Hacer el mar más ruidoso. La principal medida para intentar evitar que las marsopas ibéricas mueran atrapadas en las redes de pesca y salvarse así de la extinción es emitir ultrasonidos que ahuyenten a los cetáceos, según el Plan de Recuperación diseñado por el Ministerio de Transición Ecológica.

La marsopa (Phocoena phocoena) es el cetáceo más pequeño de todo el Atlántico norte. La gran familia en la que se encuadran desde las ballenas azules a los cachalotes y los delfines. Y alrededor de la península ibérica nada una variedad exclusiva —la meridionalis— cuya población se ha desplomado, sobre todo, por “las capturas accidentales” de la flota pesquera, como admite el documento gubernamental.

El problema es que las marsopas ibéricas se alimentan, especialmente, de las especies comerciales que buscan los buques pesqueros de fondo. Así que el “interés comercial” choca con la pequeña marsopa. O más bien se enreda.

Estas capturas se conocen como bycatch y “es el aspecto crucial del problema”, explica el responsable del programa marino de WWF, José Luis García Varas. “A eso se le suma que las marsopas solo son capaces de ecolocalizar las redes de enmalle a distancias inferiores a 3-6 metros”, incluye la orden ministerial del Plan de Recuperación. Dicho de otra forma: cuando los animales detectan el peligro de la red, ya es tarde, están encima.

García Varas remacha que “una buena parte de lo que sabemos es que los animales muertos que se encuentran están varados y muestran señales de redes”. Atrapadas en los sedales, terminan muriendo al no poder subir a la superficie a respirar o caer en un cansancio extremo en sus intentos por liberarse. Finalmente, son arrastradas por la corriente hasta la costa.

La situación de la población ibérica de marsopas es muy mala. Tanto como para que, primero, la Comisión Europea abriera un expediente sancionador a España por no preocuparse convenientemente por el estado de la especie. Después, tras los avisos de la UE, el Gobierno incorporó en 2020 a este cetáceo en la lista de variedades en peligro de extinción. Esta acción obliga por ley a diseñar un plan de recuperación. “Es previsible la desaparición de la población de las marsopas de las aguas de la península ibérica en los próximos 18-20 años si no se toman las medidas necesarias”, detalla ahora el Ministerio de Transición Ecológica.

La marsopa común: el cetáceo más pequeño... y el más amenazado

Es la especie de cetáceo de menor tamaño (entre 1,3 y 1,8 m de longitud y 25-90 kg de peso) del Atlántico Norte. Es fácil de avistar, ya que habita las aguas más próximas a la plataforma continental, donde se encuentran los peces de especies litorales que forman la base de su dieta. Puede llegar a vivir 20 años, aunque rara vez supera los 12.

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La marsopa es, junto con el delfín (a), el

calderón (b), el cachalote (c) y la ballena rorcual (d), uno de los cetáceos más comunes en las costas españolas

El hocico redondeado y los extremos de la boca levantados le dan a la marsopa su característica sonrisa.

En España hay

poblaciones permanentes

en el Cantábrico y la costa atlántica gallega, aunque

también ha sido   avistada   en aguas del Golfo de Cádiz, de las Canarias más orientales y, ya en el Mediterráneo, del mar de Alborán. Los últimos censos arrojan una población total en nuestro país de unos 1.000 ejemplares. Se encuentra en peligro de extinción desde diciembre de 2020.

Principales amenazas

   Capturas accidentales en redes de la pesca comercial

   Degradación de los ecosistemas litorales y contaminación costera

   Menor disponibilidad de alimento, ya que su dieta depende de especies de interés pesquero como la merluza, la anchoa o el bacalao.

FUENTES: MITECO Y COMISIÓN EUROPEA

La marsopa común: el cetáceo más

pequeño... y el más amenazado

Es la especie de cetáceo de menor tamaño (entre 1,3 y
1,8 m de longitud y 25-90 kg de peso) del Atlántico Norte. Es fácil de avistar, ya que habita las aguas más próximas a la plataforma continental, donde se encuentran los peces de especies litorales que forman la base de su dieta. Puede llegar a vivir 20 años, aunque rara vez supera los 12.

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La marsopa es, junto con el delfín (a), el calderón (b),

el cachalote (c) y la ballena rorcual (d), uno de los cetáceos más comunes en las costas españolas

El hocico redondeado y los extremos de la boca

levantados le dan a la marsopa su característica sonrisa.

En España hay

poblaciones permanentes

   en el

Cantábrico y la costa atlántica gallega, aunque también ha sido   avistada   en aguas del Golfo de Cádiz, de las

Canarias más orientales y, ya en el Mediterráneo, del mar de Alborán. Los últimos censos arrojan una población total en nuestro país de unos 1.000 ejemplares. Se encuentra en peligro de extinción desde diciembre de 2020.

Principales amenazas

   Capturas accidentales en redes de la pesca comercial

   Degradación de los ecosistemas litorales y contaminación costera

   Menor disponibilidad de alimento, ya que su dieta depende de especies de interés pesquero como la merluza, la anchoa o el bacalao.

FUENTES: MITECO Y COMISIÓN EUROPEA

Por eso este plan establece que determinados barcos que utilizan ciertos tipos de redes en profundidades superiores a 80 metros, que suelen ser hábitat de las marsopas, “tienen la obligación de utilizar dispositivos acústicos de disuasión durante sus actividades pesqueras”.

Esos “dispositivos” son balizas incorporadas a las mallas que emiten ultrasonidos. Se trata de crear una barrera sónica que ahuyente a las marsopas. “Usan una frecuencia que, en teoría, molesta a los animales y provoca que se alejen”, aclara García Varas. Una frecuencia, inaudible para los humanos pero detectable para la sensibilidad ultrasónica (por encima del los 10 Khz) de estos cetáceos.

Aunque las guías técnicas de estos aparatos indican que deben calibrarse para espantarlas, pero sin ocasionar daños o sordera, lo cierto es que el ruido en el mar es un problema. La contaminación acústica en las profundidades disturba un mundo oscuro (a 100 metros penetra un 1% de la luz, según explica la Agencia Estadounidense del Océano y la Atmósfera) pero con gran capacidad para conducir el sonido. Los cetáceos como la marsopa se han adaptado a este ecosistema.

“No nos parece lo mejor porque, al final, se trata de meter más ruido en el mar que ya tiene un alto nivel”, concluye el responsable de WWF.

El biólogo de la organización Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), Alfredo López, cuenta que el uso de dispositivos sonoros “es un tema controvertido porque va a incrementar el ruido marino en general y no se ha comprobado que sean efectivos para evitar las capturas accidentales de las marsopas”.

Varas y López coinciden en que “falta información” sobre esta medida aplicada a las marsopas ibéricas. “Se ha perdido mucho tiempo entre que apareció el informe de la CEMMA sobre el mal estado de la marsopa y este plan, en el que se podría haber recopilado información”, dice López.

Además, también “existe el riesgo”, abundan, de que ese ultrasonido aplicado para ahuyentar a las marsopas de los pesqueros, funcione como “un reclamo para otras especies como el delfín mular” porque les está avisando de que, allí, hay un banco de peces, es decir, alimento.

El refugio de las marsopas

El plan de recuperación se va a aplicar en la costa de Galicia. El “área crítica”, como lo llama el documento, abarca casi 790.000 hectáreas de aguas atlánticas desde la desembocadura de río Miño hasta el cabo Prior. Eso sí, va a quedar excluido el interior de las rías donde “hay delfines mulares” residentes que, según los estudios biológicos, expulsan a las marsopas en su competencia por alimentos.

En toda esa superficie los barcos tendrán que instalar las balizas. Además, la “Administración competente deberá valorar la pertinencia de proponer a la Comisión Europea la designación del área crítica de la marsopa como Lugar de Interés Comunitario para su inclusión en la Red Natura 2000 marina”.

Además, el borrador del plan exige la mejora del conocimiento de la interacción pesca-marsopa “para poder determinar los puntos críticos”, las zonas y periodos de mayor impacto y las flotas y especies objetivo que más influyen. También se establece el “refuerzo de la obligación de notificación obligatoria de cualquier captura accidental y marcaje mediante bridas de los ejemplares que no sean traídos a puerto” después de enredarse y morir.

Puede servir para defender el mar de otras agresiones

El borrador del plan contiene algunas medidas que, de aplicarse, podrían redundar en la mejora y protección de hábitats. La defensa de la marsopa beneficia ecosistemas enteros. Así, el texto pide que se tenga en cuenta la “prevención y mitigación de efectos negativos de planes, proyectos y actividades” que quieran instalarse en esas aguas.

Por ejemplo se deberá evaluar los impactos de proyectos de parques eólicos marinos que se pretenda instalar dentro del área crítica o de proyectos de exploración submarina o subterráneas.

También pide que se identifiquen las “fuentes de vertido desde tierra al mar” que contribuyen a la contaminación del hábitat de la marsopa, para que las autoridades competentes reduzcan esos vertidos. En la misma línea, la recuperación del pequeño cetáceo debería servir para disminuir los vertidos que los buques hacen en las aguas de la Phocoena, que lo son también de muchas otras especies.

Salvemos los Campos denuncia que la construcción de una macroplanta fotovoltaica de Solaria afecta a aves en peligro de extinción.

El macroproyecto 'Helena Solar' plantea 10 macroplantas fotovoltaicas al Oeste de Toledo unidas por una vía de evacuación de más de 60 kilómetros. Según destacan desde Salvemos los Campos, “la destrucción de áreas críticas para la supervivencia de especies en peligro de extinción y de un paisaje cultural de gran relevancia regional como la campiña vitivinícola de la D.O. Méntrida”, son elementos nucleares del contencioso administrativo interpuesto por el colectivo.

Aseguran que la promotora ha iniciado las obras este mes de mayo, coincidiendo con el período reproductor de las especies afectadas, como el sisón o el águila imperial ibérica, algo “explícitamente prohibido” por la Declaración de Impacto Ambiental.

La alerta saltó a inicios del mes de mayo, cuando vecinos del norte de La Torre de Esteban Hambrán y Méntrida (Toledo), así como agentes forestales de la Junta de Castilla-La Mancha observaron cómo, “aún sin contar con todas las licencias oportunas para el inicio de las obras, maquinaria pesada entraba en los campos cerealistas del Sur de Méntrida” donde se proyecta una de las “mayores secciones” de placas solares del macrocomplejo 'Helena “Solar', promovido por Solaria. Se trata de una zona con ”riquísimos valores ambientales“ al ser área reproductora de dos especies ”icónicas“ en peligro de extinción: el sisón común y el águila imperial ibérica. Pero sus valores ambientales no quedan ahí, al dar cobijo también al aguilucho cenizo, al aguilucho pálido, el milano real o el buitre negro. Desde el colectivo apuntan que el lugar ”reúne las condiciones“ para ser declarada como Zona de Especial Relevancia para las Aves (ZEPA).

La planta se sitúa en un “área crítica” para superviviencia de las especies

La iniciación de las obras de este parque promovido por Solaria “es especialmente grave, no solo porque aún no cuenta con todas las licencias necesarias, como la calificación urbanística o la licencia de construcción, sino porque además la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) prohíbe explícitamente la realización de actividad alguna en la zona en el periodo reproductor de las especies afectadas, como el sisón, siendo el momento más crítico de su ciclo biológico”. Salvemos los Campos asegura que esta especie ha visto mermadas sus poblaciones “en más del 50% solo en los diez últimos años”, y los terrenos de ubicación de las plantas Helena Solar 2, 3 y 6 constituyen “un área crítica para su supervivencia”, como ha sido alegado por el colectivo en el procedimiento de autorización de las plantas. El sisón fue oficialmente declarado en peligro de extinción en abril de 2023, “y aún no se ha aprobado su plan de conservación, como exige la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad”, exponen.

Respecto al águila imperial ibérica, la zona “es un territorio de presencia histórica de la especie”, y también “área crítica”, con numerosas nidificaciones coincidentes o en el entorno del proyecto. “Tanto es así que en el inicio de las obras ha aflorado una nidificación a escasos metros de la zona de ubicación de las plantas Helena Solar 2, 3 y 6, constatándose la vital importancia del mantenimiento de estos terrenos para la recuperación de su estado de conservación, igual que para otras numerosas especies con un acusado declive de sus poblaciones”, explica el colectivo ecologista.

Por otra parte, la DIA también exige la elaboración de un Programa de Vigilancia Ambiental, cuyos condicionantes se fijan en su apartado tercero. “Ante el atropello causado contra especies en peligro de extinción en época reproductora mediante el uso de maquinaria pesada, solo caben dos alternativas: o la empresa promotora no tiene Programa de Vigilancia Ambiental, pues no sabe ubicar dónde están criando las especies protegidas (ante lo que el Ministerio debería revocar de inmediato la Autorización Administrativa Previa como pide Salvemos los Campos), o por el contrario ha actuado negligentemente al iniciar obras en pleno período reproductor, ocasionando molestias y perturbaciones que provocan daños irreparables a las especies afectadas, y con las eventuales responsabilidades a que ello diera lugar”, señalan.

