La Guardia Civil destapa una organización criminal asentada en la provincia de Castellón dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los agentes han detenido a siete personas y han liberado a 80 personas migrantes en situación de “extrema vulnerabilidad, que malvivían hacinadas en zulos, en muchos casos sin agua ni luz”, según informa el Ministerio de Interior en un comunicado. Se trata de 77 hombres y 3 mujeres, con edades entre los 20 y 35 años, que eran forzadas a trabajar más de 12 horas diarias.

En la operación, a cargo de la Policía Judicial del Cuerpo, han sido detenidas siete personas a las que se les atribuye todo el proceso de explotación laboral, desde su captación en países extranjeros con falsas ofertas de empleo con buenas condiciones laborales, hasta su explotación en España en trabajos en el sector agrícola, alcanzo la “semi esclavitud”.

Las víctimas, en su mayoría hombres en situación de vulnerabilidad económica, eran principalmente de origen nepalí, pakistaní, senegalés o de países árabes. Según informa el Cuerpo, eran captadas en sus propios países mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Les prometían condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención.

La investigación ha permitido identificar a los principales beneficiarios del entramado, un matrimonio de origen pakistaní, propietario del asentamiento principal en Nules, donde las víctimas eran alojadas hasta en cuatro viviendas distintas. El grupo operaba principalmente en las comarcas de la Plana Baixa y L’Alt Palancia de Castellón, además de las comarcas del Camp de Morvedre, Camp de Turia y L’Horta Nord, en Valencia.

Una vez que aceptaban la oferta, las víctimas eran trasladadas a España -en ocasiones mediante viajes organizados por la propia red criminal-, generándoles una deuda que posteriormente era utilizada como mecanismo de control y coacción. A su llegada, eran alojadas en viviendas con condiciones de hacinamiento extremo, sin requisitos de habitabilidad y llegando incluso a carecer de suministros básicos como agua o electricidad.

Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, en condiciones muy precarias con jornadas de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso. La remuneración era inexistente o meramente simbólica, ya que de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención. Estas personas carecían de contrato laboral y de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad y el control del entramado sobre las mismas. Este control se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, lo que generaba un clima de miedo constante que dificultaba cualquier intento de huida, recalca la Guardia Civil.

Operación “Balarama”

La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón en coordinación con la Fiscal Delegada para la trata de seres humanos de la Fiscalía Provincial y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha sido desarrollada durante varios meses y ha permitido destapar este entramado que sometía a sus víctimas a condiciones laborales y de vida próximas a la esclavitud.

La organización operaba de forma jerarquizada: algunos de sus integrantes se encargaban de captar a las víctimas en sus países de origen, otros gestionaban los traslados y el alojamiento, mientras que un tercer grupo controlaba la explotación laboral y la recaudación de los beneficios obtenidos.

También se ha detectado la utilización de empresas y estructuras legales para dar apariencia de legalidad a parte de la actividad, así como para beneficiarse del impago de salarios y de la elusión de obligaciones con la Seguridad Social.

En las actuaciones policiales se han realizado cinco registros en domicilios con la detención de siete personas y la liberación de 80 víctimas, 77 hombres y tres mujeres, con edades entre los 20 y 35 años. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de las siete personas detenidas. La operación ha sido desarrollada con la colaboración de distintos organismos, entidades sociales y sanitarias, como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos, que han velado por la atención y protección de las víctimas.

Hay una “gran disparidad de datos” sobre las mujeres que son víctimas de trata, tanto en el todo el país como en Castilla-La Mancha. Así lo ha denunciado la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Sara Simón, quien ha lamentado que existan tan pocas cifras sobre la explotación sexual, una realidad a la que “nuestra sociedad todavía no ha querido afrontar o no ha querido mirar”.

Concretamente, ha afirmado que, según datos del Ministerio de Interior, en el año 2023 en Castilla-La Mancha solamente hubo 10 víctimas de trata. Por otro lado, asociaciones que han estado trabajando sobre el terreno, en concreto In Género, estiman que en el año 2024 hubo en Castilla-La Mancha 1.963 víctimas de trata, mientras que Médicos del Mundo arroja la cifra de 400.

“Esto significa que hay una gran disparidad de datos sobre la mesa y que es muy necesario que nos pongamos a colaborar para intercambiarnos la información y para poder saber cuál es esa radiografía que tenemos en la región”, ha reclamado con motivo de la reunión en Toledo de la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual.

Los datos de los que dispone el Gobierno castellanomanchego apuntan que las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha rondan entre los 23 y los 32 años, proceden en su mayoría de países de Latinoamérica y la deuda que mantienen con las personas que las explotan tiene más que ver con su situación de “irregularidad”.

Respecto a la procedencia, ha insistido en que están llegando más mujeres procedentes de Latinoamérica y las redes que estaban traficando o que ejercían este delito en los países del Este “están dejando de funcionar”.

Las principales razones para seguir obligando a estas mujeres no tienen tanto que ver “con la deuda física que pueden contraer, sino con la situación de irregularidad en la que se encuentran”. Incluso hay mujeres que llegan con documentación, a las que se les roba el pasaporte y “la situación de indefensión que tienen es muy grande”.

También, es destacable las amenazas sobre la familia o la descendencia que tienen en los países de origen. Las redes sociales y la nueva ciberprostitución también está afectando “de una manera especial a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y también hace más difícil, por otra parte, poder acceder o poder llegar a estas mujeres”.

Muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento

Se ha detectado “el traslado de la obligación de ejercer la prostitución en puticlubs a pisos particulares”, a los que “es muy difícil acceder” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El movimiento de las mujeres es muy alto y muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento por demasiado tiempo”, ha precisado la consejera del ramo.

En este punto, ha señalado que cuando “los proxenetas ven que en un piso están llegando, por ejemplo, personas que pertenecen a una entidad y que están trabajando con las mujeres”, las cambian o trasladan a otros entornos.

Asimismo, ha demandado “avanzar y ahondar en poner en marcha herramientas legales” que permitan acabar con la trata con fines de explotación sexual y también acabar con la prostitución. “No todas las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución son víctimas de la trata, pero desde luego que sí que todas las mujeres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual acaban en la prostitución”, ha afirmado.

Tierra “de paso” y “de destino” para las redes de trata

En lo que también hay que trabajar, según Simón, “es en que no haya demanda de prostitución, porque solamente cuando no haya demanda no va a haber oferta”. “No va a haber personas que se sientan con el deseo ilícito de ofrecer a mujeres como si fuesen mercancía para obtener un beneficio económico”, ha aseverado.

Castilla-La Mancha es “una tierra de paso y una tierra de destino para las redes de trata con fines de explotación sexual”, un corredor de tránsito, especialmente en la zona que va desde Toledo a Ciudad Real y también, por supuesto, en la carretera de Levante.

Hay establecimientos en los que se ejerce la prostitución que no se cierran porque “no hay una herramienta legal para que así se pueda hacer”. Todos estos establecimientos están dados de alta de manera legal, con licencias de hoteles o de locales de ocio, ha remarcado Simón.

Jeffrey Epstein, líder de una red de tráfico y abuso sexual de menores para otros hombres con dinero, se suicidó hace seis años en una celda de una cárcel de Nueva York, pero no se llevó todos sus secretos a la tumba. Algunos dejaron rastro en su correo electrónico y en su agenda de contactos. Ese material, que en parte ya se había filtrado durante la investigación, se acaba de publicar casi por completo. Son tres millones de páginas. Son cientos de miles de correos electrónicos… más de 2.000 videos y 180.000 imágenes.

Mientras los periodistas intentamos revisar, contrastar, recabar información, corroborar versiones… Internet se llena de hallazgos muy relevantes, sí, pero también de titulares arriesgados y especulaciones. Así que nosotros, con la información que tenemos, tratamos de explicar lo que se sabe y lo que no se sabe hasta el momento. Lo hacemos con el colaborador de elDiario.es y con el director adjunto de Maldita.es, Carlos Hernández Echevarría. 

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Women's Link Worldwide, la organización que asesora legalmente a Laura y Rebeca, las exempleadas que denunciaron a Julio Iglesias en España por seis delitos, entre los que se incluyen trata de personas, agresiones sexuales y delitos contra los derechos de los trabajadores, han reaccionado a la decisión de archivo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional con un comunicado en el que anuncian que habrá más acciones legales. Las abogadas explican que el escrito que han recibido deja claro que no se han valorado los hechos denunciados, y califican la decisión de “lamentable”.

“La decisión de la Fiscalía es lamentable porque pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia”.  

“La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas, desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias”, aseguran en el texto que han hecho público las dos organizaciones. 

Y fundamentan la decisión de presentar esta denuncia en España: “El Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio. La justicia debe ser posible más allá de las fronteras”, recuerdan las abogadas.  

elDiario.es y Univision noticias publicaron el pasado 13 de enero el reportaje que recogía los testimonios de Rebeca y Laura, dos extrabajadoras de Julio Iglesias en régimen interno en su casa de Punta Cana (República Dominicana). Rebeca relató que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Iglesias y describió penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Laura, de profesión fisioterapeuta, aseguró que, además de tocamientos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo. Ese mismo día, se supo que sus representantes legales habían interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 5 de enero.

No se evaluaron los posibles delitos

El escrito de la Fiscalía llegó al despacho de Women's Link este viernes a las 2:39 pm hora de Madrid, según relatan en el comunicado. “La Fiscalía ha dicho que procede a archivar la denuncia por falta de jurisdicción de los tribunales españoles haciéndonos saber que no produce efectos de cosa juzgada. Esto quiere decir que no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado, por lo que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante los órganos judiciales pertinentes”. 

Tras reunirse con las denunciantes, ellas y las abogadas han decidido seguir adelante. “Rebeca y Laura no aceptarán un tecnicismo legal para que su denuncia no sea investigada. Ellas exigen a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que considere toda la información y evidencia presentada y están decepcionadas de que la decisión de la Fiscalía fue comunicada a Women’s Link sin considerar tres escritos legales adicionales que la Fiscalía no contestó. Expresan además que, aunque la Fiscalía tenía seis meses para conducir la etapa preprocesal, han tomado una decisión en menos de dos semanas, sin tener en consideración todos los elementos probatorios”, detallan.  

Las mujeres denunciantes “han pedido que se respete su privacidad” mientras determinan sus próximos pasos legales. Women's Link explica que ellas temen por posibles represalias, y que sin embargo han reiterado que “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”. Y reiteran su voluntad de acompañarlas en esa búsqueda: “En Women’s Link y Amnistía Internacional reiteramos la importancia de proteger a las sobrevivientes. Seguimos comprometidas con el proceso de búsqueda de justicia de Rebeca y Laura”, aseguran.

Puedes leer más sobre esta investigación en nuestro especial

Si has vivido o tienes conocimiento de un hecho similar a los que aquí se cuentan, queremos escucharte. Mándanos un mensaje de texto o de voz vía Whatsapp al número +34 646 35 35 34 o escríbenos un correo a pistas@eldiario.es. Trataremos tu testimonio con absoluta confidencialidad.

Gema Fernández es una de las abogadas de la organización internacional de derechos humanos Women's Link Worldwide que acompaña la denuncia de Laura y Rebeca contra Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En esa denuncia, las abogadas de las dos mujeres que decidieron romper su silencio en la investigación de elDiario.es y Univision Noticias, identifican varios posibles delitos: “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” junto con “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores “por la imposición de condiciones laborales abusivas”. Los hechos sucedieron en 2021 en las mansiones que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas. Gema Fernández da más detalles sobre la acción legal de estas dos mujeres.

¿Por qué se presenta esta denuncia en España y no en los países donde se produjeron los hechos?

Los hechos que relatan las denunciantes se pueden investigar en España porque el denunciado tiene un vínculo con España, que es la nacionalidad. Las leyes procesales permiten excepcionalmente investigar y juzgar hechos que se cometen fuera del territorio del Estado cuando se cumplen determinadas circunstancias; por ejemplo, que haya una vinculación con el autor del delito o las víctimas, como es en este caso la nacionalidad del denunciado. También lo permite cuando los hechos no se han perseguido en los países donde se han cometido y los delitos también son punibles en esos países. Se cumplen todas esas circunstancias y pensamos que España tiene unas leyes de protección contra la trata y contra las violencias de género, a través de los tratados internacionales de los que es parte y de su desarrollo legislativo, que pueden dar acceso a la justicia a estas mujeres.

