Escobas en alto, uniformes de trabajo, megáfono en mano y pancartas contra la privatización de los servicios públicos. Los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Sevilla han escenificado este jueves en la calle la guerra abierta contra el Gobierno de José Luis Sanz por privatizar la limpieza de los colegios de la ciudad. “Lo público se defiende gobierne quien gobierne”, han coreado los manifestantes mientras avanzaban desde el Palacio de San Telmo hacia las puertas del Consistorio, en una movilización que iba más allá de un pulso laboral.

“Esto no trata solo de empleo, sino de un modelo de gestión”, ha explicado Jorge Menacho, presidente del comité de empresa en el Ayuntamiento de Sevilla, en alusión a la apuesta del alcalde por externalizar parte del servicio de limpieza con una partida presupuestaria de 25 millones de euros, “cuando ya la propia plantilla municipal está presupuestada en 16 millones”.

Entre los miles de asistentes –2.500 según el comité de empresa, 1.000 según datos oficiales– se encuentra Juani, una trabajadora del servicio de limpieza con 20 años de experiencia. “No tiene ningún sentido que quieran privatizar un servicio que se lleva prestando 40 años desde lo público”, comenta, antes de lamentar que “el alcalde lo está dejando morir”. El deterioro en las condiciones laborales lo sitúan los trabajadores desde el cambio de gobierno en 2023. “Antes más o menos se cubrían las vacantes, pero desde que entró el equipo del PP, no se cubren ni bajas ni jubilaciones y ya no podemos más”, asegura Juani, quien acude por las mañanas a su puesto de trabajo con “taquicardias” porque tiene que limpiar ella sola dos centros educativos.

Plantillas sobrecargadas y frustradas

María José, otra trabajadora, coincide con Juani en que “desde que José Luis Sanz llegó a la alcaldía, se ha producido un desmantelamiento total del servicio”. El déficit de personal, que los sindicatos cifran en torno a las 200 vacantes, deriva en una sobrecarga de trabajo para los peones que tienen que mantener limpios los colegios públicos. “La situación es extrema ya, estamos bajo mínimos”, afirma Marina, que forma parte de la plantilla de limpieza del CEIP Maestro José Fuentes en Sevilla Este, uno de los distritos más afectados por la falta de personal.

“Deberíamos ser siete y ahora mismo somos cuatro para atender a un colegio de alrededor de 900 alumnos”, cuenta Marina, quien sufre a diario “una impotencia muy grande porque la sobrecarga de trabajo es enorme y no podemos llegar a los niveles de limpieza que los niños se merecen”. En 2024, las familias llegaron a concentrarse con fregonas a las puertas de este centro para denunciar la suciedad acumulada en las aulas.

“El problema es que el ayuntamiento está empeñado en dejar caer servicios a costa de la salud de los niños, es muy difícil para nosotros esta situación”, añade, verbalizando un sentir compartido entre los trabajadores municipales: “Nos sentimos desolados”. La plantilla cuenta con el respaldo de la federación de AMPA de Sevilla (Fampa), que ha impulsado un manifiesto firmado por 66 de los 108 colegios de la ciudad para sumarse a las quejas de los sindicatos y reivindicar que “la degradación del servicio se está utilizando como estrategia política para justificar una inminente privatización”.

Como el resto de sus compañeros, Eduardo recibió con “preocupación y frustración” la noticia de que el Gobierno local iba a externalizar el servicio de limpieza en los colegios públicos. “Estoy temblando porque veo que me voy a quedar en la calle”, cuenta este interino, mientras sostiene un cartel en el que se advierte de que más de 300 familias van a “ir al paro” si la privatización anunciada a mediados de enero se materializa como está previsto en septiembre.

Eduardo, que lleva siete años trabajando como peón de limpieza en un colegio, ve peligrar su futuro, a pesar “de todo lo que llevamos aguantando este tiempo”. “Vivimos una lucha diaria para que el colegio esté en condiciones porque esa es la casa de todos, de los niños y los maestros, y nosotros vemos que todo el esfuerzo no va a servir para nada”, lamenta.

De la calle al pleno

Dese que se anunció la externalización a mediados de enero, el comité de empresa del Ayuntamiento intensificó las protestas para intentar frenar el proceso de privatización y exigir que el problema se resuelva “desde lo público”, cubriendo las vacantes ya presupuestadas. “Hay informes de la propia Intervención municipal diciendo que si se cubren las vacantes, se solucionaría el problema”, sostienen representantes de CSIF, UGT y CCOO.

Las protestas por esta privatización también se han hecho sentir en el pleno municipal de este jueves, algo habitual en las últimas sesiones desde que se conoció el objetivo del gobierno local. El grupo Podemos-IU interpelaba directamente al alcalde sobre esta cuestión, pero antes de que se llegara a ese momento el presidente del pleno, Manuel Alés (PP), ya había ordenado el desalojo de todo el público asistente.

Lo hizo a la tercera protesta que se ha producido. En los dos primeros casos, han sido expulsadas las personas que han exhibido pancartas y han cortado la intervención de algún miembro del gobierno local. A la tercera, tal y como le faculta el reglamento, ha ordenado el desalojo íntegro de todo el público, con lo que en el salón sólo han quedado los concejales y los periodistas que cubrían la sesión. Una señora se ha llegado a sentar en el pasillo que divide las dos zonas en las que se sienta el público, en señal de que no pensaba irse. Al final, ha sido sacada en volandas por agentes de la Policía Local.

Continúan las movilizaciones

La protesta celebrada este jueves dentro y fuera del Consistorio forma parte del calendario de movilizaciones anunciado por el comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla de cara a las próximas semanas. “Vamos a seguir estando donde esté el alcalde, para que la ciudadanía entienda que esto no trata solo de empleo, sino de un modelo de gestión”, ha avanzado su presidente, respaldado por compañeros de todos los servicios municipales —desde Tussam hasta Emasesa— en una muestra de unidad sindical ante lo que consideran un “plan organizado” para externalizar servicios públicos.

El objetivo, advierten, es mantener la presión si no se abre una negociación. “Si el alcalde se niega a resolver este conflicto desde lo público, Sevilla vivirá unas fiestas primaverales marcadas por la movilización”, afirman las organizaciones sindicales. Entre las acciones previstas figuran una acampada en la Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento, y protestas coincidiendo con el pregón de Semana Santa.

La tensión ha ido en aumento en las últimas semanas. La delegada municipal de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, amplió esta semana ante la Fiscalía una denuncia por supuestos “insultos” e “intimidaciones”, en un contexto de creciente confrontación pública entre el equipo de gobierno y la plantilla municipal.

El apoyo que reciben los trabajadores no se limita a las empresas públicas. También la comunidad educativa exige al Ayuntamiento que refuerce la plantilla “en lugar de externalizar un servicio que, según datos municipales, resultaría más caro y menos eficiente”. A esa reivindicación se suman también grupos políticos como Podemos-IU o Adelante Andalucía, además de asociaciones vecinales de barrios como Cerro Amate, Pino Montano o Sevilla Este.

Desde el Gobierno municipal, por su parte, se insiste en que la externalización “no supone la pérdida de ningún empleo público” y se enmarca en una reorganización de recursos que, según el alcalde, busca garantizar la calidad del servicio. Sanz ha defendido que se trata de una “práctica habitual” en otros servicios municipales y en numerosos ayuntamientos.

Sobrecarga física y mental

Los trabajadores defienden que el deterioro del servicio no es consecuencia de la falta de presupuesto, sino de una decisión política. Según la plataforma de empleados municipales, durante los dos últimos cursos el Ayuntamiento ha dejado sin cubrir jubilaciones, bajas y comisiones de servicio pese a que las plazas estaban dotadas presupuestariamente.

El resultado, denuncian, es que 108 colegios públicos funcionan con plantillas “gravemente mermadas”. Centros que deberían contar con cuatro limpiadores operan con dos, y en algunos casos con una sola persona para cubrir jornadas que se extienden desde las 7.30 hasta las 20.00 horas, con aulas, comedores y patios en uso continuo.

A la sobrecarga física se suma la mental. “Estamos sin ganas de comer, sin dormir, pensando en cómo se va a hacer resolver esta situación”, comenta Elena, quien después de dos décadas en el servicio, por primera vez se ha dado de baja durante seis meses por una contractura en la espalda. A su lado, Victoria comparte su inquietud por el futuro del servicio: “Soy madre de familia, soy divorciada y necesito el trabajo”, defiende, acompañada de sus dos hijos que sostienen pancartas donde se puede leer “lo público no se vende”.

Más allá del empleo, la plantilla insiste en que el debate tiene una dimensión social. “Aquí hablamos de salud infantil y de dignidad”, resume una trabajadora veterana. Como madre, Elena también transmite su preocupación por dejar la limpieza en manos de una empresa externa. Los trabajadores recuerdan que ellos llevan años formando parte de la comunidad educativa, que accedieron por oposición y que llevan más de 40 años prestando el servicio desde lo público. “El colegio es nuestra segunda casa”, expresa Eduardo.

El comité de empresa mantiene el calendario de movilizaciones y no descarta una huelga indefinida si no se abre una negociación. Lo que comenzó como un conflicto por la limpieza escolar amenaza ahora con extenderse al conjunto de los servicios municipales a las puertas de la primavera sevillana.

El Sindicato de Administración y Servicios (STAS-CLM), en representación del colectivo del personal laboral de la Junta de Castilla-La Mancha -que engloba a 7.000 personas-, ha presentado ante la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha más de 2.000 firmas para conseguir que el Gobierno regional “agilice” una modificación legislativa para que los empleados y empleadas públicas recuperen el derecho de la jubilación parcial.

