La Guardia Civil ha desmantelado en Cantabria a un grupo criminal que obligaba a mujeres extranjeras a ejercer la prostitución. En el marco de la operación 'Pucero' se ha detenido a 27 personas en esta comunidad e investigado a otra en Valencia. Cinco han ingresado en prisión.

Al menos cuatro mujeres habían sido captadas por este grupo, que también se dedicaba a okupar inmuebles, en ocasiones a demanda, y al tráfico de drogas.

La operación comenzó cuando la Guardia Civil detectó la llegada de mujeres extranjeras que podían estar siendo explotadas sexualmente en los municipios cántabros de Santoña, Argoños y Cicero. Las llevaban a viviendas ocupadas y, mediante amenazas, eran obligadas a prostituirse y a realizar varios servicios en una misma noche.

Además, las mujeres estuvieron en un club de Argoños que se encontraba en condiciones “deplorables e insalubres”, puesto que no contaba con los suministros necesarios y vivían sin una higiene básica, entre roedores y entre excrementos de animales y personas. También pasaron por varios pisos de Santander y un chalet de Laredo.

La Guardia Civil averiguó que, al menos cuatro mujeres, habían sido captadas en pequeñas poblaciones del extranjero por una persona que aseguraba ser un importante empresario. Les ofrecía venir a España para mejorar su vida, con trabajo y vivienda para ellas y sus familias. Con ese motivo, organizaba un viaje desde sus países de origen, vía Dubái, Paris y Barcelona.

En el curso de la investigación se averiguó que, además de la prostitución, este grupo criminal se dedicaba al tráfico de drogas. Adquirían importantes cantidades de estupefacientes en Valencia y la costa levantina y los distribuía por Cantabria. Para ello, utilizaba vehículos alquilados en Cantabria a nombre de terceras personas y empleaba otros lanzadera como medida de seguridad.

Una vez la droga llegaba a Cantabria se ocultaba en pisos de Laredo y Colindres. Posteriormente se distribuía por los lugares donde se ejercía la prostitución o bien se destinaba al menudeo en la zona oriental de la comunidad y en Santander. Para ello, utilizaban a personas que vivían de okupas en algunos de los lugares donde se explotaba a las mujeres.

Ocupación de viviendas a demanda

Además, el grupo criminal se dedicaba a la ocupación de viviendas en diferentes localidades de Cantabria, algunas de ellas a demanda, que después eran alquiladas a otras personas, algunas extranjeras o vulnerables.

Según la investigación, no se descarta la okupación de una treintena de viviendas y posibles gestiones para empadronar a los ocupantes de dichos domicilios y facilitar que recibieran ayudas.

A finales de septiembre comenzó la explotación de la operación, que se ha prolongado hasta esta semana, periodo en el que se ha detenido a 20 hombres y siete mujeres en Cantabria y se ha investigado a otra mujer más en Valencia. Cinco de los detenidos han ingresado en prisión. Se les relaciona con los delitos de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, usurpación de inmuebles, falsedad documental y defraudación de servicios.

Por otro lado, se han registrado 12 viviendas y establecimientos de Cantabria en Cicero, Argoños, Colindres, Santander, Laredo, Santoña y Arnuero, así como en Chiva, Valencia.

Entre otros efectos, se han intervenido 30.000 euros en efectivo, 24 kilos de cogollos de marihuana procedente de una plantación “indoor”, casi un kilo de cocaína, unos 100 gramos de hachís, básculas, una pistola simulada, joyas y documentación. En relación con esto, se ha desmantelado una sofisticada instalación donde se hacía crecer la marihuana, provista con paneles solares para obtener energía.

La investigación ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia de Santoña, Plaza 1, y desarrollada por efectivos del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santoña, y ha contado con el apoyo de unidades de seguridad ciudadana de Cantabria, efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de León, USECIC de Cantabria, Asturias, Bilbao y Valencia, especialistas del Servicio Cinológico con perros de Cantabria y Guipúzcoa, y el Equipo PEGASO de Asturias.

A las víctimas de trata de seres humanos se les ha ofrecido recursos con diferentes organismos además de medidas judiciales de protección.

La 'Ruta Norte' es un camino amargo. Un circuito organizado por quienes dirigen redes de prostitución que trasladan a las mujeres de una ciudad a otra por todo el norte de España. Cantabria es una de las estaciones en las que las víctimas de explotación sexual están 15 o 20 días como máximo, antes de seguir la gira por Euskadi, Galicia y Asturias. En ocasiones llegan al sur de Francia o hasta Valladolid.

Médicos del Mundo ha identificado y bautizado esta ruta que mueve a las mujeres constantemente por dos razones: alimentar la continua demanda de “novedad” por parte de los consumidores de prostitución e impedir que la víctima desarrolle arraigo local, que establezca lazos o mantenga un acceso continuado a los recursos sanitarios, sociales y de protección legal de la comunidad.

La prostitución en Cantabria se ha trasladado desde los clubs -solo quedan una decena- hacia domicilios privados y plataformas digitales, lo que hace cada vez más difícil su intervención. Aumenta el negocio, pero cada vez es más difícil abrir procedimientos penales para perseguir el proxenetismo y la trata de seres humanos.

En la comunidad funcionan 45 pisos fijos que ofrecen servicios sexuales de forma continuada. Eso dicen las cifras oficiales de la Fiscalía de Cantabria. Sin embargo, el equipo técnico de la Asociación Nueva Vida ha logrado ubicar “más de 150 lugares y pisos” en los que se ejerce la prostitución.

La magnitud de este dato se encuadra en los resultados del ‘Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres’ de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que situó a Cantabria como la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa relativa de mujeres prostituidas. Únicamente le superan Baleares, Cataluña y Valencia.

Los lugares son los mismos, las mujeres van rotando. Los pisos están, sin llamar la atención, en edificios residenciales de zonas urbanas de Cantabria. Son el eje central de la oferta presencial.

Sin embargo, ahora se ha detectado una modalidad emergente que dificulta aún más el rastreo: el uso de pisos turísticos de alquiler de corta estancia.

En estos espacios, las redes de explotación operan durante periodos festivos o temporadas vacacionales concretas, desmantelando la infraestructura con rapidez una vez concluidas las fechas de mayor afluencia, como puede ser la Semana Grande de Santander. Fechas en las que también se incrementa el número de clientes.

Solo un nuevo caso de trata

A pesar de la red de locales y domicilios contabilizada, la Fiscalía de Cantabria llama la atención sobre la “escasa incidencia” formal de causas judiciales relacionadas con los delitos de prostitución y de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Las estadísticas del propio órgano judicial revelan que únicamente se incoó un procedimiento judicial por el delito de trata de seres humanos en toda la comunidad y en materia de delitos de prostitución, solo se registró una nueva causa por posibles ilícitos de prostitución lucrativa, trata y favorecimiento de la inmigración ilegal.

El ejercicio cerró con cero sentencias condenatorias dictadas por delito de trata de seres humanos en la comunidad.

Esta profunda brecha entre la realidad del mercado prostitucional en las calles y su escaso traslado a las salas de justicia responde a tres factores, según argumenta el propio ministerio público.

En primer lugar, destaca la reticencia de las víctimas a acudir a las autoridades o poner denuncias, debido al estigma social, el estrecho control al que son sometidas y el temor a sufrir represalias directas de los explotadores y las redes criminales.

A esta barrera se suma que es un mercado que opera en el entorno digital, donde se hacen los contactos y se ponen los anuncios. Un escenario donde la intermediación de terceras personas queda oculta tras plataformas web y redes sociales, lo que complica que se puedan obtener pruebas directas.

Por último, al ser una actividad ejercida “a puerta cerrada” en pisos privados impide la entrada de las fuerzas de seguridad, salvo que exista un consentimiento explícito de las moradoras o lo autorice un juez.

La pornografía, puerta de entrada a la prostitución

La memoria de la Fiscalía de Cantabria pone el foco en el complejo escenario de invisibilización de este tipo de delitos. Los continuos desplazamientos de mujeres incrementan su aislamiento y añaden opacidad al oscuro negocio. También complica que intervengan las entidades sociales que luchan contra la prostitución.

En Cantabria, son principalmente tres. APLEC Inclusión Mas Igualdad es una de ellas. Frente a las complejas definiciones legales que separan la trata, la explotación sexual y la prostitución, Silvia Cifrián, abogada de APLEC en Cantabria explica que “estas realidades no son compartimentos estancos, sino manifestaciones de una misma forma de violencia machista en la que no existe espacio para el consentimiento”.

Ellos acuden acude periódicamente a los clubes y pisos donde se ejerce la prostitución. Tienen un equipo de trabajadoras sociales, psicólogas y más de veinte voluntarias que ofrecen “un espacio seguro de escucha sin juzgar ni coaccionar a las mujeres” porque “ya bastante coacción están sufriendo”, como apuntan las trabajadoras sociales Nadia y Elsa. Sucede especialmente con “mujeres procedentes de contextos muy vulnerables” donde la explotación sexual campa a sus anchas, apuntan.

Su tarea es construir una relación de confianza con las mujeres para proporcionarlas asesoramiento jurídico, atención psicológica, orientación laboral y apoyo social y administrativo. Intentan hacerles ver que existen alternativas viables para cuando decidan o puedan cambiar de vida.

Para ayudar en ese proceso, APLEC tiene dos pisos de acogida, cada uno con cuatro plazas para alojar a mujeres e incluso a menores de hasta 14 años a su cargo. Estas viviendas proporcionan a las mujeres tiempo y seguridad para “reflexionar y reorientar su proyecto vital lejos de la coacción de las redes”.  Además, como la organización funciona también en otras comunidades autónomas se pueden hacer traslados cuando la integridad o seguridad de una mujer se ve amenazada aquí en Cantabria.