También por el tipo de delitos de los que estamos hablando. Hay dos convenios del Consejo de Europa, el de Varsovia, que lucha contra la trata, y el de Estambul, contra la violencia sexual y la violencia de género que establecen obligaciones a los Estados que se adhieren de modificar su legislación para garantizar que tienen jurisdicción para conocer de los hechos y delitos que protege el convenio. España, que es parte de los dos convenios, se comprometió a modificar sus leyes internas para asegurar que puede juzgar a personas que cometan estos delitos, así sea fuera del territorio del Estado.

¿Qué delitos identifican en la denuncia?

Nosotras ponemos unos hechos en conocimiento de la Fiscalía y corresponde a la Fiscalía en última instancia determinar si esos hechos corresponden a determinados delitos. Pero nos parece que los hechos relatados coinciden con posibles delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado o servidumbre, delitos contra la libertad sexual, acoso, agresiones sexuales, algún delito de lesiones derivados de esas agresiones sexuales. Y, por último, la posibilidad de que existan delitos contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones laborales forzadas y por la falta de cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social.

¿Por qué los hechos podrían dar lugar a un delito de trata? ¿Cuáles son los elementos necesarios para que se pueda hablar de un delito de trata de personas?

El delito de trata de personas está definido con una serie de elementos que incluyen una captación, un traslado, una recepción y una finalidad de explotación, y por los medios comisivos: cómo se logra captar a una persona, sacarla de su entorno, llevarla a otro lugar con la finalidad de explotarla, obtener un beneficio económico de ella a través de medios como el engaño, la violencia, o el abuso de una situación de poder. En este caso habría engaño: estas mujeres realmente no sabían cuáles iban a ser las condiciones laborales en las que se iban a desempeñar. Nunca hubo una conversación formal acerca del contenido del trabajo en sí mismo, era una captación a través de un mensaje en redes, en unas determinadas redes donde se sabía que se podían encontrar mujeres y chicas del gusto del denunciado, de una determinada edad, de un determinado origen social y de una determinada etnia o color de piel.

Esa era la captación, luego el traslado las aísla un poco de su entorno, se las lleva a vivir en una casa donde además también van a trabajar. Y es ahí donde se produce esta explotación. El delito de trata siempre lo relacionamos más con trata con fines de explotación sexual, pero la trata puede tener otro tipo de explotación. Digamos que son los mismos elementos (la captación, el traslado y la explotación de alguien), pero en este caso estaríamos hablando de la imposición de unas condiciones de trabajo que se asemejan a la servidumbre, a personas que están en casa al servicio las 24 horas del día

Proponéis una calificación de delitos de agresión sexual con el Código Penal de 2021, el año en que se produjeron los hechos, en la mano. En ese momento, no estaba vigente todavía la ley del solo sí es sí y para calificar unos hechos de agresión sexual se requería que existiera violencia o intimidación. En la denuncia vosotras defendéis que los delitos habrían sido agresiones sexuales y no abusos, ¿por qué?

Como los hechos son del año 2021 nos vemos obligadas a referirnos al Código Penal que estaba vigente en ese momento y además siempre con respeto del principio de menor lesividad para el acusado. En el Código Penal del año 2021, los delitos contra la integridad sexual tenían dos escalones diferentes: el abuso y las agresiones. No había un modelo basado en el consentimiento, la diferencia radicaba en el uso de violencia o intimidación. Nosotras entendemos que los hechos que se relatan se produjeron en un clima de intimidación constante, de control, de jerarquía, de diferencia de poder notable, y se producían además en presencia del denunciado y de otras dos personas que también tenían una relación de jerarquía laboral con las denunciantes. En este clima nosotras entendemos que se dan las circunstancias para hablar de agresión sexual y no de abuso.

Habláis de intimidación ambiental, ¿es ese el concepto clave?

Sí, creemos que hay que ponerlo todo en su contexto. Estamos hablando de unas agresiones sexuales que no podemos encapsular, individualizar y de repente solo mirar ese momento, sino hay que entender todo el clima laboral, el ambiente de miedo, de control, los insultos, los gritos, todo ese ambiente que ellas relatan para entender cómo luego, en el momento concreto en el que se está produciendo la agresión sexual, opera. Ese concepto de intimidación ambiental se refiere a ese ambiente opresivo, ese ambiente en el que –ellas lo explican muy bien en su testimonio– te hace sentir que no puedes decir que no, que no hay escapatoria. A eso nos referimos cuando hablamos de intimidación ambiental.

Ahora que la denuncia está presentada, ¿en qué fase del proceso estamos?

Nosotras hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que consideramos que hay que investigar y que podrían potencialmente ser delictivos. No nos hemos querellado, no hay un proceso judicial todavía abierto. Esto es una fase anterior, por eso se llaman diligencias preprocesales. La Fiscalía decide si tiene elementos suficientes para acusar a una persona o personas determinadas por una serie de delitos. Hay un límite legal de seis meses para llevar a cabo estas diligencias preprocesales para darle la garantía de los investigados de que esto no se prolongue sine die. Excepcionalmente, la Fiscalía puede prorrogar otros seis meses si el caso es especialmente complejo o si existen razones de peso.

La Fiscalía tiene que decidir, primero, si considera que hay jurisdicción de la Justicia española para investigar y juzgar los hechos. En segundo lugar, quién sería el órgano competente. Y en tercer lugar por qué delitos tendría que acusar. Iniciaría una querella contra el acusado o, si no, cerraría las diligencias preprocesales si considera que no existen elementos suficientes para sostener una acusación.

Si la Fiscalía no se querella contra Julio Iglesias, ¿qué otras vías se abren para que estas mujeres accedan a la Justicia?

Si la Fiscalía cierra la investigación, no es obstáculo para que las denunciantes puedan presentar una querella penal ellas mismas ante la Audiencia Nacional o ante el órgano que consideren competente, solicitando que se investiguen y se juzguen los hechos. Es decir, una vía no precluye la otra. Eso, en su momento, habría que valorarlo con ellas. 

¿Qué pruebas sostienen esta denuncia?

La denuncia está argumentada. En esta fase del procedimiento, no queremos entorpecer el curso de la investigación ni compartir información acerca de las pruebas. 

¿Pero nos podría decir si hay algo más allá de los testimonios? ¿Si están respaldados por algún tipo de pruebas?

Como estamos viendo, la investigación periodística está muy bien montada y fundamentada. Se han corroborado muchos de los testimonios, se han buscado otros de personas que trabajaban en las mismas casas durante ese tiempo. Se ha cotejado la información con más personas y también hay prueba documental, como la de los centros médicos a los que acudían estas mujeres a hacerse los exámenes ginecológicos. Hay pruebas de los teléfonos de las denunciantes...

¿Habéis pedido medidas de protección para las denunciantes? 

Sí, para nosotras una de las cuestiones más importantes es la seguridad de las mujeres a las que estamos acompañando y representando. Ellas han hecho un esfuerzo considerable a la hora de prestar su testimonio y para nosotras es muy importante garantizar que ellas puedan estar protegidas y seguras a lo largo de todo el procedimiento y de la investigación. 

¿Cuál es el temor? ¿Qué medidas se piden?

Ellas están en una situación de vulnerabilidad. Hay una enorme diferencia de poder con respecto al denunciado. Estamos hablando de una persona que tiene mucha capacidad de influencia, mucho poder y que puede encontrarlas y tratar de amedrentarlas, amenazarlas o tratar de convencerlas para que desistan de las acciones legales. Por eso ellas han decidido permanecer en el anonimato y nosotras hemos solicitado a la Fiscalía que proteja sus datos personales y que no trascienda ninguna información que pueda servir para localizarlas. También, si les van a tomar declaración, que no sea revictimizante. Además, hemos solicitado a la Fiscalía que nos vaya informando pertinentemente y en la medida de lo posible de estas medidas de protección que están adoptando.

Si la Fiscalía pide la declaración de las mujeres, ¿esa declaración se podría hacer desde los países en los que ellas se encuentran?

La Fiscalía utiliza medios telemáticos que ya tiene incorporados en su trabajo para prestar declaración o recabar el testimonio de las mujeres. No es necesario que viajen aquí.

¿Qué tipo de organización es Women’s Link Worldwide y por qué ha decidido involucrarse en este caso?

Women's Link es una organización feminista legal de derechos humanos y trabajamos usando herramientas jurídicas, procesos legales o el litigio estratégico para acompañar procesos de búsqueda de justicia de mujeres, niñas, personas de género diverso que enfrentan la discriminación del sistema y las violencias que se dirigen hacia ellas por ser mujeres, por ser niñas, por ser mujeres racializadas u otros vectores de discriminación que les afectan. Nosotras tenemos un histórico de acompañar procesos de búsqueda de justicia para señalar esos fallos sistémicos que impiden que mujeres y niñas de muchas partes del mundo puedan disfrutar de sus derechos y que puedan vivir vidas libres de violencia. 

Cuando tuvimos conocimiento de la situación de Rebeca y de Laura, como siempre hacemos, hablamos con ellas, nos sentamos para escucharlas, para entender cuáles eran sus deseos y sus objetivos, como qué estaban buscando, cuáles eran sus definiciones de justicia, qué significa justicia para ellas, para entender si nosotras podemos acompañarlas en ese camino. Ellas querían poner su testimonio al servicio de la justicia, de la verdad, de romper el silencio contra las violencias que enfrentan mujeres de países del sur global, racializadas, jóvenes con situación económica vulnerable que están enfrentándose al poder de los poderosos, de los hombres blancos ricos que llegan a estos países y manejan los cuerpos de otras personas a su antojo. Cuando escuchamos lo que ellas querían hacer, entendimos que nosotras podíamos acompañarlas en esa búsqueda de justicia. 

¿Hay más víctimas? ¿Women's Link está dispuesta a representar a más mujeres que quieran sumarse a esa denuncia?

No nos vamos a pronunciar sobre si hay más víctimas o no. Nosotras estamos representando a Rebeca y a Laura. Y si hay más mujeres que escuchan sus testimonios, conocen esta iniciativa y quieren hablar y ofrecer su testimonio, siempre pueden ponerse en contacto con nosotras. En nuestra página web está la información de contacto y podemos valorar caso por caso si estamos en la capacidad de ofrecerles también un apoyo o si necesitarían contactar con alguna otra organización.

¿Qué cree que puede suponer el impacto de este caso para la lucha contra la violencia sexual y el machismo?

Este caso se suma a muchos otros en los que las mujeres, hablando de las experiencias de violencia, de abuso y de acoso históricamente experimentadas, estamos generando una nueva narrativa. Estamos poniendo sobre la mesa las cuestiones que nos afectan por ser mujeres en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. Puede ser una mujer profesional, puede ser una mujer con poder, puede ser una mujer desempoderada, empobrecida, racializada… a cada una de nosotras en nuestro entorno y en la posición social y económica en la que estés, nos puede suceder.

Nos podemos encontrar con algún hombre que piensa que puede abusar o de nosotras, o acosarnos o tratarnos como objetos. Este caso se suma a todo ese elenco de mujeres que anteriormente también se han plantado, han hablado y han compartido sus historias. Yo creo que está cambiando un poco la percepción que hay sobre las relaciones de género, las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y las relaciones de clase y raza. Yo creo que estamos un poco tirando de la manta y desvelando un poco todas estas situaciones.

Este es un caso que afecta a una persona que es como un pilar cultural de este país, una persona con mucho prestigio social, mucha fama que conecta no solo con una profesión, sino también con una imagen que se tiene de una persona. El testimonio de Rebeca y de Laura está contribuyendo a desmontar ciertas imágenes que socialmente nos hemos encargado de construir. En los últimos días estaba viendo entrevistas de los años 90, cosas que en su momento pasaban más por el aro. La sociedad estaba más permisiva con este tipo de conductas, y son cosas que ahora, afortunadamente, nos chocan. Ver cómo agarra una presentadora para darle un beso forzadamente, como constantemente está tocando a las mujeres de formas inapropiadas, no consentidas, fuera de lugar. Era como una gracieta, pero ahora hay cada vez más reproche social a este tipo de acciones. Yo creo que este caso definitivamente contribuye a desmontar esos mitos que hemos ido creando culturalmente.

Puedes leer más sobre esta investigación en nuestro especial

Julio Iglesias no ha respondido a las preguntas que le han hecho elDiario.es y Univision Noticias. En un comunicado público posterior a la publicación de esta información, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

Si has vivido o tienes conocimiento de un hecho similar a los que aquí se cuentan, queremos escucharte. Mándanos un mensaje de texto o de voz vía Whatsapp al número +34 646 35 35 34 o escríbenos un correo a pistas@eldiario.es. Trataremos tu testimonio con absoluta confidencialidad.

