La exposición durante años de datos confidenciales de la plantilla de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, podría acabar en una cuantiosa sanción de hasta 15 millones de euros para la compañía.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCat) ha abierto un expediente sancionador a la empresa, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que pone sobre la mesa, sin precisar por ahora una cifra, una sanción que podría alcanzar hasta el 4% de la facturación de la compañía.

El informe reprocha “la inacción” de la compañía para solucionar la brecha de seguridad a pesar de “las advertencias internas” sobre la exposición de datos que supuestamente recibió la empresa por parte de empleados.

Tal y como desveló esta redacción el pasado febrero, un error en la configuración de la intranet de TMB permitió que cualquiera de los casi 9.000 empleados de la compañía pudiera acceder, y descargar, cientos de gigas de información sensible de buena parte de sus compañeros.

Según el expediente, la información expuesta iba desde documentación personal hasta datos de familiares de los empleados, pasando por contratos de trabajo, solicitudes de baja, informes y diagnósticos médicos, denuncias policiales, sentencias judiciales, actas de conciliación en despidos o incluso convenios reguladores de regímenes de separación conyugal.

Los trabajadores, a su vez, podían consultar información sensible del departamento de recursos humanos y del de compliance: expedientes de la Oficina Antifrau de Catalunya, denuncias al Canal Ético de la empresa, actas del Consejo de Administración, expedientes de Fiscalía, demandas laborales, informes de riesgos psicosociales, correos electrónicos…

Estaba al descubierto, por ejemplo, toda la documentación referente a un caso de presunto acoso laboral en TMB: informes de investigación, denuncias, resoluciones e incluso grabaciones de testigos entrevistados durante la instrucción del caso.

Protección de Datos, en su escrito, identifica al menos seis infracciones por parte de TMB a la hora de proteger los datos, cinco de ellas las considera “graves” y una de ellas “muy grave”.

Al menos dos trabajadores de TMB tienen actualmente el estatus de persona protegida por parte de la Oficina Antifraude de Catalunya para blindarles de represalias por haber denunciado la exposición de información sensible de sus compañeros.

La APDCat también señala que TMB no le notificó que había una violación de seguridad cuando en abril y mayo de 2024 llegaron a la compañía las primeras advertencias sobre la exposición de datos confidenciales.

El informe también asegura que al menos seis trabajadores de la empresa se descargaron información confidencial del servidor. Uno de ellos se llegó a descargar casi 1.800 ficheros de la intranet de TMB el pasado enero. También hubo un bufete de abogados externo así como letrados de la compañía que descargaron en su ordenador datos sensibles de empleados.

El expediente de Protección de Datos también imputa a TMB no haber llevado a cabo el debido análisis de riesgos cuando en 2021 pasó a utilizar el sistema de almacenamiento en la nube en el que ha habido la brecha de seguridad.

La empresa pública, siempre según el expediente, tampoco implementó las medidas de seguridad que aseguró a Protección de Datos que había instaurado después de haber sido notificada de la descarga de ficheros: siete meses más tarde todavía seguía habiendo información confidencial accesible para otros empleados.

Contactados por esta redacción, desde TMB señalan que “analizarán detenidamente” el expediente y presentarán alegaciones a los hechos imputados. Recuerdan, a su vez, que el documento recoge hechos de los últimos cuatro años y que desde la compañía se ha dado “un salto adelante muy importante” durante el último año en cuanto a protección de datos de la empresa, reconocido por la propia APDCat.

En 1928, el rey Alfonso XIII inauguró el parador de Gredos. El establecimiento, todavía operativo, constituyó el primer nodo de la red hotelera estatal. Paradores es hoy una empresa pública en plena expansión y reforma, que anota beneficios récord. Solo el año pasado, estos alcanzaron los 40 millones de euros. Pero el momento, dulce en lo financiero, amenaza con volverse amargo para la compañía a las puertas del periodo navideño, a cuenta de un conflicto laboral con los trabajadores, que reclaman una negociación efectiva de un nuevo convenio, que facilite la conciliación y mejore las condiciones retributivas.

Tras cuatro años de conversaciones y más de una veintena de reuniones, la negociación se retomará este jueves y viernes, con sendas reuniones en las que los sindicatos esperan que la empresa traslade un marco económico sobre el que poder empezar a trabajar. “Los buenos resultados de la compañía deben ir acompañados de mejores condiciones para los trabajadores”, admiten fuentes de la empresa estatal consultadas por elDiario.es.

La cadena hotelera pública, que cuenta con 98 establecimientos y más de dos millones de plazas, ha experimentado en los últimos años un buen rendimiento. Tras la debacle para el turismo que supuso la pandemia, la empresa ha logrado cifras positivas en todos los ejercicios, desde los tres millones en 2021, hasta los 40 del último año.

Desde la compañía ponen en valor los buenos resultados de una “empresa pública que compite en un mercado 100% privado”. “No se trata solo de rentabilidad económica, porque nacimos con el objetivo de ayudar a los agentes locales, asentar población, etc. pero demostramos que desde lo público se puede gestionar bien”, indican. De hecho, la buena marcha del sector y el interés por destinos menos masificados ha sido un viento a favor extra para una red que apuesta por la diversificación y unos destinos más descentralizados.

Este verano, la red registró una ocupación media del 86%. En los paradores de playa, las habitaciones se llenaron al 94%, por encima de la media del sector en las zonas costeras, que rondó el 77,8%. Si las ciudades con vistas al mar son, tradicionalmente, más atractivas en los meses estivales, en Paradores los picos de ocupación se dieron en el establecimiento de Costa da Morte (Muxía, Coruña), pero también en Benavente (Zamora) y Tordesillas (Valladolid), estos dos últimos con ocupaciones por encima del 97%. “Los paradores de interior también han registrado cifras excepcionales, consolidando nuestro modelo de turismo desestacionalizado y diversificado”, indican las fuentes consultadas.

250 millones en inversiones y renovaciones

Al margen de la ocupación, la compañía tiene marcado en el calendario dos fechas clave. Una es el próximo 30 de junio, cuando deben estar finiquitadas las obras ligadas a los fondos europeos. La otra, el año 2028, el centenario de la empresa, cuando planea tener en marcha un centenar de centros. Uno de los ejes de actuación de Paradores es la conservación del Patrimonio Histórico-Artístico español. De hecho, los paradores de turismo son bienes de Patrimonio Nacional, que forman parte del patrimonio adscrito al Instituto de Turismo de España (Turespaña), en los que la empresa desarrolla su actividad mercantil.

En ese contexto de mantenimiento y conservación, la empresa ha apostado por una reinversión de 250 millones de euros —90 provenientes de fondos europeos— para la renovación de buena parte de la red, que afectará al 50% de los edificios en el próximo par de años. “Es una apuesta fuerte, pero la caja de la empresa lo permite sin que se resienta mucho la cuenta de resultados”, indican desde Paradores, a la vez que señalan que “se va a notar, pero el balance de 2025 será positivo”. Las estimaciones, en este momento, es que los resultados sean “razonablemente buenos” en términos homogéneos, es decir, descartando el efecto de aquellos hoteles cerrados, y con unos ingresos totales que eviten los números rojos.

En 2025 se han reabierto una decena de paradores que estaban en obras. A lo largo de 2026 se espera que vuelvan a funcionar otros tantos, al margen de aquellos en los que hay actuaciones para las que no ha sido necesario clausurar, como en el de Santiago. Además, las inauguraciones. En mayo se estrenaron los paradores de Molina de Aragón, que en su primer verano alcanzó el 92% de ocupación y Sigüenza, en Guadalajara. Para este otoño estaba prevista la puesta en marcha de un nuevo establecimiento en Ibiza, que ha sido aplazada por el inicio de unas obras municipales imprevistas. Y el próximo año está comprometida la apertura al público del de Veruela, en Zaragoza.

Con esta estrategia, la empresa afronta un conflicto laboral, que amenaza con derivar en huelga por Navidad. Los sindicatos llevan semanas exigiendo que se desatasque la negociación del convenio, que se alarga ya durante cuatro años y más de una veintena de reuniones. “Queremos un acuerdo digno, donde los turnos partidos dejen de tener tanto peso y se facilite la conciliación”, reclama el responsable de Paradores de UGT, Jorge González. Este lunes, la empresa ha convocado a las organizaciones para sendas reuniones, este jueves y el viernes.

Ya en octubre, decenas de trabajadores salieron a la calle, convocados por UGT, CCOO y CSIF, para reivindicar mejoras laborales y salariales. Unas protestas que la presidenta de la empresa estatal y exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, enmarcó en un “proceso de negociación”. Sánchez se mostró optimista con que ese proceso finalizase “pronto” y aseguró que la compañía “siempre garantiza que las condiciones de sus trabajadores sean dignas y justas”. Fuentes de la compañía defienden que, en su caso, ofrecen condiciones que “no son tan habituales, como fines de semana de descanso, jornadas reglamentarias” y un tope a las horas extras, conforme a la ley.

Al margen de esas condiciones “dignas y justas” que defiende la empresa, los sindicatos ponen el foco en la parte retributiva. “Vemos a la empresa en una situación muy boyante y no reclamamos nada estratosférico. Pedimos, por ejemplo, que el salario base más bajo llegue al SMI”, indica González. Según los datos de UGT, el salario base anual en Paradores va de los 15.056 euros —repartidos en 14 pagas, más una extra en marzo— a los 18.767. Pero la retribución de los empleados y empleadas de la compañía estatal, unos 5.000, depende de esa base y de una prima de producción, un concepto que puede suponer entre un 30 y un 50% del sueldo, bajo una fórmula que deja los emolumentos al albur de la estacionalidad, el centro o, incluso, el tamaño de la plantilla, porque el complemento se reparte.

