Nos enfrentamos siempre a dilemas morales cotidianos que no tienen solución. Queremos acercarnos al ideal que tenemos de nosotros mismos, ser siempre buenos, y en nuestro intento de bordear ese límite estamos condenados a fracasar, tras el fracaso quizás a lacerarnos. Si nos laceramos es porque una parte de nosotros mismos no renuncia a la persona que podría haber sido de escoger lo otro, al tiempo que sabe que la ha perdido, que ya no es quien pudo ser, quizá no lo será nunca. ¿Quién no se ha visto entre la espada y la pared, forzado a que la única manera de ser leal a un amigo consista en traicionar a otro? ¿Quién no ha tenido que medir sus movimientos con la conciencia de que, sin importar lo que hiciera, estaría en algún caso obrando mal para alguien, gestionando el dolor, pero no evitándolo? La ilusión de ser perfectos es un reflejo infantil, el de quien no quiere hacer algo mal porque teme el castigo o la reprimenda, la decepción de los padres; la adultez tiene mucho que ver, en cambio, con las ocasiones en que obrar bien es obrar mal, sin pureza de por medio. La pureza, como sueño, es expresión de insatisfacción; los sueños, como sueños, sueños son.

Algo tan general es aplicable universalmente, a la vida de cada cual: lo que queremos es resolver lo irresoluble, ponerle solución a lo que no tiene remedio, arreglarlo todo más allá de mis capacidades. Quizá soy desmedida en ese plural: al menos en mí misma sí que reconozco ese impulso complaciente. Lo he pensado esta semana en varias ocasiones, algunas que tenían que ver con mis propios dilemas morales cotidianos, los de todos los días, esos que se acumulan sin solución, o sin solución buena; lo he pensado también al leer, asistir, escuchar y atender a las opiniones, juicios o exabruptos que se han vertido a propósito del caso de Noelia y su recurso a la eutanasia.

Me duele que cualquier persona prefiera quitarse la vida a perseverar en ella, porque —llámeseme cursi o curilla— considero que la vida, hasta en sus dolores, es algo hermoso y valioso en sí mismo; respeto absolutamente el derecho a la eutanasia, el derecho a la muerte digna, y no me habría atrevido yo a poner en cuestión la voluntad de Noelia, ni de tantos otros. Una eutanasia puede ser a la vez un fracaso social, una tragedia y la única manera de dar dignidad y autonomía en la muerte y enfermedad. Fracaso social porque la soledad es un problema social, porque las familias miserables y maltratadoras no son una isla que exista separada del mundo entero, porque las instituciones podrían hacer más y la ayuda que aportan es insuficiente, también porque somos más egoístas de lo que nos gustaría, más crueles, más miserables, más caprichosos en cómo repartimos nuestros afectos y a quién concedemos piedad y misericordia. Fracaso también, en fin, porque ante algo así nuestros sistemas morales, o la concepción que tenemos de tenerlos, fracasan.

Es normal que la derecha española sea incapaz de reconciliar su liberalismo, que convierte el mundo entero y también a las personas en mercancía y objetos, intercambiables, a la vez absolutamente autónomos y presuntamente libres, con la herencia moral judeocristiana. Es normal que otra izquierda tampoco sepa si hablar aquí de la estructura o si deslizarse a la herencia liberal que respeta ante todo la autonomía del individuo y su elección. Sostenemos ideologías y valores que son contradictorios, complejos, mutables, como cuando la vida nos fuerza a escoger entre opciones sin que ninguna de las dos sea una buena opción. A la ilusión de ser perfectos se suma la ilusión de ser coherentes, porque ser coherente también sería acercarse a un bien hipotético, al cálculo matemático de la mejor acción posible; la inexistencia de esa mejor acción, la cantidad infinita de efectos que todo paso puede provocar, se cuenta entre las mejores muestras de la irreductibilidad de lo humano, su imposible sustitución por lo maquínico, incluso cuando cada día se habla de inteligencias artificiales.

La muerte escogida de Noelia ha planteado socialmente el conflicto entre su derecho y una forma determinada de compasión social. Está bien que así sea. Frente a las voces que no querrían vivir con ello, que anteponen su dolor a la complejidad, creo que es cualidad de una sociedad madura, como lo es de una persona adulta, renunciar a resolver lo irresoluble. Asumir que no todo se puede solucionar, que no hay un deus ex machina ni final de cuento de hadas; aceptar que no hay opción buena y que en la vida se lidia con las cartas que te tocan. Escoger es fracasar: quizá el problema de fondo esté en que, al oír la palabra fracaso, vemos en todo fracaso una tragedia; quizá la resolución sea acostumbrarnos a que vivir es fracasar, sin fracaso no hay vida, y la vida puede ser la historia, valiosa y hermosa por sí misma, de todo aquello en lo que hemos fracasado.

En ninguna parte está escrito que el derecho a la vida venga acompañado de la obligación de soportar un sufrimiento más allá de humanamente comprensible. No hay ley o religión que así lo dicte. Vivir no es una guerra que haya que ganar, ni una batalla que haya que dar, ni una lucha que no se pueda abandonar. 

Querer dejar de vivir no es una derrota, ni una deserción, ni una traición que deba llevarnos a tratar a quién prefiera morir como a alguien a quien haya que rescatar, salvar o pagar para vivir; como si fuera alguien que ha salido defectuoso y debe ser reparado, alguien que tiene un fallo y debe ser arreglado. 

Noelia Castillo Ramos era una persona libre a quién deberíamos respetar en su elección precisamente aunque no entendamos que no quiera seguir viviendo como nosotros queremos. No tenemos derecho alguno a juzgarla, mucho menos a obligarla. Si quieren ejercer algún derecho, ejerzan el derecho —la obligación si es usted cristiano— de amarla como nos amamos a nosotros mismos.

En el Artículo 15 de la Constitución Española se establece que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que “en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes”. El Estado ha debido garantizar que Noelia Castillo Ramos haya podido ejercer su autonomía personal hasta sus últimas consecuencias con las plenas garantías que otorga la ley; y así lo ha hecho. 

Le ha tocado también al Estado defender aquello que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos: que todos tenemos derechos en todas partes a que se reconozca nuestra personalidad jurídica. Noelia Castillo Ramos no es una propiedad de la cual su padre pueda poseer y disponer a su libre voluntad y antojo. Noelia Castillo Ramos tampoco encarna un ejemplo o un sujeto para las obligaciones que cualquier organización se crea con derecho a imponer en nombre de un credo, una fe, una doctrina o una filosofía.

No está tan claro que todos cuantos se han empeñado, con mejor o peor intención, en convencer u obligar a Noelia Castillo Ramos a ejercer su autonomía personal de manera diferente hayan sido tan respetuosos con su integridad física o personal o con su derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. No queda duda alguna en el caso de quienes la han empleado, sin decencia alguna, para demostrar que su odio hacia el gobierno, el comunismo, el ateísmo o el sanchismo es lo único que da ya sentido a sus vidas y a su mundo; o quienes la han utilizado cínicamente como excusa moral para justificar sus preferencias ideológicas, religiosas o fiscales.

Quien quiera empatizar con un padre que sólo se ocupó de ella para arrastrarla por los juzgados durante los dos últimos años de su vida que lo haga; pero que no trate de convertirle en el ejemplo de aquello que los demás padres haríamos porque no lo es. 

Quien quiera presentar a Noelia Castillo Ramos como otra víctima del gobierno que lo haga; pero que no la agreda de nuevo haciendo correr el bulo de la violación múltiple cuando estaba bajo custodia del Estado. 

Quien quiera hablarnos de la ley y sus vicios que lo haga; pero que no pretenda convencernos de que, luego de haber sido examinada por más de treinta especialistas durante años, aún quedaba por esclarecer su capacidad mental y la causa era jurídica, no ideológica.

Ni Noelia Castillo Ramos ni todos cuantos defendemos su derecho a morir en sus propios términos y condiciones les debemos explicación alguna. A nosotros no nos preocupa tanto cómo ni por qué viven su vida.

El infierno en vida de Noelia Castillo acabó el 26 de marzo. Por su propia decisión y después del control médico y judicial establecido por la ley, se le aplicó la eutanasia y su derecho a morir en paz. Algunas personas –su padre y la organización ultra Abogados Cristianos– convirtieron sus últimos meses en una pesadilla. Sus presiones y recursos judiciales no consiguieron hacerla desistir de su propósito. Toda su historia nos causa dolor, pero el final es el que ella quería. Es necesario repetir esto último tantas veces como sea necesario y no dejarse llevar por los argumentos de los hipócritas y de los que quisieron arrebatarle su dignidad hasta el último minuto de su vida.

Han pasado 601 días desde que ella expresó su deseo de morir para poner fin a tanto sufrimiento. No fue una decisión producto de un impulso. Su caso fue evaluado por 32 especialistas y se redactaron trece informes. Varios tribunales examinaron los recursos presentados. Todos los análisis confirmaron que Noelia entendía la gravedad de lo que estaba solicitando y que era plenamente consciente de su estado y de las consecuencias que suponía. No fue un final feliz y por eso nos resulta difícil celebrarlo –creo que ninguno de nosotros asociamos la muerte a la felicidad–, pero es el que ella quería. La vida no le había dejado otra opción.

El espectáculo presenciado en los últimos días no ha sido muy edificante, y no por culpa de ella. Los racistas han propagado mentiras sobre las violaciones que sufrió para aprovechar la historia en beneficio de su lucha contra los inmigrantes. Una cadena de televisión reincidió en lo que hizo en casos anteriores de sucesos y muertes de adolescentes ofreciendo un show morboso. Algunos políticos que quieren complacer a sus votantes que se oponen a la eutanasia han hablado de “un fracaso como sociedad”, un concepto vago que nunca concretan con las medidas que creen que deberían haberse tomado. Podrían proponerlas mañana mismo en el Parlamento si tan claro lo tienen, pero no lo van a hacer.

Hay un principio general que dice que los riesgos se multiplican cuando una noticia capta por completo la atención de la televisión. Servirá para que llegue a todo el mundo, pero aumentarán las posibilidades de que sea presentada como un espectáculo carente de toda nobleza. Se abusará del sentimentalismo y abundarán las opiniones de gente que no sabe de lo que está hablando. Y todo eso con la esperanza de que la cobertura incremente las audiencias. 

El ejemplo más flagrante fue el del programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Entrevistó a Noelia Castillo y a su madre después de que ellas lo aceptaran. Ángeles Caballero se pregunta si era necesario “seguir hurgando en esa herida con una cámara encendida delante”. Porque en estos casos siempre se dedica un número desmesurado de minutos y se le saca todo su jugo televisivo. Se juega con los sentimientos de la audiencia y se le recuerda que volverán a hablar del tema después de la publicidad. “Por supuesto, la música de piano de fondo, los gestos afectados y sobreactuados del plató. Las palabras huecas, que fagocitan cualquier atisbo de cordura, que también la hubo”. 

La frivolidad con la que se manejan estos asuntos no tiene nada que ver con las deliberaciones y decisiones que adoptan los organismos que participan en un caso de eutanasia. El informe médico-forense que avaló la eutanasia estableció que sus dolores eran “graves, crónicos, constantes e imposibilitantes” y que no existía “posibilidad de mejora”. Estaba condenada a malvivir en esas condiciones toda su vida. Los  psiquiatras y psicólogos que la examinaron decidieron que “la patología que sufre no la condiciona para tomar decisiones”. Los tribunales certificaron ese diagnóstico. 