Dos mujeres han denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional a Julio Iglesias por trata de seres humanos y agresión sexual. La denuncia, a la que ha accedido elDiario.es, hace referencia a hechos sucedidos en 2021 que podrían constituir “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” junto con “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores “por la imposición de condiciones laborales abusivas”. La denuncia señala a Iglesias como autor principal de los hechos, pero incluye como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas. La nacionalidad española de Iglesias permite que sea denunciado en España, aunque las conductas que se le atribuyen sucedieran en terceros países.

Este martes, una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision revelaba el testimonio de dos exempleadas de Julio Iglesias que relatan haber sufrido agresiones sexuales en un ambiente de control e intimidación continuo mientras trabajaron para el cantante en 2021. Son esas dos mujeres las que han acudido a la justicia española a denunciar los hechos. Las extrabajadoras contaban que el cantante las presionaba para mantener encuentros sexuales y describen penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Según sus relatos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral.

Dos extrabajadoras del cantante han interpuesto la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide. Lo hacen por hechos que sucedieron entre enero y octubre de 2021 en las residencias que Iglesias tiene en República Dominicana y Bahamas. Las dos mujeres, Laura y Rebeca (nombres ficticios elegidos para proteger su identidad), aseguran a elDiario.es que acuden a los tribunales en busca de justicia para ellas y para el resto de mujeres que trabajaron en las villas. En declaraciones a elDiario.es, Rebeca afirma que su denuncia busca “que todo lo que hacía él allí no quede impune”, pero también persigue “que no siga haciendo lo que hace, que sepa que tiene una consecuencia”.

Por su parte, Laura quiere que su denuncia sirva para enviar un mensaje “a todas las víctimas de esta persona para que hablen y crean en la justicia, que entiendan que no fue algo que les pasó solo a ellas”.

Medidas de protección

En el escrito ante la Fiscalía, las abogadas solicitan que se proteja la identidad de las mujeres por su situación de “especial vulnerabilidad socioeconómica” y la posición de influencia y poder de Iglesias y su “considerable capacidad para emprender represalias e intimidarlas”. Las mujeres, aseguran, “temen por su integridad, su privacidad, su seguridad y su estabilidad emocional si se revela su identidad”.

Es por eso que la organización ha solicitado a la Fiscalía “medidas urgentes de protección para las víctimas”. Además de proteger su identidad y la de sus familiares, Women’s Link Worldwide solicita que se evite el contacto entre las mujeres y sus allegados, de una parte, “y los sospechosos” de la infracción, de otra. Las denunciantes, aseguran, temen “presiones externas o acercamientos motivados por posibles amenazas dirigidas a hacerlas desistir” de sus acciones.

Las acciones legales que Women’s Link acompaña buscan que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España otorgue medidas de protección para Rebeca y Laura de forma inmediata, y a la vez, impulsar una justicia con enfoque feminista que reconozca el daño estructural causado por el racismo, el colonialismo y el machismo en el ámbito del trabajo doméstico.

elDiario.es y Univision han intentado recabar la versión de Julio Iglesias en diversas ocasiones y por varias vías de contacto durante las últimas semanas, pero no han recibido respuesta a ninguna de las preguntas enviadas ni ningún comentario. Lo mismo ha sucedido con una de las dos encargadas de las mansiones del cantante. Otra de ellas no ha dado respuesta a las preguntas, pero ha señalado que no tiene “nada que decir frente a esas acusaciones”. En un comunicado público posterior a la publicación de esta información, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

Delitos contra la libertad sexual y trata de personas

En la denuncia, las abogadas argumentan que los hechos encajarían en “un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo o servicios forzados y servidumbre con agravantes de grupo criminal y de peligro para la integridad de las denunciantes”. “Se pueden apreciar los elementos que configuran el delito de trata: la conducta típica (captación, traslado, alojamiento en el domicilio del empleador, agravando el aislamiento, y explotación), los medios comisivos (elementos objetivos, como el engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad) y la finalidad que se persigue (elemento subjetivo)”, explican. 

Julio Iglesias es señalado como autor principal de este delito, pero la existencia de dos encargadas que colaboraban con él para reclutar a las trabajadoras e imponer las condiciones en las que vivían y trabajaban en las casas hace que las abogadas hablen de “grupo criminal”. “La participación de los denunciados debe entenderse en el marco de una actuación conjunta y concertada, con un reparto funcional de tareas dentro de una organización criminal orientada a la trata”, argumentan. 

La denuncia asegura también que Julio Iglesias podría haber cometido varios delitos contra la libertad sexual de estas dos mujeres, según el Código Penal de 2021, es decir, antes de la ley de libertad sexual que eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual. Con ese Código Penal en la mano, las abogadas creen que los hechos podrían constituir varias agresiones sexuales, que entonces requería la presencia de violencia o intimidación. Esa intimidación podía ser también ambiental, es decir, una situación que genere una atmósfera de miedo o coacción que condicione la libertad del sujeto que la sufre sin que exista una amenaza directa o una intimidación explícita. Ese concepto, el de intimidación ambiental, se utilizó, por ejemplo, en el caso de ‘la manada', y aparece también en este caso.

Una de las mujeres denuncia distintas agresiones sexuales, con y sin penetración, “en un contexto de intimidación ambiental, reforzado por la presencia de dos superiores jerárquicos en la habitación, lo que incrementa la coacción psicológica y la sensación de imposibilidad de ofrecer resistencia”. En el caso de la otra mujer, las abogadas identifican un delito de agresión sexual “valiéndose de la superioridad del denunciado”. 

Women’s Link Worldwide pide a la Fiscalía que se tengan en cuenta posibles agravantes, como el de violencia e intimidación “particularmente degradante y vejatoria”, el que tiene en cuenta la especial vulnerabilidad de las víctimas, el de la posición de superioridad del denunciado o el de la participación de varios autores.

Acoso y lesiones

Las abogadas describen conductas que habrían tenido lugar desde el comienzo de la relación laboral, “con comportamientos que podrían ser constitutivos de acoso sexual sistemático hacia ambas denunciantes, incluyendo propuestas de favores sexuales, así como comentarios humillantes de índole sexual”. En este caso, sugieren el llamado agravante de prevalimiento por la superioridad jerárquica que el cantante tenía sobre sus empleadas, es decir, por aprovecharse de una situación ventajosa o de superioridad.

A eso le suman dos posibles delitos de lesiones contra una de las mujeres: “El denunciado presuntamente la habría sujetado con fuerza por el cabello y zarandeado en presencia de otras trabajadoras. Asimismo, según su relato, habrían tenido lugar actos de naturaleza sexual no consentidos, percibidos como especialmente violentos, que habrían provocado lesiones físicas visibles, como moretones y mordeduras”.

La denuncia identifica hechos que podrían constituir varios delitos contra los derechos de los trabajadores, “por la presunta vulneración reiterada de normas en materia laboral y de seguridad social, en perjuicio de las denunciantes”, como la ausencia de contrato, “la imposición de condiciones laborales irregulares”, la falta de descansos o “situaciones que habrían afectado a la intimidad y dignidad” de las mujeres. En el caso de una de las extrabajadoras, añaden un posible delito por reclutarla sin que tuviera el permiso de trabajo adecuado. 

“La conducta del denunciado hacia las denunciantes, profiriendo gritos, malos tratos, humillaciones o presión psicológica, a menudo delante de otras trabajadoras, podría considerarse una forma de intimidación y violencia”, aseguran.

La denuncia incluye el relato de hechos de las dos mujeres y una descripción detallada de las condiciones personales y sociales en las que se encontraban. También un análisis del contexto de los países de los que proceden para acreditar sus “condiciones de vulnerabilidad”. “Este contexto resulta relevante para comprender la relación de poder y la asimetría existentes entre el denunciado y las denunciantes, así como la dependencia económica que estas tenían respecto del salario que percibían”, dice el texto.

Si has vivido o tienes conocimiento de un hecho similar a los que aquí se cuentan, queremos escucharte. Mándanos un mensaje de texto o de voz vía Whatsapp al número +34 646 35 35 34 o escríbenos un correo a pistas@eldiario.es. Trataremos tu testimonio con absoluta confidencialidad.

Comprobación de datos y edición: María Ramírez y Natalia Chientaroli

Puedes leer más sobre esta investigación en nuestro especial

Puedes leer la versión en inglés aquí

Si has vivido o tienes conocimiento de un hecho similar a los que aquí se cuentan, queremos escucharte. Mándanos un mensaje de texto o de voz vía Whatsapp al número +34 646 35 35 34 o escríbenos un correo a pistas@eldiario.es. Trataremos tu testimonio con absoluta confidencialidad.

La Guardia Civil ha desarticulado a una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en Marchena (Sevilla). La denominada operación 'Alborga' ha finalizado con la liberación de 14 personas y la detención de seis por su supuesta implicación en los delitos de trata, pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores.

Según una nota remitida por el Instituto Armado, a uno de los detenidos se le atribuye, adicionalmente, un delito de agresión sexual continuada sobre las dos denunciantes iniciales. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Las actuaciones se iniciaron el pasado 7 de octubre, tras la recepción de una información anónima, alertando sobre la posible retención ilegal de una mujer. Las pesquisas permitieron localizar a las primeras víctimas, corroborando “la situación de vulnerabilidad, malos tratos y restricciones de libertad que estaban sufriendo bajo el control del grupo criminal”.

La falsa promesa de un contrato laboral

La organización captaba a sus víctimas en sus lugares de origen bajo la falsa promesa de un contrato laboral en la recolección de aceitunas. Una vez en España, se les imponía una deuda inicial de 2.000 euros, la cual se incrementaba semanalmente de manera arbitraria, generando “un mecanismo de esclavitud por deuda que imposibilitaba su liberación”.

El modus operandi del grupo criminal se basaba en el control absoluto y la coacción. A las víctimas se les retiraba la documentación personal, se les impedía la libre circulación y se las obligaba a trabajar en jornadas extenuantes sin contrato y percibiendo salarios muy inferiores a lo estipulado. Además, los responsables de la red empleaban la violencia física y las amenazas, advirtiendo a las trabajadoras de que serían enviadas a Alemania para ser explotadas sexualmente si intentaban huir o acudir a las autoridades.

Tras establecer un dispositivo de vigilancia y seguimiento, la Guardia Civil, en coordinación con la Inspección de Trabajo, interceptó a los integrantes de la red en dos fincas agrícolas del término municipal de Marchena.

Durante la intervención, se constató que los trabajadores realizaban sus labores de forma irregular y residían en una vivienda que presentaba condiciones de habitabilidad penosas. La operación ha permitido la identificación y protección de catorce víctimas de explotación laboral. Los detenidos tenías edades comprendidas entre los 28 y los 43 años.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas –seis hombres y una mujer-, de entre 28 y 50 años que conformaban una red criminal de explotación laboral de trabajadores en situación irregular en fincas agrícolas de La Rioja. Han sido localizadas al menos 45 personas que trabajaban jornadas enteras sin contrato laboral y en su mayoría vivían hacinados en habitaciones sin ventilación e incluso encerrados con candados en ellas.

A las personas detenidas se les considera presuntos autores de delitos de organización criminal, trata de seres humanos, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. El entramado criminal explotaba a compatriotas de origen marroquí en situación de vulnerabilidad, a quienes captaban en distintos puntos del país para trabajar en labores agrícolas.

Una vez en La Rioja, los trabajadores eran alojados en condiciones insalubres, hacinados en espacios reducidos sin higiene y apenas ventilación. Durante el registro en una de las viviendas, los guardias civiles localizaron en su interior a 15 personas, algunas de ellas en situación irregular en España. En una de las estancias, cerrada con un candado desde el exterior, hallaron a un matrimonio en una habitación con solo un colchón y una manta en el suelo con un único punto de ventilación, una ventana de 30 a 40 centímetros.

A principios del mes de julio los guardias civiles de Policía Judicial en La Rioja tuvieron conocimiento a través de una denuncia de la posible existencia de esta organización criminal asentada en la Rioja Baja, dedicada a la explotación de trabajadores en situación irregular mediante un entramado de empresas, inmuebles y fincas agrícolas. Los datos recabados permitieron identificar a tres hombres que habían constituido una red que operaba en La Rioja y extendía sus ramificaciones hasta otras zonas en el sur de España donde captaban mano de obra en situación irregular.