En el plano legislativo y social, APLEC reivindica la aprobación urgente de una ley integral para la abolición de la prostitución -la LOASP todavía a la espera de tramitación parlamentaria- que garantice “respuestas coordinadas en materia sanitaria, social y de seguridad, al tiempo que penalice el consumo de sexo de pago y persiga cualquier forma de lucro a costa del cuerpo de las mujeres”.

El equipo que trabaja en Cantabria considera que es urgente “desnormalizar el consumo prostitucional y educar a la juventud en un concepto sano de sexualidad y consentimiento”.

Las profesionales alertan de que la pornografía actúa como la principal puerta de entrada al mercado del sexo de pago entre los adolescentes y recuerdan que “comprar sexo no forma parte de una buena educación sexual”, por lo que instan a la ciudadanía a involucrarse activamente en la erradicación de esta forma de explotación.

La Guardia Civil de Cantabria, con el apoyo de agentes de Asturias y Bilbao, ha detenido a más de una decena de personas en la comunidad tras una operación contra el tráfico de drogas y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de las cuales cinco han ingresado en prisión.

Estas detenciones se produjeron el pasado martes, cuando el operativo -compuesto por más de un centenar de agentes- realizó varios registros en los municipios de Argoños, Santoña, Bárcena de Cicero y Arnuero.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita, los registros se efectuaron en domicilios y en dos antiguos locales de alterne. Además, los agentes incautaron 200 plantas de marihuana ya preparada en cogollos.

La trata no siempre empieza con una amenaza evidente ni es fácil de reconocer. Muchas veces encuentra terreno donde hay precariedad, aislamiento, falta de alojamiento, dependencia de terceros y ausencia de redes de apoyo. Las fronteras, los desplazamientos y los momentos de incertidumbre son escenarios en los que estas vulnerabilidades pueden agravarse. Y esa es hoy la realidad que encontramos en Ceuta tras la llegada de personas el pasado 30 y 31 de julio.

Un mes y medio después, la presión sobre los recursos de acogida y protección sigue siendo muy alta. A 21 de septiembre, las organizaciones presentes en el territorio estimamos que al menos 4.000 menores continúan en Ceuta y más de 2.000 permanecen en situación de calle, muchos todavía sin identificar o sin un acceso adecuado a alimentación, alojamiento o atención sanitaria.

En esta situación de desbordamiento, mujeres, niñas y adolescentes requieren una atención especial. Se han detectado chicas muy jóvenes sin redes estables de apoyo y mujeres adultas que todavía esperan soluciones seguras. Cuando faltan alojamiento, acompañamiento y alternativas, aumenta la exposición a situaciones de violencia, captación y explotación.

Desde hace años, la experiencia de Sur Acoge en la Frontera Sur viene alertando además de la presencia de perfiles cada vez más jóvenes entre las potenciales víctimas de trata, especialmente mujeres jóvenes en situación administrativa precaria, con experiencias previas de violencia o responsabilidades familiares. Nuestro diagnóstico Mirando a la Frontera Sur ya señalaba la juventud y la acumulación de factores de vulnerabilidad entre los perfiles identificados.

Esta realidad exige reforzar la capacidad para detectar posibles situaciones de trata y actuar antes de que la explotación sea evidente. Por eso, no basta con esperar a que una posible víctima pida ayuda. Algunas personas pueden quedar fuera de los circuitos de protección o pasar desapercibidas durante demasiado tiempo. Además, la trata no siempre se identifica en un primer contacto: puede haber miedo, dependencia o desconfianza, y experiencias que la propia persona todavía no está preparada para contar. Los indicios, muchas veces, aparecen poco a poco.

Siete días pueden no ser suficientes

Esta preocupación adquiere especial relevancia en la realidad de Ceuta con la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el 12 de junio de 2026. Las nuevas normas establecen un procedimiento de cribado en frontera que incluye controles de identidad, seguridad, salud y vulnerabilidad y que, en las fronteras exteriores, debe completarse en un máximo de siete días.

Que exista una valoración de vulnerabilidad es una garantía importante. El reto es que pueda realizarse en las condiciones adecuadas, especialmente en un territorio como Ceuta, donde la presión sobre los recursos dificulta una respuesta individualizada.

Detectar una posible situación de trata requiere algo más que completar un procedimiento. Hace falta tiempo para generar confianza, información comprensible y atención especializada, especialmente cuando hablamos de adolescentes de 16 o 17 años, mujeres muy jóvenes o personas que han atravesado situaciones de violencia.

Por eso nos preocupa que un plazo tan reducido pueda dificultar la identificación de casos complejos. La propia normativa europea reconoce la necesidad de detectar situaciones de especial vulnerabilidad, incluidas las de menores no acompañados y posibles víctimas de trata. Esa garantía debe poder hacerse efectiva también cuando el sistema está sometido a una fuerte presión.

La rapidez administrativa no puede sustituir a las garantías.

Identificar, proteger y acompañar

La identificación debe traducirse en una respuesta real: un lugar seguro, atención especializada, acompañamiento social y jurídico y continuidad en la protección.

Esto exige también detectar activamente a quienes puedan permanecer fuera de los recursos y reforzar la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y organizaciones que trabajan sobre el terreno. La prioridad debe ser que ninguna mujer, niña o adolescente quede fuera del sistema precisamente cuando más necesita protección.

En Ceuta defendemos además que, cuando sea necesario para garantizar su seguridad, se faciliten derivaciones a la Península que permitan alejar a las personas de posibles entornos de riesgo y asegurar que la atención iniciada en Ceuta tenga continuidad.

La lucha contra la trata no puede empezar únicamente cuando la explotación ya es evidente.

Empieza antes: detectando a tiempo, ofreciendo un lugar seguro y creando alternativas reales para que la vulnerabilidad no se convierta en una oportunidad para quienes explotan.

El informe que la policía ha enviado a la Audiencia Nacional y al que hemos podido acceder en elDiario.es apunta a la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes, tanto uniformados como de paisano, en las que se apreciaría la actitud pasiva de miembros de la Gendarmería marroquí, o directamente de colaboración con los migrantes. Hacemos una reconstrucción, también, desde lo humano. Con los testimonios que nos trae la periodista Gabriela Sánchez, enviada especial de elDiario.es a Ceuta.

Más allá de que sea Marruecos o no, a lo que le seguiremos dando vueltas, al final hablamos de personas utilizadas como armas arrojadizas. Personas, cada una con su historia y sus derechos… aunque a mucha gente se les olvide estos días. ¿Qué debe hacer el Estado en esa situación? Lo abordamos con Violeta Assiego, abogada especializada en infancias y en género y que ha sido directora general de Infancia.

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La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha dado por desarticulada una red en la isla de Gran Canaria dedicada a la captación de menores extranjeras no acompañadas alojadas en centros de acogida para su explotación sexual en la península o en Francia.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado este martes, la investigación se inició tras tener conocimiento de la situación de una menor tutelada que logró regresar a España desde Francia y relató que había sido captada mediante la promesa de un supuesto trabajo.

A partir de ese momento, los investigadores detectaron la existencia de otros casos similares de menores que abandonaban los centros sin su documentación personal y que, pocas horas después, aparecían vinculadas a vuelos con destino a distintos puntos de la península.

La Guardia Civil detectó un patrón común de actuación por parte de la organización, que aprovechaba la especial vulnerabilidad de las menores, muchas de ellas sin arraigo familiar en España, con barreras idiomáticas y con la intención de abandonar Canarias para trabajar o llegar a otros países europeos.

Simulaban intentar ayudarlas para salir de los centros, les facilitaban documentos de identidad o de viaje no coincidentes con su verdadera identidad y organizaban sus desplazamientos por vía aérea y terrestre.

Los investigadores han constatado la existencia de un reparto de funciones dentro del grupo muy diferenciadas. Algunos integrantes se encargaban de contactar con las menores o facilitar el contacto desde el interior de los centros; otros gestionaban la documentación, la distribución de efectos o la compra de billetes y otros acompañaban a las víctimas hasta el aeropuerto para asegurar que accedieran a la zona de embarque y su posterior traslado a sus destinos finales.

Fue clave detectar varios desplazamientos de menores desde el aeropuerto de Gran Canaria utilizando identidades falsas. En algunos casos, los investigados acompañaban a las menores hasta los filtros de seguridad y controlaban el acceso a la zona restringida, lo que permitió a los agentes confirmar que las salidas no respondían a fugas aisladas, sino a un plan organizado y repetido en el tiempo.

Gracias a esta operación, que culminó el pasado 29 de julio, la Guardia Civil ha conseguido liberar a dos víctimas y evitar la fuga de otras cuatro menores de edad, impidiendo que abandonaran las islas siguiendo el mismo procedimiento utilizado en casos anteriores.

Los integrantes del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) con sede en Canarias de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas practicaron cinco entradas y registros en distintos puntos de Gran Canaria y detuvieron a cinco personas, una de ellas menor de edad.

En los registros intervinieron abundante documentación de interés y efectos relacionados con los hechos investigados, así como terminales móviles, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

La investigación ha sido dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria Plaza número 3 y continúa abierta.

Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Europol desarticula una de las mayores redes de tráfico de personas hasta la fecha en España. Los antes han detenido a 77 personas en España y una en Argelia, a las que responsabilizan de haber introducido a más de 2.000 personas de forma irregular en España, obteniendo un beneficio de 24 millones de euros. En la operación ha participado también la Policía Nacional de Francia, Policía Judiciaria de Portugal y Policía Nacional de Polonia.