El secretario general de la sección sindical de CCOO en Paradores, Juan Martín, señala dos ejemplos que muestran esa diferencia salarial: “En Tui y Baiona, que están prácticamente al lado, la diferencia puede ser del 40%, porque uno es mayor, más turístico y vende más. En Baiona, una habitación se vende por 300 euros y en Tui, por 100”.

Los convenios depende de las provincias pero, por poner algunos ejemplos, el de hostelería de Balears reconoce un salario base bruto anual para un ayudante camarero de 22.500 euros o unos 24.600 para una camarera de pisos, frente a los 15.056 de Paradores. Es uno de los casos más extremos, pero el sueldo de un camarero puede rondar los 20.000 euros anuales, mientras los sindicatos denuncian que los salarios base de la empresa estatal se han quedado “desfasados”.

“Desde hace años no se encuentra personal, así que se tira mucho del de la casa, del de toda la vida. Terminamos doblando turnos o haciendo horas de más, porque los paradores están en pueblos y se convierten en parte de la familia. Arrimamos el hombro, pero no vemos que nos compense. Escuchas que hay récord histórico, mientras algunos meses cobramos 1.080 euros y la nómina más alta no llega a los 1.300, con pagas prorrateadas y prima de producción. Cada vez vamos mejor, pero yo no llego a fin de mes”, lamenta Anabel, que lleva más de dos décadas trabajando como ayudante en un establecimiento en Galicia. “Mis funciones son otras, pero se ve que no tengo capacidades para cobrar otra cosa”, ironiza.

Los sindicatos reclaman también medidas de conciliación y laborales, como las contrataciones mínimas de seis horas para el personal a jornada parcial. “Sabemos que en nuestro sector hay mucha flexibilidad, pero esa cantidad de horas son las que se necesitan, según los últimos datos. Es posible operativamente y sería bueno para la empresa y buenísimo para las trabajadoras”, desarrolla Martín. Según el Plan de Igualdad de la compañía, el 85% de los contratos a tiempo parcial los tienen mujeres. Esta brecha de género deriva de otra: ellas son el 97% de las empleadas en departamentos de pisos, mientras que los hombres ostentan el 65% de las posiciones directivas donde, sin embargo, ocupan todos los contratos a tiempo parcial.

El último convenio caducó en 2020

El último convenio colectivo de Paradores se firmó para los años 2018-2020. En ese periodo, el presidente de la empresa estatal fue el actual ministro de Función Pública, Óscar López, que dejó el cargo en julio de 2021 para asumir la dirección del gabinete de la Presidencia del Gobierno. Desde entonces, al frente de Paradores han estado Pedro Saura, ahora en Correos, y Raquel Sánchez. En total, en los últimos cuatro años, los sindicatos contabilizan más de una veintena de reuniones, pero, por el momento, poca concreción en materia retributiva. “Todos los incrementos tienen que pasar por Patrimonio y por Hacienda, que fiscalizan la situación, pero la empresa no pone encima de la mesa ningún marco económico donde podamos negociar ninguna condición mínima”, desarrolla Martín.

Lo que sí afecta a los cerca de 5.000 empleados es la subida salarial pactada entre UGT, CSIF y CCOO con el Ministerio de Función Pública, de un 11% acumulado entre 2025 y 2028, pero solo en la base salarial y no en el plus de productividad. “Venimos de unos salarios muy bajos, porque hemos estado durante los 10 años anteriores a la crisis sin ninguna subida, cero. Nuestros sueldos están por debajo del SMI”, denuncian desde CCOO.

Los representantes sindicales lamentan que las condiciones de los y las trabajadoras de la empresa pública se han quedado “muy desfasadas” respecto a otros convenios del sector, cuando siempre habían estado “por encima”. Por eso, si no hay avances en las reuniones de esta semana, amenazan con una huelga para navidad. “Sabemos que es una putada para quien va a disfrutar y los trabajadores también saldremos muy perjudicados, porque perderemos una parte muy importante del salario, pero no nos están dejando otra. Nos hemos reunido con todo el mundo y sabemos que el Gobierno tiene muchas dificultades, pero nos están tomando el pelo. Ya no digo que haya un acuerdo, sino un marco económico donde podamos empezar a hablar”, exige Martín.

A la mesa, y al margen del resultado de la negociación, ambas partes llegan con la voluntad de que la buena marcha de la compañía se traduzca también en mejores condiciones para quienes trabajan en ella.

El Gobierno de La Rioja ha licitado una serie de actuaciones por importe superior a los 5 millones de euros (5.021.500 euros) enmarcadas en el Plan de Intervención e Inversiones 2025-2027 en Valdezcaray, una hoja de ruta impulsada por el Ejecutivo autonómico con el propósito de “potenciar y modernizar un activo turístico de primer orden y motor económico de la región como es la estación de esquí y de montaña ubicada en Ezcaray”. Precisamente para alcanzar este objetivo, el Consejo de Gobierno autorizó el pasado 25 de marzo una ampliación de capital de 5.999.441 millones de euros en la Sociedad Valdezcaray S.A, empresa de capital público.

En este sentido, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha dado cuenta en la reunión el Consejo de Gobierno celebrada hoy, día 1, del estado de desarrollo del ambicioso plan de inversiones que contempla mejoras en la producción de nieve, revisión de los telesillas, compra de nuevas máquinas pisa pistas y una mejora integral de los espacios de la Estación de Esquí y de Montaña de La Rioja.

Así, este Plan planteaba la necesidad de instalar un sistema automatizado más avanzado que permita optimizar la producción de nieve de cultivo, logrando extender los días de apertura de la estación. La instalación actual, que data del año 2002, presenta diversas limitaciones técnicas y operativas que dificultan su rendimiento óptimo. Para responder a esa prioridad, se ha licitado el contrato de suministro para la renovación del sistema de innivación de Valdezcaray por importe de 2.420.000 euros. El plazo para optar a este contrato finaliza el 10 de julio.

La modernización del sistema permitirá adoptar tecnologías más eficientes y sostenibles, optimizando el uso de agua y energía, reduciendo la huella ambiental y alineándose con las políticas actuales de sostenibilidad. Asimismo, contribuirá a alargar la temporada de esquí garantizando la disponibilidad de nieve en las pistas más demandadas, reducirá la dependencia de las precipitaciones naturales y mejorará la experiencia del visitante.

Asimismo, con un presupuesto de contrata de 1.331.000 euros, el Ejecutivo regional adquirirá dos nuevas máquinas pisa pistas, dado que las actuales están próximas al fin de su vida útil. Este contrato incluye un novedoso sistema de monitoreo de espesor de nieve, para la gestión y monitorización de la nieve en las máquinas pisa pistas. Las empresas interesadas podrán presentan sus ofertas hasta el próximo 13 de julio.

Del mismo modo, a estos procedimientos en fase de licitación, se suma la reciente adjudicación, por importe de 1.270.500 euros, de la revisión extraordinaria de telesillas en Valdezcaray, siguiendo el cronograma previsto que establece que a lo largo de este año se revisen los de La Cascada, Valdezcaray y Salegares. En 2026 y 2027 se revisarán el resto para, además de los trabajos técnicos necesarios, implementar también algunas mejoras estéticas y funcionales.

Uno de los elementos clave para el correcto funcionamiento de la estación es garantizar el óptimo funcionamiento del conjunto de las instalaciones y en particular los remontes de transportes por cable que permiten acceder a los usuarios a las diferentes pistas y recorridos de la misma.

Poca nieve y pérdidas millonarias

El Gobierno de La Rioja ha destacado que la estación riojana cerró la temporada 2024/2025 duplicando sus días de apertura, pasando de los 48 de la temporada anterior a los 82 días de la más reciente. Sin embargo, ninguno de los 82 días los usuarios pudieron disfrutar de toda la instalación, que cuenta con 33 pistas. Además de una jornada puntual al 89 por ciento, lo máximo han sido cuatro días en los que ha podido mantener dos tercios de la estación disponibles para la práctica deportiva.

Once días abrió únicamente con la pista de principiantes, dos días con la de principiantes y la pista Salegares verde (3 por ciento de la superficie esquiable de Valdezcaray) y 21 días con principiantes y la pista La Cascada. Es decir, de los 82 días que la estación de esquí ha estado abierta, 34 tenía disponible para la práctica menos de un 5 por ciento.

Ante condiciones meteorológicas que dificultan mucho la práctica del esquí y que se trata de una actividad muy estacional que no puede desarrollarse durante todo el año, la estación de esquí pública ha dejado pérdidas que acumulan siete millones de euros en los últimos seis ejercicios, 1,2 millones de euros en el ejercicio 2023.

Tal y como publicó Rioja2, la auditoría, encargada por el Gobierno de La Rioja para los ejercicios 2023, 2024 y 2025, confirma que la “la Sociedad presenta de forma recurrente unos resultados negativos significativos, incluso a nivel de explotación, circunstancia que podría suponer un riesgo para la capacidad de continuar con la actividad”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la cesión a la nueva empresa pública de vivienda de 40.000 inmuebles de la Sareb, el conocido como banco malo, para ponerlos “a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible” de forma “urgente y estratégica”. Este traspaso responde a la intención de levantar, en torno a la Entidad Pública del Suelo (Sepes), una empresa estatal, con capacidad de promover y construir vivienda a precio asequible, tanto para venta como para alquiler.