Daños “irreparables” a especies en peligro de extinción

Salvemos los Campos explica que han podido documentar -al igual que vecinos, técnicos forestales de la Junta de Castilla-La Mancha y expertos ornitológicos independientes-, que maquinaria pesada ha estado trabajando “en esta zona vetada para actividad alguna” al menos entre los días 4 a 18 de mayo. “Como queda acreditado por las fotografías aportadas, se trata de maquinaria que habría realizado unas 150 perforaciones en toda la zona para insertar barras de metal codificadas con la letra ”H“ y seguidas de numeración correlativa, que presuntamente delimitan las diferentes secciones de la planta fotovoltaica”, recalcan.

Sabiendo que el sisón común y otras esteparias como el aguilucho pálido y cenizo anidan en el suelo de estas llanuras cerealistas entre los meses de marzo a julio, “es difícil imaginar una actuación más nefasta para los valores ambientales de la zona antes de la posible construcción de la planta”. Apuntan que se trata de unos trabajos realizados “en el momento más crítico del año”, en una zona donde ya se documentó por parte de esta y otras asociaciones la existencia de machos reproductores de sisón, “algo de lo que también son conocedores la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio para la Transición Ecológica”.

El papel del Ministerio en este proyecto: “Muy discutido desde el inicio”

El papel jugado por el Ministerio para la Transición Ecológica “ha sido muy discutido” desde los inicios de este proyecto. Por una parte, en su papel de órgano ambiental, desde Salvemos los Campos consideran “inconcebible que se siga tramitando un proyecto que la propia DIA estima como de impacto crítico sobre especies en peligro de extinción”. El colectivo apunta que entre las muchas menciones al caso del águila imperial ibérica, “encontramos en la página 7: El impacto sobre esta especie debe considerarse crítico y de principal atención en la ejecución del proyecto”.

Por otro lado, Salvemos los Campos denuncia que “la DIA, publicada en el BOE el 2 de febrero de 2023, fue firmada por Marta Gómez Palenque, incursa en una investigación penal por autorizaciones ambientales a centrales fotovoltaicas en Cáceres promovidas por Iberdrola, y relacionada con el caso Forestalia”.

Apuntan que “otro de los atropellos medioambientales de la DIA” es la aceptación de la ubicación de una de las subestaciones del complejo, en la zona de las Loberas (Méntrida, Toledo), que se ubicaría en terreno “especialmente protegido”.

Salvemos los Campos critica “el doble rasero de la DIA, al plantear a Solaria unas limitaciones respecto a los hábitats de especies en peligro de extinción como el sisón o el águila imperial más laxas que las establecidas para otras plantas fotovoltaicas en la misma zona”.

Desde el colectivo ecologista denuncian que el Ministerio está poniendo “una infinidad de obstáculos” al contencioso administrativo interpuesto por ellos, donde han solicitao “innumerables veces” la aportación del expediente completo del proyecto por parte del Ministerio, “que de forma recurrente ha incumplido los plazos para proveer dicha información, poniendo además un sinfín de trabas que no hacen sino añadir opacidad a todo el proceso y creando una situación de clara indefensión a la asociación”.

En este contexto, Salvemos los Campos expresa que seguirá vigilante tanto en el terreno como en los tribunales para asegurar la preservación “de los riquísimos valores ambientales de la zona”, reservándose para ello el derecho a recurrir a cuantas medidas legales estime conveniente.

Este medio ha contactado con Solaria para conocer su versión, sin respuesta hasta el momento.

La frontera entre La Rioja y Navarra mide apenas unos metros a la altura de Cervera del Río Alhama, pero esa distancia parece ser suficiente para ofrecer diferente información en lo que a gestión ambiental se refiere. En abril de 2023, un disparo terminó con la vida de un águila perdicera. Tres años más tarde, el Gobierno de La Rioja no ha registrado esa muerte en sus informes, mientras que sí se recogen sus datos en la información del Gobierno de Navarra a los que ha tenido acceso Rioja2.

El águila perdicera se encuentra desde hace años al borde de la desaparición en La Rioja, catalogada formalmente 'En Peligro de Extinción' dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas. En 2016, el Gobierno de La Rioja aprobó el Plan de Recuperación de la especie vigente hoy en día, que recogía el fuerte declive de población con cuatro territorios ocupados por parejas reproductoras en el territorio de la comunidad autónoma y un quinto territorio compartido con Burgos y Álava. La protección de esta ave obliga a desarrollar actuaciones para la conservación, como mitigar las amenazas de muerte y proteger las zonas de nidos del águila, así como hacer un seguimiento a los ejemplares.

Ni rastro de Bartullero en los registros del Gobierno de La Rioja

En el listado riojano remitido a Amigos de la Tierra aparecen aves electrocutadas en Quel, Grañón, e incluso un ejemplar nacido en el Cidacos que murió en Ciudad Real también en un apoyo eléctrico. Sin embargo, ni rastro de la muerte por disparo del águila en Cabretón. El ejemplar abatido tiene nombre e historial de seguimiento: de nombre Bartullero, es un macho nacido en marzo de 2018 y muerto en abril de 2023 por disparo, según los datos del Gobierno de Navarra. Además, Amigos de la Tierra señala que probablemente fuera un disparo de caza, lo cual agrava la situación porque en abril de 2023 no era temporada de caza en La Rioja en ninguna modalidad.

Ante esta información, la entidad ecologista reclama al Gobierno de La Rioja transparencia en la gestión de la biodiversidad y, concretamente, qué actuaciones ha llegado la Consejería a posteriori. Preguntada por este asunto, la Consejería rechaza hacer “cualquier tipo de valoración”.

Amigos de la Tierra La Rioja ha denunciado la falta de información del ejecutivo riojano. “La reiteración del silencio administrativo, incluso tras la presentación de recursos y la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, podría suponer un incumplimiento de la normativa vigente en materia de acceso a la información ambiental, que reconoce este derecho como un pilar fundamental para garantizar la participación pública y la correcta gestión del medio natural”, señala la organización.

Colapso demográfico y un plan de recuperación caducado

La situación del águila perdicera es especialmente grave. Los últimos datos publicados en la web del Gobierno de La Rioja son de 2016, cuando cuantificaban un total de 4 parejas: una en los Montes Obarenes, una en la zona del Ebro, una en la zona del Alhama (donde se produjo la muerte del ejemplar en 2023) y otra fuera de la Red Natura 2000. La asociación Amigos de la Rioja calcula que actualmente quedarán en La Rioja dos o tres parejas de esta especie y los datos de reproducción son muy malos. Por ejemplo, según cifras del Ejecutivo regional, en 2023, el año más reciente ofrecido, la productividad, el éxito reproductor y la tasa de vuelo fueron nulos.

La muerte de 'Bartullero' evidencia, además, una profunda brecha en la política de conservación entre comunidades vecinas. Mientras que Álava y Navarra han participado activamente en programas europeos -ya concluidos- de reintroducción como los proyectos LIFE Bonelli (2013-2017) y AQUILA a-LIFE (2018-2023) —consiguiendo liberar 50 ejemplares y recuperar zonas históricas donde la especie se había extinguido—, La Rioja ha permanecido al margen de estas últimas redes europeas. La última vez que el territorio riojano formó parte de un programa LIFE de la Unión Europea para el águila perdicera fue entre 1999 y 2002.

Desde entonces, la comunidad autónoma ha fiado la supervivencia de la rapaz a un Plan de Recuperación autonómico, que se encuentra desfasado. Fue aprobado en 2016 y recogía una vigencia de seis años de su programa de actuaciones, que sería “preceptivamente revisado al finalizar dicho periodo”. Es decir, el Gobierno de La Rioja tenía que haber actualizado y auditado el plan en 2022, hace ya cuatro años.

Este mismo plan recogía que la especie se consideraría recuperara y se sacaría de la categoría “peligro de extinción”, cuando el ecosistema riojano debía albergar un mínimo de ocho parejas reproductoras estables. Sin embargo, la realidad y los datos caminan en el sentido contrario. Los datos más recientes recogen la productividad cero de 2023: ni un solo polluelo voló el cielo riojano el mismo año que el águila Bartullero murió por un disparo en Cabretón. Un asunto que por ahora el Gobierno de La Rioja ha borrado de sus registros.

La Xunta de Galicia se opone a la protección del lobo y es una firme defensora de que debe poder cazarse. Ni los datos de su último censo, que concluye que la población de la especie no crece, sino que está estable, ni las conclusiones del Gobierno central sobre que el estado es desfavorable en la península ibérica ni las decisiones judiciales que han frenado las normas gallegas que permiten abatir ejemplares han hecho cambiar de idea a la Consellería de Medio Ambiente. En su persistente batalla por aplicar un control letal sobre estos animales, se ha puesto al frente de una inusual maniobra que pretende forzar que el informe que se presente ante Bruselas sobre la situación del lobo no sea el elaborado por el Gobierno central, sino uno alternativo redactado por la Xunta y al que han dado su apoyo varias comunidades autónomas. Con este embrollo sobre la mesa, y tras la petición de varias organizaciones de que se pueda consultar toda la documentación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido que va a sacar a información pública el material, según adelantó la Agencia EFE.

Una de esas organizaciones es el Fondo para la Protección del Lobo. Ernesto Díaz, su coordinador, considera que la estrategia de las comunidades que pelean por poder cazar lobos, con la Xunta al frente, es “insólita”. Dice no recordar otro caso en el que una comunidad haya decidido recopilar la información de las demás para presentar un informe alternativo al ya elaborado por el Gobierno central con los datos remitidos por las propias autonomías. Asegura que lo que se está desplegando es “una maniobra orquestada fundamentalmente por los gobiernos de las comunidades del noroeste”, que han ido reuniendo apoyos de otras administraciones “afines”, sobre todo del PP. Y detrás de todo esto interpreta que lo que hay es “una búsqueda del voto rural”, con el discurso, cuestionado por expertos, de que están aumentando los ataques de lobos al ganado y amenazando su viabilidad.

Pero, para llegar a la situación actual, se han entrecruzado varios hilos. La postura de la Xunta ha sido clara y favorable a la caza de lobos. En 2021, cuando la especie se incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que llevó a que no se pudiese cazar, el Gobierno gallego se opuso. Esa prohibición duró hasta marzo de 2025, cuando una enmienda a la ley sobre desperdicio alimentario le retiró esa protección, con el apoyo de PP, Vox, Junts y PNV. La Consellería de Medio Ambiente se había preparado para aprovechar de inmediato ese nuevo escenario: autorizó de nuevo la caza de lobos solo un día después de que el cambio entrase en vigor. La Justicia paralizó después esa posibilidad de matar a estos animales (y la Xunta lo recurrió).

Esa modificación normativa contiene un segundo aspecto que ha permitido la maniobra con el contrainforme: obliga a que los informes sexenales sobre el estado de conservación de fauna y flora silvestres que se deben remitir a la Comisión Europea pasen antes por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente -que reúne a Gobierno central y comunidades- y reciban su visto bueno. Antes de ser elevados a esa Conferencia, deben analizarse en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que también están representadas las comunidades autónomas y el Ejecutivo estatal. Y en este foro es en el que la Xunta presentó su informe alternativo. Antes de estos cambios, que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, el Gobierno central los elaboraba y los enviaba directamente a Bruselas.

El Gobierno español está fuera de plazo para presentar estos informes sexenales (y Bruselas ha abierto expediente por este motivo), que debía haber entregado antes de julio de 2025. Fue a esas alturas cuando el Ministerio para la Transición Ecológica difundió los datos del último censo del lobo: hay 333 manadas en España, que son 36 más que una década antes, pero menos que las 500 que los expertos defienden como el umbral de seguridad para confiar en las buenas perspectivas de la especie a largo plazo. Con esta información, el informe sobre el estado de conservación concluyó que la situación era desfavorable, algo que hace más difícil que entre las medidas de gestión que se adopten para la especie estén las letales.

El documento se presentó en Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, pero no fue aceptado. Lo que ocurrió fue que la Xunta acudió a la cita con un informe alternativo que llega a la conclusión contraria y que ha sido apoyado por buena parte de las comunidades autónomas. Votaron a favor Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Asturias, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta y la propia Galicia. Castilla-La Mancha, Catalunya y Euskadi se abstuvieron y el Gobierno central votó en contra. El siguiente paso es elevarlo a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, algo que aún no ha ocurrido y que va a tardar, dado que el Gobierno central ha decidido sacar a información pública toda la documentación.