La Guardia Civil considera que esta red es una de las estructuras delincuenciales transnacionales “más compleja, activa y peligrosa detectada hasta la fecha” en el Mediterráneo. Empleaban métodos “muy violentos” de protección de sus embarcaciones y contra los agentes, explican en un comunicado. El entramado criminal utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar drogas desde España hasta Argelia y, en el trayecto de retorno, trasladaban migrantes hasta las costas españolas. La investigación ha permitido documentar un total de 64 episodios migratorios a través de los cuales se atribuye a la organización la introducción de más de 2.000 migrantes obteniendo unos beneficios superiores a los 24 millones de euros, señala el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación policial, iniciada en el año 2023, ha permitido identificar una organización criminal trasnacional plenamente consolidada desde hace años en el Mediterráneo, especializada principalmente en el favorecimiento de la inmigración irregular en la costa mediterránea. Es considerada la mayor estructura de origen argelino dedicada al tráfico ilícito de personas mediante embarcaciones de alta velocidad, caracterizada por una extraordinaria capacidad operativa, una estructura altamente profesionalizada y una extensa red de ramificaciones nacionales e internacionales.

El entramado criminal operaba mediante subestructuras “perfectamente organizadas y jerarquizadas asentadas” en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, manteniendo además ramificaciones operativas en Francia, Portugal, Italia y Polonia. La estructura estaba dirigida por un líder absoluto encargado de la planificación, coordinación, supervisión y financiación de toda la actividad criminal, prosigue la Guardia Civil. Esta persona aportaba importantes recursos económicos, suministraba armamento y sustancias estupefacientes y dirigía la distribución de dichas mercancías ilícitas hacia diversos países del norte de África donde el consumo de estupefacientes de origen sintético como el MDMA tiene alta demanda social.

La organización estaba integrada por más de 78 miembros distribuidos en tres niveles funcionales diferenciados. Un primer nivel asumía la dirección estratégica y el control general de las operaciones; un segundo nivel estaba compuesto por pilotos, transportistas y responsables de medios operativos; mientras que un tercer nivel integraba colaboradores, captadores, suministradores, vigilantes, personal logístico, abastecedores de combustible, gestores financieros, testaferros y demás integrantes encargados de garantizar la sostenibilidad de la actividad criminal.

Infraestructura y capacidad operativa

La organización disponía de una infraestructura criminal compleja, altamente especializada y dotada de importantes recursos económicos provenientes de otros países de Europa. Entre los medios detectados destacan embarcaciones de alta velocidad de elevado valor económico, motores de gran potencia, vehículos de transporte y vigilancia, pisos de seguridad, sistemas de comunicación cifrada, teléfonos satelitales, dispositivos GPS, antenas satelitales y una extensa red logística distribuida en varios países.

Durante la investigación se han intervenido 18 embarcaciones de tres y cuatro motores, con esloras superiores a los ocho metros y que podían alcanzar hasta los catorce metros de longitud. El valor de estas embarcaciones incautadas podría superar ampliamente los cinco millones de euros, circunstancia que determinaba el elevado nivel de violencia empleado por la organización para protegerlas, llegando incluso a aleccionar a sus pilotos para enfrentarse a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ruta criminal y diversificación

La organización había diversificado sus actividades ilícitas mediante un sistema de doble flujo. Por un lado, realizaban el traslado de sustancias de síntesis como el MDMA hacia Argelia. Posteriormente, aprovechaban el retorno de las embarcaciones para transportar migración irregular hacia las costas de Almería, Cartagena, Murcia, Alicante e Ibiza.

David Muñoz, el diputat de Vox a les Corts Valencianes que va presumir d'haver rebut “informació privilegiada” de la fiscal que, juntament amb la Guàrdia Civil, va desmantellar una organització criminal dedicada a l'explotació laboral d'éssers humans a Nules per criticar el procés de regularització d'immigrants impulsat pel Govern, ha posat en un compromís el Ministeri Públic. La responsable d'aquella operació va ser la fiscal delegada per al Tràfic d'Éssers Humans de la Fiscalia Provincial de Castelló, qui, preguntada per elDiario.es, ha declinat fer comentaris sobre l'assumpte.

Muñoz va fer aquest comentari després de les rèpliques a l'oposició en una comissió de les Corts Valencianes, després de deixar-se un micròfon obert, que va captar tota la conversa i va ser emesa al canal de YouTube de les Corts. El diputat ultra, elegit per la circumscripció de Castelló i llicenciat en Dret, va comentar al seu company d'escó: “Què t'ha paregut l'ús d'informació privilegiada? No sé si ho sap algú. Ho sé perquè m'ho ha dit la fiscal”. El parlamentari feia referència a una intervenció anterior en què va assegurar que els beneficiaris de la xarxa de tràfic de persones desmantellada a Nules eren ciutadans pakistanesos, “tots en procés de regularització per les instruccions del Govern d'Espanya”.

L'ús d'aquesta suposada informació, que el diputat atribuïx a “la fiscal”, tenia com a objectiu atacar el procés de regularització impulsat pel Govern i vincular la immigració amb la delinqüència. El diputat va dir en la comissió que la “concentració demogràfica”, en referència a la immigració, “s'ha convertit en caldo de cultiu per a la delinqüència i l'assentament d'estructures de crim organitzat”, per parlar de la trama desmantellada a Nules.

Després de conéixer-se aquestes paraules i davant la gravetat dels fets, diversos diputats de Vox, inclosa la presidenta de les Corts, Llanos Massó, també elegida per la circumscripció de Castelló, han tractat de llevar importància a l'assumpte, qualificant-lo d'“anècdota” i obviant la revelació de dades sensibles de la investigació, com la possibilitat que els detinguts pogueren acollir-se al procés de regularització per a treballar durant un any. El partit ultra tracta de llevar ferro a l'assumpte assegurant que la informació que revela Muñoz ja era coneguda. La Guàrdia Civil va emetre un comunicat en què apuntava que alguns beneficiaris de la trama eren d'origen pakistanés, igual que les seues víctimes, però no feia cap al·lusió al procés de regularització, en el qual se centra l'atac de Vox. Muñoz és vicepresident de Vox Castelló, número dos de la presidenta de les Corts, que forma part del nucli dur del partit a escala estatal.

Tant el PSPV-PSOE com Compromís han anunciat “accions legals” per a aclarir els fets i la suposada filtració. També ho ha fet la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, qui ha assegurat que l'actuació del diputat de Vox i les seues declaracions mereixen, com a “mínim”, una investigació, i que el seu partit està estudiant els mecanismes per a arribar “fins a les últimes conseqüències”. Compromís ha presentat una queixa a la Inspecció de la Fiscalia, i el grup Sumar, del qual forma part la coalició, ha registrat preguntes al Congrés reclamant una investigació sobre “l'ús de dades confidencials en el procés de regularització”.

Segons han explicat a elDiario.es fonts coneixedores del cas, correspondria a la Fiscalia Provincial de Castelló actuar d'ofici i elevar l'assumpte a la Fiscalia General de l'Estat (FGE), bé per a donar suport a la fiscal l'actuació de la qual ha sigut posada en qüestió, bé per a aclarir fins al final una possible filtració d'informació. Al tancament d'aquesta edició, la FGE no havia rebut cap escrit sobre aquest assumpte procedent de la Fiscalia de Castelló.

La informació difosa pel diputat podria ser falsa o, almenys, no ajustar-se del tot a la realitat dels fets, segons ha pogut saber aquest periòdic. No obstant això, fins al moment ni la Fiscalia Provincial de Castelló ni la mateixa fiscal al·ludida han eixit a desmentir el que podria ser un bàndol pronunciat per un diputat en seu parlamentària, encara que fora a través d'un micròfon obert. De fet, la difusió dels àudios de David Muñoz ha generat una notable preocupació en diferents sectors de la ciutadania, ja de per si alarmats per l'ús que alguns responsables polítics fan de la justícia.

Es va desmantellar una xarxa de tràfic amb fins d'explotació laboral i es va alliberar 80 persones

L'abril passat, la Guàrdia Civil va informar d'una gran operació contra el tràfic d''éssers humans amb finalitats d'explotació laboral. La investigació va ser duta a terme per la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Castelló en coordinació amb la fiscal delegada per al Tràfic d'Éssers Humans de la Fiscalia Provincial i amb el suport de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social.

En la batuda es va detindre set persones i se'n va alliberar 80, la majoria homes, “en situació d'extrema vulnerabilitat que malvivien amuntegats en zulos, en molts casos sense aigua ni llum”. Gran part de les víctimes era d'origen pakistanés, igual que el matrimoni que es considera beneficiari de la trama.

Les víctimes eren captades als seus propis països mitjançant falses ofertes de treball difoses a través de les xarxes socials, aplicacions de missatgeria i contactes personals. Els prometien unes condicions laborals atractives a Espanya, amb salaris dignes, allotjament i manutenció. Això els generava un deute constant que s'utilitzava com a mecanisme de control. Les víctimes eren obligades a treballar llargues jornades al camp, principalment en la recol·lecció agrícola, amb jornades de fins a 12 hores seguides. A més, va destacar l'Institut Armat, “no tenien contracte laboral ni cap documentació que regularitzara la seua situació, la qual cosa incrementava la seua vulnerabilitat”.

La responsable de la Fiscalia delegada d'Estrangeria a Castelló porta més de 20 anys exercint aquestes competències. És una professional de reconegut prestigi, que ha rebut premis, mencions i felicitacions públiques per la seua trajectòria. Ha impartit cursos, xarrades i formacions. És també fiscal delegada de menors i ha participat en nombrosos fòrums contra la violència de gènere i com a experta en el Fòrum Valencià d'Abolició de la Prostitució, impulsat per la Generalitat Valenciana sota el govern socialista. Ara, Vox la posa en el punt de mira per a reforçar el seu discurs xenòfob al Parlament autonòmic.