“Se trata de poner a disposición de la ciudadanía estas viviendas en forma de alquiler asequible, por debajo del precio de mercado y, en ningún caso, superando el 30% de los ingresos de las familias”, ha desarrollado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha incidido en que “lo que sirvió para rescatar a los bancos, hoy sirve para rescatar a las familias”. En concreto, el Ejecutivo ha hecho una evaluación de los activos de la Sareb para comprobar “cuáles pueden estar lo antes posible” en alquiler.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado en enero su intención de incorporar a esta nueva empresa pública decenas de miles de viviendas de la Sareb. “Es una bolsa de inmuebles que se financió con dinero público y que ahora vamos a devolver a la gente”, afirmó entonces. Bajo esa premisa, la de recuperar “las casas que nunca debimos perder”, el Ministerio de Vivienda lleva meses trabajando en este cambio de titularidad con el “objetivo prioritaro” de “reconstruir el parque público de vivienda”. “Entre salvar a los bancos o salvar a las familias, nuestro modelo es lo público, salvar a las familias”, ha destacado Rodríguez.

La Sareb se constituyó en 2012, en el contexto del rescate bancario, que costó a los contribuyentes unos 50.000 millones de euros, y tenía el objetivo de deshacerse de los inmuebles y suelos a los que los bancos no podían dar salida tras miles de desahucios. En 2022, el Gobierno incluyó en su mandato una función social, a través de la cual se han firmado más de 7.700 contratos de alquiler social, según los datos del Ministerio.

Con el traspaso aprobado este martes en el Consejo de Ministros, la empresa pública de vivienda sumará más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos, con capacidad para que se edifiquen sobre ellos otras 55.000 viviendas. Según los cálculos del Ministerio, este lote tendría un valor estimados de 5.900 millones de euros. El cambio de titularidad se hace, ha dicho Rodríguez, sin coste para el Estado, a través de “una donación, primero a Patrimonio del Estado y después a la empresa pública de vivienda y suelo”.

Vivienda lleva meses perfilando esta acción, con el objetivo de que las casas y suelos que se transfieran sean útiles ante la crisis residencial que asola al país. En concreto, desde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se han establecido criterios geográficos, como que estén ubicadas en municipios de las áreas metropolitanas y las islas, con poblaciones superiores a los 5.000 habitantes o de más de 1.000 pero con crecimientos de más del 5% en la última década; económicos, como todas aquellas de hasta 85 metros cuadrados y de hasta 150, si el valor de tasación no supera en un 40% el de la estadística de valor tasado de vivienda; y técnicos, como que los inmuebles no presenten patologías estructurales.

Además, el Gobierno ha habilitado a la empresa pública 593 millones de euros para adecuar estas viviendas, desarrollar los suelos adquiridos y continuar con las compras en marcha para, ha dicho Rodríguez, “conformar ese parque público de vivienda” con carácter permanente.

Bidean, la nueva empresa pública navarra de ambulancias, entrará en funcionamiento el sábado 31 de mayo. Lo hará con una plantilla de 432 trabajadores, de los que 400 proceden de la subrogación del personal de las empresas que actualmente prestan el servicio , una flota de 110 ambulancias y 15 bases repartidas por todo el territorio navarro.

La sede central de Bidean se encuentra en el polígono Agustinos de Pamplona y está conformada por un edificio con dos plantas, de 540 metros cuadrados cada una, para oficinas, centro de coordinación, centro de formación y otras dependencias administrativas, y una nave de 2.450 metros cuadrados para 50 ambulancias, almacenes y un espacio habilitado para el personal de guardia. Además de la sede de Pamplona, Bidean contará con bases en otras 14 localidades navarras, reforzando así su capacidad “para prestar servicio en todo el territorio foral de manera ágil y coordinada”, han destacado desde el Ejecutivo foral.

Bidean comenzará su actividad con una plantilla de 432 trabajadores, de los cuales 400 proceden de la subrogación del personal de las empresas que actualmente prestan el servicio en Navarra. La flota estará compuesta por 110 ambulancias, de las que 61 son nuevas, adquiridas mediante renting, y 49 subrogadas (todas con menos de dos años de antigüedad). Entre ellas, se incluyen ambulancias de soporte vital básico y avanzado, así como una bariátrica para pacientes con obesidad mórbida, un servicio hasta ahora inexistente en la Comunidad.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha destacado que “la puesta en marcha de Bidean es un paso firme en la mejora del sistema público de salud, que refuerza el compromiso del Gobierno con una atención sanitaria más cercana, eficiente y accesible para toda la ciudadanía navarra”. Además, ha valorado “el esfuerzo realizado para que esta nueva sociedad pública arranque con una estructura sólida y medios renovados”.

Por su parte, el director gerente de Bidean, Alberto Lafuente, ha subrayado que “Bidean nace con la vocación de garantizar un traslado sanitario de calidad, eficiente y humano, siempre centrado en las necesidades del paciente”.

La estación de esquí Valdezcaray, gestionada por una empresa pública, ha cerrado la temporada el pasado domingo después de 82 días de apertura. Un dato que el Gobierno de La Rioja ha destacado después de que la estación haya multiplicado los días de actividad respecto a la temporada pasada, cuando abrió solo 48 días. Sin embargo, ninguno de los 82 días los usuarios pudieron disfrutar de toda la instalación, que cuenta con 33 pistas. Además de una jornada puntual al 89 por ciento, lo máximo han sido cuatro días en los que ha podido mantener dos tercios de la estación disponibles para la práctica deportiva.

Estos bajos datos de actividad se vienen repitiendo en los últimos años. La temporada pasada, de los 48 días de apertura, 29 solo estuvo disponible la pista de principiantes, que supone el 1 por ciento de toda la instalación. Aunque este año los datos han mejorado, buena parte de la temporada también ha tenido disponible pocas pistas para la práctica del esquí. En concreto, once días abrió únicamente con la pista de principiantes, dos días con la de principiantes y la pista Salegares verde (3 por ciento de la superficie esquiable de Valdezcaray) y 21 días con principiantes y la pista La Cascada. Es decir, de los 82 días que la estación de esquí ha estado abierta, 34 tenía disponible para la práctica menos de un 5 por ciento.

Diversificación de actividad

Ante la perspectiva de infractividad de la instalación deportiva, agravada por la crisis climática, se han anunciado en los últimos años proyectos que extenderían la actividad también en verano, como fue un bike park. Sin embargo, finalmente este se va a instalar en una zona más cercana al núcleo urbano de Ezcaray. Un informe de viabilidad encargado por el Ayuntamiento del PP en la localidad, determinó que “no sería viable ni sostenible” y el ayuntamiento argumentó que “no cumplía con los objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística del cual proceden los fondos para su construcción”.

Este proyecto, que ya no se realizará como se planteó inicialmente, fue destacado por la directora general de Turismo, Virgina Borges, en la presentación de la temporada de esquí, el pasado mes de diciembre. Poco más de un mes después, se conocía las marcha atrás del bike park anunciado desde 2020, lo que deja Valdezcaray de momento sin proyectos para diversificar la oferta de la instalación más allá de la temporada de invierno. Durante el resto del año, las instalaciones se utilizan para formaciones de rescate ante diferentes circunstancias, tanto por parte del personal de la estación como de la Guardia Civil.

Ampliación de capital

A pesar de estas circunstancias, el Gobierno de La Rioja sigue impulsando esta infraestructura y el pasado 25 de marzo anunció una ampliación de capital de 5.999.441 millones de euros en la Sociedad Valdezcaray S.A con el objetivo de “potenciar y modernizar un activo turístico de primer orden y motor económico de la región”, según señaló el portavoz del ejecutivo, Alfonso Domínguez.

Se trata de Plan de Intervención e Inversiones 2025-2027, que incluye una revisión extraordinaria de seis de los siete telesillas, un sistema automatizado más avanzado que permita optimizar la producción de nieve de cultivo y la adquisición de nuevas máquinas pisa pistas y monitoreo del espesor de la nieve.

Valdezcaray ha cerrado una temporada 2024/2025 con más días de apertura y 48.700 visitantes. Sin embargo, solo cinco días abrió con más del 66 por ciento disponible para la práctica del esquí y 34 días con menos del 5 por ciento, que incluye los días que ha abierto solo la pista de principiantes y los que ha abierto está junto con otra. Sin embargo, a pesar de las malas perspectivas que ofrece el cambio climático, la estación de esquí que gestiona una empresa pública del Gobierno de La Rioja resiste sin planes de diversificar su oferta y con una inyección de dinero público de seis millones de euros.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, 25 de marzo, una ampliación de capital de 5.999.441 millones de euros en la Sociedad Valdezcaray S.A, empresa de capital público, para llevar a cabo el Plan de Intervención e Inversiones 2025-2027 en la estación de esquí y montaña de La Rioja de Ezcaray, que ya había anunciado el presidente Gonzalo Capellán en septiembre. El objetivo es potenciar y modernizar “un activo turístico de primer orden y motor económico de la región”, según ha señalado el portavoz del ejecutivo.

El Gobierno de La Rioja implantará desde este año y hasta 2027 un importante Plan con diferentes intervenciones e inversiones “con el objetivo”, han presentado, “no solo de mantener los estándares de seguridad de la estación, sino también mejorar la experiencia del usuario y prolongar la vida útil de los equipos, asegurando la sostenibilidad operativa de la estación en el futuro”.

