El juez de Tarragona que investiga desde hace siete años el despacho que fundó Cristóbal Montoro analiza cuál era el verdadero motivo por el que algunas de las principales empresas del país contrataban sus servicios: por la calidad de sus asesorías o por el acceso directo que tenía al Ministerio de Hacienda durante los gobiernos de Mariano Rajoy y su capacidad para provocar cambios legislativos favorables a sus clientes. Según desvela el sumario, la segunda empresa que más dinero pagó a Equipo Económico fue Madrid Network.

Una entidad creada por la Comunidad de Madrid en la época de Esperanza Aguirre en la que trabajó, entre otros, Isabel Díaz Ayuso, y cuyo presidente esos años, Antonio Beteta, llegó a estar en la lista de investigados del juez, aunque actualmente no esté imputado.

La Agencia Tributaria, los Mossos d'Esquadra y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevan más de un lustro analizando las finanzas y los movimientos del despacho que fundó Montoro en 2006. Un despacho que se transformó en la puerta giratoria del Ministero de Hacienda, con la entrada y salida de algunos de sus colaboradores más estrechos cuando estaba al frente del departamento, con José María Aznar y con Mariano Rajoy.

El juez sospecha que el gran atractivo de Equipo Económico para algunos clientes era su capacidad de sentarse a la mesa con Hacienda e, incluso, condicionar la redacción de normas para beneficiar a sus clientes.

Un informe de Hacienda de 2020 hizo una lista de todas las empresas o entidades que habían pagado a Equipo Económico entre 2008 y 2019. Empresas del sector energético, bancos, constructoras y telecos pero con una empresa semipública en el segundo puesto del ránking: Madrid Network. Los Mossos d'Esquadra y la Agencia Tributaria han aportado, a lo largo de los últimos cinco años, datos que revelan que Madrid Network hizo cuatro pagos por un total de 1,8 millones de euros al despacho que fundó Cristóbal Montoro.

Dos contratos que no necesitaron de un concurso público al regirse por derecho privado y que respondían a labores de asesoría en materia i+D+i. Antonio Beteta era entonces el director de esta entidad creada en 2007 bajo mandato de Esperanza Aguirre.

Beteta fue un diputado histórico del PP en la Asamblea de Madrid que dio el salto a la política nacional en la última legislatura de José María Aznar como alto cargo de Hacienda cuando Montoro era ministro. También fue consejero de los gobiernos madrileños de Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre antes de volver a Moncloa, otra vez de la mano de Montoro, como secretario de Estado de Administraciones públicas desde 2011 hasta 2016. Y por el camino presidió Madrid Network entre 2008 y 2011, cuando se adjudicaron los contratos a Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro. Se retiró de la política hace tres años, cuando su último destino fue ser concejal del PP en Alcorcón.

Beteta estuvo investigado

La causa ha estado bajo secreto de sumario durante siete años y Beteta no está en la lista actual de imputados, pero sí lo estuvo en el pasado. La denuncia anónima que dio origen al procedimiento aseguraba que fue Beteta quien invitó a Ferrovial a contratar a Equipo Económico para conseguir cambios legales favorables. Y en un auto de finales de 2021 el magistrado le incluía en la lista de investigados, acusándole de favorecer al despacho fundado por Montoro “mediante su contratación por organismos autonómicos y entidades vinculadas a estos”, citando expresamente a Madrid Network.

Varios informes de los Mossos, de la UCO y de la AEAT reflejan a Madrid Network como uno de los máximos clientes de Equipo Económico. Los investigadores concluyeron que los pagos de esta entidad semipública al despacho fundado por Montoro “traen causa de los contratos” y no de actividades sospechosas, y esa imputación de Beteta no ha sido reflejada en el último auto del juez de Tarragona.

Madrid Network nació en 2007 cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid con el objetivo de promocionar la innovación empresarial en la región. Entre otras actividades, se dedicó a canalizar subvenciones millonarias salidas de las arcas públicas madrileñas o financiación pública por valor de más de 70 millones de euros, también públicos y procedentes del Ministerio de Ciencia e Innovación, para proyectos empresariales. Varios de estos proyectos terminaron en los tribunales porque las empresas beneficiadas no devolvían el dinero. Un proyecto ligado al exconsejero Manuel Lamela y otro a Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II, se beneficiaron de estos préstamos, tal y como publicó El País.

El empresario Gerardo Díaz Ferrán recurrió a la sociedad semipública Avalmadrid para obtener financiación cuando su compañía estaba al borde de la quiebra. Fue en febrero de 2010, en un momento en el que la empresa de viajes de la que era copropietario, el grupo Marsans, ya era insolvente. Contra al criterio de los técnicos, Avalmadrid aprobó la operación y entregó ocho avales por valor de 3,3 millones de euros a las empresas del todavía entonces presidente de la patronal de empresarios CEOE.

Apenas cuatro meses después de obtener ese dinero, Viajes Marsans entró en concurso de acreedores. De los 3,3 millones de euros avalados se perdieron 2.726.000 euros.

Una reciente auditoría interna de Avalmadrid a la que ha tenido acceso eldiario.es ha destapado detalles hasta hoy desconocidos de esta ruinosa operación en la que se dilapidó dinero público –la Comunidad de Madrid es el principal accionista de esta entidad financiera semipública seguida por Caja Madrid–. Solo dos semanas antes de que se aprobaran esos avales para Díaz Ferrán, el entonces consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, presionó al presidente de Avalmadrid en favor de Díaz Ferrán. Lo hizo por medio de una carta, que recoge esa auditoría y hoy desvela eldiario.es.

Antonio Beteta es uno de los históricos del PP de Madrid, donde empezó como diputado autonómico en 1983. Entre otros cargos, ha sido consejero de Hacienda con Alberto Ruiz-Gallardón, consejero de Economía y Hacienda y más tarde de Transportes con Esperanza Aguirre y secretario de Estado de Administraciones Públicas con el Gobierno de Mariano Rajoy.

En la misiva de febrero de 2010, Antonio Beteta escribe al entonces presidente de Avalmadrid, Juan Manuel Santos-Suárez, a cuenta de “la próxima sesión ordinaria de Avalmadrid” donde se iban a abordar los avales para las empresas de Gerardo Díaz Ferrán. Beteta argumenta en la carta que Marsans es un “grupo fundado hace más de un siglo”, “de referencia en el sector turístico”, y que “emplea a más de 10.000 trabajadores” de los que “4.000 están situados en nuestra región”. Le “ruega” al presidente de Avalmadrid que “tenga estos datos en consideración”.

La carta del consejero Antonio Beteta pesaba mucho en Avalmadrid. Su consejería, la de Economía, era el primer accionista individual de Avalmadrid, con el 31%. Varios de los consejeros de esta entidad financiera habían sido nombrados por el gobierno de Esperanza Aguirre.

