La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) considera que puede haber “irregularidades constatadas” en relación con el fichaje del exdirector general de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Pere Calvet, por la compañía de autobuses Alsa, según avanzó ElCritic.cat y confirmó la agencia ACN. Calvet ha sido investigado por la OAC por si su paso a una empresa privada con la que había tenido relación como directivo de FGC, antes de que se cumplieran los primeros dos años tras dejar el cargo, vulnera la ley de incompatibilidades de altos cargos. Antifrau ha trasladado las conclusiones al Departamento de Presidencia y a la Intervención General de la Generalitat.

Según el informe, la OAC ha detectado que durante el mandato de Calvet al frente de la empresa pública, Ferrocarrils adjudicó un total de 1,7 millones de euros en siete contratos a empresas del grupo Alsa, que posteriormente le incorporó como directivo.

Los hechos fueron revelados por ElCritic.cat en febrero del 2024. La CUP los denunció ante la Oficina Antifrau, al considerar que la ley prevé que un alto cargo de la Generalitat debe abstenerse de realizar actividades profesionales con empresas privadas con las que haya tenido relación hasta dos años después de su cese. Calvet fichó por Alsa en abril del 2023, sólo un mes después de dejar el cargo.

Ahora, Antifrau ha comunicado a la formación denunciante que, después de haber investigado los hechos, los ha remitido a la Intervención General de la Generalitat y a la Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de la Presidencia, “como autoridades competentes para tratar las irregularidades constatadas que se señalan”. La resolución de Antifrau que instaba a la Generalitat a indagar los hechos se hizo en diciembre del 2025, y todavía no hay respuesta del Govern.

Ferrocarrils de la Generalitat afirmó en su momento que “no consta” que Calvet hubiera participado de forma directa “en ninguno de los contratos relacionados”, ni tampoco “en la elaboración de la documentación, ni como miembro de las mesas de contratación, ni como órgano de contratación”.

Entre 2019 y 2022, durante el mandato de Calvet como director general, FGC realizó siete contratos públicos a dos empresas del grupo Alsa: Alsa Ferrocarril y Alsina Graells Auto Transportes. Alsa es el grupo líder en transporte por carretera a España, pero no sólo opera autobuses. También tiene experiencia en el ámbito del transporte ferroviario, puesto que dispone de un centro de formación para conductores maquinistas homologado desde 2018 y también ofrece servicios de consultoría y mantenimiento.

Seis de los contratos adjudicados por FGC en Alsa son, de hecho, en la sociedad Alsa Ferrocarril, que gestiona este tipo de servicios formativos. El séptimo corresponde a Alsina Graells Auto Transportes, la compañía histórica del transporte por carretera en las comarcas de Ponent, hoy integrada dentro del grupo Alsa.

Bizkanb es la marca que opera las ambulancias de Osakidetza externalizadas en Bizkaia. Fue creada hace aproximadamente un año para sustituir de urgencia a la catalana Grup La Pau tras su abrupta salida de Euskadi y la componen, en UTE, la rama sanitaria de Alsa (Sanir) y Baztan-Bidasoa. Ahora, apenas doce meses después, ha anunciado la salida de su responsable principal, Asier López, y los nombramientos de Fernando Benavides como director gerente y de Gerardo Azpiazu como director de operaciones. Además, dejará de prestar algunos servicios privados que también heredó de Grup La Pau.

En una carta enviada a la plantilla por el responsable de la UTE, Carlos Paniceres, consejero delegado de Sanir y presidente de la Cámara de Comercio de Asturias, se explica que los relevos en la dirección de la contrata se producirán este lunes. “Estamos convencidos de que esta apasionante nueva etapa traerá consigo nuevas oportunidades y fortalecerá aún más nuestro proyecto común”, sostiene el empresario.