Entre las principales inversiones figura la revisión extraordinaria de seis de los siete telesillas con los que cuenta la estación, próximos a cumplir 25 años, y para lo que se prevé una inversión que supera los 2,16 millones de euros. De esta forma, el cronograma previsto establece que tres telesillas serán sometidos a revisión en 2025 (La Cascada, Valdezcaray y Salegares), otros dos en 2026 (Colocobia y Rehoyo), y el último se revisará en 2027 (Campos Blancos). Además de las revisiones obligatorias y las reparaciones técnicas, se han identificado varias mejoras estéticas y funcionales que contribuirían significativamente a renovar la imagen de la estación.

El Plan también apuesta por la instalación de un sistema automatizado más avanzado que permita optimizar la producción de nieve de cultivo, logrando extender los días de apertura de la estación. Con este nuevo sistema y una inversión de 2 millones de euros, se pretende aprovechar al máximo las ventanas de tiempo en las que las condiciones de temperatura sean óptimas para generar nieve de cultivo. Según las proyecciones de diseño, este sistema permitirá cubrir con 35 cm de nieve todas las áreas equipadas con cañones en un periodo de 75 horas, maximizando la eficiencia en el uso de recursos.

Asimismo, con un presupuesto de 1,1 millón de euros, el Ejecutivo regional invertirá en la adquisición de dos nuevas máquinas pisa pistas, las actuales cuentan con más de 8.000 horas de funcionamiento que son las que el fabricante considera como fin de su vida útil, y la renovación de diferentes elementos con lo que garantizar la correcta preparación de la estación. El proyecto incide además de la instalación en esta maquinaria de un sistema de monitoreo de espesor de nieve con una tecnología revolucionaria para las estaciones de esquí, que combina precisión, eficiencia y sostenibilidad, para la gestión y monitorización de la nieve en las máquinas pisa pistas y que se podrá integrar en una plataforma de gestión central para monitorizar toda la estación de esquí.

Las pistas de esquí son el corazón de cualquier estación de montaña, y su correcta preparación y mantenimiento resulta fundamental para garantizar la seguridad, la comodidad y la satisfacción de los usuarios. Atendiendo así a su importancia, el Plan contempla una inversión de 100.000 euros para la adquisición y ejecución de diferentes elementos en las 25 pistas con las que cuenta Valdezcaray.

Para adecuar los edificios a la normativa vigente, en especial a las relacionadas con la prevención de incendios y las regulaciones industriales, la sociedad pública invertirá 150.000 euros que permitirán además la mejora y reparación de varios elementos y espacios de Valdezcaray. Además, en cuanto a la zona de aparcamiento de la estación, el Plan contempla la estabilización del talud (180.000 euros) y la instalación de barreras de control de acceso (126.000 euros).

En cuanto a la flota de vehículos necesaria para el correcto desarrollo de la actividad en la estación y debido al alto grado de envejecimiento de la misma que cuenta con una edad media de 22 años, el Plan estima la necesidad de realizar una inversión de 300.000 euros para la renovación del parque móvil. De esta forma, se prevé la de nuevos vehículos, incluyendo camiones renovados, vehículos 4x4, contenedores para el transporte de materiales y una cesta para la grúa, mejorará significativamente la seguridad, la operatividad y la eficiencia de la estación. Además, la instalación de un depósito de gasoil tipo A permitirá ahorros significativos en los costes de combustible, lo que contribuirá a una optimización de los recursos y una mayor sostenibilidad financiera.

El Plan propone además la mejora del control de accesos (60.000 euros) y la creación de un nuevo alquiler de esquís en el edificio de 1.500 metros (300.000 euros), cuya reubicación permitirá separar el servicio de alquiler para particulares y grupos, mejorando la calidad del servicio para ambos tipos de usuarios.

La temporada 2024-2025 prevé finalizar el 6 de abril

A la espera de que se cierre la temporada 2024-2025, que arrancó a mediados del pasado mes de diciembre y prevé finalizar en torno al 6 de abril en función de la climatología, la estación ha conseguido abrir al público alrededor de 70 días esta temporada. La temporada 2023-2024 permaneció abierta durante cuarenta y ocho días para la práctica del esquí y recibió la visita de más de 28.200 personas, de las que más de 19.000 se registraron a lo largo del mes de marzo, siendo el sábado 16 de marzo el día que más visitantes recibió la estación, con 2.170 personas practicando esquí a lo largo de la jornada.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ultima la puesta en marcha de la nueva empresa pública de transporte sanitario y ya ha recibido las primeras 61 ambulancias adquiridas mediante renting que formarán parte de la nueva flota de vehículos y que ha supuesto una inversión de 9,69 millones de euros. Entrarán en circulación a lo largo del primer semestre de 2025.

La empresa pública (Transporte Sanitario Bidean SL), cuya creación fue uno de los puntos del acuerdo del Gobierno de María Chivite con EH Bildu en distintas negociaciones de los presupuestos, pasará así a realizar los 240.000 traslados sanitarios que hasta la fecha realizan dos compañías adjudicatarias, Baztan Bidasoa y SSG.

Según informan desde Salud, de las 61 nuevas ambulancias, 46 son para traslados programados y 15 asistenciales (11 de servicio vital básico, tres de servicio vital avanzado y una bariátrica, especial para el traslado de pacientes con obesidad mórbida, servicio que hasta ahora no estaba implantado en Navarra). Estas ambulancias se unirán a las 47 que se prevé subrogar de una de las empresas que actualmente presta el servicio (Baztan Bidasoa), todas ellas con menos de dos años de antigüedad. 

La sede central de Bidean está situada en el polígono Agustinos de Pamplona y está conformada por un edificio con dos plantas de 540 metros cuadrados cada una para oficinas, centro de coordinación, centro de formación y otras dependencias administrativas, y una nave de 2.450 metros cuadrados para 50 ambulancias, almacenes y zona para trabajadores de guardia. Esta base se unirá al resto de bases actualmente en funcionamiento en toda la comunidad foral, 12 en total, y tres nuevas, la ya mencionada de Agustinos en Pamplona, y otras dos, una en Tudela y otra en Sangüesa / Zangoza. Hasta terminar las obras de acondicionamiento de la sede principal de Bidean en el polígono Agustinos a final de este mes de febrero, las nuevas ambulancias se estacionarán de forma transitoria en las instalaciones que ocupaba REFENA.

Además del renting de las ambulancias, en los últimos meses también se han licitado todos los materiales, servicios e insumos necesarios para funcionar, desde los uniformes para todo el personal de acuerdo a la normativa de seguridad vigente, la rotulación de los vehículos o la plataforma de gestión de la flota y de recursos humanos, hasta la electromedicina necesaria para cada tipo de vehículo (respiradores, desfibriladores, ecógrafos, cardiocompresores, sistemas de analítica, etc.). 

Creación de Bidean

La creación de la sociedad pública de transporte sanitario Bidean fue aprobada en sesión de gobierno el 5 de abril de 2023 y se creó como tal el 26 de junio de 2023. Bidean tiene por objeto social “la prestación del transporte sanitario en sus diversas modalidades: urgente, programado y ordinario no programado. La elaboración integral de planes de transporte sanitario en coordinación con los servicios Sanitarios Públicos, así como con los servicios de Emergencia y Protección Civil del Gobierno de Navarra”, tal y como se describe en el artículo 5 de sus estatutos. 

Tras la creación de la estructura, la designación Alberto Lafuente como su gerente y la conformación del resto del equipo (financiero, jurídico, recursos humanos, secretaría), en los últimos meses se ha trabajado para su puesta en marcha a nivel operativo, aspecto que se dará en este semestre con la puesta en circulación de las ambulancias. En la sesión de Gobierno del pasado 29 de enero se declaró entre instrumental adscrito al Departamento de Salud. 

Cuatro meses después de su polémica renuncia a la dirección del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Elena Palacio tiene un nuevo puesto como alto cargo de una empresa pública dependiente del Gobierno de Cantabria. Y es que el PP de María José Sáenz de Buruaga acaba de nombrarla directora territorial de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), una entidad dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes que dirige Luis Martínez Abad (PP) y que está en pleno proceso de reestructuración interna en las últimas semanas.

La renuncia de Elena Palacio a la dirección de Cabárceno se produjo en octubre del pasado año -ostentaba el cargo desde enero- y estuvo marcada por al menos dos meses de ausencia a su puesto de trabajo, según denunciaron los trabajadores y la oposición, y que coincidieron con la temporada alta de verano en la que la afluencia a esta instalación turística es mayor. Cuestionado por esas ausencias y por si se estaba barajando un relevo, desde el Gobierno de Cantabria negaron a este periódico que ocurriera “algo extraño” y achacaron esta situación simplemente a que la entonces directora “se encontraba de vacaciones”.

Sin embargo, dos semanas después, Palacio presentó su renuncia al cargo y días más tarde fue nombrado en su lugar Míchel Valdés, experto en residencias de mayores. Y ahora, Palacio ha sido designada directora territorial de la Sociedad Regional, tal y como publica el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) este miércoles, tras “la celebración de un proceso selectivo”, tal y como recoge el propio documento, que se inició el 30 de diciembre de 2024.

