El Govern, a través del Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, ha confirmat la detecció del primer niu de vespa oriental -Vespa orientalis- a l'illa d'Eivissa.

Aquesta espècie va ser detectada per primera vegada a les Balears l'any passat, amb un primer niu localitzat a Mallorca, segons ha recordat en un comunicat la Conselleria.

El niu d'Eivissa ha estat localitzat al nucli urbà de Jesús, al terme municipal de Santa Eulària, gràcies a l'avís d'una veïna que va alertar sobre la presència d'unes vespes que li semblaven una espècie exòtica i va facilitar fotografies per a la seva identificació.

Després de rebre l'avís, tècnics del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de Balears (Cofib) es van desplaçar fins al domicili, on van confirmar que es tractava del primer niu de Vespa orientalis detectat a Eivissa. Immediatament, es va activar el protocol d'actuació i es va procedir a la retirada completa del niu per evitar la seva expansió. Amb aquesta detecció, el Servei de Protecció d'Espècies reforça a més el protocol de control i vigilància d'aquesta espècie invasora.

Com a mesura complementària de vigilància, durant els pròxims dies s'instal·laran trampes amb atractiu dolç als voltants de la zona on s'ha localitzat el niu amb l'objectiu de detectar la possible presència d'altres exemplars i comprovar que no existeixin nous focus.

La vespa oriental és una espècie exòtica que, en els últims anys, s'ha expandit fora de la seva àrea de distribució natural i ja s'ha establert en diversos territoris de la conca mediterrània. Els exemplars adults s'alimenten principalment de nèctar, fruita madura i altres fonts de sucres, mentre que les larves necessiten proteïna animal. Per aquest motiu, les reines i les obreres capturen altres insectes, com abelles, mosques, llagostes i petites vespes.

La presència d'aquesta espècie pot representar una amenaça per a les explotacions d'abella mel·lífera d'Eivissa, ja que depreda activament aquests insectes i pot afectar a la producció apícola i als serveis de pol·linització.

El seguiment de l'espècie es duu a terme a través del Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural i del Cofib amb l'objectiu de detectar de forma precoç qualsevol nou focus i evitar el seu establiment.

La Conselleria recorda que la detecció precoç és essencial per evitar l'establiment de noves poblacions i fa una crida a la col·laboració ciutadana. En cas d'observar un exemplar o un possible niu de vespa oriental, es recomana no manipular-lo i comunicar-ho al Servei de Protecció d'Espècies aportant, sempre que sigui possible, una fotografia que en faciliti la identificació.

Les comunicacions es poden realitzar a través del correu electrònic especies@dgmedinatural.caib.es, del telèfon 971 784 956 o del WhatsApp 606 875 244.

El Govern, a través del Servicio de Protección de Especies de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ha confirmado la detección del primer nido de avispa oriental -Vespa orientalis- en la isla de Eivissa.

Esta especie fue detectada por primera vez en Balears el pasado año, con un primer nido localizado en Mallorca, según ha recordado en un comunicado la Conselleria.

El nido de Eivissa ha sido localizado en el núcleo urbano de Jesús, en el término municipal de Santa Eulària, gracias al aviso de una vecina que alertó sobre la presencia de unas avispas que le parecían una especie exótica y facilitó fotografías para su identificación.

Tras recibir el aviso, técnicos del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Balears (Cofib) se desplazaron hasta el domicilio, donde confirmaron que se trataba del primer nido de Vespa orientalis detectado en Eivissa. Inmediatamente, se activó el protocolo de actuación y se procedió a la retirada completa del nido para evitar su expansión. Con esta detección, el Servicio de Protección de Especies refuerza además el protocolo de control y vigilancia de esta especie invasora.

Como medida complementaria de vigilancia, durante los próximos días se instalarán trampas con atrayente dulce en los alrededores de la zona donde se ha localizado el nido con el objetivo de detectar la posible presencia de otros ejemplares y comprobar que no existan nuevos focos.

La avispa oriental es una especie exótica que, en los últimos años, se ha expandido fuera de su área de distribución natural y ya se ha establecido en diversos territorios de la cuenca mediterránea. Los ejemplares adultos se alimentan principalmente de néctar, fruta madura y otras fuentes de azúcares, mientras que las larvas necesitan proteína animal. Por este motivo, las reinas y las obreras capturan otros insectos, como abejas, moscas, saltamontes y pequeñas avispas.

La presencia de esta especie puede representar una amenaza para las explotaciones de abeja melífera de Eivissa ya que depreda activamente estos insectos y puede afectar a la producción apícola y a los servicios de polinización.

El seguimiento de la especie se lleva a cabo a través del Servicio de Protección de Especies de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y del Cofib con el objetivo de detectar de forma precoz cualquier nuevo foco y evitar su establecimiento.

La Conselleria recuerda que la detección precoz es esencial para evitar el establecimiento de nuevas poblaciones y hace un llamamiento a la colaboración ciudadana. En caso de observar un ejemplar o un posible nido de avispa oriental, se recomienda no manipularlo y comunicarlo al Servicio de Protección de Especies aportando, siempre que sea posible, una fotografía que facilite su identificación.

Las comunicaciones pueden realizarse a través del correo electrónico especies@dgmedinatural.caib.es, del teléfono 971 784 956 o del WhatsApp 606 875 244.

La Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial se ha mostrado a favor de prohibir la pesca de salmón en los ríos para favorecer la recuperación de poblaciones y evitar que la especie desaparezca en España, después de que la temporada haya cerrado en Asturias con sólo 106 capturas, la cifra más baja desde que hay registros.

Según el histórico que maneja la organización, con datos desde 1949, el máximo de capturas en Asturias, la región más salmonera de España, se produjo en 1969, cuando se llegaron a pescar 6.893 ejemplares, con el río Sella a la cabeza (2.078 piezas).

Aunque las cifras fluctúan mucho de año a año, el declive de poblaciones ha hecho evidente en las últimas décadas, hasta apenas superar las cien unidades en 2025 y 2026. En el río Sella, el año pasado se pesaron 24 salmones y este año 21.

Caída generalizada

En Cantabria, los datos reflejan la misma suerte: la temporada de pesca cerró con sólo 3 capturas, la cifra más baja desde que hay datos.

En el resto de autonomías salmoneras -Galicia, País Vasco y Navarra- la pesca está vedada con el objetivo de intentar de frenar el pronunciado declive de poblaciones, una situación que Cantabria y Asturias revisarán al final de la temporada.

Según los datos recabados por la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC), las poblaciones de salmón atlántico de España han caído más del 80 % en diez años (2015-2024) y la situación de la especie en el país es mucho más grave que a nivel mundial.

Para SIBIC, máximo organismo científico en materia de peces en España, urge su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de especie en peligro de extinción y la inmediata prohibición de su pesca deportiva.

Pescadores: llevamos años advirtiendo a las autoridades

“Nuestra asociación ha sido pionera en advertir a las autoridades competentes de la imperiosa necesidad de adoptar medidas restrictivas de acceso al recurso ante la evidente disminución de poblaciones en la fase fluvial de su vida (...) Quienes llevamos varios decenios observando el problema, hace más de 30 años que lo venimos advirtiendo con el escaso éxito”, ha lamentado el representante de la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial Delfín Puente, en declaraciones a EFE Verde.

Según los datos que manejan, desde la década de los 90 se viene notando, año a año. “la falta de reproductores en los ríos”, un proceso que, a su juicio, se debe a dos factores fundamentales: la presión de las pesquerías industriales en el mar (hoy muy limitada) y las capturas de salmón en los ríos.

Los salmones nacen en los ríos, migran al mar, donde experimentan la mayor parte de su crecimiento y alcanzan su madurez sexual, y retornan al mismo río en el que nacieron para reproducirse.

“Hay una nación que ha sobrepescado muchos salmones en sus rutas migratorias hacia las costas del norte de España, tendiendo redes kilométricas que, durante muchos años, impidieron el cierre del ciclo biológico del pez. Sin duda alguna, este hecho está aún hoy influyendo de manera decisiva en que cada año en los ríos haya cada vez menos parejas de salmones adultos para desovar. Los números de retorno de estos peces son muy exiguos: prácticamente testimoniales”, ha explicado Puente.

Las rutas migratorias del salmón atlántico hacia las costas más meridionales de Europa, se hacen por el canal de San Jorge, entre Gran Bretaña e Irlanda, ha añadido.

La prioridad debe ser proteger y conservar

A los efectos de la pesquería industrial en el mar, hay que añadir el impacto de los pescadores aficionados, “que hemos tardado más tiempo del debido en dejar de sacrificar las capturas que hemos logrado extraer durante muchos años seguidos sin ser conscientes del daño que le estábamos provocando a la especie”.

Otro factor que también está influyendo es la excesiva protección a la que se han sometido y se someten las poblaciones de sus depredadores (osos, nutrias, cormoranes etc), que, ha asegurado, han aumentado de forma alarmante, también porque no existen otras especies que depreden sobre ellos.

Llegados a este punto, las medidas de protección “deberán ser todo lo drásticas que sea necesario”, ha aseverado Puente, que ha añadido que para los amantes de la pesca deportiva, lo prioritario debe ser proteger y conservar el pez hasta lograr su recuperación.

Cuando las poblaciones piscícolas vuelvan a la normalidad, los pescadores podrán participar nuevamente en el aprovechamiento del recurso, “pero adoptando estrategias y técnicas de pesca inocuas para el pez”, según Puente, que ha advertido de que equilibrar las poblaciones será un proceso natural “extraordinariamente lento”.

“Si no se actúa en estas direcciones: restringiendo la pesca industrial en el océano,con periodos de veda quinquenales, y estableciendo también ciclos de veda en el río, la especie salmón atlántico dejará de estar presente, más pronto que tarde, en los ríos del norte de España”, ha advertido.

Pendiente de evaluación científica

En marzo, la organización conservacionista Saxífraga solicitó formalmente la inclusión del salmón del Atlántico (Salmo salar) en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y aportó informes que indican que en lo últimos 30 años, la especie ha desaparecido del 50 % de los ríos en los que estaba presente y que las poblaciones de salmón han caído un 70 % en España en tres generaciones.

Tras la solicitud, el Gobierno central encargó al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora, organismo que reúne a Ejecutivo central y autonomías en materia de conservación de especies silvestres, un informe sobre el estado de conservación del salmón del Atlántico.

El objetivo, saber si procede catalogarlo en peligro de extinción en España, lo que, entre otras medidas, conllevaría la prohibición de pescarlo en los ríos españoles.

No obstante, la decisión dependerá de lo que voten las autonomías que, recientemente, rechazaron catalogar la anguila (y angula en España) a pesar de que el Comité Científico concluyó que se encuentra en peligro crítico.

La Anthyllis rupestris Coss, planta que se ubica únicamente en un reducido espacio en Albacete, va a ser protegida, tal y como refleja el Plan de recuperación por el que también se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie. Así se ha publicado este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha ya señalaba en octubre del pasado año su interés por proteger esta planta familia de las leguminosas, abriendo un proceso de participación. Crece en la provincia de Jaén, pero en la región solo se encuentra en Albacete, en el Calar del Mundo, aunque existen citas anteriores de esta especie en la Sierra de Alcaraz y en Riópar.

Se trata de una planta que habita en altitudes comprendidas entre los 1.400 y 1.800 metros de altitud, presentándose entre matorrales de ceméfitos pulvinulares y hemicriptófitos de montaña, aunque también puede ocupar paredes rocosas en ambientes subrupícolas, pero en menor medida.

En Castilla-La Mancha la población de la especie está formada por unos 6.500 individuos, todos ellos ubicados en el Calar del Mundo, en varias subpoblaciones, en los términos municipales de Riópar, Vianos y Yeste. Su presencia en el Calar del Mundo se extiende por una superficie aproximada de 582 hectáreas, si bien el área de ocupación real por la especie se sitúa en torno a las 52 hectáreas.

Aunque inicialmente se consideraba una especie 'vulnerable', está catalogada en peligro de extinción “por su reducida área de distribución, fragmentación de su población, su declive progresivo y reducido número de ejemplares”, según informan desde la Junta regional.