“Bizkanb ya ha cumplido su primer año de prestación de servicio para el Departamento de Salud del Gobierno vasco, incrementando con vuestra participación y necesaria colaboración en este tiempo la calidad en el servicio prestado a la ciudadanía, convencidos de seguir progresando y avanzando hacia el servicio de calidad que deseamos prestar a la ciudadanía que hace uso de nuestros servicios de transporte sanitario. En este contexto, queremos informar a toda la plantilla de UTE Bizkanb que, a partir del 1 de diciembre de 2025, se hará efectivo el relevo acordado de nuestro actual director, Asier López, quien dejará su cargo tras haber desempeñado una labor ejemplar”, expone Paniceres en su misiva, a la que ha tenido acceso este periódico.

Insiste en que la empresa traslada a López su “sincero agradecimiento” por su “dedicación, profesionalidad y compromiso”. “Su trabajo ha sido clave para el crecimiento y buen funcionamiento de la organización, y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos tanto personales como profesionales, convencidos de que tendrá éxito”, se expone. Sobre los nuevos nombramientos, se alude a una “transición ordenada” para asegurar la “continuidad en la gestión de la empresa”.

En paralelo, este periódico también ha accedido a otra comunicación, en este caso directamente de la matriz. “Desde Sanir, queremos comunicaros que a partir del próximo 01 de enero, dejará de prestar sus servicios en Bizkaia. Agradeceros la confianza depositada en nosotros. Ha sido un placer trabajar con vosotros”, se trata de una comunicación para una de las contrataciones privadas paralelas, según explican fuentes internas. Es habitual que la contrata de Osakidetza gestione también servicios privados en el mismo ámbito territorial.

Estos movimientos llegan en puertas de la renovación de las adjudicaciones de ambulancias. Fuentes sanitarias indican que después de las vacaciones de Navidad saldrán ya los pliegos para regularizar el servicio, tanto en su vertiente asistencial o urgente (ambulancias amarillas) como en la no asistencial o programada (ambulancias azules y blancas). Hace un año se cubrió la salida de Grup La Pau con dos soluciones temporales sin concurso (Bizkanb en Bizkaia y Ambulancias Gipuzkoa en Álava) para catorce meses y ahora tocaría hacer ya una adjudicación definitiva. Ambulancias Gipuzkoa lleva años prestando el servicio en ese territorio con normalidad, aunque de cara al nuevo contrato se han publificado las últimas ambulancias medicalizadas que en el resto de la comunidad autónoma ya eran vehículos propios de Osakidetza.

El Comité de Empresa de la línea Madrid-Toledo de ALSA anuncia el inicio de movilizaciones y paros parciales a partir del próximo lunes 20 de octubre, en horario de 5.00 a 9.00 y de 20.00 a 00.00, con carácter indefinido.

Esta decisión se toma tras varias reuniones celebradas con la empresa, en las que la dirección se ha negado en rotundo a acercar posturas respecto a las reivindicaciones de la plantilla, incluso después de que los trabajadores rebajaran sustancialmente sus pretensiones en un ejercicio de responsabilidad para alcanzar un acuerdo.

Según informa el comité de empresa, las movilizaciones responden a la negativa de ALSA a atender las legítimas demandas de mejoras salariales y sociales, así como al progresivo deterioro del servicio que se ofrece a los usuarios, una situación que repercute directamente en la seguridad y condiciones laborales de los conductores.

“Desde el Comité de Empresa queremos pedir disculpas a todos los usuarios y usuarias por los inconvenientes que puedan derivarse de estos paros. Ellos también son víctimas del deterioro del servicio, y por ello les pedimos comprensión, apoyo y participación en las movilizaciones que comenzarán el día 20”.

Aseguran que la actitud “inflexible” de la empresa no les deja otra salida. “La vía del diálogo y la negociación ha sido agotada sin éxito, y la plantilla se ve obligada a defender sus derechos y el buen funcionamiento del transporte público que merece la ciudadanía”, explican.

Alsa refuerza su presencia en Oriente Medio. La compañía, fundada por el empresario asturiano José Cosmen Adelaida, inició sus operaciones en el Reino de Arabia Saudí en octubre de 2023 y dos años después ha resultado adjudicataria de un contrato millonario para operar en la ciudad de Qiddiya, situada a las afueras de Riad.

La empresa operará con 156 autobuses, de los cuales 126 serán eléctricos, en Qiddiya donde se levantarán 12 parques temáticos y un circuito de Fórmula 1.