Así pues, el Consejo de Administración de esta empresa pública, presidido por el propio consejero de Cultura, Turismo y Deporte, ha dado el visto bueno a su nombramiento, que se suma al reciente de María Fernández-Rosillo Torcida como nueva directora general, cuya designación se produjo hace pocos días. Estos nombramientos se producen en una empresa pública cuyas arcas atraviesan dificultades. Y es que hace un año se declaró en “quiebra técnica” ya que el PP anunció que le faltaban 8,5 millones de euros a la hora de financiar proyectos.

Palacio contará con una retribución de 42.000 euros brutos anuales, según recoge la convocatoria de su puesto. Según el currículum que aportó el Ejecutivo autonómico cuando fue nombrada directora de Cabárceno, cuenta con estudios en Ciencias Empresariales y Máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Nebrija y en Gestión Administrativa de Pymes por la Escuela Universitaria Politécnica de Santander, así como en Gestión de empresas autónomas.

En lo que a su experiencia profesional se refiere, Palacio ha estado vinculada durante una década a CEOE-Cepyme Cantabria, siendo responsable de distintas áreas de esta organización, entre ellas, coordinadora general de Servicios (2015-2019); gerente de la Asociación del Sector de la Automoción (ASECOVE) entre 2013 y 2015; directora de Federaciones y Asociaciones Empresariales y directora de Formación Empresarial y Empleo. 

Desde el año 2020 y hasta que fue nombrada directora de Cabárceno en enero de 2024, Palacio desempeñó la dirección de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de la Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico) como jefa de Gabinete del rector de este centro universitario privado ubicado en el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN) de Santander.

La estación de esquí de Valdezcaray abre este fin de semana, con una jornada de puertas abiertas el viernes y el sábado la primera jornada regular de la temporada, “que esperamos que sea larga y multitudinaria”, ha señalado el el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, desde la propia estación.

Tras las nevadas registradas en los últimos días, acompañadas por las condiciones climatológicas necesarias para activar la innivación en la estación, Valdezcaray ofrecerá durante su jornada de puertas abiertas un total de 15 kilómetros esquiables repartidos entre 4 pistas verdes, 5 azules y 5 rojas. Además, estarán disponibles 2 telesquíes, 2 telesillas de pinza fija y 3 telesillas desembragables. Ya, durante la jornada del sábado, la estación ofrecerá un total de 18 kilómetros esquiables y las pistas se ampliarán a 17.

El consejero ha anunciado el inicio de la temporada acompañado por la directora general de Turismo y Deporte, Virginia Borges, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ezcaray, Marta Valle, y el gerente de la estación, Carlos Pérez.

“Con las mismas tarifas de precios y mejores servicios”, como ha indicado Pérez Pastor, Valdezcaray va a cumplir 50 años en un momento en el que el Gobierno de La Rioja “ha puesto en marcha un plan de renovación e inversiones que implicará una inversión de un total de 6,34 millones de euros destinados a revisar edificios, telesillas, compra de nueva maquinaria como pisanieves o cañones de innovación o habilitar nuevas zonas de alquiler de esquís, entre otros”.

Como ha confirmado Borges, “seguimos confiando, no solo en la temporada de invierno, sino que estamos trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de un bike park con el que extender a otras temporadas del año el atractivo de la zona”. Porque, como ha señalado, “al final, todos los que visitan Valdezcaray, también se acercan a conocer todo el entorno rural que rodea al Valle, por eso, esta estación tiene que ser, tanto en invierno como en verano, un punto clave en el desarrollo del turismo de este territorio”. Un recurso deportivo y turístico que como ha destacado Valle, “resulta muy importante para el municipio de Ezcaray, tanto a nivel de empleo como la inyección turística que significa para toda la comarca”.

Novedades en la estación de esquí riojana

En cuanto a las novedades y mejoras de esta temporada, el Gobierno de La Rioja ha incorporado cinco nuevos cañones de baja presión de última generación y móviles, lo que permitirá cambiar su ubicación para reforzar la innovación en aquellas zonas de la estación que lo precisen. Por otro lado, se han adecuado y mejorado los embarques de los telesillas de las pistas de La Cascada, Salegares, Colocobia y Campos Blancos. 

A lo largo de estos pasados meses, se ha sustituido las soleras deterioradas y se ha instalado neveplast en los embarques que se abordan con esquís, un material plástico que hace más sencillo el uso del telesilla por parte de los usuarios y facilita la preparación del embarque por parte del personal de la estación. En el caso del telesilla de Corrales, se ha mejorado el desembarque para facilitar su utilización por parte de los usuarios, mientras en Rehoyo se ha modernizado el sistema de control, operación y seguridad del telesilla para garantizar un funcionamiento óptimo de esta instalación tan importante en la estación riojana.

 Destaca también la colocación de un nuevo telesquí y la creación de una nueva área de principiantes en cota 1800m para repartir la carga de la concurrida zona de Principiantes de la cota 1.600m, en la que esta temporada se ha renovado el cable y las perchas del telesquí. De esta forma, como ha indicado el gerente de Valdezcaray, “esta nueva área resultará un espacio perfecto para todos aquellos esquiadores que ya hayan debutado en Principiantes y se quieren aventurar un poco más allá”. 

Con el objetivo de permitir un acceso más sencillo a las instalaciones, dejando libre el acceso a la montaña para aquellas personas que vienen a realizar deportes de montaña, pero no desean utilizar los remontes mecánicos, la entrada a Valdezcaray contará esta temporada con cinco nuevos tornos para el control de accesos.

También, pensando en mejorar la experiencia de todos los riojanos y visitantes que apuesten por Valdezcaray, esta temporada se estrena un nuevo punto de recogida de fortait de venta online, con el fin de minimizar el tiempo de espera y las colas para obtener el abono comprado de manera telemática. 

Como novedad, el gerente ha recordado que, “aquellas personas que alcancen la cota de los 2000m podrán disfrutar de un banco panorámico en un estupendo mirador natural donde poder tomar un respiro disfrutando de unas vistas grandiosas o hacerse unas fotos de recuerdo espectaculares”.

La reubicación del servicio guarda esquís a un local más espacioso y mejor adaptado en la cota 1500m; renovación del suelo de la cafetería de la cota 1600m; la coloración de nuevos paravientos para acumulación de nieve; la adquisición y renovación de los equipos de rescate en avalanchas o por cable; o la modernización de los sistemas de emergencia, extinción de incendios y mejora de la seguridad en los edificios principales, son algunas de las mejoras que ofrecerá Valdezcaray a lo largo de los próximos meses.

Tarifas de Valdezcaray

Desde la pasada temporada, los usuarios de Valdezcaray podrán opotar por la compra online de prácticamente la totalidad de los productos ofertados y que la estación de esquí tiene a disposición de los clientes, incluyendo la oferta completa de clases de esquí. Unos servicios que mantendrán las mismas tarifas que en temporadas anteriores y se realizarán descuentos especiales con el objetivo de atraer a más público familiar, grupos y colegios, tanto de La Rioja como del resto de España. De esta forma, los miércoles de temporada baja continuará llevándose a cabo en Valdezcaray el ‘Día del Esquiador’, con una tarifa única de 15 euros por persona y forfait. 

Toda la información de la situación de las pistas y diferentes actividades programadas en Valdezcaray podrán ser consultadas en la web www.valdezcaray.es y en sus perfiles de Facebook, Instagram y Twitter.

El portavoz del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha denunciado esta mañana que el equipo de Gobierno municipal “ha recortado 100.000 euros en Logroño Deporte de la subvención municipal de 400.000 euros que estaba prevista para financiar diversas inversiones este año”. Así ha respondido de este miércoles la Junta de Gobierno Local aprobó la transferencia de 300.000 euros para el mantenimiento de las instalaciones de la empresa municipal.

El portavoz regionalista ha considerado que “Logroño Deporte ha dejado de ser prioritario para el equipo de Gobierno”. “Las inversiones que había previstas este año eran paupérrimas. Y ahora, con el ejercicio a punto de cerrar, ha reducido el presupuesto de 400.000 euros un 25%”, ha censurado. 

El edil riojanista ha indicado que la Junta de Gobierno acordó destinar 150.000 euros para cambiar los filtros de las depuradoras en los lagos de Las Norias; 70.000 para sustituir el tubo de ventilación de la piscina y el balneario del CDM Lobete; 40.000 para renovar la megafonía del estadio de Las Gaunas; 20.000 para la renovación de máquinas de musculación y fitness de Lobete y Las Gaunas y otros 20.000 para actuaciones diversas en diferentes instalaciones deportivas. 

Ha destacado actuaciones que se quedarán sin ejecutar, como la adquisición de cinco botiquines DESA (16.000 euros) o la mejora de las salas de musculación (80.000 euros sin ejecutar de 100.000 presupuestados). “Ya hemos denunciado en varias ocasiones que tenemos un gobierno absolutamente insensible con las necesidades sociales. Este es un ejemplo más de cómo quita dinero de las partidas más sensibles cuando tiene que hacer recortes”, ha subrayado.

A ello ha sumado las quejas que, asegura, se han venido registrando por parte de los usuarios “por la merma en la calidad del servicio que se presta, el déficit de mantenimiento de las instalaciones y el encarecimiento de las actividades”. “Pagamos mucho más y recibimos mucho menos”, ha aseverado.

Externalización del modelo de gestión 

Antoñanzas también se ha referido a la aprobación hoy por parte del Consejo de Administración de Logroño Deporte de la contratación del Plan Estratégico y de Gestión 2025-2029 por 32.000 euros más IVA, a la que el Partido Riojano se ha opuesto porque “este contrato supone la externalización del modelo de gestión de la empresa municipal”, considera el concejal.