Desde STAS-CLM señalan que con la publicación del Real Decreto 11/2024 del 23 de diciembre, elaborado por el Gobierno central y “con el visto bueno de CCOO y UGT”, ha supuesto “un retroceso en derechos laborales para el personal laboral de la Junta de Castilla-La Mancha en los últimos 20 años”. Aseguran que previamente a la publicación de este Real Decreto, el personal laboral que cumpliese con una serie de requisitos de edad y de cotización “podía acceder a la jubilación parcial, una figura que permitía en los años anteriores a la jubilación total, liberar una parte de su jornada laboral, aligerando así la carga de trabajo físico en los últimos años de su actividad laboral”.

Pasión Pérez, miembro y portavoz de STAS-CLM, recuerda que “desde que entró en vigor el Real Decreto en el mes de abril, hemos estimado que existen 300 trabajadores y trabajadoras en Castilla-La Mancha que eran candidatos a solicitar esta jubilación parcial. Los han solicitado 80 personas y les ha sido denegado ese derecho”. Pérez explica que esto es debido a que “se ha cambiado la modalidad contractual, ya que antes el relevista, que era la persona que hacía la parte de jornada que el jubilado parcial estaba sin trabajar, era un contrato de interinidad. Con el cambio del Real Decreto eso supone que sea un contrato indefinido. Con lo cual eso no se puede llevar a cabo en la función pública, porque para ello hay que hacerlo mediante un proceso selectivo de publicidad, mérito y capacidad”. La portavoz en este caso de STAS-CLM señala que “al no poderse llevar a cabo esa modalidad contractual se ha interrumpido esa jubilación parcial”.

Pérez manifiesta que “afecta a todo el personal laboral de oficio, desde Fomento en carreteras, a las auxiliares de enfermería, al personal de limpieza, al personal auxiliar técnico educativo o los conductores”. La propuesta es “que nuestro Gobierno regional se ponga en contacto, pero no en gerundio como dicen siempre, de decir: estamos trabajando, estudiando. Que lo hagan de una vez por todas, a través de otro Real Decreto o una transitoria, que se pueda llevar a cabo para el personal de las administraciones públicas, porque afecta a todas a nivel estatal”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha y a las corporaciones locales que agilicen la aplicación de la subida salarial a los empleados públicos de la región, tras el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía que se firmó el pasado jueves con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública.

Según recuerda CSIF, este acuerdo refleja “una subida del 2,5 por ciento para este año con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025”. Serán los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) el primer colectivo en ver reflejado este incremento en sus nóminas entre diciembre y enero del próximo año, pero en el resto de ámbitos son las administraciones regionales y locales las que deben aplicar esta subida.

“Casi 140.000 empleados públicos (personal funcionario, laboral y estatutario) en Castilla-La Mancha se verán beneficiados de este Acuerdo Marco que contempla un incremento salarial del 11,4% hasta 2028 (2,5% en 2025; hasta un 2% en 2026; 4,5% en 2027 y un 2% en 2028, al que se suma el 0,4% del incremento proporcional de las mejoras en los complementos y los salarios base)”, explican desde CSIF.

Solo en este año, sin tener en cuenta complementos específicos ni trienios, la subida supondrá una ganancia media anual sólo en 2025 de 767 euros para el Grupo A1; 627 euros para los A2; 551 euros para el Grupo B o 478 euros para el Grupo C1. Para el 2028, la ganancia será de 3.512 euros para los A1; 2.870 euros para los A2; 2.524 euros para los trabajadores del Grupo B y 2.187 euros para los C1. Para aquellos trabajadores que mantengan una relación laboral de cinco trienios con la Administración, la subida supondrá, al término del acuerdo, más de 5.560 euros para los A1; 4.349 para los A2 o 3.202 euros para los C1.

“Es el momento de avanzar de una vez por todas tras el nefasto acuerdo de 2022”, ha indicado el presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, que ha recordado quie el sindicato ve preciso convocar la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha para abordar no sólo este aumento salarial, sino para aplicar también en la región las mejoras en condiciones laborales y empleo público que lleva anexado el Acuerdo Marco.

Entre estas mejoras se contemplan más permisos, avances en conciliación y acción social, progresos en promoción interna y movilidad, actualización de dietas y kilometraje, teletrabajo, refuerzo de la salud laboral, procesos selectivos ágiles o eliminación de la tasa de reposición.

El próximo 28 de noviembre se celebra en todo el Estado una huelga de 24 horas del personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del sistema sanitario público, convocada para exigir la reclasificación profesional al subgrupo C1, de acuerdo con la titulación y las funciones reales del colectivo.

En La Rioja, donde el colectivo supera los 800 profesionales solo en el Servicio Riojano de Salud, la jornada de huelga ha convocado las concentraciones a las 11:30 horas en las puertas del Hospital San Pedro (Logroño) y Hospital de Calahorra.

Según han explicado, los motivos de la huelga se deben a la reclasificación profesional: “Estas profesionales están encuadradas en el subgrupo C2, pese a que deben disponer de la titulación oficial de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, que según el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) corresponde al subgrupo C1”.

Esta “clasificación obsoleta”, según subrayan, procede de una categoría creada en 1973 y nunca actualizada. Consideran, por tanto que supone “una brecha retributiva y de reconocimiento profesional injustificable frente a la realidad de los cuidados que prestamos en hospitales, centros de atención primaria y otras unidades asistenciales”.

Además, reclaman la aplicación efectiva del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI (octubre de 2022), que permite a las administraciones modificar los grupos profesionales. Sin embargo, “ni la administración estatal ni las autonómicas han dado pasos reales para actualizar la clasificación de los TCAE”, afean.

Así, llaman a la participación en la huelga: “Nuestra presencia en la calle es clave para visibilizar una situación que se arrastra desde hace décadas y para enviar un mensaje claro a las administraciones: la reclasificación al C1 no es una opción, es una obligación legal y una cuestión de dignidad profesional”.

El sindicato CSIF ha exigido a la Junta de Extremadura que cumpla con sus compromisos y otorgue estabilidad laboral a los 138 bomberos forestales del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) que hasta el momento tenían una jornada laboral del 50%, “pero que a los que se les había prometido por parte de la Administración regional la ampliación a jornada completa”.

El sindicato ha expresado su “estupor y sorpresa” al conocer la orden enviada por escrito por la Junta de Extremadura a los afectados comunicándoles su despedido el próximo 30 de noviembre sin que los representantes de los trabajadores tuvieran ninguna noticia al respecto.

Ante ello, ha pedido una reunión “urgente” a la Junta con el fin de planificar la transformación de estos contratos al cien por cien, “tal y como dieron su palabra los máximos responsables de la Junta en plena ola de incendios que afectó gravemente a Extremadura el pasado mes de agosto”.

El sindicato ha exigido a la Administración regional que, en primer lugar, ofrezca estabilidad a todo el personal del Infoex, un servicio que se ha demostrado una vez más este pasado verano “absolutamente imprescindible” y que fue galardonada con la Medalla de Extremadura el pasado 7 de septiembre.

Y en segundo lugar, le ha reclamado que ponga en marcha, “de forma transparente, negociada y pactada con los sindicatos”, el proceso de estabilización laboral de estos 138 puestos de trabajo “y no tome decisiones unilaterales que siembran el desconcierto en los trabajadores y en la opinión pública”.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el desglose completo de la nueva oferta de empleo público aprobada por el Consejo de Ministros. El Real Decreto señala que “desde 2022 se ha generado durante tres años consecutivos empleo neto, superando la mera reposición de efectivos en más de un 40%, lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas”. Para 2025, hay 36.588 plazas, incluidas las de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Hacen falta abogados del estado, arquitectos de la hacienda pública, archiveros, bibliotecarios, arqueólogos, conservadores de museos, farmacéuticos, ingenieros, traductores, auxiliares y un largo etcétera. Estas son, una a una, las plazas ofertadas:

¿A cuántas plazas de funcionario se puede opositar en la OEP 2025?

Este Real Decreto solo incluye las plazas para la Administración General del Estado (AGE), por lo que queda fuera la convocatoria para los nuevos miembros de las Fuerzas Armadas (2.847), guardias civiles (3.713) y policías nacionales (3.139). Así, en esta tanda son 26.889 de personal funcionario y laboral. Pero no todas son de libre acceso. Hay 6.565 puestos reservados para promoción interna, para aquellas personas que ya son funcionarias o trabajan en la administración.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para acceder a una oferta de empleo público hay que cumplir varios requisitos. En cada convocatoria se especificarán los generales de titulación y las capacidades requeridas, pero todos y todas las aspirantes deben tener la ciudadanía española y ser mayores de edad. Además, para el subgrupo C2 es necesario contar con el título de enseñanza secundaria obligatoria; para los C1, el bachillerato; y para los A1 y A2 se exige, al menos, un título universitario de grado, licenciatura o ingeniería.

¿Dónde hay más plazas?

El Ministerio de Función Pública ha hecho hincapié en que uno de los principales objetivos de esta convocatoria es “reforzar la atención a la ciudadanía”. De las 13.400 plazas de funcionarios para la AGE, el 64% pertenece a los subgrupos C1 y C2, “estrechamente vinculados con la atención ciudadana”, resaltan. En total, son 8.851 plazas, que irán destinadas a diferentes organismos que dependen del Gobierno y que están centrados en la tramitación de prestaciones o registros, como el Servicio Estatal Público de Empleo, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico, las oficinas de extranjería, las gerencias territoriales de Justicia, el Catastro, la Agencia Tributaria, las oficinas de expedición del DNI, homologación de títulos educativos, bibliotecas, archivos y museos estatales y capitanías marítimas

¿Dónde es más fácil aprobar el examen?