Alsa ha anunciado este miércoles esta operación que ha calificado como “un gran éxito” ya que este contrato es una primera fase del proyecto de Qiddiya y la compañía aspira a seguir siendo el operador de referencia para las siguientes fases.

Un proyecto estratégico

La duración del contrato es de ocho años y su importe se eleva a 500 millones de euros, una cantidad en la que se incluye también la construcción y operación de tres bases logísticas para dar soporte a la flota.

La compañía ha explicado que este es uno de los proyectos estratégicos más emblemáticos del país en el marco del Saudia Vision 2023, y está llamado a convertirse en el mayor destino de entretenimiento de Arabia Saudí.

Conexiones a los parques temáticos

El contrato contempla la operación de 156 vehículos en dos áreas fundamentales: Park & Ride entre los aparcamientos y los parques y la conexión entre Riad y Qiddiya, acercando a los visitantes desde la capital del país hasta los parques.

La ciudad de Qiddiya contará con 12 parques temáticos, incluido un circuito de Fórmula 1, así como con complejos deportivos, espacios culturales y de ocio y se prevé que la nueva ciudad tenga una población superior a los 600.000 habitantes.

Segundo contrato en Arabia Saudí

El consejero delegado de Alsa y director de Operaciones de Mobico Group, Francisco Iglesias, ha asegurado que este nuevo contrato demuestra la capacidad de la compañía para competir y ganar contratos en proyectos internacionales de gran envergadura.

“Nos posiciona como operador de referencia de servicios de transporte innovadores, al tiempo que refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad, gracias al uso de una flota mayoritariamente eléctrica”, ha explicado el consejero delegado.

El transporte en el megacomplejo

Alsa inició sus operaciones en el Reino de Arabia Saudí en 2023, para cubrir los servicios interurbanos a través de 27 líneas de larga distancia, que conectan 80 destinos en la zona Sur del país con una flota de 129 autocares.

Con este segundo contrato, la compañía se afianza aún más en Oriente Medio con la adjudicación del servicio de transporte dentro del megacomplejo de parques temáticos en la nueva ciudad de Qiddiya.

En noviembre se acordó la rescisión del contrato con la principal adjudicataria del servicio de ambulancias de Osakidetza, la catalana Grup La Pau, que gestionaba las redes urgente y programada en Bizkaia y en Álava y que acumulaba irregularidades, incluidos impagos y retrasos en las nóminas. En su lugar, mediante un procedimiento de emergencia sin concurso, se seleccionó a la nueva marca Bizkanb conformaba por Sanir (la rama sanitaria de autobuses Alsa) y Baztan-Bidasoa para Bizkaia y se pidió a Ambulancias Gipuzkoa que extendiera su servicio a Álava. Los sindicatos ELA, UGT, ESK o LSB-USO han empezado a avisar que se están reproduciendo problemas que existían con Grup La Pau en Bizkanb, pero fuentes de esa compañía han explicado a este periódico que esas incidencias con las nóminas se dieron principalmente en enero por problemas con la transición de una empresa a otra y que en febrero ya se han minimizado. Prometen un cambio “constatable” con relación a la situación anterior en un plazo corto.

A raíz de las denuncias recogidas por este periódico -que en el caso de UGT y ELA han llegado ya a la Inspección de Trabajo, que abrió más de medio centenar de expedientes a la anterior contratista-, Bizkanb admite que en enero hubo un problema generalizado pero que eso se ha ido ajustando ya en febrero. “La empresa ha tramitado ya en tiempo y forma tanto la útima nómina como todos los atrasos. Esperamos que lo antes posible esté todo en orden. Hemos venido a hacer un trabajo y lo queremos hacer bien”, indican fuentes de Bizkanb.

