoras en defensa de sus derechos y la convocatoria de huelga realizada. El sindicato ELA tiene claro que en los sectores más feminizados y precarios la lucha y la organización de las trabajadoras es la única vía”, han indicado desde el sindicato.

La plantilla está compuesta por trabajadoras que llevan décadas como maquilladoras, profesionales de la caracterización y peluqueras. En un solo día pueden llegar a maquillar y peinar hasta 25 personas, además de realizar caracterizaciones para ciertos programas en los que pueden pasarse varias horas con una sola persona. Marta, que prefiere no decir su verdadero nombre para no sufrir represalias, es una de las afectadas que más tiempo lleva trabajando en la cadena vasca. Entró con 22 años y a día de hoy tiene 57. Además de maquilladora profesional de televisión, con estudios en París, es especialista en caracterización. “Creo que conozco a todos los actores y presentadores de Euskadi. Siempre he estado en la misma empresa porque periódicamente este trabajo salía a concurso y lo ganaban. Entiendo que en esta ocasión gane otra empresa, pero lo que no me explico es que en esa guerra de empresas las trabajadoras vulnerables con muchísimos años de experiencia seamos las que salgamos perdiendo. Después de décadas de trabajo merecemos condiciones dignas”, explicó la trabajadora a este periódico durante la jornada de huelga. Tanto Marta como el resto se incorporarán a sus trabajos en la sede de Miramon de EITB esta tarde.

Las personas que este martes han rodado programas en directo o grabado producciones que serán emitidas próximamente en Miramon, la sede en Donostia de EITB, lo han hecho maquillándose y peinándose a sí mismas o con ayuda externa, pero sin pasar por las profesionales que habitualmente trabajan en esa sede. Este martes ha comenzado la huelga indefinida de las 12 trabajadoras de la empresa Soler Bmak. El servicio a partir del 14 de abril será ofrecido por la empresa Imagenmania, que ha resultado ganadora del concurso tras el pliego de contratación. Sin embargo, en el proceso no está incorporada la subrogación de estas trabajadoras por lo que temen quedarse sin trabajo después de “20 años en la plantilla”. Además de la huelga llevarán a cabo concentraciones frente a Miramon. La primera, este mismo martes a la mañana y las siguientes el miércoles a las 20.00 horas y el jueves a las 08.00 horas.

Marta, que prefiere no decir su verdadero nombre para no sufrir represalias, es una de las afectadas que más tiempo lleva trabajando en la cadena vasca. Entró con 22 años y a día de hoy tiene 57. Además de maquilladora profesional de televisión, con estudios en París, es especialista en caracterización. “Creo que conozco a todos los actores y presentadores de Euskadi. Siempre he estado en la misma empresa porque periódicamente este trabajo salía a concurso y lo ganaban. Entiendo que en esta ocasión gane otra empresa, pero lo que no me explico es que en esa guerra de empresas las trabajadoras vulnerables con muchísimos años de experiencia seamos las que salgamos perdiendo. Después de décadas de trabajo merecemos condiciones dignas”, explica la trabajadora a este periódico.

Según sostiene, lo que le piden a la nueva empresa es que les subrogue en las mismas condiciones en las que se encuentran ahora y que tengan en cuenta los pluses por antigüedad. “No pedimos nada descabellado, ni hablamos de las cargas laborales, ni del hecho de que nos cambien los horarios de un día para otro o que no nos paguen los pluses de disponibilidad, solo queremos mantener las antigüedades teniendo en cuenta que nuestro salario base es bajo. Esas antigüedades significan un plus en las nóminas. Estamos hablando de que hay trabajadoras que llevan más de 30 años dedicándose. Además, nosotras haremos fácil la transición, somos profesionales que conocemos perfectamente cuál es nuestro trabajo, vamos a seguir siendo resolutivas”, detalla.