El pastoreo es una de las causas de su desaparición

En el año 2006, una investigación realizada por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el informe del Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, declaraba que “la propagación de esta leguminosa en invernadero mostraba un elevado fracaso”. De igual manera, debe hacer frente al pastoreo, que es la principal causa de desaparición de la Anthyllis rupestris, ya que sirve de alimento para el ganado. El director del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, Antonio Catalán, explicaba a este medio que “al ubicarse en zonas de montaña que se utilizan en verano como lugar de pasto es una planta muy comestible y no le da tiempo a fructificar y volver a tener nuevos individuos”.

Desde la propia entidad natural también han llevado a cabo medidas de protección, como el vallado dos de las siete subpoblaciones con las que cuentan. “Son valladas muy pequeñitas, a lo mejor de dos hectáreas, para que no afecte a los pastos ni a la ganadería en general, pero que asegure la supervivencia de la planta, que pueda florecer, fructificar y luego tener semilla”, exponía Catalán.

Medidas de protección según el Plan de recuperación

Las principales estrategias que llevará a cabo la Consejería de Desarrollo Sostenible serán: establecer un programa de control y seguimiento periódico de la especie en su área de distribución, también acuerdos con los propietarios y titulares de los aprovechamientos ganaderos de los terrenos privados en los que se encuentra la especie para asegurar por un lado la supervivencia de la especie y por otro que la misma pueda completar todo su ciclo vital. Por otro lado, instalar cerramientos de protección de los núcleos de población de la especie que puedan estar amenazados, si el cerramiento facilita su conservación a largo plazo.

Del mismo modo, también se procederá a la recolección y conservación de material genético de la especie en bancos de germoplasma, tanto de la Junta, como de universidades u organismo científicos públicos y privados y se podrá proceder al cultivo de la especie en los viveros o jardines botánicos de ámbito regional o nacional, con los que se establezcan acuerdos de colaboración, para facilitar la reintroducción o reforzamiento de poblaciones.

Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible sostienen que estará permitido en la zona el pastoreo y la actividad cinegética, cumpliendo con lo marcado en el Plan de recuperación. Sin embargo, quedan prohibidos la destrucción, enterramiento, corte o arranque de pies de Anthyllis rupestris Coss, así como la recolección de semillas, polen o fragmentos de planta, la posesión, la herborización, transporte o comercio con material biológico de la especie.

Gigantescas bolas de color rojo llegaron a Canarias desde el mar en los años 50. Se trataba de miles de langostas africanas amontonadas que invadieron las islas en dos ocasiones. La primera, en 1954, y la segunda, en 1958, ambas durante el franquismo. Estas plagas causaron graves estragos en el campo canario, dañando plantaciones como la del tomate o la papa. El desastre que protagonizó este insecto intentó combatirse por tierra y por aire. En el suelo, la población trataba de espantar a las langostas con hogueras y con veneno. En el aire, el Estado emprendió una fumigación masiva con avionetas. Las langostas terminaron desapareciendo, pero a la sombra de esta victoria quedó el guirre (Neophron percnopterus), una subespecie única de Canarias que estuvo a punto de extinguirse y que ahora resurge. 

El guirre está catalogado como especie en peligro crítico de extinción, pero también “es un ejemplo de cómo se puede revertir una situación negativa”, subraya Miguel Ángel Cabrera, técnico del servicio de Biodiversidad de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Cabrera hace seguimiento del guirre desde hace casi 20 años, cuando en el Archipiélago quedaban unos 120 ejemplares. Ahora, se contabilizan 520. Los territorios de cría también han aumentado, pasando de 25 a final del siglo pasado a 112 en la actualidad.

El retroceso comenzó en los años 50 y terminó con la desaparición del guirre en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. En la actualidad, la especie está en Fuerteventura, Lanzarote, Alegranza y Montaña Clara. Se trata de una población única que se mueve entre estas islas. Entre febrero y junio, durante la época reproductora, los ejemplares se dispersan entre estos territorios. Cuando llega el verano y acaba la temporada de cría, “lo normal es que los ejemplares de Lanzarote se desplacen a Fuerteventura”.

El seguimiento de la especie, los proyectos de recuperación y la constancia de los mismos han permitido que el guirre no desaparezca de Canarias y, por tanto, del mundo, ya que solo está en el Archipiélago. Estos trabajos cuentan con el apoyo de los cabildos insulares, del Gobierno regional y también de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que ofrece soporte científico y apoyo al proyecto. 

“Nosotros tenemos identificado prácticamente al 95% de la población. Cada individuo está identificado con su anilla y sabemos prácticamente dónde nació, con quién forma pareja y con quién no. Esto nos facilita mucho el seguimiento. No hay otra especie en Canarias con la que se haya hecho así ni con la que hayamos conseguido estos resultados tan favorables”, detalla el técnico de Biodiversidad. 

Según explica Cabrera, también influyen las condiciones de las islas, sobre todo de Fuerteventura, donde aún hay mucho ganado suelto y, por tanto, más recursos alimenticios para los guirres. “Hay que pensar que este es un buitre que se alimenta de animales muertos. Que haya más ganado suelto y animales muertos en el campo favorece que haya más guirres”, añade.

El hito de Timanfaya 

El Parque Nacional de Timanfaya ha sido escenario en los últimos años de un hito con el guirre como protagonista. Según explica el técnico del Gobierno de Canarias, hacía más de dos décadas que este animal no criaba ni nidificaba en esa zona, y a partir de 2022 lo ha vuelto hacer y, además, con éxito. La pareja de guirres volvió a nidificar en 2024 y ha conseguido reproducirse, confirmando la incipiente recuperación de la población. 

Para el experto es una gran noticia que se recupere un territorio de cría en un espacio natural tan emblemático como Timanfaya, ya que en Lanzarote la recuperación de los espacios de cría va a un ritmo “mucho menor” que en Fuerteventura. 

Las amenazas para el guirre

En La Palma, Tenerife y Gran Canaria el guirre ha desaparecido. “Todo apunta a que fue por el uso masivo de pesticidas durante las plagas ”bíblicas“ de langosta africana”, recuerda Cabrera. “Estaba en juego la supervivencia de la gente y no se andaron con chiquitas”, apostilla. A partir de entonces, empezó la pérdida de ejemplares. “La población se redujo muchísimo, se siguieron usando pesticidas y venenos que afectaron directamente a la especie”, insiste el experto. También empezaron a aparecer otras amenazas, como la mortalidad por electrocución en los tendidos eléctricos.

Los peligros para el guirre también existen en Lanzarote y en Fuerteventura. Uno de ellos son los tendidos eléctricos, en los que este animal se apoya para dormir. Según Cabrera, esta amenaza está intentando controlarse con la colaboración de las empresas titulares del sistema eléctrico.

Los parques eólicos son también “una amenaza emergente”. En 2022, el Cabildo de Fuerteventura se vio obligado a paralizar de forma cautelar un parque eólico en Puerto del Rosario después de que en cuestión de una semana se accidentaran dos guirres contra los molinos. La declaración de impacto ambiental del parque especificaba que debía detenerse en caso de producirse daños en fauna en peligro de extinción, como el guirre.

“Ahora mismo, quizás de las cosas que más nos preocupan son las molestias y los disturbios que provocan las actividades en el medio natural durante la época de cría”, advierte el técnico. Es el caso de las motos, los quads, o los safaris con buggies en el medio natural. Los guirres, cuando están nidificando, son especialmente sensibles a las molestias, y pueden abandonar el nido y perder así la descendencia. “Se está haciendo un esfuerzo cada vez mayor en señalizar las áreas donde crían y en regular el uso de los senderos. Lo que puede hacer la ciudadanía para contribuir a la recuperación del guirre es, fundamentalmente, hacer caso a estas señales”, dice.

El valor del guirre en la cultura canaria 

La conservación del guirre no solo tiene valor para la propia especie, sino también para el conjunto de la biodiversidad de Canarias y para “el desarrollo humano”, explica el experto. En concreto, esta ave, conocida popularmente también como “el buitre sabio”, tiene lazos muy fuertes con los ganaderos y ganaderas. “Antiguamente tenía un papel fundamental para eliminar los restos de animales muertos. Ahora hay complejos ambientales, pero antes los animales muertos se dejaban en el campo y los guirres ofrecían ese servicio ecosistémico, se encargaban de limpiar el campo”, cuenta. El experto lo resume con un dicho propio de las islas: “Si el guirre da la vuelta, o cabra parida o cabra muerta”, ríe. 

También “hay que considerar que es una subespecie única en el mundo”. “La subespecie que hay en Canarias solo está aquí y, además, tiene una cualidad: es sedentaria. La subespecie europea es emigrante durante el verano. Nosotros tenemos guirres durante todo el año en las islas”, celebra.

Perder a este animal también supondría perder parte de la historia de la lengua canaria y de las expresiones propias de su gente. La palabra ‘guirre’ es considerada un guanchismo, aquellos términos propios del habla de los aborígenes del Archipiélago y que sobreviven aún hoy. “Por ejemplo, aquí decimos estás flaco como un guirre o estás enguirrado, cuando alguien está encogido. Cuando algo llega a ese nivel, es que la gente tenía un contacto muy directo con ellos”, concluye Cabrera.

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, ha informado este miércoles de una consulta pública previa para la elaboración de un estudio de viabilidad de introducción y de un Plan de reintroducción del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en la comunidad autónoma, con el objetivo de avanzar en la recuperación de esta especie, actualmente catalogada como “extinta” en la región.

La resolución por la que se convoca este trámite ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y el plazo para participar en la consulta pública será de 15 días hábiles a contar desde este jueves, 25 de junio. A través de este procedimiento, el Ejecutivo autonómico busca recabar opiniones de ciudadanía, organizaciones y colectivos interesados sobre la necesidad y oportunidad de la futura norma, los objetivos del plan de reintroducción y las posibles alternativas regulatorias.

Las aportaciones podrán presentarse por escrito ante la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, así como a través del Portal de Transparencia de Cantabria. En un comunicado, el Gobeirno ha resaltado que con este trámite “refuerza su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la recuperación de especies emblemáticas, apostando por una gestión participativa y basada en el conocimiento científico”.

La iniciativa, promovida por la Dirección General de Montes y Biodiversidad, se enmarca en lo establecido por la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, que exige la realización de un estudio previo para evaluar la posibilidad de reintroducción de aquellas especies desaparecidas del medio natural.

En caso de que dicho estudio resulte favorable, se procederá a la aprobación de un plan específico que permita su recuperación, ha explicado el Ejecutivo en una nota de prensa. Ha indicado que el quebrantahuesos es una de las aves más singulares de la fauna ibérica, figura además en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 'En Peligro de Extinción' y cuenta con protección en el marco de la normativa estatal y europea.

La Consejería ha resaltado que los programas de reintroducción desarrollados en el Parque Nacional de los Picos de Europa han mostrado “resultados positivos”. Y es que, fruto de estos esfuerzos, en los últimos años se ha detectado una “presencia creciente” de la especie en Cantabria, donde ya se han identificado dos parejas reproductoras, lo que “refuerza las expectativas de éxito de un posible plan de reintroducción”.

El zoológico de Whipsnade, en Bedfordshire (Inglaterra), ha dado la bienvenida a un nuevo elefante asiático. La cría macho, de aproximadamente 90 centímetros de altura y 110 kilos, es la primera en nacer en este centro desde el año 2022. “La emoción que sentimos es casi imposible de expresar con palabras”, dijo Stefan Groeneveld, jefe de la sección de elefantes del centro.

Tras una gestación de 22 meses, la cría nació de una elefanta llamada Donna, que vivió el parto rodeada de su propia madre, Kaylee, y su otra hija Nang Phaya. “Las cámaras de seguridad del centro captaron las imágenes, que muestran a Kaylee y Nang permaneciendo cerca de Donna y apoyándola durante el parto, para luego rodearla y revisar al recién nacido”, compartió el zoo en un comunicado. 

Los cuidadores contaron que el pequeño elefante está “obsesionado” con el fútbol. A este, que todavía está aprendiendo a caminar y no para de tropezarse, le encanta dar patadas a una pelota roja que el equipo del centro ha introducido en el recinto en el que vive con el resto de su manada.  

El animal todavía no tiene nombre, y Whipsnade dará la oportunidad al público de elegirlo. “Los amantes de los elefantes pueden hacer una donación para participar en un sorteo, cuyo ganador tendrá la oportunidad de ayudar a elegir un nombre, unirse al equipo de cuidadores de elefantes durante una mañana y pasar la noche en una de las cabañas del zoo”. 