El propio presidente de Avalmadrid, y destinatario de la carta de Beteta, también provenía del aguirrismo. Juan Manuel Santos-Suárez había sido antes viceconsejero en el gobierno de Esperanza Aguirre entre 2003 y 2007: primero de Modernización y Calidad de Servicios y más tarde de Hacienda. De allí pasó a Avalmadrid, donde fue nombrado consejero por el gobierno de Madrid que presidía la líder del PP madrileño.

Hoy Juan Manuel Santos-Suárez es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el regulador bursátil, el organismo para el que fue nombrado en 2014 por el Ministerio de Economía, durante los años de gobierno del PP.

En el momento en que Antonio Beteta envía esta carta al presidente de Avalmadrid, Gerardo Díaz Ferrán era el presidente de la patronal CEOE. Antes había sido presidente de la patronal madrileña CEIM, que también es uno de los accionistas de Avalmadrid, y consejero de Caja Madrid, entidad pública que participaba con más del 40% en Avalmadrid.

Avalmadrid, la misma entidad del polémico aval al padre de Isabel Díaz Ayuso, aprobó la operación pese a las vinculaciones de algunos consejeros con el empresario y contra la opinión de sus propios analistas, que valoraron negativamente todos y cada uno de los puntos que estudiaron de las empresas de Díaz Ferrán que solicitaron ser avaladas (Rural Tours y Trap).

Además de las señales de alerta en las finanzas del grupo Marsans cuando se concedieron las garantías –del 10 al 19 de febrero de 2010–, ya había hechos concretos que dibujaban la situación de la empresa. Por ejemplo, el gobierno de Argentina acababa de expedientar a Marsans un mes antes por “extender cheques sin fondos y por no pagar empleados”, destaca la auditoría interna encargada por la propia Avalmadrid.

Según recoge esa misma auditoría, “cuando Avalmadrid prestó los avales, Viajes Marsans ya era insolvente”, y destaca que Díaz Ferrán recurrió a esta financiera semipública precisamente “por la desconfianza que generaba en el mercado” la situación de sus empresas. Era muy difícil acceder a préstamos con ese enorme riesgo de morosidad, y la garantía de Avalmadrid fue decisiva para lograr financiación.

En 2015, Díaz Ferrán fue condenado por el saqueo del Grupo Marsans: por alzamiento de bienes, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.

El expresidente de Avalmadrid José Manuel Santos ha rechazado contestar a las preguntas de eldiario.es sobre esta información, aunque ha trasladado a través de un portavoz que “cree que actuó de manera correcta”. eldiario.es también ha intentado sin éxito recabar la versión de los hechos de Antonio Beteta.

Arturo Fernández también presionó

Además de la carta de Antonio Beteta, en la auditoría interna de Avalmadrid también figura una segunda misiva que mandó el empresario Arturo Fernández al entonces presidente de Avalmadrid, Juan Manuel Santos-Suárez. La carta tenía el mismo objetivo: que Díaz Ferrán lograra los avales que necesitaba para financiar a sus empresas. Y Arturo Fernández escribía desde la misma condición que Beteta: como socio de Avalmadrid.

La carta de Arturo Fernández al presidente de la entidad avalista es prácticamente idéntica a la que envía el consejero de Economía. Además de las firmas, solo cambia una palabra: donde Beteta escribe “los miembros representados del IMADE” en la comisión ejecutiva de Avalmadrid, Fernández pone “los miembros representados de CEIM”. El Imade era el Instituto Madrileño de Desarrollo, un organismo público dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda en Avalmadrid y que posteriormente fue disuelto. CEIM es la patronal madrileña, también accionista de Avalmadrid, que entonces presidía Arturo Fernández y que antes había presidido Gerardo Díaz Ferrán.

En aquel momento, Arturo Fernández también era vicepresidente de CEOE, que presidía Gerardo Díaz Ferrán.

En la carta, Arturo Fernández intercede por su colega y amigo, pese al evidente conflicto de interés que también destaca la auditoría: CEIM tenía tres consejeros en Avalmadrid cuando se da el crédito a Díaz Ferrán, que a su vez había sido presidente de la misma patronal madrileña hasta 2007.

Ambas cartas se mandaron en un plazo de apenas 24 horas: el 24 y 25 de enero de 2010. Los avales para las empresas de Díaz Ferrán se aprobaron quince días después. Según admite la auditoría interna de Avalmadrid, “las cartas recibidas muestran la influencia que ejercían estos socios para la concesión de los avales”.

A preguntas de eldiario.es, Arturo Fernández ha dicho no recordar esta carta ya que hace muchos años aunque “si está por escrito el contenido sería así, ya que Díaz Ferrán era un gran empresario”. Sobre por qué su carta es idéntica a la que envía Antonio Beteta, Fernández responde: “Ni idea”.

Los empresarios de cabecera de Aguirre

Tanto Arturo Fernández como Gerardo Díaz Ferrán tenían y tienen muchas cosas en común, además de su larga relación en la patronal madrileña CEIM y en la patronal española CEOE. Ambos comparten una sentencia: los dos han sido condenados en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, donde fueron consejeros. Y ambos presuntamente participaron en la financiación ilegal del PP de Madrid, que hoy investiga la Audiencia Nacional

Tanto Díaz Ferrán como Arturo Fernández fueron donantes de Fundescam: una fundación opaca y sin apenas actividad que el PP de Madrid usó como tapadera para pagar gran parte de los gastos de campaña de Esperanza Aguirre en la mayoría de sus campañas electorales. Fundescam se financiaba con donativos irregulares de empresarios que después recibían pingües contratos con la administración madrileña, tal y como hoy investiga la Justicia. Parte de esos pagos acabaron también en la trama Gürtel, que gestionó algunas de las campañas de Esperanza Aguirre.

Díaz Ferrán, a través de varias empresas del grupo Marsans, pagó 247.000 euros a Fundescam. Y también utilizó la CEIM –la patronal madrileña– para donar ilegalmente otros 100.000 euros más cuando era presidente de esta organización.

Por su parte, Arturo Fernández donó a Fundescam 57.030 euros entre 2003 y 2004 y otros 60.000 euros más poco antes de las elecciones autonómicas de 2007. La Audiencia Nacional hoy investiga esos donativos. Un informe de la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– relaciona esos pagos con la adjudicación que una de las empresas de Arturo Fernández recibió: la de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Por esa operación, la Fiscalía Anticorrupción pide también la imputación de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes, entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y también vocal de Fundescam.

El propio Arturo Fernández, al igual que Díaz Ferrán, también se benefició de su influencia en Avalmadrid, gracias a su presidencia de la patronal madrileña. Sus empresas recibieron más de 2 millones de euros en avales de los que 1,3 no se han recuperado.

La relación entre Esperanza Aguirre, Díaz Ferrán y Arturo Fernández fue muy estrecha, y la admiración que sentía el dueño de Marsans por la expresidenta madrileña se reveló en un micrófono abierto: “Si es que es cojonuda”, dijo mientras intervenía Aguirre ante los empresarios en 2009, el año antes de recibir el aval impagado.