David Muñoz, el diputado de Vox en las Corts Valencianes que se vanaglorió de haber recibido “información privilegiada” de la fiscal que, junto con la Guardia Civil, desmanteló una organización criminal dedicada a la explotación laboral de seres humanos en Nules para criticar el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, ha puesto en un brete al Ministerio Público. La responsable de aquella operación fue la fiscal delegada para la Trata de Seres Humanos de la Fiscalía Provincial de Castellón, quien, preguntada por elDiario.es, ha declinado hacer comentarios sobre el asunto.

Muñoz realizó ese comentario tras las réplicas a la oposición en una comisión de las Corts Valencianes, después de dejarse un micrófono abierto, que captó toda la conversación y fue emitida en el canal de Youtube de las Corts. El diputado ultra, elegido por la circunscripción de Castellón y licenciado en Derecho, comentó a su compañero de escaño: “¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? No sé si lo sabe alguien. Lo sé porque me lo ha dicho la fiscal”. El parlamentario hacía referencia a una intervención anterior en la que aseguró que los beneficiarios de la red de trata de personas desmantelada en Nules eran ciudadanos pakistaníes, “todos en proceso de regularización por las instrucciones del Gobierno de España”.

El uso de esa supuesta información, que el diputado atribuye a “la fiscal”, tenía como objetivo atacar el proceso de regularización impulsado por el Gobierno y vincular la inmigración con la delincuencia. El diputado dijo en la comisión que la “concentración demográfica”, en referencia a la inmigración, “se ha convertido en caldo de cultivo para la delincuencia y el asentamiento de estructuras de crimen organizado”, para hablar de la trama desmantelada en Nules.

Tras conocerse esas palabras y ante la gravedad de los hechos, varios diputados de Vox, incluida la presidenta de las Corts, Llanos Massó, también elegida por la circunscripción de Castellón, han tratado de restar importancia al asunto, calificándolo de “anécdota” y obviando la revelación de datos sensibles de la investigación, como la posibilidad de que los detenidos pudieran acogerse al proceso de regularización para trabajar durante un año. El partido ultra trata de quitar hierro al asunto asegurando que la información que revela Muñoz ya era conocida. La Guardia Civil emitió un comunicado en el que apuntaba que algunos beneficiarios de la trama eran de origen pakistaní, igual que sus víctimas, pero no hacía alusión alguna al proceso de regularización, donde se centra el ataque de Vox. Muñoz es vicepresidente de Vox Castellón, número dos de la presidenta de las Corts, que forma parte del núcleo duro del partido a nivel nacional.

Tanto el PSPV-PSOE como Compromís han anunciado “acciones legales” para esclarecer los hechos y la supuesta filtración. También lo ha hecho la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha asegurado que la actuación del diputado de Vox y sus declaraciones merecen, como “mínimo”, una investigación, y que su partido está estudiando los mecanismos para llegar “hasta las últimas consecuencias”. Compromís ha presentado una queja en la Inspección de Fiscalía, y el grupo Sumar, del que forma parte la coalición, ha registrado preguntas en el Congreso reclamando una investigación sobre “el uso de datos confidenciales en el proceso de regularización”.

Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del caso, correspondería a la Fiscalía Provincial de Castellón actuar de oficio y elevar el asunto a la Fiscalía General del Estado (FGE), bien para respaldar a la fiscal cuya actuación ha sido puesta en cuestión, bien para esclarecer hasta el final una posible filtración de información. Al cierre de esta edición, la FGE no había recibido ningún escrito sobre este asunto procedente de la Fiscalía de Castellón.

La información difundida por el diputado podría ser falsa o, al menos, no ajustarse por completo a la realidad de los hechos, según ha podido saber este periódico. Sin embargo, hasta el momento ni la Fiscalía Provincial de Castellón ni la propia fiscal aludida han salido a desmentir lo que podría ser un bulo pronunciado por un diputado en sede parlamentaria, aunque fuera a través de un micrófono abierto. De hecho, la difusión de los audios de David Muñoz ha generado una notable preocupación en distintos sectores de la ciudadanía, ya de por sí alarmados con el uso que algunos responsables políticos hacen de la justicia.

Se desmanteló una red de trata con fines de explotación laboral y liberó a 80 personas

El pasado abril, la Guardia Civil informó de una gran operación contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La investigación fue llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón en coordinación con la Fiscal Delegada para la trata de seres humanos de la Fiscalía Provincial y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

En la redada, se detuvo a siete personas y se liberó a 80, la mayoría hombres, “en situación de extrema vulnerabilidad que malvivían hacinadas en zulos, en muchos casos sin agua ni luz”. Gran parte de las víctimas era de origen pakistaní, como el matrimonio al que se considera beneficiario de la trama.

Las víctimas eran captadas en sus propios países mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Les prometían condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención. Ello les generaba una deuda constante que se usaba como mecanismo de control. Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, con jornadas de hasta 12 horas continuas. Además, destacó el Instituto Armado, “carecían de contrato laboral y de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad”.

La responsable de la Fiscalía delegada de Extranjería en Castellón lleva más de 20 años ejerciendo estas competencias. Es una profesional de reconocido prestigio, que ha recibido premios, menciones y felicitaciones públicas por su trayectoria. Ha impartido cursos, charlas y formaciones. Es también fiscal delegada de menores y ha participado en numerosos foros contra la violencia de género y como experta en el Foro Valenciano de Abolición de la Prostitución, impulsado por la Generalitat valenciana bajo el gobierno socialista. Ahora, Vox la pone en la diana para reforzar su discurso xenófobo en el Parlamento autonómico.

Un micrófono abierto en las Corts Valencianes caza a un diputado de Vox jactándose de tener “información privilegiada” sobre una investigación judicial. Los micrófonos y el sistema de streaming de la comisión de Presupuestos han captado a los diputados de Vox Jesús Albiol y David Muñoz comentando la primera parte de la sesión, en la que también han llamado “bruja” a una diputada socialista.

Muñoz, que ha efectuado las réplicas a Compromís y el PSPV, le dice a su compañero: “¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? No sé si lo sabe alguien. Lo sé porque me lo ha dicho la Fiscal”. El parlamentario hacía referencia a una respuesta anterior en la que aseguraba que los beneficiarios de una red de trata de personas desmantelada eran pakistanís “todos en proceso de regularización por las instrucciones del Gobierno de España”.

En concreto, se refiere a una operación de la Guardia Civil de abril de 2026, en las que se liberó a 80 personas migrantes en Nules (Castellón). La Policía Judicial desmanteló una organización criminal que operaba en el sector agrícola y detuvo a siete personas por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. El diputado de Compromís Jesús Pla le había reprochado un discurso xenófobo y planteó “quiénes se benefician” de estas redes de trata.

Durante el descanso de la comisión, los parlamentarios de Vox bromean entre sí sobre el discurso y ese uso de información que menciona Muñoz. Acto seguido, comentan que la diputada del PSOE Alicia Andújar tiene un tono de voz “que la hace antipática” y se refieren a ella como “la bruja Andújar”. Al instante, el diputado Jesús Albiol recibe una llamada y corta de inmediato el micrófono.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas que conformaban una red de explotación laboral dedicada a suministrar mano de obra barata en construcciones del norte de España. Hay una cuarta persona investigada por su participación en los hechos y al menos 41 víctimas identificadas, obreros extranjeros en situación de vulnerabilidad, que trabajaban en Cantabria, Asturias y País Vasco.

La Policía Judicial del instituto armado detectó el pasado verano indicios de esta posible red y de la explotación laboral de numerosos trabajadores, lo que apuntaba a posibles delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, la trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y los de los ciudadanos extranjeros, entre otros.

Los agentes realizaron vigilancias y comprobaciones en las tres citadas comunidades autónomas y lograron identificar una empresa cuyo principal responsable desarrollaba su actividad en Vizcaya y con sede económica en Vitoria.

Descubrieron que muchos de los trabajadores se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad por circunstancias económicas o sociales que favorecían un estado de dependencia respecto quienes controlaban sus desplazamientos y condiciones de trabajo.

La mayoría de los empleados habían realizado largos desplazamientos hasta nuestro país a través de diferentes rutas migratorias en diversos medios de transporte, incluso con escalas en países como Grecia e Italia antes de llegar a su destino final. Algunos habían contraído deudas de hasta 30.000 euros para financiar el viaje, lo que aumentaba su situación de vulnerabilidad.

Los guardias civiles detectaron que, al inicio de cada jornada laboral, numerosos trabajadores se concentraban en distintos puntos de Vitoria, desde donde eran distribuidos en vehículos hacia diferentes obras de construcción, llegando a recorrer diariamente “cientos” de kilómetros.

En los casos de Asturias y Cantabria, debido a la distancia respecto a la sede de la empresa investigada, los trabajadores eran alojados en viviendas donde permanecían durante la semana laboral en condiciones que están siendo investigadas.

Ante esto, y en virtud del convenio de colaboración existente, en febrero de 2026 se incorporó a la investigación la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Durante las pesquisas se constataron varios accidentes laborales sufridos por trabajadores vinculados a este entramado. Al menos dos habrían sido trasladados a centros sanitarios y posteriormente apartados de su empleo.

Así las cosas, se reunieron indicios sobre la existencia de una red organizada dedicada a favorecer la inmigración irregular y explotar laboralmente a trabajadores extranjeros, entre otros ilícitos penales.

En su fase de explotación final este pasado mes, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Policía Judicial en Álava y Cantabria, con el apoyo de más de 70 efectivos de las USECIC de la Guardia Civil en País Vasco, Cantabria y Asturias, llevaron a cabo un operativo simultáneo en varias obras del norte.