Un avance para cuidar la especie

Al dar a conocer la noticia, el zoológico afirmó que esta nueva cría representa “una incorporación vital al programa europeo de cría de esta especie en peligro de extinción, que en estado salvaje se ven amenazadas por la fragmentación del hábitat, los conflictos entre humanos y fauna silvestre, y el cambio climático”. 

Este programa quiere mantener una población sana y diversa en los zoológicos como medida de precaución, en caso de que la especie llegue a extinguirse en estado salvaje. “Dado que los elefantes asiáticos se enfrentan a tantos desafíos en la naturaleza, esta cría representa una verdadera esperanza para el futuro de la especie”, destacó Groeneveld. 

En la actualidad, quedan menos de 52.000 elefantes asiáticos en estado salvaje, lo que les ha llevado a formar parte de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, donde están catalogados como especie en peligro de extinción. Se trata de una de las especies más perseguidas, entre otras cosas, por la caza de marfil y pieles.

Hubo un tiempo en el que quise que me gustara el fútbol. De canija, acompañaba a mi padre a los partidos del Leganés cuando el club todavía jugaba en el campo viejo. Quality time lo llamarían ahora. Lo cierto es que me aburría soberanamente, así que cuando podía me escapaba bajo el graderío para jugar a cualquier otra cosa. Llegaba a casa con tierra hasta las orejas y con el pelo atestado de cáscaras de pipas.

Iba siempre con el portero por pena y solidaridad. En el pasillo de casa, mis hermanos mayores me usaban para jugar al fútbol colocándome en el quicio de la puerta, pateando a modo de balón a mi peluche favorito (Pelusín) y convenciéndome con la promesa de que, si practicaba mucho, el seleccionador nacional en persona me escogería para jugar con España.

Yo quería que me gustara el fútbol, pero nunca me gustó. No es por el trauma de Pelusín (quizá un poco sí), ni por rencor a Luis Suárez (que nunca me llamó). Es que todo lo que lo rodea me resulta agotador. La Liga, la Champions, la Eurocopa y el Mundial eran eso que gustaba a otros, pero no a mí. Así que desde que pude elegir, he huido del fútbol. 

No ha sido fácil, sobre todo en las grandes ocasiones como esta. ¿Cómo evitar un Mundial con tres países anfitriones y 16 ciudades sede? ¿No era suficiente con escoger un país y sobrevivir a un par de semanas de matraca? Han estirado el asunto hasta los 39 días de competición, con 104 partidos, 48 selecciones y 1.248 jugadores convocados. Mil doscientos cuarenta y ocho señores dispuestos a monopolizar las portadas, los telediarios, las conversaciones. Todo esto con el humilde objetivo de la FIFA de amasar miles de millones y congregar a más de la mitad de la humanidad frente al televisor. Con semejante despliegue, veo más factible encontrar un piso a precio decente en Madrid que llegar a mediados de julio sin acabar opinando sobre las opciones de Uzbekistán en octavos.

Ante este percal, deposité mi esperanza en las mascotas. Como alguien que padece “peluchitis” —debilidad crónica por las criaturas de felpa con ojos de botón—, la idea de que este Mundial viniera con tres me parecía casi una indemnización. Hasta que las busqué en Google.

Lejos de encontrar a dignos sucesores de Naranjito, me topé con tres engendros digitales sin alma cuyo ejército de figuritas merece acabar enterrado en el desierto junto a las copias no vendidas del videojuego de ET para Atari. 

Mientras la FIFA vende a 90 euros el soso trío lalalá de muñecos oficiales, en México han dado con el pelotazo definitivo. El ajolote, ese animalito entrañable, apokemonado, de sonrisa perenne, se ha coronado como mascota alternativa y es el auténtico rey del merchandising mundialero. Está por todas partes: peluches, murales, estatuas. En todas partes menos en su hábitat. 

Según recoge Reuters, los biólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México que peinan las tradicionales chinampas (islotes flotantes) y canales de Xochimilco denuncian que llevan dos años sin avistar un solo ejemplar en libertad. Alertan de que el turismo masivo del Mundial amenaza con agravar la presión sobre un ecosistema ya castigado por el avance del cemento y la contaminación.

En peligro crítico de extinción, dentro de poco todo lo que quedará del ajolote serán llaveros.

Durante los 39 días que dura este macroevento, los que sufrimos alergia futbolera nos sentiremos como ajolotes fuera del agua, en un continuo fuera de juego.

Quizá va siendo hora de reivindicar nuestro refugio. De encontrar islotes apacibles, gradas bajo las que sumergirnos, lugares en los que respirar a nuestro aire, aunque sea inevitable que nos caigan las cáscaras de pipas escupidas desde arriba.

Hacer el mar más ruidoso. La principal medida para intentar evitar que las marsopas ibéricas mueran atrapadas en las redes de pesca y salvarse así de la extinción es emitir ultrasonidos que ahuyenten a los cetáceos, según el Plan de Recuperación diseñado por el Ministerio de Transición Ecológica.

La marsopa (Phocoena phocoena) es el cetáceo más pequeño de todo el Atlántico norte. La gran familia en la que se encuadran desde las ballenas azules a los cachalotes y los delfines. Y alrededor de la península ibérica nada una variedad exclusiva —la meridionalis— cuya población se ha desplomado, sobre todo, por “las capturas accidentales” de la flota pesquera, como admite el documento gubernamental.

El problema es que las marsopas ibéricas se alimentan, especialmente, de las especies comerciales que buscan los buques pesqueros de fondo. Así que el “interés comercial” choca con la pequeña marsopa. O más bien se enreda.

Estas capturas se conocen como bycatch y “es el aspecto crucial del problema”, explica el responsable del programa marino de WWF, José Luis García Varas. “A eso se le suma que las marsopas solo son capaces de ecolocalizar las redes de enmalle a distancias inferiores a 3-6 metros”, incluye la orden ministerial del Plan de Recuperación. Dicho de otra forma: cuando los animales detectan el peligro de la red, ya es tarde, están encima.

García Varas remacha que “una buena parte de lo que sabemos es que los animales muertos que se encuentran están varados y muestran señales de redes”. Atrapadas en los sedales, terminan muriendo al no poder subir a la superficie a respirar o caer en un cansancio extremo en sus intentos por liberarse. Finalmente, son arrastradas por la corriente hasta la costa.

La situación de la población ibérica de marsopas es muy mala. Tanto como para que, primero, la Comisión Europea abriera un expediente sancionador a España por no preocuparse convenientemente por el estado de la especie. Después, tras los avisos de la UE, el Gobierno incorporó en 2020 a este cetáceo en la lista de variedades en peligro de extinción. Esta acción obliga por ley a diseñar un plan de recuperación. “Es previsible la desaparición de la población de las marsopas de las aguas de la península ibérica en los próximos 18-20 años si no se toman las medidas necesarias”, detalla ahora el Ministerio de Transición Ecológica.

La marsopa común: el cetáceo más pequeño... y el más amenazado

Es la especie de cetáceo de menor tamaño (entre 1,3 y 1,8 m de longitud y 25-90 kg de peso) del Atlántico Norte. Es fácil de avistar, ya que habita las aguas más próximas a la plataforma continental, donde se encuentran los peces de especies litorales que forman la base de su dieta. Puede llegar a vivir 20 años, aunque rara vez supera los 12.

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La marsopa es, junto con el delfín (a), el

calderón (b), el cachalote (c) y la ballena rorcual (d), uno de los cetáceos más comunes en las costas españolas

El hocico redondeado y los extremos de la boca levantados le dan a la marsopa su característica sonrisa.

En España hay

poblaciones permanentes

en el Cantábrico y la costa atlántica gallega, aunque

también ha sido   avistada   en aguas del Golfo de Cádiz, de las Canarias más orientales y, ya en el Mediterráneo, del mar de Alborán. Los últimos censos arrojan una población total en nuestro país de unos 1.000 ejemplares. Se encuentra en peligro de extinción desde diciembre de 2020.

Principales amenazas

   Capturas accidentales en redes de la pesca comercial

   Degradación de los ecosistemas litorales y contaminación costera

   Menor disponibilidad de alimento, ya que su dieta depende de especies de interés pesquero como la merluza, la anchoa o el bacalao.

FUENTES: MITECO Y COMISIÓN EUROPEA

La marsopa común: el cetáceo más

pequeño... y el más amenazado

Es la especie de cetáceo de menor tamaño (entre 1,3 y
1,8 m de longitud y 25-90 kg de peso) del Atlántico Norte. Es fácil de avistar, ya que habita las aguas más próximas a la plataforma continental, donde se encuentran los peces de especies litorales que forman la base de su dieta. Puede llegar a vivir 20 años, aunque rara vez supera los 12.

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La marsopa es, junto con el delfín (a), el calderón (b),

el cachalote (c) y la ballena rorcual (d), uno de los cetáceos más comunes en las costas españolas

El hocico redondeado y los extremos de la boca

levantados le dan a la marsopa su característica sonrisa.

En España hay

poblaciones permanentes

   en el

Cantábrico y la costa atlántica gallega, aunque también ha sido   avistada   en aguas del Golfo de Cádiz, de las

Canarias más orientales y, ya en el Mediterráneo, del mar de Alborán. Los últimos censos arrojan una población total en nuestro país de unos 1.000 ejemplares. Se encuentra en peligro de extinción desde diciembre de 2020.

Principales amenazas

   Capturas accidentales en redes de la pesca comercial

   Degradación de los ecosistemas litorales y contaminación costera

   Menor disponibilidad de alimento, ya que su dieta depende de especies de interés pesquero como la merluza, la anchoa o el bacalao.

FUENTES: MITECO Y COMISIÓN EUROPEA

Por eso este plan establece que determinados barcos que utilizan ciertos tipos de redes en profundidades superiores a 80 metros, que suelen ser hábitat de las marsopas, “tienen la obligación de utilizar dispositivos acústicos de disuasión durante sus actividades pesqueras”.

Esos “dispositivos” son balizas incorporadas a las mallas que emiten ultrasonidos. Se trata de crear una barrera sónica que ahuyente a las marsopas. “Usan una frecuencia que, en teoría, molesta a los animales y provoca que se alejen”, aclara García Varas. Una frecuencia, inaudible para los humanos pero detectable para la sensibilidad ultrasónica (por encima del los 10 Khz) de estos cetáceos.

Aunque las guías técnicas de estos aparatos indican que deben calibrarse para espantarlas, pero sin ocasionar daños o sordera, lo cierto es que el ruido en el mar es un problema. La contaminación acústica en las profundidades disturba un mundo oscuro (a 100 metros penetra un 1% de la luz, según explica la Agencia Estadounidense del Océano y la Atmósfera) pero con gran capacidad para conducir el sonido. Los cetáceos como la marsopa se han adaptado a este ecosistema.

“No nos parece lo mejor porque, al final, se trata de meter más ruido en el mar que ya tiene un alto nivel”, concluye el responsable de WWF.

El biólogo de la organización Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), Alfredo López, cuenta que el uso de dispositivos sonoros “es un tema controvertido porque va a incrementar el ruido marino en general y no se ha comprobado que sean efectivos para evitar las capturas accidentales de las marsopas”.

Varas y López coinciden en que “falta información” sobre esta medida aplicada a las marsopas ibéricas. “Se ha perdido mucho tiempo entre que apareció el informe de la CEMMA sobre el mal estado de la marsopa y este plan, en el que se podría haber recopilado información”, dice López.

Además, también “existe el riesgo”, abundan, de que ese ultrasonido aplicado para ahuyentar a las marsopas de los pesqueros, funcione como “un reclamo para otras especies como el delfín mular” porque les está avisando de que, allí, hay un banco de peces, es decir, alimento.

El refugio de las marsopas

El plan de recuperación se va a aplicar en la costa de Galicia. El “área crítica”, como lo llama el documento, abarca casi 790.000 hectáreas de aguas atlánticas desde la desembocadura de río Miño hasta el cabo Prior. Eso sí, va a quedar excluido el interior de las rías donde “hay delfines mulares” residentes que, según los estudios biológicos, expulsan a las marsopas en su competencia por alimentos.

En toda esa superficie los barcos tendrán que instalar las balizas. Además, la “Administración competente deberá valorar la pertinencia de proponer a la Comisión Europea la designación del área crítica de la marsopa como Lugar de Interés Comunitario para su inclusión en la Red Natura 2000 marina”.