Antoñanzas ha recordado que el pasado 21 de junio de 2024 ya se presentó un plan de gestión financiera de Logroño Deporte a instancias de su presidente, donde se abordaban las propuestas para equilibrar ingresos y gastos, se analizaban las propuestas para rentabilizar la empresa para compensar la subida de los nuevos contratos realizados por el PP y el impacto de las medidas en las que se planteaba la subida de las tarifas al deporte de base.

“El plan que han elaborado es un fracaso porque ahora, cinco meses después, sacan a contratación un nuevo plan estratégico que va a costar más de 32.000 euros a los logroñeses. Lo único que han demostrado es una nula capacidad de gestión y un desconocimiento del funcionamiento de Logroño Deporte”, ha resaltado.

En opinión de Antoñanzas, “justificaron la subida de tarifas al deporte de base por una cuestión económica que son incapaces de resolver. Ni siquiera son capaces de bajar las cuotas a pesar de la inyección de 5 millones de euros que han recibido por parte del Gobierno de La Rioja”.  En este sentido, ha lamentado que “el convenio que firmaron en octubre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja no haya estado condicionado a apostar por el deporte de base bajando las tarifas”. 

Mercedes-Benz es la mayor empresa vasca y también la que más fondos europeos MRR ha percibido en Euskadi con cerca de 100 millones de euros. Del total de 99,45 percibidos, la mayor parte (más de 98 millones) llegaron en concepto de política industrial repartidos entre los años 2022 y 2023, mientras que los 850.000 euros restantes se le abonaron en 2022 para el despliegue y la integración de energías renovables. Estos datos se desprenden de la respuesta a una solicitud de información documentada dirigida al Gobierno vasco por Álvaro Gotxi, parlamentario del PP, en la que se detallan las cien empresas o entidades más beneficiadas por los fondos europeos Next Generation EU.

Las cien empresas más beneficiadas acumulan 1.006,05 millones de euros en fondos europeos recibidos. A Mercedes-Benz la sigue, en segundo puesto, la UPV/EHU, con 53,71 millones, mientras que el podio lo completa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), con 48,32. Se da la circunstancia de que en el noveno puesto, con más de 24 millones de euros, se cuela Automóviles Oviedo, una sociedad anónima domiciliada, como su nombre indica, en la capital asturiana.

Hay empresas que figuran en la lista en más de una ocasión. Construcciones Amenabar, por ejemplo, está en el séptimo puesto con 28,47 millones de euros, pero participa también de algunas UTE, como una con Exbasa adjudicataria de otros 20 millones de euros y otra con Exbasa y Cycasa con 17,6 millones. En el buscador que se despliega a continuación, las diferentes empresas que conforman una UTE se separan con guiones.

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), propiedad del Ayuntamiento de Gijón, ha sido condenada por el despido “improcedente” de quien fuera su director técnico, Esteban Álvarez, cuyo despido le fue comunicado el 19 de enero de 2024.

Según la sentencia del Juzgado de lo Social nº3 de Gijón, la empresa tiene un plazo de cinco días para reincorporar a Álvarez en su puesto de director técnico o deberá indemnizarle con 4.295,50 euros. Asimismo, el demandante también tendrá que recibir 4.854 euros más intereses, como “complementos debidos”.

La relación laboral de Esteban Álvarez con Emulsa comenzó el 1 de febrero de 2021 cuando fue contratado como director técnico de la empresa, un puesto que dependía directamente de la gerencia de la empresa municipal, en primer término, y del concejal delegado y presidente de la misma, en última instancia.

Pero en diciembre de 2022 fue nombrado director gerente en sustitución de quien entonces ocupaba el cargo, Alfonso Baragaño, que se reincorporó a su puesto de trabajo en el área económico financiera de la empresa. Situación que Esteban Álvarez tenía claro que sería la suya cuando fuese cesado como gerente, al ser consciente que el de director-gerente era un cargo de confianza, y podría volver a su puesto de trabajo como director técnico de Emulsa.

Para Álvarez esta sentencia supone “una satisfacción muy grande” que evidencia que los motivos esgrimidos por el gobierno municipal para explicar su cese no fueron ciertos.

Y es que fue el ex gerente la persona que descubrió “irregularidades financieras” dentro de la empresa, según detalla el propio auto judicial, tales como una mala aplicación, durante años, del cobro de la tasa municipal por la recogida de basura, que se mantuvo aún cuando la empresa arrojaba resultados negativos.

“Prácticas irregulares” que puso en conocimiento del Ayuntamiento y que también denunció ante el Tribunal de Cuentas. El demandante considera que la sentencia no solo le reconoce como la persona que presentó la denuncia por corrupción, sino también que el Ayuntamiento de Gijón se negó a tramitarla “y la actitud beligerante de la alcaldesa, Carmen Moriyón, hacia mí”, resalta.

Tal y como describe el propio Esteban Álvarez en el auto, “Se da la circunstancia de que en los años en que se detectan las irregularidades ostentaron la alcaldía, y por tanto, la presidencia de EMULSA, dos partidos políticos que hoy están, respectivamente, ostentando nuevamente la Alcaldía y forman parte del Consejo de Administración de la empresa municipal”. 

En el caso del Tribunal de Cuentas se dictó un auto de archivo de la denuncia presentada por Álvarez, asegurando que se hacían alegaciones sin pruebas. Y es que fue la presidencia de Emulsa, según explica el ex gerente, la que le impidió presentar todas las pruebas que había ido recopilando y que apoyaban su denuncia, “porque decían que yo no tenía poderes para ello, y la sentencia demuestra que sí los tenía”. “Está claro que no querían que se investigara, ellos sabrán por qué”, concluye el demandante.

La sentencia podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía ha alcanzado un principio de acuerdo con el comité de empresa de La Rioja Cuida, empresa pública que gestiona el transporte sanitario, sobre las condiciones laborales de los 351 trabajadores que introduce mejoras en materia de jornada de trabajo, conciliación de la vida personal y familiar, formación, desarrollo profesional y subidas salariales.  Se trata del primer convenio colectivo del personal de La Rioja Cuida desde su conversión en empresa pública, y después de denuncias de los sindicatos de falta de diálogo.

A través de este acuerdo, al que se llega tras más de dos meses de negociaciones, el Gobierno de La Rioja inicia, por un lado, la equiparación del personal de La Rioja Cuida a las condiciones de otros empleados de empresas y entidades del sector institucional riojano. Para ello, la propuesta contempla que las retribuciones del personal de La Rioja Cuida se verán incrementadas por las subidas salariales de los empleados públicos de los años 2023 y 2024 y por un complemento retributivo adicional que garantizará la equidad con el resto de empleados públicos, y la competitividad de la empresa con otras (públicas y privadas) dedicadas al transporte sanitario en el entorno de La Rioja.

Por otro lado, el segundo gran bloque introduce mejoras en los estándares de los derechos de los trabajadores en materia de jornada de trabajo, conciliación de la vida personal y familiar, y formación y desarrollo profesional, con el fin de conseguir los máximos estándares de calidad en la prestación del servicio público de transporte sanitario y atención de las emergencias. El coste total estimado de las medidas acordadas asciende a 1,8 millones de euros hasta 2027, fecha en la que finaliza la vigencia del presente convenio. 

Por último, este principio de acuerdo, está sujeto a la aprobación por el Consejo de Gobierno y a la ratificación por parte del personal de La Rioja Cuida.  

Alberto Pellejero García ha sido nombrado nuevo gerente de la sociedad pública La Rioja Cuida, encargada de la gestión del transporte sanitario en la Comunidad en todas sus modalidades: soporte vital avanzado, soporte vital básico y transportes no asistenciales.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y Ciencias del Trabajo por la Universidad de La Rioja, es MBA (Master of Business Administration) por Esneca Business School. Además, cuenta con una amplia formación en recursos humanos y empresa. Alberto Pellejero se incorpora al Ejecutivo regional desde Arsido (Asociación Riojana para el Síndrome de Down), de la que es director desde marzo de 2022 hasta la actualidad.

El nuevo responsable de La Rioja Cuida ha desarrollado una dilatada trayectoria profesional en los últimos 24 años, tanto en la administración pública como en el sector privado. El Consejo de Administración de la sociedad ratificará próximamente su nombramiento.

‘La Rioja 360 Grados Avanza’ se reestructura para potenciar el turismo como un eje estratégico, mejorando la gestión de las infraestructuras y la promoción territorial. El Gobierno apuesta por un modelo de gestión circular apoyada en dos sociedades con dos objetivos claramente diferenciados: la gestión de las infraestructuras turísticas por un lado y la promoción territorial, por el otro

Una empresa pública agrupará en unos meses las principales infraestructuras turísticas de la región: Valdezcaray, El Barranco Perdido y Riojaforum para mejorar su gestión en aspectos compartidos como la venta de entradas o el mantenimiento de instalaciones

La sociedad pública ‘La Rioja 360 Grados Avanza, S.A.U.’ ha aprobado en su último Consejo de Administración una nueva estructura para impulsar a la estrategia turística de la región, con la promoción de La Rioja como epicentro de todas las políticas. De forma paralela y acompañando a este nuevo modelo de gestión de la promoción turística, el Gobierno está trabajando en la agrupación de las principales infraestructuras turísticas riojanas bajo el paraguas de una única sociedad pública que unifique las sinergias que plantean espacios como el palacio de congresos y el auditorio de La Rioja Riojaforum, el parque de paleoaventura de El Barranco Perdido y Valdezcaray, todos ellos con modelos de gestión con necesidades compartidas como la venta de entradas, el mantenimiento de infraestructuras o el alquiler de espacios. 