El contrainforme

La Xunta defiende la maniobra de intentar forzar el cambio en las conclusiones que se envíen a Bruselas y asegura que su informe alternativo “es una especie de réplica/alegación a la propuesta del Ministerio”. En su justificación, la Consellería de Medio Ambiente acusa al Gobierno central de estar haciendo “valoraciones subjetivas” y exponer “falsedades” con el “único fin” de que la conclusión sea que el estado es desfavorable. El documento gallego, al que ha tenido acceso elDiario.es, repasa parámetro por parámetro los datos para las regiones atlántica y mediterránea y defiende que en ambas debe considerase que la situación es favorable. Cuestiona la interpretación que hace el Gobierno de los criterios establecidos en Europa para las evaluaciones y también critica que se tome como referencia que la población de seguridad sea de 500 manadas para la península ibérica.

El Ministerio replica a varias de las consideraciones de la Xunta y agrega un análisis de los resultados si no se tomasen como referencia esas 500 manadas. La conclusión es que, aun así, el estado sigue siendo desfavorable en las tres regiones (atlántica, mediterránea y alpina). El Gobierno central defendió también que es necesario tener en cuenta el impacto de los ejemplares que ya han sido cazados en comunidades como Cantabria y Asturias y el de los gigantescos incendios del pasado verano en territorios habitados por la especie.

La Consellería de Medio Ambiente señala, en respuesta a preguntas de esta redacción, que tomó la iniciativa de elaborar un análisis que contradice el del Ministerio “en el marco de la coordinación y colaboración existente entre las comunidades autónomas con intereses en esta materia”. Asegura que, en otras ocasiones y asuntos, han sido otras comunidades las que han adoptado este papel. Sobre la elaboración del informe afirma que lo hicieron técnicos de la Xunta, que es un trabajo riguroso y que el contenido “recoge la información aportada por las distintas regiones” y que se han utilizado para el censo estatal - los datos “son los oficiales, que son públicos”, aclara-. Es decir, han empleado la misma información que el Gobierno central para llegar a la conclusión opuesta.

Mientras la Xunta acusa al Ministerio de hacer valoraciones subjetivas, son varios los expertos que dicen que quien tiene una postura ideológica y alejada de la ciencia es la Consellería de Medio Ambiente. Ernesto Díaz la califica de “arbitraria” y cree que Galicia y el resto de comunidades del noroeste, como Asturias, Cantabria o Castilla y León están en “una carrera hacia el precipicio de matar lobos”.

La beligerancia de la Xunta

En enero de este año, varios responsables de estos territorios se reunieron en Cantabria para reclamar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que debería aprobar el informe sexenal sobre el lobo y en la que quieren que salga adelante el documento de la Xunta. Tras el encuentro, la conselleira gallega, Ángeles Vázquez, volvió al argumento del impacto en el ganado y consideró que eso es una evidencia de su buena situación en Galicia: “Su estado de conservación es favorable, como acredita el hecho de que los ataques de esta especie hayan aumentado un 72% en relación con 2021”. Estos datos de muertes de animales causadas por el lobo también son discutidos por biólogos, que avisan de que un aumento de los reportes no implica necesariamente que hayan crecido los ataques porque no se analiza si hay ADN de esta especie o de perros asilvestrados ni se distingue depredación de carroñeo. Apuntan también a posibles fraudes en un contexto en el que han aumentado las compensaciones por ganado muerto.

Vázquez ha insistido en los últimos años en una postura especialmente beligerante para autorizar la caza de lobos en Galicia, a pesar de que es una medida que, cuando ha estado permitida, apenas se ha usado ni ha tenido éxito en Galicia: un informe publicado en 2023 por Unións Agrarias indicaba que en la década anterior se habían autorizado 60 batidas, que se saldaron con solo 11 animales cazados. Después de que la Justicia paralizase la medida que reintroducía la posibilidad de abatir ejemplares de esta especie, la conselleira reaccionó con exageración: “Lo que no se puede pretender es que Galicia albergue a todos los lobos de toda España”.

A la espera de que se inicie el proceso de información pública anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica lo que se abren son incógnitas sobre el informe sexenal del estado del lobo. Ernesto Díaz señala que se desconoce cómo va a ser el trámite, de qué manera se van a gestionar las alegaciones y cómo van a influir posteriormente en la información que se remita a Bruselas.

Para la Sociedade Galega de Ornitoloxía (SGO) la actitud de la Xunta con respecto a las aves es negligente: asegura que hay una desatención institucional que está contribuyendo al declive de numerosas especies y que ha hecho que el Catálogo Galego de Especies Amenazadas, lejos de ser una garantía para la atención de poblaciones vulnerables, se haya convertido en “un listado de extinciones anunciadas”. La avifauna gallega pasa por “uno de sus momentos más críticos” y no es solo por las presiones ambientales, sino por la parálisis de la administración autonómica.

La SGO organizó el pasado fin de semana un encuentro que reunió a más de medio centenar de especialistas en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). La conclusión es demoledora, hay “un declive general” de la población de aves y, de las 30 especies de este tipo de animales que están incluidas en el catálogo de especies amenazadas, solo cinco tienen una tendencia positiva. Otras 13 siguen cayendo pese a estar dentro de esa lista que obliga legalmente a la Xunta a elaborar planes de recuperación para las especies en peligro de extinción y de conservación para las catalogadas como vulnerables. Y hay 12 más de las que estos expertos denuncian que no existen siquiera datos para evaluar su estado.

La labor de la Xunta -en concreto, de la Consellería de Medio Ambiente que dirige Ángeles Vázquez- fue el centro de las críticas de la jornada, a la que el Gobierno gallego declinó enviar a algún representante, según señala la SGO. El incumplimiento de la normativa es “sistemático”. A pesar de que el catálogo de especies amenazadas existe desde 2007, solo tres de las 201 especies incluidas tienen un plan de protección en vigor. Dos de ellas son aves: la escribenta das canaveiras (el escribano palustre, Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitánica Steinbacher) y la píllara das dunas (el chorlitejo patinegro, Charadrius alexandrinus L.).

El análisis de la situación del escribano palustre y el chorlitejo patinegro valió para ilustrar que estar dentro del listado e incluso tener un plan de protección no hace que las especies estén atendidas. Sobre la segunda, los ornitólogos confirmaron que Galicia y Baleares son las dos únicas comunidades autónomas en las que hay una tendencia positiva. Para esta ave hay medidas y presupuestos, señalan: 1.000 parcelas instaladas para proteger los nidos de los depredadores, cierres perimetrales para que los polluelos tengan tranquilidad y un programa que permitió liberar 200 ejemplares en el medio natural desde 2018. Pero el caso del escribano palustre es la antítesis. Tiene un plan aprobado desde 2013, pero está “congelado administrativamente” y las poblaciones registran un “descenso catastrófico” del 60% desde 2007 y desapareció de seis localidades históricas de cría. La subespecie lusitanica, solo presente en Galicia y el norte de Portugal, “se encamina hacia una desaparición irremediable”, avisan.

Pero la lista de preocupaciones es larga: los ornitólogos piden que se incluyan en el catálogo de especies amenazadas la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), la garceta (Egretta garzetta), la focha común (Fulica atra) o la grajilla occidental (Coloeus monedula). En zonas húmedas y medios agrarios destacan como especialmente negativa la situación del zarapito real (mazarico real en gallego, Numenius arquata), del que queda una única pareja reproductora. Citan también la avefría (Vanellus vanellus), cuyos nidos son “arrasados por tractores en plena campaña agrícola” pese a que es una especie en peligro y el alcaraván común (pernileiro en gallego, Burhinus oedicnemus), del que quedan dos parejas en Corrubedo y algún núcleo residual en las comarcas de A Terra Chá y A Limia.

 En cuanto a las aves marinas, destacan al paíño europeo (Hydrobates pelagicus) con un descenso que califican de notable en su colonia principal, que relacionada con la presencia de depredadores como el visón americano, y el cormorán moñudo (Gulosus aristotelis), que no se ha recuperado del “colapso” que supuso el desastre del Prestige hace más de 20 años. También recalcan que Galicia resulta crucial para la pardela balear (Puffinus mauretanicus) como zona de paso en su migración. Esta especie atraviesa áreas que coinciden “peligrosamente” con zonas proyectadas para la eólica marina.

Algunas rapaces aparecen recurrentemente entre las especies con más riesgo: la tartaraña (aguilucho cenizo, Circus pygargus) y la gatafornela (aguilucho pálido, Circus cyaneus) pierden sus hábitats como consecuencia de la política forestal de la Xunta, señala la SGO, que recuerda que su declive es acentuado. El águila real (Aquila chrysaetos) registra una ligera expansión, pero sigue amenazada también por las extensiones de especies de cultivo como los pinos y el eucalipto, que señalan que son pirófitas y ardieron (fundamentalmente pinos) en los grandes incendios de agosto de 2025. Los especialista encontraron pocos motivos de optimismo en la jornada, pero señalaron como positivo el proyecto del colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) en Trives, en donde un programa privado de instalación de cajas nido permitió que se alcanzasen las mayores densidades mundiales, aseguran.

Falta de transparencia

La SGO también recordó especies ya extintas en Galicia: el arao (Uria aalge) ha desaparecido como reproductor, al igual que el sisón (Tetrax tetrax) y la gaviota tridáctila (Rissa tridactyla), mientras que el urogallo (pita de monte, Tetrao urogallus) hace años que no se encuentra en la comunidad.

Entre las denuncias de los ornitólogos están que la Xunta no presta atención a la conservación y destina recursos que califican de ridículos a la tarea. Además, la acusan de falta de transparencia porque en varios de los censos que realiza no difunde los datos para que la comunidad científica los pueda estudiar. Esta opacidad, dicen, obliga a que sean las iniciativas privadas y de voluntarios las que se ocupen de hacer un seguimiento de las poblaciones. Llaman la atención sobre que el catálogo de especies amenazadas está obsoleto. Hay especies que “viven en estado burocrático” en ese listado, pero en el terreno están desapareciendo. Otras deberían figurar en él, pero siguen sin incluirse. “Sin un cambio radical en la política de la Xunta que transforme los planes de papel en acciones sobre el terreno, la ornitología gallegga seguirá siendo la crónica de cómo nuestras aves aprendieron a desaparecer en un mar de burocracia”, concluyen.

La biodiversidad que Canarias aporta al mundo está a la altura de la de los archipiélagos más biodiversos como Hawái, la Polinesia en general, Galápagos o las Islas Mascareñas. En todos estos casos, la condición de archipiélago volcánico marca el curso de la vida, que necesariamente ha tenido que llegar de fuera y, tras quedarse aisladas, desarrollar sus propias características endémicas, como es el caso del pinzón azul de Gran Canaria, el lagarto gigante de El Hierro o el drago de Gran Canaria entre otros cientos.

Según la información disponible en el banco de datos oficial Centinela, el archipiélago cuenta actualmente con 457 especies silvestres protegidas, clasificadas en cuatro categorías definidas por la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Se trata de 130 especies “en peligro de extinción”, aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su situación continúan actuando; 91 especies “vulnerables”, taxones que podrían pasar al nivel anterior si no se corrigen los factores adversos o por la degradación de su hábitat; 98 especies de “protección especial”, merecedoras de atención por su valor científico, ecológico o cultural, aunque no se encuentren en riesgo alto; y 138 especies de “interés para los ecosistemas canarios”, relevantes por su papel en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos o en la Red Natura 2000.

Hábitat y ecosistemas

Para el doctor en Ciencias Biológicas José García Casanova, que no se adopten medidas eficaces y urgentes con los endemismos que se encuentran entre los 130 taxones en peligro de extinción significaría que esas especies “se nos van del mundo, no solamente de Canarias, del mundo, porque muchas de estas especies son exclusivas, endémicas, de nuestro archipiélago, una extinción a nivel mundial”, explica. 

“Vivimos en un archipiélago que, fuera de los trópicos, es uno de los puntos calientes de biodiversidad, porque alberga un montón de formas de vida que, fruto de la evolución de las especies cuando llegaron, han producido nuevas especies y esa aparición de nuevas formas de vida”. 

Para García Casanova, son los seres humanos que habitan las islas los que “con un estilo de vida socioeconómico determinado estamos reventando el territorio y el territorio contiene hábitats, ecosistemas y especies”, señala.

“La consecuencia lógica de esta transformación del territorio -y me refiero no solamente al territorio terrestre, sino también al marino- provoca que muchas de las especies, de las poblaciones de las mismas estén experimentando una igualmente acelerada modificación negativa”.

Entre las 130 en peligro más crítico, algunas ya han desaparecido en la naturaleza, en su estado silvestre, y solo se conservan gracias a que en su momento se guardaron semillas en bancos de germoplasma o, si se trata de animales, en algún centro de recuperación de fauna amenazada.

Figuras de protección

Una de las mayores preocupaciones es si se está actuando con celeridad y en relación con la fragilidad de los ecosistemas que contienen a estas especies. Para García Casanova, quien también fue técnico superior en la Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de Canarias, desde un punto de vista legislativo “si hablábamos de más de cien especies en peligro de extinción, solamente para esa categoría que la ley dice que hay que hacerle un plan de recuperación, no llegan ni al 10%”, asevera.