Además, el borrador del plan exige la mejora del conocimiento de la interacción pesca-marsopa “para poder determinar los puntos críticos”, las zonas y periodos de mayor impacto y las flotas y especies objetivo que más influyen. También se establece el “refuerzo de la obligación de notificación obligatoria de cualquier captura accidental y marcaje mediante bridas de los ejemplares que no sean traídos a puerto” después de enredarse y morir.

Puede servir para defender el mar de otras agresiones

El borrador del plan contiene algunas medidas que, de aplicarse, podrían redundar en la mejora y protección de hábitats. La defensa de la marsopa beneficia ecosistemas enteros. Así, el texto pide que se tenga en cuenta la “prevención y mitigación de efectos negativos de planes, proyectos y actividades” que quieran instalarse en esas aguas.

Por ejemplo se deberá evaluar los impactos de proyectos de parques eólicos marinos que se pretenda instalar dentro del área crítica o de proyectos de exploración submarina o subterráneas.

También pide que se identifiquen las “fuentes de vertido desde tierra al mar” que contribuyen a la contaminación del hábitat de la marsopa, para que las autoridades competentes reduzcan esos vertidos. En la misma línea, la recuperación del pequeño cetáceo debería servir para disminuir los vertidos que los buques hacen en las aguas de la Phocoena, que lo son también de muchas otras especies.

Salvemos los Campos denuncia que la construcción de una macroplanta fotovoltaica de Solaria afecta a aves en peligro de extinción.

El macroproyecto 'Helena Solar' plantea 10 macroplantas fotovoltaicas al Oeste de Toledo unidas por una vía de evacuación de más de 60 kilómetros. Según destacan desde Salvemos los Campos, “la destrucción de áreas críticas para la supervivencia de especies en peligro de extinción y de un paisaje cultural de gran relevancia regional como la campiña vitivinícola de la D.O. Méntrida”, son elementos nucleares del contencioso administrativo interpuesto por el colectivo.

Aseguran que la promotora ha iniciado las obras este mes de mayo, coincidiendo con el período reproductor de las especies afectadas, como el sisón o el águila imperial ibérica, algo “explícitamente prohibido” por la Declaración de Impacto Ambiental.

La alerta saltó a inicios del mes de mayo, cuando vecinos del norte de La Torre de Esteban Hambrán y Méntrida (Toledo), así como agentes forestales de la Junta de Castilla-La Mancha observaron cómo, “aún sin contar con todas las licencias oportunas para el inicio de las obras, maquinaria pesada entraba en los campos cerealistas del Sur de Méntrida” donde se proyecta una de las “mayores secciones” de placas solares del macrocomplejo 'Helena “Solar', promovido por Solaria. Se trata de una zona con ”riquísimos valores ambientales“ al ser área reproductora de dos especies ”icónicas“ en peligro de extinción: el sisón común y el águila imperial ibérica. Pero sus valores ambientales no quedan ahí, al dar cobijo también al aguilucho cenizo, al aguilucho pálido, el milano real o el buitre negro. Desde el colectivo apuntan que el lugar ”reúne las condiciones“ para ser declarada como Zona de Especial Relevancia para las Aves (ZEPA).

La planta se sitúa en un “área crítica” para superviviencia de las especies

La iniciación de las obras de este parque promovido por Solaria “es especialmente grave, no solo porque aún no cuenta con todas las licencias necesarias, como la calificación urbanística o la licencia de construcción, sino porque además la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) prohíbe explícitamente la realización de actividad alguna en la zona en el periodo reproductor de las especies afectadas, como el sisón, siendo el momento más crítico de su ciclo biológico”. Salvemos los Campos asegura que esta especie ha visto mermadas sus poblaciones “en más del 50% solo en los diez últimos años”, y los terrenos de ubicación de las plantas Helena Solar 2, 3 y 6 constituyen “un área crítica para su supervivencia”, como ha sido alegado por el colectivo en el procedimiento de autorización de las plantas. El sisón fue oficialmente declarado en peligro de extinción en abril de 2023, “y aún no se ha aprobado su plan de conservación, como exige la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad”, exponen.

Respecto al águila imperial ibérica, la zona “es un territorio de presencia histórica de la especie”, y también “área crítica”, con numerosas nidificaciones coincidentes o en el entorno del proyecto. “Tanto es así que en el inicio de las obras ha aflorado una nidificación a escasos metros de la zona de ubicación de las plantas Helena Solar 2, 3 y 6, constatándose la vital importancia del mantenimiento de estos terrenos para la recuperación de su estado de conservación, igual que para otras numerosas especies con un acusado declive de sus poblaciones”, explica el colectivo ecologista.

Por otra parte, la DIA también exige la elaboración de un Programa de Vigilancia Ambiental, cuyos condicionantes se fijan en su apartado tercero. “Ante el atropello causado contra especies en peligro de extinción en época reproductora mediante el uso de maquinaria pesada, solo caben dos alternativas: o la empresa promotora no tiene Programa de Vigilancia Ambiental, pues no sabe ubicar dónde están criando las especies protegidas (ante lo que el Ministerio debería revocar de inmediato la Autorización Administrativa Previa como pide Salvemos los Campos), o por el contrario ha actuado negligentemente al iniciar obras en pleno período reproductor, ocasionando molestias y perturbaciones que provocan daños irreparables a las especies afectadas, y con las eventuales responsabilidades a que ello diera lugar”, señalan.

Daños “irreparables” a especies en peligro de extinción

Salvemos los Campos explica que han podido documentar -al igual que vecinos, técnicos forestales de la Junta de Castilla-La Mancha y expertos ornitológicos independientes-, que maquinaria pesada ha estado trabajando “en esta zona vetada para actividad alguna” al menos entre los días 4 a 18 de mayo. “Como queda acreditado por las fotografías aportadas, se trata de maquinaria que habría realizado unas 150 perforaciones en toda la zona para insertar barras de metal codificadas con la letra ”H“ y seguidas de numeración correlativa, que presuntamente delimitan las diferentes secciones de la planta fotovoltaica”, recalcan.

Sabiendo que el sisón común y otras esteparias como el aguilucho pálido y cenizo anidan en el suelo de estas llanuras cerealistas entre los meses de marzo a julio, “es difícil imaginar una actuación más nefasta para los valores ambientales de la zona antes de la posible construcción de la planta”. Apuntan que se trata de unos trabajos realizados “en el momento más crítico del año”, en una zona donde ya se documentó por parte de esta y otras asociaciones la existencia de machos reproductores de sisón, “algo de lo que también son conocedores la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio para la Transición Ecológica”.

El papel del Ministerio en este proyecto: “Muy discutido desde el inicio”

El papel jugado por el Ministerio para la Transición Ecológica “ha sido muy discutido” desde los inicios de este proyecto. Por una parte, en su papel de órgano ambiental, desde Salvemos los Campos consideran “inconcebible que se siga tramitando un proyecto que la propia DIA estima como de impacto crítico sobre especies en peligro de extinción”. El colectivo apunta que entre las muchas menciones al caso del águila imperial ibérica, “encontramos en la página 7: El impacto sobre esta especie debe considerarse crítico y de principal atención en la ejecución del proyecto”.

Por otro lado, Salvemos los Campos denuncia que “la DIA, publicada en el BOE el 2 de febrero de 2023, fue firmada por Marta Gómez Palenque, incursa en una investigación penal por autorizaciones ambientales a centrales fotovoltaicas en Cáceres promovidas por Iberdrola, y relacionada con el caso Forestalia”.

Apuntan que “otro de los atropellos medioambientales de la DIA” es la aceptación de la ubicación de una de las subestaciones del complejo, en la zona de las Loberas (Méntrida, Toledo), que se ubicaría en terreno “especialmente protegido”.

Salvemos los Campos critica “el doble rasero de la DIA, al plantear a Solaria unas limitaciones respecto a los hábitats de especies en peligro de extinción como el sisón o el águila imperial más laxas que las establecidas para otras plantas fotovoltaicas en la misma zona”.

Desde el colectivo ecologista denuncian que el Ministerio está poniendo “una infinidad de obstáculos” al contencioso administrativo interpuesto por ellos, donde han solicitao “innumerables veces” la aportación del expediente completo del proyecto por parte del Ministerio, “que de forma recurrente ha incumplido los plazos para proveer dicha información, poniendo además un sinfín de trabas que no hacen sino añadir opacidad a todo el proceso y creando una situación de clara indefensión a la asociación”.

En este contexto, Salvemos los Campos expresa que seguirá vigilante tanto en el terreno como en los tribunales para asegurar la preservación “de los riquísimos valores ambientales de la zona”, reservándose para ello el derecho a recurrir a cuantas medidas legales estime conveniente.

Este medio ha contactado con Solaria para conocer su versión, sin respuesta hasta el momento.

La frontera entre La Rioja y Navarra mide apenas unos metros a la altura de Cervera del Río Alhama, pero esa distancia parece ser suficiente para ofrecer diferente información en lo que a gestión ambiental se refiere. En abril de 2023, un disparo terminó con la vida de un águila perdicera. Tres años más tarde, el Gobierno de La Rioja no ha registrado esa muerte en sus informes, mientras que sí se recogen sus datos en la información del Gobierno de Navarra a los que ha tenido acceso Rioja2.

El águila perdicera se encuentra desde hace años al borde de la desaparición en La Rioja, catalogada formalmente 'En Peligro de Extinción' dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas. En 2016, el Gobierno de La Rioja aprobó el Plan de Recuperación de la especie vigente hoy en día, que recogía el fuerte declive de población con cuatro territorios ocupados por parejas reproductoras en el territorio de la comunidad autónoma y un quinto territorio compartido con Burgos y Álava. La protección de esta ave obliga a desarrollar actuaciones para la conservación, como mitigar las amenazas de muerte y proteger las zonas de nidos del águila, así como hacer un seguimiento a los ejemplares.

Ni rastro de Bartullero en los registros del Gobierno de La Rioja

En el listado riojano remitido a Amigos de la Tierra aparecen aves electrocutadas en Quel, Grañón, e incluso un ejemplar nacido en el Cidacos que murió en Ciudad Real también en un apoyo eléctrico. Sin embargo, ni rastro de la muerte por disparo del águila en Cabretón. El ejemplar abatido tiene nombre e historial de seguimiento: de nombre Bartullero, es un macho nacido en marzo de 2018 y muerto en abril de 2023 por disparo, según los datos del Gobierno de Navarra. Además, Amigos de la Tierra señala que probablemente fuera un disparo de caza, lo cual agrava la situación porque en abril de 2023 no era temporada de caza en La Rioja en ninguna modalidad.

Ante esta información, la entidad ecologista reclama al Gobierno de La Rioja transparencia en la gestión de la biodiversidad y, concretamente, qué actuaciones ha llegado la Consejería a posteriori. Preguntada por este asunto, la Consejería rechaza hacer “cualquier tipo de valoración”.

Amigos de la Tierra La Rioja ha denunciado la falta de información del ejecutivo riojano. “La reiteración del silencio administrativo, incluso tras la presentación de recursos y la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, podría suponer un incumplimiento de la normativa vigente en materia de acceso a la información ambiental, que reconoce este derecho como un pilar fundamental para garantizar la participación pública y la correcta gestión del medio natural”, señala la organización.

Colapso demográfico y un plan de recuperación caducado

La situación del águila perdicera es especialmente grave. Los últimos datos publicados en la web del Gobierno de La Rioja son de 2016, cuando cuantificaban un total de 4 parejas: una en los Montes Obarenes, una en la zona del Ebro, una en la zona del Alhama (donde se produjo la muerte del ejemplar en 2023) y otra fuera de la Red Natura 2000. La asociación Amigos de la Rioja calcula que actualmente quedarán en La Rioja dos o tres parejas de esta especie y los datos de reproducción son muy malos. Por ejemplo, según cifras del Ejecutivo regional, en 2023, el año más reciente ofrecido, la productividad, el éxito reproductor y la tasa de vuelo fueron nulos.

La muerte de 'Bartullero' evidencia, además, una profunda brecha en la política de conservación entre comunidades vecinas. Mientras que Álava y Navarra han participado activamente en programas europeos -ya concluidos- de reintroducción como los proyectos LIFE Bonelli (2013-2017) y AQUILA a-LIFE (2018-2023) —consiguiendo liberar 50 ejemplares y recuperar zonas históricas donde la especie se había extinguido—, La Rioja ha permanecido al margen de estas últimas redes europeas. La última vez que el territorio riojano formó parte de un programa LIFE de la Unión Europea para el águila perdicera fue entre 1999 y 2002.

