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El juez da carpetazo al caso de las dietas en la Ertzaintza

El instructor de la causa ve "irregularidades" en el pago de dietas a los mandos por valor de 2,2 millones de euros, pero dice que esa práctica "no encaja dentro del tipo penal de malversación de caudales públicos"

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La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia.

La última causa que quedaba abierta en relación al caso de las dietas en la Ertzaintza, la residenciada en la vía penal, ha quedado archivada por el juez instructor, aunque la decisión no es firme. El titular del Juzgado de Instrucción numero 6 de Bilbao considera que pese a las "irregularidades" detectadas en el pago de las dietas a funcionarios por ir y volver de casa al trabajo -algo considerado por el juez "llamativo"-, esos gastos "no encajan dentro del tipo penal de malversación de caudales públicos".

La resolución, adelantada este miércoles por el diario El Correo, será recurrida por el sindicato que llevó el pago de las dietas a los mandos de la Ertzaintza entre 2012 y 2014.

La Ertzaintza lleva años sumergida en la polémica por el uso de coches oficiales y el pago de dietas a los agentes con más galones. El sindicato Sipe denunció que el abono de dietas no justificadas, en algunos casos a funcionarios que ya tenían el transporte cubierto con el coche oficial, había supuesto durante años un sobresueldo no justificado de hasta el 20 ó 30% para los beneficiarios. Lo hizo ante el Tribunal de Cuentas y ante un juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao que, a su vez, derivó el caso a la jurisdicción penal, la que ahora acaba de archivar el juez instructor.

La causa fue archivada recientemente también en el Tribunal de Cuentas.  En su sentencia, el Tribunal dejó constancia de que "se han realizado pagos a agentes de las escalas superior y ejecutiva que no pueden considerarse justificados en concepto de indemnizaciones por razón del servicio" . Pero rechazó que las directoras del Departamento de Seguridad Miren Karmele Arias y Guadalupe Camino devo  devolvieran de su bolsillo los alrededor de los 2 millones de euros en que se fijó el efecto económico de estas irregularidades al interpretar que ambas no actuaron con dolo o negligencia, ya que se limitaron a aplicar un decreto de indemnizaciones aprobado por el anterior consejero de Interior, el socialista Rodolfo Ares. 

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