Como resultado, han sido inspeccionadas diez obras en estas comunidades, y han sido detectadas presuntas irregularidades laborales en siete de ellas. Durante el operativo han sido identificados 41 trabajadores extranjeros vinculados a distintas empresas investigadas.

La mayoría utilizaba documentación de terceros para acreditar su identidad ya que se encontraban en situación administrativa irregular.

Durante las actuaciones, muchos trabajadores mostraban inicialmente reticencias a colaborar con las autoridades y dificultaban la verificación de su identidad y situación administrativa.

Posteriormente, varios reconocieron haber abonado importantes cantidades de dinero a organizaciones dedicadas a facilitar la inmigración irregular para llegar a España y acceder a un empleo.

En total, han sido detenidas tres personas, responsables empresariales. También se investiga a una cuarta por su participación en los hechos. Se han realizado tres registros e inspecciones en inmuebles y establecimientos de Vizcaya y Álava, donde ha sido intervenida documentación y dispositivos electrónicos que están siendo investigados.

Tras las comprobaciones realizadas, 40 de los 41 trabajadores identificados se encontraban en situación administrativa irregular en España. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Santander, que dirige actualmente la instrucción del procedimiento. La operación, de nombre 'Ambotan-Canapu', sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Nueve mujeres han sufrido agresiones sexuales mientras trabajaban para una red criminal desarticulada por la Guardia Civil en Caspe por delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Según la investigación, las víctimas fueron sometidas a episodios de carácter sexual sin su consentimiento y recibieron propuestas reiteradas para mantener relaciones sexuales bajo amenazas y coacciones. Estos hechos se producían siempre en momentos y lugares en los que no había terceras personas presentes. Los presuntos autores habrían aprovechado su posición de superioridad respecto a las trabajadoras y la situación de vulnerabilidad en la que estas se encontraban.

Gracias a las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y a la coordinación con la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional y otras instituciones, se ha prestado asistencia a las víctimas para mejorar su situación personal y facilitarles la obtención de la documentación laboral temporal necesaria para desarrollar una actividad profesional dentro de la legalidad.

Esta investigación se desarrolló de forma paralela a la operación contra una red dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, en la que están implicados dos de los detenidos —el presunto cabecilla y otro miembro del grupo—. En el marco de dicha operación se han localizado más de 50 víctimas.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de febrero tras el análisis de varias denuncias presentadas por trabajadores del sector de la recogida de fruta, quienes alertaron sobre las condiciones laborales y las situaciones personales sufridas durante sus jornadas de trabajo.

A medida que avanzó la investigación, los agentes localizaron a varias víctimas contratadas por las mismas personas. Estas, además de soportar largas jornadas laborales, carecer en algunos casos de contrato de trabajo o sufrir irregularidades en su contratación, el impago total o parcial de la cantidad económica acordada por su jornada, también habrían sido amenazadas con tener problemas si ponían en conocimiento estos hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Una vez identificadas las cuatro personas que, presuntamente y de forma coordinada, desarrollaban esta actividad ilícita, y tras reunir los indicios necesarios para sustentar la investigación, la Guardia Civil llevó a cabo el pasado 10 de junio un registro en el domicilio de uno de los integrantes de la organización, ubicado en Caspe. Durante la actuación se intervino abundante documentación y diversos dispositivos electrónicos con información relevante para la causa.

Ese mismo día fueron detenidas cuatro personas, todas ellas de origen pakistaní y con edades comprendidas entre los 23 y los 41 años, como presuntas autoras de delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral y delitos contra los derechos de los trabajadores, incluidos los trabajadores extranjeros.

Al supuesto cabecilla de la organización también se le atribuyen delitos de amenazas, coacciones y falsedad documental. Según la investigación, los detenidos tenían funciones claramente diferenciadas dentro de la red. El líder se encargaba de organizar las jornadas laborales y asignar a los trabajadores a distintas explotaciones agrícolas, así como de gestionar los traslados, alojamientos, documentación y puntos de recogida. Otro de los integrantes se ocupaba de captar a las personas que posteriormente eran contratadas, mientras que los otros dos realizaban las labores de transporte de los trabajadores hasta las fincas asignadas

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal asentado en La Rioja y ha detenido a cinco personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. 

La denominada operación “Portus‑Cale”, ha permitido liberar a ocho víctimas, con edades comprendidas entre los 40 y los 74 años. El grupo criminal anulaban su autonomía y se aprovechaban de su situación de necesidad para tratarlo como “mercancía” de la que obtener beneficio.

Una víctima fue atropellada mortalmente al intentar huir

Durante la investigación, también se ha constatado que una de las víctimas de la organización criminal decidió dejar de trabajar en las condiciones impuestas y marcharse, siendo atropellada en la carretera N-232 por tres vehículos, falleciendo como consecuencia del impacto.

Los explotadores mantenían a los trabajadores en una situación de dependencia, alojándolos en viviendas carentes de las condiciones mínimas de habitabilidad: espacios precarios, con falta de higiene y sin comodidades básicas. Además, eran alimentadas con carne en mal estado y se les facilitaba el acceso al alcohol por parte de los explotadores como mecanismo de control y aislamiento social.

Las víctimas eran sometidas a jornadas de entre 12 y 16 horas diarias, sin respetar domingos ni festivos. No existía el descanso, solo la “plena disponibilidad”. Desde la poda de viñas hasta reformas integrales de inmuebles o servicios de portes, los trabajadores eran obligados a realizar cualquier tarea que el clan familiar ordenara.

Algunas víctimas acumulaban años de trabajo sin percibir salario alguno; otras cobraban cuatro euros por hora, de los que además se les descontaban gastos como tabaco y alcohol. Incluso llegaron a ser agredidas físicamente por el simple hecho de encontrarse enfermas y no poder acudir a su jornada laboral.

La operación se inició cuando la Guardia Civil detectó indicios de que varias personas de nacionalidad portuguesa, residentes en la localidad de Rincón de Olivedo (La Rioja), podrían estar siendo explotadas laboralmente por otros compatriotas. 

Las primeras actuaciones permitieron centrar las actuaciones en un núcleo familiar encabezado por una mujer -conocida como la “jefa”-, que actuaba junto a su marido, dos de sus hijos y la pareja de uno de ellos. Este grupo, asentado en dos viviendas desde las que se coordinaba toda la actividad ilícita. El estudio patrimonial realizado en el marco de la investigación ha constatado que las dos principales responsables de la organización llegaron a ingresar en sus cuentas bancarias, en concepto de trabajos agrícolas, un total de 2.517.593 euros desde el año 2022.

Los clientes conocían la situación: una bodega está siendo investigada

La investigación ha permitido relacionar a diversos viticultores, agricultores y particulares de La Rioja Baja y la Ribera de Navarra contrataban los servicios del clan.

En este sentido, una bodega y un directivo de esta están siendo investigados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, tras haber recurrido de forma continuada a los servicios del entramado criminal. Según se ha podido constatar, la empresa llegó a abonar al grupo delictivo un total de 569.000 euros por estos servicios. En muchos casos, estos clientes eran plenamente conscientes de la precariedad en la que se encontraban los trabajadores. 

Con toda la información recabada, se practicaron siete entradas en inmuebles. En el operativo se incautaron cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros, abundante documentación para su análisis, así como ocho vehículos, cinco de ellos de alta gama, y se bloquearon de siete cuentas bancarias que los implicados mantenían activas.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra (La Rioja), con la colaboración con diferentes especialidades de la Guardia Civil.

La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2025 a un total de 1.869 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 28 menores. Este balance es el resultado de 413 operaciones, que desembocaron en la detención de 1.056 personas y la desarticulación de 112 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo 6.775 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo. Son los datos del Resumen ejecutivo anual de trata y explotación de seres humanos 2025, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Unos datos que reflejan que en La Rioja, los delitos que vulneran derechos fundamentales han dejado de ser una realidad lejana.

De hecho, hasta hace poco la trata de seres humanos con fines de explotación laboral era un fenómeno estadísticamente invisible en la región. Durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024 las fuerzas de seguridad del Estado mantuvieron el casillero de víctimas a cero. Sin embargo, la situación cambia radicalmente en 2025 con un total de 27 víctimas de trata laboral y 18 detenidos por este motivo. En cambio, y atendiendo al número de víctimas de explotación laboral, el peor año de los analizados en La Rioja fue 2024 con 25 víctimas, frente las 5 de 2022 y ninguna en 2021, 2023 y 2025. Operaciones tras las que se detuvo a diez personas en 2024 y tres en 2022.

La explotación sexual: un riesgo silencioso que se multiplica por ocho

Por otra parte, y en el capítulo de trata de seres humanos y explotación sexual, las cifras registradas en La Rioja describen una realidad de alerta permanente. Las cifras absolutas de víctimas de trata o explotación sexual en La Rioja se mantienen mínimos de uno o dos casos por año. Sin embargo, las inspecciones administrativas han aumentado un 225 por ciento, pasando de cuatro inspecciones en 2021 a 13 en 2025. Más inspecciones que han permitido detectar más personas en situación de riesgo que se han multiplicado por ocho al pasar de 12 en 2021 a 98 en 2025.

El estudio también recoge los matrimonios forzados, mendicidad o actividades delictivas forzadas y, en el caso de La Rioja, el documento reporta cero casos e incidencias en los años analizados.

Las cifras

En cuanto a las cifras, del total de víctimas, 858 fueron captadas por redes criminales organizadas de trata de seres humanos, mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral, matrimonios forzados, mendicidad y comisión de actividades delictivas.

1.015 más son víctimas sometidas también a procesos de explotación sexual en entornos de prostitución, o laboral, con condiciones de restricción o violación de sus derechos, aunque en su caso no se ha podido demostrar que hubiesen llegado a esa situación por la intervención de una red organizada de trata de personas.

