La Policía de Donostia, como la Ertzaintza, sí hará público el origen de los detenidos. Se desmarca, así, de las otras dos capitales vascas, Bilbao y Vitoria, y de otras ciudades como Barakaldo o Irún, y anuncia que compartirá la procedencia geográfica de las personas arrestadas con el objetivo de brindar una mayor “transparencia”

El debate se originó en octubre con la decisión del consejero vasco de Seguridad del PNV, Bingen Zupiria, de hacer público ese dato en las notas de prensa. La decisión ha traído disputa con el PSE-EE, socio de Gobierno, ha recibido críticas de EH Bildu o de Elkarrekin, en la oposición, pero ha sido aplaudida por las derechas, PP y Vox.

El alcalde donostiarra, Jon Insausti, cree que puede ayudar a “combatir estigmas y discursos populistas basados en conjeturas o especulaciones”. Es un “ejercicio de transparencia” que enmarca “un modelo de gobernanza propio de las sociedades maduras”. Ha apoyado la decisión tomada por el Departamento de Seguridad y continuará sus pasos. El PNV de Bilbao o de Barakaldo, por el contrario, entiende que el asunto “no aporta nada”. Hasta el anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, ha deslizado que en su etapa esto no se hacía.

Desde hace meses, la Guardia Municipal donostiarra le proporciona a Seguridad y al poder judicial todos los datos personales, incluido el origen geográfico, para la elaboración de informes y memorias. Ahora, también compartirá el dato geográfico en la comunicación exterior cuando “la circunstancia lo requiera o cuando los medios de comunicación o la ciudadanía así lo demanden”.

La portavoz del PSE-EE, Ane Oyarbide, se posiciona en contra de la decisión recordando que “la delincuencia no se explica por el origen de las personas, sino por múltiples factores sociales, económicos y estructurales que requieren políticas públicas serias y sostenidas en el tiempo”. Oyarbide afirma que “Insausti se equivoca” al creer que aportar esta información combate “estigmas y discursos populistas”. Alega que “cuando ese dato se ofrece de manera aislada, sin contexto ni análisis, se refuerzan prejuicios”. En la misma línea, Víctor Lasa, portavoz de la coalición Elkarrekin, ha dicho estar “completamente en contra” de la decisión y anuncia que exigirá una “rectificación”. EH Bildu se ha quejado en variados foros de este asunto, igualmente.

"Desde hace meses atrás, la Guardia Municipal donostiarra le proporciona el origen geográfico a la Ertzaintza y a los Juzgados"

El consejero de Seguridad razona que “es mejor decir las cosas como son, sin estigmatizar”. Esto después de haber expresado que ha vivido “una presión tremenda” causada por PP y Vox para que publicara dichos datos. En una reciente entrevista con 'Deia', comenta que la información de la proveniencia geográfica también era exigida por los medios de comunicación y es tarea de ellos “decidir qué hacen” con ella. Alega que la decisión permite ver que, “entre la gente que comete delitos graves, hay gente de todos los orígenes”.

Aunque la Ertzaintza está bajo control del PNV, internamente la opinión también está dividida. El Ayuntamiento de Bilbao, cuya concejala de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, es del mismo partido, ha afirmado que “no aporta nada” compartir ese dato y que la vinculación de “inmigrante a delincuentes es un gravísimo error” que suele generar más “inseguridad”.

El Ararteko, ante la decisión del departamento de Seguridad, inició una actuación de oficio para preguntarle a la Ertzaintza su razón. El nuevo titular de la defensoría, Mikel Mancisidor, espera celebrar una reunión con Zupiria como primera actuación de su mandato. Hasta ahora, el cuerpo había respetado la recomendación del Ararteko, de hace aproximadamente 15 años atrás. En esta señalaba que las notas de prensa policiales debían “evitar aquellas referencias a la nacionalidad que no sean estrictamente necesarias para la comprensión global de la información que contienen”.

El fiscal de la causa de la DANA, Cristóbal Melgarejo, apuesta por frenar a Vox, que ejerce una de las acusaciones populares y pedía que se investigara la actuación el pasado 29 de octubre del Consejo de Seguridad Nacional, dependiente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La letrada del partido de extrema derecha, Marta Castro, recurrió el auto de la magistrada del pasado 16 de abril que desestimó la solicitud por parte de la asociación Liberum, de diligencias en ese sentido.

El escrito del representante del Ministerio Público pide la desestimación del recurso del partido de Santiago Abascal y enumera extensamente la normativa reguladora de la competencia “para adoptar las medidas que hubieran podido evitar o atenuar los fallecimientos o lesiones de personas como consecuencia de las inundaciones” de la DANA del 29 de octubre, que dejó 228 víctimas mortales.

La normativa, explica el escrito, resulta “determinante” para la posible relación de causalidad entre las decisiones ante la emergencia y el mortífero resultado, “objeto de investigación en el presente procedimiento”.

El fiscal alude a la ley autonómica que asigna al Consell la condición de “órgano superior de dirección y coordinación de protección civil” y adjudica el ejercicio del “mando único” al titular de la conselleria competente en materia de emergencias (Salomé Pradas el pasado 29 de octubre).

Además, el representante del Ministerio Público recuerda que, tal como indica el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana (aprobado en 2010 por decreto del Consell de Francisco Camps), a Pradas le correspondía constituir el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y “determinar, en función del tipo y gravedad de la emergencia, las medidas de protección a la población”.

La exconsellera, investigada en la causa junto con su secretario autonómico, Emilio Argüeso, también tenía el papel de “determinar” la información que debía “facilitarse” a la población y a los medios de comunicación “en relación con la situación de emergencia”. 

La Fiscalía se alinea así, de nuevo, con la principal tesis de la jueza instructora sobre la responsabilidad de la Generalitat y descarta que se investigue al Gobierno, que no ostentaba el mando único al no haberse declarado la emergencia de interés nacional.

Los planteamientos del fiscal Cristóbal Melgajero y de la jueza Nuria Ruiz Tobarra chocan con las aspiraciones de acusaciones populares personadas en la causa, como las que ejerce Vox, o particulares en el caso de la asociación Liberum y del 'youtuber' conspiracionista Rubén Gisbert, entre otros.

La instructora ya desmintió, varias veces, los reiterados “bulos” sobre el supuesto papel de la presa de Forata en el desbordamiento del barranco del Poyo, uno de los primeros frentes contra el Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), con su presidente, Miguel Polo, como objetivo prioritario, en la línea del argumentario del president Carlos Mazón.

Sin embargo, tanto Vox como Liberum, una entidad que duda abiertamente del balance oficial de fallecimientos, han intentado (sin éxito) abrir un nuevo frente en la causa para tratar de involucrar al Gobierno de Pedro Sánchez. El partido de extrema derecha y la asociación nacida al calor de la pandemia de la Covid-19 pretendían que se investigara al Consejo de Seguridad Nacional, un órgano dependiente de la Presidencia del Gobierno.

La jueza rechaza la “normativa alternativa”

La jueza tumbó primero la petición al respecto de Liberum. Y, a continuación, Vox recurrió el auto que desestimaba las diligencias solicitadas por esa acusación, asegurando que no resultaría “desproporcionada” la “idea” de Liberum.

Sin embargo, la representación jurídica de Vox se ha topado con otro auto de la jueza que, de nuevo, excluye esa posibilidad. La magistrada considera que petición de pruebas sobre el Consejo de Seguridad Nacional carece de sentido en el procedimiento que instruye.

La resolución, dictada este jueves, reitera la “incapacidad” en la toma de decisiones de los dos investigados en la causa: la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, a pesar de las alegaciones de ambos imputados relativas a su falta de experiencia, de conocimiento de la situación y de la delegación de la responsabilidad en los técnicos, “entre otros elementos exculpatorios”.

Esa incapacidad de los imputados a la hora de tomar decisiones ante la catástrofe, concluye la jueza de Catarroja, “no puede suponer la búsqueda reiterada de una normativa alternativa a la realmente aplicable”, tal como pretendían Liberum y Vox.

Un joven ha resultado herido de gravedad tras recibir una paliza esta madrugada en Vitoria. Como consecuencia, la Ertzaintza ha detenido a un hombre de 28 años que contaba además con “numerosos antecedentes por hechos violentos”, según informa el Departamento de Seguridad.

Los hechos ocurrieron sobre las 02.00 de la madrugada, cuando la Ertzaintza fue informada de una pelea que se estaba produciendo en el Ensanche de la capital alavesa. Cuando se personaron, en el lugar asistieron a “un joven tumbado en el suelo e inconsciente con un fuerte golpe en la cabeza”. Inmediatamente, una ambulancia lo trasladó al hospital y ha quedado ingresado en la Unidad de Cuidadados Intensivos por la gravedad de las heridas.

Mientras tanto, los agentes indagaron sobre las circunstancias en las que se produjo la agresión y tras comprobar que el presunto autor se encontraba en las inmediaciones del lugar, lo localizaron y procedieron a su detención. Según el Departamento de Seguridad, se trata de un joven de 28 años con numerosos antecedentes por hechos violentos. La Ertzaintza continúa con la investigación abierta para tratar de esclarecer los hechos ocurridos.

El sindicato de la Ertzaintza Erne ha pedido que se investigue y se adopten medidas para “depurar responsabilidades” después de que “datos de carácter personal y privado” de los agentes de la Brigada móvil lesionados durante las protestas de los trabajadores de Tubacex fueran remitidos por el Departamento de Seguridad al Parlamento. Además, posteriormente fueron publicados por un medio de comunicación, según ha informado Europa Press. El secretario general de la central sindical, Roberto Seijo, ha remitido así dos escritos al Consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, para que “promuevan las acciones que procedan, a fin de investigar lo sucedido”. Además, Erne ha anunciado que presentará denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por si pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad.