La compañía entiende que recibió una herencia “complicada” de Grup La Pau y que costará aún darle totalmente la vuelta, pero sostiene que “hay ya una diferencia importante y sustancial en el servicio”. “Nuestros indicadores nos dicen que estamos en los ratios que nos pide el Gobierno vasco”, agregan. Explican, por ejemplo, que se ha separado “física, organizativa y ejecutivamente” el servicio privado. Grup La Pau fue sancionado por utilizar recursos de Osakidetza para sus negocios privados, tales como IMQ o los clubes deportivos más relevantes de Bizkaia y Álava. “Ahora no se verán vehículos de Osakidetza en eso”, indican esta fuentes. De hecho, esos contratos los gestiona ahora Sanir y no la suma de empresas detrás de Bizkanb. También está en marcha un plan de mejora de la flota, con muchos problemas en la anterior etapa.

En el caso de Álava, los sindicatos admiten que el cambio no ha generado mayores problemas. Ambulancias Gipuzkoa opera con la denominación Araba Anbulantziak. Desde Bizkanb entiende que no es lo mismo entrar de cero como adjudicataria de Osakidetza que extender un servicio ya en marcha, como ha sido este caso. “Con el tiempo, la cosa irá a mejor”, confían desde esta empresa.

En paralelo, la sección sindical de ELA ha iniciado un procedimiento contra Grup La Pau por los impagos pendientes de la paga extraordinaria del verano de 2024. Ha habido una conciliación sin avenencia. ELA ha demandado como corresponsables a Bizkanb porque “se subrogan los derechos pero también las obligaciones” y contra el propio Gobierno vasco, ya que recuerdan que ha puesto el dinero público por esos conceptos y se ha quedado en el camino. El Ejecutivo, en su momento, informó de que dispone de los avales formalizados por la cooperativa catalana para acceder para recuperar ese dinero pero, por el momento, aún no se han ejecutado. Ascienden a 12 millones.

Tres meses después, el Gobierno vasco ha admitido lo que negó en un primer momento: los trabajadores alaveses de la que entonces era la principal adjudicataria de ambulancias, Grup La Pau, cobraron de otra empresa su penúltima nómina antes de la rescisión de los contratos por una cascada de irregularidades. La pagadora, como adelantó este periódico, fue la compañía Ambulancias Gipuzkoa, la misma que pocos días después relevó en Álava a Grup La Pau tanto en lo tocante al servicio urgente (ambulancias amarillas) como al programado (azules y blancas). En Bizkaia, aún con retraso, fue la propia cooperativa Grup La Pau la que se hizo cargo de las nóminas aunque también unos días después dejó paso a una marca llamada Bizknanb capitaneada por Sanir (del grupo Alsa) y ambulancias Baztan-Bidasoa.

En respuesta a una pregunta en el Parlamento Vasco de la portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, el consejero de Salud, Alberto Martínez, presenta aquella operación en la que una empresa sin vinculación alguna con la plantilla de un servicio público externalizado costeara una deuda laboral millonaria de otra como algo natural. “Se trata de un acuerdo entre dos empresas, donde Ambulancias Gipuzkoa S. Coop. presta dinero a La Pau para que esta pueda hacer frente al pago de las nóminas de octubre de las trabajadoras y de los trabajadores que prestan su actividad en el territorio histórico de Araba”, informa Martínez.

Acto seguido, da a entender que la operación tuvo el beneplácito de la Administración, que ya en esas fechas tenía decidido prescindir de Grup La Pau tanto en Álava como también en Bizkaia después de meses de sanciones por decenas de la Inspección de Trabajo y otros incumplimientos contractuales, como el uso de vehículos asignados a Osakidetza para negocios privados. “El Departamento de Salud no ha adquirido ningún compromiso con Ambulancias Gipuzkoa. Una de las facturas emitidas por La Pau por el servicio prestado durante el mes de noviembre se encuentra endosada a favor de Ambulancias Gipuzkoa. Endosar una factura significa que la empresa que emite la factura cede el derecho de cobro de esa factura a un tercero. En este caso La Pau cede el cobro de la factura a favor de Ambulancias Gipuzkoa”, explica el titular de Salud. Ambulancias Gipuzkoa, además, era ya entonces la contratista de las redes urgente y programada de ese territorio.