Según se recoge en el balance, fueron un total de 374 las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual, dos de ellas menores de edad. El perfil mayoritario es el de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Colombia, Venezuela y China. En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual, sin la concurrencia de redes de trata de personas, el número se eleva a 397 (13 menores), mayoritariamente mujeres de 23 a 27 años, originarias de Colombia, Paraguay y Venezuela. 

Las 189 operaciones policiales llevadas a cabo en el ámbito de la trata y explotación sexual culminaron con la desarticulación de 87 grupos y organizaciones criminales y la detención de 656 personas, la mayoría de nacionalidad española. 

Además, en 2025 la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 1.734 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, una labor que permitió identificar a 7.830 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos, con un perfil mayoritario de mujer, de entre 33 y 37 años, de nacionalidad colombiana, española y rumana.

Trata y explotación laboral

En cuanto a las actuaciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas fueron 393, tres de ellas menores. El perfil mayoritario de víctima es un hombre, de 23 a 27 años, natural de Nepal, India y Marruecos.

Las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, pero sin la concurrencia de redes de trata de seres humanos, fueron 618, cuatro de ellas menores de edad, y con un perfil similar: hombre de entre 28 a 32 años, procedente de Colombia, Marruecos e India.

La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió desarticular en este caso 23 organizaciones criminales en el ámbito de la trata y explotación laboral, que culminaron con la detención de 384 personas.

Durante 2024, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 5.041 inspecciones administrativas en centros de trabajo, que permitieron la identificación de 17.195 trabajadores.

Trata para matrimonios forzados, criminalidad y mendicidad 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan también para combatir la trata de seres humanos con otras finalidades distintas de la explotación laboral y sexual. A lo largo de 2025 intervinieron en un caso de trata con fines de matrimonios forzados, con una víctima menor de edad, de nacionalidad rumana. La operación terminó con la detención de cuatro personas.

También se ha actuado en seis atestados de trata dirigida a la criminalidad forzada, que han hecho posible la liberación de 92 víctimas, en su mayoría mujeres ucranianas, captadas para cometer estafas en casas de apuestas de juego online. Las operaciones culminaron con 18 detenidos.

El informe ejecutivo incluye dos operaciones contra la trata con fines de mendicidad, que permitieron la liberación de dos víctimas (una española y otra rumana) y la detención de siete personas.

Una decena de nuevas víctimas potenciales del financiero y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein se han dirigido a la justicia francesa con la intención de ofrecer sus testimonios, según ha explicado este domingo la fiscal de París, Laure Beccuau.

En una entrevista radiotelevisada por Public Sénat y RTL, Beccuau ha señalado que esas personas han dado el paso tras el llamamiento que hizo a comienzos de año, en el marco de la investigación puesta en marcha por “trata de seres humanos” y después de que la Administración de Estados Unidos publicara miles de documentos de Epstein, muerto en prisión en 2019.

La fiscal ha indicado que se tomará testimonio a estas presuntas víctimas, algunas de las cuales viven fuera de Francia, pero antes de eso los investigadores quieren “estructurar” su conocimiento sobre “la relación de Epstein con el conjunto de los protagonistas”, en particular estudiando los documentos puestos en línea por Estados Unidos.

Preguntada por si ha experimentado algún tipo de presión en la gestión de este caso, la representante del Ministerio Público respondió de forma tajante: “Absolutamente ninguna”.

Por otro lado, Beccuau avanzó que las denuncias interpuestas por mujeres que dicen haber sufrido agresiones sexuales por parte del cantante Patrick Bruel van a agruparse en la Fiscalía de Nanterre, el tribunal del extrarradio de París que es competente teniendo en cuenta el domicilio del artista.

Puntualizó que por las informaciones de las que dispone, hay por el momento cuatro denuncias contra Bruel, ya que no se contabiliza la anunciada este viernes por la presentadora de televisión Flavie Flament, que dice haber sufrido una violación en 1991 cuando tenía 16 años, y que no se ha notificado formalmente.

En el mes de febrero, la Fiscalía Financiera francesa llevó a cabo registros en la capital, París, relacionados con la investigación contra el exministro socialista Jack Lang, de 86 años, y su hija Caroline por los supuestos lazos financieros de ambos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

La Guardia Civil destapa una organización criminal asentada en la provincia de Castellón dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los agentes han detenido a siete personas y han liberado a 80 personas migrantes en situación de “extrema vulnerabilidad, que malvivían hacinadas en zulos, en muchos casos sin agua ni luz”, según informa el Ministerio de Interior en un comunicado. Se trata de 77 hombres y 3 mujeres, con edades entre los 20 y 35 años, que eran forzadas a trabajar más de 12 horas diarias.

En la operación, a cargo de la Policía Judicial del Cuerpo, han sido detenidas siete personas a las que se les atribuye todo el proceso de explotación laboral, desde su captación en países extranjeros con falsas ofertas de empleo con buenas condiciones laborales, hasta su explotación en España en trabajos en el sector agrícola, alcanzo la “semi esclavitud”.

Las víctimas, en su mayoría hombres en situación de vulnerabilidad económica, eran principalmente de origen nepalí, pakistaní, senegalés o de países árabes. Según informa el Cuerpo, eran captadas en sus propios países mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos personales. Les prometían condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención.

La investigación ha permitido identificar a los principales beneficiarios del entramado, un matrimonio de origen pakistaní, propietario del asentamiento principal en Nules, donde las víctimas eran alojadas hasta en cuatro viviendas distintas. El grupo operaba principalmente en las comarcas de la Plana Baixa y L’Alt Palancia de Castellón, además de las comarcas del Camp de Morvedre, Camp de Turia y L’Horta Nord, en Valencia.

Una vez que aceptaban la oferta, las víctimas eran trasladadas a España -en ocasiones mediante viajes organizados por la propia red criminal-, generándoles una deuda que posteriormente era utilizada como mecanismo de control y coacción. A su llegada, eran alojadas en viviendas con condiciones de hacinamiento extremo, sin requisitos de habitabilidad y llegando incluso a carecer de suministros básicos como agua o electricidad.

Las víctimas eran obligadas a trabajar largas jornadas en el campo, principalmente en la recolección agrícola, en condiciones muy precarias con jornadas de hasta 12 y 13 horas diarias sin apenas descanso. La remuneración era inexistente o meramente simbólica, ya que de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención. Estas personas carecían de contrato laboral y de cualquier documentación que regularizara su situación, lo que incrementaba su vulnerabilidad y el control del entramado sobre las mismas. Este control se ejercía mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones, lo que generaba un clima de miedo constante que dificultaba cualquier intento de huida, recalca la Guardia Civil.

Operación “Balarama”

La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Castellón en coordinación con la Fiscal Delegada para la trata de seres humanos de la Fiscalía Provincial y el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha sido desarrollada durante varios meses y ha permitido destapar este entramado que sometía a sus víctimas a condiciones laborales y de vida próximas a la esclavitud.

La organización operaba de forma jerarquizada: algunos de sus integrantes se encargaban de captar a las víctimas en sus países de origen, otros gestionaban los traslados y el alojamiento, mientras que un tercer grupo controlaba la explotación laboral y la recaudación de los beneficios obtenidos.

También se ha detectado la utilización de empresas y estructuras legales para dar apariencia de legalidad a parte de la actividad, así como para beneficiarse del impago de salarios y de la elusión de obligaciones con la Seguridad Social.

En las actuaciones policiales se han realizado cinco registros en domicilios con la detención de siete personas y la liberación de 80 víctimas, 77 hombres y tres mujeres, con edades entre los 20 y 35 años. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado el ingreso en prisión de dos de las siete personas detenidas. La operación ha sido desarrollada con la colaboración de distintos organismos, entidades sociales y sanitarias, como Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos, que han velado por la atención y protección de las víctimas.

Hay una “gran disparidad de datos” sobre las mujeres que son víctimas de trata, tanto en el todo el país como en Castilla-La Mancha. Así lo ha denunciado la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Sara Simón, quien ha lamentado que existan tan pocas cifras sobre la explotación sexual, una realidad a la que “nuestra sociedad todavía no ha querido afrontar o no ha querido mirar”.

Concretamente, ha afirmado que, según datos del Ministerio de Interior, en el año 2023 en Castilla-La Mancha solamente hubo 10 víctimas de trata. Por otro lado, asociaciones que han estado trabajando sobre el terreno, en concreto In Género, estiman que en el año 2024 hubo en Castilla-La Mancha 1.963 víctimas de trata, mientras que Médicos del Mundo arroja la cifra de 400.

“Esto significa que hay una gran disparidad de datos sobre la mesa y que es muy necesario que nos pongamos a colaborar para intercambiarnos la información y para poder saber cuál es esa radiografía que tenemos en la región”, ha reclamado con motivo de la reunión en Toledo de la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual.

Los datos de los que dispone el Gobierno castellanomanchego apuntan que las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha rondan entre los 23 y los 32 años, proceden en su mayoría de países de Latinoamérica y la deuda que mantienen con las personas que las explotan tiene más que ver con su situación de “irregularidad”.

Respecto a la procedencia, ha insistido en que están llegando más mujeres procedentes de Latinoamérica y las redes que estaban traficando o que ejercían este delito en los países del Este “están dejando de funcionar”.

Las principales razones para seguir obligando a estas mujeres no tienen tanto que ver “con la deuda física que pueden contraer, sino con la situación de irregularidad en la que se encuentran”. Incluso hay mujeres que llegan con documentación, a las que se les roba el pasaporte y “la situación de indefensión que tienen es muy grande”.