Una vez en la región, eran alojados en viviendas en pésimas condiciones de habitabilidad y trasladados a fincas agrícolas para ser explotados, siempre bajo la vigilancia de personas de confianza del entramado criminal. Realizaban tareas agrícolas como desbroces, poda o recogida de fruta y verdura. Carecían de contrato laboral y recibían su remuneración en efectivo. En muchos casos no llegaban a cobrar por su trabajo u obtenían pagos simbólicos, como un euro por kilo de piparra recolectado. Además, se les descontaban 150 euros por compartir estancia o 50 euros por una cama. Esta situación generaba una relación de dependencia total al ofrecerles falsas promesas de tramitar su residencia legal y regularizar su situación en nuestro país.

En la explotación de la operación, de nombre “Landwrt”, se desplegaron tres equipos de inspección de fincas, inmuebles y explotaciones vinculadas a los investigados. Durante estas actuaciones se detectó la presencia de al menos 45 trabajadores en situación irregular explotados por la red, muchos de los cuales huyeron campo a través al percatarse de la llegada de los guardias civiles. Además, se comprobó la explotación de tres menores de edad -de 12, 15 y 17 años- que trabajaban en las mismas condiciones que los adultos.

Los agentes han registrado cinco inmuebles y cinco naves industriales donde han sido detenidos los autores. Han sido incautados 22.000 euros efectivo, 2.500 euros en joyas, abundante documentación para su estudio y dos vehículos. Además, se han bloqueado seis cuentas bancarias y suspendida temporalmente la actividad de la empresa. La investigación ha sido desarrollada por guardias civiles de Policía Judicial de Calahorra, con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil de Arnedo, patrullas de seguridad ciudadana y el grupo cinológico especializado con perros adiestrados en la detección de dinero. Los registros sorpresivos en los inmuebles fueron ejecutados por las USECIC de La Rioja y Navarra.

“Cualquier hombre puede llegar a cualquier ciudad de España, colocarse en una parada de un taxi y preguntar dónde están las chicas. Seguramente, el taxista o la taxista, aunque le mire con un poco de estupefacción al principio, en 10 minutos le deja en un sitio de prostitución”.

Este ejemplo, que pone Elisa San Miguel, muestra hasta qué punto está normalizada la prostitución en España. “Que España sea el primer país en consumo de prostitución en la Unión Europea muestra hasta qué punto esto es un problema”. Ella es secretaria de Mujeres Siemprevivas, una asociación feminista que trabaja en Guadalajara para acabar con la prostitución. Precisamente, este 23 de septiembre, Día contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, este colectivo ha realizado una concentración para poner el foco sobre los consumidores de prostitución, los “puteros”, como responsables de esta lacra, ya que, como afirman desde la asociación, “sin demanda no hay prostitución. Sin prostitución no hay trata”.

Y es que los datos muestran que ser consumidor de prostitución es algo muy extendido en España. “Las encuestas señalan que cuatro de cada 10 hombres reconocen haber consumido o consumir prostitución en este país. Nosotras siempre sospechamos que de los otros seis, pues tal vez haya alguno más que no se atreve a reconocerlo en una encuesta”, afirma San Miguel.

De hecho, está tan extendido que no se atreve a dar un perfil del putero en España: “Es muy difícil identificarlo. Al final caemos en el estereotipo de hombre desaliñado, mayor y solitario, cuando esto no es así. Hay chavales jóvenes de 25 años que acaban en pisos de prostitución sus noches de fiesta o empresarios que acaban sus negocios en prostíbulos para cerrar grandes acuerdos económicos. Es decir, no hay un perfil exacto y esto nos pone en peligro como sociedad, a todos y a todas”.

Y es ahí donde ponen el foco desde Mujeres Siemprevivas. Su visión abolicionista se enfoca desde la prevención y la educación, para que ser consumidor de prostitución, ser putero, esté mal visto socialmente en todos los ámbitos: “Que ningún hombre pueda fardar entre su grupo de amigos de haber ido a un club la noche anterior sin ser señalado socialmente”, resume.

Además, muestra una preocupación: no ve un cambio de tendencia en las generaciones más jóvenes. A través de las intervenciones que su asociación hace, se han dado cuenta de que las nuevas generaciones también tienen normalizado el consumo de prostitución.

Algo que asocia sobre todo a dos factores. Por una parte, la pornografía supone la principal fuente de ‘aprendizaje’ afectivo-sexual para muchos jóvenes españoles. Por otra, ha surgido una contra reacción a la cultura del consentimiento sexual: hay hombres que encuentran en la prostitución el lugar donde tener esos comportamientos sexuales que en una relación sin dinero de por medio no podrían realizar.

“Cuando hablas con las mujeres prostituidas lo que cuentan precisamente es que muchas veces sienten miedo cuando ven llegar a jóvenes, porque son chavales que vienen a hacer en los cuerpos de las mujeres prostituidas lo que no pueden hacer con las mujeres fuera”, cuenta San Miguel. “Los chavales están aprendiendo qué es el sexo a través del porno, cuando lo único que hay ahí es violencia sexual. Pues luego lo reproducen en las relaciones con sus iguales y también con las mujeres prostituidas”.

Por eso, para Mujeres Siemprevivas, lo primero que hay que hacer para atajar la prostitución es invertir en educación sexoafectiva en el ámbito educativo. “Para mí es muy injusto criminalizar a la adolescencia. Los hemos dejado a su suerte navegando por un mundo virtual que les violenta. A todas las preguntas que ellos se han hecho sobre el sexo, han buscado respuestas en la pornografía, porque no tienen espacios en los que poder preguntar, hablar o plantear sus dudas”, concluye San Miguel.

En Ciudad Real, desde la Asociación de Mujeres Opañel también ponen el foco en los hombres que consumen prostitución. Dentro del proyecto ‘Se trata de igualdad’, difunden a través de las redes sociales mensajes contra la normalización que existe en España. “No soy putero, pero normalizo que en las despedidas de soltero se contraten mujeres” o “no soy putero, pero comparto memes que tratan a las chicas como objetos”, son mensajes de una campaña que denuncia ciertos comportamientos que fomentan la aceptación social de estas “violencias enmascaradas de servicios”.

También trabajan para prevenir que las mujeres y las niñas caigan en las redes de prostitución. “Todo forma parte de un mismo círculo. Si la sociedad ha normalizado la pornografía o determinadas plataformas tipo Onlyfans, porque hay una dulcificación en medios, en Internet o en televisión, pues como muchas niñas y jóvenes también van a normalizar o a ser más vulnerables a caer en estas redes de prostitución y trata”, explica Ana Hinchado, coordinadora de Proyectos de la Asociación de Mujeres Opañel.

“Tratamos de dar información fiable, de hablar de lo que es realmente la trata, de los distintos sistemas y métodos de captación que hay hoy en día muy asociados a las redes sociales para captar sobre todo a mujeres e incluso niñas”.

Según datos difundidos por la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha, en España hay 114.576 mujeres en situación de prostitución y 92.496 en riesgo de trata. Para Hinchado, a pesar de que hay factores que pueden incrementar el riesgo de caer en estas redes (vulnerabilidad económica, víctimas de violencia de género o de violencia sexual…), ninguna mujer está exenta. “Las mujeres que tienen algunos factores de vulnerabilidad son más sensibles a poder caer, pero cualquiera somos susceptible. Hay muchas chicas jóvenes que no están en contextos de vulnerabilidad y que aun así también al final han caído en determinadas prácticas de explotación sexual.”, asegura.

La trata, “impedimento para lograr la igualdad”

Para tratar de prevenir, sensibilizar y actuar frente a la trata con fines de explotación sexual, el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció este verano la creación de la Mesa Regional contra la Trata. Esta mesa se constituirá este viernes y tiene entre sus fines y funciones las de sensibilizar, educar, detectar posibles casos de trata y actuar de forma coordinada.

Está formada por representantes de numerosas instituciones y entidades, públicas y privadas, sin ánimo de lucro. Entre las personas que componen esta mesa, se encuentra la presidenta de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, Lourdes Nieto.

Nieto valora “muy positivamente” la creación de esta mesa y cuenta a este diario que, para ayudar a una mujer a salir de una situación de explotación sexual, hay que darles opciones reales.

“Por ejemplo, con planes de integración económica, sociolaboral y planes que trabajen en la recuperación psicosocial de estas mujeres. También pedimos la modificación de la ley de extranjería, porque la mayoría de estas mujeres son mujeres migrantes que están en situación irregular, con lo cual esto es una cuestión clave para que ellas puedan acceder a determinados recursos como víctimas de violencia que son”.

La presidenta regional de Médicos del Mundo también recalca la importancia de las políticas educativas, “que estén fundamentadas en valores de solidaridad, igualdad y justicia social”, para prevenir el consumo de prostitución. “Y luego también tienen que haber sanciones para puteros y proxenetas. Consumir prostitución es algo que no debería estar aceptado ni normalizado en la sociedad”, señala.

Desde AIETI (Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos) Castilla-La Mancha, Angélica Matías se suma a las peticiones para ofrecer una alternativa a las mujeres que sufren la explotación sexual: “Apoyo a las víctimas, oportunidades de reinserción y un acompañamiento sociolaboral sin estigmas, porque en el caso de la trata son las víctimas las que son estigmatizadas, ya que esta forma de violencia prácticamente es normalizada en nuestra sociedad”, sintetiza.

Matías pide también “criminalizar a los proxenetas y a los demandantes de explotación sexual” y afirma que la trata es un impedimento para lograr la igualdad. “En Castilla-La Mancha tenemos la ley por una sociedad libre de violencia, pero nunca podremos conseguir esa sociedad mientras exista una mujer vulnerada de cualquier manera en nuestra sociedad. Y mucho más con el tema de la explotación sexual”.

Cantabria ha gestionado 641 nuevos expedientes de violencia sexual este año en su Red de Centros de Información y Atención Integral, de los que 531 corresponden a mujeres --de ellas, un centenar de víctimas de violencia sexual, prostitución o trata-- y 110 a menores, de los que 40 han sufrido violencia sexual.

Así lo ha confirmado la directora general de Inclusión Social, Tamara González, durante el acto institucional celebrado este martes en el Parlamento de Cantabria y organizado por la Asociación Nueva Vida, con motivo del Día Internacional Contra la Explotación y la Trata de Personas, que se celebra el 23 de septiembre.

Además, la directora general ha anunciado que en 2026 el Gobierno de Cantabria realizará un estudio específico sobre prostitución y trata de personas. En esta línea, González ha asegurado que “es nuestra responsabilidad atajar esta realidad con hechos y no con palabras” porque “la prostitución es violencia, es desigualdad y es vulneración de derechos”.

Según el macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres de 2024, que se ha puesto de relieve durante el evento, esta realidad afecta a 1.891 mujeres en Cantabria, lo que la sitúa como la cuarta comunidad con mayor tasa, con un 72,78%, solo por detrás de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En total, 114.576 mujeres están en esta situación en España.

Durante el acto, también han participado la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, el gerente técnico de la Asociación Nueva Vida, Julio David García, y el sindico de Sabadell y presidente del Fórum de Sindics i Defensors Locals de Catalunya, Josep Escartín.

Además, Nueva Vida ha reconocido a la Fundación la Caixa, que ha recibido el premio de reciente creación 'Por una Nueva Vida' de manos del subdirector general, Marc Simón. De esta manera, la asociación distingue el apoyo de la entidad, que durante los últimos siete años ha financiado con 800.000 euros un centro para madres con menores.

“Un atentado brutal contra la libertad”

Por su parte, la presidenta del Parlamento ha definido la trata como “un atentado brutal contra la libertad” porque “son personas prisioneras” y ha lamentado que hay “indudablemente un problema de incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace”, por lo que es “buen momento precisamente para pedir más recursos para este ámbito tanto a ministerios como a consejerías”, ha solicitado.

Mientras tanto, Casares ha señalado la lucha contra la trata como “una de las grandes causas que merecen la pena”. En esta línea, el delegado ha abogado por “tomar acción más allá de las leyes” porque “necesitamos a todos haciendo de todo, todo el tiempo”, para lo que ha pedido unidad a las administraciones locales, regionales y nacionales.

También, ha citado el informe de Fiscalía de 2024 que señala que en Cantabria hay activos 10 clubes de alterne y 46 pisos relacionados con la prostitución, aunque “probablemente haya muchos más”, ha lamentado.

Por otro lado, García ha definido este 23 de septiembre como “el día más importante del año” porque “conocemos la realidad de las víctimas” de trata. Además, ha agradecido el aumento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que “ha alcanzado máximos históricos” para actuar contra la explotación sexual, pero ha pedido que también se instauren “medidas eficaces” contra la pornografía.