En los escritos presentados, Erne recuerda que el pasado 23 de febrero se produjeron “graves incidentes” en las inmediaciones del acceso a la factoría de Tubacex en Laudio y, como consecuencia de los mismos, un total de 16 ertzainas resultaron heridos de diversa consideración. Tras señalar que un medio de comunicación publicó una información con el parte de lesiones de los agentes, el sindicato afirma que en el mismo constan “datos de carácter personal que deben gozar de protección especial, al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”.

Según afirma Erne, el artículo publicado recoge que fue el Departamento de Seguridad quien remitió al Parlamento el parte médico de los agentes y “la información publicada fue remitida a la Cámara a petición del parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga”, tal y como informa Europa Press. De este modo, y pese a señalar que “aparecen borrados los datos relativos al NIP, DNI y nombre y apellidos” de los agentes de la Ertzaintza, el sindicato sostiene que “los partes contienen numerosos datos de carácter personal y privado de los ertzainas, tales como sus bases de cotización y otros relativos a las lesiones sufridas, que gozan de especial protección y están amparados, no sólo por la LOPDP, sino también por el artículo 18.4 de la Constitución española”.

“Además, aunque en los partes publicados aparecen borrados algunos datos, es posible que en los documentos que se remitieron al Parlamento Vasco desde el Departamento de Seguridad sí costasen esos datos de especial protección que, unidos a los relativos a la salud y económico-laborales de los agentes lesionados, deben ser objeto de especial protección y amparo”, añade. Europa Press ha apuntado que para Erne, es “de suma importancia” que se realicen las gestiones pertinentes, tanto desde el Departamento de Seguridad como desde el Parlamento Vasco, para averiguar si los datos de especial protección de los agentes lesionados “figuraban o no en los documentos remitidos al Parlamento y, en su caso, en qué momento y por qué persona fueron eliminados o borrados, a fin de averiguar también cuántas personas han podido tener acceso a dichos datos”.

“Debiendo ser identificadas todas ellas, a fin de esclarecer la trascendencia que haya podido tener la divulgación de esta información y depurar, en su caso, las responsabilidades de toda índole que puedan derivarse de semejante actuación”, ha añadido. A su entender, estos hechos no hacen sino incidir en la “campaña de desprestigio que ciertas personas y colectivos están llevando a cabo contra la Ertzaintza y sus miembros, con el fin de infundir odio y desconfianza en la ciudadanía hacia la policía vasca y, por extensión, respecto de las instituciones públicas vascas”.

Por todo ello, Erne solicita al vicelehendakari primero y a la presidenta del Parlamento vasco que adopten y promuevan las acciones que procedan, “a fin de esclarecer los hechos relatados, investigar lo sucedido y, en su caso, adoptar las medidas que correspondan para depurar las responsabilidades de las instituciones o personas implicada”.

Estefanía Beltrán de Heredia, ingeniera agrícola y afiliada al PNV, llegó al cargo de consejera de Seguridad del Gobierno vasco por sorpresa en diciembre de 2012. Antes, salvo una breve interinidad de la socialista Idoia Mendia tras la dimisión de Rodolfo Ares, nunca una mujer había dirigido un área clave del Ejecutivo autonómico, bajo cuyo control está la Ertzaintza, el Tráfico, los procesos electorales o el juego. Se encontró una Policía vasca con un porcentaje femenino próximo al 10% y prometió medidas para revertirlo. “Creo que las mujeres debemos estar en todos los colectivos en el porcentaje en el que estamos en el resto de la sociedad y somos un 51%”, solemnizó.

Han pasado siete años desde entonces y el policial sigue siendo un ámbito eminentemente masculino. Este miércoles, en la base policial de Oiartzun, Beltrán de Heredia ha presidido una de las mesas de seguimiento creadas para coordinar el dispositivo de seguridad ante la celebración en Biarritz de la cumbre del G7 y en el entorno fronterizo de manifestaciones y “contracumbres”. En la gran mesa, 16 varones y una mujer, ella. Estaban allí sentados Ertzaintza, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Foral de Navarra y Policía Local de Irún. Fuentes conocedoras de la reunión indican que entre el personal de apoyo a las distintas representaciones había también otra mujer, la responsable de Tráfico de la Ertzaintza en Gipuzkoa.  

Un informe elaborado por el Departamento de Seguridad sobre la situación de la mujer en la Ertzaintza ya alertó de que el policial era un ámbito poco igualitario. “La distribución en el cuerpo de la Ertzaintza según escalas es totalmente heterogénea para mujeres y hombres: las mujeres están distribuidas en las categorías inferiores y a su vez, dentro de éstas en unidades cuyas principales funciones son las de planificación, coordinación, tramitación de procedimientos administrativos, investigación y gestión. Las unidades con misiones específicas en protección y recursos operativos, por el contrario, están ocupadas casi exclusivamente por varones”, concluía el estudio. Una de las propuestas de aquel informe para corregirlo era “visibilizar la presencia femenina en el colectivo”.

La academia de Arkaute ha ahorrado un 50% en el presupuesto de montaje del escenario para el acto de graduación de la última promoción de la Ertzaintza, celebrado a principios del mes de julio, tras cambiar de empresa proveedora. Hasta el año pasado, este acto protocolario era contratado de manera directa con la firma Montai Produkzioak, dirigida por una cualificado miembro del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza, y en la que trabajan otros militantes 'jeltzales'. Montai Produkzioak, en 2018, cobró por sus trabajos 18.144 euros, según información oficial. Este año, aunque la liquidación de los servicios no se ha cerrado, el presupuesto de la compañía Imporcaravan ronda los “9.000 euros”.

Portavoces del Departamento de Seguridad confirman que “han cambiado de empresa” de montaje en 2019 respecto a las graduaciones de años anteriores porque se ha recibido un presupuesto más económico y explican que aspiran a que la liquidación de las labores de montaje -y desmontaje- se quede en alrededor de esa cantidad. A la pregunta de si ha habido modificaciones en el tipo de escenario requerido o en los materiales, estas fuentes oficiales responden que quizás se haya tratado de un trabajo más “sota-caballo-rey” en el sentido de que no se pedía una “moqueta bicolor” o dibujos en los paneles del montaje, como en ediciones anteriores. Personas asistentes consultadas, en cambio, indican que la escenografía fue “bastante similar” de un año a otro. 

Desde Montai, por su parte, manifiestan a este periódico que hay que atender también a la “calidad” de los materiales empleados y al “tiempo de alquiler” de los elementos para poner en su contexto los números. La empresa de Elorza, que opera también con otros nombres comerciales como Denok, Estali La Karpa o Kultur Kirol Zerbitzuak, no sólo se había encargado de la graduación de 2018, sino que era la empresa habitualmente contratada por la academia de la Ertzaintza. Se trata de trabajos adjudicados de manera directa, sin concurso y sin publicidad, al tratarse de presupuestos llamados “menores” porque no superan el máximo legal.

Vídeo de la graduación de la Ertzaintza de 2019 (ETB)

Fuentes del sector explican que esos cambios introducidos en el diseño de moquetas o en los propios escenarios podrían explicar un coste algo menor, pero nunca más de unos 500 ó 600 euros una vez analizadas las características concretas de este caso. El precio de la moqueta, por ejemplo, fluctúa más por el tiempo de colocación que requiere –no es lo mismo enmoquetar el suelo que una escalera– que por su diseño y, en todo caso, los modelos más caros son unos 2 o 3 euros más caros por metro cuadrado que los estándares. Remarcan estas fuentes que la oferta de la nueva empresa era “con precios de mercado” y que todo el material empleado era “homologado”.

De 2018 a 2019, además, también ha habido otro cambio, ya que han ingresado en la Policía vasca 324 personas por las 263 que lo hicieron el pasado año. Aunque los aspirantes a ertzaina presencian de pie los discursos del lehendakari y del resto de autoridades, los invitados sí disponen de sillas para seguir el acto. La instalación de sillas es una labor sencilla y no costosa, según las empresas consultadas, pero en principio debería requerir más tiempo si hay más participantes en el acto institucional. De nuevo, se trataría de cambios presupuestarios muy menores.

Vídeo de la graduación de la Ertzaintza de 2018 (ETB)

Montai Produkzioak no era sólo una proveedora habitual del Departamento de Seguridad para la organización de este tipo de eventos. También lo es de otras áreas del Gobierno vasco, sobre todo de Presidencia, de las diputaciones vascas y de numerosos Ayuntamientos. Sobresale el caso del de Hondarribia, en Gipuzkoa, donde gobierna el PNV y donde la empresa y sus filiales copan el “70 u 80%” del presupuesto total de áreas como Cultura, Deportes, Fiestas o Juventud, según la propia compañía.

Se da la circunstancia de que desde 2009 lleva trabajando allí sin contrato, recibiendo centenares de adjudicaciones 'a dedo' que superan los 2 millones de euros. La interventora ya ha alertado en varias ocasiones de las irregularidades de esas contrataciones directas pero cada informe de reparo para suspender esos pagos se encuentra con un decreto del alcalde, Txomin Sagarzazu, que levanta la suspensión y ordena el abono de las facturas.

EH Bildu ha puesto encima de la mesa un nuevo debate sobre la regulación de los establecimientos de hostelería y locales de ocio tras la polémica en torno a la limitación de conciertos en los bares. La coalición ha registrado en el Parlamento una iniciativa para que el Departamento de Seguridad modifique el reciente reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas, que reglamenta los horarios, ya que con carácter general marca que 'txokos' y lonjas juveniles han de bajar la persiana a la una de la madrugada.