También, es destacable las amenazas sobre la familia o la descendencia que tienen en los países de origen. Las redes sociales y la nueva ciberprostitución también está afectando “de una manera especial a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y también hace más difícil, por otra parte, poder acceder o poder llegar a estas mujeres”.

Muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento

Se ha detectado “el traslado de la obligación de ejercer la prostitución en puticlubs a pisos particulares”, a los que “es muy difícil acceder” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El movimiento de las mujeres es muy alto y muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento por demasiado tiempo”, ha precisado la consejera del ramo.

En este punto, ha señalado que cuando “los proxenetas ven que en un piso están llegando, por ejemplo, personas que pertenecen a una entidad y que están trabajando con las mujeres”, las cambian o trasladan a otros entornos.

Asimismo, ha demandado “avanzar y ahondar en poner en marcha herramientas legales” que permitan acabar con la trata con fines de explotación sexual y también acabar con la prostitución. “No todas las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución son víctimas de la trata, pero desde luego que sí que todas las mujeres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual acaban en la prostitución”, ha afirmado.

Tierra “de paso” y “de destino” para las redes de trata

En lo que también hay que trabajar, según Simón, “es en que no haya demanda de prostitución, porque solamente cuando no haya demanda no va a haber oferta”. “No va a haber personas que se sientan con el deseo ilícito de ofrecer a mujeres como si fuesen mercancía para obtener un beneficio económico”, ha aseverado.

Castilla-La Mancha es “una tierra de paso y una tierra de destino para las redes de trata con fines de explotación sexual”, un corredor de tránsito, especialmente en la zona que va desde Toledo a Ciudad Real y también, por supuesto, en la carretera de Levante.

Hay establecimientos en los que se ejerce la prostitución que no se cierran porque “no hay una herramienta legal para que así se pueda hacer”. Todos estos establecimientos están dados de alta de manera legal, con licencias de hoteles o de locales de ocio, ha remarcado Simón.

Jeffrey Epstein, líder de una red de tráfico y abuso sexual de menores para otros hombres con dinero, se suicidó hace seis años en una celda de una cárcel de Nueva York, pero no se llevó todos sus secretos a la tumba. Algunos dejaron rastro en su correo electrónico y en su agenda de contactos. Ese material, que en parte ya se había filtrado durante la investigación, se acaba de publicar casi por completo. Son tres millones de páginas. Son cientos de miles de correos electrónicos… más de 2.000 videos y 180.000 imágenes.

Mientras los periodistas intentamos revisar, contrastar, recabar información, corroborar versiones… Internet se llena de hallazgos muy relevantes, sí, pero también de titulares arriesgados y especulaciones. Así que nosotros, con la información que tenemos, tratamos de explicar lo que se sabe y lo que no se sabe hasta el momento. Lo hacemos con el colaborador de elDiario.es y con el director adjunto de Maldita.es, Carlos Hernández Echevarría. 

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Women's Link Worldwide, la organización que asesora legalmente a Laura y Rebeca, las exempleadas que denunciaron a Julio Iglesias en España por seis delitos, entre los que se incluyen trata de personas, agresiones sexuales y delitos contra los derechos de los trabajadores, han reaccionado a la decisión de archivo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional con un comunicado en el que anuncian que habrá más acciones legales. Las abogadas explican que el escrito que han recibido deja claro que no se han valorado los hechos denunciados, y califican la decisión de “lamentable”.

“La decisión de la Fiscalía es lamentable porque pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia”.  

“La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas, desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias”, aseguran en el texto que han hecho público las dos organizaciones. 

Y fundamentan la decisión de presentar esta denuncia en España: “El Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera del territorio. La justicia debe ser posible más allá de las fronteras”, recuerdan las abogadas.  

elDiario.es y Univision noticias publicaron el pasado 13 de enero el reportaje que recogía los testimonios de Rebeca y Laura, dos extrabajadoras de Julio Iglesias en régimen interno en su casa de Punta Cana (República Dominicana). Rebeca relató que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Iglesias y describió penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Laura, de profesión fisioterapeuta, aseguró que, además de tocamientos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo. Ese mismo día, se supo que sus representantes legales habían interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 5 de enero.

No se evaluaron los posibles delitos

El escrito de la Fiscalía llegó al despacho de Women's Link este viernes a las 2:39 pm hora de Madrid, según relatan en el comunicado. “La Fiscalía ha dicho que procede a archivar la denuncia por falta de jurisdicción de los tribunales españoles haciéndonos saber que no produce efectos de cosa juzgada. Esto quiere decir que no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado, por lo que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante los órganos judiciales pertinentes”. 

Tras reunirse con las denunciantes, ellas y las abogadas han decidido seguir adelante. “Rebeca y Laura no aceptarán un tecnicismo legal para que su denuncia no sea investigada. Ellas exigen a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que considere toda la información y evidencia presentada y están decepcionadas de que la decisión de la Fiscalía fue comunicada a Women’s Link sin considerar tres escritos legales adicionales que la Fiscalía no contestó. Expresan además que, aunque la Fiscalía tenía seis meses para conducir la etapa preprocesal, han tomado una decisión en menos de dos semanas, sin tener en consideración todos los elementos probatorios”, detallan.  

Las mujeres denunciantes “han pedido que se respete su privacidad” mientras determinan sus próximos pasos legales. Women's Link explica que ellas temen por posibles represalias, y que sin embargo han reiterado que “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”. Y reiteran su voluntad de acompañarlas en esa búsqueda: “En Women’s Link y Amnistía Internacional reiteramos la importancia de proteger a las sobrevivientes. Seguimos comprometidas con el proceso de búsqueda de justicia de Rebeca y Laura”, aseguran.

Puedes leer más sobre esta investigación en nuestro especial

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Gema Fernández es una de las abogadas de la organización internacional de derechos humanos Women's Link Worldwide que acompaña la denuncia de Laura y Rebeca contra Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En esa denuncia, las abogadas de las dos mujeres que decidieron romper su silencio en la investigación de elDiario.es y Univision Noticias, identifican varios posibles delitos: “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” junto con “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores “por la imposición de condiciones laborales abusivas”. Los hechos sucedieron en 2021 en las mansiones que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas. Gema Fernández da más detalles sobre la acción legal de estas dos mujeres.

¿Por qué se presenta esta denuncia en España y no en los países donde se produjeron los hechos?

Los hechos que relatan las denunciantes se pueden investigar en España porque el denunciado tiene un vínculo con España, que es la nacionalidad. Las leyes procesales permiten excepcionalmente investigar y juzgar hechos que se cometen fuera del territorio del Estado cuando se cumplen determinadas circunstancias; por ejemplo, que haya una vinculación con el autor del delito o las víctimas, como es en este caso la nacionalidad del denunciado. También lo permite cuando los hechos no se han perseguido en los países donde se han cometido y los delitos también son punibles en esos países. Se cumplen todas esas circunstancias y pensamos que España tiene unas leyes de protección contra la trata y contra las violencias de género, a través de los tratados internacionales de los que es parte y de su desarrollo legislativo, que pueden dar acceso a la justicia a estas mujeres.

También por el tipo de delitos de los que estamos hablando. Hay dos convenios del Consejo de Europa, el de Varsovia, que lucha contra la trata, y el de Estambul, contra la violencia sexual y la violencia de género que establecen obligaciones a los Estados que se adhieren de modificar su legislación para garantizar que tienen jurisdicción para conocer de los hechos y delitos que protege el convenio. España, que es parte de los dos convenios, se comprometió a modificar sus leyes internas para asegurar que puede juzgar a personas que cometan estos delitos, así sea fuera del territorio del Estado.

¿Qué delitos identifican en la denuncia?

Nosotras ponemos unos hechos en conocimiento de la Fiscalía y corresponde a la Fiscalía en última instancia determinar si esos hechos corresponden a determinados delitos. Pero nos parece que los hechos relatados coinciden con posibles delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado o servidumbre, delitos contra la libertad sexual, acoso, agresiones sexuales, algún delito de lesiones derivados de esas agresiones sexuales. Y, por último, la posibilidad de que existan delitos contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones laborales forzadas y por la falta de cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social.

¿Por qué los hechos podrían dar lugar a un delito de trata? ¿Cuáles son los elementos necesarios para que se pueda hablar de un delito de trata de personas?

El delito de trata de personas está definido con una serie de elementos que incluyen una captación, un traslado, una recepción y una finalidad de explotación, y por los medios comisivos: cómo se logra captar a una persona, sacarla de su entorno, llevarla a otro lugar con la finalidad de explotarla, obtener un beneficio económico de ella a través de medios como el engaño, la violencia, o el abuso de una situación de poder. En este caso habría engaño: estas mujeres realmente no sabían cuáles iban a ser las condiciones laborales en las que se iban a desempeñar. Nunca hubo una conversación formal acerca del contenido del trabajo en sí mismo, era una captación a través de un mensaje en redes, en unas determinadas redes donde se sabía que se podían encontrar mujeres y chicas del gusto del denunciado, de una determinada edad, de un determinado origen social y de una determinada etnia o color de piel.

Esa era la captación, luego el traslado las aísla un poco de su entorno, se las lleva a vivir en una casa donde además también van a trabajar. Y es ahí donde se produce esta explotación. El delito de trata siempre lo relacionamos más con trata con fines de explotación sexual, pero la trata puede tener otro tipo de explotación. Digamos que son los mismos elementos (la captación, el traslado y la explotación de alguien), pero en este caso estaríamos hablando de la imposición de unas condiciones de trabajo que se asemejan a la servidumbre, a personas que están en casa al servicio las 24 horas del día

Proponéis una calificación de delitos de agresión sexual con el Código Penal de 2021, el año en que se produjeron los hechos, en la mano. En ese momento, no estaba vigente todavía la ley del solo sí es sí y para calificar unos hechos de agresión sexual se requería que existiera violencia o intimidación. En la denuncia vosotras defendéis que los delitos habrían sido agresiones sexuales y no abusos, ¿por qué?