La Constitución establece que la ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, que influyen en el acceso. Más allá de eso, no hay una respuesta sencilla, porque influyen las plazas ofertadas, pero también el número de candidatos para cada ocupación. Pero, atendiendo solo a las plazas, para el personal funcionario de nuevo ingreso en el subgrupo A1 se ofertan 207 plazas para personal científico titular de organismos públicos de investigación; 118 para inspectores de Hacienda; o 92 para personal superior de sistemas y tecnologías de la información para la administración del Estado. En el subgrupo A2, se ofertan 1.090 plazas para gestión de la administración civil del Estado y 410 para técnicos de Hacienda o 221 para la Seguridad Social.

En el subgrupo C1, entre otras, hay 2.271 plazas de nuevo ingreso para administrativos de la administración del Estado; 966 para la Seguridad Social; otros 920 para agentes de la Hacienda pública; y 900 para ayudantes de instituciones penitenciarias. Además, hay 1.855 plazas más para personal laboral.

En el turno de acceso libre, hay 2.555 plazas para personal de la Administración de Justicia, la mayoría (1.126) para el cuerpo de tramitación procesal y administrativa, además de otras 1.010 de promoción interna. Para el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hay 2.054 y 202, respectivamente.

¿Qué pasa con la promoción interna?

El aumento de plazas de promoción interna es una de las grandes reivindicaciones de los sindicatos, que no han dado el visto bueno a esta convocatoria. Este año, la oferta de empleo público para la AGE contempla 6.565 plazas de este tipo, frente a las 10.625 del año anterior.

¿Y las personas con discapacidad?

Este es el segundo año en el que el Ministerio de Función Pública reserva un 10% de las plazas en la Administración General del Estado para personas con discapacidad. En total, son 2.610 plazas, de las que 538 están destinadas a personas con discapacidad intelectual.

¿Cuándo son los exámenes de la OEP 2025?

El Real Decreto señala que “las convocatorias derivadas de esta oferta de empleo público velarán por garantizar el principio de eficacia, buscando la celeridad, agilización y modernización de los procesos selectivos, evitando su dilatación excesiva en el tiempo”. Sin embargo, no hay fechas previstas y dependerá, en todo caso, de cada convocatoria concreta. Como referencia, desde Función Pública señalan que “el 93% de los procesos de la OEP de 2024 se han publicado en 2024 y la gran mayoría realizan la fase de oposición en menos de un año”.

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado una protesta, el próximo 8 de julio a las 11.30 horas, frente a la sede del Ministerio de Hacienda, ante lo que consideran un “incumplimiento” de la Administración con los empleados públicos. Tras una reunión celebrada este jueves, las organizaciones sindicales han denunciado que están pendientes de una solución para la jubilación parcial del personal laboral, que quedó en el limbo tras el acuerdo de pensiones, la plena implementación para el personal funcionario y estaturario, que se aplique la jornada de 35 horas y que culminen los procesos de estabilización.

Entre las cuestiones “sin atender”, los sindicatos suman otras “también significativas”, como la implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales, desarrollar los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, garantizar la atención presencial de los servicios públicos o la creación de empleo neto.

La reivindicación de no perder efectivos se produce a unas horas de una nueva reunión con el Ministerio de Función Pública para acordar la Oferta Pública de Empleo de 2025. La de 2024 fue de récord, con más de 40.000 plazas. Sin embargo, aún no se ha eliminado la tasa de reposición, un compromiso del anterior ministro del ramo, José Luis Escrivá.

Respecto a la jubilación parcial, el actual ministro Óscar López cerró en diciembre un acuerdo con UGT y CCOO para recuperar este derecho para funcionarios y personal estaturario, perdido con los recortes de Mariano Rajoy. Siete meses después, el compromiso está atascado en el trámite parlamentario de la Ley de Función Pública. Además, el acuerdo de pensiones dejó en el limbo al personal laboral, que ya tenía este derecho, pero que lo ha visto frenado por el requisito de que los relevistas sean contratados de forma indefinida, lo que requiere un proceso de oposición.

Función Pública convocará 1.000 plazas extraordinarias para garantizar este derecho al personal de la Administración General del Estado, como avanzó elDiario.es, pero quedan pendientes los casos de trabajadores y trabajadoras que dependen de otras administraciones, autonómicas y municipales.

Además, los sindicatos han reclamado comenzarla negociación de un nuevo acuerdo marco y “la necesidad de abordar la mejora salarial para el año 2025”. Este martes, el Gobierno aprobó la subida del 0,5% con caracter retroactivo desde el 1 de enero de 2024, pendiente desde enero de 2025, cuando se confirmó una inflación acumulada en los últimos tres años por encima de 8%, que habilitaba este incremento extra. Aunque las organizaciones sindicales han celebrado este paso, consideran que la medida es “tardía y claramente insuficiente”.

Artistas y trabajadores del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) se han concentrado este miércoles frente al Ministerio de Cultura para protestar por las condiciones laborales del sector de las artes escénicas que, según explica a elDiario.es la Secretaria general de la sección sindical de FSC-CCOO en el INAEM, Vanessa Arévalo Benito, “lleva 30 años funcionando con disposiciones transitorias del IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado”, cuando la mayoría de los funcionarios y personal público “ya están entrando en el V”, al que también aspira el personal de INAEM.

Los concentrados se han manifestado contra la “imposición y deriva” de la secretaría general del organismo y han reivindicado que el sector “no es basura” y que “es cultura y no esclavitud”. A la concentración han acudido integrantes del Coro del Teatro de la Zarzuela, de la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España. Los trabajadores han estado representados por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, que han denunciado la “imposición” del INAEM en las reuniones.

Por otro lado, se ha lanzado un manifiesto conjunto en el que se exponen once reivindicaciones al Ministerio de Cultura y se lamenta la actitud de los directivos del Teatro de la Zarzuela ante el reciente paro del Coro del Teatro en la representación de la obra La taverna del puerto. Según explica Árevalo a este medio, “obligaron a levantar el telón y realizar la función sin coro por primera vez en su historia”. En consecuencia, los trabajadores a través de los sindicatos, han convocado un paro tanto del coro como del resto del personal del teatro en la representación de la obra para los días 19, 20 y 21 de junio de 18:30 horas a 21:30 horas.

Cuestionamiento de acuerdos ya firmados y sellados

“Las autoridades están imponiendo interpretaciones unilaterales de acuerdos que ya están firmados, sellados y que llevan vigentes mucho tiempo y que están siendo interpretados de otra manera cada vez que llega un nuevo cargo a la dirección del INAEM, se queja la Secretaria general de la sección sindical de FSC-CCOO en el INAEM.

“Es un problema crónico”, insiste Arévalo, “cada vez que llega un director a un teatro o un secretario general, cuestiona los distintos acuerdos alcanzados por cada sector, ya sea técnico, artístico u otro”. En este sentido reivindica estos acuerdos y denuncia que a nivel de convenio el funcionamiento con disposiciones transitorias “no nos permite actualizar emolumentos, ni dietas ni otras cuestiones, que ahora tenemos referenciadas a un convenio que procede de 1993”.

Arévalo también denuncia “actitudes arbitrarias” por parte de los directivos del INAEM: “El pasado 8 marzo, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, hicimos una huelga para denunciar la brecha salarial en el instituto, un paro que apoyaron todos los teatros administrados por el INAEM”, relata. “Pero en Zaragoza, la dirección del Ballet Nacional de España retrasó la función para coaccionar a los trabajadores”, denuncia.

Esta actitud que la sindicalista juzga como “totalmente arbitraria”, alcanzó a su juicio su cenit el pasado 4 de junio, día en que se convocó una huelga por “el incumplimiento de unos acuerdos tomados hace más de 30 años”. Es cuando la dirección del Teatro de la Zarzuela, según explica Arévalo y se refleja en el manifiesto lanzado, decidió realizar la función sin el coro.

Un brecha salarial “de libro”, según Urtasun

Entre las reivindicaciones estipuladas en el citado manifiesto, figura un cierre estacional por fin de temporada “abusivo” y una brecha salarial “que persiste en las secciones técnicas feminizadas”. Respecto del primer punto, la dirigente sindical de CCOO explica que “la temporada va de octubre a julio, por lo que se nos obliga a coger vacaciones en agosto, sin posibilidad de hacerlas en otra época del año”, por ejemplo mediante sustituciones.

“Es un tema que ya hemos llevado ante el Ministerio de Trabajo, aunque de momento ha dado la razón al INAEM”, reconoce. De todos modos, extiende el problema a que “en el resto de la Administración General del Estado hay para cada sector una relación certificada de los distintos puestos de trabajo, donde se expone el tipo de trabajo que se realiza, los emolumentos, las dietas, etc.”. Pero en el INAEM, denuncia Arévalo, “todo lo que existe es un documento Excel sin ninguna certificación y que, por lo tanto, no es convalidable con el resto de personal de la administración pública”.

Respecto a la brecha salarial en el sector de los técnicos de las artes escénicas, explica que “Urtasun acudió a nuestra última reunión, escuchó nuestras quejas y dijo que existía una brecha salarial de libro”. El problema es que posteriormente, según asegura Arévalo, “la directora general [Paz Santa Cecilia] negó lo dicho por el ministro y adujo que no se trataba de una brecha de género salarial, sino que venía derivada del diferente origen de las ocupaciones de hombres y mujeres en los trabajos técnicos”.

Por lo que respecta a la esperada reforma del INAEM que Urtasun anunció en febrero de este año, Arévalo cree que el problema es que “se ha querido dividir la reforma en dos secciones, una dedicada a la gestión de subvenciones y ayudas y otra a la regulación del funcionamiento del organismo, y por el momento solo se ha creado la primera sección y se han olvidado completamente de la otra”.