“El Gobierno está creando un problema donde no hay un problema generalizado [...]. Supone un grave perjuicio para las decenas de miles de personas asiduas a esos locales, ya que, de incumplir ese horario, se arriesgan a recibir multas y denuncias administrativas”, sostiene el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona, que abunda que hay 1.500 sociedades gastronómicas en Euskadi y 62.000 jóvenes usuarios de lonjas. En este sentido, EH Bildu insta al Ejecutivo a acordar el reglamento que fija los horarios con Eudel (la principal asociación municipalista de Euskadi), el Consejo de la Juventud y representantes sociales a fin de “conciliar los diferentes intereses y garantizando en todo caso el descanso y la seguridad debidos a toda persona”.

Fuentes del Departamento de Seguridad explican que este nuevo reglamento no modifica ni una coma los horarios de cierre de estos establecimientos en relación a la normativa anterior, de 2012 e impulsada por el Gobierno de Patxi López. De hecho, las sociedades gastronómicas están reguladas desde 1995 y, desde 1997, con el actual régimen horario. Además, estas fuentes indican que hay tres excepciones a la norma general, lo que en la práctica amplía el tiempo de apertura de estos locales. Los fines de semana y festivos pueden abrir hasta las 2.30 horas, en verano media hora más y, si un ayuntamiento lo autoriza, hay opción de abrir hasta las 3.00 horas.

¿Deben reducir la intensidad de las luces de las sirenas las patrullas de la Ertzaintza para “evitar molestias en la conducción”? ¿Hay que redoblar la prevención en los estadios de fútbol para controlar a “un grupo de aficionados muy conflictivo”? ¿Por qué a veces cuesta tanto tiempo poner una denuncia en comisaría? ¿Qué tal denunciar a través de la App de la Policía vasca?

Éstas son algunas de las preocupaciones ciudadanas recogidas en 2017 por la Oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de Seguridad Pública (Ekinbide). Este organismo surgido en 2012 y regulado en 2015 ha enviado al Parlamento su informe anual sobre las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas por la Ertzaintza y el resto de servicios adscritos al Departamento de Seguridad. Cuantitativamente, Ekinbide ha recibido 361 iniciativas (un 12,8% más que en 2017) y ha admitido a trámite 321, el 76% quejas, un 15% agradecimientos, un 7% solicitudes y un 2% sugerencias.

El informe de Ekinbide destaca que las críticas al servicio policial “no son muy significativas” teniendo en cuenta que en 2017 hubo 81.971 denuncias, 5.135 detenciones y 21.829 investigaciones. El 24% de las quejas contra la Ertzaintza guarda relación con la atención en la recogida de denuncias. Son fundamentalmente los retrasos -algunos ciudadanos relatan que han tenido que volver otro día- o las “dificultades para hacer efectivo” el deseo de denunciar. Ekinbide plantea dar más información sobre los sistemas de cita previa o facilitar que los casos más sencillos se tramiten por Internet.

También hay casos de falta de privacidad en las zonas de atención o incluso mal trato por parte de los funcionarios. En Tráfico, asimismo, hay situaciones de malas “formas” empleadas por los agentes. En general, son 39 casos de quejas por el trato dispensado por la Ertzaintza, por 26 de “desatención” y 17 por falta de atención en euskara. Las detenciones o identificaciones son uno de los apartados con menos problemas, según Ekinbide. Sólo 3 de los más de 5.000 arrestados interpusieron alguna protesta, a los que hay que sumar 9 casos más de identificados.

En el apartado de sugerencias, hay peticiones de información semanal sobre estadísticas de crimininalidad o una propuesta para poder denunciar a través del 'smartphone'. Igualmente, a un ciudadano le molesta la “intensidad de las luces de puente de los coches policiales”, ya que aparentemente perjudican al resto de conductores. Asimismo, ligado a un asunto de actualidad, hay una petición de reforzar la vigilancia de los ultras del fútbol. Finalmente, entre los agradecimientos, una ONG ha felicitado a la Ertzaintza por la atención a refugiados kurdos localizados en un camión, se aplaude el servicio de la unidad de escoltas y también la dedicación de los equipos de rescate de desaparecidos.

La resaca tras la muerte por un infarto del miembro de la Brigada Móvil Inocencio Alonso durante los incidentes que se registraron entre aficionados radicales del Athletic y del Spartak de Moscú el pasado 22 de febrero no ha terminado. El enfrentamiento larvado entre los sindicatos de la policía y el Departamento de Seguridad que lidera la consejera Estefanía Beltrán de Heredia ha vuelto a la luz con fuerza esta semana. Y junto a la concentración que tendrá lugar este jueves delante del Parlamento, el malestar creado en la Brigada Móvil, cuerpo al que pertenecía el agente fallecido, por sus condiciones laborales puede desembocar en una 'huelga encubierta' entre el 12 y el 18 de marzo, justo cuando el Athletic se enfrentará en el partido de vuelta en Bilbao al Olympique de Marsella (15 de marzo). La fecha límite fijada por los agentes para obtener una respuesta por parte del Departamento vence el próximo 9 de marzo, según han confirmado a este periódico fuentes presentes en la asamblea celebrada esta misma semana en la sede de la Brigada Móvil.

El pasado martes más de un centenar de agentes de la Brigada Móvil -el cuerpo de élite de intervención de la policía vasca-, convocados por la central mayoritaria en el cuerpo, ErNE, se reunió en asamblea en la sede de Iurreta (Bizkaia) para tratar sobre su condiciones laborales. El ambiente creado en la unidad tras el fallecimiento de su compañero durante los incidentes entre radicales violentos de ambas aficiones futbolísticas y la “falta de respuesta a las reivindicaciones históricas” de esa unidad ha colmado la paciencia de estos agentes de élite, que han puesto un límite temporal para obtener una respuesta del equipo que dirige la consejera Estefanía Beltrán de Heredia: el próximo 9 de marzo.

Como los policías tienen prohibido expresamente el derecho de huelga -el sindicato ErNE lo reclamó ante los tribunales y llegó hasta Europa, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no les dio la razón en abril de 2015- el método ya empleado en otras ocasiones es convocar lo que los sindicatos denominan las “semanas de salud laboral”. Los agentes se ausentan de sus puestos de trabajo y enmascaran esa inasistencia acudiendo al médico durante su jornada laboral para pedir la baja.

Inocencio Alonso, 'Ino', de 51 años, falleció por causas naturales de un “tromboembolismo pulmonar masivo” durante los graves incidentes vividos en la explanada que rodea al estadio de San Mamés Barria, pero sus compañeros han denunciado las larguísimas jornadas laborales que arrastran en operativos especiales como el desplegado por el Departamento de Seguridad para ese evento deportivo. “Le podía haber pasado en otro sitio, pero le paso ahí, trabajando. Llevaba desde las 7 de la mañana en el operativo”, denunció al día siguiente un delegado del sindicato Esan, central a la que pertenecía al agente de la Brigada Móvil fallecido.

Los agentes de la brigada, conocidos con el nombre de beltzas por el color negro de su indumentaria, vienen reclamando sin éxito mayor presencia de ertzainas en los operativos policiales en los que participan, la formación continua que les fue “anulada desde hace tres años”, según denuncian, y un calendario único de retén y doblar los denominados 'bizkor' [la Unidad de Intervención Rápida, que ahora son tres efectivos por provincia en cada capital y lo consideran un número bajo]. Además, los agentes de la Brigada Móvil exigen compensaciones horarias y de índole económico cuando el Departamento modifique de manera unilateral los calendarios, descansos en los operativos de seguridad, relevos y desfibriladores, entre otras reivindicaciones.

“Plan de Modernización” de la Brigada Móvil

El Departamento de Seguridad, conocedor del creciente malestar en esta unidad de élite de la Ertzaintza, ha movido ficha. En la convocatoria del Consejo de la Ertzaintza, remitida a los sindicatos el mismo día de la asamblea en Iurreta, en la que participaron y votaron a mano alzada las medidas de presión los 112 agentes presentes, Seguridad incluye un punto en el que se anuncia a las centrales que se dará “información sobre la decisión del Departamento de abordar un plan para la modernización de la Brigada Móvil”.

En el otro punto del orden del día, el Departamento propone “la orden de la consejera de Seguridad de declaración de acto de servicio del fallecimiento de Inocencio Arias García, el pasado 22 de febrero de 2018, durante el dispositivo policial con motivo del partido de fútbol entre el Athletic Club y el Spartak de Moscú. La reunión está convocada para las 15:30 del 6 de marzo en la Dirección de Recursos Humanos en Erandio (Bizkaia).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló las restricciones al ejercicio de huelga para los miembros de la Ertzaintza por tratarse de un cuerpo policial para el que no se contempla esa posibilidad. El tribunal con sede en Estrasburgo, en su sentencia del 21 de abril de 2015, señaló que la prohibición del derecho a la huelga “no constituye una injerencia injustificada” y recordó que ese derecho no está reconocido en el Código Europeo de Ética de la Policía. Esta restricción, sin embargo, no ha impedido a los sindicatos convocar las denominadas “semanas de salud laboral” para forzar la negociación con el Departamento. Lo hicieron en 2004, forzando a los responsables de entonces, dirigidos por el consejero Javier Balza, a sentarse a negociar una mejora de las condiciones laborales. Entonces se llegaron a contabilizar un total de 1.800 bajas en el cuerpo.