El gerente de Nueva Vida ha solicitado “la abolición de la prostitución”, lo que “no puede depender de dinámicas electorales”. Además, para García es “esencial” la labor de las entidades sociales, a pesar de no saber “a cuántas víctimas no estamos llegando”.

Para completar las iniciativas del Día Internacional contra la Explotación y la Trata de Personas, este martes, a las 19.00 horas, se realizará una concentración ciudadana frente a la plaza del Ayuntaminto de Santander bajo el lema “No Más Trata”.

Cada 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, tenemos el deber de pronunciarnos. Desde FeSMC UGT Castilla-La Mancha lo afirmamos rotundamente: la trata de personas y la explotación sexual ¡es esclavitud moderna!. Niegan derechos, destrozan vidas y perpetúan desigualdades que, como clase trabajadora, no toleraremos.

Las mafias se enriquecen a costa del sufrimiento de miles de mujeres y niñas, pero no están solas. Se apoyan en un sistema económico y social generador de pobreza, exclusión y precariedad. En definitiva, la trata es otra consecuencia de un modelo donde el cuerpo de las mujeres se convierte en mercancía y normaliza la desigualdad estructural.

Por lo tanto, desde FeSMC UGT Castilla La Mancha exigimos acciones con más decisión.

No vale sólo con hablar y condenar, necesitamos medidas concretas dotadas con fondos suficientes para proteger a las víctimas dándoles alternativas laborales para fortalecer la lucha frente a las redes criminales, esto es crucial. La guerra contra la trata es también sindical, se relaciona con proteger empleos decentes, los derechos humanos y la igualdad verdadera entre ambos sexos, en definitiva, defender lo que realmente importa.

Es inaceptable, en medio de discursos sobre progreso y justicia social, que persistan lugares en Castilla-La Mancha en los que se explota a las mujeres inhumanamente. La clase obrera ni lo puede ni lo debe ignorar. Debemos participar activamente denunciando, concienciando y demandando cambios en la estructura existente. 

La pelea contra la trata no se consigue únicamente con leyes; se conquista con trabajo en equipo, educación igualitaria, empleos estables y dignos, y con sindicatos sólidos que eviten que alguien sea dejado atrás.

Desde FeSMC UGT Castilla-La Mancha nos posicionamos con rotundidad: ninguna sociedad democrática puede consentir que personas sean tratadas como simples bienes.

La trata y la explotación sexual es pura violencia, esclavitud, y la más cruda negación de derechos humanos y laborales.

Hoy, como cada día, reafirmamos este compromiso con las víctimas, para acompañarlas y defender sus derechos. Con los trabajadores y trabajadoras, con miras a edificar una sociedad sin explotación. Y con la igualdad, ya que erradicar la trata solo será posible, acabando con el machismo y la precariedad.

La trata y la explotación sexual no se frenan solo con palabras bonitas, es preciso actuar, organizarse y luchar sindicalmente. Y en esa lucha, FeSMC UGT Castilla-La Mancha estará siempre en la vanguardia.

La Policía Nacional ha liberado a cinco mujeres explotadas sexualmente por una organización criminal transnacional presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y distribución de medicamentos en las provincias de Toledo y Madrid, según ha informado Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La operación policial ha culminado con la detención de ocho personas, siete en las provincias de Toledo y una en la Madrid, incluidos los tres responsables de la organización que han ingresado en prisión provisional.

Las víctimas eran captadas mediante el engaño y adquirían con el entramado una deuda que podía alcanzar los 6.000 euros, que debían saldar en tres meses ejerciendo la prostitución en los pisos club de alterne durante las 24 horas al día, donde además vivían intimidadas y sometidas a constantes amenazas, según detalla la Policía Nacional.

La investigación policial se inició en octubre de 2024 en Melilla cuando una mujer denunció haber sido víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

A raíz de esta denuncia, los agentes identificaron a una organización criminal asentada en territorio nacional compuesto por personas latinoamericanas y españolas cuyo modo de vida radicaba en la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano que eran captadas en su país de origen, principalmente Colombia y Venezuela.

La red captaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad económica mediante engaño, prometiéndoles un futuro laboral más favorable en España.

La organización criminal se hacía cargo de todas las gestiones y documentación necesaria para el viaje, informando a las víctimas que por ello contraerían una deuda que hasta 6.000 euros, la cual debían pagar en tres meses ejerciendo la prostitución.

Una vez en España, eran trasladadas a domicilios controlados por la red en la localidad de Torrijos (Toledo) y Madrid, donde eran desprovistas de su documentación y obligadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída con la organización criminal.

Control total, coacciones y drogas

La red contaba con mujeres que actuaban como falsas “madres de piso, encargadas de ejercer un control sobre las víctimas, marcar los horarios, fijar las tarifas y gestionar el cobro de los clientes. Las víctimas tenían que tener disponibilidad de 24 horas al día y la obligación de repartir el 50% de los beneficios”, explica la Policía Nacional.

Además, en las zonas comunes del domicilio había ubicadas cámaras de seguridad que grababan todo lo que ocurría en la vivienda, estando las víctimas permanentemente vigiladas. En algunos casos, las víctimas eran conminadas a cambiar de lugares de explotación, siendo aprovechado el momento del traslado por una de las víctimas para escapar de esta red criminal, momento en el que empezó a recibir amenazas tanto desde España como desde su país de origen, para que regresara y abonara el importe de la deuda.

La coordinación de la explotación sexual iba acompañada de una segunda actividad delictiva: la distribución de drogas. En los mismos inmuebles, los clientes podían adquirir cocaína. Todo esto generaba elevados beneficios económicos que eran redistribuidos entre los miembros de la organización criminal.

Durante la fase final de la operación, en la que se ha clausurado uno de los pisos club de alterne, se ejecutaron cuatro registros en las provincias de Toledo (3) y Madrid (1), donde se hallaron evidencias de la actividad delictiva y material probatorio de gran relevancia para la investigación. Procediendo a la detención de ocho personas en las provincias de Toledo (7) y Madrid (1), tres de los cuales se encuentran en prisión provisional. En el interior de los inmuebles se localizó una suma superior a 7.000 euros en efectivo.

Asimismo, se intervinieron 2 kilogramos de cocaína, parte de ella en roca pura y otra ya preparada en dosis para su distribución. Los agentes hallaron un laboratorio secundario para la producción de dicha sustancia con materiales específicos para el corte, manipulación y empaquetado de droga.

Además, se incautó abundante documentación relacionada con la actividad criminal, así como material informático y seis teléfonos móviles de los principales investigados.

Un reel de apenas dos minutos, publicado el pasado sábado 20 de septiembre en las redes sociales, se ha convertido en el altavoz inesperado de una de las mayores lacras de nuestro tiempo: la trata de personas con fines de explotación sexual. Bajo la apariencia de un insólito 'free tour' por las calles de Santander, la pieza audiovisual alcanzó en pocas horas la categoría de viral, generando debate e indignación entre los usuarios.

La iniciativa, dada a conocer a través del perfil Postureo Cántabro (@postureo_cant), forma parte de la campaña de sensibilización 'El Free Tour de la Trata', impulsada por la Asociación Nueva Vida y la plataforma No+Trata con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas que tiene lugar este martes 23 de septiembre. El objetivo: provocar, incomodar y, sobre todo, despertar conciencias.

“Aunque nuestro mensaje siempre es el mismo, buscamos nuevas formas de impactar con él a la sociedad”, aseguran desde Nueva Vida, explicando que mediante esta campaña “se pretende denunciar lo normalizada que está la trata de personas en el día a día de muchas de nuestras ciudades”.

El vídeo refleja cómo las víctimas son convertidas en mercancía y cómo una parte de la sociedad actúa como cliente de este negocio clandestino. En este sentido, se recrea un falso 'free tour' que arranca en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, guiado por un supuesto anfitrión y seguido por un participante que graba todo el recorrido.

Sin mostrar los rostros de los asistentes, la ruta va señalando distintos pisos de trata repartidos por la ciudad -algunos incluso en pleno centro-, descritos como lugares “a los que acudir, pasar un buen rato y seguir de marcha”. El guía muestra incluso un mapa de los 150 pisos de trata distribuidos por Santander que tienen localizados.

La incomodidad crece a medida que avanza la visita, hasta el punto de que algunos participantes interpelan al cámara para que deje de grabar, evidenciando el contraste entre la aparente normalidad del relato y la gravedad del problema que denuncia la campaña.

“Objetivo cumplido: la respuesta fue inmediata. El vídeo del falso 'free tour' se hizo viral y nuestra sociedad respondió indignada a datos reales”, destacan desde Nueva Vida. Así pues, tras dar a conocer este lunes el contexto del vídeo publicado el fin de semana, la asociación anuncia la convocatoria de una concentración pacífica para este martes 23 de septiembre a las 19.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, donde se invita a toda la ciudadanía a alzar la voz contra la trata.

Se trata de la culminación a esta campaña que encierra un mensaje contundente y directo: “La trata con fines de explotación sexual es un delito, una grave violación de derechos humanos, un negocio en el que a unas personas se las degrada a la categoría de mercancía, mientras otras -en numerosos casos, miembros de nuestra sociedad- son sus vendedores y sus compradores”.

Canarias tuvo un papel relevante en el comercio de personas esclavizadas. Por sus puertos pasaron los barcos con destino a América y, en un porcentaje menor pero significativo, desembarcaron aquellas personas que serían forzadas a trabajar en las Islas. Pero, ¿cómo eran las tradiciones, vidas y cultura de los que permanecieron en las Islas? Esta es la pregunta de la que partió la historiadora Claudia Stella Geremia y cuyas respuestas forman parte de sus investigaciones, en las que ha puesto el foco en las vidas de las mujeres esclavizadas de origen africano acusadas de brujería por la Inquisición. “Mi trabajo busca devolver centralidad a la experiencia de las mujeres, que en la mayoría de las veces estaban silenciadas por los inquisidores y los hombres”, reconoce. 

Geremia, Doctora en Historia Moderna por la Universidad de Florencia y por la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e investigadora de la Universidad de Venecia, ha centrado su investigación en el papel de las mujeres esclavizadas en Canarias en la Edad Moderna. Para abordar este tema ha estado estos días en el Instituto de Estudios Canarios en Tenerife, donde ha impartido una ponencia en el seminario Esclavitud, género y familia, siglos XVI-XI. Aunque el interés que suscita este tema en el mundo académico ha llegado también a la Universidad de Harvard, donde la historiadora ha visibilizado el papel de las mujeres durante la trata trasatlántica en Canarias a través de su colaboración con el Centro de Estudios Africanos (Hutchins Center). 

“Canarias y la Macaronesia fueron un laboratorio de preparación del sistema de esclavitud que se va a exportar a América”, defiende. Geremia reivindica la importancia de “probar” que Canarias tuvo un rol activo en el sistema esclavista, ya no solo por su participación en el tráfico de esclavizados, sino como lugar de recepción de miles de personas que se asentaron en las Islas e intentaron preservar sus costumbres y conocimientos, todo ello bajo la vigilancia del sistema inquisitorial. Por ello, más allá de las cifras de personas que han formado parte de la historia de Canarias durante 300 años, la investigadora sentía que había un hueco en el relato que se quedaba huérfano: “Necesitamos saber algo de la cultura de la gente que llegaba”, enfatiza.

En Canarias, la particularidad de las prácticas que desarrollaron las mujeres venía ligada por su cercanía geográfica con África. Salvo en Andalucía, donde según la historiadora también había una alta presencia de africanas esclavizadas, en muchos de los territorios de la Monarquía española de la época, los rituales se habían cristianizado. “En Canarias está claro que había herencia africana, del norte y de occidente, y eso es muy peculiar”, subraya. 

Para los tribunales de la Inquisición, el mantenimiento de estas prácticas y costumbres era motivo enjuiciamiento. Los archivos preservados de esta institución son los que han permitido a Geremia ahondar en las vidas de estas mujeres que vivieron en Canarias entre los siglos XVI y XVIII. “A partir de las fuentes inquisitoriales y parroquiales analizo las múltiples violencias que marcaron su vida, así como su capacidad de agencia. Entiendo agencia como la transmisión de prácticas culturales, rituales de origen africano, la construcción de redes familiares en el contexto de opresión y su participación en la formación de sociedades atlánticas multiculturales en el contexto de Canarias”, detalla. 

Para la historiadora, uno de los legados más importantes que trajo consigo la presencia de esclavizados fue la construcción de una sociedad canaria multicultural que ha llegado hasta la actualidad. 