Osakidetza indica también que La Pau dejó otras deudas al marcharse, particularmente mejoras con carácter retroactivo en el convenio que ellos mismos firmaron ya cuando tenían una situación delicadísima desde el punto de vista económico. De la información facilitada a la Cámara por Martínez se deduce que las nuevas contratistas, Ambulancias Gipuzkoa en Álava -que aquí ha cambiado su nombre a Araba Anbulantziak por motivos comerciales- y Bizkanb, deberían costear esas deudas retroactivas dejadas por su predecesora y, además, encargarse de las nuevas subidas salariales del convenio de cara al futuro.

Lo explica así Martínez: “El Departamento de Salud, como responsable solidario de la ejecución del servicio, ha facilitado a las entidades que han dado continuidad a la prestación del servicio las cantidades económicas necesarias para hacer frente a las responsabilidades que el nuevo convenio colectivo ha impuesto a las entidades empleadoras. La Pau, como entidad empleadora de las trabajadoras y trabajadores responderá de dichas obligaciones salariales mediante las garantías definitivas depositadas en cada contrato. Por lo tanto, el Departamento de Salud, como responsable solidario de la ejecución del servicio, ha puesto los medios para que las entidades entrantes lleven a cabo dicho abono, evitando así a los trabajadoras y trabajadores el tener que acudir a los juzgados de lo social para cobrar lo que les corresponde, pero La Pau responderá de sus obligaciones como empleador de dichas trabajadoras y trabajadores con sus garantías. Es por este motivo que todas las garantías se encuentran retenidas en la tesorería del Gobierno vasco”.

Reaparece en Catalunya

Esas garantías son 12,7 millones de fianzas que la cooperativa catalana fue formalizando con las sucesivas contrataciones que iba recibiendo desde que llegó a Euskadi en 2020 de la mano de un alto cargo, Ibon Etxebarria, que pasó de firmar el primer contrato a gerente de esa compañía tras haber dimitido, en plena pandemia, por saltarse las restricciones en vigor para ir a jugar al golf. Con la rescisión de los contratos, Salud dio la orden de “incautar” todo ese dinero para que puedan cubrirse las deudas. De lo contrario, había riesgo de impagos con una empresa que está al borde del concurso de acreedores aunque, en paralelo, se ha llevado estas semanas un contrato en su Catalunya natal (un lote en UTE con Direxis en el área metropolitana de Barcelona para cinco años y por 384,7 millones). Precisamente 5,5 de los 12,7 millones se corresponden con avales del Institut Catalá de Finances, un organismo público adscrito a la Generalitat.

Fuentes sindicales explican que en Álava la situación se ha tranquilizado con Ambulancias Gipuzkoa, porque “tienen otro talente” y están “al día” con las nóminas. Sin embargo, recalcan que el nuevo servicio capitaneado por Sanir (Alsa) en Bizkaia tiene mucho de “continuidad” con el de Grup La Pau. “Aquello es un descontrol”, indica un delegado sindical. Otro trabajador explica que ya tiene deudas salariales en estos pocos meses. “La gente está muy cabreada y hay cosas que no sabemos a quién reclamar, si a Sanir o a La Pau. Y el servicio sigue con problemas”, agrega esta fuente.

Finalmente, este lunes a las 00.00 horas se ha producido el cambio. Han dejado de circular ya las ambulancias con los logotipos de la empresa catalana Grup La Pau en Bizkaia y en Álava. Aunque el grueso de los vehículos siguen siendo los mismos, y sus técnicos sanitarios también, los vizcaínos llevan ahora una pegatina de Sanir (empresa del grupo Alsa y matriz de la nueva adjudicataria, Bizkanb) y los alaveses portaban la de Araba Anbulantziak (la marca de Ambulancias Gipuzkoa) o directamente iban sin rotulación alguna. La jornada ha trascurrido sin incidencias.

Entretanto, el Gobierno vasco ha dictado ya una orden para la “incautación” de los avales depositados por la antigua adjudicataria, que está al borde de la quiebra. Es la única manera de que haga frente a las deudas que deja, tanto con los trabajadores (salarios) como con la Administración (multas), aunque el consejero, Alberto Martínez, pareció dar a entender que la plantilla debería reclamarlo antes en los tribunales. Finalmente, las garantías ascienden a 12 millones de euros. Lo llamativo es que el principal afectado es otro organismo público, el Institut Català de Finances, adscrito a la Generalitat, y que tiene expuestos 5,5 millones más otros 0,5 de la filial Avalis.