Si se hubiera respetado desde el principio la voluntad de Noelia, hace tiempo que su dolor habría terminado. En agosto de 2024, un juez aceptó un recurso de su padre e impidió que la eutanasia tuviera lugar. No voy a entrar a valorar sus intenciones. Me limito a incluir aquí lo que contó su hija en la entrevista de Antena 3: “No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?”. 

El principal argumento de Abogados Cristianos, que representaba a su padre, consistía en dudar del estado mental de Noelia. En estos casos, todo se reduce a tratar a la persona que solicita la eutanasia como si estuviera loca. Querían imponerle su juicio moral sobre lo que significa la vida. Pero ha habido algo más. Han llegado a denunciar que el hospital había presionado para que se produjera “porque tenían comprometidos sus órganos” para un trasplante. No sólo es mentira, sino que es imposible legalmente. Los trasplantes se llevan a cabo cuando hay un compromiso previo del fallecido o lo autoriza su familia. La directora de la Organización Nacional de Trasplantes lo explica en este vídeo.

Los sectores más reaccionarios han aprovechado el caso para cargar contra la eutanasia y expandir toda una serie de mentiras. Como era de prever, Santiago Abascal se ha distinguido afirmando que ella fue violada por dos menores inmigrantes, de lo que no existe ninguna prueba. Los ultras también han dicho que sufrió una agresión sexual en un centro de menores en 2022 (por entonces tenía 21 años). Noelia vivió en dos residencias para menores entre 2015 y 2019. Macarena Olona alega que le concedieron la eutanasia por tener depresión. La ley no permite eso. Ella quedó parapléjica después de un intento de suicidio al tirarse desde un quinto piso. Las secuelas eran “permanentes e irreversibles”. 

En el ámbito periodístico, ha quedado claro el desprecio que sienten algunos por Noelia. Su opinión no les merece ningún respeto. Un columnista de ABC sostiene que los impuestos se utilizan para “ejecuciones”, que ha sido “un asesinato colectivo”. El jefe de opinión de El Español afirma que “el Estado español ha decidido matar a Noelia Castillo”. Hay que respetar a las personas que no aceptan la eutanasia por sus creencias religiosas, pero estas opiniones sólo están regidas por el fanatismo.

En el momento en que fue aprobada por ley en 2021, la eutanasia contaba con un amplio apoyo en la sociedad. Ya en 2018 un 85% defendía ese derecho, según una encuesta de Ipsos. El apoyo seguía siendo generalizado en 2024. Hasta ese año, 1.123 personas se habían acogido al derecho a poner fin a su vida. 

“Este caso nos exige una reflexión profunda. Las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron”, dijo Alberto Núñez Feijóo, refiriéndose a la época en que fue abandonada por su familia por los problemas económicos y de otro tipo. “El sistema ha fallado. Es necesario revisar todos los procedimientos para ayudar mejor a las personas que tienen problemas y reforzar el acompañamiento y los instrumentos de apoyo”, opinó Juanma Moreno.

A los políticos les gusta decir que se necesita una profunda reflexión sobre los problemas complejos y luego no se les escucha hablar más del tema. ¿A qué medidas se refieren? ¿Hay que gastar más dinero en algunos organismos asistenciales? ¿Cuál ha sido la respuesta del PP o de otros partidos cuando han surgido iniciativas para luchar contra la pobreza o ayudar a las familias rotas?

Los que dicen que el sistema ha fallado ¿qué dijeron al aprobarse medidas que aumentan el gasto social o cuando se habló de apoyar a los menores inmigrantes que sufren más los efectos de la marginalidad, de no tener salidas con las que recibir apoyo y formación? ¿Qué opinaron cuando se aprobó el Ingreso Mínimo Vital, que ayuda a las familias pobres a salir adelante? ¿Qué han respondido cuando se pide como ahora que se impidan los desahucios de familias vulnerables? Y si una familia es expulsada de su casa porque no tiene dinero para pagar el alquiler o la hipoteca, ¿qué alternativas de vivienda les dan las instituciones responsables y el sistema económico?

No sirve de mucho decir que el sistema ha fallado si no se explica después qué cambios deberían hacerse para que vuelva a funcionar. 

Noelia ha muerto, aunque difícilmente lo haya hecho en paz. Esta joven catalana ha podido materializar este jueves su eutanasia tras 20 meses de batalla legal contra su derecho a morir iniciada por su padre y los ultracatólicos Abogados Cristianos. Con su muerte, Noelia ha ganado.

El caso de esta joven de 25 años, junto al de otro hombre de 55, han sido las brechas que han hallado los familiares de pacientes y la entidad ultracatólica en la ley de eutanasia de 2021. La normativa estaba pensada para que fueran los solicitantes a los que la Comisión de Garantías negaba la eutanasia los que pudieran recurrir ante los juzgados; no para los familiares en desacuerdo con el derecho a morir de sus allegados.

El uso espurio de la Justicia por parte de Abogados Cristianos y familiares ante la decisión de morir, tomada por pacientes mayores de edad con graves padecimientos y avalada por los 19 miembros del comité de médicos y juristas de la Generalitat, ha comportado alargar el sufrimiento de la joven, que sufre una paraplejia y un trastorno límite de la personalidad.

Así lo expuso la propia Noelia en una misiva dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que desveló elDiario.es. Noelia ha estado muy sola varios años de su vida: parte de su minoría de edad la pasó en un centro de menores. Su padre volvió a su vida para impugnar su derecho a morir.

Hasta este mismo jueves Abogados Cristianos ha intentado usar los tribunales para frenar la muerte digna de Noelia. El resultado ha sido el mismo que en todas las instancias: la magistrada ha rechazado la petición de la entidad ultra para frenar in extremis la eutanasia y que la joven se sometiera a un tratamiento psiquiátrico.

Desde el juzgado de lo contencioso de Barcelona al Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos los tribunales han rechazado todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos contra la muerte digna.

Noelia, concluyeron tanto los profesionales médicos como los tribunales, pidió la eutanasia mediante un “consentimiento libre, sin injerencia o influencia determinante de su trastorno” y tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones, incluida la de someterse a la eutanasia.

Abogados Cristianos ha empleado argumentos de todo tipo, incluso extrajurídicos, para oponerse al derecho de Noelia. Sin presentar pruebas, los ultras alegaron supuestas deudas económicas de la joven como motivo para impedir su eutanasia. Como el resto de razones aducidas, los jueces la rechazaron, ya que recordaron que el procedimiento administrativo para evaluar su petición se ha ajustado a lo que contempla la ley.

Sin recursos para pagar a un abogado especializado, Noelia no ha tenido representante legal formal en la causa. Aunque no la defendía a ella sino al aval a su eutanasia decidido por la Comisión de Garantías de Catalunya, un abogado de la Generalitat, Josep Maria Torrent, ha sido, en la práctica, quien ha velado por los intereses de la paciente durante el procedimiento judicial.

La Fiscalía, en un primer momento, apoyó que su padre pudiera recurrir la eutanasia, aunque luego desistió. El Ministerio Público ha avalado siempre el derecho a morir de Noelia. Además de la batalla de Abogados Cristianos, la lentitud judicial ha marcado el caso de la joven: primero los tribunales se pasaron la pelota para decidir cuál tenía que resolver. Pese a tratarse de un procedimiento preferente, en el TSJ catalán el recurso de los ultras estuvo paralizado varios meses.

A nivel político, la Generalitat ha mantenido un tono bajo y no ha liderado públicamente ningún apoyo a la joven durante los meses de litigio. Solo 24 horas antes de su muerte, la consellera catalana de Salud, Olga Pané, lamentó en Catalunya Ràdio que, como consecuencia de un sistema judicial garantista, su padre y la entidad ultracatólica hayan “alargado el sufrimiento” de Noelia.

A la Generalitat de Catalunya se le acaban las razones legales para no aplicar ya la eutanasia a la joven N. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado las medidas cautelares para impedir la muerte digna planteadas por la entidad ultracatólica Abogados Cristianos, que representa al padre de la solicitante de muerte digna.

Según ha podido saber elDiario.es, la sección quinta del TEDH, el pasado 10 de marzo, rechazó las cautelares que Abogados Cristianos había incluido en su demanda. La entidad había emprendido la vía europea una vez el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional cerraron el paso a sus recursos.

Pese a que ninguna instancia judicial española o internacional ha dado la razón a Abogados Cristianos y al padre de la joven en su intento de revocar la eutanasia autorizada en julio de 2024, la entidad ultracatólica sí ha logrado retrasar 20 meses (y subiendo) la muerte digna a la joven N., cuyos padecimientos físicos y psicológicos no han dejado de aumentar.

Más allá de los sucesivos varapalos judiciales a sus planteamientos, la estrategia de Abogados Cristianos busca aumentar el miedo en profesionales y administración a la hora de autorizar las eutanasias, advierten fuentes médicas consultadas.

El caso de la joven N. se ha convertido en paradigma del uso indebido de los tribunales para intentar frenar un derecho, como es el de la muerte digna. Sin ninguna vinculación durante años (la joven estuvo parte de su minoría de edad tutelada por la Generalitat), el padre solo volvió a la vida de N., de la mano de Abogados Cristianos, para intentar impedir su eutanasia, pese a que el derecho a morir lo ostenta la persona que la solicita y no sus familiares.

A día de hoy, la Generalitat ya no tiene ningún impedimento de tipo legal para materializar el derecho a morir de N., una joven de 26 años con tetraplejia, trastorno límite de la personalidad y que desde agosto de 2024, cuando se suspendió su eutanasia, espera que se cumpla la decisión de los juristas y médicos de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya.

Abogados Cristianos lo ha intentado todo, pero ningún juez le ha dado la razón: ni en las distintas instancias del procedimiento contencioso-administrativo, ni en el Tribunal Constitucional, ni en Estrasburgo. Tampoco la jueza de instrucción de Barcelona que admitió una querella de la entidad ultra contra el médico y la jurista que evaluaron el caso de N. ha aceptado la petición de suspender su eutanasia de forma cautelar.

En la resolución con la que terminó el recorrido legal en España, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, en enero de este año, rechazó todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos. Consideraron los magistrados que la entidad ultra no fundamentó lo suficiente que concurriera alguno de los requisitos legales que permitirían al Alto Tribunal abordar el fondo del caso. Lo mismo apreció el Tribunal Constitucional para rechazar las cautelares solicitadas por la entidad ultra.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla.

“Me robaron mi día”, recordó ante la jueza la joven N. en marzo de 2025 durante la primera vista judicial de la historia de España por una eutanasia ya concedida (y en la que tuvo que comparecer como testigo, en silla de ruedas y trasladada desde el hospital donde vive). Sin impedimento de Estrasburgo, solo queda que la Generalitat fije día y hora para que N. pueda ver cumplida su última voluntad.

Nueva ofensiva in extremis de los ultracatólicos Abogados Cristianos en contra de la eutanasia de la joven N. Pese al aval que el Tribunal Supremo dio a la muerte digna de la solicitante, su padre, representado por la entidad ultra, ha reclamado en dos instancias distintas que la paralice de nuevo. Ya son 18 meses los que lleva esperando N. a poder ejercer su derecho a morir.

Pese a no ser el juzgado de lo contencioso que decidió sobre la muerte de la joven y carecer de competencias, Abogados Cristianos ha solicitado al juzgado de instrucción que investiga (por una querella de la entidad ultra) al médico y a la juristas que la autorizaron a que suspenda la eutanasia de la joven N. y la obligue a someterse a un “tratamiento psiquiátrico”.