“Como se puede comprobar, frente a las 130 especies incluidas actualmente en el Catálogo Canario de Especies Protegidas con la categoría de ‘En peligro de extinción’ y a las 91 con la categoría de ‘Vulnerable’, que solo una docena tengan un plan de recuperación vigente es una realidad harto elocuente de que el Gobierno de Canarias suspende escandalosamente en lo que al cumplimiento de sus obligaciones en materia de Biodiversidad se refiere”.

La extinción de una especie

La posible sexta extinción masiva, provocada por la actividad humana -destrucción de hábitats, deforestación, contaminación y cambio climático-, amenaza con superar las cinco extinciones geológicas pasadas analizadas en ‘National Geographic’, ‘Revista Ciencias de la Tierra’ y ‘The Conversation’, según advierte la UNEP en sus datos sobre la crisis de la naturaleza.

Según expertos citados en estos análisis, la tasa de extinción actual es hasta mil veces superior a la natural, con un millón de especies en riesgo global. En contraste con eventos pasados (volcanes, asteroides), esta sería la primera provocada exclusivamente por nuestra especie, con efectos irreversibles en ecosistemas como los canarios.

La muerte del oso Cachou en la Val d'Aran ya tiene una serie de televisión, pero todavía no cuenta con fecha de juicio. La tardanza del juzgado de Lleida para señalar la vista oral de la que en su día fue la primera investigación secreta por la muerte de un oso en España desespera a los ecologistas que ejercen la acusación. “La Justicia es menos justa cuando va tan lenta”, lamenta Joan Vázquez, el portavoz de la entidad IPCENA.

El cuerpo del oso Cachou fue hallado sin vida el 9 de abril de 2020 en una zona boscosa del municipio aranés de Les, cerca de la frontera francesa. El cadáver se trasladó en helicóptero hasta el laboratorio de veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). En la primera necropsia ya se averiguó que el animal murió por intoxicación. Los análisis posteriores desvelaron que el veneno fue líquido anticongelante. No había sido un accidente, como había alegado en un primer momento el gobierno aranés.

La jueza instructora de Vielha se esmeró como pocas veces había ocurrido en una causa por la muerte de un oso. La investigación destapó una oposición inédita (y está por ver si delictiva) de los grupos de cazadores y ganaderos del Aran, vinculados muchos de ellos a familias poderosas y a la clase política del valle.

Más de un lustro después, Vázquez destaca que la tensión contra el oso “se ha rebajado mucho”. El portavoz ecologista lo atribuye al impulso investigador que la jueza dio al inicio del caso, que desveló un grupo organizado de más de 100 personas en contra de estos animales. “Nadie se pensaba que se llegaría tan lejos”, admite Vázquez, que recuerda que el resto de investigaciones sobre osos muertos en España terminaron en archivo.

Vázquez señala que la situación del oso ha mejorado. Así lo corroboran los datos oficiales: el grupo de seguimiento transfronterizo del oso pardo (GSTP) que integran Andorra, la Val d'Aran, Catalunya, Navarra y Aragón y las regiones pirenaicas francesas contabilizó en 2025 un total de 108 osos, catorce más que el año anterior.

El temor de las entidades ecologistas es que la tardanza del juicio por Cachou haga dar pasos atrás a la situación. “Es como si la Justicia pensara que juzgar los delitos medioambientales es menos importante”, agrega Vázquez. El retraso podría comportar que los acusados vieran rebajadas sus penas en caso de condena.

La lentitud se explica por diversos motivos: retrasos por el cambio de jueces en Vielha (una de las plazas con más rotación); el intento de los acusados de anular el caso porque la primera instructora escribió, un año después de dejar el juzgado, un artículo en el que mencionaba la causa (no lo consiguieron); y, a finales de 2025, un error formal (en el auto de apertura de juicio oral no se habían concretado todas las responsabilidades civiles) que ya ha sido enmendado.

En el banquillo del futuro juicio se sentarán A.M., agente de Medio Ambiente (y por entonces encargado del equipo de seguimiento y control del oso) del Conselh Generau d'Aran, el gobierno del valle; y José Antonio Boya Quintana, conseller de Territorio del Conselh entre 2015 y 2019 y ganadero y cazador. Ambos solicitan su absolución.

La Fiscalía les reclama dos años y tres meses, y dos años y cuatro meses de cárcel, respectivamente, mientras que la Generalitat les pide una indemnización de 35.000 euros para resarcir los daños causados. En la causa también están personadas como acusaciones populares IPCENA y el Fondo para la Protección de Animales Salvajes, la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) y Acción Legal Animalista.

En su escrito de acusación, el abogado de IPCENA, Eduardo Gil, destaca que la muerte de Cachou supuso “una pérdida muy importante” en términos de biodiversidad en el Pirineo, ya que buscaba mermar las poblaciones oseras.

Los mayores indicios contra los acusados se encontraron en los grupos de WhatsApp “Plataforma anti osos” y “Asociación del Caball Pirenaico” y en las charlas telefónicas que mantuvieron mientras no sabían que estaban siendo grabados por orden judicial.

La tesis acusatoria es que ambos acusados divulgaron datos reservados sobre la ubicación de Cachou que solo podían conocer por el empleo como agente de Medio Ambiente de uno de ellos. Por eso además de un delito contra la fauna también están acusados de revelación de secretos.

La investigación ha puesto de manifiesto que ambos acusados también se informaron sobre la ubicación de otro oso, Goliath, en julio de 2020. “¿Tú no sabes dónde está el oso ahora?”, preguntó Boya al otro acusado, que no dudó en indicarle la ubicación del animal. “A ver si los podemos matar a todos”, apostilló el acusado en otra charla intervenida por orden de la jueza.

Al agente de Medio Ambiente también se le atribuye el envenenamiento de Cachou porque, en algunos pinchazos, manifestó a sus interlocutores que los Mossos d'Esquadra estaban buscando anticongelante, tal y como ocurrió en el registro realizado en su domicilio. Y también porque en una conversación por WhatsApp manifestó que se le podía “caer el pelo” por la muerte del oso.

El aumento de la mariposa monarca en los bosques mexicanos refleja el impacto de las políticas de conservación, aunque la especie sigue amenazada por el cambio climático, los pesticidas y la pérdida de hábitat.

Sin embargo, el último año la especie ha sufrido un respiro inesperado. Según datos publicados por WWF México, la superficie ocupada por estos insectos en sus zonas de hibernación en el país aumentó un 64% en el invierno de 2025-2026, alcanzando las 2,93 hectáreas frente a las 1,79 del año anterior, el nivel más alto desde 2018.

Este dato es especialmente relevante para una especie como Danaus plexippus, considerada en riesgo por su drástica caída en las últimas décadas. Cada año, millones de ejemplares recorren cerca de 4.800 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de México, protagonizando una de las migraciones más impresionantes del planeta.

Claves de la recuperación

Uno de los factores más importantes ha sido la mejora en la protección de los bosques dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, donde la tala ilegal ha caído de forma drástica en los últimos años. Según WWF, se ha pasado de cientos de hectáreas afectadas a apenas 2,55 hectáreas entre 2024 y 2025.

Esta reducción responde a políticas de conservación más estrictas y a la colaboración entre comunidades locales, autoridades y organizaciones internacionales. La mariposa monarca se ha convertido, de hecho, en un símbolo de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.

Otro elemento clave ha sido el clima. Según el informe conjunto de WWF y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, condiciones más favorables durante la migración y la hibernación han permitido una mayor supervivencia. Pese a ello, la recuperación sigue siendo limitada. La población actual está muy lejos de los niveles históricos: en 1995 ocupaba más de 18 hectáreas, frente a las menos de 3 actuales. Según el U.S. Fish and Wildlife Service, serían necesarias al menos 6 hectáreas para garantizar la supervivencia de la especie a largo plazo.

El principal problema se encuentra fuera de México. En Estados Unidos, el uso intensivo de herbicidas ha reducido el algodoncillo, la planta esencial para la reproducción de la especie. Sin ella, las orugas no pueden desarrollarse, lo que limita el crecimiento de la población. A esto se suma la presión sobre los bosques mexicanos, especialmente por la expansión agrícola. Aunque la tala ilegal ha disminuido, la pérdida de hábitat sigue siendo una amenaza constante.

Aun así, el aumento del 64% marca un punto de inflexión. Demuestra que la conservación funciona, pero también que el equilibrio es frágil. El futuro de la mariposa monarca dependerá de mantener estos esfuerzos en todo su recorrido migratorio.

El Bioparc de Fuengirola (Málaga) tiene nuevo inquilino. El zoológico ha anunciado la incorporación de un ejemplar macho de cocodrilo enano africano (Osteolaemus tetraspis), una de las especies de cocodrilo más pequeñas y menos conocidas del mundo. El ejemplar se une así a la hembra que ya albergaba el parque, un traslado que se enmarca dentro de los programas internacionales de conservación de especies amenazadas.   

Según ha informado el parque en un comunicado, el reptil llega procedente del zoológico de Barcelona y el traslado se ha realizado siguiendo “estrictos protocolos de bienestar animal y cooperación entre instituciones zoológicas”. 

El objetivo de esta alianza es compartido: que el macho de cocodrilo enano africano forme pareja con la hembra, favoreciendo su reproducción y creando poblaciones estables bajo cuidado humano, para así contribuir al conocimiento científico y a la protección de especies amenazadas.

Un animal principalmente nocturno

El cocodrilo enano africano es una especie especialmente singular dentro del grupo de los cocodrilianos. El primer motivo: su tamaño. A diferencia de sus parientes más populares, como el cocodrilo del Nilo, este reptil raramente supera los dos metros de longitud, lo que le convierte en el cocodrilo más pequeño del mundo. 

No solo se le conoce como el cocodrilo más pequeño del mundo, sino que su tamaño reducido, su comportamiento reservado y su preferencia por zonas densamente vegetadas de ríos y humedales le han valido el sobrenombre de “cocodrilo pigmeo”.

Su observación no es fácil, tanto por su tamaño como por su comportamiento. De acuerdo con el parque, originario de los bosques tropicales y pantanos del África occidental y central, pasa gran parte del tiempo oculto entre la vegetación o refugiado en madrigueras excavadas en las orillas. 

Además, el personal de Bioparc Fuengirola recuerda de que se trata de un animal principalmente nocturno, que se alimenta de peces, crustáceos, anfibios y pequeños vertebrados. A pesar de todo, animan al público a visitar el centro para su observación. 

Una especie vulnerable

La situación del cocodrilo enano africano es delicada, porque se enfrenta a numerosas amenazas: la pérdida de hábitat causada por la deforestación, la degradación de los ecosistemas acuáticos y la caza ilegal. Todos estos factores han contribuido a un descenso de sus poblaciones en distintas regiones de África. 

Además, eso explica, en parte, que se hayan puesto en marcha programas de conservación ex situ y que esté catalogado como Vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Un juguetón lince ibérico de Ciudad Real es el protagonista de la fotografía ganadora del galardón del público de los Premios al Fotógrafo de Vida Salvaje del Año 2026 (Wildlife Photographer of the Year), que entrega cada año el Museo de Historia Natural de Londres. Con el título 'Roedor volador', la instantánea tomada por el fotógrafo austriaco Josef Stefan ha sido la vencedora en una edición con un récord de participantes, con más de 85.000 votos.

El premio del público Nuveen del prestigioso certamen de fotografía, cuyos ganadores de su edición de 2026 fueron anunciados en el mes de octubre, se entrega a la imagen más votada por el público entre una lista preseleccionada de 24 fotografías. Las nominadas fueron seleccionadas con anterioridad por un jurado internacional formado por expertos en fotografía, vida salvaje, conservación de la naturaleza y científicos, así como con la participación del Museo de Historia Natural británico.

Josef Stefan tuvo la oportunidad de tomar su fotografía durante las dos semanas que pasó observando a los linces ibéricos desde un escondite cerca de la localidad de Torre de Juan Abad, en la provincia manchega de Ciudad Real. El fotógrafo, nacido en Hollabrunn (Austria) en 1959, es miembro de la Asociación Austriaca de Fotografía de Animales y Naturaleza desde 1993 y formó parte de su junta directiva durante 15 años.

La imagen vencedora muestra a un joven lince lanzando a un roedor al aire antes de matarlo y comérselo, un comportamiento habitual de esta especie de felinos salvajes. Según explicó el fotógrafo a la organización, el macabro juego duró unos 20 minutos hasta que el lince ibérico se aburrió y se llevó al pequeño roedor tras un arbusto para comérselo.

Stefan explica que, a principios de siglo, la especie estaba al borde de la extinción y que, hoy en día, hay más de dos mil ejemplares gracias a los esfuerzos de conservación mantenidos. “El lince ibérico es un símbolo vivo de la esperanza, que muestra lo que puede ocurrir cuando somos responsables, actuamos en conciencia y centramos nuestra atención donde es más necesaria”, asegura el fotógrafo.