Preguntado el Ministerio de Cultura sobre las reivindicaciones de los trabajadores, este ha derivado la respuesta a la dirección de INAEM, cuyas fuentes han explicado a su vez a elDiario.es que “el lunes hubo una reunión del Comité de Huelga, fue productiva y se avanzó de forma significativa en la mayor parte de las reivindicaciones de los sindicatos relativas al Coro del Teatro de la Zarzuela”. Añaden finalmente que “la administración ha realizado hasta cuatro propuestas y El INAEM confía en llegar a un acuerdo con los sindicatos”.

A solo unas horas de que comiencen las fiestas de San Bernabé, el conflicto con el Parque de Servicios, que continúa en huelga desde el martes, se ha enquistado. Tras las últimas negociaciones, que se desarrollaron ayer por la tarde sin alcanzar acuerdo, tanto la Junta de Personal como el Ayuntamiento de Logroño han explicado la situación.

La Junta de Personal ha acusado al ejecutivo local de “dar por finalizada la negociación en este conflicto”. Para los representantes de los trabajadores, “el Equipo de Gobierno estaba tratando de cumplir los protocolos administrativos de reuniones, comunicaciones y trámites legales ante una huelga, pero en ningún momento ha barajado ni contemplado una posibilidad que permitiera desbloquear la situación”.

Así mismo han afeado al Equipo de Gobierno que “centre en salvar las fiestas a cualquier precio, como por ejemplo el encargo a empresas privadas de las tareas propias de los empleados municipales y los llamamientos a personas voluntarios”. En este sentido, han advertido que esto supone una “grave irresponsabilidad” al “permitir que personas no cualificadas ni aseguradas realicen estas tareas” y además son, según la Junta de Personal, “una vulneración del derecho de huelga”.

“La huelga continúa porque el colectivo del Parque de Servicios ha rebajado sus expectativas considerablemente y no se va a conformar con una propuesta que apenas ha sido modificada desde que se iniciaron las negociaciones”, han justificado.

Versión distinta es la aportada por el Ayuntamiento de Logroño. Esta mañana han comparecido los concejales de Alcaldía, Celia Sanz, y del Parque de Servicios, Ángel Andrés, que han asegurado que a lo lardo de varias reuniones “han puesto sobre la mesa diferentes propuestas”, que aseguran, “mejoraban el acuerdo específico con el que cuentan los trabajadores del parque desde 2003 y que se ha ido actualizando anualmente”.

“Este acuerdo sectorial de servicios extraordinarios establece una mejora respecto al resto de personal del Ayuntamiento con un número de días que tienen la consideración de evento especial y de día festivo y en los que la hora se abona a un precio superior, el doble que una hora extraordinaria, es decir entre 30 y 35 euros”.

Así, han explicado que las ofertas planteadas por el Gobierno local durante las negociaciones planteaban el incremento de este número de ‘días especiales’ para realizar actuaciones que mejoren el servicio a la ciudad desde el parque.

“La voluntad del equipo de Gobierno siempre ha sido llegar a un acuerdo pero pensando en que este colectivo forma parte de otro muy superior de 900 funcionarios del Ayuntamiento, y teniendo como objetivo adecuar la oferta para evitar disparidades salariales entre los diferentes grupos funcionariales, asegurando una estructura retributiva homogénea”, ha explicado Celia Sanz.

Esta mañana se ha celebrado Mesa General de Negociación y se ha acordado mantener los servicios mínimos del personal del parque para los próximos días, el 35%, 9 operarios cada día.

La Junta de Personal de Servicios Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, formada por CSIF, STAR, CCOO y UGT, ha criticado este domingo “la inactividad de la Administración en lo que se refiere a diversos asuntos que afectan a los empleados y empleadas públicas de la Administración General de La Rioja, suponiendo esto una merma de los derechos de este personal”.

Como dicen en un comunicado, “desde el inicio de la Legislatura la Junta de Personal lleva planteando a la Administración una serie de temas que afectan y preocupan al personal funcionario de la Administración General de la CAR sin ver movimiento de respuesta ni modificación ninguna al respecto”.

Así, “como temas que afectan a nivel general y de carácter económico, podemos destacar la Orden de Ayudas Sociales y al Estudio sobre la que se pueden beneficiar el conjunto de personal funcionario de la Administración General, además de otro personal, y sobre el que además de llevar retraso de meses en su convocatoria no hay perspectiva de mejora”.

Otro tema importante “es la actualización de los grados de carrera profesional, existiendo un compromiso de negociar este asunto, que se está dilatando de manera que todo indica que no hay voluntad de que este incremento entre en el presente ejercicio presupuestario”, al tiempo que recuerdan que “también de orden retributivo tenemos pendiente la actualización del Decreto de indemnizaciones por razón de servicio”.

Una tercera cuestión “de suma importancia es la Integración en los Cuerpos y Escalas de la nueva Ley de Función Pública: dos años después de su entrada en vigor los/as funcionarios/as desconocen cuándo y cómo se va a producir su integración, se ha reiterado en numerosas ocasiones la petición de un calendario y en la actualidad no hay nada aprobado oficialmente”.

Añaden igualmente “el desarrollo de la oferta de empleo público desde 2021 a 2024, siendo de una enorme lentitud la ejecución de los procesos selectivos”.

“Especialmente llamativo -resaltan- son algunas cuyo plazo de solicitudes finalizó el pasado mes de julio y a día de hoy ni siquiera se ha publicado la fecha de realización del primer ejercicio con la incertidumbre y desánimo que genera en los opositores. Además, queda pendiente la negociación de la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2025”.

En otro orden de cosas, “existe la necesidad de negociar y sacar adelante cuestiones como los criterios de aplicación del RD 5/2023 del 28 de junio, que modifica el Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto a permisos por fallecimiento y enfermedad de familiar entre otros, cuestión que está creando agravios comparativos entre el personal”.

“Estamos pendientes de que se negocien los criterios para su aplicación, al objeto de unificarlos para todos los/as empleados/as públicos. Quedan además cuestiones como calendarios de trabajo anuales, composición y funcionamiento de las listas de espera, situación de mejora de empleo regulada en la Ley de Función Pública, temarios de promoción interna de Administración general o la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo”, detallan.

Ante todo esto, por parte de la Junta de Personal de Servicios Generales “exigimos a la Administración riojana que active el trabajo y la negociación de todos estos asuntos como única vía de conseguir una mejora real de las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicas en La Rioja y por ende para una mejor calidad de los servicios públicos”.

Con el convenio caducado desde el 31 de diciembre de 2024 y una patronal que no atiende sus demandas, según denuncian los sindicatos, Sector Profesional RSU, CCOO y UGT han convocado huelga indefinida en la recogida de basuras de Madrid a partir del próximo 21 de abril a las 23.00 horas. En torno a unos 1.800 trabajadores están llamados a este paro. La movilización pretende obligar a las empresas subcontratadas por el Ayuntamiento de la capital, que gestionan tres lotes entre FCC, Valoriza, Acciona, OHL, Prezero y Urbaser, a mejorar sus condiciones laborales de cara a la aprobación de un nuevo convenio. 

Sebastián Bautista pertenece al sindicato mayoritario en la empresa, Sector Profesional RSU, y así relata el inicio del conflicto: “Tras la caducidad del anterior convenio, abrimos una mesa de negociación en enero. Desde las primeras reuniones vimos que las pretensiones de las empresas distaban muchísimo de nuestras propuestas”. Además, denuncia que tan solo se reunían quincenalmente. Así estuvieron hasta febrero. “Estaba todo tan encallado que preguntamos a la plantilla de los cuatro centros de Madrid si nos daban su apoyo para iniciar el conflicto oficialmente ante la parte empresarial”, añade.

Mientras tanto, este integrante de la mesa negociadora, primero, y ahora también miembro del comité de huelga afirma que “las propuestas que presentaban las empresas solo restaban derechos a la plantilla, auténticas barbaridades”, en sus propios términos. Algunas de estas medidas son la congelación de salarios en 2025 y 2026 y limitar su subida al 1% en 2027, modificación de la retribución de los días festivos y el recorte de complementos como la antigüedad y el premio de puntualidad, que dejaría de percibirse incluso por una sola ausencia justificada.

En este sentido, desde los sindicatos han propuesto unos máximos que negociar, aunque ni siquiera hayan podido llegar a hacerlo con las empresas. Sobre el aumento de salarios, recalcan que quieren un aumento del 5% en 2025 y un 5% en 2026. “Lo que nos propone la empresa está muy alejado del incremento del IPC que hemos vivido en España en los últimos años y no lo podemos aceptar”, incide Pablo Morán, responsable de Saneamiento Urbano de CCOO del Hábitat de Madrid.

Lo más grave, comenta Bautista, es que “quieren condicionar el mantenimiento del convenio que lográramos a la consecución de derechos futuros que puedan reconocerse por legislación”. Es decir, las empresas pretenden arrogarse el derecho de echar abajo el convenio si durante su vigencia se produce algún avance que beneficie a la plantilla. 

La última reunión con la parte empresarial tuvo lugar el pasado 4 de abril. “No modificaban nada su postura. También quieren que firmemos el convenio a siete años, cuando la vigencia de sus contratos con el Ayuntamiento de Madrid caduca en noviembre de 2028”, añade el sindicalista. Morán sostiene que las empresas desean “que el coste económico de estas subidas salariales vaya a cuenta del Ayuntamiento a partir de ese 2028”.

Este sindicalista de CCOO explica que, si el nuevo convenio acaba aprobándose hasta el 2032, será el Consistorio madrileño quien deba hacerse cargo de ese convenio e introduzca el aumento de los salarios en la partida de gastos. “De esta forma la subida la asumiría el Ayuntamiento, y no las empresas”, apuntilla Morán.