La organización también ha pedido al Tribunal Constitucional que acuerde de forma inmediata y urgente la medida cautelarísima de suspender la eutanasia de la joven mientras estudia el recurso que ha interpuesto contra el aval del Supremo a la medida.

La entidad sostiene que, según los informes incorporados a las actuaciones, la joven presenta diagnósticos como trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo e ideación suicida, extremos que ya fueron constatados por todo el equipo médico que evaluó su caso y decidió avalar la eutanasia en julio de 2024. Desde entonces, el padre y la entidad ultra han emprendido una batalla legal para impedirla que ya se alarga año y medio.

Sin embargo, todas las instancias judiciales que han evaluado el caso han concluido que los informes médico-forenses y las declaraciones periciales de varios médicos avalan que la joven está en sus plenas capacidades para solicitar la muerte digna.

La Generalitat entiende que contra la decisión del Supremo no cabe recurso alguno, por lo que la muerte digna de N. ya se puede materializar. El fallo definitivo del Alto Tribunal, argumenta la Abogacía de la Generalitat, hace decaer la suspensión de la eutanasia que se mantenía como medida cautelar hasta que el Supremo resolviera el recurso de la entidad ultra.

La insistencia de Abogados Cristianos en impedir la muerte digna de N. suponía, para la Generalitat, “una terquedad” ajena a los motivos legales que sustentan un recurso de casación ante el Supremo, así como “una declarada voluntad de torpedear el ejercicio efectivo de un derecho fundamental” como es el de la propia N., una joven de 25 años con tetraplejia y trastorno límite de la personalidad, a poner fin a su vida.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

“Vivimos en una sociedad que tiene miedo a la muerte, una sociedad tanatofóbica. Sin embargo, es muy importante pensar en la muerte, porque es el acto final de nuestra vida”. Así lo ha indicado la tesorera de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Castilla-La Mancha, que ha pedido a la Administración autonómica un mayor esfuerzo a la hora dar a conocer este derecho.

Castillo ha realizado esta petición en Toledo, ciudad elegida para la presentación de dicha asociación que, constituida el pasado mes de noviembre como tal, pretende “promover una cultura de la muerte digna, para que la buena muerte sea un valor social”.

Y es que, según ha detallado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la presidenta regional, Blanca Calvo, Castilla-La Mancha se sitúa a la cola en cuanto a número de solicitantes de voluntades anticipadas o testamento vital, ese escrito donde cada persona manifiesta su deseo sobre los cuidados sanitarios que recibirá en el futuro que, tras formalizarse ante un funcionario, notario o tres testigos, se inscribe en el Registro Autonómico.

“Si fuésemos a viajar a la Antártida seguramente pensaríamos bastante en cómo hacerlo. Pero el viaje de la muerte, que está asegurado para todos, no lo pensamos”, ha lamentado la tesorera de Morir Dignamente, que ha dado cuenta de que en la Comunidad, tan solo el 5,93 de cada 1.000 habitantes han solicitado la Declaración de Voluntades Anticipadas, lejos de regiones como Navarra (32,50 por mil) o el País Vasco (27,72 por mil).

Según ha detallado, hasta el 30 de junio de 2025, han sido un total de total 13.505 las personas de la región (4.587 hombres, 7.864 mujeres) que lo han solicitado: 3.571 en Albacete, 3.323 en Ciudad Real, 3.224 en Toledo, 2.134 en Guadalajara y 1.253 en Cuenca.

Carrillo, que ha apuntado que en la región hay un total de 76 puntos de información y registro y oficinas habilitadas para poder oficializar dicho documento, ha animado a los castellanomanchegos a definir “su último viaje”. “Si estuviéramos en coma o tuviéramos problemas cognitivos, no podríamos solicitar la eutanasia si no lo hemos solicitado previamente en nuestro documento de voluntades anticipadas. Para tener una muerte digna, hay que pensarla. Hay que hacer uso de nuestros derechos y dejar por escrito y registrada nuestra voluntad”, ha insistido.

De ahí que haya reclamado a la Administración un mayor esfuerzo para que la ciudadanía conozca mejor este derecho. “Nosotros como asociación desde luego estamos comprometidas en esta tarea, en darlo a conocer”, ha concluido.

Eutanasias en Castilla-La Mancha desde 2021

Mientras, la presidenta de la misma, Blanca Calvo, ha explicado que Muerte Digna, que ya cuenta con 113 socios en la región (10 en Cuenca, 15 en Albacete, 23 en Ciudad Real, 30 en Toledo y 35 en Guadalajara) decidió constituirse en asociación regional para tener mayor representatividad ante las autoridades sanitarias de la región, para vigilar que los centros de registro funcionen bien y para dar un apoyo directo y personalizado a todos los castellanomanchegos que encuentran problemas a la hora de registrar su declaración de voluntades anticipadas o gestionar su petición de eutanasia.

Para ello, según ha avanzado, la asociación contará en un par de semanas con un el teléfono 699-545-545, que les permitirá ofrecer una trato más personalizado.

En otro orden de cosas, Calvo ha detallado los datos regionales de eutanasia. Entre 2021 y 2023 se han ejecutado 19 de las 28 solicitadas. Si en ese año en que se aprobó la ley -2021- se solicitaron dos, en el 2022 la región registró 19 solicitudes -siete ejecutadas-, que ascendieron a 28 en 2023, nueve ejecutadas.

Sobre esa cuestión, además de pedir que se agilicen los plazos, la presidenta de Morir Dignamente en Castilla-La Mancha ha dado un tirón de orejas tanto al Ministerio como a los gobiernos regionales por la tardanza en publicar los datos. “No puede ser que estemos acabando 2025 y muchas comunidades autónomas no hayan presentado su memoria”.

De igual modo, ha solicitado la creación de un registro de objetores y que la administración compense al personal sanitario que realice eutanasias, porque eleva su carga de trabajo.

Por último, ha demandado cambios legislativos que impidan la judicialización de la eutanasia, tras los casos de Noelia y Francesc, ambos en Cataluny, donde “una serie de personas que no tienen nada que ver con los peticionarios están haciéndoles la vida imposible, y nunca mejor dicho, porque ellos querrían haber terminado y no pueden”.

“Incoherente” y “artificioso”. Así califica la Generalitat el último intento de Abogados Cristianos para impedir la eutanasia a la joven N., quien desde julio de 2024 ve impedido su derecho a morir por la ofensiva judicial de la entidad ultracatólica. La abogacía de la Generalitat ha solicitado al Tribunal Supremo que inadmita de plano el recurso de Abogados Cristianos contra el aval del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a la eutanasia de la joven.

El abogado del Govern, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene que este nuevo recurso de Abogados Cristianos solo busca paralizar “de forma espuria” la eutanasia de N., avalada por los médicos desde hace más de un año pero que la batalla judicial de la entidad está logrando, por ahora, frenar.

De admitir el recurso de la entidad, que representa al padre de la joven, y estudiar su fondo, el Supremo todavía alargaría más el sufrimiento de la paciente. Los ultras ya han avanzado que su intención es agotar las instancias nacionales e internacionales para que N. no pueda morir en paz.

La insistencia de Abogados Cristianos en impedir la muerte digna de N. supone, para la Generalitat, “una terquedad” ajena a los motivos legales que sustentan un recurso de casación ante el Supremo, así como “una declarada voluntad de torpedear el ejercicio efectivo de un derecho fundamental” como es el de la propia N., una joven de 25 años con tetraplejia y trastorno límite de la personalidad, a poner fin a su vida.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

Además de recurrir ante los juzgados de lo contencioso contra el acuerdo del pleno de 19 médicos y juristas de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya que avaló la eutanasia a N. en julio de 2024, Abogados Cristianos ha emprendido la vía penal contra dos de los expertos que tramitaron la petición de la joven.

Al margen de que, como tantas otras, la querella de Abogados Cristianos quede en nada, la insistencia de la entidad en recurrir, primero ante el TSJC y ahora ante el Supremo, el aval judicial a la eutanasia de la joven ha logrado su principal objetivo: que N. no pueda morir mientras el sufrimiento físico y psicológico que padece crece cada día.

Así lo informó ella misma en una carta al TSJC, que adelantó este diario, y en la que denunció que dos monjas entraban en la habitación del hospital en el que está ingresada para coaccionarla e intentar que cambiara de opinión. Pero N. sigue decidida a morir.

El pasado mes de septiembre, el TSJC confirmó que se podía practicar la eutanasia a N. Al contario de lo que había resuelto la magistrada de lo contencioso que celebró el primer juicio en España por una eutanasia, el TSJC acordó que su padre sí estaba legitimado para recurrir, una decisión que causó preocupación en expertos y entidades promuerte digna, ya que, de confirmarse por el Supremo, puede suponer una grieta a la ley de eutanasia y paralizar en vía judicial durante años las muertes dignas.

El Supremo tiene pendiente resolver esta cuestión central sobre la legitimidad de los familiares para recurrir. Lo hará en el otro procedimiento abierto por la eutanasia, el del hombre de 54 años. La resolución de este caso todavía no tiene fecha.

Respecto a N., el Supremo tiene ahora que decidir, en primer lugar, si admite el recurso de Abogados Cristianos. La Generalitat, que representa a la Comisión de Garantía de la eutanasia en Catalunya, ha pedido al Alto Tribunal que no lo haga, toda vez que la entidad no aporta ni un solo motivo legal que lo fundamente. Inadmitir el recurso de la asociación implicaría, en la práctica, confirmar la eutanasia de N.

Remarca la Generalitat en su escrito que, tal y como ocurre desde que realizara el primer recurso, Abogados Cristianos no ha aportado un solo informe médico que contradiga todos los dictámenes que avalan la muerte digna de N. Pese a ello, la entidad ultra manifiesta “categóricamente” (aunque sin sustanciarlo en documento alguno) que N. no tiene un “pronóstico de vida limitado ni un contexto de fragilidad progresiva”.

Abogados Cristianos, insiste la Generalitat, “no guarda recato en reiterar valoraciones libres sobre la situación médica de la paciente que fueron sometidas a prueba y desmentidas” en el juicio y ante el TSJC. Todo ello pese a que el Supremo viene advirtiendo reiteradamente que el recurso de casación no puede servir para revisar la valoración de los hechos realizada por las instancias inferiores (que es precisamente lo que le pide la entidad ultra).

Además, Abogados Cristianos también acusa a la magistrada que resolvió el caso en primera instancia y al TSJC de “apartarse deliberadamente” de la jurisprudencia, aunque no concreta cuál, advierte la Generalitat. “Ni si invoca la jurisprudencia objeto de contraste ni se significa la supuesta 'doctrina constitucional' (sic) infringida”, apostilla el escrito.

En suma, para la Abogacía de la Generalitat, el escrito de Abogados es un nuevo intento de dilatar la muerte digna de N. al intentar “replantear cuestiones probatorias” que no han sido favorables a sus intereses.

La Justicia sigue sin cortar de raíz la ofensiva de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos contra la eutanasia. Una magistrada de Barcelona ha admitido a trámite la querella de la entidad contra un médico y una jurista de la Comisión de Garantía y Evaluación que aprobó la eutanasia de la joven N., a los que acusa de un delito de prevaricación y otro de falsedad documental.

En un párrafo, de escueta motivación (ocupa tan solo siete líneas), la jueza Eva Moltó se limita a indicar que los hechos incluidos en la querella de Abogados Cristianos “pueden ser constitutivos” de delito, y ordena “el esclarecimiento” de los mismos.