Para subir la temperatura y en la búsqueda del cuerpo a cuerpo con el propio Íñigo Urkullu, los sindicatos retoman sus movilizaciones este jueves frente al Parlamento vasco con una concentración a partir de las 8:30 con el lema con el lema dirigido al lehendakari: “Nahikoa da/Es suficiente”. El objetivo es denunciar “la precariedad, la falta de medios, la falta de previsión en eventos deportivos” y la “incapacidad de los responsables políticos y policiales de este Gobierno vasco, que anteponen su imagen a la seguridad de los ciudadanos y de los propios funcionarios de la Policía vasca”, según denuncia ErNE, que ha convocado junto a ELA y el Sipe a todos los ertzainas.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, sólo tiene que poner fecha y firma al decreto que sustituirá el tradicional sistema de abono de dietas por desplazamiento y comida a los mandos de la Ertzaintza por un “complemento de jefatura” que supondrá para los 158 superintendentes, intendentes, comisarios y subcomisarios del cuerpo una subida salarial mensual de 278 euros. La medida entrará en vigor este mismo ejercicio y superará el 1% general que han mejorado las retribuciones de los alrededor de 70.000 funcionarios autonómicos. La documentación interna que maneja la consejera, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, estima que el cambio acarreará un ahorro al pasar de 644.763 euros anuales en dietas a 527.088 en la mejora salarial, si bien también existe un informe del letrado Asier Undabarrena, asesor de los servicios jurídicos centrales -que dependen del área de Josu Erkoreka y no de Seguridad-, que subraya que “sería aconsejable que se especificara de manera algo más detallada lo que se va a retribuir” realmente.

[El decreto para la modificación retributiva al que alude esta información se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 29 de diciembre de 2017]

Este “complemento de jefatura” aspira a poner fin a una de las mayores polémicas laborales en el seno de la Ertzaintza. El sindicato Sipe denunció hace ya varios años que las dietas que percibían los integrantes de las escalas superior y ejecutiva de la Policía no eran indemnizaciones por los gastos generados por el servicio, sino más bien un sobresueldo opaco a Hacienda. Los juzgados de lo penal han archivado la causa recientemente y tampoco el Tribunal de Cuentas halló responsabilidades económicas en la Administración, pero la Administración ha reconocido implícitamente las anomalías del sistema al abonar a Hacienda alrededor de 1,5 millones por el IRPF correspondiente a las dietas y que nunca se pagó. Asimismo, en los informes que acompañan al decreto que ahora se aprobará también se apunta que “no tiene efectos indemnizatorios” el desplazamiento “habitual” desde el domicilio hasta el centro de trabajo “libremente” elegido por los mandos y que, por lo tanto, esos gastos son “más retributivos que indemnizatorios”.

Aunque en las diferentes memorias que se han adjuntado al decreto, cuya tramitación se inició en 2016, existe un baile de cifras, el Departamento de Seguridad remarca que la medida no sólo no generará un mayor gasto, sino que incluso tendrá efectos positivos para las arcas públicas. En principio, la subida es de 3.336 euros anuales (278 mensuales en doce pagas), si bien en algunos documentos se alude a 278 euros en 14 pagas. En todo caso, sean 527.088 euros o más, lo que tienen claro los técnicos de Beltrán de Heredia en todos los escenarios es que la cuantía de la subida siempre será inferior a los 644.763 en que se estima el coste de las dietas que percibe la cadena de mando de la Ertzaintza.

En principio, el decreto ha de ser aprobado en 2017. Y es que la habilitación legal para ponerlo en marcha está incluida precisamente en la ley de presupuestos de este año, que ahora se está renovando en el Parlamento de cara al 1 de enero de 2018. Este ejercicio el conjunto de los empleados públicos -también los mandos- han tenido una subida salarial del 1%. Atendiendo a los sueldos que constan en las memorias que acompañan al borrador del decreto, en el caso estos altos funcionarios la mejora será de alrededor del 6-7% dependiendo del rango concreto.

Así las cosas, este cambio ha motivado la crítica de los sindicatos. Las actas de las reuniones de negociación con los representantes de los trabajadores revelan ese malestar. Según Erne, principal organización de ertzainas, es “curioso” que se resuelva esta situación sin que se atiendan reivindicaciones más viejas de los agentes de base. Esan habla abiertamente de “beneficiar a 150” y CCOO entiende que es “inaceptable” que no se aplique a “todo” el colectivo. Los denunciantes, Sipe, insistieron en esas reuniones en que son mejoras “superiores” a las previstas para el conjunto de los empleados públicos españoles en los presupuestos generales del Estado, de no más del 1%.

El asunto de las dietas había puesto en pie de guerra a la jefatura, que en febrero pasado anunció medidas de presión si no se resolvía el entuerto. El mayor momento de tensión llegó cuando Seguridad imputó individualmente a cada uno de los beneficiarios el IRPF que había regularizado con Hacienda. Las facturas de algunos funcionarios concretos, algunos de larga trayectoria y con muchos galones, superaban los 30.000 euros. El jefe policial, Jorge Aldekoa, también puso coto al mismo tiempo al uso de los coches oficiales. La mayoría de los mandos se unieron en una plataforma a modo de 'lobby'.

El presupuesto del Departamento de Seguridad para 2018, desglosado este miércoles en el Parlamento por la consejera Estefanía Beltrán de Heredia y su equipo, vuelve a recoger el objetivo de “renovar definitivamente el parque móvil de servicio policial”, en palabras de la consejera. La sustitución de los vehículos más antiguos de la Ertzaintza es, en efecto, una prioridad para el cuerpo, aunque se da la circunstancia de que el proceso para adquirir las 300 nuevas patrullas ahora prometidas en dos tandas, una para mediados de 2018 y otra para finales, ya se inició en 2015.

Inicialmente, Seguridad planteó adquirir en propiedad 240 nuevas unidades del vehículo que ahora se emplea habitualmente, el Seat Altea XL. Pero a mediados de 2016, cuando los coches ya estaban fabricados e incluso decorados, la Ertzaintza se vio obligada a renunciar a su incorporación porque llevaban los motores diésel manipulados de Volkswagen, a cuyo grupo pertenece la automovilística española.

A partir de ahí, el equipo de Beltrán de Heredia reformuló el contrato y planteó incorporar hasta 300 nuevos coches y con el sistema de 'leasing', que incluye en el precio final el mantenimiento y otros servicios y facilita una renovación más ágil de la flota. Ese procedimiento se inició en junio (con un precio de salida de 82.500 euros por unidad, además) pero, como publicó eldiarionorte.es, los recursos administrativos por defectos de forma en el pliego de condiciones para la adjudicación han vuelto a retrasar la llegada de vehículos, que desde luego no estarán en servicio en 2017.

Beltrán de Heredia ha confirmado ante la Cámara ese “cierto retraso” de este segundo contrato y los “obstáculos en el camino” para disponer de nuevos coches-patrulla. En este sentido, ha dicho que Seguridad está “a punto” de seleccionar ya la empresa adjudicataria entre las ofertas presentadas, lo que permitiría que la primera mitad de la nueva remesa de vehículos esté disponible en “unos cinco meses”. El proceso se completará “a finales” de 2018, ocho meses después, hasta sumar los 300 automóviles prometidos.

Los procesos para adquirir 70 nuevas furgonetas de tráfico y 100 todoterrenos también se han iniciado. En este caso, el precio medio máximo será de 132.000 euros por unidad en ambos casos, si bien el kilometraje no es ilimitado y habría penalizaciones si las furgonetas superan los 50.000 kilómetros anuales y los todoterrenos los 35.000. Asimismo, recientemente llegaron 600 nuevos vehículos camuflados. El presupuesto para 2018 para el abono de todos estos 'leasing' suma 11,1 millones de euros, más de 10.000 euros anuales por unidad.

Según los datos aportados por Beltrán de Heredia, la Ertzaintza copará 608 de los 640 millones de presupuesto anual de Seguridad. Asimismo, los gastos de personal sumarán 489 millones de euros, a los que hay que sumar las partidas de 9,6 millones de la academia de Arkaute para la formación de las dos nuevas promociones de la Policía autonómica, la XXVI y la XXVII, una vez levantados los vetos del Estado.

Algunas partidas destacadas por la titular de Seguridad han sido las destinadas a protección de víctimas de violencia de género, en su mayoría mujeres (4,6 millones) o los 2,2 millones para el nuevo sistema informático Morphobis, que mejora los mecanismos de identificación facial y dactilar de sospechosos y que ha sido adquirido recientemente. Asimismo, en un contexto de alerta 4 ante la amenaza yihadista, se continuará con la compra de materiales. En 2018, habrá 4,7 millones para chalecos antibalas “con mayor nivel de protección en los paneles balísticos”.

La oposición ha acogido con frialdad la propuesta de Beltrán de Heredia. Desde la bancada del PP, Nerea Llanos ha subrayado que las mejoras anunciadas en parque móvil son “las mismas” que en pasados ejercicios. Lander Martínez (Elkarrekin Podemos) ha criticado la escasa importancia que, a su juicio, tienen las políticas de igualdad en la Ertzaintza, un cuerpo con una muy escasa presencia femenina. Finalmente, Julen Arzuaga (EH Bildu) ha cuestionado el presupuesto por “inflado” y ha asegurado que no es necesario adquirir armas y materiales para la Ertzaintza. “Se puede hacer una Policía desarmada”, ha lanzado Arzuaga para sorpresa de la consejera, que ha recordado que la seguridad es un pilar más del Estado del Bienestar e incluso del desarrollo económico.