De hecho, en el último censo disponible, del año 2024, se contabilizaron 2.401 ejemplares en la península ibérica, 2.047 felinos en territorio español y otros 354 que medran en Portugal. De acuerdo con los datos del Ministerio de Transición Ecológica, la población de linces ibéricos creció un 19% entre 2023 y 2024, cuando oficialmente abandonó la categoría de “especie en peligro de extinción” tras dos décadas en ella. Las principales poblaciones de la especie se encuentran en la comunidad de Castilla-La Mancha, con más de 900 animales.

Además de la fotografía vencedora, otras cuatro imágenes han sido “altamente elogiadas” por la organización del galardón. Entre ellas se encuentra una de un grupo de flamencos frente a unas torres de energía eléctrica en Walvis Bay, Namibia. La imagen fue tomada por Alexandre Brisson en el país africano.

La organización del premio explica que Brisson llegó a este santuario de aves tras un viaje por carretera de 10 horas, justo cuando se estaba poniendo el Sol. Una foto que muestra cómo incluso los espacios dedicados a la protección de la vida salvaje muestran señales de la imparable expansión humana.

Otra de las instantáneas que han recibido este reconocimiento especial es la que muestra a un grupo de osos polares, formado por una madre osa y sus tres oseznos, durante una pacífica pausa en un día de verano en la costa de la Bahía Hudson, en Canadá. La fotografía es obra de Christopher Paetkau. Una imagen cada vez más difícil de ver.

Otra de las imágenes “altamente elogiadas” por el concurso, ha sido la presentada por Kohei Nagira, que muestra una escena difícil de apreciar en la naturaleza: un ciervo sika portando sobre su cornamenta la cabeza arrancada del cuerpo de un macho rival tras acabar con su vida en una pelea mortal.

En la época de otoño, los machos de esta especie de ciervos oriunda de Japón, luchan entre ellos por las hembras chocando sus cuernos. En este caso, el protagonista de la imagen venció la batalla, pero las cornamentas de ambos se quedaron enganchadas y no pudieron separarse. Un pescador local afirmó que el ciervo estuvo durante días arrastrando el cuerpo completo de su rival fallecido hasta que finalmente logró arrancar su cabeza.

Kohei pudo observar al ciervo en la península de Notsuke, en la región japonesa de Hokkaido, entre finales de noviembre de 2020 y abril de 2021. Aunque vivía de forma solitaria, siguió buscando hierba y ramas para alimentarse y logró sobrevivir el invierno.

Finalmente, la otra instantánea a la que se hace una mención especial es la tomada por Will Nicholls en el Parque Nacional Jasper de Canadá, y que muestra la silueta de un par de oseznos jugando en medio de una carretera, absortos en su pelea infantil ante la llegada de un coche.

El director del Museo de Historia Natural de Londres, el doctor Douglas Gurr, afirma que “ha sido maravilloso ver cómo llegaban todos los votos para elegir la fotografía que sería exhibida aquí en el Museo de Historia Natural” y destacó que la selección de imágenes de este año ha sido “realmente excepcional”.

La imagen ganadora y los cuatro accésits serán exhibidas en la exposición de este año del Fotógrafo de Vida Salvaje del Año (Wildlife Photographer of the Year) que tiene lugar en este museo británico y que estará abierta hasta el próximo 12 de julio.

La creación de un Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM2), presentado como un “complejo científico de primer nivel al servicio de la recuperación del ecosistema”, es el último as en la manga del Gobierno de la Región de Murcia para afrontar el desastre ecológico crónico provocado por décadas de contaminación agraria, urbanización masiva y falta de gestión medioambiental de la laguna salada más importante de Europa, en estado crítico.

La iniciativa, presupuestada en unos 12 millones de euros y que será financiada con fondos europeos y de la propia comunidad autónoma, ha sido anunciada por el presidente autonómico, Fernando López Miras (PP), quien augura que se convertirá en “una herramienta clave para la conservación de la biodiversidad” del Mar Menor.

Según el Ejecutivo autonómico, el centro, que se construirá en la antigua terminal de aeródromo de San Javier, se orientará a la investigación, reproducción y reintroducción de especies, así como al seguimiento científico del estado ecológico del Mar Menor. El proyecto se enmarca en el discurso institucional que apuesta por la innovación tecnológica y la ciencia como pilares de la recuperación ambiental.

Sobre el papel, la propuesta resulta difícilmente cuestionable: reforzar la investigación, dotar de infraestructuras científicas y proteger la biodiversidad son medidas necesarias para poner freno a lo que muchos consideran un ‘ecocidio’. Sin embargo, el contexto en el que se produce este anuncio obliga a ir más allá de su formulación y preguntarse si se trata de un cambio de rumbo real o de una estrategia política que prioriza el impacto mediático frente a las soluciones estructurales.

Una crisis ecológica prolongada

Para valorar la eficacia potencial de este nuevo centro, es imprescindible recordar la situación actual del Mar Menor, que lleva más de una década sumido en una profunda crisis ecológica.

La laguna ha sufrido episodios recurrentes de eutrofización, provocados principalmente por la entrada masiva de nutrientes (especialmente nitratos) procedentes de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena. Este exceso de nutrientes genera proliferaciones de fitoplancton que reducen la transparencia del agua, alteran el equilibrio ecológico y, en episodios extremos, provocan anoxia (falta de oxígeno).

Las consecuencias han sido dramáticas: mortandades masivas de peces y crustáceos en 2019, 2021 y otros episodios posteriores, colapso de hábitats submarinos, desaparición de praderas de fanerógamas marinas y una pérdida generalizada de biodiversidad.

A ello se suman otros factores como la urbanización intensiva del litoral, la presión turística, la alteración de ramblas y cauces naturales, y el impacto del cambio climático, que agrava los episodios de lluvias torrenciales y escorrentías contaminantes.

En este contexto, la pregunta clave es evidente: ¿puede un centro científico revertir una crisis que tiene causas estructurales profundamente vinculadas al modelo productivo y territorial?

La voz de la ciencia y el ecologismo

Para Julia Martínez Fernández, doctora en Biología, profesora asociada de Ecología en la Universidad Miguel Hernández de Elche y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, donde coordina la actividad científico-técnica de dicha entidad, dedicar recursos a la conservación y a la recuperación de la biodiversidad —en este caso de las especies del Mar Menor— “es siempre una buena noticia”.

Ahora bien, la eficacia real de esa inversión depende de varios factores, explica Martínez. “No es lo mismo disponer de una nueva instalación que disponer de una nueva instalación que funcione realmente”. Es decir, “sabemos que el edificio costará doce millones, pero conocemos mucho menos o nada de cuál va a ser la inversión anual garantizada para dotar a ese edificio de todo el personal científico, técnico y administrativo necesario”.

Para la experta, si atendemos la trayectoria del Gobierno regional en materia de financiación de la investigación y, sobre todo,de la que tiene que ver con los profesionales dedicados a la gestión ambiental, “la verdad es que hay muchas dudas de que el capítulo de personal esté garantizado de forma suficientemente amplia y consolidada a largo plazo”.

Otra de las reflexiones de Martínez tiene que ver con uno de los objetivos importantes del futuro centro: la conservación ex situ, o sea, fuera de la laguna, de especies amenazadas como el caballito del mar o la nacra (Pinna nobilis), para que puedan ser reintroducidas en la laguna. Al respecto, opina que “no conviene olvidar que la estrategia más eficaz, económica y con menor riesgo ambiental para recuperar la biodiversidad es la restauración natural y la conservación in situ. ”La prioridad debe ser eliminar las presiones que afectan a la laguna y que sea la propia dinámica del ecosistema lagunar la que recupere la buena salud de las especies“, insiste Martínez.

Esta reconocida investigadora también pone el foco en las “incoherencias” del Gobierno regional en relación con la biodiversidad del Mar Menor: “por un lado está dedicando doce millones de euros a la construcción de este centro, mientras el mes pasado votó en contra de la propuesta del Gobierno central de declarar la anguila europea en peligro de extinción y, por tanto, protegerla”.

Hablamos de una especie clasificada en peligro crítico de desaparición por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza desde 2008. La única población de esta especie en la Región de Murcia está, precisamente, en el Mar Menor, donde este pez migratorio pasa una de las etapas de su vida. “Como custodios temporales de esta especie, tenemos una responsabilidad internacional muy importante para evitar su extinción, y el Ejecutivo de López Miras se aparta de ella”, se lamenta Martínez. “Ahí se demuestra que la política ambiental de la comunidad autónoma no es integral ni coherente”, concluye.

Francisca Giménez Casalduero, catedrática de Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante, atesora más de tres décadas de experiencia en la investigación y la gestión de las zonas marinas y costeras, contaminación marina y los efectos de las actividades humanas sobre los sistemas biológicos. Para esta experta,el anuncio del OM2 es “muy positivo” en tanto constituye la continuidad del proyecto del Banco de Especies del Mar Menor, impulsado por el Acuario de la Universidad de Murcia (UMU) y el Gobierno Regional para mantener el “stock genético” de las especies más emblemáticas de la laguna a raíz de las crisis de eutrofización, y que considera “exitoso”. La experta también cree un acierto la reutilización de una infraestructura ya existente. Otro de los aspectos loables de esta inversión —en el que coincide con Julia Martínez— es la labor divulgativa que puede hacerse del ecosistema lagunar.

A pesar de ello, también considera que si las actuaciones para la recuperación de la biodiversidad de la laguna se limitan en exclusiva a la creación de este centro “serán insuficientes”. “Esta es una acción importante y necesaria, pero debe ser complementaria a otras que deben realizarse. Y las primeras son disminuir las presiones externas”, asegura.

Para José Antonio García Charton, doctor en Biología, profesor de Ecología e investigador responsable del grupo ECOMARE —enfocado en los efectos ecológicos de la protección en reservas marinas del Mediterráneo— en la Universidad de Murcia, el futuro OM2 puede llegar a ser “una infraestructura de muchísimo valor para impulsar la investigación científica, sobre todo en función de los proyectos que se desarrollen”.

Sin embargo, para García Charton “nada sustituye a una verdadera gestión integrada de la laguna”. Todo lo que tenga que ver con la conservación de especies fuera de su medio y sin tener en cuenta la protección del Mar Menor y los impactos que recibe, sería un esfuerzo inútil. Por eso, espera que la inversión “no se desconecte de la investigación en el medio natural ni de la toma de decisiones respecto a la situación de la laguna”.

Como él, otros especialistas también han alertado de que la reproducción en cautividad y la reintroducción de especies, aunque útiles en determinados contextos, no garantizan la recuperación si el ecosistema sigue degradado. Reintroducir especies en un medio hostil equivale, en palabras de algunos investigadores, a “llenar un vaso roto”.

Por su parte, desde organizaciones ecologistas se ha advertido en repetidas ocasiones del riesgo de apostar por soluciones “cosméticas” o tecnológicas que no abordan las causas profundas. En este sentido, la creación de un centro de especies es algo “a priori positivo”, aunque hay dudas de que más allá de financiar la obra luego se disponga de partida presupuestaria para dotar las instalaciones de suficiente personal científico y cualificado para su desarrollo.

Además, si no va acompañada de cambios estructurales como la reducción del aporte de nutrientes, el control del regadío ilegal, la restauración de zonas de amortiguación (como humedales y filtros verdes) y la eliminación de la expansión agrícola, no conseguiremos la recuperación real del ecosistema y de sus especies más amenazadas, y puede convertirse en otra medida ineficaz y multimillonaria más, que no sirva realmente para solucionar el problema, como resume Pedro Luengo, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción.

Responsabilidad política y conflicto de intereses

Y es que la crisis del Mar Menor no es solo ambiental; también lo es política. Durante años, diferentes administraciones han permitido —por acción u omisión— un modelo de desarrollo insostenible.

El Gobierno regional gobernado por el Partido Popular ha sido especialmente señalado por su falta de contundencia frente al regadío ilegal y por su defensa de los intereses del sector agrícola intensivo. A pesar de la aprobación de normativas para limitar la contaminación, su aplicación ha sido irregular y, en muchos casos, insuficiente.

Las posturas de determinados colectivos de regantes han contribuido a dificultar la adopción de medidas más estrictas. Parte del sector ha negado su responsabilidad en la degradación de la laguna o ha minimizado su impacto, atribuyendo la crisis a factores naturales o a episodios puntuales de lluvias.

Por su parte, partidos como Vox han adoptado posiciones aún más negacionistas respecto a la dimensión ambiental del problema, rechazando restricciones al regadío y cuestionando el consenso científico. En febrero de este año, el recientemente defenestrado por su partido, José Ángel Antelo, registró en la Asamblea Regional de Murcia una proposición de ley para reformar la actual Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor que, según la formación ultra, criminaliza a los agricultores.