La consultora PwC recomendó a Avalmadrid denunciar estos y otros hechos revelados por la auditoría interna. El informe se envió a la Fiscalía, que ha visto indicios de “créditos fraudulentos” pero ha archivado la causa porque los presuntos delitos han prescrito.

El secretari d’estat d’Administracions Públiques, Antonio Beteta, ha assegurat aquest dijous, quan se li ha preguntat si el Govern atendrà el model de finançament presentat a Madrid pel president de la Generalitat, Ximo Puig, en un acte amb polítics i membres de la societat civil on va exposar l’ infrafinançament valencià, que ell no atén “mítings” i ha demanat que li ho expliquen “al meu despatx” i li donen “papers”.

“Jo no atenc mítings. Que vinguen al meu despatx i que m’ho expliquen i ens donen papers”, ha indicat Beteta, que ha considerat “una pena” que el president no visitara aquest dimecres el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, durant la seua estada a Madrid per a reivindicar un finançament millor per a la Comunitat Valenciana, ja que afirma que hauria estat “raonable” aqueixa trobada per a “explicar aqueixa circumstància”.

Sobre això, Beteta ha assenyalat que els actes públics li semblen “fenomenal”, encara que li semblen “millor” les reunions als despatxos per a “abordar els assumptes”.

L’infrafinançament, “un fet”

A preguntes dels mitjans a Alacant, on ha assistit a la inauguració del fòrum “Història, present i futur de les diputacions” organitzat per la Diputació, Beteta ha reconegut que l’infrafinançament valencià és “un fet” en què coincideixen “tots els experts i, per descomptat, els serveis del Ministeri”.

“En conseqüència, fer actes per a dir el que és obvi i tothom reconeix em sembla molt bé, però el que es tracta és de treballar per a reformar aqueix sistema de finançament”, ha advertit i ha recordat que en l’últim Consell de Política Fiscal i Financera es va aprovar “la creació d’una Comissió d’Experts i el dilluns d’aquesta setmana no havia rebut el nom de l’expert que havia de nomenar la Comunitat Valenciana, encara que sí el d’altres sis comunitats autònomes”.

Per això, ha lamentat que “alguns” tinguen interés a fer un acte públic i “altres tenen l’interés a treballar entre els distints experts en matèria de finançament per a promoure una reforma del sistema”. Dues opcions, ha continuat, que són “opinables” que s’ajusten a “la prioritat política que tinga cada un”.

Precisament el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha acusat aquest dijous el Govern central de “paralitzar” durant sis mesos la posada en marxa de la Comissió d’Experts estatal per a la reforma del sistema de finançament autonòmic. Segons Soler, el 7 de setembre va remetre una carta a Montoro en què l’instava “que donara termini a la Comunitat Valenciana per a proposar un expert i posar en marxa aquest fòrum”, tot i que criticava que, al cap d’un mes, “ni tan sols s’han dignat a contestar-nos”.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este jueves, preguntado por si el Gobierno va a atender el modelo de financiación presentado en Madrid por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en un acto con políticos y miembros de la sociedad civil donde expuso la infrafinanciación valenciana, que él no atiende a “mítines” y ha pedido que se lo expliquen “en su despacho” y les den “papeles”.

“Yo no atiendo a mítines. Que vengan a mi despacho y que me lo expliquen y nos den papeles”, ha indicado Beteta, quien ha considerado “una pena” que el president no visitara este miércoles al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su estancia en Madrid para reivindicar una mejor financiación para la Comunitat Valenciana, ya que sostiene que hubiera sido “razonable” ese encuentro para “explicar esa circunstancia”.

Al respecto, Beteta ha señalado que los actos públicos le parecen “fenomenal”, aunque le parecen “mejor” las reuniones en los despachos para “abordar los asuntos”.

La infrafinanciación, “un hecho”

A preguntas de los medios en Alicante, donde ha asistido a la inauguración del foro 'Historia, presente y futuro de las Diputaciones' organizado por la Diputación, Beteta ha reconocido que la infrafinanciación valenciana es “un hecho” en el que coinciden “todos los expertos y, por supuesto, por los servicios del Ministerio”.

“En consecuencia, hacer actos para decir lo que es obvio y todo el mundo reconoce me parece muy bien, pero lo que se trata es de trabajar por reformar ese sistema de financiación”, ha advertido y ha recordado que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se aprobó “la creación de una Comisión de Expertos y el lunes de esta semana no había recibido el nombre del experto que debía nombrar la Comunitat Valenciana, aunque sí el de otros seis comunidades autónomas”.

Por ello, ha lamentado que “algunos” tengan interés en hacer un acto público y “otros tienen el interés en trabajar entre los distintos expertos en materia de financiación para promover una reforma del sistema”. Dos opciones, ha continuado, que son “opinables” que se ajustan a “la prioridad política que tenga cada uno”.

Precisamente el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, acusó este jueves al Gobierno central de “paralizar” durante seis meses la puesta en marcha de la Comisión de Expertos estatal para la reforma del sistema de financiación autonómica. Según Soler, el 7 de septiembre remitió una carta a Montoro, “urgiéndole a que diera plazo a la Comunitat Valenciana para proponer a un experto y poner en marcha este foro”, aunque criticaba que, pasado un mes, “ni siquiera se han dignado a contestarnos”.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha respondido este lunes a la misiva que envió el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, al conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y ha asegurado que “es increíble” que un gobierno en funciones “para lo único que sirva es para hacer la vida imposible a los valencianos”.

Puig se ha expresado en estos términos durante una rueda de prensa este lunes, en respuesta a la misiva que remitió este viernes Beteta a Soler, en la que solicitaba actuaciones adicionales a fin de que la Comunitat cumpliera el objetivo del déficit. Por ello, Puig ha aseverado que “no sabe qué quiere el señor Beteta” ni “qué tipo de conflicto quiere establecer con la sociedad valenciana”.

Para el president, “esa es su preocupación”, puesto que “los valencianos no quieren establecer ningún conflicto”. “Queremos que soluciona el problema valenciano, que es infrafinanciación, infrainversión y deuda histórica”, ha indicado, para insistir en que “hay que resolverlo”, puesto que “sino, hay cinco millones de españoles que están absolutamente discriminados”.

En la misma línea, Puig se ha preguntado “a qué juegan” Beteta y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, puesto que “son conscientes de la situación de dificultad de las finanzas valencianas”. Así, ha recalcado que el problema de la Comunitat “no es de gasto”, sino de “ingresos” y ha asegurado que “no se va a renunciar a lo que pertenece a los ciudadanos: servicios públicos de calidad”.

Un tercio del presupuesto, a pagar deudas

En este sentido, ha manifestado que la situación heredada -del anterior Consell- en la Comunitat es de “más de 42.000 millones de euros de deuda”, lo que “significa que casi un tercio del presupuesto está destinado a pagar deudas”. “En esta situación, Beteta ha de decir si quiere que cerremos colegios, hospitales o centros de la tercera edad”, ha aseverado.