Hay un amigo que trabaja en el Gobierno vasco que tiene clara una cosa desde hace décadas: sólo acude a los actos cuando le cursan la correspondiente invitación. Es radical en el planteamiento y no hace ningún tipo de excepción. Nunca ha tenido problemas con del protocolo, ni con el derecho de admisión.

En algunas ocasiones, cuando se reúne en torno a una mesa con otros amigos para departir o darse un homenaje comparte mesa y mantel con otro colega que asegura con la misma rotundidad que el protocolo es una antigualla y que uno, esté invitado o no, sabe perfectamente adónde tiene que acudir, donde tiene que estar y, sobre todo, dónde se les espera como agua de mayo. En alguna ocasión, esta persona ha tenido problemas a la entrada de algún evento porque su presencia, no confirmada en eso que los anglosajones definen como the list (la lista) -you´re on the list (estás en la lista), altera el normal desarrollo del acto en cuestión y pone de los nervios al equipo de protocolo.

Si a esto añadimos que el mundo de las víctimas del terrorismo (y de sus asociaciones) es un terreno abonado -lo ha sido durante mucho tiempo en este país- para la manipulación, el reparto de dinero público ex puertas y en demasiadas ocasiones el olvido institucional -cuando no un indisimulado ninguneo-, cualquier homenaje de recuerdo a una víctima del terror puede derivar en una polémica donde el muerto, de nuevo, termina sepultado por un cruce de reproches o acusaciones.

A las 16:08 de este sábado, la oficina de prensa de Lehendakaritza ha remitido este escueto comunicado para aclarar lo ocurrido la víspera en el homenaje al ertzaina Txema Agirre, asesinado por un comando de ETA que pretendía causar una masacre hace ahora 20 años en la inauguración del Museo Guggenheim Bilbao. El atentado se produjo unos días antes del acto al que estaba previsto que acudieran, entre otros, el entonces Rey Juan Carlos I, el presidente del momento, Jose María Aznar, el lehendakari, José Antonio Ardanza, para pone el broche de oro a la apertura de la pinacoteca diseñada por Frank Gehry que ha puesto definitivamente a la capital vizcaína en el corazón del mundo.

Al homenaje organizado por los compañeros de Txema -con el apoyo del sindicato mayoritario de la Ertzaintza ErNE y la central nacionalista ELA -de la que era afiliado el ertzaina asesinado por los etarras- no acudió ni el lehendakari -que no había sido invitado-, ni la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, quien tampoco delegó en ningún otro miembro de su equipo al no haber sido oficialmente invitada. La convocatoria había sido difundida por sus impulsores día antes, lo que presuntamente motivo que el Ejecutivo enviara al acto a la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, quien tampoco había sido oficialmente invitada.

Al término del breve pero sentido homenaje en la explanada donde le asesinaron y que ahora lleva su nombre, en declaraciones públicas, el secretario general de ErNE recordó que Txema Agirre “dio su vida por que hoy en día todos podamos ver este museo y por los ciudadanos”. Y ambas centrales lamentaron que las instituciones y el patronato del Guggenheim no se hayan “implicado mucho más” en este homenaje.

La literalidad del comunicado remitido por la Lehendakaritza, 26 horas después del homenaje en el museo bilbaíno, es esta:

• “El Gobierno vasco fue invitado por el Guggenheim a un acto oficial de reconocimiento al que acudieron dos consejeros del Gobierno vasco.

• El GV no fue invitado al acto de reconocimiento organizado por los sindicatos. Aun así estuvo representado a través de Monika Hernando [directora de Víctimas y Derechos Humanos del Ejecutivo autonómico]. La presencia del Gobierno fue acordada con la familia previamente.

• El lehendakari participa todos los años en el acto de reconocimiento a todos los Ertzainas asesinados que se celebra el primer domingo de junio“.

“Les han jodido las críticas”, señalaba uno de los impulsores del homenaje presente el viernes en la explanada del Museo Guggenheim Bilbao, a la hora de valorar la respuesta tardía del Ejecutivo. La foto fija, sin duda, evidencia la sima abierta entre una parte mayoritaria del colectivo -junto con todos los sindicatos- y la cúpula del Departamento de Seguridad y de la escala de mando de la Ertzaintza. Una herida, trufada con argumentos de política de seguridad y de condiciones laborales, que no termina de restañar.

¿Y qué habrá pensado de todo esto Maite Mollinedo, la viuda del agente asesinado por ETA hace ahora 20 años?

Durante el 'puente' de la Fiesta Nacional española -este sábado ha sido la última vez- los bilbaínos han podido disfrutar -no sin empujones, pisotones y, en ocasiones, con un serio peligro de avalanchas a la hora de acceder o salir del recinto cercano a la pinacoteca- del montaje audiovisual 'Reflections', diseñado para celebrar el XX aniversario del museo. Como si de una metáfora de lo que aún supone la organización terrorista ETA para la sociedad vasca, el montaje audiovisual tiene como uno de los momentos más aclamados por la crítica y el público, a la araña que está junto al museo. De repente, toma vida y acaba desplegando sus finos hilos de la tela de araña hasta lograr atrapar y rodear a todo el museo, mientras engrandecida se pasea ufana por la superficie de titanio de la pinacoteca.

Así parece que a veces es la ya organización desarmada ETA, franquicia del terror que el próximo viernes 20 de octubre cumplirá seis años desde que anunciara en 2011 el final de su actividad de 50 años de violencia en nombre del pueblo vasco. Ya no está entre nosotros, pero sus efectos perviven, generando polémicas y desencuentros ahora que las bombas y las pistolas han sido silenciadas para siempre.

Triste estampa ahora que se acerca el aniversario de su derrota definitiva.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado este miércoles la convocatoria de la primera OPE conjunta de varios municipios para cubrir 72 plazas en sus respectivos cuerpos de Policía local. Sin embargo, la iniciativa, prevista hace meses y adelantada por eldiarionorte.es, no guarda ningún parecido con la propuesta inicial, ya que se caen un buen número de Ayuntamientos como el de Donostia y se incorpora otro de mucho peso con 25 plazas, la Policía de Bilbao.

El Departamento de Seguridad ha explicado que esta iniciativa surge del acuerdo entre la academia de Arkaute y la asociación de municipios Eudel, que ya acordaron crear una bolsa de interinos conjunta para unificar las sustituciones en los cuerpos locales. El objetivo es “simplificar y unificar los procesos de acceso y selección”, según la directora de Arkaute, Malentxo Arruabarrena, que ha destacado también el ahorro económico que supondrá este cambio al realizar de una vez doce OPE en una. Son los propios municipios los que han fijado “los requisitos” para cada una de las plazas, incluyendo el nivel de euskara exigido o los tipos de permisos de conducción requeridos.

Según los datos del Departamento de Seguridad, las 72 plazas se reparten de la siguiente manera: Abadiño (2), Arrasate-Mondragón (5), Arrigorriaga (1), Bilbao (25), Basauri (1), Galdakao (3), Getxo (14), MUngia (2), Santurtzi (7), Pasaia (3), Zarautz (6) y Zumaia (3). Inicialmente, la propuesta era la siguiente: en Álava, Llodio (6 plazas); en Bizkaia, Durango (4), Erandio (4), Portugalete (8), Getxo (de 8 a 10), Abanto (2), Trapagaran (2), Mungia (5), Leioa (7), Santurtzi (6), Amorebieta (1), Galdakao (3), Basauri (3), Arrigorriaga (1); y en Gipuzkoa, Donostia (30), Deba (1), Irun (de 9 a 11), Azkoitia (3), Pasaia (3), Tolosa (de 4 a 5), Zarautz (6), Beasain (1) e Ibarra (2).

Se da la circunstancia de que un Ayuntamiento vasco, el de Rentería, publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado una OPE de 7 plazas en su Policía al margen de esta iniciativa. Ello ha llevado al sindicato Erne a lamentar que no se haya hecho el esfuerzo por abarcar a todos los municipios vascos. “Sin estar en contra de la fórmula, lo vemos como un experimento porque no se incorpora a todos los Ayuntamientos. Nos parece que no es lo que debería ser, echamos en falta al resto. Vacantes hay más del doble que 72”, indican desde la central.

Sin límite de 35 años

El plazo de inscripción en esta OPE conjunta finalizará el 1 de octubre. Después, los aspirantes deberán superar una prueba teórica “tipo test”, un psicotécnico con cuatro ejercicios para evaluar las aptitudes y otro para analizar la personalidad, una entrevista personal y, como es habitual, pruebas físicas. Los salarios no son homogéneos y oscilan entre los 13.916 euros anuales más pluses de Arrasate-Mondragón a los 25.452 euros de Arrigorriaga, aunque la comparación es complicada porque hay muchas variables que pueden modificar estas propiestas iniciales como los festivos, los turnos de noche y otros.

Los aspirantes deberán ser españoles, tener una estatura mínima de 1,65 metros (hombres) o 1,60 (mujeres), tener como mínimo el graduado en ESO, no tener problemas médicos y no haber sido condenado por delito doloso o expulsado por una falta grave de alguna otra convocatoria policial en el País Vasco. No se alude en ningún momento al límite de 35 años que sí se fija en la Ertzaintza, por lo que se entiende que los nacidos antes de 1982 pueden aspirar a una plaza igualmente.