Desde entonces, la comunidad autónoma ha fiado la supervivencia de la rapaz a un Plan de Recuperación autonómico, que se encuentra desfasado. Fue aprobado en 2016 y recogía una vigencia de seis años de su programa de actuaciones, que sería “preceptivamente revisado al finalizar dicho periodo”. Es decir, el Gobierno de La Rioja tenía que haber actualizado y auditado el plan en 2022, hace ya cuatro años.

Este mismo plan recogía que la especie se consideraría recuperara y se sacaría de la categoría “peligro de extinción”, cuando el ecosistema riojano debía albergar un mínimo de ocho parejas reproductoras estables. Sin embargo, la realidad y los datos caminan en el sentido contrario. Los datos más recientes recogen la productividad cero de 2023: ni un solo polluelo voló el cielo riojano el mismo año que el águila Bartullero murió por un disparo en Cabretón. Un asunto que por ahora el Gobierno de La Rioja ha borrado de sus registros.

La Xunta de Galicia se opone a la protección del lobo y es una firme defensora de que debe poder cazarse. Ni los datos de su último censo, que concluye que la población de la especie no crece, sino que está estable, ni las conclusiones del Gobierno central sobre que el estado es desfavorable en la península ibérica ni las decisiones judiciales que han frenado las normas gallegas que permiten abatir ejemplares han hecho cambiar de idea a la Consellería de Medio Ambiente. En su persistente batalla por aplicar un control letal sobre estos animales, se ha puesto al frente de una inusual maniobra que pretende forzar que el informe que se presente ante Bruselas sobre la situación del lobo no sea el elaborado por el Gobierno central, sino uno alternativo redactado por la Xunta y al que han dado su apoyo varias comunidades autónomas. Con este embrollo sobre la mesa, y tras la petición de varias organizaciones de que se pueda consultar toda la documentación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido que va a sacar a información pública el material, según adelantó la Agencia EFE.

Una de esas organizaciones es el Fondo para la Protección del Lobo. Ernesto Díaz, su coordinador, considera que la estrategia de las comunidades que pelean por poder cazar lobos, con la Xunta al frente, es “insólita”. Dice no recordar otro caso en el que una comunidad haya decidido recopilar la información de las demás para presentar un informe alternativo al ya elaborado por el Gobierno central con los datos remitidos por las propias autonomías. Asegura que lo que se está desplegando es “una maniobra orquestada fundamentalmente por los gobiernos de las comunidades del noroeste”, que han ido reuniendo apoyos de otras administraciones “afines”, sobre todo del PP. Y detrás de todo esto interpreta que lo que hay es “una búsqueda del voto rural”, con el discurso, cuestionado por expertos, de que están aumentando los ataques de lobos al ganado y amenazando su viabilidad.

Pero, para llegar a la situación actual, se han entrecruzado varios hilos. La postura de la Xunta ha sido clara y favorable a la caza de lobos. En 2021, cuando la especie se incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que llevó a que no se pudiese cazar, el Gobierno gallego se opuso. Esa prohibición duró hasta marzo de 2025, cuando una enmienda a la ley sobre desperdicio alimentario le retiró esa protección, con el apoyo de PP, Vox, Junts y PNV. La Consellería de Medio Ambiente se había preparado para aprovechar de inmediato ese nuevo escenario: autorizó de nuevo la caza de lobos solo un día después de que el cambio entrase en vigor. La Justicia paralizó después esa posibilidad de matar a estos animales (y la Xunta lo recurrió).

Esa modificación normativa contiene un segundo aspecto que ha permitido la maniobra con el contrainforme: obliga a que los informes sexenales sobre el estado de conservación de fauna y flora silvestres que se deben remitir a la Comisión Europea pasen antes por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente -que reúne a Gobierno central y comunidades- y reciban su visto bueno. Antes de ser elevados a esa Conferencia, deben analizarse en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que también están representadas las comunidades autónomas y el Ejecutivo estatal. Y en este foro es en el que la Xunta presentó su informe alternativo. Antes de estos cambios, que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, el Gobierno central los elaboraba y los enviaba directamente a Bruselas.

El Gobierno español está fuera de plazo para presentar estos informes sexenales (y Bruselas ha abierto expediente por este motivo), que debía haber entregado antes de julio de 2025. Fue a esas alturas cuando el Ministerio para la Transición Ecológica difundió los datos del último censo del lobo: hay 333 manadas en España, que son 36 más que una década antes, pero menos que las 500 que los expertos defienden como el umbral de seguridad para confiar en las buenas perspectivas de la especie a largo plazo. Con esta información, el informe sobre el estado de conservación concluyó que la situación era desfavorable, algo que hace más difícil que entre las medidas de gestión que se adopten para la especie estén las letales.

El documento se presentó en Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, pero no fue aceptado. Lo que ocurrió fue que la Xunta acudió a la cita con un informe alternativo que llega a la conclusión contraria y que ha sido apoyado por buena parte de las comunidades autónomas. Votaron a favor Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Asturias, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta y la propia Galicia. Castilla-La Mancha, Catalunya y Euskadi se abstuvieron y el Gobierno central votó en contra. El siguiente paso es elevarlo a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, algo que aún no ha ocurrido y que va a tardar, dado que el Gobierno central ha decidido sacar a información pública toda la documentación.

El contrainforme

La Xunta defiende la maniobra de intentar forzar el cambio en las conclusiones que se envíen a Bruselas y asegura que su informe alternativo “es una especie de réplica/alegación a la propuesta del Ministerio”. En su justificación, la Consellería de Medio Ambiente acusa al Gobierno central de estar haciendo “valoraciones subjetivas” y exponer “falsedades” con el “único fin” de que la conclusión sea que el estado es desfavorable. El documento gallego, al que ha tenido acceso elDiario.es, repasa parámetro por parámetro los datos para las regiones atlántica y mediterránea y defiende que en ambas debe considerase que la situación es favorable. Cuestiona la interpretación que hace el Gobierno de los criterios establecidos en Europa para las evaluaciones y también critica que se tome como referencia que la población de seguridad sea de 500 manadas para la península ibérica.

El Ministerio replica a varias de las consideraciones de la Xunta y agrega un análisis de los resultados si no se tomasen como referencia esas 500 manadas. La conclusión es que, aun así, el estado sigue siendo desfavorable en las tres regiones (atlántica, mediterránea y alpina). El Gobierno central defendió también que es necesario tener en cuenta el impacto de los ejemplares que ya han sido cazados en comunidades como Cantabria y Asturias y el de los gigantescos incendios del pasado verano en territorios habitados por la especie.

La Consellería de Medio Ambiente señala, en respuesta a preguntas de esta redacción, que tomó la iniciativa de elaborar un análisis que contradice el del Ministerio “en el marco de la coordinación y colaboración existente entre las comunidades autónomas con intereses en esta materia”. Asegura que, en otras ocasiones y asuntos, han sido otras comunidades las que han adoptado este papel. Sobre la elaboración del informe afirma que lo hicieron técnicos de la Xunta, que es un trabajo riguroso y que el contenido “recoge la información aportada por las distintas regiones” y que se han utilizado para el censo estatal - los datos “son los oficiales, que son públicos”, aclara-. Es decir, han empleado la misma información que el Gobierno central para llegar a la conclusión opuesta.

Mientras la Xunta acusa al Ministerio de hacer valoraciones subjetivas, son varios los expertos que dicen que quien tiene una postura ideológica y alejada de la ciencia es la Consellería de Medio Ambiente. Ernesto Díaz la califica de “arbitraria” y cree que Galicia y el resto de comunidades del noroeste, como Asturias, Cantabria o Castilla y León están en “una carrera hacia el precipicio de matar lobos”.

La beligerancia de la Xunta

En enero de este año, varios responsables de estos territorios se reunieron en Cantabria para reclamar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que debería aprobar el informe sexenal sobre el lobo y en la que quieren que salga adelante el documento de la Xunta. Tras el encuentro, la conselleira gallega, Ángeles Vázquez, volvió al argumento del impacto en el ganado y consideró que eso es una evidencia de su buena situación en Galicia: “Su estado de conservación es favorable, como acredita el hecho de que los ataques de esta especie hayan aumentado un 72% en relación con 2021”. Estos datos de muertes de animales causadas por el lobo también son discutidos por biólogos, que avisan de que un aumento de los reportes no implica necesariamente que hayan crecido los ataques porque no se analiza si hay ADN de esta especie o de perros asilvestrados ni se distingue depredación de carroñeo. Apuntan también a posibles fraudes en un contexto en el que han aumentado las compensaciones por ganado muerto.

Vázquez ha insistido en los últimos años en una postura especialmente beligerante para autorizar la caza de lobos en Galicia, a pesar de que es una medida que, cuando ha estado permitida, apenas se ha usado ni ha tenido éxito en Galicia: un informe publicado en 2023 por Unións Agrarias indicaba que en la década anterior se habían autorizado 60 batidas, que se saldaron con solo 11 animales cazados. Después de que la Justicia paralizase la medida que reintroducía la posibilidad de abatir ejemplares de esta especie, la conselleira reaccionó con exageración: “Lo que no se puede pretender es que Galicia albergue a todos los lobos de toda España”.

A la espera de que se inicie el proceso de información pública anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica lo que se abren son incógnitas sobre el informe sexenal del estado del lobo. Ernesto Díaz señala que se desconoce cómo va a ser el trámite, de qué manera se van a gestionar las alegaciones y cómo van a influir posteriormente en la información que se remita a Bruselas.

Para la Sociedade Galega de Ornitoloxía (SGO) la actitud de la Xunta con respecto a las aves es negligente: asegura que hay una desatención institucional que está contribuyendo al declive de numerosas especies y que ha hecho que el Catálogo Galego de Especies Amenazadas, lejos de ser una garantía para la atención de poblaciones vulnerables, se haya convertido en “un listado de extinciones anunciadas”. La avifauna gallega pasa por “uno de sus momentos más críticos” y no es solo por las presiones ambientales, sino por la parálisis de la administración autonómica.

La SGO organizó el pasado fin de semana un encuentro que reunió a más de medio centenar de especialistas en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). La conclusión es demoledora, hay “un declive general” de la población de aves y, de las 30 especies de este tipo de animales que están incluidas en el catálogo de especies amenazadas, solo cinco tienen una tendencia positiva. Otras 13 siguen cayendo pese a estar dentro de esa lista que obliga legalmente a la Xunta a elaborar planes de recuperación para las especies en peligro de extinción y de conservación para las catalogadas como vulnerables. Y hay 12 más de las que estos expertos denuncian que no existen siquiera datos para evaluar su estado.

La labor de la Xunta -en concreto, de la Consellería de Medio Ambiente que dirige Ángeles Vázquez- fue el centro de las críticas de la jornada, a la que el Gobierno gallego declinó enviar a algún representante, según señala la SGO. El incumplimiento de la normativa es “sistemático”. A pesar de que el catálogo de especies amenazadas existe desde 2007, solo tres de las 201 especies incluidas tienen un plan de protección en vigor. Dos de ellas son aves: la escribenta das canaveiras (el escribano palustre, Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitánica Steinbacher) y la píllara das dunas (el chorlitejo patinegro, Charadrius alexandrinus L.).

El análisis de la situación del escribano palustre y el chorlitejo patinegro valió para ilustrar que estar dentro del listado e incluso tener un plan de protección no hace que las especies estén atendidas. Sobre la segunda, los ornitólogos confirmaron que Galicia y Baleares son las dos únicas comunidades autónomas en las que hay una tendencia positiva. Para esta ave hay medidas y presupuestos, señalan: 1.000 parcelas instaladas para proteger los nidos de los depredadores, cierres perimetrales para que los polluelos tengan tranquilidad y un programa que permitió liberar 200 ejemplares en el medio natural desde 2018. Pero el caso del escribano palustre es la antítesis. Tiene un plan aprobado desde 2013, pero está “congelado administrativamente” y las poblaciones registran un “descenso catastrófico” del 60% desde 2007 y desapareció de seis localidades históricas de cría. La subespecie lusitanica, solo presente en Galicia y el norte de Portugal, “se encamina hacia una desaparición irremediable”, avisan.