Demandas sin coste para las empresas

El representante de Sector Profesional recalca que algunas de sus demandas ni siquiera tienen coste económico para la patronal. Por ejemplo, exigen que haya una lista para la contratación de personal eventual y que esta se realice con un criterio de justicia distributiva. “También pedimos que los fijos indefinidos a tiempo parcial pasen a tener jornada completa y se reduzca la contratación eventual”, agrega.

La huelga, por otra parte, también pretende conseguir algunos derechos todavía no reconocidos. “Pensamos que los trabajadores mayores de 55 años deberían poder elegir si quieren hacer el turno de tarde, casi de reciente creación y sin normativa que lo regule en este sentido, igual que ya ocurre con el de noches”, ejemplifica Bautista, quien admite no entender por qué las empresas no acceden a este tipo de reclamaciones.

Mejoras en las condiciones de trabajo

La convocatoria de huelga llega tras meses de negociación infructuosa en la que todavía no se han abordado las propuestas de los sindicatos, tal y como asegura el integrante de Sector Profesional. “Solo se han referido a sus pretensiones, y nosotros no podemos admitir propuestas que tan solo nos restan derechos”, subraya el mismo Bautista.

Los sindicatos acudieron a estas reuniones con una propuesta de máximos con la idea de poderlas evaluar durante la celebración de las mismas. Por parte de la plantilla exigen mejoras salariales y bonificación adecuada de la nocturnidad, ya que a día de hoy se encuentra “infravalorada”. 

Asimismo, persiguen la reducción de los días consecutivos trabajados en turno de noche, y establecen su límite en seis. También reclaman el reconocimiento del turno de tarde como jornada ordinaria, derecho a días de asuntos propios y estabilidad y promoción interna. “Aquí incluimos ascensos en taller por antigüedad, la regularización de los indefinidos parciales y un sistema justo para la contratación de eventuales”, reitera el miembro del comité de huelga.

Sin consenso por los servicios mínimos

El integrante de CCOO enuncia que los servicios mínimos, finalmente, tendrán que ser estipulados por parte del Ayuntamiento dado que las partes tampoco han llegado a un consenso. Bautista, desde Sector Profesional, cifra que sí estarían de acuerdo en realizar unos servicios mínimos del 100% en la recogida de residuos de algunos complejos, como residencias de ancianos y hospitales. Sin embargo, se muestran contrarios al 80% de servicios mínimos en la recogida domiciliaria que reclama la parte empresarial, cuya cifra propuesta desciende al 30% por parte de los sindicatos. 

“Somos profesionales considerados esenciales durante la pandemia, que nunca dejamos de hacer nuestro trabajo, igual que sucedió durante Filomena, y nuestras reivindicaciones son justas”, recuerda Morán. Tampoco omite los perjuicios que un paro indefinido de la recogida de basuras puede provocar a la ciudadanía de la capital: “Nosotros también somos vecinos de Madrid, pero todo el mundo tiene derecho a hacer huelga cuando no se valora su trabajo ni se mejoran sus condiciones”, concluye.

Las trabajadoras de maquillaje y peluquería de EITB Miramon, la sede de la televisión pública vasca en Donostia, han puesto fin a la huelga indefinida comenzada el martes tan solo un día después, tras firmar este miércoles un acuerdo que garantiza su derecho a la subrogación, de manera que en el momento de la adjudicación del servicio las trabajadoras tendrán garantizado el derecho a continuar trabajando con la siguiente adjudicataria del servicio. Se trata de 12 trabajadoras de la empresa Soler Bmak. El servicio a partir de abril será ofrecido por Imagenmania, que ha resultado ganadora del concurso tras el pliego de contratación. Sin embargo, en el proceso no estaba incorporada la subrogación de estas trabajadoras por lo que temían quedarse en la calle tras décadas trabajando en la televisión vasca.

Así, convocaron una huelga indefinida hasta lograr lo que para ellas era justo: su derecho a la subrogación.  “A falta de menos de un mes, argumentando que EITB no incluyó la obligación de subrogación en los pliegos, la nueva empresa no ha manifestado su voluntad de mantener a la anterior plantilla, por lo que sus puestos de trabajo se ven comprometidos. Para ELA es sorprendente que se haya puesto en marcha el proceso de adjudicación del servicio de EITB sin mencionar la necesidad de subrogación. Por un lado, porque EITB garantiza este derecho a otras subcontratas que estén en la misma situación. Por otro lado, porque el acuerdo marco a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se aplica a la plantilla recoge expresamente el derecho de subrogación”, denunció el sindicato ELA durante el primer -y único- día de huelga de las trabajadoras, que tuvo un seguimiento total de la plantilla.

Tras reuniones con todas las partes mantenidas este martes, finalmente este miércoles se ha firmado un acuerdo que, además de la subrogación, incluye una subida salarial del 8,3% para 2025 y subidas por encima del IPC para el periodo 2026-2028. Otra de las cuestiones que han logrado las trabajadoras con su protesta es reducir la jornada anual en 67 horas e incorporar cláusulas de inaplicación y/o ultraactividad.

“En el camino hacia el acuerdo ha sido fundamental la firmeza expresada por las trabajadoras en defensa de sus derechos y la convocatoria de huelga realizada. El sindicato ELA tiene claro que en los sectores más feminizados y precarios la lucha y la organización de las trabajadoras es la única vía”, han indicado desde el sindicato.

La plantilla está compuesta por trabajadoras que llevan décadas como maquilladoras, profesionales de la caracterización y peluqueras. En un solo día pueden llegar a maquillar y peinar hasta 25 personas, además de realizar caracterizaciones para ciertos programas en los que pueden pasarse varias horas con una sola persona. Marta, que prefiere no decir su verdadero nombre para no sufrir represalias, es una de las afectadas que más tiempo lleva trabajando en la cadena vasca. Entró con 22 años y a día de hoy tiene 57. Además de maquilladora profesional de televisión, con estudios en París, es especialista en caracterización. “Creo que conozco a todos los actores y presentadores de Euskadi. Siempre he estado en la misma empresa porque periódicamente este trabajo salía a concurso y lo ganaban. Entiendo que en esta ocasión gane otra empresa, pero lo que no me explico es que en esa guerra de empresas las trabajadoras vulnerables con muchísimos años de experiencia seamos las que salgamos perdiendo. Después de décadas de trabajo merecemos condiciones dignas”, explicó la trabajadora a este periódico durante la jornada de huelga. Tanto Marta como el resto se incorporarán a sus trabajos en la sede de Miramon de EITB esta tarde.

Las personas que este martes han rodado programas en directo o grabado producciones que serán emitidas próximamente en Miramon, la sede en Donostia de EITB, lo han hecho maquillándose y peinándose a sí mismas o con ayuda externa, pero sin pasar por las profesionales que habitualmente trabajan en esa sede. Este martes ha comenzado la huelga indefinida de las 12 trabajadoras de la empresa Soler Bmak. El servicio a partir del 14 de abril será ofrecido por la empresa Imagenmania, que ha resultado ganadora del concurso tras el pliego de contratación. Sin embargo, en el proceso no está incorporada la subrogación de estas trabajadoras por lo que temen quedarse sin trabajo después de “20 años en la plantilla”. Además de la huelga llevarán a cabo concentraciones frente a Miramon. La primera, este mismo martes a la mañana y las siguientes el miércoles a las 20.00 horas y el jueves a las 08.00 horas.

Marta, que prefiere no decir su verdadero nombre para no sufrir represalias, es una de las afectadas que más tiempo lleva trabajando en la cadena vasca. Entró con 22 años y a día de hoy tiene 57. Además de maquilladora profesional de televisión, con estudios en París, es especialista en caracterización. “Creo que conozco a todos los actores y presentadores de Euskadi. Siempre he estado en la misma empresa porque periódicamente este trabajo salía a concurso y lo ganaban. Entiendo que en esta ocasión gane otra empresa, pero lo que no me explico es que en esa guerra de empresas las trabajadoras vulnerables con muchísimos años de experiencia seamos las que salgamos perdiendo. Después de décadas de trabajo merecemos condiciones dignas”, explica la trabajadora a este periódico.

Según sostiene, lo que le piden a la nueva empresa es que les subrogue en las mismas condiciones en las que se encuentran ahora y que tengan en cuenta los pluses por antigüedad. “No pedimos nada descabellado, ni hablamos de las cargas laborales, ni del hecho de que nos cambien los horarios de un día para otro o que no nos paguen los pluses de disponibilidad, solo queremos mantener las antigüedades teniendo en cuenta que nuestro salario base es bajo. Esas antigüedades significan un plus en las nóminas. Estamos hablando de que hay trabajadoras que llevan más de 30 años dedicándose. Además, nosotras haremos fácil la transición, somos profesionales que conocemos perfectamente cuál es nuestro trabajo, vamos a seguir siendo resolutivas”, detalla.

Al día, Marta afirma que pueden llegar a maquillar y peinar hasta 25 personas, además de realizar caracterizaciones para ciertos programas en los que pueden pasarse varias horas con una sola persona. Confiesa que ante el miedo a quedarse sin trabajo está viendo posibles alternativas, pero reconoce que no será posible realizar su trabajo de televisión fuera de Euskadi. “Me han llamado de series y puedo trabajar en el cine, pero eso supone dejar a mi familia y moverme al menos seis meses a vivir a otro lugar. Es muy lícito, pero es una forma de vida que a mi edad, con 57 años, no la contemplo. Y la mayoría de mis compañeras están en la misma situación. Nosotras queremos que se resuelva, que la empresa entrante tenga empatía, porque tenernos en su equipo al final va a ser favorable para ellas”, concluye.