Esta iniciativa es una más dentro de los planes del Gobierno vasco por impulsar la homogeneidad y coordinación de los distintos cuerpos locales dentro del paraguas de la Udaltzaingoa. Es un proceso que ya se ha llevado a cabo en otras comunidades autónomas como Canarias o Madrid. La Rioja también ha celebrado una OPE conjunta. En Euskadi, desde hace años se ha impulsado una imagen corporativa única para todos los ayuntamientos, que incluye uniformes y vehículos comunes. Vitoria, no sin polémica, ya ha estrenado vehículos con el color azul oscuro y el ‘eguzkilore’ que representan a la Udaltzaingoa, al igual que municipios como Llodio o Leioa. Bilbao y San Sebastián, en cambio, aún mantienen su plena autonomía en cuanto a imagen corporativa.

La violencia y los incidentes en los espectáculos deportivos son una realidad en Euskadi, sobre todo en los campos de fútbol. Hay insultos, peleas, agresiones, lanzamiento de objetos y hasta quien cuela bengalas (o clubes que lo permiten). En el año 2016, el último completo con la estadística cerrada, el Departamento de Seguridad abrió 82 expedientes por infracciones previstas en la Ley contra la Violencia en el Deporte de 2007, 80 a espectadores y dos más a las entidades organizadoras, según los datos a los que ha tenido acceso eldiarionorte.es.

Las cifras muestran que la abrumadora mayoría de los problemas se concentraron en el fútbol, cuyos partidos coparon el 96% de las incidencias (79 casos por solamente tres del baloncesto y ninguno del resto de disciplinas). Por territorios, el grueso de las sanciones se produjo en Bizkaia (46), aunque en Álava hubo una proporción importante (24), el doble que en Gipuzkoa (12), que además tiene dos equipos en Primera División, la SD Eibar y la Real Sociedad.

Con diferencia, la más común de las sanciones se debió a “insultos y amenazas” (22 casos). También se han registrado “agresiones” (15), “peleas y desórdenes públicos” (11) y consumo de bebidas alcohólicas o drogas (10). El resto de casos fueron “rotura de objetos y daños materiales” (6), “vigilancia al equipo contrario para preparar una agresión” (5), lanzamiento de objetos al terreno de juego (4), estar borracho en el recinto deportivo (3), saltar al campo (1), introducir “artefactos pirotécnicos” (1), colarse sin entrada (1) o impedir el trabajo de los agentes de la autoridad (1).

Ésos son los 80 casos referidos a espectadores. Las sanciones que recibieron fueron bien pecuniarias (multas de un mínimo de 150 y de un máximo de 3.500 euros en función de la gravedad de los hechos) o bien de prohibición de acceso a espectáculos deportivos. En este caso, 10 personas han sido vetadas. El mínimo es de un mes y el máximo de una temporada completa.

Finalmente, la estadística revela que en dos ocasiones las sanciones han recaído sobre los propios clubes. Se trata de casos en los que los organizadores han mostrado “deficiencias en el control de acceso”, lo que ha permitido “la introducción y encendido de objetos pirotécnicos”, fundamentalmente bengalas.

Se da la circunstancia de que, además, el Departamento de Seguridad ha empezado ya a cobrar a los organizadores de distintos eventos, entre ellos los deportivos, en caso de que se requiera una seguridad adicional a la ordinaria, como ocurre con los rescates en montaña si se constata una negligencia del ciudadano. En 2016 se tramitaron un total de 11 expedientes “de cobro de servicios añadidos especiales”. Se trata de que las entidades privadas paguen 31 euros por ertzaina y hora si se precisan más medios que los rutinarios. De 21.600 euros recaudados, 13.500 correspondieron a un partido de Europa League de febrero de 2016 entre el Athletic Club de Bilbao y el Olympique de Marsella.

Salvo cuando se producen atentados, Euskadi habla poco de la amenaza yihadista. Pero como el resto de España está en alerta 4 (sobre 5) desde junio de 2015, si bien el Departamento de Seguridad ha venido opinando que en ocasiones se debería haber rebajado a 3 porque, como ha incidido este viernes la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, “Euskadi no es un objetivo concreto”.

La realidad es que desde hace tiempo se realizan análisis semanales de riesgos por parte de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza, un cuerpo que ha intensificado la coordinación y el intercambio de información entre la Policía autonómica y las Fuerzas de Seguridad del Estado y que en la calle desarrolla regularmente misiones preventivas y operativos especiales, como el que se vio en Vitoria en el inicio de las fiestas de la ciudad, un acto que concitó a unas 80.000 personas en pocas calles y plazas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha encabezado los actos en repulsa por lo ocurrido en Cataluña, ha prometido que Euskadi tiene activos “todos los recursos” contra esta amenaza, aunque los sindicatos policiales insisten en que el Gobierno vasco no termina de creerse la espada de Damocles que supone el yihadismo en un territorio que también está incluido en la Al Andalus que anhelan reconquistar Daesh y otras organizaciones. Prueba de ello puede ser la fotografía que hace unos veranos unos radicales tomaron en La Concha, donde colocaron la bandera negra del autodenominado Estado Islámico. Distribuyeron la imagen en redes sociales.

Nada más producirse el atentado de Barcelona –y antes de los sucesos de Cambrils- la jefatura de la Ertzaintza, que tiene todas las competencias de orden público y seguridad ciudadana y comparte las de investigación e Información con Policía Nacional y Guardia Civil, ya transmitió una orden a todas las unidades para que extremasen las medidas de autoprotección (chalecos antibalas y armas largas) y para redoblar las tareas preventivas y de vigilancia de puntos críticos. La breve comunicación se ha leído en los ‘briefing’ de todas las comisarías (reuniones de coordinación antes de cada turno) y así se está poniendo en práctica. No se trata de hacer nada especial, sino de “recordar” que hay que seguir con las espadas en alto, según mandos policiales.

De manera ordinaria, se vigilan nodos de transporte (en los aeropuertos con la colaboración de Tedax –artificieros- de la Guardia Civil) o lugares de interés turístico, como el Guggenheim de Bilbao. También se peinan infraestructuras críticas o delegaciones diplomáticas. Y, de manera extraordinaria, se realizan operativos especiales como el preparado el 4 de agosto en la bajada de Celedón de Vitoria o los diseñados para los fuegos artificiales de estos días en Donostia o para el arranque de la Aste Nagusia de Bilbao. Sin embargo, al menos en el caso de Vitoria, aquel plan coordinado con la Policía Local no se promocionó como tal, sino simplemente como medidas para evitar el acceso con botellas de vidrio al recinto festivo.

“Hay que creerse que estamos en nivel 4”

“Parece que piensan que cuanta menor presencia o menor visibilización de las medidas, mayor sensación de seguridad. Y se equivocan. Es justo al contrario. La ciudadanía pide presencia policial en estos momentos”, opina Roberto Seijo, secretario general del sindicato Erne, el mayoritario en la Ertzaintza. “¿Qué hay que hacer? Primero creerse que estamos en nivel 4 y cumplirlo”, añade Seijo. En la misma línea se expresó el sindicato Esan en un comunicado de condena de los ataques de Cataluña: “Demandamos al Gobierno vasco que se tome más en serio el tema de la alerta terrorista en Euskadi y las medidas de seguridad a aplicar tanto por parte de la Ertzaintza hacia la ciudadanía como la propia seguridad de los ertzainas”. Según Esan, no basta con publicitar que existe un nivel 4, sino que ello “conlleva medidas como la formación inmediata de todos los ertzainas” o la “dotación de armamento adecuado”.

“Esto no es sólo Inteligencia, que también, e Intervención, que también, sino disponer de policías en sitios estratégicos para dar respuestas inmediatas y evitar víctimas, como hemos visto en Cambrils. Y aquí eso no ocurre. No es una cuestión que ha sucedido sólo en Barcelona, llevamos más de un año y medio en muchos sitios”, explica Seijo.

En un comunicado enviado tras los atentados, Erne planteó una serie de puntos con mejoras necesarias en la Ertzaintza, medidas que la central ve urgentes e imprescindibles y que ya planteó en 2016 en una rueda de prensa ofrecida junto a portavoces de los Mossos d'Esquadra en Barcelona. “Somos la única Policía europea que no tiene un plan específico de tiro. Necesitamos una formación continuada y que el Departamento no tenga miedo a dotarnos de armas largas”, sostiene Seijo, que demanda también una “rectificación” en la orden que impide el uso del arma reglamentaria fuera de servicio.

Euspel también opina en la misma línea: “Es una reclamación que venimos haciendo desde hace meses por escrito, aunque evidentemente no sería lo único a mejorar”. Esan ha solicitado públicamente a la consejera que se reúna con los sindicatos para abordar esta situación interna que muchos portavoces sindicales coinciden en calificar como de “caos organizativo”.

La alerta terrorista, por ejemplo, ha vuelto a poner sobre la mesa la situación del parque móvil de la Ertzaintza, pendiente de renovación. ¿Son necesarios blindados? Este tipo de vehículos que se incorporaron bajo la amenaza de ETA ya no se adquieren y muchos de los que siguen en servicio (Volkswagen Passat) no tienen las lunas protegidas. “A veces se piensa que invertir en seguridad es un gasto superfluo. Pero ayer, hoy y mañana la sociedad está en manos de la eficacia de la Policía”, sentencia Seijo.

12 operaciones policiales desde 2012

En la Cadena Ser, Beltrán de Heredia se ha mostrado partidaria de “mantener” la panoplia de medidas ya activas desde 2015, aunque a la luz de lo ocurrido en Cataluña se puedan “revisar” o “reforzar” sin llegar a alcanzar el nivel 5 sobre 5, que implicaría ya sacar al Ejército a las calles. “A juzgar por las informaciones que tenemos, Euskadi no es un objetivo concreto, aunque no está nadie a salvo de este tipo de actos, pues son absolutamente imprevisibles. Lógicamente, esto hace que los operativos se refuercen”, ha apuntado la titular de Seguridad.