“No vamos a renunciar al autogobierno de los valencianos: la sociedad valenciana está asumiendo un planteamiento de unidad muy importante”, ha sentenciado Puig.

El Consell continua tenint el Ministeri d’Hisenda com a escull principal en el seu dia a dia. Així, el secretari d’estat d’Administracions Públiques, Antonio Beteta, ha comunicat aquesta setmana al conseller d’Hisenda, Vicent Soler, que el Govern de Mariano Rajoy –encara en funcions– farà un requeriment a l’executiu valencià perquè avance el tancament pressupostari de l’exercici.

Soler ha remés una carta a Beteta, reproduïda per Ràdio València, en què adverteix que aquesta mesura suposaria la paralització de les inversions previstes per la Generalitat, i també de multitud d’actuacions en marxa o previstes. Per això, Soler considera la petició del Ministeri “profundament injusta amb els cinc milions de valencians” i encara més tenint en compte que l’Estat “no atén la singular situació financera de la Comunitat Valenciana”, raó per la qual es poden “originar més desigualtats i més profundes”.

El conseller valencià recorda al secretari d’estat que la Comunitat Valenciana és una de les autonomies que més esforç fiscal ha fet entre el 2011 i el 2015 en termes absoluts, amb una reducció de la bretxa entre els ingressos i les despeses del 2,44%, equivalent a 2.500 milions d’euros. A més, la Generalitat preveu reduir el desequilibri pressupostari del 2,51% del 2015 a l’1,4% “si no es materialitza la millora del sistema de finançament”, una xifra que, no obstant això, se situa lluny del 0,7 de l’objectiu de dèficit marcat pel Govern central. Això comporta un descens pressupostari de més de 1.000 milions d’euros “sense aplicar-hi cap retallada, reorientant les prioritats per a emfatitzar el tema social”.

Soler denuncia que el departament de Montoro exigeix als valencians que facen un esforç equivalent a la meitat del que ha fet en el global dels últims cinc anys, i tot això en una comunitat que pateix una “situació d’infrafinançament ben evident” per un problema d’ingressos i no de despeses, segons justifica el conseller. D’aquesta manera, recorda que els valencians reben 258 euros menys de mitjana que el conjunt dels espanyols, fet que representa una pèrdua de 1.290 milions d’euros.

Així mateix, qualifica de “xocant” que el Govern al·legue la seua situació d’interinitat –perquè està en funcions– per no haver d’afrontar el canvi de model de finançament, però sí que pot exigir a una comunitat infrafinançada que “assumisca més sacrificis que la resta dels espanyols”. “A la Comunitat Valenciana s’exigeix que renuncie a drets”, afirma Soler, alhora que insisteix en el fet que la situació de partida respecte d’altres comunitats és molt diferent, amb un 88% del pressupost destinat a la cobertura dels serveis bàsics fonamentals.

Per tot això, l’executiu valencià reclama al Govern que reconsidere el requeriment anunciat i “no penalitze” els cinc milions de valencians: “En cap llei, ni en la del sentit comú, està escrit que els valencians no meresquen tenir, com a mínim, els mateixos serveis bàsics que la resta dels espanyols”, conclou la carta de Soler.

El Consell sigue teniendo al ministerio de Hacienda como principal escollo en su día a día. Así, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, comunicaba esta semana al conseller de Hacienda, Vicent Soler, que el Gobierno de Mariano Rajoy -todavía en funciones- va a realizar un requerimiento al ejecutivo valenciano para que éste adelante el cierre presupuestario del ejercicio.

Soler ha remitido una carta a Beteta, reproducida por Radio Valencia, en la que advierte que esta medida supondría la paralización de las inversiones previstas por la Generalitat, así como de multitud de actuaciones en marcha o previstas. Por ello, Soler considera la petición del Ministerio “profundamente injusta con los cinco millones de valencianos”, y más teniendo en cuenta que el Estado “no atiende la singular situación financiera de la Comunitat Valenciana”, por lo que se pueden “originar mayores y profundas desigualdades”.

El conseller valenciano le recuerda al secretario de Estado que la Comunitat Valenciana es una de las autonomías que mayor esfuerzo fiscal ha realizado entre 2011 y 2015 en términos absolutos, con una reducción de la brecha entre ingresos y gastos del 2,44%, equivalente a 2.500 millones de euros. Además, la Generalitat prevé reducir el desequilibrio presupuestario del 2,51% de 2015 hasta el 1,4% “si no se materializa la mejora del sistema de financiación”, una cifra que, no obstante, sigue lejos del 0,7 del objetivo de déficit marcado por el Gobierno central. Esto se traduce en un descenso presupuestario de más de 1.000 millones de euros “sin aplicar recorte alguno, reorientando las prioridades para enfatizar lo social”.

Denuncia Soler que el departamento de Montoro está exigiendo a los valencianos que hagan un esfuerzo equivalente a la mitad del realizado en el global de los últimos cinco años, y todo ello en una comunidad que padece una “evidente situación de infrafinanciación” por un problema de ingresos y no de gastos, según justifica el conseller. De este modo, recuerda que los valencianos reciben 258 euros menos de media que el conjunto de los españoles, lo que representa una pérdida de 1.290 millones de euros.

Así mismo, califica de “chocante” que el Gobierno alegue su situación de interinidad -por estar en funciones- para no afrontar el cambio de modelo de financiación pero sí que pueda exigir a una comunidad infrafinanciada que “asuma más sacrificios que el resto de españoles”. “A la Comunitat Valenciana se le exige que renuncie a derechos”, afirma Soler, al tiempo que insiste en que la situación de partida respecto a otras comunidades es muy diferente, con un 88% del presupuesto destinado a la cobertura de los servicios básicos fundamentales.

Por todo ello, el ejecutivo valenciano reclama al Gobierno que reconsidere el requerimiento anunciado y “no penalice” a los cinco millones de valencianos: “En ninguna ley, ni en la del sentido común, está escrito que los valencianos no merezcan tener como mínimo los mismos servicios básicos que el resto de españoles”, concluye la carta de Soler.

El ayuntamiento de Valencia y el Gobierno central han acordado establecer una duración de cuatro meses para los contratos “atascados” e “inminentes” de mantenimiento y seguridad “para el normal funcionamiento” del Consorcio Valencia 2007, la entidad encargada de la gestión de la Marina Real Juan Carlos I. Además, éstos se licitarán desde la dirección general del Consorcio que preside el alcalde Joan Ribó y que esta semana ha ratificado como director gerente a Vicente Llorens.

Así lo han decidido este martes en una reunión el primer edil, Joan Ribó, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a la que han asistido también el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues —que ha actuado de “intermediario” en el encuentro— y la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Rosa Navarro.