En la primera jornada de huelga el seguimiento del paro por parte de las trabajadoras ha sido total, según el sindicato ELA. “A falta de menos de un mes, argumentando que EITB no incluyó la obligación de subrogación en los pliegos, la nueva empresa no ha manifestado su voluntad de mantener a la anterior plantilla, por lo que sus puestos de trabajo se ven comprometidos. Para ELA es sorprendente que se haya puesto en marcha el proceso de adjudicación del servicio de EITB sin mencionar la necesidad de subrogación. Por un lado, porque EITB garantiza este derecho a otras subcontratas que estén en la misma situación. Por otro lado, porque el acuerdo marco a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se aplica a la plantilla recoge expresamente el derecho de subrogación”, argumentan.

El sindicato confirma haber mantenido reuniones con “todas las partes en búsqueda de una solución”, sin embargo, reconoce que “a día de hoy no hay ninguna propuesta que asegure que las trabajadoras continuarán dando servicio a la nueva empresa”. “Así las cosas, mientras no se garantice este mínimo, continuará la huelga indefinida”, confirman.

Este periódico ha podido hablar con EITB y con la empresa Imagenmania, pero por el momento han preferido no realizar declaraciones. Desde Imagenmania explican que se encuentran “entre negociaciones”, pero que siempre han tenido y tienen “las mejores intenciones”.

Los cerca de 60.000l empleados de la Junta de Extremadura se beneficiarán de un protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo que este viernes ha sido rubricado en Mérida con el fin de mostrar “tolerancia cero” frente a los acosadores y defender a las víctimas en su centro de trabajo.

El documento, el primero de estas características en la Administración autonómica, busca garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y convertirlo en un entorno “seguro y libre de violencia sexual y discriminación por razón de sexo”, ha afirmado la secretaría de general de Igualdad y Conciliación, María del Ara Sánchez Vera.

Se trata también de cumplir la normativa nacional e internacional en materia de igualdad y derechos laborales, ha indicado tras firmar el protocolo junto a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en el marco de una reunión de la Mesa General de Negociación.

Con un plazo de vigencia de cuatro años, el protocolo establece un procedimiento de actuación informal, previo a la denuncia a través de un correo electrónico, y otro formal, basado en los principios de confidencialidad, imparcialidad, prohibición de represalias y respeto a las víctimas reconociendo su derecho de ser informadas y asistidas en todo momento.

Por su parte, la secretaria de Igualdad de CSIF Extremadura, Amparo Galán Alís, ha recordado que su sindicato lleva “mucho tiempo” reivindicando a la Junta que se dotara de este protocolo para dar ejemplo.

El coordinador del Área Pública de Comisiones Obreras, Manuel María Nicolás, ha expresado su satisfacción por la firma del documento, pero ha lamentado también su demora porque era un mandato recogido en la Ley de Igualdad de Extremadura, del año 2011.

La responsable de Igualdad en Servicios Públicos de Extremadura en UGT, Ana Hernán Sanz, ha destacado que con este acuerdo “ha quedado claro el procedimiento que tiene que seguir la víctima cuando se siente en una situación de riesgo”. El objetivo es que las víctimas puedan actuar y que al agresor “se le impongan medidas disciplinarias y correctivas y, si los actos constituyen algún delito, ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal”.

Tamboeb ha incidido además en la importancia de la prevención y la sensibilización, por lo que se contemplan actuaciones de comunicación, difusión y formación de los empleados.

Por otra parte, la secretaria general de Igualdad ha informado de que este viernes se han recepcionado las obras en el centro de 24 horas de atención integral a las víctimas de violencia sexual de Mérida, que espera abra sus puertas en los “primeros días de marzo”. 

Recuperar la jubilación parcial anticipada, para que los funcionarios puedan compatibilizar empleo y trabajo antes de los 65 años, y atrasar la forzosa, para permitir que aquellos empleados públicos que lo deseen puedan continuar desarrollando su carrera profesional hasta los 72.

Lo primero, pactado con UGT y CCOO. Lo segundo, al margen del acuerdo con las organizaciones sindicales. El Gobierno quiere agrandar las posibilidades de retiro para las plantillas de la administración pública, mientras hace esfuerzos por rejuvenecerlas y afronta el retiro de más de 95.000 empleados públicos en una década.

En los últimos cuatro años, el Ejecutivo ha logrado reducir en algo más de un año la edad media de las plantillas de la Administración General del Estado (AGE). “Disminuye por cuarto año consecutivo, situándose en los 50 años. El número de efectivos menores de 40 años ha aumentado en más de un 4% en dos años y, por segundo año consecutivo, el número de incorporaciones supera al de bajas”, señalaba el ministro de Función Pública, Óscar López, en una comparecencia en el Senado a finales de enero.

López advertía en esa intervención de que “la Administración va a sufrir una jubilación masiva” en los próximos años. Por eso, el objetivo de rejuvenecer las plantillas es primordial para evitar el déficit de trabajadores en el sector público y dar el relevo de la experiencia. Es una máxima en la que llevan varios años insistiendo desde el Ministerio. “Necesitamos rejuvenecer las plantillas”, dijo la entonces titular del departamento, María Jesús Montero, en 2021, tras aprobar un plan de captación de talento.

En 2022, el Gobierno firmó con los sindicatos UGT y CCOO el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, en el que ya se comprometía con este objetivo de reducir la edad media de las plantillas, muy alejada todavía de la media de la población general y que, en el caso de la AGE, duplica a la del sector privado.

El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el referente de la Secretaría de Estado de Función Pública en cuanto al número de trabajadores públicos, arroja datos que, aunque preocupantes, mejoran levemente las cuentas de años anteriores.

Según este informe, que el Ministerio publicó en diciembre, el 59,9% tiene más de 50 años, 2,2 puntos menos que en 2023. Sin embargo, como muestra el siguiente gráfico, ha aumentado el número de trabajadores que llegarán a la edad ordinaria de jubilación en los próximos cinco años y aquellos que la superan. Los datos del boletín no incluyen al personal de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni la administración de Justicia, empresas públicas y universidades no transferidas.

En diciembre, López firmó con los sindicatos un acuerdo para recuperar la jubilación parcial para los funcionarios, que el Gobierno de Mariano Rajoy había eliminado en 2012. Esta fórmula, asumida en el sector privado, permite compatibilizar una parte del empleo y la pensión antes de alcanzar la edad ordinaria.

“Vendría a favorecer el rejuvenecimiento de las plantillas”, indica el secretario de AGE de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez. Es una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales, que el Ejecutivo quiere introducir en la nueva Ley de Función Pública que se está tramitando en el Congreso y cuyo plazo de enmiendas terminó el miércoles.

Entre los cambios que el PSOE quiere introducir a esa norma está alargar lo que se conoce como jubilación forzosa de los 70 a los 72 años. Actualmente, si un empleado público quiere trabajar más allá de la edad ordinaria de retiro de forma voluntaria, solo puede hacerlo hasta los 70 años. A partir de esa edad, la normativa impide continuar con la carrera profesional.

Ahora, la parte socialista del Gobierno quiere que pueda hacerlo dos años más. Una medida que ha sorprendido a los sindicatos. “UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO se desvinculan de la enmienda” introducida por los socialistas en el Congreso porque “es una medida que no contemplaba el acuerdo suscrito” y “que no apoyan”, han señalado en un comunicado conjunto.

“Va en la dirección contraria”, considera Álvarez, a rejuvenecer las plantillas, pero puede servir para contentar a algunos sectores, como el judicial, en algunos casos partidario de trabajar más años en un momento en el que acumulan los máximos trienios, o para aquellas personas que se han incorporado más tarde al funcionariado y necesitan años de cotización.

Según los datos del boletín estadístico, para la próxima década hay “una estimación de jubilaciones del 54,86%”, unos 95.640 efectivos, entre funcionarios y personal laboral. “Esta directriz a la baja respecto al informe del año anterior se mantiene si consideramos personal funcionario de carrera y laborales fijos por separado”, indica el estudio, que muestra que “los colectivos que se verán más influenciados” son los subgrupos E, C2, B y C1.

“El proceso es lento porque, al haber una media de edad tan alta, las entradas van a cuentagotas”, señala el responsable del ramo en UGT, que reconoce los esfuerzos por “agilizar” el rejuvenecimiento de las plantillas. Principalmente, estos se han producido con las convocatorias de empleo público que han venido celebrándose desde el año 2021, pero que aún mantienen en negativo el saldo respecto a los años posteriores a la crisis de 2008, donde se dejaron a cero las tasas de reposición. Es decir, apenas entraban nuevos funcionarios por los que se iban.

En 2024, el Gobierno anunció una oferta de empleo público récord, con 40.000 nuevos puestos. “Se consolida una situación en la cual triplicamos en los últimos años el aumento anual respecto a lo que ocurrió entre 2012 y 2017”, indicó el entonces ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, que ya se había comprometido a trazar un plan para recuperar los 80.000 empleos públicos perdidos por los recortes de la crisis financiera.

El boletín, elaborado por técnicos del Ministerio, busca “proporcionar elementos objetivos sobre la naturaleza de la edad de la población del empleo público”. El documento indica que la previsión de incorporaciones para la década que arranca este ejercicio es de 107.754 personas, de las que 84.533 será personal funcionario de carrera y 23.221, laborales fijos. Estas previsiones corresponden solo a la Administración General del Estado. Esto es, sin contar funcionarios locales o aquellos que dependen de las comunidades autónomas, como el sanitario o del ámbito de la educación.

30.000 menos que antes de la crisis

“Ahora mismo la tasa de reposición está entre el 110 y el 120%, lo que hace que entren unos pocos más de los que se jubilan, pero durante varios años estuvo a 0, luego al 25%, después subió al 75% y a partir de 2020 es cuando se ha ido cubriendo alguna plaza más. Esto ha servido para reponer parcialmente unos 9.000 puestos en la AGE, pero si miramos las plantillas respecto a 2011, todavía perdemos 36.000”, indica Álvarez.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señalan también que la oferta de empleo público diseñada para 2024 reducía en un 6,1% la creación neta de empleo en la Administración del Estado y recuerdan que “en los próximos 8 años se jubilará previsiblemente el 60% de la plantilla”.