La ofensiva judicial de Abogados Cristianos contra la eutanasia salta así de la vía contenciosa a la penal, y supone además añadir un elemento de presión contra los profesionales médicos y juristas que, por ley, se encargan de evaluar todas las solicitudes de muerte digna en Catalunya.

La entidad ultra ya impugnó, en julio de 2024, la decisión de la Comisión de Garantía y Evaluación que, en pleno y tras los informes de los médicos que atienden a la joven N. (que padece un trastorno límite de la personalidad y es parapléjica), decidió concederle la eutanasia. Pese al aval judicial en primera instancia y en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Abogados Cristianos ha recurrido ante el Supremo, por lo que N. lleva ya más año y medio sin poder materializar su derecho a la muerte digna.

Antes de citar a declarar como investigados a los querellados, la magistrada ha solicitado al juzgado de lo contencioso que avaló la muerte digna de N. la sentencia sobre el caso, así como la grabación de la vista en la que se resolvió el recurso de Abogados Cristianos.

En su querella contra estos dos miembros del comité de evaluación que intervinieron en la autorización de la muerte asistida de la joven, Abogados Cristianos alegó que simularon un desacuerdo en el informe clave, por lo que considera que el procedimiento administrativo que avaló la eutanasia de N. es “nulo desde el origen”.

En realidad, lo que contaron los médicos a la jueza fue que, ante un caso complejo como el de N., la única alternativa legal que tuvieron para que fuera el pleno de 19 juristas y médicos de la Comisión de Garantía el que decidiera sobre la eutanasia y no ellos dos fue declararse en desacuerdo y que todos los expertos vieran el caso, como así ocurrió. Luego el padre, representado por Abogados Cristianos, impugnó la decisión.

El de N. fue el primer juicio en la historia de España por una eutanasia ya concedida. Su padre y Abogados Cristianos impugnaron ante los juzgados el visto bueno a la muerte digna que habían dado en pleno los juristas y médicos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya.

Previsiblemente, pese a esta sentencia a su favor, N. seguirá sin poder ejercer su derecho a morir (el proceso judicial ha paralizado la eutanasia desde agosto de 2024), ya que Abogados Cristianos y su padre han recurrido la sentencia del TSJC del pasado mes de septiembre ante el Tribunal Supremo.

A lo largo de los últimos meses, N. ha puesto en conocimiento de los jueces las presiones para renunciar a su eutanasia que ha recibido de grupos vinculados al grupo católico cercano al centro de menores donde pasó parte de su infancia. Pero la voluntad de N. es firme aunque su padre y grupos ultras intenten impedirla: solo quiere morir dignamente.

Los pleitos contra la eutanasia terminarán en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha decidido fijar jurisprudencia sobre una de las grietas que colectivos ultras como Abogados Cristianos habían hallado en la ley de muerte digna y decidirá si un padre puede recurrir ante un juez la eutanasia de un hijo “con plenas capacidades para decidir sobre su vida”.

Según ha informado el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo  ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la Generalitat de Catalunya contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que reconoció que un padre tenía interés legítimo para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo varón mayor de edad.

Tanto este recurso de un padre contra la eutanasia de su hijo de 55 años como el de otro progenitor contra la eutanasia de su hija arrancaron en agosto de 2024. Son las únicas causas que, a día de hoy, existen en España contra eutanasias ya concedidas. Ambas están suspendidas por orden judicial desde su inicio, y hasta que no tengan sentencia firme del Supremo no se podrán ejecutar. Al versar sobre un derecho fundamental, la ley indica que sus causas tienen preferencia en los juzgados de lo contencioso-administrativo frente a los asuntos ordinarios. 

La resolución de ambos casos está tardando ya 15 meses, cuando la media de los últimos años de los tribunales en sustentar los procedimientos de derechos fundamentales es de medio año. Dos causas singulares, en las que cada día que pasa supone mantener o incrementar el sufrimiento de dos pacientes constatado como irreversible por los médicos, van camino de tardar el triple para resolverse definitivamente que los otros asuntos.

Las primeras resoluciones de los juzgados contenciosos se mostraron a favor de la eutanasia y en contra del derecho de un familiar a impugnar una muerte ya concedida. Pero el TSJC estimó los recursos de los padres y decidió que un familiar sí estaba legitimado para recurrirla. Un criterio del que disienten no pocos juristas y expertos en muerte digna, que recalcan que la ley, en realidad, estaba pensada para que los recursos judiciales fueran para dirimir las denegaciones de la muerte digna, y no los avales. Ahora el Supremo decidirá y será la pauta obligada a seguir para el resto de tribunales en caso de nuevas impugnaciones.

El Supremo explica que el recurso tiene interés para la formación de doctrina debido a que todavía no existe jurisprudencia del Alto Tribunal sobre esta materia (la ley de la eutanasia es reciente, de 2023) y, además, por los derechos fundamentales en juego (la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes y el derecho a la vida).

De esta forma, el Supremo determinará si existen y cuáles son los requisitos y circunstancias que permiten establecer que un tercero (en este caso, un progenitor) pueda impugnar judicialmente el reconocimiento de la prestación de eutanasia realizada por el comité científico y jurídico “a un solicitante mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida”.

“Me robaron mi día” . Así de sincera se mostró ante la jueza N., la joven a quien un recurso de su padre y los ultracatólicos Abogados Cristianos mantiene paralizada su eutanasia. Ocurrió en la primera vista judicial de la historia de España por una muerte digna ya avalada por los médicos, celebrada el pasado mes de marzo. El caso de N. está ahora pendiente del Tribunal Supremo, quien tiene la última palabra en un procedimiento judicial que, sobre el papel, debía ser rápido, pero que se ha caracterizado por su lentitud.

Tanto el caso de N. como el otro recurso de un padre contra la eutanasia de su hijo de 55 años arrancaron en agosto de 2024. Son las únicas causas que, a día de hoy, existen en España contra eutanasias ya concedidas. Ambas están suspendidas por orden judicial desde su inicio, y hasta que no tengan sentencia firme del Supremo no se podrán ejecutar. Al versar sobre un derecho fundamental, la ley indica que sus causas tienen preferencia en los juzgados de lo contencioso-administrativo frente a los asuntos ordinarios. 

La resolución de ambos casos está tardando ya 14 meses, cuando la media de los últimos años de los tribunales en sustentar los procedimientos de derechos fundamentales es de medio año. Dos causas singulares, en las que cada día que pasa supone mantener o incrementar el sufrimiento de dos pacientes constatado como irreversible por los médicos, van camino de tardar el triple para resolverse definitivamente que los otros asuntos.

Los datos consultables en el portal de transparencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) así lo constatan: el plazo en que los procedimientos por derechos fundamentales obtuvieron una sentencia firme (es decir, sin posibilidad de más recursos) en España entre los años 2016 y 2023 fue de entre ocho y cinco meses, en función de los años. En los últimos años con cifras disponibles, además, este tipo de asuntos se sustentó, de media, siempre en menos de seis meses.

Los 14 (camino de 15 ya) meses que están tardando en resolverse los pleitos de la eutanasia los sitúan incluso por encima de la media de duración de procedimientos que no tienen prioridad en el juzgado, según las propias estadísticas del CGPJ. Por ejemplo, los procedimientos contenciosos en Urbanismo se resuelven en 13,7 meses; los derivados de la administración laboral y Seguridad Social, en 11; y los contratos administrativos, en 13,4 meses.

Además, la estadística limitada a Catalunya, la única comunidad con casos judicializados por familiares contra eutanasias ya concedidas, muestra que es la comunidad con una de las resoluciones más rápidas de los procedimientos contenciosos por derechos fundamentales (en 2023, una media de 3,9 meses, frente a los 5,1 del conjunto de España).

Los pleitos por la muerte digna son la excepción y no han estado exentos de algunos entuertos procesales. Al tiempo que en agosto de 2024 suspendían de forma cautelar las eutanasias, las dos magistradas de lo contencioso enviaron los casos al TSJC al considerar que era el alto tribunal el competente para decidir sobre el fondo del asunto. Sin embargo, el TSJC devolvió a los juzgados de lo contencioso la decisión, lo que postergó más las primeras resoluciones sobre el caso.

Con dos resoluciones de los juzgados contenciosos a favor de la eutanasia y en contra del derecho de un familiar a impugnar una muerte ya concedida, el TSJC estimó los recursos de los padres y decidió que un familiar sí estaba legitimado para recurrirla. Un criterio del que disienten no pocos juristas y expertos en muerte digna, que recalcan que la ley, en realidad, estaba pensada para que los recursos judiciales fueran para dirimir las denegaciones de la muerte digna, y no los avales.

En el caso de N., cuyo padre está representado por los ultras de Abogados Cristiano, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dejó para septiembre la resolución del recurso pese a que agosto es un mes hábil para sentenciar este tipo de asuntos. Tal y como desveló elDiario.es el pasado mes de julio, la propia N., en una carta a los magistrados, había denunciado que no poder materializar su derecho a morir dignamente suponía alargar su sufrimiento.

Además, la joven puso en conocimiento de los jueces las presiones a las que la sometieron los grupos católicos ligados al centro tutelado donde vivió parte de su minoría de edad. Dos mujeres, una de ellas monja, habían irrumpido en la habitación del sociosanitario en el que N. vive ahora y la llenaron de cruces y estampitas religiosas, para después mandarle SMS para que renunciara a su derecho a morir dignamente.

Pese a admitir el TSJC que la postergación de su eutanasia creaba “insatisfacción” en N., los magistrados no agregaron nada más sobre el retraso para poder ejercer un derecho, el de la muerte digna, vinculado a derechos consagrados en la Constitución como la dignidad personal. Pese a que el derecho a morir dignamente es de la joven y no de su padre, los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJC reiteraron que el padre de N. tiene un “innegable interés” en que la joven siga con vida. El caso de N. va ahora camino del Supremo, instancia que lleva desde la pasada primavera para resolver el recurso sobre el otro caso de eutanasia recurrida en Catalunya.

Para intentar que no se repita esta demora ante futuros pleitos, ya sean de colectivos ultras como Abogados Cristianos o de familiares, entidades como Dret a Morir Dignament han anunciado que promoverán un cambio legal para que, dentro de los procedimientos sobre derechos fundamentales, los recursos contra la eutanasia tengan máxima prioridad.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra siete de los once miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación que aprobó la eutanasia de una joven de 24 años. Los acusa de un posible delito de prevaricación y conflicto de intereses. También se querella contra el exconseller de Salut Josep Maria Argimon por el nombramiento de estos miembros.

La organización denuncia que de los once miembros de la comisión, tres están vinculados a Derecho a Morir Dignamente. Añade que un cuarto participó activamente en la elaboración de la ley de la eutanasia y que un quinto es referente en este ámbito en un centro de salud. Sobre los otros dos, dice que pertenecen a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Según defiende Abogados Cristianos –que representa a los padres de la joven– en su escrito al juez, Derecho a Morir Dignamente “es una de las principales promotoras de la Ley de la eutanasia en España y el principal apoyo que encuentran los que quieren la eutanasia”.