Como los hechos son del año 2021 nos vemos obligadas a referirnos al Código Penal que estaba vigente en ese momento y además siempre con respeto del principio de menor lesividad para el acusado. En el Código Penal del año 2021, los delitos contra la integridad sexual tenían dos escalones diferentes: el abuso y las agresiones. No había un modelo basado en el consentimiento, la diferencia radicaba en el uso de violencia o intimidación. Nosotras entendemos que los hechos que se relatan se produjeron en un clima de intimidación constante, de control, de jerarquía, de diferencia de poder notable, y se producían además en presencia del denunciado y de otras dos personas que también tenían una relación de jerarquía laboral con las denunciantes. En este clima nosotras entendemos que se dan las circunstancias para hablar de agresión sexual y no de abuso.

Habláis de intimidación ambiental, ¿es ese el concepto clave?

Sí, creemos que hay que ponerlo todo en su contexto. Estamos hablando de unas agresiones sexuales que no podemos encapsular, individualizar y de repente solo mirar ese momento, sino hay que entender todo el clima laboral, el ambiente de miedo, de control, los insultos, los gritos, todo ese ambiente que ellas relatan para entender cómo luego, en el momento concreto en el que se está produciendo la agresión sexual, opera. Ese concepto de intimidación ambiental se refiere a ese ambiente opresivo, ese ambiente en el que –ellas lo explican muy bien en su testimonio– te hace sentir que no puedes decir que no, que no hay escapatoria. A eso nos referimos cuando hablamos de intimidación ambiental.

Ahora que la denuncia está presentada, ¿en qué fase del proceso estamos?

Nosotras hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que consideramos que hay que investigar y que podrían potencialmente ser delictivos. No nos hemos querellado, no hay un proceso judicial todavía abierto. Esto es una fase anterior, por eso se llaman diligencias preprocesales. La Fiscalía decide si tiene elementos suficientes para acusar a una persona o personas determinadas por una serie de delitos. Hay un límite legal de seis meses para llevar a cabo estas diligencias preprocesales para darle la garantía de los investigados de que esto no se prolongue sine die. Excepcionalmente, la Fiscalía puede prorrogar otros seis meses si el caso es especialmente complejo o si existen razones de peso.

La Fiscalía tiene que decidir, primero, si considera que hay jurisdicción de la Justicia española para investigar y juzgar los hechos. En segundo lugar, quién sería el órgano competente. Y en tercer lugar por qué delitos tendría que acusar. Iniciaría una querella contra el acusado o, si no, cerraría las diligencias preprocesales si considera que no existen elementos suficientes para sostener una acusación.

Si la Fiscalía no se querella contra Julio Iglesias, ¿qué otras vías se abren para que estas mujeres accedan a la Justicia?

Si la Fiscalía cierra la investigación, no es obstáculo para que las denunciantes puedan presentar una querella penal ellas mismas ante la Audiencia Nacional o ante el órgano que consideren competente, solicitando que se investiguen y se juzguen los hechos. Es decir, una vía no precluye la otra. Eso, en su momento, habría que valorarlo con ellas. 

¿Qué pruebas sostienen esta denuncia?

La denuncia está argumentada. En esta fase del procedimiento, no queremos entorpecer el curso de la investigación ni compartir información acerca de las pruebas. 

¿Pero nos podría decir si hay algo más allá de los testimonios? ¿Si están respaldados por algún tipo de pruebas?

Como estamos viendo, la investigación periodística está muy bien montada y fundamentada. Se han corroborado muchos de los testimonios, se han buscado otros de personas que trabajaban en las mismas casas durante ese tiempo. Se ha cotejado la información con más personas y también hay prueba documental, como la de los centros médicos a los que acudían estas mujeres a hacerse los exámenes ginecológicos. Hay pruebas de los teléfonos de las denunciantes...

¿Habéis pedido medidas de protección para las denunciantes? 

Sí, para nosotras una de las cuestiones más importantes es la seguridad de las mujeres a las que estamos acompañando y representando. Ellas han hecho un esfuerzo considerable a la hora de prestar su testimonio y para nosotras es muy importante garantizar que ellas puedan estar protegidas y seguras a lo largo de todo el procedimiento y de la investigación. 

¿Cuál es el temor? ¿Qué medidas se piden?

Ellas están en una situación de vulnerabilidad. Hay una enorme diferencia de poder con respecto al denunciado. Estamos hablando de una persona que tiene mucha capacidad de influencia, mucho poder y que puede encontrarlas y tratar de amedrentarlas, amenazarlas o tratar de convencerlas para que desistan de las acciones legales. Por eso ellas han decidido permanecer en el anonimato y nosotras hemos solicitado a la Fiscalía que proteja sus datos personales y que no trascienda ninguna información que pueda servir para localizarlas. También, si les van a tomar declaración, que no sea revictimizante. Además, hemos solicitado a la Fiscalía que nos vaya informando pertinentemente y en la medida de lo posible de estas medidas de protección que están adoptando.

Si la Fiscalía pide la declaración de las mujeres, ¿esa declaración se podría hacer desde los países en los que ellas se encuentran?

La Fiscalía utiliza medios telemáticos que ya tiene incorporados en su trabajo para prestar declaración o recabar el testimonio de las mujeres. No es necesario que viajen aquí.

¿Qué tipo de organización es Women’s Link Worldwide y por qué ha decidido involucrarse en este caso?

Women's Link es una organización feminista legal de derechos humanos y trabajamos usando herramientas jurídicas, procesos legales o el litigio estratégico para acompañar procesos de búsqueda de justicia de mujeres, niñas, personas de género diverso que enfrentan la discriminación del sistema y las violencias que se dirigen hacia ellas por ser mujeres, por ser niñas, por ser mujeres racializadas u otros vectores de discriminación que les afectan. Nosotras tenemos un histórico de acompañar procesos de búsqueda de justicia para señalar esos fallos sistémicos que impiden que mujeres y niñas de muchas partes del mundo puedan disfrutar de sus derechos y que puedan vivir vidas libres de violencia. 

Cuando tuvimos conocimiento de la situación de Rebeca y de Laura, como siempre hacemos, hablamos con ellas, nos sentamos para escucharlas, para entender cuáles eran sus deseos y sus objetivos, como qué estaban buscando, cuáles eran sus definiciones de justicia, qué significa justicia para ellas, para entender si nosotras podemos acompañarlas en ese camino. Ellas querían poner su testimonio al servicio de la justicia, de la verdad, de romper el silencio contra las violencias que enfrentan mujeres de países del sur global, racializadas, jóvenes con situación económica vulnerable que están enfrentándose al poder de los poderosos, de los hombres blancos ricos que llegan a estos países y manejan los cuerpos de otras personas a su antojo. Cuando escuchamos lo que ellas querían hacer, entendimos que nosotras podíamos acompañarlas en esa búsqueda de justicia. 

¿Hay más víctimas? ¿Women's Link está dispuesta a representar a más mujeres que quieran sumarse a esa denuncia?

No nos vamos a pronunciar sobre si hay más víctimas o no. Nosotras estamos representando a Rebeca y a Laura. Y si hay más mujeres que escuchan sus testimonios, conocen esta iniciativa y quieren hablar y ofrecer su testimonio, siempre pueden ponerse en contacto con nosotras. En nuestra página web está la información de contacto y podemos valorar caso por caso si estamos en la capacidad de ofrecerles también un apoyo o si necesitarían contactar con alguna otra organización.

¿Qué cree que puede suponer el impacto de este caso para la lucha contra la violencia sexual y el machismo?

Este caso se suma a muchos otros en los que las mujeres, hablando de las experiencias de violencia, de abuso y de acoso históricamente experimentadas, estamos generando una nueva narrativa. Estamos poniendo sobre la mesa las cuestiones que nos afectan por ser mujeres en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. Puede ser una mujer profesional, puede ser una mujer con poder, puede ser una mujer desempoderada, empobrecida, racializada… a cada una de nosotras en nuestro entorno y en la posición social y económica en la que estés, nos puede suceder.

Nos podemos encontrar con algún hombre que piensa que puede abusar o de nosotras, o acosarnos o tratarnos como objetos. Este caso se suma a todo ese elenco de mujeres que anteriormente también se han plantado, han hablado y han compartido sus historias. Yo creo que está cambiando un poco la percepción que hay sobre las relaciones de género, las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y las relaciones de clase y raza. Yo creo que estamos un poco tirando de la manta y desvelando un poco todas estas situaciones.

Este es un caso que afecta a una persona que es como un pilar cultural de este país, una persona con mucho prestigio social, mucha fama que conecta no solo con una profesión, sino también con una imagen que se tiene de una persona. El testimonio de Rebeca y de Laura está contribuyendo a desmontar ciertas imágenes que socialmente nos hemos encargado de construir. En los últimos días estaba viendo entrevistas de los años 90, cosas que en su momento pasaban más por el aro. La sociedad estaba más permisiva con este tipo de conductas, y son cosas que ahora, afortunadamente, nos chocan. Ver cómo agarra una presentadora para darle un beso forzadamente, como constantemente está tocando a las mujeres de formas inapropiadas, no consentidas, fuera de lugar. Era como una gracieta, pero ahora hay cada vez más reproche social a este tipo de acciones. Yo creo que este caso definitivamente contribuye a desmontar esos mitos que hemos ido creando culturalmente.

Puedes leer más sobre esta investigación en nuestro especial

Julio Iglesias no ha respondido a las preguntas que le han hecho elDiario.es y Univision Noticias. En un comunicado público posterior a la publicación de esta información, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

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