Pero la lista de preocupaciones es larga: los ornitólogos piden que se incluyan en el catálogo de especies amenazadas la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), la garceta (Egretta garzetta), la focha común (Fulica atra) o la grajilla occidental (Coloeus monedula). En zonas húmedas y medios agrarios destacan como especialmente negativa la situación del zarapito real (mazarico real en gallego, Numenius arquata), del que queda una única pareja reproductora. Citan también la avefría (Vanellus vanellus), cuyos nidos son “arrasados por tractores en plena campaña agrícola” pese a que es una especie en peligro y el alcaraván común (pernileiro en gallego, Burhinus oedicnemus), del que quedan dos parejas en Corrubedo y algún núcleo residual en las comarcas de A Terra Chá y A Limia.

 En cuanto a las aves marinas, destacan al paíño europeo (Hydrobates pelagicus) con un descenso que califican de notable en su colonia principal, que relacionada con la presencia de depredadores como el visón americano, y el cormorán moñudo (Gulosus aristotelis), que no se ha recuperado del “colapso” que supuso el desastre del Prestige hace más de 20 años. También recalcan que Galicia resulta crucial para la pardela balear (Puffinus mauretanicus) como zona de paso en su migración. Esta especie atraviesa áreas que coinciden “peligrosamente” con zonas proyectadas para la eólica marina.

Algunas rapaces aparecen recurrentemente entre las especies con más riesgo: la tartaraña (aguilucho cenizo, Circus pygargus) y la gatafornela (aguilucho pálido, Circus cyaneus) pierden sus hábitats como consecuencia de la política forestal de la Xunta, señala la SGO, que recuerda que su declive es acentuado. El águila real (Aquila chrysaetos) registra una ligera expansión, pero sigue amenazada también por las extensiones de especies de cultivo como los pinos y el eucalipto, que señalan que son pirófitas y ardieron (fundamentalmente pinos) en los grandes incendios de agosto de 2025. Los especialista encontraron pocos motivos de optimismo en la jornada, pero señalaron como positivo el proyecto del colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) en Trives, en donde un programa privado de instalación de cajas nido permitió que se alcanzasen las mayores densidades mundiales, aseguran.

Falta de transparencia

La SGO también recordó especies ya extintas en Galicia: el arao (Uria aalge) ha desaparecido como reproductor, al igual que el sisón (Tetrax tetrax) y la gaviota tridáctila (Rissa tridactyla), mientras que el urogallo (pita de monte, Tetrao urogallus) hace años que no se encuentra en la comunidad.

Entre las denuncias de los ornitólogos están que la Xunta no presta atención a la conservación y destina recursos que califican de ridículos a la tarea. Además, la acusan de falta de transparencia porque en varios de los censos que realiza no difunde los datos para que la comunidad científica los pueda estudiar. Esta opacidad, dicen, obliga a que sean las iniciativas privadas y de voluntarios las que se ocupen de hacer un seguimiento de las poblaciones. Llaman la atención sobre que el catálogo de especies amenazadas está obsoleto. Hay especies que “viven en estado burocrático” en ese listado, pero en el terreno están desapareciendo. Otras deberían figurar en él, pero siguen sin incluirse. “Sin un cambio radical en la política de la Xunta que transforme los planes de papel en acciones sobre el terreno, la ornitología gallegga seguirá siendo la crónica de cómo nuestras aves aprendieron a desaparecer en un mar de burocracia”, concluyen.

La biodiversidad que Canarias aporta al mundo está a la altura de la de los archipiélagos más biodiversos como Hawái, la Polinesia en general, Galápagos o las Islas Mascareñas. En todos estos casos, la condición de archipiélago volcánico marca el curso de la vida, que necesariamente ha tenido que llegar de fuera y, tras quedarse aisladas, desarrollar sus propias características endémicas, como es el caso del pinzón azul de Gran Canaria, el lagarto gigante de El Hierro o el drago de Gran Canaria entre otros cientos.

Según la información disponible en el banco de datos oficial Centinela, el archipiélago cuenta actualmente con 457 especies silvestres protegidas, clasificadas en cuatro categorías definidas por la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Se trata de 130 especies “en peligro de extinción”, aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su situación continúan actuando; 91 especies “vulnerables”, taxones que podrían pasar al nivel anterior si no se corrigen los factores adversos o por la degradación de su hábitat; 98 especies de “protección especial”, merecedoras de atención por su valor científico, ecológico o cultural, aunque no se encuentren en riesgo alto; y 138 especies de “interés para los ecosistemas canarios”, relevantes por su papel en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o en la Red Natura 2000.

Hábitat y ecosistemas

Para el doctor en Ciencias Biológicas José García Casanova, que no se adopten medidas eficaces y urgentes con los endemismos que se encuentran entre los 130 taxones en peligro de extinción significaría que esas especies “se nos van del mundo, no solamente de Canarias, del mundo, porque muchas de estas especies son exclusivas, endémicas, de nuestro archipiélago, una extinción a nivel mundial”, explica. 

“Vivimos en un archipiélago que, fuera de los trópicos, es uno de los puntos calientes de biodiversidad, porque alberga un montón de formas de vida que, fruto de la evolución de las especies cuando llegaron, han producido nuevas especies y esa aparición de nuevas formas de vida”. 

Para García Casanova, son los seres humanos que habitan las islas los que “con un estilo de vida socioeconómico determinado estamos reventando el territorio y el territorio contiene hábitats, ecosistemas y especies”, señala.

“La consecuencia lógica de esta transformación del territorio -y me refiero no solamente al territorio terrestre, sino también al marino- provoca que muchas de las especies, de las poblaciones de las mismas estén experimentando una igualmente acelerada modificación negativa”.

Entre las 130 en peligro más crítico, algunas ya han desaparecido en la naturaleza, en su estado silvestre, y solo se conservan gracias a que en su momento se guardaron semillas en bancos de germoplasma o, si se trata de animales, en algún centro de recuperación de fauna amenazada.

Figuras de protección

Una de las mayores preocupaciones es si se está actuando con celeridad y en relación con la fragilidad de los ecosistemas que contienen a estas especies. Para García Casanova, quien también fue técnico superior en la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias, desde un punto de vista legislativo “si hablábamos de más de cien especies en peligro de extinción, solamente para esa categoría que la ley dice que hay que hacerle un plan de recuperación, no llegan ni al 10%”, asevera.

“Como se puede comprobar, frente a las 130 especies incluidas actualmente en el Catálogo Canario de Especies Protegidas con la categoría de ‘En peligro de extinción’ y a las 91 con la categoría de ‘Vulnerable’, que solo una docena tengan un plan de recuperación vigente es una realidad harto elocuente de que el Gobierno de Canarias suspende escandalosamente en lo que al cumplimiento de sus obligaciones en materia de Biodiversidad se refiere”.

La extinción de una especie

La posible sexta extinción masiva, provocada por la actividad humana -destrucción de hábitats, deforestación, contaminación y cambio climático-, amenaza con superar las cinco extinciones geológicas pasadas analizadas en ‘National Geographic’, ‘Revista Ciencias de la Tierra’ y ‘The Conversation’, según advierte la UNEP en sus datos sobre la crisis de la naturaleza.

Según expertos citados en estos análisis, la tasa de extinción actual es hasta mil veces superior a la natural, con un millón de especies en riesgo global. En contraste con eventos pasados (volcanes, asteroides), esta sería la primera provocada exclusivamente por nuestra especie, con efectos irreversibles en ecosistemas como los canarios.

La muerte del oso Cachou en la Val d'Aran ya tiene una serie de televisión, pero todavía no cuenta con fecha de juicio. La tardanza del juzgado de Lleida para señalar la vista oral de la que en su día fue la primera investigación secreta por la muerte de un oso en España desespera a los ecologistas que ejercen la acusación. “La Justicia es menos justa cuando va tan lenta”, lamenta Joan Vázquez, el portavoz de la entidad IPCENA.

El cuerpo del oso Cachou fue hallado sin vida el 9 de abril de 2020 en una zona boscosa del municipio aranés de Les, cerca de la frontera francesa. El cadáver se trasladó en helicóptero hasta el laboratorio de veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En la primera necropsia ya se averiguó que el animal murió por intoxicación. Los análisis posteriores desvelaron que el veneno fue líquido anticongelante. No había sido un accidente, como había alegado en un primer momento el gobierno aranés.

La jueza instructora de Vielha se esmeró como pocas veces había ocurrido en una causa por la muerte de un oso. La investigación destapó una oposición inédita (y está por ver si delictiva) de los grupos de cazadores y ganaderos del Aran, vinculados muchos de ellos a familias poderosas y a la clase política del valle.

Más de un lustro después, Vázquez destaca que la tensión contra el oso “se ha rebajado mucho”. El portavoz ecologista lo atribuye al impulso investigador que la jueza dio al inicio del caso, que desveló un grupo organizado de más de 100 personas en contra de estos animales. “Nadie se pensaba que se llegaría tan lejos”, admite Vázquez, que recuerda que el resto de investigaciones sobre osos muertos en España terminaron en archivo.

Vázquez señala que la situación del oso ha mejorado. Así lo corroboran los datos oficiales: el grupo de seguimiento transfronterizo del oso pardo (GSTP) que integran Andorra, la Val d'Aran, Catalunya, Navarra y Aragón y las regiones pirenaicas francesas contabilizó en 2025 un total de 108 osos, catorce más que el año anterior.

El temor de las entidades ecologistas es que la tardanza del juicio por Cachou haga dar pasos atrás a la situación. “Es como si la Justicia pensara que juzgar los delitos medioambientales es menos importante”, agrega Vázquez. El retraso podría comportar que los acusados vieran rebajadas sus penas en caso de condena.

La lentitud se explica por diversos motivos: retrasos por el cambio de jueces en Vielha (una de las plazas con más rotación); el intento de los acusados de anular el caso porque la primera instructora escribió, un año después de dejar el juzgado, un artículo en el que mencionaba la causa (no lo consiguieron); y, a finales de 2025, un error formal (en el auto de apertura de juicio oral no se habían concretado todas las responsabilidades civiles) que ya ha sido enmendado.

En el banquillo del futuro juicio se sentarán A.M., agente de Medio Ambiente (y por entonces encargado del equipo de seguimiento y control del oso) del Conselh Generau d'Aran, el gobierno del valle; y José Antonio Boya Quintana, conseller de Territorio del Conselh entre 2015 y 2019 y ganadero y cazador. Ambos solicitan su absolución.

La Fiscalía les reclama dos años y tres meses, y dos años y cuatro meses de cárcel, respectivamente, mientras que la Generalitat les pide una indemnización de 35.000 euros para resarcir los daños causados. En la causa también están personadas como acusaciones populares IPCENA y el Fondo para la Protección de Animales Salvajes, la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) y Acción Legal Animalista.

En su escrito de acusación, el abogado de IPCENA, Eduardo Gil, destaca que la muerte de Cachou supuso “una pérdida muy importante” en términos de biodiversidad en el Pirineo, ya que buscaba mermar las poblaciones oseras.

Los mayores indicios contra los acusados se encontraron en los grupos de WhatsApp “Plataforma anti osos” y “Asociación del Caball Pirenaico” y en las charlas telefónicas que mantuvieron mientras no sabían que estaban siendo grabados por orden judicial.

La tesis acusatoria es que ambos acusados divulgaron datos reservados sobre la ubicación de Cachou que solo podían conocer por el empleo como agente de Medio Ambiente de uno de ellos. Por eso además de un delito contra la fauna también están acusados de revelación de secretos.

La investigación ha puesto de manifiesto que ambos acusados también se informaron sobre la ubicación de otro oso, Goliath, en julio de 2020. “¿Tú no sabes dónde está el oso ahora?”, preguntó Boya al otro acusado, que no dudó en indicarle la ubicación del animal. “A ver si los podemos matar a todos”, apostilló el acusado en otra charla intervenida por orden de la jueza.

Al agente de Medio Ambiente también se le atribuye el envenenamiento de Cachou porque, en algunos pinchazos, manifestó a sus interlocutores que los Mossos d'Esquadra estaban buscando anticongelante, tal y como ocurrió en el registro realizado en su domicilio. Y también porque en una conversación por WhatsApp manifestó que se le podía “caer el pelo” por la muerte del oso.