Por ello, defiende que el hecho de que miembros de la comisión pertenezcan o colaboren con esta organización “es un acto impropio y carente de objetividad”. Añade que ocurre algo similar con la Organización Nacional de Trasplantes, ya que “existe una relación causal directa entre la práctica de la eutanasia y la obtención de órganos”. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, consideró “escandaloso que quienes deben velar por la legalidad y objetividad en un proceso tan grave, estuvieran claramente vinculados a asociaciones que promueven la muerte”. “Es un atropello contra la imparcialidad y una burla del estado de derecho”, añadió.

Aval a la eutanasia, pero derecho al recurso del padre

El TSJ catalán ha avalado recientemente la eutanasia de la joven N, pero permitiendo a su padre y a Abogados Cristianos recurrirla y alargar así su sufrimiento. Los jueces, al contrario que los ultras Abogados Cristianos y el progenitor, insisten en que la enferma pidió morir de forma digna “sin injerencia ni influencia” y consciente de las consecuencias de su decisión. El TSJC rechazaba así el recurso que el padre de N., representado por el grupo ultracatólico Abogados Cristianos, interpuso contra el aval que una jueza de Barcelona había concedido a su eutanasia, aunque ha admitido que el hombre pueda recurrirla (algo que había negado la primera magistrada que juzgó el caso).

En la sentencia, a la que tuvo en su día acceso elDiario.es, el TSJC concluye que existe un “innegable interés” del padre de N. en que la joven siga con vida, por lo que el hombre sí está legitimado para recurrir la eutanasia. Pero no para impedirla del todo, agrega el tribunal, que aprecia claramente padecimientos “graves, crónicos, constantes e imposibilitantes” y sin pronóstico de mejora en la joven, así como su plena capacidad y conciencia para pedirla, algo que negaban el padre y el colectivo ultracatólico.

Los jueces asumen al 100% que la joven solicitó su eutanasia “sin injerencia ni influencia” derivadas del trastorno límite de la personalidad que padece. “Sus capacidades de saber, discernir y ejecutivas están conservadas”, reza la sentencia de la sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC. Por otro lado, el TSJC admitía en su auto por primera vez que el freno a la eutanasia concedida por los médicos a la joven N., debido a la demanda interpuesta por su padre y los ultracatólicos Abogados Cristianos, provoca en la solicitante “insatisfacción”. 

Se trata de la primera vez que un tribunal admite de forma abierta el sufrimiento que genera en los pacientes no poder materializar su derecho a morir. Pese a ello, los magistrados evitan censurar la estrategia del padre y del colectivo ultracatólico, de los que se limitan a constatar que intentan frenar la muerte de N. sin aportar un solo informe forense que contradiga los dictámenes de los médicos y juristas que avalaron su eutanasia.

Lo había dicho ella en el juicio (y por carta a los jueces). Lo habían ratificado los médicos que la tratan en el hospital en el que vive. Y ahora lo ha constatado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC): el freno a la eutanasia concedida por los médicos a la joven N. debido a la demanda interpuesta por su padre y los ultracatólicos Abogados Cristianos provoca en la solicitante “insatisfacción”. 

Se trata de la primera vez que un tribunal admite de forma abierta el sufrimiento que genera en los pacientes no poder materializar su derecho a morir. Pese a ello, los magistrados evitan censurar la estrategia del padre y del colectivo ultracatólico, de los que se limitan a constatar que intentan frenar la muerte de N. sin aportar un solo informe forense que contradiga los dictámenes de los médicos y juristas que avalaron su eutanasia.

Al contrario que la primera jueza que decidió sobre el caso, el TSJC ha considerado que el padre de N. sí está legitimado para recurrir la muerte digna de su hija, lo que abre un escenario temido por varios expertos (impugnaciones por parte de terceros, aunque sean familiares, de una decisión personal) y que no recogía la ley de eutanasia aprobada en 2021.

En declaraciones a elDiario.es, la presidenta de la asociación Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, considera que el fallo del TSJC es “incoherente” al autorizar que el padre pueda recurrir la eutanasia de su hija y avalar al mismo tiempo con rotundidad que la paciente cumple con todos los requisitos y está plenamente capacitada, al contrario de lo que mantenía Abogados Cristianos, para pedir la muerte digna. “Legalmente es posible, pero éticamente es inhumano”, sentencia.

Abogados Cristianos ya ha anunciado que recurrirá al Supremo, lo que alargará todavía más la espera de N., cuya eutanasia se aprobó por parte de los médicos y juristas de la Comisión de Garantías de la Generalitat en julio de 2024 y fue suspendida por orden de la jueza un mes después debido a la impugnación de los ultracatólicos. El recurso del padre posterga todavía la sentencia final del caso, como pronto, hasta finales de año o principios del 2026.

“Es indecente que los procedimientos judiciales sean tan largos”, valora Vallès, quien afea a Abogados Cristianos que solo pretende “dilatar” la causa judicial “sin respetar los derechos de N. y al precio gravísimo de agravar su sufrimiento”.

El estado de salud física y mental de N. ha empeorado desde que, en agosto de 2024, su eutanasia fuera suspendida a la espera de la resolución del caso. Tal y como desveló este diario, este verano la joven mandó una misiva a las jueces en la que relataba su sufrimiento y denunciaba que grupos vinculados a la parroquia ligada al centro de menores donde pasó parte de su infancia la presionaban para que diera marcha atrás en su decisión.

Pese a mostrar cierta comprensión con N., los propios jueces ya le anticipan que su deseo está lejos de poder convertirse en realidad. Los magistrados exponen que la suspensión de la eutanasia “se prolongará en el tiempo”. Todo ello pese a que los magistrados respaldan todos los informes médicos y jurídicos de los profesionales que autorizaron la eutanasia de N. y constatan que Abogados Cristianos no presentó ninguno.

Eso sí, los magistrados se descargan de toda responsabilidad en la tardanza en resolver (tenían desde primavera el recurso pendiente de resolver y no fijaron la deliberación hasta este septiembre) el recurso de Abogados Cristianos. El otro caso permanece en el Supremo desde primavera sin que haya obtenido respuesta por parte del Alto Tribunal. Y eso que, al versar sobre derechos fundamentales, por ley este tipo de asuntos son prioritarios al resto.

“Hemos de descartar que la prolongación en el tiempo [de la suspensión de la eutanasia] se trate de un efecto que esté al alcance de los órganos judiciales evitar, sino que procede de la inexistencia de ninguna singularidad en la regulación de la materia”, se excusan los magistrados. Vallès recoge el guante y anuncia que su asociación promoverá una modificación legislativa para que los casos de impugnaciones de eutanasia sean sí o sí los primeros que tengan que resolver los jueces.

El de N. es el primero de los dos casos en España de eutanasias avaladas por los médicos que terminan en el juzgado impugnados por los familiares de los solicitantes. Se trata de un obstáculo inesperado a la histórica ley que reconoció la muerte digna en 2021, y que se ha ido aplicando con normalidad salvo en estos dos enfermos.

Los solicitantes que a día de hoy ven incumplido su derecho son un hombre de más de 50 años con enfermedades crónicas que le provocan un alto grado de discapacidad sin perspectivas de mejora y la joven N., parapléjica y con trastorno límite de la personalidad. Pese a llegar a la misma decisión (aval a la eutanasia, pero también el derecho del familiar a recurrirla), las dos resoluciones de la Sala Contenciosa del TSJC, que firman los mismos jueces, tienen un tono muy distinto.

Si en la de este viernes los jueces admiten que padre e hija “no conviven” (al hombre que ahora recurre la eutanasia de la joven le quitaron la tutela de su hija durante unos años cuando era menor), la sentencia de hace unos meses era muy dura y se adentraba incluso en consideraciones sobre “el afecto” de los padres sobre los hijos para justificar su derecho a recurrir, algo que no se incluye en el caso de N. Ahora todo está en manos del Tribunal Supremo.

A Josep le diagnosticaron Parkinson cuando tenía 53 años. La medicación funcionó un tiempo, pero tal como le avisaron los médicos, un lustro después empezó a notar un empeoramiento rápido y un principio de demencia, una consecuencia habitual de esta enfermedad. Cuando ya llevaba casi una década en tratamiento, la cosa se agravó tanto que ingresó en un centro de día y recibió la incapacidad.

Entonces le dijo a su mujer Teresa que quería morir. Era 2020 y la ley de la eutanasia todavía no estaba aprobada, así que pensó seriamente en el suicidio. “Pero le daba mucho miedo equivocarse, que saliera mal y convertirse en una carga”, recuerda ahora su esposa. Acabaron decidiendo que esperaría a que la ley entrara en vigor para garantizarse una “muerte correcta y digna”.

Finalmente, la norma se estrenó el 25 de junio de 2021, hace ahora justo cuatro años. Por aquella época, Josep estaba con una medicación que le funcionaba y decidió quedarse un poco más, pero en 2024 vio que su tiempo de calidad había acabado. Y le dijo a Teresa que el momento había llegado.

Vivía en Osona, una comarca en la que solo se habían practicado dos eutanasias y ambas habían sido ambulatorias. Pero la de Josep iba a ser hospitalaria, porque antes de morir quería pasar por quirófano para donar sus órganos. Y nadie sabía qué pasos seguir a pesar de que ya habían pasado tres años de la aprobación de la ley. Entre eso y que cuando empezaron a tramitarlo era verano, el proceso duró más de tres meses, cuando la normativa explicita que el periodo máximo es de 30 días o 20 en el caso de enfermedad terminal.

El caso de Josep ejemplifica una de las principales quejas que tienen las entidades. Desde Derecho a Morir Dignamente (DMD) calculan que para tramitar una solicitud en España se tarda, de media, 49 días. “Cuatro años después, ¿Podemos decir que la eutanasia funciona? Pues depende”, asegura Fernando Marín, médico y vicepresidente de DMD.

A parte de los plazos, hay otras cifras que preocupan mucho a las entidades, como que se aprueben menos de la mitad de solicitudes o que el 15% de personas muera antes de que se pueda tramitar la petición. “Necesitamos que haya un protocolo de respuesta, un compromiso del Ministerio para formar a los profesionales, campañas informativas para la ciudadanía y ayudas para que los médicos puedan cumplir los plazos”, apunta Marín.

“Son profesionales con mucha carga de trabajo y ocuparse de una solicitud de eutanasia es algo que lleva tiempo. Si nadie les libera de sus obligaciones y nadie les forma debidamente, es normal que tarden”, añade Marín, quien asegura que lo que falla es la falta de voluntad política y que “en muy raras ocasiones” hay mala fe.

Los casos judicializados de Noelia y Francesc

El cuarto aniversario de la ley llega marcado por los casos judicializados de Noelia y Francesc que están viendo “atropellados sus derechos fundamentales”, según apunta Cristina Vallès, presidenta de DMD en Catalunya. Llevan esperando más de un año para poder morir a pesar de que siguieron al pie de la letra los pasos y requisitos que exige la ley.

Primero, transmitieron a sus médicos de cabecera que querían morir debido a un dolor insoportable y con pocos o ningún viso de mejorar. Después de ser debidamente informados de alternativas, ratificaron su voluntad con su facultativo, quien debió buscar a lo que se conoce como médico responsable, un profesional independiente que evalúa y da el visto bueno a la petición. Por último, el Comité de Garantías y Evaluación dio el sí definitivo.

A pesar de tener todas estas garantías, los padres de ambos solicitantes llevaron la eutanasia de sus hijos a los tribunales. La justicia ha dado la razón tanto a Noelia como a Francesc, pero sus familias han recurrido la decisión judicial. Eso supone que no podrán morir hasta que sus casos se cierren definitivamente.