Las mujeres esclavizadas acusadas de brujería y juzgadas por la Inquisición vivían bajo sospecha constante. Un marcador determinante era su color de piel. La historiadora apunta que en las primeras páginas de los juicios inquisitoriales se especificaba el color negro de piel de la acusada, como el caso de Catalina, una mujer esclavizada acusada de “negar a dios” y a la que se describe como “negra bozales”, tal y como recoge la propia historiadora en uno de sus ensayos. 

En el mismo documento se detalla que la acusada relató durante el juicio que procedía de Guinea, que su familia era originaria de Nigeria y que había sido trasladada primero a Cabo Verde, antes de ser vendida en Las Palmas de Gran Canaria. “Ser negra al ser esclava o si quería ganar su libertad eran indicios para ser sospechoso, porque cuando una mujer era blanca, en la primera página del juicio nunca vas a encontrar Catalina, la blanca”. 

Bolsas mandinga

Uno de los descubrimientos de la investigadora en Gran Canaria fue el uso de las bolsas mandinga, procedente de una de las culturas predominantes de África occidental. Estas bolsas se usaban como talismanes en cuyo interior se guardaban imágenes de santos, oraciones, plegarias o piedras de varios tamaños y colores con la intención de protegerse o incluso para encontrar marido en la noche de San Juan. “Esto es muy importante. Al otro lado del Atlántico, como en Brasil, Cartagena de Indias o Cuba está demasiado estudiado el uso de ese amuleto, pero en Canarias nunca nadie habló de esto”, revela. De hecho, esta práctica continúa en la actualidad en Cuba o África occidental. “Las bolsas mandingas las descubrí gracias a las cartas guardadas por el Museo Canario. En los procesos, las mujeres acusadas de hechicería, por ejemplo, cuentan que utilizaban ese tipo de amuleto. Cuentan que era necesario guardarlo, y así la gente no podía verlo para que no las delataran. Y al mismo tiempo, cuentan que se las habían enseñado a hacer la abuela o la mamá. Esto es claramente de procedencia africana” concreta. 

El uso de rituales africanos en Canarias, ya mezclados con otras creencias, incluso saltó el Océano y llegó al Caribe, donde perviven las santiguadoras, una figura que en Canarias la representan mujeres que mediante los rezos buscan la sanación de sus allegados. En este sentido, la historiadora indica que los documentos de los juicios inquisitoriales en Cuba y Canarias guardan muchas similitudes en lo referente a los ritos de sanación de las personas. 

Geremia ha querido centrar su estudio en los objetos usados por estas mujeres y que representaban también una manera de resistencia. Amuletos, talismanes o instrumentos de adivinación del futuro o para conocer algún episodio del pasado han servido para desentrañar el mundo espiritual y de adaptación de estas mujeres. “Las habilidades manuales y técnicas curativas de esas mujeres constituían un saber específico para la sociedad canaria de la Edad Moderna”, destaca. 

Para llegar a estas conclusiones, lleva tiempo consultando los archivos conservados en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. Geremia señala que, a diferencia de otros territorios que formaron parte de la Corona, donde gran parte de los archivos fueron destruidos, en Gran Canaria se conservan íntegramente. 

La historiadora comenzó su investigación en Sicilia sobre las brujas que vivían en la isla durante la presencia de la Corona española y después quiso hacer una comparativa con los otros territorios insulares de la Monarquía. Para ello se trasladó a Canarias, donde encontró algo que no esperaba: “Cuando llegué al Museo Canario me di cuenta de que había un montón de cartas, de procesos, en la versión integral que ningún sitio de la Monarquía española tiene. Por eso es precioso. En ningún otro lado tenemos los procesos integrales como en Canarias”, concluye.

A primera vista el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC) parece un edificio inexpugnable, como todos los del complejo de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Una vez dentro, sin embargo, además del olor a formol, la sede alberga un sistema innovador que ha conseguido marcar un hito en las ciencias forenses de España: se ha convertido en el primer centro que incorpora una unidad de forenses de guardia especializados en violencia sexual y también un servicio de trata de personas.

Estas implementaciones se explican por el aumento de casos que existen en Catalunya, tal y como constatan las estadísticas policiales, el día a día en los juzgados y, también, en el IMLCFC. En el caso de las violencias sexuales, en el primer semestre de 2025 ha habido un total de 327 intervenciones de los forenses catalanes. Si el segundo semestre del 2025 se mantiene con las cifras del primero equivaldría a casi dos atenciones al día por casos de violencia sexual.

De todas las intervenciones del IMLCFC, el 88% han sido con una mujer como víctima y, de estas, la edad media ha sido de 28,2 años. Además, el 9% de las agresiones sexuales atendidas en el centro se perpetraron en grupo, un porcentaje “ligeramente superior” que en el año anterior, según recoge el IMLCFC.

“Somos clave para actuar en casos de agresiones sexuales y trata de personas, y tenemos en cuenta la perspectiva de género, y tenemos constancia de que las mujeres están, de un modo desproporcionado, más afectadas que los hombres por esta problemática”, explica la médica forense del IMLCFC, Elena Cano.

Para los forenses catalanes no basta con ser pioneros, sino que la clave está en renovar e innovar los propios servicios ofrecidos. Este centro contaba con dos médicos forenses en presencia continua las 24 horas del día. Desde el 1 de febrero, uno de ellos se dedica exclusivamente a tratar casos de violencia sexual ante el aumento de las cifras. El IMLCFC quiere así solventar el solapamiento de casos y aumentar la velocidad de actuación.

La médica forense del IMLCFC Sara Milián resalta la importancia de un servicio de guardia especializado en violencia sexual porque la mayoría de casos “pasan en los días de fin de semana y por la noche”. Aunque no todas las víctimas se encuentran en un estado psicológico que les permita denunciar a las pocas horas, la obtención de vestigios y la actuación rápida de los forenses puede ser muy relevante de cara a la evolución de las causas judiciales.

Cabe remarcar que el servicio del IMLCFC está dirigido a víctimas que hayan sufrido violencia sexual en los últimos diez días. Milián advierte de la importancia de realizar la visita forense “lo antes posible”, y, si es posible, sin haberse lavado o tirado la ropa para encontrar el máximo de pruebas posibles.

Los tres pilares que condensa el IMLCFC son fundamentales para la buena praxis: la disponibilidad de los profesionales para actuar en cualquier momento del día; la especialización de los mismos como médicos forenses, trabajando en conjunto con los médicos clínicos; y la accesibilidad para una activación inmediata sin el retraso injustificado en la actuación.

Para la trata de personas tampoco hay un buen pronóstico en cuanto a cifras se refiere. En cinco años, de 2020 a 2025, se ha atendido a un total de 98 víctimas de trata, una tendencia que, lejos de ir disminuyendo, cada año sube, puesto que el año anterior hubo un total de 16 casos y, en este primer semestre de 2025, ya se han contabilizado una veintena.

El IMLCFC también ha sido pionero creando esta unidad específica. “Los casos son muy variados, están centrados en delitos que atentan gravemente contra los derechos y libertades fundamentales de las personas, sometiéndolas a nuevas formas de esclavización”, asevera Cano.

La mayoría de las víctimas de trata atendidas en la unidad del IMLCFC son mujeres y personas transgénero, casi todas jóvenes, y sometidas a explotación sexual. En cambio, en la modalidad de explotación laboral, la mayoría de víctimas son hombres. En el caso de la explotación para la mendicidad, las víctimas son de edades avanzadas.

La intervención de los forenses, expone la doctora Cano, permite conocer el trauma que han sufrido las víctimas y el origen de su vulnerabilidad, algo indispensable para poder acabar con la misma, además de recopilar la información necesaria para “asistir como es debido” a las causas judiciales donde están implicados sus agresores.

“Constituimos una red de servicios forenses por toda Catalunya: estos servicios están diversificados por el territorio, en función de los flujos poblacionales hay más o menos profesionales; y centralizados en único organismo, como es la sede del instituto en Barcelona”, indica el director del IMLCFC, Eneko Barbería.

Aunque un instituto forense se centre, en su mayor parte, en colaborar en los procedimientos judiciales con el fallecimiento de una persona, también pueden contribuir a salvar vidas.

El IMLCFC lo hace gracias a la donación de tejidos. Es el cuarto centro sanitario y el primero que no es un hospital en donación de tejidos en Catalunya, con 136 donantes. Solo le supera el Hospital de Bellvitge, Vall d’Hebrón y el Clínic. En total, según las cifras acumuladas hasta 2024, el centro lleva conseguido 2.863 tejidos donados que provenientes de más de 2.000 donantes, con una media de 150 donaciones al año.

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha se ofrece a formar parte de la Mesa contra la Trata de Castilla-La Mancha con fines de explotación sexual. Según la portavoz de la formación, Isabel Álvarez, como fuerza política abolicionista, “IU no podría dejar pasar la oportunidad de colaborar en cualquiera de las acciones y trabajos encaminados a acabar con la esclavitud sexual en la región y en cualquier parte del mundo”. Esta proposición la realizan después de que ayer la consejera de Igualdad, Sara Simón, presentase la creación de esta instancia de participación que se constituirá formalmente en el mes de septiembre. Este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica la orden que regulará las funciones.

“Si lo que se busca en esta mesa es una representación diversa, tal y como ha manifestado en nota de prensa la Consejera de Igualdad, se necesita contar con todos los agentes y fuerzas en la región comprometidos con esta lucha, y ahí, IUCLM, como fuerza política con amplia trayectoria y representación en los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, no puede quedarse fuera de la mesa”, ha continuado Isabel Álvarez. “Pero si lo que se busca es una mesa de fotos y perfil bajo, entonces nuestra presencia no será necesaria porque el firme compromiso de IUCLM con la abolición de la prostitución no puede entretenerse en reuniones estériles”, ha sentenciado.

La Mesa estará constituida, tal y como aparece reflejado en artículo 8 del documento que se ha publicado en el DOCM, por representantes de: Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha, de Policía Nacional y Guardia Civil, Colegios Oficiales de Abogacía, Psicología, Educación social y Trabajo social; de las universidades de Castilla-La Mancha y Alcalá, de entidades públicas y privadas que luchan contra la explotación sexual en la región, de diferentes consejerías como Bienestar social, Educación y Sanidad, o del SESCAM, entre otros.

La consejera de Igualdad, ha pedido al Gobierno central y al conjunto de fuerzas políticas del Estado que España cuente “al fin” con “una legislación que persiga a los hombres que pagan por violar a mujeres”. Sin embargo, para IUCLM no sería adecuado pedir el apoyo de todas las fuerzas políticas a nivel estatal mientras “se desprecia a las fuerzas regionales con una trayectoria en la lucha contra las violencias machistas”.

Cuentan los viejos que en este país hubo una guerra y, como sucede en todos los conflictos bélicos, la infancia fue la parte de la sociedad que peor parada salió. Más de 33 000 niños y niñas huyeron rumbo a lugares en los que poder deshacer su hatillo, respirar algo de paz y comer el soñado pan blanco. En homenaje a estas niñas y niños refugiados; en concreto, a los 236 llegados del País Vasco a Gales, el equipo de fútbol Newport County vestirá la camiseta visitante rojiblanca del Athletic Club de Bilbao durante la temporada 2025-2026.

La huida infantil no ha parado. A nivel mundial, Save the Children estima que, solo en el último año, ha habido 30 millones de niños y niñas que se han visto obligados a abandonar su país de origen en busca de seguridad u oportunidades de subsistencia. La inmensa mayoría de estos niños y jóvenes han cruzado fronteras internacionales sin sus progenitores ni ninguna persona adulta de referencia; es decir, en completa soledad. Los países de los que más salen los y las menores desplazados son Sudán, Birmania, la República Democrática del Congo, Afganistán y la Franja de Gaza. En el último caso, el del Estado de Palestina, el genocidio, del que es víctima el pueblo gazatí a manos de Israel, ha dejado la escalofriante cifra de 19 000 niñas y niños solos, debido a que sus madres y sus padres han sido asesinados.

En las investigaciones sobre el Sur Global se ha indagado en las consecuencias poscoloniales de la modernidad en los territorios sometidos históricamente a las metrópolis. Al mismo tiempo, las guerras, la crisis climática y la sobreexplotación de los recursos naturales se han cebado también con esos pueblos empobrecidos. En el momento actual, la huida de población joven y adolescente desde los países empobrecidos hacia los enriquecidos, agudiza aún más la polarización económica, condenando el futuro sureño a una miseria permanente. Abdelmalek Sayad, uno de los expertos más relevantes en sociología de las migraciones, afirmaba ya en 1999, en su libro La doble ausencia, que inmigración y emigración son dos caras indisociables de una misma realidad.