El aumento de la mariposa monarca en los bosques mexicanos refleja el impacto de las políticas de conservación, aunque la especie sigue amenazada por el cambio climático, los pesticidas y la pérdida de hábitat.

Sin embargo, el último año la especie ha sufrido un respiro inesperado. Según datos publicados por WWF México, la superficie ocupada por estos insectos en sus zonas de hibernación en el país aumentó un 64% en el invierno de 2025-2026, alcanzando las 2,93 hectáreas frente a las 1,79 del año anterior, el nivel más alto desde 2018.

Este dato es especialmente relevante para una especie como Danaus plexippus, considerada en riesgo por su drástica caída en las últimas décadas. Cada año, millones de ejemplares recorren cerca de 4.800 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de México, protagonizando una de las migraciones más impresionantes del planeta.

Claves de la recuperación

Uno de los factores más importantes ha sido la mejora en la protección de los bosques dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, donde la tala ilegal ha caído de forma drástica en los últimos años. Según WWF, se ha pasado de cientos de hectáreas afectadas a apenas 2,55 hectáreas entre 2024 y 2025.

Esta reducción responde a políticas de conservación más estrictas y a la colaboración entre comunidades locales, autoridades y organizaciones internacionales. La mariposa monarca se ha convertido, de hecho, en un símbolo de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.

Otro elemento clave ha sido el clima. Según el informe conjunto de WWF y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, condiciones más favorables durante la migración y la hibernación han permitido una mayor supervivencia. Pese a ello, la recuperación sigue siendo limitada. La población actual está muy lejos de los niveles históricos: en 1995 ocupaba más de 18 hectáreas, frente a las menos de 3 actuales. Según el U.S. Fish and Wildlife Service, serían necesarias al menos 6 hectáreas para garantizar la supervivencia de la especie a largo plazo.

El principal problema se encuentra fuera de México. En Estados Unidos, el uso intensivo de herbicidas ha reducido el algodoncillo, la planta esencial para la reproducción de la especie. Sin ella, las orugas no pueden desarrollarse, lo que limita el crecimiento de la población. A esto se suma la presión sobre los bosques mexicanos, especialmente por la expansión agrícola. Aunque la tala ilegal ha disminuido, la pérdida de hábitat sigue siendo una amenaza constante.

Aun así, el aumento del 64% marca un punto de inflexión. Demuestra que la conservación funciona, pero también que el equilibrio es frágil. El futuro de la mariposa monarca dependerá de mantener estos esfuerzos en todo su recorrido migratorio.

El Bioparc de Fuengirola (Málaga) tiene nuevo inquilino. El zoológico ha anunciado la incorporación de un ejemplar macho de cocodrilo enano africano (Osteolaemus tetraspis), una de las especies de cocodrilo más pequeñas y menos conocidas del mundo. El ejemplar se une así a la hembra que ya albergaba el parque, un traslado que se enmarca dentro de los programas internacionales de conservación de especies amenazadas.   

Según ha informado el parque en un comunicado, el reptil llega procedente del zoológico de Barcelona y el traslado se ha realizado siguiendo “estrictos protocolos de bienestar animal y cooperación entre instituciones zoológicas”. 

El objetivo de esta alianza es compartido: que el macho de cocodrilo enano africano forme pareja con la hembra, favoreciendo su reproducción y creando poblaciones estables bajo cuidado humano, para así contribuir al conocimiento científico y a la protección de especies amenazadas.

Un animal principalmente nocturno

El cocodrilo enano africano es una especie especialmente singular dentro del grupo de los cocodrilianos. El primer motivo: su tamaño. A diferencia de sus parientes más populares, como el cocodrilo del Nilo, este reptil raramente supera los dos metros de longitud, lo que le convierte en el cocodrilo más pequeño del mundo. 

No solo se le conoce como el cocodrilo más pequeño del mundo, sino que su tamaño reducido, su comportamiento reservado y su preferencia por zonas densamente vegetadas de ríos y humedales le han valido el sobrenombre de “cocodrilo pigmeo”.

Su observación no es fácil, tanto por su tamaño como por su comportamiento. De acuerdo con el parque, originario de los bosques tropicales y pantanos del África occidental y central, pasa gran parte del tiempo oculto entre la vegetación o refugiado en madrigueras excavadas en las orillas. 

Además, el personal de Bioparc Fuengirola recuerda de que se trata de un animal principalmente nocturno, que se alimenta de peces, crustáceos, anfibios y pequeños vertebrados. A pesar de todo, animan al público a visitar el centro para su observación. 

Una especie vulnerable

La situación del cocodrilo enano africano es delicada, porque se enfrenta a numerosas amenazas: la pérdida de hábitat causada por la deforestación, la degradación de los ecosistemas acuáticos y la caza ilegal. Todos estos factores han contribuido a un descenso de sus poblaciones en distintas regiones de África. 

Además, eso explica, en parte, que se hayan puesto en marcha programas de conservación ex situ y que esté catalogado como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Un juguetón lince ibérico de Ciudad Real es el protagonista de la fotografía ganadora del galardón del público de los Premios al Fotógrafo de Vida Salvaje del Año 2026 (Wildlife Photographer of the Year), que entrega cada año el Museo de Historia Natural de Londres. Con el título 'Roedor volador', la instantánea tomada por el fotógrafo austriaco Josef Stefan ha sido la vencedora en una edición con un récord de participantes, con más de 85.000 votos.

El premio del público Nuveen del prestigioso certamen de fotografía, cuyos ganadores de su edición de 2026 fueron anunciados en el mes de octubre, se entrega a la imagen más votada por el público entre una lista preseleccionada de 24 fotografías. Las nominadas fueron seleccionadas con anterioridad por un jurado internacional formado por expertos en fotografía, vida salvaje, conservación de la naturaleza y científicos, así como con la participación del Museo de Historia Natural británico.

Josef Stefan tuvo la oportunidad de tomar su fotografía durante las dos semanas que pasó observando a los linces ibéricos desde un escondite cerca de la localidad de Torre de Juan Abad, en la provincia manchega de Ciudad Real. El fotógrafo, nacido en Hollabrunn (Austria) en 1959, es miembro de la Asociación Austriaca de Fotografía de Animales y Naturaleza desde 1993 y formó parte de su junta directiva durante 15 años.

La imagen vencedora muestra a un joven lince lanzando a un roedor al aire antes de matarlo y comérselo, un comportamiento habitual de esta especie de felinos salvajes. Según explicó el fotógrafo a la organización, el macabro juego duró unos 20 minutos hasta que el lince ibérico se aburrió y se llevó al pequeño roedor tras un arbusto para comérselo.

Stefan explica que, a principios de siglo, la especie estaba al borde de la extinción y que, hoy en día, hay más de dos mil ejemplares gracias a los esfuerzos de conservación mantenidos. “El lince ibérico es un símbolo vivo de la esperanza, que muestra lo que puede ocurrir cuando somos responsables, actuamos en conciencia y centramos nuestra atención donde es más necesaria”, asegura el fotógrafo.

De hecho, en el último censo disponible, del año 2024, se contabilizaron 2.401 ejemplares en la península ibérica, 2.047 felinos en territorio español y otros 354 que medran en Portugal. De acuerdo con los datos del Ministerio de Transición Ecológica, la población de linces ibéricos creció un 19% entre 2023 y 2024, cuando oficialmente abandonó la categoría de “especie en peligro de extinción” tras dos décadas en ella. Las principales poblaciones de la especie se encuentran en la comunidad de Castilla-La Mancha, con más de 900 animales.

Además de la fotografía vencedora, otras cuatro imágenes han sido “altamente elogiadas” por la organización del galardón. Entre ellas se encuentra una de un grupo de flamencos frente a unas torres de energía eléctrica en Walvis Bay, Namibia. La imagen fue tomada por Alexandre Brisson en el país africano.

La organización del premio explica que Brisson llegó a este santuario de aves tras un viaje por carretera de 10 horas, justo cuando se estaba poniendo el Sol. Una foto que muestra cómo incluso los espacios dedicados a la protección de la vida salvaje muestran señales de la imparable expansión humana.

Otra de las instantáneas que han recibido este reconocimiento especial es la que muestra a un grupo de osos polares, formado por una madre osa y sus tres oseznos, durante una pacífica pausa en un día de verano en la costa de la Bahía Hudson, en Canadá. La fotografía es obra de Christopher Paetkau. Una imagen cada vez más difícil de ver.

Otra de las imágenes “altamente elogiadas” por el concurso, ha sido la presentada por Kohei Nagira, que muestra una escena difícil de apreciar en la naturaleza: un ciervo sika portando sobre su cornamenta la cabeza arrancada del cuerpo de un macho rival tras acabar con su vida en una pelea mortal.

En la época de otoño, los machos de esta especie de ciervos oriunda de Japón, luchan entre ellos por las hembras chocando sus cuernos. En este caso, el protagonista de la imagen venció la batalla, pero las cornamentas de ambos se quedaron enganchadas y no pudieron separarse. Un pescador local afirmó que el ciervo estuvo durante días arrastrando el cuerpo completo de su rival fallecido hasta que finalmente logró arrancar su cabeza.

Kohei pudo observar al ciervo en la península de Notsuke, en la región japonesa de Hokkaido, entre finales de noviembre de 2020 y abril de 2021. Aunque vivía de forma solitaria, siguió buscando hierba y ramas para alimentarse y logró sobrevivir el invierno.

Finalmente, la otra instantánea a la que se hace una mención especial es la tomada por Will Nicholls en el Parque Nacional Jasper de Canadá, y que muestra la silueta de un par de oseznos jugando en medio de una carretera, absortos en su pelea infantil ante la llegada de un coche.

El director del Museo de Historia Natural de Londres, el doctor Douglas Gurr, afirma que “ha sido maravilloso ver cómo llegaban todos los votos para elegir la fotografía que sería exhibida aquí en el Museo de Historia Natural” y destacó que la selección de imágenes de este año ha sido “realmente excepcional”.

La imagen ganadora y los cuatro accésits serán exhibidas en la exposición de este año del Fotógrafo de Vida Salvaje del Año (Wildlife Photographer of the Year) que tiene lugar en este museo británico y que estará abierta hasta el próximo 12 de julio.

La creación de un Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM2), presentado como un “complejo científico de primer nivel al servicio de la recuperación del ecosistema”, es el último as en la manga del Gobierno de la Región de Murcia para afrontar el desastre ecológico crónico provocado por décadas de contaminación agraria, urbanización masiva y falta de gestión medioambiental de la laguna salada más importante de Europa, en estado crítico.

La iniciativa, presupuestada en unos 12 millones de euros y que será financiada con fondos europeos y de la propia comunidad autónoma, ha sido anunciada por el presidente autonómico, Fernando López Miras (PP), quien augura que se convertirá en “una herramienta clave para la conservación de la biodiversidad” del Mar Menor.

Según el Ejecutivo autonómico, el centro, que se construirá en la antigua terminal de aeródromo de San Javier, se orientará a la investigación, reproducción y reintroducción de especies, así como al seguimiento científico del estado ecológico del Mar Menor. El proyecto se enmarca en el discurso institucional que apuesta por la innovación tecnológica y la ciencia como pilares de la recuperación ambiental.

Sobre el papel, la propuesta resulta difícilmente cuestionable: reforzar la investigación, dotar de infraestructuras científicas y proteger la biodiversidad son medidas necesarias para poner freno a lo que muchos consideran un ‘ecocidio’. Sin embargo, el contexto en el que se produce este anuncio obliga a ir más allá de su formulación y preguntarse si se trata de un cambio de rumbo real o de una estrategia política que prioriza el impacto mediático frente a las soluciones estructurales.

Una crisis ecológica prolongada

Para valorar la eficacia potencial de este nuevo centro, es imprescindible recordar la situación actual del Mar Menor, que lleva más de una década sumido en una profunda crisis ecológica.

La laguna ha sufrido episodios recurrentes de eutrofización, provocados principalmente por la entrada masiva de nutrientes (especialmente nitratos) procedentes de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena. Este exceso de nutrientes genera proliferaciones de fitoplancton que reducen la transparencia del agua, alteran el equilibrio ecológico y, en episodios extremos, provocan anoxia (falta de oxígeno).

Las consecuencias han sido dramáticas: mortandades masivas de peces y crustáceos en 2019, 2021 y otros episodios posteriores, colapso de hábitats submarinos, desaparición de praderas de fanerógamas marinas y una pérdida generalizada de biodiversidad.