En este contexto, el anuncio del centro científico puede interpretarse como un intento de desplazar el foco del debate: de la regulación del modelo productivo a la inversión en infraestructuras científicas. Sin embargo, sin una voluntad política clara para abordar los intereses económicos en juego, cualquier medida técnica corre el riesgo de quedarse en un parche.

Biodiversidad en riesgo: el caso del caballito de mar

El Mar Menor alberga una biodiversidad singular, con especies adaptadas a sus condiciones únicas de salinidad y temperatura. Sin embargo, los episodios de colapso que ha sufrido la laguna, y que la han llevado a convertirse en una verdadera 'sopa verde', han hecho que muchas de ellas se encuentren en retroceso.

Uno de los casos más emblemáticos es el del caballito de mar de hocico largo (Hippocampusguttulatus), cuya población ha sufrido un declive drástico en las últimas décadas. Este pequeño pez, convertido en símbolo del Mar Menor, depende de hábitats como las praderas de fanerógamas marinas, que han sido gravemente afectadas por la eutrofización.

La reciente decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de incluir al caballito de mar en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de vulnerable, refleja la gravedad de su situación. La pérdida de hábitat, la contaminación y las alteraciones del ecosistema han reducido sus poblaciones a niveles críticos: en sólo una década, se ha pasado de 196.000 ejemplares a apenas 800.

Aquí es, precisamente, donde iniciativas como el Centro de Especies podrían tener un papel relevante: programas de cría en cautividad, investigación sobre su biología y proyectos de reintroducción podrían contribuir a su conservación.

Sin embargo, la experiencia en otros ecosistemas muestra que estas medidas solo son efectivas si se restauran previamente las condiciones ambientales. Sin praderas marinas saludables, sin aguas limpias y sin estabilidad ecológica, el caballito de mar —y muchas otras especies— difícilmente podrán recuperarse de forma sostenible.

Europa vigila: advertencias y futuro incierto

La crisis del Mar Menor no ha pasado desapercibida en Europa. La Comisión Europea ha abierto procedimientos de infracción contra España por el incumplimiento de normativas ambientales, especialmente en relación con la Directiva de Nitratos.

Las advertencias europeas han sido claras: es necesario reducir la contaminación agrícola, mejorar la gestión del agua y garantizar la protección efectiva del ecosistema. Los fondos europeos, que ahora se presentan como una oportunidad para financiar el nuevo centro, también están condicionados al cumplimiento de objetivos ambientales.

Esto plantea una paradoja: Europa financia parte de la solución, pero al mismo tiempo exige corregir las causas del problema. Si las administraciones no cumplen con estas exigencias, no solo estará en riesgo la recuperación del Mar Menor, sino también la continuidad de la financiación.

De cara al futuro, el escenario sigue siendo incierto. Existen señales positivas, como el otorgamiento —gracias a una iniciativa legislativa popular— de personalidad jurídica al ecosistema lagunar del Mar Menor (y, por tanto, sujeto de derecho) o el aumento de la conciencia social. Sin embargo, los avances son lentos y a menudo se ven contrarrestados por la inercia de intereses económicos y políticos.

Así que la eficacia de este proyecto dependerá fundamentalmente de si se integra en una política ambiental coherente, basada en la reducción de la contaminación en origen, la regulación del modelo agrícola y la restauración de los ecosistemas.

Si, por el contrario, se utiliza como un elemento de marketing político destinado a proyectar una imagen de compromiso sin afrontar las decisiones difíciles, el riesgo es evidente: que se convierta en otro anuncio grandilocuente que no cambie el rumbo del Mar Menor.Como advierten los expertos, la laguna no necesita solo más ciencia; necesita, sobre todo, más valentía política.

En contra del criterio científico, ninguna comunidad autónoma tolera que se detenga la pesca de angulas para intentar salvar a la especie de la extinción. La propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de incluir a la anguila (Anguilla anguilla) como “en peligro” dentro del Listado de protección especial ha sido rechazada este martes.

Las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares se mostraron contrarias a la propuesta del Gobierno, según fuentes de la reunión. Galicia se ha atribuido la vanguardia del rechazo. “Hemos frenado” la declaración como especie en peligro, ha expresado la delegación de la Xunta.

Catalunya, Navarra, La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Madrid, Castilla la Mancha, el País Vasco y Andalucía –donde ya está prohibida su explotación– han condicionado su posición a la información adicional que debe salir de un grupo de trabajo específico que va a organizarse.

La medida tenía el aval del Comité Científico del Ejecutivo expresado en un dictamen de 2020 y otro de 2023 donde se apunta a la sobrepesca de alevines (las angulas) como una de las causas del declive de las poblaciones. También está respaldada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN) que considera a la anguila europea en “peligro crítico” y del Consejo Internacional para la Explotación del Mar (ICES en inglés) que, en noviembre pasado, recomendó que, si se aplica un criterio de precaución, “no debería haber capturas en 2026” tanto comercial como recreativa.

La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha reflexionado que “lo hemos intentado tres veces, pero somos un ministerio resiliente. Seguiremos intentándolo las veces que sean posibles anclándonos en el rigor y el conocimiento científico”.

En sus casi 20 años de historia, el 'Catálogo Galego de Especies Ameazadas' ha sido actualizado solo en dos ocasiones, la última de ellas en 2014. Contiene, desde entonces, un total de 201 especies, de las que 125 figuran como vulnerables y las otras 76, como en peligro de extinción. Los escasos movimientos de la Xunta en la materia son, según los expertos, un problema: el listado no es un reflejo fiel de todos los riesgos ni los recoge en su verdadera magnitud porque hay casos en los que la situación ha empeorado, pero no su categoría dentro del catálogo.

Que la lista lleve 12 años sin incorporar cambios no se debe a que no haya propuestas para actualizarla. Entidades de defensa de la naturaleza presentaron solicitudes para incluir a la camariña (Corema album), una planta que crece en sistemas dunares, pero fue rechazada por el Gobierno gallego, pese a la opinión de los expertos de que debía figurar en el catálogo. Las peticiones sobre la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), con un acusadísimo declive, no han recibido respuesta. La propuesta más reciente que se ha puesto sobre la mesa de la Consellería de Medio Ambiente es la de dar protección al salmón atlántico (Salmo salar L.), con una población que está actualmente “muy por debajo del límite para garantizar la viabilidad”.

Desde que se creó el catálogo en 2007 hubo dos modificaciones: una fue en 2011 para incluir las especies que figuraban en el listado estatal y, a petición de la asociación ecologista Adega, el carballo anano (un tipo de roble, Quercus lusitanica). En 2014, tras solicitarlo la Universidade de Santiago de Compostela, se volvió a hacer una ampliación para inscribir también un tipo de helecho, el Cheilanthes guanchica C. Bolle. Desde entonces, no ha habido movimientos. La Consellería de Medio Ambiente no ha respondido a las preguntas sobre este asunto remitidas por este periódico.

El biólogo Serafín González, presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ve el catálogo desfasado y protesta por lo que califica de “interlocución difícil” con la Consellería de Medio Ambiente, dirigida por Ángeles Vázquez, tanto para actualizarlo como para poner en marcha otras medidas de protección de especies vulnerables. “Lo peor de todo es que no se hace lo que exige el decreto [por el que se creó el catálogo en 2007]: no se están aprobando los planes de conservación para las especies vulnerables ni los de recuperación para las que están en peligro de extinción”, critica. Se refiere a que, de las 201 especies que figuran como amenazadas, solo tres tienen una estrategia de protección aprobada y una más, el oso pardo, sigue pendiente de una revisión del documento que se le aplica desde 1992.

La situación se mantiene inmutable a pesar de que la propia norma gallega obliga a desarrollar esos planes, de que se llegaron a encargar -y se entregaron- los estudios para varias decenas de especies y de la promesa que, en 2017, hizo el actual presidente del PP, que era entonces el jefe del Gobierno gallego. Alberto Núñez Feijóo anunció, en la presentación de la ley gallega de patrimonio natural, que en 2020 habría planes de recuperación o conservación para 45 especies. No se aprobó ni uno.

El secretario técnico de la asociación ecologista Adega, Fins Eirexas, pide ampliar y actualizar el listado de especies amenazadas de Galicia. Señala que hay especies en declive que no están recogidas y que, de entre las que sí forman parte, las hay que han empeorado su situación y deberían aparecer como en peligro de extinción y no como vulnerables. “La Xunta no hace y deja que siga el declive. Algunas posiblemente ya habrán desaparecido de algunos lugares”, critica. Tanto Eirexas como González citan el caso de la gaviota patiamarilla. En una primera petición para darle protección hecha por la SGHN se consideraba que debía estar entre las vulnerables. Ahora, señala el presidente de la sociedad, ya tendría que estar en el siguiente nivel, el que alerta de su extinción. Pero esas solicitudes no han tenido respuesta por parte del Gobierno gallego, afea.

El portavoz de Adega enfatiza que, si una vez están en el catálogo no se elaboran los planes de conservación o recuperación, las especies “solo están protegidas en un papel”. Sostiene que haber desarrollado los documentos de las que ya están en el listado habría frenado en seco proyectos, como el de Altri, que han superado el examen ambiental de la Xunta. Y va más allá: acusa al Gobierno gallego del PP de tener las estrategias congeladas precisamente para evitar interferencias con planes empresariales. En el caso de la macrocelulosa planteada para Palas de Rei (Lugo), constan 27 especies amenazadas en el terreno en el que se levantaría. Tres de ellas son tres plantas que solo crecen en esa zona, en ninguna otra del mundo, y que ya obligaron a cambiar una autovía.

Eirexas pone el foco en que no ha habido avances en más de una década en cuanto a los planes de protección -el más reciente, el de la píllara das dunas, está en vigor desde 2014- a pesar de que se encargaron las asistencias técnicas para elaborarlos y de que los estudios fueron entregados. Pero, protesta, se quedaron en un cajón. “Eso es prevaricación omisiva, que es un delito”, sostiene. La vía judicial es, para Adega, una de las que está resultado más útil en defensa de los valores naturales. Pone como ejemplo las decenas de proyectos eólicos paralizados por la posibilidad de daño ambiental irreparable. Sin embargo, el secretario técnico de la asociación considera que es muy complicado llevar a la Xunta ante la Justicia por su inacción. El freno, expone, son los elevados costes económicos que podría suponer.

El órgano consultivo, sin convocar el año pasado

El Observatorio Galego da Biodiversidade se creó en 2007 como un órgano de asesoramiento de la Xunta para la conservación de las especies. El decreto que lo regula señala que, para ejercer sus funciones de forma eficaz, la Xunta necesita “información detallada y pormenorizada” de la evolución de las especies. Esa es una de las tareas que encomienda a este observatorio, que también opina, aunque su postura no es vinculante, sobre las posibles ampliaciones o cambios en el catálogo de especies amenazadas. Fue lo que ocurrió en las dos modificaciones de este listado: la inclusión del roble Quercus lusitanica y del helecho Cheilanthes guanchica C. Bolle se abordaron en este órgano, en el que están representados responsables de la Consellería de Medio Ambiente, de las tres universidades gallegas, expertos nombrados específicamente y miembros de dos asociaciones de defensa de la naturaleza (que, en este caso, son Adega y la Sociedade Galega de Historia Natural).

Serafín González se queja de que ese carácter no vinculante hace que la Xunta no haga caso en algunas ocasiones de las opiniones de los expertos. Recuerda el caso de la camariña y señala que los estudiosos de la flora vascular se mostraron de acuerdo con que se incluyese en el catálogo, pero el Gobierno gallego lo rechazó. Critica que la opinión expresada “con poco disimulo” por la Consellería de Medio Ambiente en algún observatorio es que, de modificarse este listado de especies amenazadas, sea para reducir el número. Tanto el representante de la SGHN como el de Adega hablan de incumplimientos en este órgano. El decreto que lo regula establece que debe reunirse, como mínimo, una vez al año, pero no hubo ninguna convocatoria en 2025, señalan.

El presidente de la SGHN califica la actitud de la Consellería con respecto a la protección de especies de “beligerante, pero para mal”. Cita la insistente batalla por poder cazar al lobo ibérico y la estupefacción de las asociaciones ecologistas que tuvieron que reclamar que se prohibiese abatir ejemplares de especies en peligro de extinción, como la avefría y la agachadiza. Sobre esta última relata que se logró la prohibición en unos pocos municipios de Ourense donde cría, pero no en el resto. “Son cosas que no tienen sentido”, lamenta.

Al principio, a los investigadores les sorprendió la cantidad de avisos de personas que habían visto caballitos de mar en aguas del puerto de Vigo. Estos animales buscan zonas tranquilas y los muelles, con más turbidez, movimiento de barcos y contaminación acústica, no parecían la mejor opción para dar con ellos. Sin embargo, ahora el biólogo Jorge Hernández Urcera, del Instituto de Investigacións Mariñas (IIM) de Vigo, le encuentra una lógica a que haya ejemplares buscando refugio ahí. Señala que siempre hay alguna zona con pocas perturbaciones y con alimento y que los amarres les proporcionan sitios a los que agarrarse. Para facilitarles la tarea, el IIM va a instalar en los próximos meses cuatro estructuras submarinas para crear arrecifes artificiales en Vigo que puedan resultar acogedores para los hipocampos.