El de Noelia está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el de Francesc en las del Supremo. “Tienen margen para llegar hasta Europa, lo que supondría meses o años de retraso”, alerta Ramon Riu, jurista experto en derecho sanitario.

Desde las entidades se muestran muy seguros de que la justicia dará la razón a ambos, ya que tienen “más que acreditado su dolor grave e irreversible”. Lo que les preocupa es que estos procesos judiciales solo están pensados para “dilatar” la muerte de estas dos personas. “Su propia familia les obliga a vivir contra su voluntad. Es inhumano, degradante, equivalente a una tortura”, remacha Riu.

El experto en derecho sanitario no teme que estos casos generen jurisprudencia, pero sí le preocupa que algunas personas inicien el camino legal para evitar que sus familiares reciban la eutanasia y, en cambio, acaben muriendo como consecuencia -directa o indirecta- de sus enfermedades. Es por ello que desde DMD plantea la posbilidad de reformar la jurisdicción contenciosa administrativa.

En concreto, estudian pedir que el proceso para resolver los recursos sea especialmente abreviado, equivalente al que se aplica en casos de otros derechos fundamentales como el de manifestación. “Si cuando se prohíbe o se cambia el recorrido de una manifestación se debe resolver el recurso en 10 días, ¿por qué el caso de una eutanasia se puede dilatar más de un año?”, se pregunta Riu.

Falta de transparencia

Tanto Noelia como Francesc son de Catalunya y, a pesar de que su caso es “indecente”, las entidades admiten que son excepciones. De hecho, esta Comunidad Autónoma es donde más eutanasias se practican. Aun así, es una decisión muy “minoritaria” y todavía supone solo el 0,21% del total de las defunciones. Ahora bien, también es la región en la que las peticiones tardan más de media: 63 días, llegando a triplicar lo que dicta la ley.

Por otro lado Catalunya es referente en transparencia. Es de las pocas regiones que publica periódicamente los datos, tal como exige la norma. Hoy la mitad de las comunidades todavía no han compartido las cifras de 2024 y otras como Canarias y la Comunitat Valenciana siguen sin haber compartido las de 2023.

La falta de transparencia evita poder tener una “foto completa” de qué falla en la aplicación de la ley. Sin datos actualizados, las entidades detectan los problemas de la mano de los usuarios, que les alertan de los incumplimientos de plazos, de si hay una alta tasa de objetores de conciencia o de la falta de facultativos responsables.

Lucas, desde Andalucía, sufrió estos inconvenientes mientras ayudaba a su madre a gestionar su propia muerte. Contempló la eutanasia como una posibilidad desde que se empezó a tramitar la ley, ya que coincidió con un diagnóstico agresivo, degenerativo y sin cura. Cuando llegaron los dolores, que sabía que sólo harían que empeorar, se decidió y fue al médico. “Bueno, es que ahora me voy de vacaciones. Cuando vuelva lo hablamos”. Esa fue la respuesta que le dieron.

Era Navidad y a la vuelta de las fiestas, volvió a insistir. “¿No crees que es prematuro?”, le preguntaron a esa mujer que estaba obligada a tomar morfina a diario desde agosto. “Y tú, ¿no preferirías llevarla a una residencia antes que la eutanasia?”, le espetaron a Lucas. A pesar de esas respuestas, no cesaron y consiguieron que el médico de cabecera les aprobara la solicitud. Pero les quedaba el segundo visto bueno, el de los médicos responsables.

“Nos dijeron, simplemente, que la eutanasia era contra natura e iba contra la ley de la vida”, asegura ahora este joven, quien recuerda que los médicos responsables son voluntarios que deciden libremente apuntarse a una lista para evaluar peticiones. “Me pasé los últimos meses de vida de mi madre luchando por su muerte, no despidiéndome de ella, que es lo que habríamos querido”, lamenta ahora. El proceso fue largo y tedioso pero, finalmente, después de dos meses, su madre recibió una respuesta positiva.

“Fue un miércoles y el lunes ya estábamos en el hospital”, recuerda Lucas. Después de todo lo vivido, su madre temió que alguien se echara para atrás, así que tardó solo cuatro días en agendar su muerte, cuando la media es de entre dos y tres semanas. El final fue más abrupto de lo que hubiera querido su hijo, pero se muestra contento de que su madre consiguiera lo que quería. Asegura que “no hay mejor manera de entender el derecho a la muerte digna que estar ahí en el momento en que se van, cuando y como quieren, y sin dolor”.

Teresa coincide con Lucas. Su marido sí se planteó el momento de su muerte con calma. Le dio tiempo a editar un libro con las acuarelas que pintaba para entregárselo a sus seres queridos. Pudo despedirse de todos y cada uno de ellos e, incluso, fijo la fecha de tal manera que el entierro pudiera hacerse en fin de semana. “Nosotros teníamos el dolor dentro, pero él se fue con una sonrisa y en paz porque, por fin, pudo dejar de sufrir”, recuerda ahora.

La Asamblea Nacional francesa aprobó este martes en primera lectura una proposición de ley que legaliza y regula por primera vez la eutanasia para enfermos incurables que padezcan sufrimientos insoportables.

El resultado de la votación fue de 305 votos a favor y 199 en contra. A partir de ahora, el texto pasará al Senado en otoño, antes de volver a la Asamblea para su debate en segunda lectura, previsiblemente a comienzos de 2026.

“Aún queda un largo camino por recorrer” en el Parlamento, reconoció tras la votación la ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, que apostó por seguir buscando “un consenso” lo más amplio posible.

Los diputados franceses también aprobaron por unanimidad de los 560 votos emitidos otra proposición de ley para asegurar el acceso a los cuidados paliativos a todos los enfermos que lo necesiten.

El texto sobre la eutanasia recibió el apoyo de todo el bloque de la izquierda y del centro macronista, mientras que recibió el rechazo de la derecha conservadora, aunque con excepciones, ya que los grupos políticos dieron libertad de voto a sus diputados.

Esta proposición legislativa ha tenido un complicado camino legislativo, que comenzó en 2022 y fue interrumpido por las elecciones anticipadas de 2024.

Un grupo de médicos examinará cada solicitud en quince días

La nueva norma legal abre la posibilidad de recibir una ayuda activa a morir para los pacientes graves o incurables en fase avanzada de su enfermedad, que padezcan sufrimientos insoportables y puedan expresar su voluntad libremente hasta el mismo día de su aplicación.

Eso excluye a los pacientes en coma o que sufran un Alzheimer profundo y que hubieran solicitado la eutanasia previamente, pero no puedan dar su consentimiento expreso en el momento de la administración de los productos que provocan la muerte, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos que ya han legalizado la eutanasia.

La solicitud debe ser examinada en un plazo de quince días por un grupo de médicos en un procedimiento colegiado. En caso de aprobación, se prevé una fase de reflexión de dos días durante la que el paciente puede dar marcha atrás. A partir de ahí, el procedimiento debe tener lugar en un plazo máximo de tres meses.

El texto establece que los pacientes deben administrarse a sí mismos la sustancia letal (facilitada por un profesional médico), salvo que tengan una imposibilidad para hacerlo, en cuyo caso sería un médico quien se la administraría.

Para los partidarios de la eutanasia, el texto se queda corto y crea demasiados obstáculos, mientras para los que se oponen va demasiado lejos. Aun así, los diputados favorables apoyaron masivamente el texto, ya que lo consideran mejor que la actual situación.

La ministra de Sanidad definió el procedimiento adoptado por la Asamblea Nacional como “un enfoque francés, estricto y regulado”.

En el año 2024, un total de 54 personas que solicitaron en Osakidetza la prestación de eutanasia fallecieron antes de que esta pudiera llevarse a cabo. A pesar de que los tiempos de espera se han reducido desde la entrada en vigor de la normativa estatal, que es de 2021, la media de atención de estas solicitudes es de 49 días de espera. Entre las razones para ello, desde el Departamento de Salud argumentan que se debe al proceso que lleva a cabo la comisión compuesta por 25 profesionales de los ámbitos sanitario y jurídico, que garantizan la seguridad clínica y jurídica del proceso para aceptar o denegar las solicitudes según el caso, y al hecho de que la ciudadanía solicita la eutanasia “muy al final de la vida”, por lo que días posteriores a realizar la solicitud acaban falleciendo de forma natural.

Con el objetivo de acercar esta posibilidad a la ciudadanía Euskadi creará “a lo largo de este año” un Sistema de Información de Eutanasia. “Desde Osakidetza nuestro objetivo es trabajar en la accesibilidad a esta prestación para quien la necesite. Que nadie, cuando tenga la decisión clara, tenga que andar pereguinando para encontrar un médico responsable”, han informado la directora de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Maite Martínez de Albéniz,y la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Euskadi (CGyEE) de Euskadi, Itxaso Bengoetxea, médica de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos de la OSI Barrualde-Usansolo de Osakidetza, durante la I Jornada de reflexión sobre eutanasia en Euskadi, celebrada este jueves en Bilbao.

El Sistema de Información de Eutanasia de Euskadi contribuirá a optimizar la gestión de los datos y permitirá disponer de una visión completa e inmediata sobre la aplicación de la prestación. “Esta mejora tecnológica se acompañará de un aumento de los profesionales dedicados a la gestión de la prestación, reforzando así la capacidad del sistema sanitario vasco para garantizar el acceso al derecho a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir de acuerdo con el marco legal vigente”, informan desde el Departamento de Salud.

Durante la jornada, además de anunciar el nuevo Sistema de Información de Eutanasia, se han abordado cuestiones como la salud mental en los pacientes crónicos, el trabajo de los sociosanitarios y el personal de enfermería y la objección de conciencia y el no abandono al paciente. En este sentido, han explicado que es el médico el que tiene que realizar el trabajo de “abrirse al paciente y conocer su situación social y familiar” para poder atenderle de la mejor manera posible y, en el caso de ser objetor de conciencia, facilitar lo antes posible un médico que esté dispuesto a llevar a cabo el procedimiento. “La objeccón de conciencia es un derecho individual y todos los médicos y profesionales asistenciales sanitarios tenemos el derecho a objetar por razones éticas. Cuando tomo esa decisión tengo que facilitar que otro responsable asuma esa prestación”, ha insistido Bengoetxea que ha informado de que en Euskadi actualmente hay 570 profesionales inscritos en el registro de objetores de conciencia.

Este jueves también se ha presentado el último Informe de prestación de ayuda médica para morir en Euskadi del Departamento de Salud que recoge que en el año 2024 se recibió un total de 74 solicitudes de eutanasia, pero finalmente se realizaron 49 procedimientos. “Se deniegan entorno al 9% de las solicitudes, siempre detrás de toda la solicitud de prestación de eutanasia hay un sufrimiento insoportable, pero no todos los sufrimientos insoportables cumplen los requisitos que establece la ley. Tienen que cumplir una serie de requisitos clínicos y de otros tipos. Clínicamente puedes solicitar la prestación cuando tienes un sufrimiento insoportable, bien porque tienes una enfermedad incurable avanzada con un pronóstico de vida limitado, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad oncológica o un padecimiento grave crónico invalidante que te produce limitaciones para las actividades de la vida diaria. Eso tiene que estar demostrado. Hay padecimientos crónicos e invalidantes que igual no inciden en las actividades de la vida diaria, pero sí producen un sufrimiento insoportable, pero le falta ese último componente que es la limitación de la vida. Cuando hay una denegación es que alguno de esos requisitos no se cumple o que la persona solicitante no es capaz para tomar esa decisión”, ha detallado Martínez de Albéniz.