A ello se suman otros factores como la urbanización intensiva del litoral, la presión turística, la alteración de ramblas y cauces naturales, y el impacto del cambio climático, que agrava los episodios de lluvias torrenciales y escorrentías contaminantes.

En este contexto, la pregunta clave es evidente: ¿puede un centro científico revertir una crisis que tiene causas estructurales profundamente vinculadas al modelo productivo y territorial?

La voz de la ciencia y el ecologismo

Para Julia Martínez Fernández, doctora en Biología, profesora asociada de Ecología en la Universidad Miguel Hernández de Elche y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, donde coordina la actividad científico-técnica de dicha entidad, dedicar recursos a la conservación y a la recuperación de la biodiversidad —en este caso de las especies del Mar Menor— “es siempre una buena noticia”.

Ahora bien, la eficacia real de esa inversión depende de varios factores, explica Martínez. “No es lo mismo disponer de una nueva instalación que disponer de una nueva instalación que funcione realmente”. Es decir, “sabemos que el edificio costará doce millones, pero conocemos mucho menos o nada de cuál va a ser la inversión anual garantizada para dotar a ese edificio de todo el personal científico, técnico y administrativo necesario”.

Para la experta, si atendemos la trayectoria del Gobierno regional en materia de financiación de la investigación y, sobre todo,de la que tiene que ver con los profesionales dedicados a la gestión ambiental, “la verdad es que hay muchas dudas de que el capítulo de personal esté garantizado de forma suficientemente amplia y consolidada a largo plazo”.

Otra de las reflexiones de Martínez tiene que ver con uno de los objetivos importantes del futuro centro: la conservación ex situ, o sea, fuera de la laguna, de especies amenazadas como el caballito del mar o la nacra (Pinna nobilis), para que puedan ser reintroducidas en la laguna. Al respecto, opina que “no conviene olvidar que la estrategia más eficaz, económica y con menor riesgo ambiental para recuperar la biodiversidad es la restauración natural y la conservación in situ. ”La prioridad debe ser eliminar las presiones que afectan a la laguna y que sea la propia dinámica del ecosistema lagunar la que recupere la buena salud de las especies“, insiste Martínez.

Esta reconocida investigadora también pone el foco en las “incoherencias” del Gobierno regional en relación con la biodiversidad del Mar Menor: “por un lado está dedicando doce millones de euros a la construcción de este centro, mientras el mes pasado votó en contra de la propuesta del Gobierno central de declarar la anguila europea en peligro de extinción y, por tanto, protegerla”.

Hablamos de una especie clasificada en peligro crítico de desaparición por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza desde 2008. La única población de esta especie en la Región de Murcia está, precisamente, en el Mar Menor, donde este pez migratorio pasa una de las etapas de su vida. “Como custodios temporales de esta especie, tenemos una responsabilidad internacional muy importante para evitar su extinción, y el Ejecutivo de López Miras se aparta de ella”, se lamenta Martínez. “Ahí se demuestra que la política ambiental de la comunidad autónoma no es integral ni coherente”, concluye.

Francisca Giménez Casalduero, catedrática de Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante, atesora más de tres décadas de experiencia en la investigación y la gestión de las zonas marinas y costeras, contaminación marina y los efectos de las actividades humanas sobre los sistemas biológicos. Para esta experta,el anuncio del OM2 es “muy positivo” en tanto constituye la continuidad del proyecto del Banco de Especies del Mar Menor, impulsado por el Acuario de la Universidad de Murcia (UMU) y el Gobierno Regional para mantener el “stock genético” de las especies más emblemáticas de la laguna a raíz de las crisis de eutrofización, y que considera “exitoso”. La experta también cree un acierto la reutilización de una infraestructura ya existente. Otro de los aspectos loables de esta inversión —en el que coincide con Julia Martínez— es la labor divulgativa que puede hacerse del ecosistema lagunar.

A pesar de ello, también considera que si las actuaciones para la recuperación de la biodiversidad de la laguna se limitan en exclusiva a la creación de este centro “serán insuficientes”. “Esta es una acción importante y necesaria, pero debe ser complementaria a otras que deben realizarse. Y las primeras son disminuir las presiones externas”, asegura.

Para José Antonio García Charton, doctor en Biología, profesor de Ecología e investigador responsable del grupo ECOMARE —enfocado en los efectos ecológicos de la protección en reservas marinas del Mediterráneo— en la Universidad de Murcia, el futuro OM2 puede llegar a ser “una infraestructura de muchísimo valor para impulsar la investigación científica, sobre todo en función de los proyectos que se desarrollen”.

Sin embargo, para García Charton “nada sustituye a una verdadera gestión integrada de la laguna”. Todo lo que tenga que ver con la conservación de especies fuera de su medio y sin tener en cuenta la protección del Mar Menor y los impactos que recibe, sería un esfuerzo inútil. Por eso, espera que la inversión “no se desconecte de la investigación en el medio natural ni de la toma de decisiones respecto a la situación de la laguna”.

Como él, otros especialistas también han alertado de que la reproducción en cautividad y la reintroducción de especies, aunque útiles en determinados contextos, no garantizan la recuperación si el ecosistema sigue degradado. Reintroducir especies en un medio hostil equivale, en palabras de algunos investigadores, a “llenar un vaso roto”.

Por su parte, desde organizaciones ecologistas se ha advertido en repetidas ocasiones del riesgo de apostar por soluciones “cosméticas” o tecnológicas que no abordan las causas profundas. En este sentido, la creación de un centro de especies es algo “a priori positivo”, aunque hay dudas de que más allá de financiar la obra luego se disponga de partida presupuestaria para dotar las instalaciones de suficiente personal científico y cualificado para su desarrollo.

Además, si no va acompañada de cambios estructurales como la reducción del aporte de nutrientes, el control del regadío ilegal, la restauración de zonas de amortiguación (como humedales y filtros verdes) y la eliminación de la expansión agrícola, no conseguiremos la recuperación real del ecosistema y de sus especies más amenazadas, y puede convertirse en otra medida ineficaz y multimillonaria más, que no sirva realmente para solucionar el problema, como resume Pedro Luengo, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción.

Responsabilidad política y conflicto de intereses

Y es que la crisis del Mar Menor no es solo ambiental; también lo es política. Durante años, diferentes administraciones han permitido —por acción u omisión— un modelo de desarrollo insostenible.

El Gobierno regional gobernado por el Partido Popular ha sido especialmente señalado por su falta de contundencia frente al regadío ilegal y por su defensa de los intereses del sector agrícola intensivo. A pesar de la aprobación de normativas para limitar la contaminación, su aplicación ha sido irregular y, en muchos casos, insuficiente.

Las posturas de determinados colectivos de regantes han contribuido a dificultar la adopción de medidas más estrictas. Parte del sector ha negado su responsabilidad en la degradación de la laguna o ha minimizado su impacto, atribuyendo la crisis a factores naturales o a episodios puntuales de lluvias.

Por su parte, partidos como Vox han adoptado posiciones aún más negacionistas respecto a la dimensión ambiental del problema, rechazando restricciones al regadío y cuestionando el consenso científico. En febrero de este año, el recientemente defenestrado por su partido, José Ángel Antelo, registró en la Asamblea Regional de Murcia una proposición de ley para reformar la actual Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor que, según la formación ultra, criminaliza a los agricultores.

En este contexto, el anuncio del centro científico puede interpretarse como un intento de desplazar el foco del debate: de la regulación del modelo productivo a la inversión en infraestructuras científicas. Sin embargo, sin una voluntad política clara para abordar los intereses económicos en juego, cualquier medida técnica corre el riesgo de quedarse en un parche.

Biodiversidad en riesgo: el caso del caballito de mar

El Mar Menor alberga una biodiversidad singular, con especies adaptadas a sus condiciones únicas de salinidad y temperatura. Sin embargo, los episodios de colapso que ha sufrido la laguna, y que la han llevado a convertirse en una verdadera 'sopa verde', han hecho que muchas de ellas se encuentren en retroceso.

Uno de los casos más emblemáticos es el del caballito de mar de hocico largo (Hippocampusguttulatus), cuya población ha sufrido un declive drástico en las últimas décadas. Este pequeño pez, convertido en símbolo del Mar Menor, depende de hábitats como las praderas de fanerógamas marinas, que han sido gravemente afectadas por la eutrofización.

La reciente decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de incluir al caballito de mar en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de vulnerable, refleja la gravedad de su situación. La pérdida de hábitat, la contaminación y las alteraciones del ecosistema han reducido sus poblaciones a niveles críticos: en sólo una década, se ha pasado de 196.000 ejemplares a apenas 800.

Aquí es, precisamente, donde iniciativas como el Centro de Especies podrían tener un papel relevante: programas de cría en cautividad, investigación sobre su biología y proyectos de reintroducción podrían contribuir a su conservación.

Sin embargo, la experiencia en otros ecosistemas muestra que estas medidas solo son efectivas si se restauran previamente las condiciones ambientales. Sin praderas marinas saludables, sin aguas limpias y sin estabilidad ecológica, el caballito de mar —y muchas otras especies— difícilmente podrán recuperarse de forma sostenible.

Europa vigila: advertencias y futuro incierto

La crisis del Mar Menor no ha pasado desapercibida en Europa. La Comisión Europea ha abierto procedimientos de infracción contra España por el incumplimiento de normativas ambientales, especialmente en relación con la Directiva de Nitratos.

Las advertencias europeas han sido claras: es necesario reducir la contaminación agrícola, mejorar la gestión del agua y garantizar la protección efectiva del ecosistema. Los fondos europeos, que ahora se presentan como una oportunidad para financiar el nuevo centro, también están condicionados al cumplimiento de objetivos ambientales.

Esto plantea una paradoja: Europa financia parte de la solución, pero al mismo tiempo exige corregir las causas del problema. Si las administraciones no cumplen con estas exigencias, no solo estará en riesgo la recuperación del Mar Menor, sino también la continuidad de la financiación.

De cara al futuro, el escenario sigue siendo incierto. Existen señales positivas, como el otorgamiento —gracias a una iniciativa legislativa popular— de personalidad jurídica al ecosistema lagunar del Mar Menor (y, por tanto, sujeto de derecho) o el aumento de la conciencia social. Sin embargo, los avances son lentos y a menudo se ven contrarrestados por la inercia de intereses económicos y políticos.

Así que la eficacia de este proyecto dependerá fundamentalmente de si se integra en una política ambiental coherente, basada en la reducción de la contaminación en origen, la regulación del modelo agrícola y la restauración de los ecosistemas.

Si, por el contrario, se utiliza como un elemento de marketing político destinado a proyectar una imagen de compromiso sin afrontar las decisiones difíciles, el riesgo es evidente: que se convierta en otro anuncio grandilocuente que no cambie el rumbo del Mar Menor.Como advierten los expertos, la laguna no necesita solo más ciencia; necesita, sobre todo, más valentía política.

En contra del criterio científico, ninguna comunidad autónoma tolera que se detenga la pesca de angulas para intentar salvar a la especie de la extinción. La propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de incluir a la anguila (Anguilla anguilla) como “en peligro” dentro del Listado de protección especial ha sido rechazada este martes.

Las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares se mostraron contrarias a la propuesta del Gobierno, según fuentes de la reunión. Galicia se ha atribuido la vanguardia del rechazo. “Hemos frenado” la declaración como especie en peligro, ha expresado la delegación de la Xunta.

Catalunya, Navarra, La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Madrid, Castilla la Mancha, el País Vasco y Andalucía –donde ya está prohibida su explotación– han condicionado su posición a la información adicional que debe salir de un grupo de trabajo específico que va a organizarse.

La medida tenía el aval del Comité Científico del Ejecutivo expresado en un dictamen de 2020 y otro de 2023 donde se apunta a la sobrepesca de alevines (las angulas) como una de las causas del declive de las poblaciones. También está respaldada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN) que considera a la anguila europea en “peligro crítico” y del Consejo Internacional para la Explotación del Mar (ICES en inglés) que, en noviembre pasado, recomendó que, si se aplica un criterio de precaución, “no debería haber capturas en 2026” tanto comercial como recreativa.

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha reflexionado que “lo hemos intentado tres veces, pero somos un ministerio resiliente. Seguiremos intentándolo las veces que sean posibles anclándonos en el rigor y el conocimiento científico”.