Desde 2012, según la información del Ministerio del Interior, ha habido 12 operaciones contra el yihadismo en Euskadi por parte de los distintos cuerpos de seguridad. Los arrestados, en total, han sido 13. El retrato robot es el de un varón joven radicalizado y que, en su mayoría, hacía proselitismo del islamismo más fundamentalista en redes sociales de Internet. También hay algunos casos aislados de personas residentes en el País Vasco que viajaron a Siria u otras zonas de conflicto como ‘muyaidines’.

En la comunidad autónoma residen unos 50.000 musulmanes. Un elemento de análisis muy importante es que no es una comunidad homogénea y que no puede ser tratada como tal. Primeramente, porque el nivel de radicalización afecta a una ínfima parte. La inmensa mayoría tiene muy claro que Islam verdaderamente significa paz. La Ertzaintza, de hecho, incorpora en su plan contra el yihadismo también medidas contra la islamofobia.

En este sentido, esta comunidad reproduce en su seno las mismas divisiones internas que tiene el mundo islámico a nivel global. Para empezar, hay suníes y chiíes. Y en suelo vasco se dirime también la batalla soterrada entre el Islam oficial de Marruecos y el opositor ilegalizado, vinculado a Justicia y Desarrollo. Eibar o Rentería son lugares donde este grupo que no reconoce al rey Mohamed VI como líder espiritual ha ganado posiciones. El pasado verano saltaron a la primera línea por querer centralizar en San Sebastián un centro de estudios, la llamada Universidad Islámica, a la que se ha acusado de cierto radicalismo.

Finalmente, es una evidencia que en Euskadi no hay mucha presencia de sauditas o iraníes. Pero es igualmente evidente que Arabia Saudí está inyectando dinero en toda Europa para que se haga proselitismo del wahabismo, su doctrina ortodoxa, y que Irán, en menor medida, también mueve sus hilos. También en Euskadi, aunque la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, no respondiera a una pregunta a ese respecto que se le planteó en el Parlamento.

Es en este contexto donde se han dado los casos de radicalización detectados en Euskadi, que en todo caso no tiene una amenaza tan grande como la existente en Cataluña, Ceuta y Melilla, los principales focos de yihadismo en España. La Margen Izquierda, por ejemplo, acogió hace unos años un importante congreso salafista, con predicadores venidos de muchas partes de Europa y Oriente. Algunas pocas mezquitas vascas, además, habitualmente han servido de albergues para esos imames que hacen rutas por Europa con mensajes no siempre homologables a los valores centrales del Islam. Asimismo, la agobiante presión policial en Francia tras los atentados de París de 2015 ha hecho que muchas personas de la zona fronteriza acudan a oratorios en Gipuzkoa. 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en un auto fechado a 27 de junio de 2017 que tuvo como ponente a la magistrada Rosa María Virolés Piñol, ha rechazado por segunda vez y de forma definitiva la admisión a trámite de un recurso del principal sindicato de la Ertzaintza, Erne, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que había anulado por distintas irregularidades las elecciones sindicales del cuerpo, celebradas en 2014 y vencidas con holgura precisamente por Erne. Esta resolución judicial del Supremo convierte en firme la sentencia del Superior y forzará al Departamento de Seguridad a repetir los comicios. La previsión es que la votación se produzca en otoño, según las fuentes consultadas.

Fue CCOO-Ertzaintza, que en los comicios internos de 2014 quedó relegado de los órganos de representación de los funcionarios de la Ertzaintza al perder cinco de sus seis delegados con respecto a 2010, quien acudió a los tribunales para impugnar los resultados. Dos fueron los motivos esgrimidos por la sección sindical. El primero, que se abrió el plazo del voto diferido (una fórmula similar al voto por correo) cuando ni siquiera se había dado publicidad a la celebración de las votaciones a través del Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Y, en segundo lugar, expuso que en las papeletas sólo figuraban los nombres de los sindicatos y no los de todos y cada uno de sus candidatos a delegado, como es preceptivo. Sólo ELA cumplió con los requisitos.

La nulidad del procedimiento ya fue decretada por un juzgado de primera instancia de Bilbao. Erne y Esan, primera y segunda fuerza en aquellas elecciones, recurrieron ante el Superior sin éxito y finalmente Erne continuó con la batalla jurídica en el Supremo, aunque nuevamente sin poder dar la vuelta a la impugnación de CCOO. En febrero, como publicó este periódico, el alto tribunal ya abrió la puerta a la repetición electoral, aunque aquel fallo era aún recurrible en la misma instancia. Erne se agarró a ese resquicio pero ahora, en junio, ha recibido otro auto de inadmisión que, además, “declara la firmeza de la sentencia” y por lo tanto la nulidad de la convocatoria de 2014. El auto, en todo caso, no exige al sindicato el abono de las costas del proceso

Según el Supremo, “existen serias dudas de que quedara claro el sentido y alcance de los votos” cuando los funcionarios depositaron en las urnas papeletas no conformes al reglamento interno. El que no aparecieran nombres, según se alegó por parte del Departamento de Seguridad, era una medida más de prevención ante la amenaza de ETA. En cuanto a las “invocadas razones de seguridad”, el alto tribunal estima que “no se consideran suficientes” para no dar publicidad a los candidatos concretos y señala textualmente que el hecho de que se hubiera aplicado esta medida con anterioridad “no justifica su perpetuación para el futuro” más si cabe “cuando las circunstancias políticas y sociales pueden ser muy diferentes”, en clara alusión al final del terrorismo de ETA ocurrido en 2011 y que en 2014 ya estaba consolidado.

En este escenario, las fuentes consultadas explican que habrá una nueva convocatoria electoral en otoño de este año, previsiblemente a finales de noviembre. Hasta ahora, la representación sindical continuaba siendo, a efectos legales, la misma que durante el período 2010-2014, con CCOO-Ertzaintza precisamente como principal beneficiaria al continuar con seis delegados. A pesar de tratarse de una repetición electoral, no está previsto que haya nueva convocatoria en 2018 y se espera que los resultados de 2017 sean válidos para cuatro años.

El Departamento de Seguridad ha activado ya el concurso público para la adquisición de 300 coches-patrulla para la Ertzaintza, lo que supondrá la renovación de casi toda la flota de vehículos con distintivos (351 unidades en 2015, con una media de 7 años). Por vez primera, la Policía vasca no recibirá en propiedad los automóviles, sino que llegarán en 'renting' para cinco años prorrogables hasta siete con el ánimo de rejuvenecer periódicamente un parque móvil que ahora mismo está avejentado en muchas unidades y comisarías. La fórmula ya se empleaba en los coches 'camuflados' y en otras áreas del Gobierno vasco. El coste máximo previsto es de 1.295 y 1.375 euros mensuales (IVA incluido) por unidad, lo que supondría pagar al final del contrato un tope de 77.700 o 82.500 euros por el coche, por su mantenimiento y reparaciones (con ITV) y por los gastos de seguros e impuestos, que estarán incluidos.

Según explican portavoces oficiales, estas cifras (que arrojarían un presupuesto de 24 millones de euros) son sólo el punto de partida y el Gobierno vasco espera lograr una importante rebaja en ese precio máximo de licitación después de recibidas las ofertas, cuyo plazo de presentación se inicia precisamente ahora. No obstante, el dato contrasta con que en 2015 se planteó la adquisición en propiedad de 120 Seat Altea XL por 37.500 euros cada uno. Se da la circunstancia de que este nuevo contrato sustituye precisamente a la compra de estas patrullas, que tuvo que ser suspendida incluso con los vehículos ya fabricados y rotulados, debido a que los motores diésel de esos Seat eran algunos de los afectados por el escándalo de la manipulación de emisiones contaminantes en el grupo Volkswagen, al que pertenece el fabricante de Martorell.

No hay aún una estimación temporal de lo que tardarán en llegar las 300 nuevas patrullas, que se describen como “monovolúmenes” y que se dividen en dos grupos, 150 con habitáculo para detenidos en la parte trasera (algo más caros) y otros 150 “sin kit de detenidos”. La Ertzaintza especifica, eso sí, que “todos los vehículos de ambos grupos serán de la misma marca y modelo”. Hasta ahora, el grupo Volkswagen había sido el favorito en las últimas compras (Passat, Transporter y Altea, principalmente) y en los inicios del cuerpo fueron Talbot y, sobre todo, Renault las proveedoras habituales (18, 19, 21 y Mégane). Mercedes-Benz también ha suministrado numerosas furgonetas.

Recientemente, la Policía Nacional también incorporó monovolúmenes mediante el sistema de 'renting' con mantenimiento incluido. Fueron 942 Citröen C4 Picasso a 38.428 euros por unidad, aunque en este caso para cuatro años y con una media de 27.000 kilómetros de uso anuales (en la Ertzaintza se estima en 35.000). El coste por kilómetro era de 0,35 euros y el máximo previsto en la Policía vasca es de 0,47, en el caso de los coches con habitáculo para detenidos.

En Cataluña, los Mossos d'Esquadra también han adquirido en los últimos años decenas de vehículos nuevos, en este caso a Seat (el Altea XL era la dotación habitual de muchos cuerpos). Su coste final fue de 40.487 euros por automóvil, con un ahorro del 28% respecto al precio inicial previsto, unos 56.000 euros.