Urcera explica, en conversación con elDiario.es, que los caballitos de mar son vulnerables. En Galicia, y en las aguas del resto de la Península y Baleares, se pueden encontrar dos tipos: el Hippocampus guttulatus y el Hippocampus hippocampus. Ambos están incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Como otras especies, están perdiendo su hábitat preferencial en Galicia. En este caso, son las praderas de zostera, una planta acuática que está en retroceso por la contaminación y otros efectos de las actividades humanas, como artes de pesca agresivas que se emplean, por ejemplo, para extraer bivalvos desde embarcaciones. En el Mediterráneo, las praderas de posidonia tienen algo de protección, pero la zostera no, avisa el experto.

Como respuesta a esta pérdida de hábitat, estos peces han buscado otros lugares en los que instalarse y por eso han empezado a aparecer en puertos. Al encontrarse con varios avistamientos en el de Vigo, los investigadores le propusieron a la Autoridad Portuaria un plan para sumergir en sus aguas cuatro estructuras para crear arrecifes artificiales y estudiar durante un año si los caballitos de mar se instalan allí. Se han diseñado dos modelos diferentes, hechos de hierro corrugado, siguiendo la guía de un proyecto similar que ya se ha llevado a cabo en Sidney (Australia). Las estructuras están construyéndose y después pasarán entre mes y medio y dos meses “madurando”, es decir, sumergidas para que se les incrusten algas e invertebrados.

Después se van a colocar en dos puntos distintos: en los Peiraos do Solpor de Bouzas y en la zona del visor submarino de A Laxe. Urcera explica que son similares a jaulas, con paredes que miden un metro por un metro y que llevan instalados otros hierros y cabos para que los caballitos se puedan agarrar, una necesidad de esta especie, que se sujeta a algún elemento con la cola para consumir menos energía. En esa postura, se alimentan de forma constante porque no tienen estómago.

El investigador del IIM señala que el equipo hará una inmersión cada mes para hacer un seguimiento del programa piloto: comprobar si hay caballitos de mar en las estructuras, hacerles fotos, verificar si siguen allí los mismos en visitas posteriores o se han incorporado otros ejemplares, identificar si prefieren un modelo u otro. Si la prueba tiene éxito, el plan más a largo plazo es presentarla para recibir más financiación -este año es la Autoridad Portuaria la que aporta fondos- y poder instalar más arrecifes artificiales en otras zonas de la ría de Vigo e incluso otros puntos de la costa gallega.

Sin mapas de la distribución del caballito de mar

La idea, relata Urcera, nació dentro de un programa del Instituto de Investigacións Mariñas -que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)- centrado en la ecología de los caballitos de mar. Hace dos años se puso en marcha una línea, financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica, para estudiar la distribución de la especie en toda la península ibérica porque hasta ahora no hay mapas de dónde está presente. Para dibujar esos mapas se está recurriendo a ciencia ciudadana. Es decir, quienquiera que aviste un ejemplar puede notificárselo a los investigadores subiendo una imagen a través de una web. La ubicación concreta solo la conocen los científicos. No se hace pública para proteger a estos animales, en situación vulnerable y para los que existe un mercado negro.

Quienes están colaborando con el IIM son, sobre todo, submarinistas y pescadores. Así fue como les llegaron entre 20 y 30 avistamientos en varios puntos del puerto de Vigo. Después de la extrañeza inicial, se dieron cuenta de que había zonas que se adaptaban a las necesidades de los caballitos de mar: áreas poco batidas -“son muy malos nadadores”, dice Urcera-, con mucho zooplancton. “Lo único que les faltaba, a veces, era un sustrato de fijación, que necesitan para agarrarse con la cola”, indica. En las observaciones que les llegaron vieron que muchos estaban sobre la arena o nadando entre aguas, así que pensaron en crear arrecifes artificiales.

Al margen de esta prueba concreta en el puerto de Vigo, el investigador explica que el IIM está haciendo los primeros mapas de distribución para entregárselos al Ministerio para la Transición Ecológica, con el fin de catalogar la situación y proponer medidas de conservación para la especie. El programa de observación, recalca Urcera, debería seguir para poder obtener series históricas y detectar si las poblaciones disminuyen.

Las tortugas lora (Lepidochelys kempii) se encuentran entre las especies de tortugas marinas más amenazadas del mundo y ahora también se sabe que este singular animal es sensible al ruido industrial y de las embarcaciones, de acuerdo con los resultados de una nueva investigación publicada en la revista The Journal of the Acoustical Society of America.

Investigadores del Laboratorio Marino de la Universidad Duke, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la Universidad Estatal de Carolina del Norte (Estados Unidos) partieron de la base de que estas tortugas marinas residen a lo largo de las costas este y del Golfo de México, junto a algunas de las rutas marítimas más activas del mundo.

El tránsito de barcos y otro tipo de embarcaciones son una constante, pero se desconocía sí las tortugas lora percibían su paso, así que evaluaron la sensibilidad auditiva de un grupo de animales para comprender su vulnerabilidad al ruido causado por los humanos. Y comprobaron que, efectivamente, eran sensibles a estos movimientos. 

Sensibles al ruido de los barcos

De estas tortugas, se conocían algunas cuestiones. Por ejemplo, sus amenazas, porque están consideradas como una especie amenazada principalmente por la pesca, la contaminación y las colisiones de embarcaciones. Sin embargo, no estaba claro cuán perjudicial era el ruido antropogénico para su supervivencia.

Como muchas criaturas marinas, las tortugas lora son sensibles al sonido, pero los investigadores querían comprobar si también captaban las ondas provocadas por los barcos y otra maquinaria, que viajan largas distancias bajo el agua y tienden a superponerse con los sonidos que estos animales utilizan para desenvolverse en su entorno.

Para evaluar su rango auditivo, los investigadores colocaron sensores no invasivos en la cabeza de las tortugas y midieron las señales eléctricas transmitidas a través de sus nervios auditivos. Reprodujeron sonidos que iban desde los 50 hercios (cerca del límite inferior de la audición humana) hasta los 1600 hercios. Descubrieron que las tortugas oían mejor alrededor de los 300 hercios y que su audición comenzó a disminuir a frecuencias más altas.

“Nuestros hallazgos indican que las tortugas son más sensibles en la misma banda de baja frecuencia donde se produce mucho ruido industrial y de embarcaciones”, explica uno de los autores, Charles Muirhead. 

Los científicos subrayan que esa sensibilidad “no implica automáticamente” que se estén produciendo efectos nocivos sobre las tortugas lora. Sin embargo, estos resultados subrayan la necesidad de establecer un mayor monitoreo y la realización de estudios de impacto adicionales y específicos.

El próximo paso que plantean: analizar cómo responden las tortugas marinas a los sonidos en condiciones ambientales reales, así como comprender la relación entre las señales de sonido medidas y los efectos físicos del ruido en las tortugas.

“Estos esfuerzos contribuirán a mejorar nuestra comprensión de cómo el ruido antropogénico interactúa con los sistemas sensoriales de las tortugas marinas. Además, respaldarán enfoques de gestión basados en la evidencia, destinados a minimizar los impactos no deseados y, al mismo tiempo, equilibrar las actividades humanas en aguas costeras y marinas”, concluye Muirhead.

Cuatro entidades ecologistas le han reclamado a la Xunta que actualice el Catálogo Galego de Especies Ameazadas para incluir al salmón atlántico (Salmo salar L.) como en peligro de extinción, dado el fuerte declive de su población en Galicia desde los años 70 del siglo pasado. La petición la firman Adega, AEMS-Ríos con Vida, la Federación Ecoloxista Galega (FEG) y la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que califican el descenso de ejemplares de drástico y recalcan que los censos y estudios recientes hacen evidente una bajada continuada, tanto en capturas como en los ríos en los que se encuentran.

El Atlas del salmón atlántico en España, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2021, expone que la población de esta especie bajó un 80% desde la década de 1970 y que pasó de estar presente en más de sistemas fluviales a menos de ocho en la actualidad. Además, estas poblaciones que resisten están aisladas unas de otras, lo que impide un flujo genético eficaz. La especie se ha perdido por completo en ríos que antes eran salmoneros, como el Eume, el Tambre o el Sor. En otros, como el Ulla, en donde sigue habiendo ejemplares, solo se contabilizan 50 individuos reproductoras, frente a los miles de hace pocas décadas, indican las asociaciones, que destacan que estas cifras están “muy por debajo del límite para garantizar la viabilidad de la población”.

Añaden que estudios recientes son poco alentadores: prevén un nuevo descenso de entre el 30 y el 50% de las poblaciones de la especie en el sur de Europa por el aumento de la temperatura y los cambios en la productividad marina. A eso se suma una continua degradación de los ríos y del entorno marino y las barreras que impiden la migración de los salmones, como las presas o centrales hidroeléctricas, avisan.

Ante esta situación, reclaman a la Xunta que reconozca el estado crítico de la especie en Galicia y la declare en peligro de extinción para desarrollar de forma urgente un plan de recuperación. El catálogo de especies amenazadas del Gobierno gallego incluye actualmente a 201 -76 en peligro de extinción y 125 como vulnerables-, pero la inclusión en la lista no ha llevado aparejada (a pesar de que obliga la ley gallega) la elaboración de planes para recuperar o conservar a estas especies.

Defienden que el salmón atlántico es “un tesoro” de la naturaleza y una especie única a punto de perderse por el “maltrato de los ríos y océanos y una ineficaz gestión”.

La pérdida de hielo marino está causando estragos en la población de osos polares (Ursus maritimus), considerados como una especie en peligro de extinción por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). Esa plataforma helada es su tabla de salvación: desde ahí cazan, descansan y se reproducen. Sin embargo, el calentamiento global está trastocando el Ártico, acabando con el hielo y obligándoles a recorrer distancias más largas, un esfuerzo que les pasa factura física y que no todos no pueden afrontar. 

En esa dramática situación, los científicos han dado con una excepción: los osos polares de la isla noruega de Svalbard, que han mejorado su condición física a pesar de la pérdida de hielo marino. Un caso único que ha llamado la atención de los especialistas y organizaciones animalistas. 

Esa es la conclusión de una nueva investigación publicada en Scientific Reports y que difiere de observaciones publicadas previamente sobre la disminución de las poblaciones de osos polares coincidiendo con la pérdida de hielo marino en el Ártico. En el caso de los osos de Svalbard, presentaron mejores reservas de grasa a pesar de lidiar con un hábitat que retrocede. 

Los osos polares se buscan la vida

Este equipo de investigadores analizó el impacto del aumento de la temperatura en la región del mar de Barents que rodea Svalbard, que ha aumentado hasta dos grados Celsius por década desde 1980. Sin embargo, ese deshielo no había provocado cambios significativos en la población de osos polares de la zona. En 2004, contaba con aproximadamente 2.650 individuos y no había menguado mucho en los últimos años. 

Así, el investigador Jon Aars y sus colegas investigaron recientemente las posibles causas de la estabilidad de las poblaciones de Svalbard utilizando datos de 1.188 registros de mediciones corporales de 770 osos polares adultos tomados en Svalbard entre 1992 y 2019. 

Para ello, compararon los cambios en el índice de composición corporal (BCI) de estos enormes mamíferos, un indicador de las reservas de grasa y la condición corporal, con el número de días sin hielo en la región del mar de Barents a lo largo del período de 27 años.

Los autores descubrieron que, si bien el número de días sin hielo aumentó aproximadamente en cien durante este período (a un ritmo de unos cuatro días por año), el ICC medio de los osos polares adultos muestreados aumentó después del año 2000. Es decir, las reservas de grasa de esta población aumentó a medida que los niveles de hielo marino disminuyeron. La pregunta que quedaba: ¿por qué? 

Los científicos sugieren que las mejoras en la condición física de los osos polares de Svalbard podrían atribuirse a la recuperación de las poblaciones de presas terrestres que anteriormente estaban sobreexplotadas por los humanos, como el reno (Rangifer tarandus) y la morsa (Odobenus rosmarus). También las focas anilladas (Pusa hispida), que se concentran en áreas más pequeñas de hielo marino, facilitando su caza. 

Pese a estos resultados, los autores recuerdan que la pérdida de hielo marino supone un revés para las poblaciones de osos polares, forzándolos a buscarse la vida y adoptar nuevas estrategias. Y recuerdan que serán necesarias nuevas investigaciones sobre ese proceso de adaptación forzoso. 

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha rechazado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir la anguila (Anguilla anguilla) en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). El Ejecutivo autonómico defiende que Asturias aplica desde hace años una de las regulaciones más estrictas y avanzadas de la Unión Europea en esta pesquería, con resultados contrastados en términos de conservación.