Si se hace la suma de altas y bajas y la diferencia en los últimos nueve años de los que hay registro, el déficit se sitúa en torno a 30.000 trabajadores menos, solo de la AGE. Esa tendencia negativa ha intentado revertirse en los últimos años. Desde 2021 ya hay más altas que bajas.

El anterior ministro del ramo, Escrivá, anunció en enero del año pasado que el Gobierno eliminaría para 2025 la tasa de reposición. “Es muy difícil de defender cuando estamos hablando de modernización y transformación de la función pública. Por lo tanto, necesitamos un modelo distinto de previsión y proyección de qué puestos necesitamos en la AGE y en toda la administración pública”, señaló entonces el hoy gobernador del Banco de España, que se dio todo el año para “poder construir este nuevo modelo” y “después reflejarlo en los Presupuestos Generales del Estado”, cuya negociación se encuentra ahora en el aire.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que los datos del último “Boletín estadístico del personal al servicio de la comunidad autónoma de Aragón”, publicados esta semana muestran “el total fracaso del Gobierno de Aragón presidido por Jorge Azcón (PP), para reducir la temporalidad, pese a su empeño centrado en el cese de interinos”. El porcentaje de trabajadores con contrato temporal es del 47,6%, cuando por ley no debería superar el 8%, denuncian.

El sindicato –tercera fuerza en la Administración General junto a CATA- reclama ante esta situación “un cambio de rumbo en la administración que garantice el cumplimiento de las leyes de estabilización porque solo aprovechando la experiencia de las personas con muchos años en la administración, en lugar de despedirlas, se podrá acabar con el caos actual y alcanzar tasas de temporalidad aceptables”.

STEPA subraya que la misma publicación del último boletín es una muestra más de la caótica gestión y falta de transparencia en Función Pública, ya que nace desfasado. El informe se publica semestralmente, con datos a 30 de junio y 31 de diciembre; pero el ahora presentado es el de junio, en la fecha en que debería hacerse público ya el siguiente. Sin embargo, sirve para mostrar el deterioro creciente del empleo público en la DGA, con graves consecuencias para toda la plantilla y toda la ciudadanía.

Así, el boletín muestra la existencia a 30 de junio de 2024 de 60.999 empleados, de los que 31.934 (52,4%) son fijos y 29.065 tienen contratos temporales, el 47,6%. Este porcentaje apenas supone una leve mejora respecto a los datos del semestre anterior, cuando trabajaban 60.399 personas y eran temporales 30.406 (50,3%) y fijos 29.993 (49,7%). Además, las cifras por colectivos muestran que este resultado se ha conseguido con ceses de personal de la Administración General cuyos puestos no se están cubriendo.

El número total de empleados ha crecido en 500 personas, pero en Administración General hay 590 menos, y ha pasado de 12.130 a 11.540. Por el contrario, Educación y Sanidad, los otros dos grandes colectivos de la Administración, sí cuentan ahora con más trabajadores. De esta manera, STEPA señala que la principal causa de esta menor temporalidad es “los cientos de sillas vacías que están provocando los masivos ceses de temporales, como muestran las constantes polémicas de plazas sin cubrir y servicios atascados. El sindicato concluye que ”Función Pública solo busca maquillar los datos con ceses ilegales, aun a costa de cargarse y deteriorar gravemente servicios públicos“.

Igualmente, STEPA resalta que los datos del informe muestran que el Gobierno de Azcón “también ha sido incapaz de conseguir los objetivos que pregona, de mejorar la organización y provisión de plazas con medidas como los concursos de traslados y las convocatorias de oposiciones. El porcentaje de funcionarios con destino fijo es del 43%, por lo que siguen teniendo un alto peso las comisión de servicios, promociones internas temporales, plazas vacantes,…, que derivan en un continuo baile de titulares que afecta a la calidad del servicio”. En cuanto a los puestos de sustitución, el sindicato resalta que “la cifra ha bajado porque no se están cubriendo muchas incapacidades temporales”.

A esto se suma “la baraúnda de procesos selectivos en marcha, que incluyen convocatorias libres, estabilización, promoción interna, processo caducados…” y que la DGA se ha mostrado incapaz de gestionar, hasta el punto de que actualmente no se ha estabilizado en Administración General ninguna plaza por concurso de méritos para los temporales en abuso de temporalidad, pese a que el plazo para cerrarlo concluyó el 31 de diciembre y el ridículo número de plazas convocado por este sistema, que no ha reconocido los derechos de miles de trabajadores“.

“La idea del Gobierno de Aragón de que la tasa de temporalidad se irá reduciendo al límite legal del 8% mediante las ofertas de empleo público ordinarias, se ha demostrado que es una quimera, al no entender que la estabilización es la herramienta para reducir la temporalidad y las ofertas ordinarias sólo sirven para cubrir la tasa de resposición”, señala STEPA. 

Legislación europea

STEPA recalca que todos estos problemas son consecuencia de la “insumisión” del Partido Popular a identificar todas las plazas ocupadas por temporales en abuso y ofrecerlas en procesos de estabilización, con lo que ha incumplido el mandato de la Ley estatal 20/21, los acuerdos incluidos en la ley de presupuestos de 2024 con su entonces socio Vox y el compromiso escrito firmado por el propio partido antes de las últimas elecciones autonómicas.

El Gobierno central impulsó la Ley 20/21 para cumplir con la legislación europea e impedir que las Administraciones cubran sus plazas permanentes con contratados temporales. Aunque con lagunas, esta norma obliga a convocar concursos extraordinarios de méritos como vía para que consoliden su plaza los interinos en abuso; sin embargo, el Ejecutivo aragonés la incumplió y no deja de provocar ceses masivos de cientos de víctimas del abuso, al sacar ilegalmente sus plazas por otros sistemas.

STEPA recalca que la oferta de empleo libre de 2025, que se ha comenzado a negociar, solo cubre la tasa de reposición, así que se va a mantener la temporalidad; una vez que se ha desaprovechado la oportunidad que ofrecía la Ley 20/21 para neutralizar los efectos de años de malas prácticas en la Administración.

Ante esta situación, el sindicato ha reiterado que la solución pasa por el cumplimiento estricto de la normativa y las sentencias europeas, “antes de que los Tribunales obliguen a hacerlo, con las consecuencias económicas por sanciones e indemnizaciones”. Para ello demanda, junto a otros sindicatos que defienden a los interinos, una Ley de punto final nacional, “que dé cumplimiento a la Directiva Europea sobre la contratación temporal del siglo pasado y que evite que se repita la insumisión de algunas administraciones como la aragonesa”.

STEPA pide un nuevo rumbo de la Función Pública en Aragón, “riguroso conforme a la Ley, que trabaje por un servicio público de calidad, eficiente y que cuide a su personal  y que no propicie con su empecinamiento sanciones que podrían llegar de la Comisión Europea”.  

El sindicato subraya que así se conseguirán más ventajas además de disminuir la temporalidad, como son “no perder más experiencia, volver a trabajar al ritmo normal y facilitar el resto de procesos selectivos”.

Educadores sociales y auxiliares que trabajan con menores en centros dependientes de las consejerías de Derechos Sociales y Hacienda del Principado intensificarán sus protestas y no descartan acudir a la huelga si el Ejecutivo autonómico no modifica el proceso de funcionarización que ha iniciado y que deja fuera al 80 por ciento de estos trabajadores.

El Gobierno asturiano ha convocado en la oferta pública de empleo de 2024 un total de 173 plazas para educadores sociales y trabajadores sociales a las que, tal y como establece la Ley de Empleo Público del Principado, sólo podrán optar quienes estén en posesión de dichos títulos universitarios.

El ochenta por ciento de los, aproximadamente, 1.300 educadores que actualmente trabajan para el Principado accedieron a sus puestos con otras titulaciones, como la de psicología, pedagogía, trabajo social o magisterio, pero no cuentan con la de educador social, según la presidenta del comité de empresa de Derechos Sociales y Bienestar, Élida Vázquez.

En Asturias, esta titulación sólo se puede obtener de forma presencial en una facultad privada, la Padre Ossó, ha recordado Vázquez, para quien ésta sería la gran beneficiada del proceso de funcionarización puesto en marcha por el Gobierno asturiano.

Los grandes perjudicados, la mayoría de trabajadores actuales y la propia administración, ya que, según ha advertido la presidenta del comité de empresa, no habrá suficientes titulados como para poder cubrir todas las necesidades.

Actualmente hay unos 300 educadores sociales fijos -quedarían como personal laboral a extinguir si se mantiene el actual proceso de funcionarización-, y unos 700 interinos que salen de las bolsas de trabajo de las oposiciones, así como cerca de 300 auxiliares educadores fijos de plantilla que no podrán acceder al nivel superior porque a éstos no se les funcionariza, según los datos que maneja Vázquez.

Cuerpo de intervención socioeducativa

En su opinión, el Ejecutivo debe buscar una “propuesta integradora” en la que tengan cabida todas las titulaciones que están trabajando en la atención a menores, como han hecho otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha, también socialista.

Con ese fin han planteado a todos los grupos con representación en la Junta General del Principado que promuevan una proposición no de ley en el primer pleno parlamentario del mes de febrero en la que se inste al Gobierno a realizar un proyecto de modificación de la Ley de Empleo Público y que se cree un cuerpo de Intervención Socioeducativa, frente al creado de Educación Social.