¿Qué tiene que hacer una persona para solicitar la eutanasia? “La prestación de la ayuda para morir se podrá realizar en centros sanitarios públicos o privados, y en el domicilio de la persona solicitante, entendiendo éste también como residencias de personas mayores y residencias de personas discapacitadas”. De hecho, a lo largo de 2024 el 32,6% de los procedimientos de eutanasia se realizaron desde el domicilio, un 53% desde el hospital y un 14,3% desde las residencias sociosanitarias. La edad media de las personas solicitantes de la eutanasia se sitúa en 74 años, teniendo 100 años la persona de mayor edad y 33 la menor. El 37% de las personas que han realizado la solicitud padecían una enfermedad neurológica, la mayoría relacionadas con la demencia, y el 36% fueron pacientes oncológicos“, según recoge el informe.

Para ello, el Departamento de Salud y Osakidetza proporcionan a profesionales sanitarios que así lo requieran formación sobre los procedimientos, los protocolos de actuación y el manual de buenas prácticas en la prestación de ayuda para morir; así como apoyo al conjunto de profesionales, a través de los equipos de referentes implementados en todas las OSIs, que con su vocación y compromiso atienden en conciencia a las personas que residen en Euskadi, desde el principio hasta el final de su vida. Cabe destacar que desde su puesta en marcha, la ley ha obtenido una acogida “positiva” por parte de las y los profesionales del ámbito sanitario, indica el Departamento de Salud.

Según han explicado durante la jornada, la solicitud de prestación de ayuda para morir deberá hacerse de manera voluntaria, autónoma y por escrito, en un documento fechado y firmado por el paciente, en presencia de un o una profesional de la salud, que también lo firmará e incorporará a la historia clínica. El “médico responsable” deberá informar adecuadamente y establecer un proceso deliberativo con el paciente y responder personalmente, también por escrito, en un plazo máximo de cinco días. Tras esta primera solicitud, el paciente deberá reiterarla por segunda vez y deliberar nuevamente con su “médico responsable” sobre su decisión de continuar o desistir de la solicitud de prestación de ayuda para morir. Entre las dos solicitudes deberán haber pasado, al menos, 15 días. Si tras ello el paciente decide continuar, el “médico responsable” consultará con un “médico consultor” que comprobará el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la ley. Una vez cumplidos todos estos requisitos previos, la Comisión de Garantía y Evaluación los verificará e informará de forma definitiva al “médico responsable” para que pueda proceder con la prestación de ayuda en sí. “En términos generales, una solicitud puede aplazarse o revocarse en cualquier momento. Además, podrá denegarse en el caso de que la solicitud no cuente con el amparo de la ley”, han detallado.

Es por ello que el procedimiento suele alargarse más de lo esperado por el paciente que ya toma la decisión de recibir ayuda para morir. Sin embargo, de cara al trabajo de los profesionales sanitarios, son más efectivos este tipo de procedimientos porque se trata de una decisión tomada entre varios y con el respaldo de una comisión. “Cuando eres el médico que asiste te sientes cómodo cuando existe un garante y no es decisión tuya, hay compañeros y una comisión que lo refrendan y eso lleva un plazo”, ha explicado Bengoetxea para refelxionar después sobre por qué se solicita esta ayuda tan tarde. “Es verdad que a veces los plazos son excesivos. Quizás tendríamos que empezar a cuestionarnos por qué se piden tan tarde este tipo de prestaciones, quizás los ciudadanos tenemos mucho que hacer y llegar a la enfermedad pensados”, ha concluido.

La falta de información sobre el testamento vital ha llevado a que muchas personas con enfermedades degenerativas terminales enfrenten procesos de muerte prolongados y dolorosos, tanto para el paciente como para los familiares. Este documento legal, también conocido como documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, permite a los pacientes expresar anticipadamente sus deseos respecto a tratamientos médicos en situaciones donde no tienen capacidad de decidir o de comunicarse.

Sin embargo, su desconocimiento y escasa implementación impiden que numerosos pacientes ejerzan su derecho a una muerte digna, por lo que se subraya la necesidad de una mayor difusión y educación sobre su importancia en la planificación anticipada de decisiones médicas. Este documento también puede incluir decisiones sobre la donación de órganos o el destino del cuerpo tras el fallecimiento.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, se han registrado 561.517 declaraciones de instrucciones previas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) hasta enero de 2025, cifras que suponen un incremento del 23,54 % respecto al año anterior. Además, las mujeres formalizan más instrucciones previas que los hombres, con 346.929 registros femeninos frente a 201.966 masculinos.

La distribución por comunidades autónomas muestra que Catalunya encabeza la lista con 157.989 registros, seguida de Madrid con 64.932 y el País Vasco con 61.827. En cuanto a la tasa de testamentos vitales por habitante, Navarra destaca con 32,5 registros por cada 1.000 personas, mientras que Ceuta y Melilla presentan las tasas más bajas, con 2,92 por cada 1.000 habitantes.

Por grupos de edad, las personas mayores de 65 años representan el 62% del total de registros, con 348.902 inscripciones. El grupo de 51 a 65 años cuenta con 150.633 registros. Es notable el aumento en las declaraciones entre jóvenes menores de 30 años, que ascienden a 6.682 inscripciones, destacando especialmente en Catalunya, donde se han registrado 62 declaraciones de menores de edad.

Procedimiento general

Existen tres formas principales de formalizar el testamento vital en España:

Es esencial inscribir el testamento vital en el registro de voluntades anticipadas de la comunidad autónoma correspondiente para garantizar su validez y accesibilidad por parte de los profesionales sanitarios.

Procedimientos por comunidad autónoma

Cada comunidad autónoma en España gestiona su propio registro de instrucciones previas, por lo que el procedimiento para formalizar este documento puede variar ligeramente según la región. Desde Derecho a Morir Dignamente (DMD) facilitan los procedimientos para otorgar el testamento vital dependiendo de la comunidad autónoma. A continuación, te detallamos las particularidades y enlaces a los registros de instrucciones previas de algunas comunidades:

El abuelo de Violeta desarrolló demencia cuando ella era apenas una preadolescente. “No le recuerdo lúcido”, dice. Eso le pone triste, pero a la vez le alivia no recordar el ocaso de su capacidad cognitiva, cuándo dejó de reconocerla y de comunicarse con nadie. Hace años que no se vale por sí mismo y necesita alguien a su lado las 24 horas. Los miembros de la familia se turnan para estar con él, le dan de comer y aguantan sus delirios, que normalmente se basan en balbuceos sin sentido.

Pero una tarde, estando Violeta con él, la miró y le dijo: “Me quiero morir. ¿Por qué no me puedo morir?”. Aquella frase le heló la sangre; había visto el declive de su abuelo, pero jamás se había planteado cómo estaba. “Como ya no era él, ni hablaba ni se movía, no había pensado que pudiera seguir ahí dentro, sufriendo”, explica.

En aquel momento se acababa de aprobar la ley de la eutanasia en España y empezó a investigar, pero su abuelo, al tener demencia y no estar en pleno uso de sus facultades, no podía solicitarla ya. Y Violeta se vino abajo. “Él quiere morir y, aunque hay una ley, no puede. Estuvo tan cerca de poder decidirlo... me parece muy cruel que tenga que estar atrapado en ese cuerpo”, asegura.

Esta joven empezó a darle vueltas y a informarse sobre las maneras que tiene alguien de decidir cómo morir. Y encontró el Documento de Voluntades Anticipadas (DVA) o Testamento Vital. Se trata de una herramienta para especificar preferencias médicas como, por ejemplo, ser desconectado si se llega a un punto en que la supervivencia depende de un respirador, recibir o no tratamientos experimentales o medicamentos paliativos y determinar en qué casos se quiere recurrir a la eutanasia.

De esta manera, aunque el paciente haya desarrollado alguna enfermedad o haya tenido cualquier accidente que le impida estar en pleno uso de sus facultades, su voluntad ha quedado por escrito y deberá ser respetada. Cuando Violeta descubrió esa posibilidad, en seguida se animó a hacerlo para ella misma, para no encontrarse “jamás” en la misma situación que su abuelo. “Da mucha impresión, porque de alguna manera es como firmar una especie de sentencia de muerte para ti misma. Pero duermo mucho más tranquila”, asegura.

Esta joven apenas tiene 31 años y es una de las 34.600 personas que en 2024 firmaron el Testamento Vital en Catalunya. El pasado año hubo un verdadero ‘boom’ de altas debido a una modificación en la ley 2/2024, que es la que regula los derechos de los pacientes y que facilita formalizar el DVA. Hasta entonces, se necesitaba recurrir a un notario -con un coste de entre 50 y 100 euros- o contar con tres testimonios que no podían ser familiares directos. Pero ahora basta con pedir cita con el médico de cabecera y entregarle el documento.

El cambio se ha traducido en que en 2024 hubiera un 60% más de altas que el año anterior. Otra cifra que llama la atención es que dos de cada diez personas que han dado el paso tienen menos de 60 años. Tras este auge, Catalunya se ha situado como la tercera comunidad autónoma con más porcentaje de Testamentos Vitales, por detrás de Navarra, el País Vasco y La Rioja. Pero todavía es una decisión muy residual: ninguna de estas cuatro regiones supera el 4% de población.

“Estas cifras muestran que la modificación de la ley era absolutamente necesaria”, asegura Cristina Vallès, presidenta de Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Catalunya, organización que promovió la iniciativa para que el Govern cambiara la norma. Explican que la mayoría de personas que han recurrido al Testamento Vital son ancianos o pacientes con enfermedades terminales, gente que, a menudo, carecía de red para juntar a tres testimonios o de dinero para pagar a un notario. “Ahora pueden hacerlo con mucha más tranquilidad”, añade.

Estas facilidades han provocado también que personas jóvenes se animen a dar el paso. “Es lo que tendría que ser, es un documento pensado para hacerse en salud”, recalca Vallès. Eso es precisamente lo que pensó Anna. Ella tenía claro que quería hacerlo, pero iba dejando pasar el tiempo. “Era un follón, pero ahora que es tan fácil, he dado el paso” explica.

Sus motivos, a pesar de tener 32 años y estar “perfectamente sana”, son que está en contacto permanente con la enfermedad. Por un lado, ella es voluntaria de DMD. Por el otro está su pareja, que trabaja en un hospital y cada día ve personas a las que “les aguantan la vida innecesariamente. Si no tienes un testamento vital, pues suerte”, asegura. “Aunque tu familia sepa qué defiendes y qué prefieres, si no lo pones por escrito, las palabras se las lleva el viento”.

Anna habló con su pareja y se decidieron a rellenar el documento juntas. Se sentaron y se descargaron el modelo de formulario que proporciona DMD -el Departament de Salud también tiene uno- y se asomaron a hablar sobre su propia muerte. “Es una experiencia agobiante, aunque lo tengas claro”, asegura. El formulario es de un formato muy simple y solo requiere marcar unas casillas. Pero lo fácil de las formas se contrapone con la profundidad de las preguntas.

En apenas dos páginas, quienes lo rellenan se enfrentan a decidir en qué supuestos quieren o no alargar su vida con medicamentos o apoyo mecánico. También tienen que plantearse cuándo, dónde y con quién recibir la eutanasia y si quieren, por ejemplo, que lo decidido anteriormente quede anulado en el caso de estar embarazadas. “Son muchas cosas que nunca te habías planteado. Y, aunque nosotras lo tenemos claro, fue inevitable que nos pusiéramos a llorar como dos tontas”, relata Anna.