En España comienza a registrarse la llegada de niños y niñas no acompañados en la década de los años 90, y desde entonces no ha parado de incrementarse. Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), a fecha de 31 de marzo de 2025 había 7 391 personas migrantes, llegadas sin familias, entre 16 y 18 años, y sus países de origen eran, principalmente, Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal. En los cinco primeros meses de 2025, han fallecido 1.865 personas, de las cuales 342 no habían alcanzado la mayoría de edad, datos recogidos por la ONG Caminando Fronteras. Mbuyi Kabunda Badi, miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos, entiende que las migraciones son un fenómeno estructural del futuro, imparable mientras que sigan las desigualdades de toda índole.

Durante la última década del siglo pasado, los menores que llegaban separados de sus familias eran en su mayoría marroquíes y de sexo masculino. Las regiones del norte de Marruecos —y, especialmente, ciudades como Tánger y Tetuán— fueron el punto de partida para llegar al sur español. El medio más utilizado para pasar la frontera eran los bajos de camiones, autobuses y coches. Pero con el cambio de siglo, se introduce un nuevo escenario, aún más peligroso si cabe, ya que empieza la paterización de la infancia migrante. Este es el término acuñado por la investigadora Mercedes Jiménez Álvarez en su trabajo de 2005, Las otras migraciones: la emigración de menores marroquíes no acompañados a España, para explicar la nueva situación. La patera o cayuco pasa a ser el medio por antonomasia para huir de países como Nigeria, Sierra Leona, Senegal, Ghana, Mali o Guinea-Conakri e intentar alcanzar las islas Canarias.

A partir del año 2000 no solo se incrementan las llegadas de cayucos; también lo hacen las de mujeres migrantes menores de edad. Las zonas geográficas de las que provienen las chicas son, máxime, Europa del Este, Nigeria y Marruecos. Las causas por las que se ven obligadas a salir giran en torno a fuertes estructuras patriarcales; conflictos graves en el seno familiar, embarazos que las han hecho ser repudiadas o maternidad en la adolescencia. En menor medida, el deseo de aventura o el anhelo de viajar. La antropóloga e investigadora María Dolores Juliano Corregido ha denominado a este colectivo migratorio como “refugiadas de género”.

La mujer lo tiene mucho más complicado que el hombre. A ella se le exige en su país de origen que cumpla su deber “como mujer”. Esto implica, entre otras cosas, la renuncia al derecho a la formación —es decir, se obliga a las mujeres a dejar los estudios, si es que alguna vez llegaron a entrar en el sistema educativo—, matrimonios forzosos, reclusión en el ámbito privado e imposibilidad de acceder al espacio público ni a relaciones sociales. La represión estructural de género, que abarca todos los ámbitos de sus vidas, las convierte en esclavas en sus sociedades de origen. Y esta esclavitud, en ocasiones, no termina con la llegada al soñado suelo español. Una vez en España, son captadas para ejercer la prostitución o puede que esta captación haya tenido lugar ya antes de llegar.

Al igual que les ocurrió a aquellas españolas migrantes que, huyendo del hambre y la represión, se buscaron una vida mejor en Centroeuropa en la década de 1960 o en Argentina a comienzos del pasado siglo, y fueron víctimas de la trata de seres humanos con fines sexuales. Expertos como José Babiano, Ana Fernández Asperilla y Pilar Cagio Vila han investigado la emigración española, indagando en los diferentes movimientos migratorios. Los dos primeros han examinado la migración hacia países europeos, mientras que Cagio Vila ha centrado su investigación en la migración gallega hacia Argentina. Tanto en el caso europeo como en el argentino, el proxenetismo estaba al acecho de chicas españolas para convertirlas en esclavas sexuales.

Las menores migrantes que han llegado solas y, por fortuna, no han caído en redes de prostitución suelen estar empleadas en la esfera de los cuidados, por lo que quedan relegadas al trabajo doméstico precario, desregularizado y clandestino. Por lo general, las jóvenes llegan más tarde que los chicos a los servicios de protección al menor. Aquellos y aquellas migrantes que carecen de documentación identificativa y no acceden al Registro de Menores Extranjeros No Acompañados quedan en situación de desamparo. La entrada en las bolsas de marginación de la inmigración eleva el riesgo de trata con fines de trabajos forzados y de caída en la delincuencia, así como explotación sexual.

Una vez acreditada la edad del menor, los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos quedan incluidos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. La incorporación a este registro las permite acceder a las medidas de protección necesarias. Dado que la persona se encuentra en situación de desamparo, y una vez descartada la repatriación al país de origen, se le aplica la legislación nacional en materia de asilo (Ley de 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria). En el momento en que se deriva al menor no acompañado a un centro de acogida, y queda bajo la guardia y custodia de la administración pública, este puede acceder a la educación, a la sanidad, a la tramitación de autorizaciones de residencia y de trabajo, así como a otros servicios que permitan salvaguardar la protección de la persona menor.

En el sistema neoliberal, donde prima la obtención del máximo beneficio por encima de las personas, los y las menores migrantes que han llegado separados de sus padres no se libran de ser carne de cañón. La asociación Oportunidades de Vida, beneficiaria de ayudas a la migración en Las Palmas de Gran Canaria, fue investigada en 2024 por presunta explotación de menores migrantes en fincas agrarias (elDiario.es recogía la noticia el 25 de agosto de 2024). Teodoro Bondyale, miembro de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC) ha denunciado que el sistema de atención a los y las jóvenes migrantes es utilizado por algunas entidades para lucrarse, estableciendo relaciones de interés y puramente económicas en detrimento del cuidado y el bienestar del menor.

En un centro de menores de Puerto de la Cruz, algunos migrantes menores denunciaron los malos tratos que sufrían a manos de las personas trabajadoras en una zona de aislamiento, a la que denominaban “el quinto piso”. Las agresiones quedan por lo general impunes, ya que se entiende que si se les agrede es porque son culpables. El Defensor del Pueblo señalaba en 2024 que lo más preocupante era la dificultad de acreditar los malos tratos en los centros de internamiento de extranjeros.

Por ello, Save the Children exige la elaboración de un plan nacional y que sea el Estado quien garantice y vele por la protección del menor a lo largo de todo el proceso, tanto en el tiempo de tutela como al cumplir los 18 años. La transición a la vida adulta es vital, pues garantizando la formación, la integridad y el desarrollo de la persona se sientan las bases para su inserción social. En consecuencia, es preciso que los niños, niñas y adolescentes separados de sus familias, que son quienes más han sufrido en el proceso de migratorio, no queden en manos de las comunidades autónomas, ya que estas presentan diferencias significativas en cuanto a las políticas migratorias.

La vigilancia policial constante, la dificultad para integrarse en el mercado laboral, la precariedad educativa o la asimilación cultural, fomentan el sentimiento de no pertenencia en el colectivo de migrantes, siempre latente en su búsqueda perpetua de un lugar mejor. Los discursos de odio ensalzados por políticas y políticos sin escrúpulos han cargado el acrónimo “MENA” de connotaciones perversas y totalmente inexactas. España, que ha tenido una fuerte trayectoria emigrante, ha sufrido en sus propias carnes la xenofobia. Herminio Camblor, quien llegó a Francia con 4 años acompañado de su familia en 1957, narra con crudeza el odio del que fue víctima por ser un niño migrante: “A mí me decían: ”Tú, español, que vienes a comer el pan de los franceses. Tú no tienes la misma sangre que nosotros“ (testimonio recogido en El País, el 16 de mayo de 2019).

Ian Goldin, catedrático de Globalización y Desarrollo en la Universidad de Oxford, defiende la necesidad de integrar la inmigración como un motor de innovación para el desarrollo económico, cultural y social de los países receptores. Goldin va más allá del interés económico que supone para estos últimos y pone de manifiesto valores tan importantes como la justicia social y los derechos humanos. Las personas que se ven forzadas a abandonar su país lo hacen a causa de las guerras, de la pobreza o de la crisis medioambiental. “La falta de integración”, apunta “no es un problema de los inmigrantes, sino de las sociedades que no crean las condiciones adecuadas para la inclusión”.

El Estado español arrastra un descenso de la natalidad desde el siglo pasado. La Gran Recesión de 2008 agudizó todavía más el descenso de nacimientos. Además, durante ese periodo, un número importante de personas jóvenes se vieron obligadas a salir del país por falta de empleo; a este movimiento migratorio se le conoce como “migración neohispánica”. Entre el 1 de julio de 2008 y el 1 julio de 2013, se estima que 262 081 personas españolas salieron al exterior en busca de empleo, (cifra recogida en El Huffington Post (2014)).

Los y las menores migrantes que han llegado en los últimos tiempos a nuestro país forman parte de la cohorte nacida durante la Gran Recesión. Lejos de realizar una defensa utilitarista, valorando a las personas migrantes menores únicamente por la contribución económica. Una integración exitosa ayudaría a España a reforzar la situación presupuestaria y, a la vez, a superar los desafíos demográficos. Las economías europeas desarrolladas tienen la obligación de defender el cuidado y atención de las personas migrantes, así como el desarrollo individual y social de dichos colectivos, ya que estamos ante un asunto de derechos humanos y justicia social.

Alemania, en el año 2016, no dudó en acoger a un gran número de personas refugiadas, -en torno a 300.000 señalaba Deutsche Welle, 15 noviembre de 2016-, ante la alarmante crisis migratoria que se produjo en Europa el año anterior. A la atención de estas personas, se le destinó una partida importante del presupuesto, unos 22 mil millones de euros. Dicha partida presupuestaria garantizaba la cobertura de las necesidades básicas, el acceso a la vivienda y al sistema educativo, así como apoyo jurídico y social para el refugiado. En Berlín, por ejemplo, un número importante de los centros que impartían lenguas extranjeras ofrecían cursos de integración gratuitos de alemán, estos eran financiados por el Estado. La formación profesional se impulsó como nunca en la comunidad recién llegada, se agilizaron los trámites de homologación de títulos universitarios y la propia universidad alemana se nutrió de alumnado sirio, afgano, iraní e iraquí.

En el momento actual, 2025, el país germano, que en los últimos años ha reducido drásticamente el número de personas refugiadas, continúa destinando partidas presupuestarias a los y las menores migrantes que llegan solos. Un amplio sistema de protección social y, sobre todo, educativo respalda a las personas menores refugiadas. Durante los años de formación, el Estado se encarga de la manutención, la vivienda y la matriculación académica. La finalidad es facilitar la formación y el posterior acceso a un mercado de trabajo cualificado.

En cambio, la Comunidad de Madrid dejó el pasado año en situación de sinhogarismo al 20 % de los menores tutelados que llegaron a la mayoría de edad. El informe Memoria 2024 Plan Autonomía Personal 16-21 ponía de manifiesto “la necesidad de implantar [en Madrid] los programas de segunda oportunidad en 2025, dado que un número significativo de menores salen de los recursos de protección en situación de extrema vulnerabilidad”. A este respecto, Paloma García de Viedma Alonso, coordinadora del Programa de Defensa Jurídica en la Fundación Raíces, hacía las siguientes declaraciones en la Cadena Ser, el 6 de julio de 2025: “La edad media [de emancipación] de una persona española es de 30 años y le estamos pidiendo a un migrante que lo haga con 18 años, cuando los españoles estamos en nuestro país, tenemos aquí a nuestra familia, hablamos el idioma, entendemos la cultura; es un sinsentido”.

Ninguna persona menor ni adulta debería verse forzada jamás a abandonar su país, arriesgando la vida en su intento de alcanzar un mundo mejor. La Unión Europea, galardonada con el Premio Nobel en 2012 por su defensa de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en su territorio, anula ese alto reconocimiento en el momento en que externaliza el control de sus fronteras y contribuye a que mueran miles de personas tratando de alcanzar su ansiado 'paraíso'.

España, por su parte, que ha sido y es un pueblo de emigrantes, debería ser coherente y elaborar políticas de consenso que pongan en el centro la vulnerabilidad migrante. El Gobierno ha de velar por los derechos humanos de la infancia y la adolescencia extranjera, sin dejarse llevar por políticas deshumanizadoras. En el año 2025 es totalmente despiadado que lo único que pueda ofrecer la cuarta economía europea a las niñas y los niños tutelados, al cumplir la mayoría de edad, sea el sinhogarismo.

Dicen las lenguas xenófobas

Que este país necesita

Palo largo y mano dura

Para evitar lo peor

Pero yo solo he visto gente

Que sufre y calla, dolor y miedo

Gente que solo desea

Su pan, su pareja y la fiesta en paz.