Gracias a esta política, el Principado ha reducido de forma drástica el esfuerzo pesquero, ha limitado el número de licencias, acortado las campañas, prohibido la pesca recreativa y establecido una veda total sobre la anguila amarilla y plateada, medidas que cumplen con los objetivos comunitarios de protección de la especie.

Capturas estables en dos décadas

Según los datos manejados por la Consejería, las capturas de angula se mantienen estables desde hace dos décadas, sin indicios de deterioro del recurso, lo que avala la eficacia del modelo de gestión asturiano. A ello se suma el trabajo desarrollado junto a la Comisión Europea y la Secretaría General de Pesca para reducir progresivamente la flota y avanzar hacia una normativa aún más restrictiva en la campaña 2026/2027, con mayores controles, menor esfuerzo pesquero y una mejora de la trazabilidad y el seguimiento digital de la actividad.

El Gobierno asturiano considera además incoherente que un país adopte de manera unilateral la prohibición de la captura de esta especie mientras otros Estados limítrofes, como Francia o Portugal —con volúmenes de capturas superiores—, no aplican medidas similares. Por ello, reclama que una decisión de este alcance se analice y acuerde en el marco de la Unión Europea.

La pesca de la angula en Asturias, subraya el Ejecutivo, constituye un modelo de sostenibilidad, control y cumplimiento normativo, por lo que no existe fundamento técnico ni biológico para su inclusión en el Lespre en lo que afecta al territorio asturiano. Por el contrario, advierte de que una prohibición total podría desmantelar una actividad tradicional plenamente regulada y favorecer el incremento del furtivismo, que sí representa una amenaza real para la especie.

Asturias insiste en que seguirá defendiendo una gestión responsable basada en la ciencia, la normativa europea y la colaboración institucional. “Proteger la especie es esencial —señala el Gobierno—, pero hacerlo bien implica actuar donde existen riesgos reales, no donde ya hay un sistema ejemplar de control y gestión”.

La Xunta mantiene su batalla por que la caza de lobo ibérico esté permitida de nuevo en Galicia. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicó que este lunes estaba previsto remitir un escrito al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que levante la paralización de la decisión autonómica que daba luz verde a abatir ejemplares de esta especie en la comunidad. La razón por la que la Justicia frenó la posibilidad de darles caza es que el estado de las poblaciones de lobos siguen teniendo una calificación desfavorable. Ahora, Vázquez no solo atribuye a esta especie ataques al ganado, sino también a perros, que “están desapareciendo”.

Aunque constan ataques de lobos a perros, la conselleira no apoyó su afirmación con datos: “No los tenemos contabilizados, pero son un buen número”. Y añadió que en algunas zonas de Galicia las personas mayores han dejado de pasear y en otras se están viendo afectados cerdos, según declaraciones recogidas por Europa Press.

En abril de 2025, la Xunta esperó solo un día para volver a autorizar la caza de lobos ibéricos en Galicia, después de que un cambio normativo aprobado en el Congreso desprotegiese a la especie. Los recursos presentados contra la decisión del Gobierno gallego frenaron la posibilidad de cazarlos, sin embargo. Un auto del Tribunal Superior de Xustiza paralizó cautelarmente la medida para la temporada 2024-2025 y otro, unos meses después, la frenó para la temporada 2025-2026.

El Gobierno gallego mantiene el lobo en su agenda y repite que los ataques están yendo a más. Sigue con la pelea por poder aplicar su “plan de gestión”, que es el que admite que se abatan lobos en zonas en las que se concentren ataques al ganado. Este lunes, la conselleira de Medio Ambiente insistió en su postura ante un grupo de representantes de ayuntamientos gallegos en los que asegura que hay un “número importante” de notificaciones.

“A pesar de que la ley permite nuestro plan de gestión, fue el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el que nos ha paralizado esas actuaciones”, dijo Vázquez, que afirma que se ha pasado de una media de nueve ataques denunciados al día a 10. Los expertos en el lobo ibérico apuntan que un incremento de las notificaciones no equivale a un aumento real de lobos: argumentan que los mordiscos que se aprecian en los animales muertos son, a veces, de perros asilvestrados; que hay casos en los que las dentelladas son a un animal que ya se encontraron muerto y que hay incluso casos de fraude. El censo encargado por la propia Xunta concluye que la población del lobo no ha aumentado en Galicia, sino que está estable.

La conselleira se reafirma en que las reses que mata el lobo son cada vez más y apunta a municipios como Curtis y Ferrol, en A Coruña, o Cerdedo-Cotobade, en Pontevedra, con “una concentración muy importante” de pérdidas. Vázquez asegura que en Cercedo-Cotobade que se produce un ataque cada día y ya se han registrado 96. “No menos importantes son los ataques de Curtis, que son a vacas de leche y están al lado de las explotaciones o muy cerca”, añadió.

“En este escrito [ante el TSXG] lo que se va a solicitar es que se levante la suspensión porque se suspendió y nunca más se volvió a escuchar absolutamente nada”, expuso la responsable de Medio Ambiente.

Ni las avionetas ni los drones perturban a los últimos ejemplares de zarapito real (Numenius arquata, mazarico real en gallego) que se instalan para criar en la península ibérica. Lo hacen en el aeródromo de Rozas, en Castro de Rei (Lugo), junto a unas pistas cuya historia se remonta a la Alemania nazi y que han terminado destinadas a la investigación sobre drones y convertidas en un aliado accidental de una especie que lleva décadas en declive en Galicia -la población ibérica está catalogada como en peligro de extinción-. Tanto que en la última temporada de cría, en 2025, solo quedaba una pareja reproductora en todo el territorio de España y Portugal. A estos dos ejemplares se sumaba otro más, un macho que llegó solo, y que los investigadores suponen que es algo así como un viudo que perdió a su pareja, pero volvió al lugar en el que hacía su nido cada año.

El zarapito real es un ave limícola, reconocible sobre todo por su largo pico curvado y por un tamaño relativamente grande -supera el medio metro de largo y, con las alas extendidas, llega a pasar del metro-. La historia de cómo ha visto reducirse a la mínima expresión su población reproductora en la península ibérica y ha terminado acantonado en una pequeña parcela de la comarca de la Terra Chá arroja luz no solo sobre el declive de esta especie, sino también sobre el camino que siguen otras aves, afectadas por la pérdida de sus hábitats en la Península y en toda Europa: zonas húmedas desecadas, áreas de matorral que se han transformado en cultivos, tanto agrícolas como de eucaliptos y pinos. En medio de la desidia en la elaboración de planes para proteger a las especies amenazadas, la Xunta difundió hace pocos días que ha renovado un convenio con una comunidad de montes para evitar que esos cultivos ocupen también terrenos en los que se sabe que nidificaba el zarapito real. La idea es que, si vuelven parejas reproductoras, encuentren espacios en los que poder instalarse.

Esa incógnita, la de si volverá la pareja tras pasar el invierno en alguna zona costera, se despejará dentro de unas semanas. Jesús Domínguez Conde, profesor de Zoología en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y responsable de un grupo de investigación que hace el seguimiento de esta ave, explica que es entre finales de febrero y principios de marzo cuando cabe esperar ese regreso. Esta especie suele volar cada año con su pareja al mismo lugar para hacer su nido. Él no es optimista. Dice que la situación es “límite” y que ve “muy poco probable” que haya una mejoría. No cree que dentro de un par de meses pueda contar que está de regreso la pareja que quedaba el año pasado y que hay alguna “sorpresa positiva”, como que también aparece el macho solo avistado en 2025 o incluso alguno de los pollos que se soltaron en la zona en los últimos años y que podrían dar lugar a otra pareja reproductora.

El experto aclara que, pese a esta situación crítica, no es infrecuente ver ejemplares de la especie en las rías gallegas. La explicación está en que esos zarapitos que se ven en la costa llegan a Galicia para pasar el invierno, procedentes de otras zonas de Europa, pero no crían en la Península. Aunque, a diferencia de la población ibérica, este animal no está en peligro de extinción en otras partes del continente, sí hay “un problema importante de descenso poblacional”. La amenaza afecta a otras aves limícolas: “Es un problema generalizado que tiene que ver con la transformación del medio, cambios en los usos agrícolas, cada vez más extensivos, y la predación de especies como el zorro, que es abundante”.

Otras especies están en una situación preocupante. El biólogo Xabier Vázquez Pumariño apunta a las tartarañas -el aguilucho cenizo, Circus pygargus-, cuya población se ha desplomado un 80% en lo que va de siglo, el escribano palustre (escribenta das canaveiras, Emberiza schoeniclus subespecie lusitanica) y el gorrión molinero (Passer montanus). También cita el caso, “más sorprendente”, de la gaviota patiamarilla, una especie que se veía constantemente en playas y ciudades. El experto lo atribuye a un conjunto de causas, entre las que destaca la inacción de la Xunta desde hace años y una política favorecedora de explotaciones intensivas y cultivos de árboles como el eucalipto. Son numerosas las especies que resisten acantonadas en algún territorio pequeño, pero que terminarán desapareciendo porque “nadie las atiende”. “En una conversación como esta en diez años probablemente diría que varios de estos animales se extinguieron”, ilustra.

Domínguez expone que el declive en la población ibérica de zarapito real se arrastra desde hace décadas. El punto de inflexión fue la desecación de la laguna de Antela, en la comarca ourensana de A Limia. El humedal se drenó hace más de 60 años -las obras empezaron en 1958-, una decisión de la dictadura franquista con la que se esperaba ganar terrenos para la agricultura y que ha derivado en la paradoja de que el agua sigue reclamando una parte del terreno con las lluvias del otoño y el invierno, pero en verano la zona se ve afectada por la sequía y necesita un plan de riego. Con el agua desaparecieron o descendieron de forma drástica numerosas especies. Entre ellas estaba el zarapito real, que pasó de una población “relativamente numerosa” en Antela a cero.

Un refugio junto a las pistas construidas por los nazis

Otra de las zonas en las que la especie se reproducía en Galicia estaba en la Terra Chá de Lugo, sobre todo en Castro de Rei y Cospeito. En esta última área también había una laguna que se desecó durante el franquismo, en los años 60. Después se recuperó parcialmente, pero ha dejado de ser un entorno adecuado para los zarapitos, dice Domínguez. Con la pérdida de hábitats fue cayendo el número de ejemplares -en 2014 eran solo cinco parejas-. Y los que quedaron terminaron por sacar provecho de otro entorno transformado por el hombre: los alrededores de un aeródromo, el de Rozas, cuyas pistas había abierto la Alemania nazi en los años 40, en medio de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era facilitar la llegada de los técnicos que se ocupaban de tres antenas instaladas en la comarca para vigilar los movimientos navales, según recoge un artículo sobre la historia de las instalaciones publicado por El Progreso.

Después las instalaciones pasaron a manos del Ministerio de Defensa y se estableció el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (CIAR), de manera conjunta con la Xunta. El Gobierno gallego promovió durante años la investigación sobre drones en lo que llama polo aeroespacial. El presidente gallego, Alfonso Rueda, apuesta ahora, sin embargo, por orientar la actividad a defensa. Pese a la titularidad de los terrenos, al aeródromo no se le dio un uso militar y, hasta la llegada de los drones, las únicas aeronaves que lo usaban eran las avionetas de los miembros del Real Aeroclub de Lugo. Sus gestores, recuerda el profesor de Zoología, fueron inicialmente reticentes a la conservación del zarapito.

Huevos de otros nidos

Las aves, sin embargo, se adaptaron a la convivencia y Domínguez asegura que ha visto a ejemplares permanecer en el fondo de la pista “sin inmutarse” durante despegues y aterrizajes. La cuestión, expone, es que este uso provocó que se conservaran alrededor zonas de matorral bajo y que no se plantasen cultivos de pino. Es decir, justo lo que necesita el zarapito real: terrenos amplios con vegetación baja y sin masa boscosa. De hecho, hay poblaciones de esta ave cerca de aeródromos en otros puntos de Europa por este mismo motivo.

La situación de la especie, insiste Domínguez, es crítica. Y ello pese a que, en una comunidad en la que la conservación de especies amenazadas tiene “muchísimas carencias”, el zarapito real es una de las que más atención ha recibido por parte de la Consellería de Medio Ambiente. Hace unos años la Xunta inició un programa que consiste en recoger huevos de las parejas que criaban en Galicia, incubarlos en el centro de recuperación de fauna silvestre de O Veral, y liberar a los pollos cuando ya tenían capacidad para volar. La experiencia se aplicó también con alguna cría ya nacida. Ahora, la “solución límite” que se está tratando de poner en marcha es la de traer huevos de alguna población silvestre de fuera de la Península. Pero esto aún está estudiándose y, por el momento, el experto dice que lo único que se puede hacer es esperar para comprobar si la última pareja reproductora vuelve a Rozas este año.