Tras la entrevista, que Ribó ha calificado de “importante y clarificadora” para la situación de la entidad —integrada por Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento y anteriormente encargada de las infraestructuras necesarias para la celebración de la Copa America—, el alcalde ha destacado el acuerdo de “sacar adelante los contratos atascados aunque sea por un periodo más corto”, lo que “permitirá que sigan funcionando” y “es algo que se puede hacer directamente desde la dirección”.

Por su parte, Beteta ha asegurado que “ha sido una reunión muy fructífera” ante la “imperiosa necesidad” de que determinados de contratos de la Marina “tenían que seguir según la normativa que tenemos como Gobierno en funciones”, con las consiguientes “limitaciones temporales para este tipo de adjudicaciones”.

Asimismo, el secretario de Estado ha destacado que la ratificación por mayoría del nuevo director general de la entidad —votado esta semana a favor a propuesta de Ribó por 14 de los 15 miembros—, permite que el Consorcio “esté ya en plenitud de funciones para poder trabajar”, a lo que el alcalde ha añadido la “importancia de trabajar para poner en marcha la Marina con la mayor velocidad”.

Ribó ha subrayado la “buena sintonía” para abordar entre ambas instituciones los “importantes y complicados problemas” del Consorcio y ha querido transmitir “una idea optimista: Estamos fundamentalmente de acuerdo y vamos a buscar los mecanismos para afrontar la situación económica”.

Solución “de conjunto” para la deuda

Al respecto, el secretario de Administraciones Públicas ha señalado la necesidad de “buscar una solución de conjunto” para afrontar el pago del préstamo bancario “a corto plazo” de siete millones de euros de la entidad —contraído por el embargo de cuentas, modulable entre las tres administraciones y aparte de los 440 millones de deuda municipal—, ya que “con la anterior Generalitat y el anterior equipo de gobierno municipal no se llegó a un acuerdo”.

Sin embargo, Beteta ha puntualizado que “hasta que no haya un Gobierno estatal definitivo no se podrá trabajar” porque “lo impide la legislación: Hay fórmulas de financiación que podemos poner para los demás pero tenemos dificultad para la nuestra propia por estar en funciones”. De esta forma, ha detallado que la ejecución del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) “es ahora trimestral”, por lo que el Gobierno “ha establecido un procedimiento para poder desbloquearlo, ejecutarlo y que no haya en ningún caso una menor prestación de servicios” en el Consorcio.

En el caso del Estado, el secretario ha lamentado que “no tiene un FLA para sí mismo”, por lo que “lo tendrá que analizar internamente con la Abogacía del Estado dentro de la voluntad de máxima colaboración”, si bien considera que las deudas “no pueden perjudicar la actuación actual en la Marina, porque desde fuera posibles inversores podrían creer que existe una situación de no apoyo institucional”.

“Todo el apoyo” del Gobierno

En esta línea, Antonio Beteta ha insistido en que el Consorcio Valencia 2007 “cuenta con todo el apoyo del Gobierno”, cuya “mayor voluntad es colaborar con el Ayuntamiento en el desarrollo de la Marina e incorporarla al conjunto de la ciudad”. “Es una de los mejores activos en términos turísticos y náuticos en el Mediterráneo, y es una infraestructura esencial para la Comunitat y Valencia”, ha manifestado.

Respecto a si se podía haber evitado el embargo de cuentas, el secretario de Estado ha explicado que aunque “cuando uno tiene un embargo quizá lo más fácil es pagar, resulta que no solo depende de la administración general del Estado, sino de otras dos”. “Y una de ellas, la Generalitat, no ha podido llevarlo a cabo por sus problemas de liquidez”, ha destacado.

“Venimos de una situación económica muy delicada y todos los fondos del Gobierno han ido a atender prioridades esenciales como la sanidad o la educación”, ha subrayado, por lo que considera “prioritario” que “cada uno trabaje en la medida de sus posibilidades.

La ley “prohíbe” condonar la deuda Preguntado por la posibilidad de condonación de la deuda como se ha hecho en otras ciudades protagonistas de grandes eventos, Beteta ha insistido en que el Gobierno en funciones “no puede tomar ninguna decisión estratégica porque lo prohíbe la legislación” y que “eso sería vincular una actuación del Gobierno futuro”.

El secretario autonómico de Modelo Económico y Financiación, Julián López, ha señalado hoy que la visita que realizó ayer a Alicante el secretario de estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha sido “decepcionante”.

Según Julián López, durante su visita, “no hemos visto que el Secretario de Estado haya hecho referencias a la falta de financiación que padece la Comunitat Valenciana y que constituye en la actualidad el principal problema al que nos enfrentamos los valencianos”.

Así, ha insistido en que Beteta se ha limitado a hablar del sistema de financiación “sin aportar respuestas ni soluciones” y sin anunciar “ninguna novedad. Únicamente se ha limitado a reiterar los plazos previstos para la reunión del grupo de trabajo sobre financiación autonómica que tendrá lugar en septiembre”, ha señalado Julián López. La convocatoria de esta reunión se conoce desde finales del pasado mes de julio.

Atendiendo los plazos de este reunión fijados por el Gobierno Central, “es imposible la reforma del sistema de financiación autonómica en esta legislatura, ya que para que ésto fuera posible la proposición de Ley tendría que estar ya en el Congreso”. Para el secretario autonómico resulta “evidente” que esta reunión no tiene más que una “finalidad electoralista: aparentar que se hace algo cuando no se ha hecho nada en cuatro años”.

“Tras 4 años en el Gobierno, el Partido Popular no ha reformado el sistema porque no ha querido: ha tenido escaños suficientes en el Congreso, ha gobernado en la mayoría de comunidades y ha dispuesto de dinero para rescatar bancos, autopistas de peaje o hacer rebajas fiscales. No hay excusas”, ha indicado el secretario autonómico.

Según Julián López, la estrategia del Gobierno Central busca también “generar enfrentamientos entre las comunidades autónomas. Y lo que es peor, parece que el gobierno quiere utilizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para interferir en las elecciones catalanas, algo totalmente inadmisible”, ya que, en su opinión, “este órgano debería estar por encima de la confrontación política en Cataluña, más aún cuando la reforma del sistema es ya inviable”.

Moragues se limita a asentir

Julián López se ha referido también al actual delegado del Gobierno, y exconseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, y ha criticado su actitud “servil”, que no se haya posicionado a favor de los intereses de la Comunitat Valenciana y se haya limitado a asentir a las palabras del Secretario de Estado.

“El señor Moragues lleva semanas pidiéndole al Consell que haga lo que él no hizo cuando era conseller, y que ahora tampoco va a hacer por la obediencia que debe a quienes lo han puesto en el cargo de Delegado del Gobierno. Es una lástima que el señor Moragues haya abdicado tan pronto de la defensa de los intereses de los valencianos y las valencianas”, ha indicado Julián López.