Al día, Marta afirma que pueden llegar a maquillar y peinar hasta 25 personas, además de realizar caracterizaciones para ciertos programas en los que pueden pasarse varias horas con una sola persona. Confiesa que ante el miedo a quedarse sin trabajo está viendo posibles alternativas, pero reconoce que no será posible realizar su trabajo de televisión fuera de Euskadi. “Me han llamado de series y puedo trabajar en el cine, pero eso supone dejar a mi familia y moverme al menos seis meses a vivir a otro lugar. Es muy lícito, pero es una forma de vida que a mi edad, con 57 años, no la contemplo. Y la mayoría de mis compañeras están en la misma situación. Nosotras queremos que se resuelva, que la empresa entrante tenga empatía, porque tenernos en su equipo al final va a ser favorable para ellas”, concluye.

En la primera jornada de huelga el seguimiento del paro por parte de las trabajadoras ha sido total, según el sindicato ELA. “A falta de menos de un mes, argumentando que EITB no incluyó la obligación de subrogación en los pliegos, la nueva empresa no ha manifestado su voluntad de mantener a la anterior plantilla, por lo que sus puestos de trabajo se ven comprometidos. Para ELA es sorprendente que se haya puesto en marcha el proceso de adjudicación del servicio de EITB sin mencionar la necesidad de subrogación. Por un lado, porque EITB garantiza este derecho a otras subcontratas que estén en la misma situación. Por otro lado, porque el acuerdo marco a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se aplica a la plantilla recoge expresamente el derecho de subrogación”, argumentan.

El sindicato confirma haber mantenido reuniones con “todas las partes en búsqueda de una solución”, sin embargo, reconoce que “a día de hoy no hay ninguna propuesta que asegure que las trabajadoras continuarán dando servicio a la nueva empresa”. “Así las cosas, mientras no se garantice este mínimo, continuará la huelga indefinida”, confirman.

Este periódico ha podido hablar con EITB y con la empresa Imagenmania, pero por el momento han preferido no realizar declaraciones. Desde Imagenmania explican que se encuentran “entre negociaciones”, pero que siempre han tenido y tienen “las mejores intenciones”.

Los cerca de 60.000l empleados de la Junta de Extremadura se beneficiarán de un protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo que este viernes ha sido rubricado en Mérida con el fin de mostrar “tolerancia cero” frente a los acosadores y defender a las víctimas en su centro de trabajo.

El documento, el primero de estas características en la Administración autonómica, busca garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y convertirlo en un entorno “seguro y libre de violencia sexual y discriminación por razón de sexo”, ha afirmado la secretaría de general de Igualdad y Conciliación, María del Ara Sánchez Vera.

Se trata también de cumplir la normativa nacional e internacional en materia de igualdad y derechos laborales, ha indicado tras firmar el protocolo junto a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en el marco de una reunión de la Mesa General de Negociación.

Con un plazo de vigencia de cuatro años, el protocolo establece un procedimiento de actuación informal, previo a la denuncia a través de un correo electrónico, y otro formal, basado en los principios de confidencialidad, imparcialidad, prohibición de represalias y respeto a las víctimas reconociendo su derecho de ser informadas y asistidas en todo momento.

Por su parte, la secretaria de Igualdad de CSIF Extremadura, Amparo Galán Alís, ha recordado que su sindicato lleva “mucho tiempo” reivindicando a la Junta que se dotara de este protocolo para dar ejemplo.

El coordinador del Área Pública de Comisiones Obreras, Manuel María Nicolás, ha expresado su satisfacción por la firma del documento, pero ha lamentado también su demora porque era un mandato recogido en la Ley de Igualdad de Extremadura, del año 2011.

La responsable de Igualdad en Servicios Públicos de Extremadura en UGT, Ana Hernán Sanz, ha destacado que con este acuerdo “ha quedado claro el procedimiento que tiene que seguir la víctima cuando se siente en una situación de riesgo”. El objetivo es que las víctimas puedan actuar y que al agresor “se le impongan medidas disciplinarias y correctivas y, si los actos constituyen algún delito, ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal”.

Tamboeb ha incidido además en la importancia de la prevención y la sensibilización, por lo que se contemplan actuaciones de comunicación, difusión y formación de los empleados.

Por otra parte, la secretaria general de Igualdad ha informado de que este viernes se han recepcionado las obras en el centro de 24 horas de atención integral a las víctimas de violencia sexual de Mérida, que espera abra sus puertas en los “primeros días de marzo”.