Esta reorganización en ningún caso supone un incremento en el número de sociedades públicas dependientes de la administración autonómica, ya que en la actualidad opera la sociedad pública Valdezcaray S.A, y tampoco traerá aparejado un incremento en los presupuestos que gestiona ‘La Rioja 360’, que superan los 12,8 millones de euros en 2024.

La nueva organización del equipo de promoción de ‘La Rioja 360’ plantea un organigrama circular cuyo objetivo principal es responder a la realidad y demandas del sector, ganar en eficacia e implementar la estrategia turística de La Rioja con la enogastronomía, el turismo rural, el cultural y el de incentivos y congresos como puntos fundamentales de una gestión especializada, a cargo de directores de área y especialistas.

En concreto, el área de Promoción planteará cuatro nuevas áreas. La primera de ellas, la de gestión, que incluirá la dirección estratégica, la gestión de proyectos y las tareas de contratación y administración. La segunda será el área de desarrollo e innovación, que hará frente a la imparable evolución de las nuevas tecnologías, identificando la evolución de los mercados y herramientas, acometiendo los inmediatos cambios en el camino de la digitalización. 

La tercera área que plantea la nueva estructura de la promoción de La Rioja, información y acogida, se encargará de atender a los turistas que nos visitan, así como de acompañar de cerca a los municipios para que desarrollen mejor su actividad turística. En un primer momento, seguirán ofreciendo la información turística en oficinas de información, como se venía haciendo hasta ahora, y gestionará los canales de atención directa, garantizando una respuesta eficiente a las consultas de los usuarios. 

Por su parte, el área de publicidad y relaciones públicas, la cuarta, se centrará en proponer y ejecutar acciones de publicidad y relaciones públicas para promocionar el territorio y las actividades de la propia sociedad. Además, se encargará de gestionar las relaciones con los medios de comunicación, coordinando la difusión de información y la participación en eventos mediáticos. Bajo el área de la promoción se integrará toda la promoción turística y agroalimentaria, con acciones como eventos, asistencia a ferias, fam trips, etc. 

De la mano de este nuevo modelo de organización, más lógico y colaborativo, ‘La Rioja 360’ partirá del equipo con el que cuenta en la actualidad y, en caso de ser necesario, irá creciendo para responder a las necesidades de la nueva estrategia de promoción en la que ya está trabajando el Gobierno de La Rioja, permitiendo ofrecer un mejor servicio de acompañamiento a los agentes y municipios de La Rioja, abarcar nuevos retos promocionales, maximizar sus servicios, mejorar la atención de las demandas de una mejor comunicación del territorio y desarrollar diferentes proyectos innovadores. 

Un equipo de especialistas a partir de la actual plantilla 

Estas plazas del ámbito de promoción tendrán como punto de partida a las personas que forman parte del equipo actual de ‘La Rioja 360’ y, en segunda instancia, en el caso de no cubrirse de forma interna, se hará una convocatoria pública. Algunos de los puestos actuales, creados cuando la dirección general aunaba Cultura y Turismo, se transformarán en otros prioritarios y que estén estrechamente vinculados a la estrategia turística actual del Gobierno, como el caso de una técnica especialista en enogastronomía, otra en turismo rural y otra en el turismo de incentivos y congreso. 

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la directora General de Turismo, Virginia Borges, trasladarán este jueves 21 de marzo los detalles de este nuevo modelo de gestión turística a los representantes del sector en nuestra Comunidad, pieza clave en el impulso de la región y colaboradores imprescindibles a la hora de materializar los retos que se ha marcado el Gobierno de La Rioja.

La nueva empresa pública de energía de Catalunya ha empezado a dar sus primeros pasos. Desde que el president Pere Aragonès anunció la creación de L’Energètica desde Nueva York, el pasado septiembre, se conocían las líneas estratégicas del proyecto, que se centrará en la inversión en renovables y el autoconsumo en la Administración, pero poco a poco se van desvelando más detalles. Entre ellos, que está en negociaciones para participar en los nuevos parques fotovoltaicos ya autorizados en Catalunya y que prevé aumentar solamente este año en torno a un 50% la potencia instalada en los tejados de los edificios de la Generalitat. 

Dirigida por Dani Pérez, exdirectivo de Holaluz, la empresa pública no tiene todavía sede física, pero sí cuenta ya con 30 empleados. Además, ha aprobado la creación de un Consejo Asesor, presidido por la economista Mar Reguant, y en el que figuran Pedro Fresco, exdirector general de Transición Energética de la Comunitat Valenciana; Carme Garcia, exalcaldesa de Rubí y experta en planes energéticos municipales, Joan Herrera, exdiputado de ICV y ex director del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) y otros dieciséis nombres. 

L’Energètica es la segunda empresa pública de estas características que impulsa un gobierno autonómico, después de la creada en Balears, y se suma también a comercializadoras que han puesto en marcha ayuntamientos como el de Barcelona o más recientemente Reus, en Tarragona. En su caso, sin embargo, no venderá electricidad a particulares, sino que se centrará en fomentar la generación de energía verde y comercializará solo a la propia Administración. “Catalunya no está precisamente al frente de las renovables en Europa, y nosotros podemos ayudar a aumentar la potencia instalada”, expresa su director, Dani Pérez.

“En el resto de Europa es normal que los países tengan sus propias energéticas públicas, la anomalía es lo que ocurre en España”, asegura.

Negociando con una cuarentena de parques

Una de sus primeras y palpables acciones en cuanto a inversiones en proyectos renovables ha sido adquirir las participaciones en dos parques eólicos de otra empresa pública de la Generalitat, Avançsa. Se trata de los de Pebesa y Trucafort, ambos en la provincia de Tarragona y que suman 33 MW. 

A partir de ahí, Pérez ha explicado que están en conversaciones con los promotores de los más de 40 parques fotovoltaicos ya autorizados en Catalunya para adquirir participaciones (hay otros 450 a la cola). Para ello, ha dicho, tendrán en cuenta su rentabilidad económica, pero también otros criterios sociales, territoriales o ambientales. En estos momentos, la mayoría de los proyectos que gozan de luz verde son pequeños, de menos de 5MW. 

En este sentido, el CEO de L’ Energètica ha explicado que mantiene reuniones casi cada día con alcaldes de toda Catalunya y que uno de sus objetivos deberá ser hacer aflorar huertos fotovoltaicos o eólicos locales. “Nosotros tenemos el presupuesto y el conocimiento técnico que a ellos les pueda faltar”, señala. Y añade que para fomentar el crecimiento de proyectos de estas características apostarán por adquirir pequeñas participaciones en muchos de ellos. 

Otra pata de la empresa, aunque está será difícil que ofrezca resultados remarcables a corto y medio plazo, es el de asumir la gestión de las centrales hidroeléctricas de sus cuencas internas cuando finalicen las concesiones. El problema es que, salvo excepciones, el grueso de las 350 que hay acaban pasado 2060. La única que caduca pronto, en 2024, es la de Can Trinxet, en Sant Quirze de Besora. 

Hacia el autoconsumo de la Generalitat

L’Energètica nace también con el objetivo de que la Generalitat pueda autoabastecerse en materia de consumo energético antes de 2030. Según los estudios del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), los equipamientos públicos tienen un potencial instalable mediante placas solares de 329 MW, aunque esto es sobre el papel y Pérez ha advertido que en probablemente la cifra sea inferior.

Sea como sea, y con una potencia instalada actual de alrededor de 20 MW (una cifra muy aproximada porque todavía se están recabando los datos), L’Energètica aspira a instalar este año entre 10 y 15 MW, más de un 50% de la capacidad actual. Del presupuesto total de la empresa, destinarán entre 15 y 20 millones a la instalación de fotovoltaica en tejados. Dada de alta también como comercializadora, L’Energètica suministrará a la Administración catalana tanto la electricidad que produzca en sus edificios como la que pueda comprar en el mercado, ambas a precio reducido. 

Ahora comenzará con el suministro a equipamientos que estrenen instalaciones, desde centros de salud a juzgados, y en 2024 prevé asumir 2.800 puntos que se licitan por contratación centralizada. Además, una novedad que plantea la firma pública es que el excedente que se pueda generar en alguno de sus inmuebles se entregará de forma gratuita a los vecinos de la zona –a dos kilómetros a la redonda– que estén en dificultades económicas. 

En cuanto a la comercialización, Pérez ha insistido en que se circunscribirá a la Administración catalana. A medio plazo, podrían abrirse a otras entidades públicas y ayuntamientos, pero lo que no está encima de la mesa es vender a particulares. Y esa es, de hecho, una de las principales críticas que ha recibido por parte de partidos como los comuns o la CUP, o de entidades por la soberanía energética, que consideran que le falta ambición.

En este sentido, Pérez ha recordado que una empresa pública tampoco puede tener más de un 20% de ingresos de privados. Y su capacidad para incidir en los precios sería igualmente muy reducida.

El Gobierno de Navarra ultima la creación de una empresa pública de ambulancias, cuestión recogida en los dos últimos acuerdos de presupuestos que el ejecutivo de María Chivite firmó con EH Bildu, que en palabras de la consejera de Salud “supondrá una mejora desde todos los puntos de vista” en la gestión del transporte sanitario.