Déficits acumulados

El secretario autonómico ha señalado que el Consell va a pedir al gobierno de España una “solución para los déficit históricos de financiación” que padece la Comunitat Valenciana, y que son responsables de, al menos, la mitad de la deuda pública acumulada en los últimos años.

“El Consell va a exigir que la reforma del modelo tenga en cuenta que los valencianos y las valencianas tenemos derecho de disponer de las mismas oportunidades de acceso a los servicios públicos que el resto de los españoles, y a la vista de los déficit de financiación acumulados durante las últimas décadas, ello ya no se arregla igualando a la media los ingresos por habitante de la Comunitat Valenciana”.

Según Julián López, los valencianos y las valencianas hemos sido muy solidarios con el resto de los españoles, hasta el punto de haber sido, reiteradamente, “la única autonomía con renta per cápita inferior a la media que aporta recursos al resto de España”.

“Entendemos que por razones de solidaridad y de equidad, el gobierno de España ha de dotar a la Comunidad Valenciana de los recursos necesarios para que dispongamos de las mismas oportunidades que el resto de los españoles”, ha señalado el secretario autonómico.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este jueves que el sueldo del presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se atiene a la legalidad, en relación a la polémica suscitada por los salarios fijados en el ente provincial. Sánchez recibirá 90.000 euros brutos anuales, unos 22.000 más que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Además, en total, 19 diputados provinciales cobrarán más que el jefe del Consell, un hecho criticado por el grupo Compromís, que ha pedido una rebaja del 15 por ciento en los salarios.

Beteta ha hecho estas declaraciones en su visita al Banco de Alimentos de Alicante, ubicado en Mercalicante, en la que ha estado acompañado por César Sánchez, además de por el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues; la concejala de Acción Social, Nerea Belmonte, y la portavoz del PP municipal, Asunción Sánchez Zaplana.

El secretario de Estado ha explicado que los cargos locales tienen establecida su retribución a través de los Presupuestos Generales del Estado y ha destacado que “se objetivó una norma donde se establecían los sueldos que tenían que tener los presidentes de diputaciones, alcaldes, concejales y todos los que trabajan en el mundo local”. Como consecuencia, ha asegurado que lo que hace el presidente de la Diputación de Alicante “se atiene estricta y exactamente a la legalidad”.

Asimismo, ha señalado que la normativa autonómica no está sujeta al control estatal, por lo que no pueden opinar y “pueden cobrar más o menos en función de las circunstancias de cada uno para llevar a cabo el desarrollo de su función política”.

Límite máximo de lo que se puede cobrar

En este sentido, ha apuntado que lo que hay es “un límite máximo de lo que se puede cobrar” y que hay una horquilla establecida en función de la población que tiene el ayuntamiento o la Diputación “y lo que no se puede es cobrar más”.

Al respecto, ha recordado que antes las “disfunciones eran superiores”, pero ahora, en atención a la función política, se estableció que los alcaldes de las capitales de provincia mayores -Madrid y Barcelona- “no pueden cobrar más que un secretario de Estado” y, ha añadido: “de ahí para abajo se hace una escala a la baja en función de la población”.

Por tanto, ha concluido, “se ha objetivado el cobro, cuántas personas pueden cobrar, que ya no son todas, y se ha limitado el número de eventuales”, de manera que se ha logrado el objetivo de “ahorrar y objetivar”.

Compromís “no dijo nada”

Por su parte, Sánchez ha indicado que en el debate de investidura, donde se aprobaron los salarios, “Compromís no dijo nada de esto”, en referencia a su petición de rebajar los sueldos un 15%. Así, ha insistido en que estos sueldos son “heredados de la legislatura anterior” y que los va a congelar durante cuatro años.

Además, ha recordado también la puesta en marcha de la página de Transparencia de la Diputación donde se publicarán de manera directa y “prácticamente al día” la actividad de todos los diputados, al tiempo que emplazaba a los diputados de Compromís y de toda la oposición al próximo pleno para hacer “las preguntas que quieran”.

El presidente de la Diputación ha destacado el anuncio de la petición de Zona Franca para el Puerto de Alicante y ha señalado que su objetivo es pensar “qué medidas se pueden poner en marcha en la provincia de Alicante para que la gente tenga empleo”. Al respecto, ha reprochado a Compromís y a los otros grupos de la oposición que “si no tengan ideas y proyectos que aportar para que la gente mejore su calidad de vida, es su problema”.

En cuanto a la reunión que pedía el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, de las tres diputaciones provinciales y la Generalitat para coordinar las políticas y sueldos, César Sánchez ha afirmado que ya ha mantenido un encuentro con sus homólogos y el presidente del Consell “y allí no se habló absolutamente de nada de esto”.

Ha agregado que la Diputación tiene que “ayudar a los ayuntamientos tengan una mejor gestión y que subsidiariamente garanticen más bienestar a las personas que viven en sus municipios” y que en esa línea va a trabajar. Al tiempo, ha recalcado su anuncio de “congelar” los salarios “heredados” de los diputados, que serán sometidos a un mecanismo de “transparencia”. No obstante, ha vuelto a incidir en que le gustaría oír más de Compromís “ideas y proyectos de futuro que generen bienestar en la provincia de Alicante”.

Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, responde a eldiario.es para aclarar su situación personal en el grupo popular de la Asamblea de Madrid a finales de los años 80. Tal y como publicó este diario, las auditorías internas del PP señalan la existencia de pagos sistematizados de “gratificaciones” a los diputados autonómicos de esa formación política e irregularidades en la tributación y la aplicación de retenciones de IRPF.

Beteta defiende que esos extras “no eran sobresueldos” y asegura que, en su caso personal, todos los pagos recibidos fueron declarados a Hacienda y sobre ellos se aplicaron las retenciones que marca la ley.

¿Dice usted que nunca ha cobrado sobresueldos?

En aquella época en la Asamblea de Madrid no había sueldos. Se cobraban dietas por asistencia a los plenos y comisiones u órganos institucionales. Teníamos que hacer una labor de oposición al grupo socialista y determinados diputados percibíamos por los servicios de apoyo una cantidad extra como servicios profesionales. No eran sobresueldos.

¿Quién abonaba ese complemento?

El grupo parlamentario.

¿Recuerda si el resto de los partidos hacían lo mismo que ustedes?

Pues no lo sé. Supongo que al estar en el Gobierno (PSOE) no tenían la necesidad de hacer la labor política que teníamos en el grupo parlamentario.

¿Cómo les pagaban esta gratificación?

Ni idea. Han pasado 25 años.

¿Era un salario?

No era un salario. Era una gratificación sometida a retención de IRPF.

Sin embargo, en las auditorías del PP que conservó Naseiro queda claro que no se retenía el IRPF a todos los diputados y en otras asambleas como la andaluza dicen ustedes mismos que el impago de este impuesto era generalizado.