La Policía Nacional, en una macroperación internacional contra la explotación sexual y la trata de seres humanos, ha detenido a cinco personas, entre ellas al administrador de un conocido club de alterne, y ha liberado a una víctima de explotación sexual en Asturias.

La operación, que se enmarca en la 'Jad Global Chain 2025', ha permitido la identificación de más de un centenar de personas.

Golpe al crimen organizado

La intervención policial se ha desarrollado del 2 al 6 de junio en una acción conjunta liderada por Austria y que contó con la colaboración de Frontex, Interpol y Europol.

Durante los cinco días de operativo, se llevaron a cabo inspecciones en siete clubes de alterne y otros negocios en Asturias, con el objetivo de desarticular grupos de crimen organizado, incautar bienes y, fundamentalmente, proteger a las posibles víctimas.

En la operación participaron funcionarios/as policiales de la Jefatura Superior de Asturias y del resto de Comisarías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los resultados de la operación incluyen la detención del administrador de un establecimiento de hostelería y club de alterne, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores (artículo 311.bis del Código Penal), así como la detención de otras cuatro personas por estancia irregular en el país.

Se detectaron 61 mujeres ejerciendo la prostitución, de las cuales 20 se encontraban en situación irregular.

Rescatada una víctima de trata

El hallazgo más significativo fue el rescate de una víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, a quien ya se le están aplicando las medidas de protección y asistencia del protocolo marco contra esa especialidad delictiva.

Esta operación reafirma el compromiso de las autoridades españolas en la lucha contra la trata de personas y la protección de las víctimas, reforzando la indispensable colaboración internacional para combatir este grave delito.

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Bildalketa', ha liberado a nueve mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en las localidades de Castro Urdiales (Cantabria) y Barakaldo (Bizkaia). En total hay siete personas detenidas y tres investigadas por los delitos de trata de seres humanos, contra la salud pública y por pertenencia a grupo criminal.

Según ha informado este martes la Guardia Civil, las condiciones de los pisos donde se encontraban las víctimas eran insalubres, hacinadas en una habitación con literas y vigiladas por cámaras de seguridad tanto en las zonas comunes como en sus habitaciones. La investigación se inició en 2024 tras la comunicación de una ONG alertando de la posible existencia de víctimas de trata en la provincia de Bizkaia.

Los agentes averiguaron que una mujer había sido introducida a través de Grecia hasta España, donde pasó por varios pisos de Bizkaia, Cantabria y Almería. Se constató que en una vivienda de Barakaldo había sido explotada sexualmente por la presunta responsable del grupo criminal y su marido.

Este matrimonio y su hijo residían en Castro Urdiales y tenían perfectamente establecidos distintos roles dentro del grupo criminal. Así, el hijo se encargaba del transporte de las mujeres entre dos pisos en Barakaldo y del cobro de los beneficios. Además, existían siete mujeres que hacían turnos de 12 horas para mantener vigiladas a las víctimas de trata, que eran explotadas durante todo el día.

El pasado mes de mayo la Guardia Civil realizó tres entradas y registros en Bizkaia y Cantabria. En total se liberó a nueve mujeres, fueron detenidas siete personas e investigadas otras tres. Las mujeres liberadas eran cinco de Colombia y las otras cuatro de Bolivia, Venezuela, Paraguay y España.

En los registros se han intervenido más de 20.000 euros en efectivo, siete teléfonos móviles, un ordenador portátil, dosis de cocaína para los clientes, pastillas de sildenafil y diversa documentación vinculada a los servicios de las víctimas.

Los detenidos se enfrentan a los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra la salud pública-tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La operación se ha llevado a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia.

Nadia Murad (Kocho, Irak, 1993) tiene una historia, pero no es esa historia. Lo deja claro mientras desgrana el relato de lo que le sucedió a ella y a otros miles de personas víctimas del genocidio yazidí por parte del Estado Islámico: abandono de la comunidad internacional, secuestros, asesinatos, violaciones, esclavitud, exterminio. Si es difícil escuchar su relato, ¿cómo será pronunciarlo? Murad, que consiguió escapar del secuestro del ISIS, se ha convertido en una de las voces más relevantes contra la violencia sexual como arma de guerra y su labor le valió el Premio Nobel de la Paz en 2018. La activista, amenazada por el ISIS y a la que acompaña un fuerte dispositivo de seguridad, ha estado en Madrid para participar en el ciclo 'Mujeres por la paz', organizado por La Casa Encendida y la Asociación Mujeres de Guatemala desde hace ya once años.

“Hay millones de mujeres en el mundo víctimas de violencia sexual como arma de guerra que tienen su voz silenciada. Muchas son silenciadas con vergüenza y estigma y tenemos que trabajar en eso, cambiarlo, dejar de culparlas por lo que han sufrido. Muchas quieren compartir su historia, pero hay consecuencias, sobre todo en países en los que el conflicto sigue de alguna manera”, asegura Murad, que pide comprensión y apoyo para las que no pueden o no quieren compartir su testimonio y también reflexión a quienes recopilan sus historias, pero las reproducen desde el morbo, la falta de empatía o de comprensión.

Murad vivía en el pueblo de Kocho, al norte de Irak, junto a su madre y sus nueve hermanos cuando en 2004 el ISIS arrasó su comunidad como parte del genocidio hacia la minoría religiosa yazidí. “Pedimos ayuda para que frenaran lo que sabíamos que el ISIS iba a hacer y nadie hizo nada”, dice. Su madre y seis de sus hermanos fueron asesinados y ella se convirtió en una de las aproximadamente 6.500 mujeres y niñas que ese año fueron raptadas y utilizadas como esclavas sexuales. “Estos grupos siempre tienen un plan específico para las mujeres. Mi madre, para ellos, era demasiado vieja para ser esclava sexual así que la asesinaron”, relata.

Desplazada a Mosul y víctima de todo tipo de agresiones, Nadia Murad consiguió escapar y, con ayuda, llegó al campo de refugiados de la ciudad de Duhok. “Yo fui una de las chicas con suerte que pudo escaparse y encontrar a su familia. Pero incluso al escapar del cautiverio mi nuevo mundo fue un campo de refugiados. Tuve que cargar con vergüenza y estigma por lo que me habían hecho”, cuenta. Gracias a un programa alemán de ayuda a personas refugiadas, Nadia Murad pudo emigrar y seguir con su historia, que era mucho más que lo que había sufrido en los últimos tres años de su vida. Pero ese tipo de programas, remarca, llegan a un número muy pequeño de personas en su situación.

Al sobrevivir me di cuenta de que eso conllevaba una responsabilidad: compartir mi historia, quería hablar de esas niñas que violaron, de los niños que se llevaron a campos de formación para lavarles el cerebro, de las madres que nunca pudieron despedirse de hijas e hijos, de todas las personas inocentes que fueron asesinadas

Nadia Murad — Permio Nobel de la Paz

“Al sobrevivir me di cuenta de que eso conllevaba una responsabilidad: compartir mi historia, que no era solamente la mía, quería hablar de esas niñas que violaron, de los niños que se llevaron a campos de formación para lavarles el cerebro, de las madres que nunca pudieron despedirse de hijas e hijos, de todas las personas inocentes que fueron asesinadas”, afirma. Porque si las niñas eran raptadas y convertidas en víctimas de trata sexual, los niños, o eran asesinados o enviados a campamentos en los que el ISIS aprovechaba su corta edad para adoctrinarles y sumarles a sus filas. Nadia Murad tiene una organización y un código, Nadia's Iniative, sobre cómo abordar la violencia sexual como arma de guerra. “Nació de una verdad sencilla: sobrevivir al genocidio es solo el principio. Pensamos que cuando la guerra acaba todo vuelve a la normalidad, pero para mí solo fue el primer paso. Casi once años después sigo luchando para sobrevivir al trauma y a lo que vino después”, afirma.

“Lo que pasó en Irak sucedió hace diez años, pero lo que sufrieron muchas mujeres, niñas y niños no ha terminado. Muchas mujeres siguen luchando hoy en los tribunales, muchas no han podido compartir su historia”, prosigue. Murad pone como ejemplo de las consecuencias duraderas del genocidio el silencio de la mayoría de mujeres de su familia: casi todas fueron capturadas y abusadas, pero ninguna ha hablado en voz alta de lo que vivió. O el caso de uno de sus sobrinos, de 13 años, al que se llevaron a un campo para adoctrinarle y del que dejaron de saber hace ya tiempo. Las mujeres que quedaron embarazadas como consecuencia de las violaciones y que tuvieron hijos enfrentan a menudo el rechazo de sus comunidades. Hay quien ha podido volver a sus pueblos y ciudades, pero mucha otra gente no. Las tasas de suicidio entre quienes sufrieron las atrocidades y la destrucción de sus comunidades son muy elevadas.

Esclavas

“No solo era llevarse a mujeres y violarlas, reclutaron a muchos hombres porque les prometían nueve mujeres como esclavas sexuales, o bien ganaban dinero vendiéndonos. Al principio no querían que las mujeres nos quedáramos embarazas, daban píldoras porque querían disfrutar de varias de ellas y si una se quedaba embarazada, se tenían que quedar con ella. Cuando vieron que perdían la guerra en Siria e Irak entonces cambiaron de estrategia porque querían que su legado se quedara, y por eso empezaron a dejar embarazadas a las mujeres una y otra vez. Los niños fruto de la violación de las mujeres son una marca que queda en tu cuerpo para siempre”, explica la activista.

En muchas comunidades, estas mujeres son abandonadas por sus parejas o familias, como ha sucedido, por ejemplo, con muchas supervivientes de Boko Haram en Nigeria. En la comunidad yazidí, acogieron a los niños, pero no todo es fácil: Murad denuncia la falta de recursos para atender a la infancia, y también la obligación de registrar a los padres legales, aunque fueran los capturadores y violadores de esas mujeres.

De Gaza a Sudán o Ucrania

Como víctima de un conflicto, Murad es clara sobre Gaza, pero también sobre lo que sucede en otros lugares, como Congo, Guatemala, Ucrania o Sudán: “Lo que necesitamos es que la guerra pare y que la gente tenga el apoyo que necesiten. La violencia en conflicto es una violencia contra todo el mundo. Refugiados, activistas, feministas, todos deberíamos unirnos. Quizá no veamos cambios rápidos, pero estamos haciendo progresos”. Sobre Gaza, Murad denuncia el sufrimiento de la población civil y alerta de que es la gente “más vulnerable” quien paga un precio más alto en el conflicto. Y habla de la justicia como paso imprescindible para sanar el sufrimiento que generan guerras y genocidios. Esa justicia pasa, recuerda, por identificar y enterrar a familiares asesinados, pero también por llevar a los responsables ante los tribunales.

“Tenemos que centrarnos en soluciones sostenibles para la gente, no solo en ofrecer ayuda de emergencia. La gente no solo tiene que sobrevivir, tiene que poder vivir en lugares reconstruidos. Cada vez es más difícil encontrar apoyos para nuestras organizaciones y para proyectos humanitarios, es más difícil seguir con nuestro trabajo. Necesitamos que los gobiernos reconozcan la gravedad de lo que sucedió, muchos no lo han hecho”, subraya.

La Premio Nobel critica la criminalización de las personas refugiadas, a las que a veces se ve “como personas que se aprovechan del sistema”. “La mayoría de los y las refugiadas no quiere irse de su casa, no quiere dejar de lado su cultura y su historia. Yo espero poder criar en el futuro a mis hijos en mi región, por eso llevo mucho tiempo trabajando en reconstruir mi comunidad. Tenemos que reconocer a los refugiados como seres humanos”, defiende Murad, que entiende que los países no puedan no asumir a millones de refugiados, pero reclama, entonces, “trabajar juntos para reconstruir la vida” de estas personas, “y no enviarles a sus países sin más”. “¿Cómo podemos construir la paz cuando hay millones de desplazados y nuevas generaciones están creciendo en campos de refugiados?”, se pregunta.

El verano de ese 2014, cuando Nadia se estaba preparando para su último año de instituto (ella fue la primera de su familia en acceder a la educación formal) y el ISIS arrasó su comunidad, ella tenía una idea en la cabeza: abrir un centro de estética para mujeres. Once años y un Premio Nobel después, esa ilusión sigue rondándole: “En Afganistán, los talibanes, no porque las mujeres no puedan maquillarse o peinarse, sino para que lo hagan en casa y no tengan esos espacios de reunión. Los centros de estética son también lugares en los que las mujeres conectan y comparten cosas”. Esa ilusión, aún no cumplida, también es parte de su historia.