El miedo a “ser una carga”

La mayoría de personas que firman el Testamento Vital hablan del impacto de decidir sobre la propia muerte durante la juventud, cuando -en principio- el final todavía debería estar lejos. Pero Daniela lo enfoca diferente; ella asegura que no se trata de decidir cómo morir sino cómo vivir. “Mi vida no me vale si no es con unas condiciones mínimas”, sentencia. Y esas condiciones pasan por ser consciente y autosuficiente. “Creo que nos estamos pasando un poco alargando la vida cuando es innecesario”, asegura.

Esa postura, que ha sido muy ponderada, no se basa tanto en lo que ella misma pueda estar sintiendo o sufriendo (“no sé hasta qué punto te enteras de nada siendo un vegetal”), sino por lo que supone para los demás cuidar de alguien totalmente dependiente. Daniela es de esas personas que lleva años rumiando y coqueteando con el DVA, pero no daba el paso. Todo cambió hace poco, cuando vivió la muerte de una persona muy cercana, de apenas 50 años.

Le diagnosticaron un tumor cerebral muy agresivo y empezó a poner en orden sus asuntos, a toda prisa. Entre otras cosas, quería alistar sus Voluntades Anticipadas y un testamento, pero no le dio tiempo. Esta es una situación que sufren muchas de las personas que empiezan los trámites para decidir sobre su propia muerte. De hecho, según datos recientes del Departament de Salud, casi la mitad de pacientes que solicita la eutanasia acaba falleciendo antes de poder llevarla a cabo, con el sufrimiento y los dolores que ello comporta.

Según alertan desde DMD, mucha gente empieza los trámites cuando ya es tarde, cuando el malestar empieza a ser demasiado. Por eso, el amigo de Daniela se puso manos a la obra en cuanto tuvo un diagnóstico. “Quería dejarlo por escrito porque él tenía claro cómo quería que fuera su final. Porque, de haber aguantado más, lo que se le venía encima era muy heavy”, asegura.

Toda esa situación hizo reflexionar profundamente a Daniela sobre qué quiere ella. Reconoce que todavía tiene muchas dudas, pero lo que sí tiene claro es que no quiere ser “una carga para nadie ni para el sistema”.

Y es que según estudios recientes, la asistencia de los pacientes terminales (que suponen cerca de un 20% del total) equivale al 80% del gasto médico en España. Es más, según la OMS, el 70% de lo que cuesta una persona médicamente se dedica a los últimos seis meses de su vida. Ahorrar este gasto a la sanidad pública es uno de los argumentos repetidos entre quienes han firmado su DVA. Ese, y el de ahorrar sufrimiento a sus seres queridos.

Para los jóvenes que se deciden, a menudo, la experiencia vivida con abuelos y abuelas es determinante, como le pasó a Violeta y también a Rubén. Él tiene 37 años y todavía recuerda lo mal que se sentía cuando su abuela vivía con ellos. “No podíamos estar todas las horas que queríamos con él”, cuenta.

El trabajo, los estudios y la necesidad de descansar es una losa que, a menudo, hace pensar que no se hace lo suficiente. “No solo sufre la persona enferma; también su entorno, que se carga con todos los cuidados”, asegura. Es por eso que se animó a firmar un Testamento Vital y, además, habló con sus padres para que ellos también lo hicieran.

En el caso de Rubén fue fácil comunicarlo a la familia, pero hay muchas personas que tienen más dificultades para hacer entender su decisión. De hecho, muchos de los que firman el Testamento Vital reconocen que la parte más complicada es decidir quién será su persona de referencia (el encargado de asegurarse de que se cumple la voluntad del paciente en casos en que pueda haber dudas). “La gracia de este documento es que haya pocas circunstancias en que tengan que decidir nada, pero es importante tener claro que esa persona pueda mantener la cabeza clara y respetar tus decisiones”, asegura Júlia.

Ella tiene 28 años y ha escogido a su prima, porque sabe que sus padres y hermana ven este asunto de manera distinta a ella. Además, reconoce que siempre es “difícil tomar estas decisiones sobre la vida de alguien muy cercano. Decirle a mis padres que quiero que me desenchufen sería muy doloroso para ellos”, asegura.

“A la gente le cuesta mucho hablar de este tema. Y yo creo que tengo una visión especial de la muerte: no tengo problema en morirme cuando tenga que pasar”, explica esta joven. Reconoce que leer y rellenar el documento fue “duro”, pero también revelador. “No escoges cuándo ni de qué te mueres, pero la eutanasia es una manera de decidir cómo quieres morir y, sobre todo, cómo quieres vivir. Es bonito tener esta opción”.

Esa postura la comparten todas las personas que se decantan por el Testamento Vital. Se han imaginado cómo quieren que sean sus últimos días en vida, pero en ningún caso la imagen es triste. Por ejemplo, Anna quiere acabar por todo lo alto: “Yo, cuando tenga una edad y empiece a estar mal de salud, cuando no tenga más ganas de vivir, quiero hacer una fiesta y despedirme de los míos antes de empezar a ser una carga. Decir adiós mientras todavía sea yo misma”.

La Fiscalía ha pedido a la jueza que confirme la eutanasia concedida por los médicos a N., la joven a la que su padre, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos, quiere impedir su derecho a morir dignamente. Sin embargo (y no es un asunto menor), el Ministerio Público ha apoyado que el progenitor pueda recurrir ante la Justicia el aval de los profesionales sanitarios a la muerte digna.

La magistrada del juzgado de lo contencioso administrativo 12 de Barcelona presidió la semana pasada la primera vista de la historia de España sobre el recurso de un familiar contra una eutanasia ya concedida por unanimidad del equipo médico y legal encargado de analizarla. Tras la vista, dio cinco días a la Fiscalía, la Generalitat y Abogados Cristianos para que pusieran por escrito sus conclusiones.

La jueza tiene que resolver dos cuestiones. La primera, si el padre de la joven (que pasó tutelada por la Generalitat buena parte de su minoría de edad) está legitimado para recurrir su eutanasia. Si considera que el hombre sí puede impugnar la voluntad de morir de su hija, la magistrada pasará a decidir sobre si procede revocar o no la eutanasia ya autorizada por los médicos. 

En este punto crucial difieren la Generalitat y la Fiscalía, que no obstante coinciden en que debe ratificarse la eutanasia concedida hace ya ocho meses a N. y que el pleito de su padre y del colectivo ultracatólica impide materializar. De acordar la jueza que un padre puede recurrir una eutanasia (aunque luego la avalara), se abriría la puerta a una ola de impugnaciones de familiares sobre un derecho que no les pertenece, como es el de morir de forma digna.

Tanto la Generalitat, que defiende a la Comisión de Garantías que, con sus 19 profesionales en pleno, avaló la eutanasia de la joven, como varios expertos consultados, recuerdan que la ley de eutanasia no contempla el desacuerdo familiar como un motivo para recurrir la eutanasia. Es más, la norma está pensada para que un solicitante a quien la Comisión ha denegado la eutanasia pueda recurrir esta negativa ante un juez, pero no al revés. 

Sin embargo, el padre, de la mano de Abogados Cristianos, alegó que la joven no estaba capacitada para decidir poner fin a su vida debido al trastorno de la personalidad que padece. El hombre no llevó al juicio ni a un solo psiquiatra o forense para sustentar sus tesis. Por el contrario, los siete profesionales médicos que evaluaron a la joven testificaron que sí tiene las capacidades conservadas para saber qué implica la solicitud de eutanasia.

En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Abogacía de la Generalitat, que representa a la Comisión de Evaluación que autorizó la eutanasia, considera que el padre y Abogados Cristianos “han instrumentalizado” el procedimiento judicial de protección de derechos fundamentales “faltando a la verdad para conseguir suspender” el derecho de la joven a la eutanasia.

El recurso del padre, argumenta la Generalitat, solo busca “entorpecer el máximo posible el ejercicio de un derecho fundamental” y “desalentar” a la joven para que renuncie a la muerte digna.

Recuerda el abogado de la Generalitat Josep Maria Torrent que el padre de la joven no recurrió la eutanasia en defensa de un derecho fundamental, sino “por divergencia de carácter ideológico” con su hija sobre su decisión. En suma, el derecho a morir dignamente es de N., no de su padre, que no puede pretender obtener la tutela de los tribunales para impedir la voluntad de su hija.

A ello se suman dos hechos que reafirman la falta de legitimidad del padre para recurrir: N. es mayor de edad y, pese a sufrir un trastorno límite de la personalidad, mantiene plenamente conservadas sus capacidades de decisión, tal y como avalaron todos los médicos que testificaron en la vista. Además, su padre no depende materialmente de ella, por lo que su decisión de morir no tiene impacto alguno en los derechos fundamentales del hombre.

El mero vínculo familiar, insiste el escrito de la Generalitat, no es suficiente para que el padre pueda recurrir la eutanasia de su hija, ya que ello equivaldría a solicitar una “autorización paterna” para que una mayor de edad pueda ejercer un derecho fundamental como es la muerte digna, algo que no contempla la ley. En el caso de N., ese vínculo es discutible, toda vez que la joven estuvo tutelada hasta su mayoría de edad y ha pasado los últimos meses viviendo en un hospital porque, según declaró la directora del centro, “no tenía adónde ir”.

Por el contrario, la Fiscalía ha considerado que el padre sí “tiene interés legítimo para intervenir como demandante en el procedimiento”, según ha informado el Ministerio Público en una nota de prensa.

Galicia contabiliza 14 eutanasias practicadas en lo que va de año, el 41% de las 34 solicitudes registradas, según las cifras aportadas por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, este miércoles en el Parlamento de Galicia y recogidas por Europa Press, en respuesta a una pregunta oral formulada por la diputada socialista Elena Espinosa. Espinosa criticaba los “retrasos” de la Xunta a la hora de gestionar las peticiones para poner fin a la vida voluntariamente, lo que provoca que el 35% de los solicitantes Galicia fallezcan antes de que se culminen los trámites

La denuncia del PSdeG tuvo como detonante el caso de la activista por la muerte digna Laura Fernández Abalde. Laura, aquejada de un cáncer terminal, consiguió que se adelantase su eutanasia tras hacer público en elDiario.es su miedo a que no llegase a tiempo debido al veloz avance de su enfermedad.

En su intervención en la Cámara, el conselleiro ha subrayado que Sanidade “cumple escrupulosamente los procedimientos establecidos” en la ley, que determina una serie de plazos. En este sentido, y tras asegurar que “el 23,3%” de las peticiones de prestación de ayuda para morir están en fases previas a la finalización del procedimiento, Gómez Caamaño ha remarcado que el Sergas “blinda las máximas garantías” durante todo el proceso tanto a los profesionales como a los pacientes.

Por eso, ha defendido que la ley establece un plazo de 40 días para resolver la petición “y no se pueden acelerar” porque supondría “generar una pérdida de garantías” en el procedimiento.

Además, el conselleiro ha señalado que varios de los pacientes que solicitaron la eutanasia murieron días después de registrarlo. “”En cualquiera de estos casos, era legalmente imposible autorizar la eutanasia al no haberse cumplido los dieferentes trámites perspectivos que marca la ley“, ha añadido.

Por su parte, la diputada socialista instó a la Xunta a activar el registro de objetores de conciencia o a mejorar los tiempos de designación del médico responable, un proceso que se lleva a cabo de forma “muy lenta” y que provoca que los procesos “se eternicen”.