Yo hoy he ido a mirar la documentación mía y es la que le puedo comunicar. Yo he pagado todos mis impuestos. No estoy hablando de memoria. Tengo los papeles encima de la mesa.

¿Y cómo es posible que otros diputados no pagasen IRPF?

Yo eso no lo puedo saber.

¿Por qué discuten que a esto se le llame sobresueldos?

Porque no es dinero del PP, es dinero que la Asamblea de Madrid entrega al Grupo Parlamentario Popular. No caben donativos ni cuestiones que se puedan discutir. Sobresueldo significa que hay un sueldo y yo no tenía ni sueldo en la Asamblea ni en el grupo parlamentario.

¿Estas gratificaciones las cobraban los diputados más trabajadores o todos?

Solo algunos. Aquellos a los que nos habían elegido por distintas circunstancias. Éramos relativamente pocos.

Pues su auditoría dice que había algo más de un millón de pesetas de gratificación anual para cada diputado.

Trabajar en la Asamblea tenía un coste para los diputados. Se decidió que el grupo ayudara en estas circunstancias para asumir gastos de gasolina y otras cosas.

¿A usted le pagaban como actividad profesional?

Sí, como asesor. El trabajo era ayudar al portavoz Gallardón y a la búsqueda de información, ayudar a los compañeros. Yo dedicaba el cien por ciento de mi tiempo al trabajo político y otros diputados mantenían sus ocupaciones profesionales fuera del Parlamento.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta,ha defendido que la Generalitat Valenciana haya pagado facturas a clubes de fútbol, entidades de crédito, al aeropuerto sin aviones de Castellón o al entrenador de José María Aznar antes que a los dependientes. Según Beteta si se ha pagado a esos proveedores es porque la norma lo permite, porque “es legal”. Además ha puntualizado que la prioridad de unos sobre otros depende del gobierno autonómico, y que “la Generalitat tarda en pagar, pero ordena muy bien a quién paga”, ha dicho.

La contestación del responsable de Hacienda ha sido realizada a preguntas del líder del PSPV y diputado en el Congreso, Ximo Puig, quien ha denunciado que los primeros pagos con el Fondo de Liquidez Autonómica “fueron al aeropuerto sin aviones que cobró 32 millones, distintos clubs de fútbol que recibieron 1,3 millones de euros, una empresa de la trama Gürtel que cobró 512.200 y el entrenador personal de Aznar que cobró 600.000 euros”, en cambio, “pasaron a un segundo plano los dependientes o los afectados por las ayudas a la vivienda que están pendientes de cobrar 250 millones de euros”. Por ello, le ha preguntado a Beteta si le parece “razonable” esta prioridad de pagos.

Puig además ha recordado que la Comunitat Valenciana es “la segunda que más tarda en pagar a los proveedores con 74,42 días y lo más alarmante es que también es la que mayor deuda arrastra después de recibir del plan proveedores 7.500 millones y del FLA 10.000 millones más”. Por todo ello asegura que los datos “demuestran la inviabilidad de la Generalitat si no se modifica el sistema de financiación y si no se cambian la gestión y los gestores de la Comunitat”.

Beteta ha contestado al candidato socialista defendiendo el trabajo de al Generalitat, asegurando así que “no solo es correcto sino brillante con las circunstancias que tiene, porque ha reducido un 50% el déficit que tenía y un esfuerzo tan grande es difícil verlo”.

Primero fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la que mostró sus dudas acerca de que la Comunitat Valenciana pudiera cumplir el objetivo de déficit marcado por el ministerio de Hacienda para 2014 (1%), un diagnóstico que fue refrendado por el Observatorio Fiscal y Financiero de Fedea -que incluso apuntó que el desvío sería de 1,7 puntos a final de año-, y el pasado fin de semana era el propio president de la Generalitat, Alberto Fabra, quien admintía que “no es fácil” cumplir el tope marcado por el Gobierno.

Pues bien, ahora ha sido el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien ha asegurado que la Comunitat Valenciana -junto a la Región de Murcia- quedarán por encima del tope del 1% debido a que atraviesan “grandes dificultades” por el déficit que arrastran de ejercicios anteriores. Así, ha explicado que pese a los “esfuerzos” que realizan, siguen alejadas del objetivo marcado.

Financiación autonómica

Además, las malas noticias en materia económica se han confirmado en el Congreso de los Diputados, donde el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado lo que se preveía, y es que el Gobierno no va a acometer esta legislatura la reforma del sistema de financiación autonómica, tal y como se comprometió Mariano Rajoy en la pasada campaña electoral.

En este sentido, Montoro ha reconocido que el PP fue “muy crítico” con el actual sistema de financiación autónomica y no comparte los criterios con los que se aprobó en 2009, pero actualmente ha señalado que el Gobierno no puede acometer su reforma, de modo que se tendrá que seguir recurriendo a mecanismos como el Plan de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el aplazamiento de la devolución de las entregas a cuenta.

Duras críticas de la oposición

Desde el PSPV han lamentado la “chulería” de Montoro y Beteta, al tiempo que criticaban el “nuevo maltrato” a la Comunitat y una “afrenta” contra el president Fabra “que pagamos todos los valencianos”. El síndic de Compromís, Enric Morera, ha culpado a Fabra, “no sólo ha suspendido los exámenes económicos que le ponen desde Madrid, sino que hace tiempo que ha suspendido como presidente, porque no atiende a las necesidades de nuestro pueblo ni sabe reivindicar lo que es nuestro y nos niegan sistemáticamente”, mientras que acusaba a Beteta de “burlarse de los valencianos”.

La vida sigue igual: El presidente del gobierno ningunea a Alberto Fabra y la Comunitat Valenciana no recibirá más dinero pese a ser una de las autonomías peor financiadas de España. Así lo ha ratificado el número 2 del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, en una reunión con empresarios valencianos y el conseller de Hacienda, José Manuel Moragues.

Beteta, como ya hiciera en junio, va más lejos: pide más recortes a la Generalitat, especialmente en empresas públicas, ante la evidencia de que Madrid no quiere cambiar el sistema de financiación en medio de una fuerte crisis para hacer sostenibles las cuentas públicas de la Comunitat Valenciana.

De poco sirvieron las reivindicaciones de los empresarios agrupados en la Fundación Conexus. Éstos pidieron una vez más vez más dinero vía financiación y mayores inversiones vía presupuestos para evitar el colapso de la Generalitat, que camina hacia la quiebra, pero la respuesta fue clara: el sistema no se toca. Hasta que no haya más dinero, la Comunitat Valenciana no recibirá un duro más.

La constatación de que Rajoy da la Comunitat Valenciana por pérdida sobrevolaba el encuentro, que transcurrió, a diferencia de en anteriores ocasiones, con cordialidad. El PP valenciano, que en su momento exigía más dinero a sus compañeros de Madrid por la vía que fuese, se ha resignado a aceptar la decisión del gobierno.