¿Y qué ocurre en el resto del mundo? Italia adquirió por miles (se hablaba de 4.000) patrullas de la marca Seat (que rompió con el tradicional suministro de Fiat) a un coste medio de 43.897 euros. En el Reino Unido, el portal de transparencia del Home Office revela el precio pagado por todos los cuerpos del país. La Policía de Londres adquirió a 10.558 libras esterlinas (12.133 euros al cambio actual) sus últimos Vauxhall Astra y la de Manchester compró 54 Hyundai por algo más (11.500 libras). En Nueva York, el clásico Ford Crown Victoria tenía un coste unitario de 19.000 euros.

La 'web' de la Ertzaintza, en los coches

El pliego de condiciones del concurso de vehículos de la Ertzaintza desgrana al detalle de cómo serán los nuevos coches-patrulla. No hay grandes novedades: serán diésel, con 120 cv como mínimo, automáticos y con sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Llevarán doble batería, una para el vehículo y otra para el equipamiento policial específico. Se ofrecen más especificaciones sobre los coches con habitáculo para detenidos, cuya apertura “sólo se podrá realizar desde el exterior”, lógicamente. Las paredes de esa “celda” serán “impermeables”, los asientos serán “resistentes” e incluso habrá “desagües” ante posibles orines o vómitos.

Los coches “deberán ser entregados pintados” con los distintivos de la Ertzaintza, que son los colores blanco, azul y rojo, los escudos del cuerpo, una ikurriña, el teléfono 112 y, como novedad, la dirección Ertzaintza.eus. Evidentemente, la patrulla incorporará un sistema de iluminación, de sirenas y de comunicaciones propio del servicio policial. Asimismo, tendrá dispositivos para el transporte seguro de armas y otros enseres.

Los coches nuevos de la Ertzaintza no son blindados -el cuerpo los adquirió en su día por la amenaza de ETA y algunos de esos Volkswagen Passat continúan en servicio- pero sus lunas deberán estar a prueba de “ballestas” y “tiragomas”. “La ballesta debe rebotar en el cristal y en ningún caso atravesar el cristal”, se lee textualmente en el pliego de condiciones técnicas.

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao ha dictaminado en una sentencia contra la que no cabe recurso que la Administración, en este caso la Ertzaintza, está obligada a abonar a un funcionario los costes de renovación de un permiso necesario para el desempeño de sus funciones policiales. El sindicato Erne interpreta que este caso abre la puerta a que todos los empleados públicos reclamen una compensación por la expedición y renovación de permisos, incluyendo el carné de conducir B, el permiso ordinario que ahora es válido también para manejar un coche-patrulla.

El caso en cuestión, sustanciado con una resolución judicial del pasado 20 de abril, afecta a un agente de la Unidad de Vigilancia y Rescate que entendía que la Administración tenía que pagar en su nombre los 57,55 euros correspondientes a su nueva licencia como piloto de embarcaciones. El convenio colectivo de la Ertzaintza nada recogía al respecto, pero el ertzaina alegó que sí se prevé indemnizar a los funcionarios cuando se trata de otro tipo de licencias como el BTP o el C1 de automóviles.

El juez Alfonso Álvarez-Buylla asegura que las normativas hay que aplicarlas de manera garantista y que si se contempla una “indemnización” por razón de servicio para quienes renueven un BTP o un C1, incluso para cubrir el gasto de las fotografías, no se puede discriminar a quien precise un carné de barco. “Existe una evidente identidad”, argumenta el magistrado.

Según el sindicato Erne, la sentencia marca claramente que la Ertzaintza ha de “asumir todos los gastos que supongan a cualquier miembro del cuerpo la renovación de cualquier carnet”. En este sentido, interpreta que “por fin” se abre la puerta a que la Administración corra también con los gastos que acarrea el mantenimiento del permiso B de conducir, el ordinario. La central recuerda que España eliminó el título específico para servicios de emergencias (BTP) y que ahora la licencia requerida para un coche-patrulla es la misma que la necesaria para un turismo particular (B), por lo que entiende que en aplicación del convenio y de esta sentencia no tendría que haber problemas para que la Ertzaintza abone esa compensación, incluso otras instituciones públicas.

El buzón Ekinbide, diseñado por el Departamento de Seguridad para recoger quejas, agradecimientos, solicitudes o sugerencias ciudadanas sobre la Ertzaintza y el resto de servicios de emergencias, recibió en 2016 220 denuncias ciudadanas, según la memoria estadística enviada por la consejera Estefanía Beltrán de Heredia al Parlamento. Son casi un 20% menos que las recibidas en 2015 (272), mientras que los agradecimientos han pasado de 10 a 35.

El área en la que más han incidido los ciudadanos es la unidad de Tráfico de la Ertzaintza, que acumula 63 quejas. En su mayor parte, subraya la memoria de Ekinbide, “se trata de situaciones en las que la intervención viene motivada por el incumplimiento de alguna normativa de tráfico y en las que las personas afectadas manifiestan su disconformidad con la denuncia y/o el trato recibido en ese momento”.

Hay también 49 quejas por la atención recibida en las comisarías de la Policía vasca, el grueso de ellas relacionadas con demoras en la presentación de denuncias, que “es atribuida a la falta de personal”, según Ekinbide. También hay ciudadanos que han protestado por la falta de privacidad en algunas instalaciones. A estas quejas se suman 13 por “abusos” en procesos de detención o identificación y 11 por “desatención”.

En todos estos capítulos, las quejas se han reducido de manera notable respecto a 2015. Hace dos años hubo 82 denuncias por asuntos de Tráfico, 78 por problemas de atención en las comisarías o 19 por incidencias en detenciones e identificaciones. Incluso en 2016 no se recoge ningún problema relacionado con los casos de violencia de género atendidos, cuando doce meses antes fueron 9 casos.

Atención en euskera

Sin embargo, sí hay un apartado en que la situación ha ido a peor: el euskara. Las quejas por no recibir atención en lengua vasca han crecido de 21 a 27. La Ertzaintza es una de las áreas de la Administración vasca que históricamente peores índices de euskaldunización ha tenido. El informe anual de Ekinbide se limita a reseñar que “las unidades de la Ertzaintza que recibieron quejas por falta de atención en euskera informaron de las medidas que el Departamento de Seguridad está poniendo en marcha para la euskaldunización de este colectivo”.

Ekinbide también ha planteado otras propuestas de “mejora”. Se desarrolló, por ejemplo, “una iniciativa para facilitar la tramitación de las autorizaciones a menores para viajar al extranjero” y se ha propuesto “la renovación y adecuación de un puesto de atención ciudadana”. Asimismo, la memoria apunta a que “como consecuencia de la investigación de una queja se abrió un expediente disciplinario contra una agente”.

Pero el servicio Ekinbide no sólo recibe quejas, también felicitaciones, solicitudes o sugerencias. Los agradecimientos, por ejemplo, se han triplicado al pasar de 10 a 35 en un solo año. Tienen que ver rescates, búsqueda de desaparecidos o buena atención ciudadana. El documento entregado al documento detalla con mucho más detalle estas felicitaciones que las quejas.

Finalmente, la memoria incluye también un resumen de las sugerencias recibidas. Una de ellas persigue “mejorar los métodos utilizados en los controles de drogas para evitar falsos positivos” y otro ciudadano ha planteado “que los vehículos policiales de la Ertzaintza utilicen una pila de hidrógeno como alternativa a la combustión de fósiles de petróleo”.

Primero fue un juzgado de primera instancia de Bilbao, después se pronunció el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ahora lo hace el Tribunal Supremo. El alto tribunal, en una providencia en la que inadmite el recurso del sindicato de la Ertzaintza Erne a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, asume los argumentos iniciales de CCOO y entiende que se han de repetir las elecciones internas de la Policía vasca de 2014 ya que se produjeron algunas irregularidades en las papeletas. Aquellos comicios fueron ganados con holgura por Erne, Esan superó a ELA como segunda fuerza y CCOO pasó a ser una organización residual sin apenas representatividad.

“En el caso de autos, en el que no aparecen los posibles electores en las papeletas [excepto en el caso de ELA], se estima que existen serias dudas de que quedara claro el sentido y alcance de los votos [de los ertzainas]”, se puede leer en la resolución judicial de la sala de lo social del Supremo, que no admite a trámite el recurso de Erne. El documento, fechado a finales de febrero y que no es firme ya que caben alegaciones tanto por parte de Erne como por parte de la Fiscalía, que ya han sido presentadas y están pendientes de análisis, subraya que “incluso se abrió el plazo para el voto diferido [similar al voto por correo] sin que se hubiera dado publicidad a las candidaturas” y que “la nulidad de las elecciones se sustenta también en que la proclamación de los candidatos no se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco”.

Fue el Juzgado de lo Social 8 de Bilbao el que declaró nulas las elecciones sindicales en la Ertzaintza celebradas el 30 de octubre del 2014 en primera instancia. Dictaminó que no era válido el reparto de delegados salido de las urnas y dio la razón a la pequeña sección policial de CCOO, que perdió cinco de sus seis electos. Según CCOO, se produjeron “una serie de irregularidades”, como la no publicación de candidaturas en BOPV, que los aspirantes no figurasen en las papeletas o que se activara el voto diferido antes de las proclamación de candidatos.

Erne y Esan recurrieron ese primer fallo al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pero de nuevo se atendió a los requerimientos de CCOO. Finalmente, sólo Erne continuó la vía judicial en el Supremo y no descarta acudir en amparo al Constitucional si no se atienden ahora sus alegaciones y la inadmisión de sus pretensiones adquiere firmeza.

En este momento, de manera provisional se mantiene el reparto de delegados salido de los comicios de 2010. En principio, las próximas elecciones sindicales están previstas para 2018.