Su propuesta cuenta con el respaldo del PP y de los dos diputados del Grupo Mixto, mientras que IU condicionó su apoyo a la negociación con sus socios de gobierno, según Vázquez, que ha incidido en que, tras dos reuniones con los socialistas, éstos “se han puesto absolutamente de perfil”.

Para hoy tienen previsto mantener una reunión con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, a quien le plantearán la situación que vive este colectivo, y en función de la respuesta que obtengan, mañana decidirán si incrementan el nivel de sus protestas.

Este jueves, medio centenar de trabajadores convocados por los comités de empresa de las consejerías de Derechos Sociales y Hacienda se han manifestado con cencerros, silbatos y pancartas frente a la sede de la Presidencia del Gobierno.

El proceso que ha puesto en marcha el Gobierno asturiano para hacer funcionario al personal laboral que trabaja en los centros de acogimiento y atención de menores ha puesto en pie de guerra a la práctica totalidad de la plantilla de educadoras y educadores asturianos, que suman un total de cien personas.

¿La razón?, que en el citado proceso, en el que se ven implicadas dos consejerías asturianas, la de Bienestar Social y la de Hacienda, la administración autonómica exige la titulación de Educación Social como condición sine qua non para pasar de personal laboral a funcionarial. Y es que el 80 por ciento de las personas que trabajan en estos momentos en los centros públicos de menores en Asturias, según explica Élida Vázquez, presidenta del Comité de Empresa de Derechos Sociales y Bienestar, no poseen esta titulación, pues en este colectivo convivían, hasta ahora, titulados en pisología, trabajo social, pedagogía o magisterio.

Según argumenta Váquez, a quienes ya tiene plaza fija no les pueden despedir, pero “se quedarán a extinguir”, y quienes tienen categoría de personal laboral, sin titulación de Educación Social, “se irán a la calle”. A estos trabajadores hay que añadir también como daminificados, explica, las 700 personas que integran en estos momentos la bolsa de empleo y que no podrán volver a trabajar para la administración. La bronca está servida y este jueves han comenzado las movilizaciones frente a la Consejería de Hacienda que, en ningún caso, serán las últimas.

“Esto es un quítate tú pa poneme yo”, lamenta la representante sindical, quien recuerda que en todos los casos en los que hasta ahora la administración ha planteado un cambio de titulación, esta si aplicaba a los nuevos trabajadores, en ningún caso en quienes llevan años acumulando experiencia.

En Asturias hay un total de siete centros de menores tutelados: dos en Oviedo y Gijón, uno en Colloto, otro en Avilés y un último en Noreña. Se trata de centros de atención integral para menores que están en situación de vulnerabilidad y desamparo, bien por abandono, maltrato o diferentes negligencias familiares.

Este proceso tal y como está planteado, limita las posibilidades laborales de todos, denuncia Vázquez, asegurando que la escisión entre personal laboral y funcionario limita la movilidad y las posibilidades de promocionar de las plantillas, tanto fijas como temporales.

Apoyo del Colegio de Educación Social del Principado

Por su parte, el Colegio de Educación Social del Principado apoya la decisión tomada por el Gobierno asturiano y considera indispensable la exigencia del título de educados social. El presidente del colegio, Pablo Yáñez, considera urgente adaptar la situación a la legalidad vigente, y procurar la mejor atención a la infancia y adolescencia del sistema de protección y del de justicia juvenil.

Desde el colegio profesional de educadores defienden que los tiempos avanzan y hay que adaptar el sistema a las nuevas necesidades. Asimismo rechazan que esta medida vaya a suponer la pérdida de empleo para ningún trabajador y recuerdan que la titulación universitaria de Educación Social surge hace ya más de tres décadas para dar respuesta a las nuevas necesidades del sistema público de servicios sociales.

Yáñez considera que no se trata de un capricho de la Administración, sino de un imperativo legal aprobado por todos los grupos parlamentarios y un derecho de la ciudadanía. “La ley está para cumplirla y establece que en el acceso a puestos de educador social debe de exigirse la titulación de Educación Social”, reivindica.

Para el colegio profesional es, en todo caso, el momento menos lesivo para introducir la titulación, ya que tras la incorporación a finales del año 2022 de 48 nuevos educadores resultantes del último proceso selectivo para el acceso, y tras la estabilización de otros 50 más sin más criterio de peso que la antigüedad, el número de interinos en la administración, cuando el último grupo formalice contrato en los próximos meses, será la cifra más baja de toda la historia. 

El hartazgo y las reivindicaciones de los trabajadores del parque de servicios de Logroño han llegado al pleno municipal del Ayuntamiento de Logroño. Y es que trabajadores del parque del servicios han asistido al pleno con pancartas con lemas como “La negociación, la mejor opción”, “Señor alcalde, el parque cumple. Cumpla usted con el parque de servicios”, “Conrado, tienes al parque abandonado” o “Sr. Alcalde no a la privatización del Parque de Servicios”, trabajadores que han sido desalojados por la Policía Local de Logroño tras varios avisos de la presidenta del pleno.

Y es que estos trabajadores continúan con sus reivindicaciones e insisten en la “voluntad de negociar a la vez que se posicionan en contra de la privatización de cualquiera de los sevicios que presta el parque”, han asegurado a Rioja2. El Parque de Servicios “continúa con las protestas y sigue abierto a negociar con la Corporación municiapal para llegar a un nuevo acuerdo de horas extras”. Estos trabajadores aún esperan “una oferta por parte de la Corporación”, insisten.

Estas son sus reivindicaciones

El representate de Comisiones Obreras La Rioja, Luis Miguel Cerdera, aseguraba a finales del mes de octubre en Rioja2 que las protestas continuarán “mientras no haya voluntad negociadora”, voluntad que reiteran sí tienen los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Sobre la mesa, el convenio que regula las horas extraordianrias y que según Cercera data de 2003 cuando se habilitó una especie de bolsa donde se apuntaban todos aquellos profesionales que querían hacer horas extras. “Más de 20 años después, la situación de Logroño ha cambiado mucho y ahora la cantidad de actividades que hay cada fin de semana no es comparable a la de entonces”. Y es que, cada fin de semana, el personal del parque de servicios coloca los bolardos antiterroristas en las distintas calles de centro, coloca y retira vallas, escenarios... “trabajos que antes se realizaban de forma voluntaria y ahora son obligatorios”.

Y este es el punto que quieren negociar. Piden “un complemento de disponibilidad o un aumento en la retribución de las horas extras que incluya la penosidad y nocturnidad de los trabajaos a realizar” sin querer cuantificar ninguna de las propuestas. Quieren sentarse a dialogar porque las negociaciones están en punto muerto. “Llevábamos diez meses negociando con el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, se comprometió a revisar el acuerdo de las horas extras pero no ha sido así”. De hecho recuerda que en las pasadas fiestas de San Bernabé ya se negarona realizar horas extras, “pero por buena voluntad, por no dejar a la ciudadanía sin este servicio público y porque el alcalde se comprometió a dialogar lo hicimos, pero no cumplió”.

La nueva Mesa del Parlament quiere ir cerrando el conflicto abierto con sus trabajadores a raíz de las decisiones que se tomarón en la última legislatura para acabar por decreto con varias situaciones de privilegio, como primas de jubilación desorbitadas o licencias para cobrar sin acudir a su puesto de trabajo a partir de determinada edad.

Tras más de dos años con el consejo de personal en pie de guerra, el Parlament ha cerrado esta semana un acuerdo que permitirá, de entrada, acabar con las primas de jubilación más gravosas, las que estaban por encima de los 90.000 euros, al tiempo que irá reduciéndo paulatinamente todas las demás, hasta que desaparezcan en 2050.

Hasta el momento, este tipo de bonos los percibían todos los trabajadores que se jubilaban a la edad reglamentaria. Se calculaban respecto a una serie de mensualidades, dependiendo del tiempo trabajado. A partir de los 16 años de antigüedad se podía cobrar como máximo el último salario bruto anual recibido, lo cual daba como resultado cifras astronómicas para los altos funcionarios de la institución, algunos de los cuales percibían sueldos brutos de hasta 230.000 euros.

Esto ya no podrá volver a ocurrir porque se topan todas las primas a un máximo que se calcula en base a multiplicar por 2,5 el salario más bajo del Parlament, lo que supone unos 90.000 euros. Este máximo además se irá paulatinamente reduciendo año tras año en una primera fase que afecta a 70 de los 233 trabajadores del Parlament.

El resto, los que deberían jubilarse a partir del año 2030, quedarán afectados por unos límites aún más restrictivos. Por ejemplo, nadie cobrará más de 40.000 euros de ahora en 10 años y, en 20, se reducirá hasta los 15.000.

Fuentes del Parlament explican que la factura de los bonus tal y como estaba antes del acuerdo hubiera ascendido a unos 17 millones de euros, mientras que ahora se quedará en poco menos de 9, por lo que calculan un ahorro de casi la mitad.

Pero, además, estas mismas fuentes remarcan que se trata de una forma de acabar con la conflictividad laboral que había agitado en los últimos años el día a día del Parlament, teniendo en cuenta que los trabajadores tenían unos derechos adquiridos que, de llevarse a los tribunales, podrían mantener.

El pacto alcanzado entre la Mesa y el personal de la Cámara contempla, además de la cuestión de las primas por jubilación, dos aspectos más: el premio de permanencia en la institución que se paga cada cinco años a partir de los 25 trabajados y el plan de pensiones.

En este caso, aunque la voluntad de la Cámara es avanzar hacia un sistema de incentivos por objetivos, se mantiene el llamado “premio a la vinculación” aunque ya no es podrá cobrar directamente, sino que se podrá elegir entre un mes de vacaciones o una aportación al plan de pensiones. Sobre esta última materia, el acuerdo contempla reactivar la bolsa que quedó congelada en 2013.