Ha sido Santos Induráin quien ha avanzado en el Parlamento foral que “antes de Semana Santa” se elevará al consejo de Gobierno la creación de la empresa pública que se llamará 'Transporte Sanitario de Navarra Bidea'. La consejera ha señalado que “el Gobierno foral en general y el departamento de Salud venían avanzando de forma decidida por la configuración de una empresa pública de transporte público”, pero que “no ha sido posible” crearla antes por una complejidad administrativa de un proceso que implica a varios departamentos y por los esfuerzos hechos por la pandemia“.

La empresa estará adscrita al Departamento de Salud, ha precisado Santos Induráin, y se encargará de prestar el servicio que realizan hasta la fecha diferentes empresas mediante la fórmula de la licitación en coordinación con las ambulancias de SOS Navarra y Bomberos de Navarra. Para ello, la consejera ha asegurado que se “garantizará” el empleo de las actuales plantillas, formadas por unos 375 trabajadores que pasarán a tener “estatus público y estable”. “Es la mejor forma de dar continuidad a este servicio por la experiencia que tienen”, ha apostillado.

Son alrededor de un centenar las ambulancias que estarán implicadas en este “tránsito” hacia el modelo público, que realizan anualmente más de 40.000 traslados urgentes y más de 200.000 programados entre altas, ingresos, servicio de diálisis o quimioterapia, entre otros.

La creación de esta empresa está incluida en al acuerdo de presupuestos que firmaron el Gobierno de Navarra y EH Bildu para las cuentas de 2023 y que recoge una partida de 4,9 millones de euros para el refuerzo de la Sanidad y que irán destinados, además de para la creación de la compañía de transporte sanitario, para la contratación de profesionales de Enfermería, Psicología, Fisioterapia y otros facultativos en las áreas de salud de Pamplona, Tudela y Estella.

El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles en su sesión de Gobierno la creación del Instituto Navarro de Inversiones (INI), una entidad que será pública y con la que se pretende ampliar el apoyo al desarrollo económico de la comunidad foral, además de “proteger, dar seguridad e impulsar al tejido productivo de esta comunidad”, ha destacado la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz. Según ha añadido, se espera que pueda estar constituida y en funcionamiento en el 2023.

La creación de este instituto venía recogida en los dos últimos acuerdos presupuestarios que el Ejecutivo de María Chivite firmó con EH Bildu como un “instrumento de política financiara y crédito público”. Según ha detallado la consejera, esta empresa pública dependerá del departamento de Hacienda y se configura en base a un modelo de Banco Público de Desarrollo y como un instrumento de transmisión de la política económica del Gobierno de Navarra mediante el apoyo financiero a las políticas estratégicas de desarrollo económico y social definidas en el seno del Gobierno en línea con los objetivos de desarrollo sostenible.

“Una de las características del INI es su diseño funcional al ser tomadas las decisiones individuales de inversión por un Comité de Inversiones integrado exclusivamente por profesionales independientes sin presencia de representantes del Gobierno. De este modo queda limitado el papel del Consejo de Administración, donde se integrarán representantes del Gobierno, a la definición de los sectores estratégicos macro que deberá priorizar el Comité de Inversiones”, ha apuntado la consejera. En esa misma línea, Saiz ha recordado que “este diseño permite que las operaciones de financiación se consideren como operaciones financieras, con lo cual no consolidarán a efectos del cómputo de déficit de la Comunidad Foral de Navarra”. 

El INI responde en su desarrollo a la definición y objetivos establecidos por la Comisión Europea para los NPB (National Promotional Bank) o Bancos de Promoción. En esta línea, sus inversiones se orientarán al desarrollo de sectores estratégicos clave y a la atención a fallas de mercado relevantes.

El Gobierno navarro destaca que la orientación y pertinencia de la nueva sociedad en base a un modelo de NPB “cobra una mayor relevancia en el contexto actual del despliegue del Plan Next Generation - EU y del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, ya que las convocatorias de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), eje fundamental del Plan Nacional, fijan como finalidad la existencia de un claro fallo de mercado o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado, coincidentes con los objetivos del INI”.

El INI, que quedará integrado en la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), amplía el espectro de herramientas económicas de las que dispone el entramado público navarro, aportando competencias en el impulso del diseño de la política económica; aceleración de transformaciones sistémicas; desarrollo de infraestructuras y bienes públicos o movilización de financiación para proyectos que el mercado no financiaría en solitario.

Tenso debate este lunes durante la comisión de Movilidad y Medio Ambiente, a cuenta de los aparcamientos municipales. Tres de los grupos de la oposición llevaban preguntas sobre el cambio de tendencia en el Ayuntamiento de Madrid a la hora de abordar el final de las concesiones más rentables en estas dotaciones públicas mientras el delegado del área, Borja Carabante, defendía privatizar su gestión durante décadas como una acción política que “está causando beneficios”.

Tanto PSOE como Más Madrid preguntaban por “cuánto dinero dejará de ingresar el Ayuntamiento de Madrid, a través de la EMT, por la decisión política de excluirla de la gestión de los aparcamientos públicos de rotación que se encuentran a punto de vencer su actual concesión”. Lejos de contestar con estas cifras y entre constantes interrupciones, el delegado de Movilidad intentó huir del debate de la gestión y cifró en 40 millones de euros los costes para acondicionar los ocho parkings municipales que tiene previsto enajenar, además de dudar de que “algún alcalde de izquierdas” acometa reformas de este tipo sin acudir a la gestión privada.

“Han decidido birlarles a los madrileños al menos 100 millones de euros”, protestó en concejal del PSOE, Ignacio Benito, al recordar a Carabante las cifras de beneficios del aparcamiento de plaza del Carmen -que acaba de salir a licitación- y de los otros tres que están en proceso: el de Santo Domingo y los dos promovidos por el Real Madrid junto al Santiago Bernabéu. “Es un desfalco a futuro”, recalcó el representante socialista al recordar al delegado que no había justificado por qué prefería privatizar los beneficios en lugar de acometer la inversión para que luego revirtiera en las arcas públicas.

“Esto es una rentabilidad garantizada. Todo el mundo sabe que los aparcamientos del Bernabéu van a estar repletos los días de partido”, recordó José Manuel Calvo, representante del Grupo Mixto, cuando Carabante comparó esta concesión con la de una cafetería en un edificio público. A la vez, se preguntaba “por qué ese beneficio prefiere que esté en las arcas de un particular antes de en las arcas del Ayuntamiento o de la EMT”. El edil, que fue delegado de Urbanismo en la pasada legislatura, acusó al concejal del PP de renunciar a hacer “política de movilidad con los aparcamientos” y de “pereza” a la hora de gestionar.

Más Madrid denunció por su parte que las concesionarias obtendrán unos ingresos de 140 millones de euros mientras dure la privatización de los cuatro aparcamientos de los que se conocen las cifras económicas y que el Ayuntamiento solo recibirá a cambio 20 millones en concepto de canon por la cesión. “Estamos regalando enormes beneficios a empresas privadas”, lamentó la concejala Esther Gómez, quien apuesta por la gestión directa por la EMT, como sucedió en cinco concesiones que finalizaron la pasada legislatura. Además, recordó que la construcción de nuevos parkings en el centro como los del Bernabéu atraerán más tráfico a la ciudad: “Lo que usted está fomentando es que se entre a Madrid en coche”, dijo.

Inspecciones con 9.763 falsos residentes

Carabante intentó huir del debata de las privatizaciones ofreciendo datos sobre las inspecciones del uso de plazas para residentes en los parkings municipales. El delegado detalló que desde febrero de 2020 se han revisado 173 de los 297 existentes en la actualidad. En ellos se han detectado irregularidades en 24.333, el 60% de los estacionamientos para residentes, al no ocupar la plaza el coche destinado para ellos.

Aunque la mayoría de estos casos se podrá regularizar -ha explicado Carabante- en 9.763 casos los particulares beneficiarios perderán su derecho a la plaza, bien porque la estaban realquilando a terceros (práctica no permitida) o bien porque ya no están empadronados en el área de influencia del aparcamiento en cuestión.

“Esto es lo relevante y lo importante”, insistió el delegado de Movilidad ante las críticas a su gestión por parte de los grupos municipales, a los que les advirtió que quiere volver a privatizar la gestión de los estacionamientos que vencen su periodo de concesión en breve: los de Cortes, Luna-Tudescos, Santa Ana y los tres parkings bajo la calle Velázquez. De momento ya lo ha hecho en Santo Domingo y Plaza del Carmen, con licitaciones abiertas. La más avanzada es la del situado junto a la Gran Vía. Allí el Ayuntamiento renunciará al menos a 18 millones de euros de beneficios al entregar la gestión a un operador privado, que también se encargará de remodelar toda la superficie.

No es el único ejemplo de colaboración público-privada del lugar en el que las empresas consiguen notables beneficios: el hotel de lujo situado junto a la plaza obtendrá varias ventajas después de haber “donado” al consistorio el proyecto de obras, compuesto por cuatro tomos, más de 2.000 páginas y que incluye un túnel de conexión con el citado establecimiento hotelero valorado en 136.000 euros, por el que el consistorio no ingresará nada.

“Hacerse cargo de lo deficitario y prescindir de lo rentable es una estrategia que haría que lo despidieran de cualquier empresa. En 2023 estarán esperándole los madrileños con el finiquito preparado”, sentenció para finalizar su intervención el concejal del PSOE, Ignacio Benito.