Fabra, por su parte, también ha atemperado su discurso al constatar que sus reivindicaciones han sido ignoradas. Su prioridad pasa por conseguir el apoyo de la dirección nacional de su partido para intentar ser el candidato del PP en las elecciones autonómicas de 2015.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha condicionado hoy la reforma del sistema de financiación autonómico al incremento de la recaudación y ha advertido de que hasta que no sea así, no habrá un sistema que pueda ser asumido por todas las regiones.

Beteta ha hecho estas declaraciones en Valencia, a la conclusión de una conferencia impartida por el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, organizada por el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, en la que aquel ha actuado como presentador.

“Mientras no haya más recaudación no habrá un sistema de financiación que pueda ser asumido por el conjunto de las comunidades; ninguna está en situación de superávit, todas tienen déficit como el Estado, dentro o fuera de los objetivos, pero con déficit”, ha añadido.

En opinión del secretario de Estado, la labor del Ejecutivo central se centra en garantizar el crecimiento económico, basado en el rigor de las cuentas y el ajuste del déficit, y bajar los impuestos “para que empresas y familias puedan gastar”.

Pero “mientras no crezca la tarta económica, cualquier cambio en el sistema (de financiación) traería insuficientes recursos porque no hay volumen de dinero suficiente. Hemos de trabajar entre todos en un sistema productivo más eficiente, el turismo, las exportaciones y la reducción de gastos innecesarios”, ha dicho.

En referencia a la Comunidad Valenciana, Beteta ha advertido de que “todavía tiene donde recortar y el conseller lo sabe”.

Asimismo, ha insistido en que “quizá a la Comunidad le queda menos (de donde recortar) porque ha hecho un esfuerzo singular, pero también partía de una situación singularmente mejorable y tiene recorrido en su plan de ajuste”. “Se lo hemos dicho, se lo reiteramos y se lo vamos a exigir”, ha dicho.

“El conseller sabe que no en todos los servicios públicos, según sus propios estudios, es el más eficiente. Así de claro. Nos ha presentado un plan de ajuste para ir hacia el 1% (de déficit) sabiendo que es difícil. En su propio documento pone de manifiesto en qué áreas puede mejorar; veremos si lo hace”, ha agregado.

El plan de ajuste que ha de seguir la Comunidad, según Beteta, “irá acompañado de mecanismos de liquidez si es preciso, pero siempre y cuando siga avanzando en el recorte”.

La reivindicación constante aunque suave del gobierno de Alberto Fabra para conseguir recursos de Madrid que eviten la bancarrota de la Generalitat ya ha recibido respuesta. Y no ha sido positiva. Antonio Beteta, número dos del Ministerio de Hacienda, ha criticado la gestión de la Generalitat –el Consell “no es el más eficiente”, ha dicho- y ha pedido un esfuerzo suplementario para cumplir con el límite de déficit, que en 2014 es de un 1% de la riqueza valenciana (el PIB).

La Generalitat sabe “que es capaz de realizar esfuerzos adicionales” para no gastar más de lo previsto en el plan de ajuste presentado en Madrid. El discurso del secretario de Estado de Administraciones Públicas choca frontalmente contra la doctrina de la Generalitat, que asegura que no puede hacer más recortes sin perjudicar la sanidad y educación pública valenciana.

Madrid, sin embargo, parece poco sensible ante las reclamaciones del PP valenciano. Es más, la nueva financiación autonómica, prevista para 2015 y esperada como el maná por el gobierno de Fabra, tampoco será milagrosa, a decir de Beteta. Sin embargo, con el sistema actual, la Generalitat es inviable. O hay más dinero –vía impuestos o transferencias de Madrid- o se deben recortar gastos.

No todo han sido malas noticias en la visita de Beteta. El lunes, éste, en una reunión con los farmacéuticos y otros colectivos castigados con los impagos del Consell, lanzó un mensaje de tranquilidad. El gobierno central saldrá al quite cuando la Generalitat no pueda pagar. En julio, llegarán casi mil millones de euros para saldar deudas con los acreedores y otros acreedores. Ese dinero, por supuesto, se tendrá que devolver.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha calificado de “inaceptable” que las Comunidades Autónomas reclamen al Estado una deuda histórica y ha defendido que el nuevo sistema de financiación tendrá en cuenta factores como la dispersión, la extensión o el envejecimiento de la población, y no la financiación per cápita. De este modo el gobierno de Mariano Rajoy empieza a decantarse más por los postulados que defiende el presidente extremeño, José Antonio Monago, y no el propuesto por los presidentes de la Comunitat Valenciana, Illes Balears y Murcia, que basan sus reivindicaciones en la financiación per cápita.

Beteta se ha pronunciado de esta forma al ser preguntado en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso por el diputado socialista Ximo Puig, quien se ha interesado por la “infrafinanciación” de la Comunitat Valenciana y por la reclamación del pago de la deuda histórica aprobada por las Cortes de esta región y que asciende a 13.000 millones de euros.

El secretario de Estado ha defendido que un sistema que “se debate y se hace propio conforme a la ley, es imposible que genera una deuda histórica”. “El concepto de deuda es una cantidad líquida y vencida exigible. Si se cumple la ley, esto es imposible, son términos incompatibles e inaceptables”, ha dicho.

Beteta ha disentido de lo defendido por Puig y ha comentado que el principio de gasto por habitante forma parte de “un debate anticuado y superado”. En este sentido, ha puesto en valor otros factores “esenciales” como la dispersión, la extensión o el envejecimiento de la población. “Los ciudadanos”, ha expuesto, “tienen derecho en todas las partes del territorio nacional a tener los mismos servicios y, en consecuencia, es imprescindible que haya diferencias en materia de financiación per cápita”.

Beteta ha sostenido que el modelo vigente de financiación es “malo”, y que esto mismo ha sido reconocido por “todas” las Comunidades Autónomas. “No existe una sola comunidad autónoma que defienda el actual modelo de financiación, absolutamente todas dicen que es insuficiente y que les perjudica”, ha comentado.

Críticas de Puig

Ante esta contestación el secretario general del PSPV ha asegurado que “Beteta ha dicho el que piensa, que no hay deuda histórica para la Comunitat Valenciana y que Fabra no le ha exigido esa deuda histórica”, como ya apuntaba el conseller de Hacienda. De este modo Puig ha destacado que la realidad para el Gobierno de España es que “si que existe la deuda histórica de Extremadura pero no existe el de la Comunitat Valenciana”, por eso, ha insistido que el Gobierno central “no atiende ni el problema de la financiación ni de la deuda histórica”.

Por todo esto, el dirigente socialista ha afirmado que “con total rotundidad hemos visto que Rajoy ningunea absolutamente en la Comunitat Valenciana, que Rajoy vive de espaldas, y que por supuesto el ministro de Hacienda está absoluta y radicalmente en contra del que han sido los acuerdos de las Corts Valencianas para mejorar la financiación y solucionar el problema de la deuda histórica”.