La intención del Ejecutivo vasco, según tres resoluciones dictadas por la viceconsejera de Salud, Lorea Bilbao, es que los avalistas se hagan cargo del agujero que deja Grup La Pau, cuya situación económica define como “complicada”. Salud desestima de plano las demandas finales realizadas por la compañía, adelantadas por este periódico y consistentes en que la Administración le perdonara el pago de la nómina de noviembre hasta la fecha del relevo, la parte proporcional de la paga extraordinaria de Navidad y unos atrasos fruto de la actualización del convenio. También quería impunidad ante posibles reclamaciones futuras. De hecho, 24 horas de firmar su salida de Euskadi, intentó sin éxito lograr un “reequilibrio”, es decir, que se le aumentara el canon mensual que percibía por los contratos que gestionaba en Álava y en Bizkaia, el del servicio urgente (ambulancias amarillas) y el del programado (azules y blancas).

“Si La Pau no puede hacer frente a estas obligaciones adquiridas mediante el pago habitual, responderá mediante la garantía definitiva depositada al efecto. La Administración no puede asimir con dinero público y sin haber mediado ningún tipo de negocio jurídico las cuantiosas obligaciones económicas que suponen el abono de los conceptos salariales [adeudados]. La Administración está obligada a llevar a cabo un correcto y exhaustivo gasto del dinero público que gestiona y no puede, de manera arbitraria, asumir los gastos que le competen a un contratista por el simple hecho de que dicho contratista esté en una situación económica complicada”, argumenta la viceconsejera Bilbao.

El Gobierno vasco ha notificado ya a las entidades financieras que desea ejecutar los avales. Les ha dado diez naturales (que empezaron a contar este jueves) para que formulen alegaciones. Sumados, los avales superan los 12 millones de euros. Es bastante más que los 7-8 que públicamente había manejado el consejero, Alberto Martínez, que ya llevaba semanas avisando de que esa hucha permitirá cubrir los problemas derivados del paso de Grup La Pau por Euskadi, que ha durado cuatro años y que, como ahora también admite la Administración después de negarlo hasta julio, han estado plagados de “irregularidades”.

La entidad más afectada es el Institut Català de Finances. Ha concedido cuatro avales a Grup La Pau en estos años y ha facilitado un quinto a través de la entidad participada Avalis. Fuentes de este organismo confirman que es una entidad “pública”, adscrita a la Generalitat, y que efectivamente tienen entre sus misiones ejercer como avalistas de empresas privadas. No concretan en qué situación les deja la crisis de Grup La Pau en Euskadi porque también están “sometidos al secreto bancario, como cualquier entidad” privada, pero sí piden que no se interprete que la posible “incautación” de este depósito afectará a los presupuestos ordinarios de la Generalitat. “Nuestros presupuestos no consolidan”, puntualizan estas fuentes. Después, La Caixa y Bankia, ahora unidas en Caixabank, tienen avales constituidos por valor de 4,4 millones. Union Credit and Guarantee aportó otros 1,5 millones. La propia Grup La Pau hizo dos transferencias en “metálico” que no alcanzan los 0,1 millones y que completan ese fondo.

La Administración avisa también a Grup La Pau que no puede actuar de “mala fe” con la flota. En principio, las nuevas adjudicatarias heredan buena parte del material rodante de la anterior contratista, aunque en algunos casos su mantenimiento era escaso. El Gobierno confirma también que la cooperativa había dejado deudas en los talles donde se hacían las reparaciones de las ambulancias.

Después de muchos días de trabajo interno, más de los previstos, el Departamento de Salud ha confirmado oficialmente este miércoles el cambio de urgencia en la contrata de ambulancias de Osakidetza en Bizkaia y en Álava tras la rescisión acordada con la anterior adjudicataria, la compañía catalana Grup La Pau. Según se ha informado en un comunicado y como estaba previsto, el servicio urgente y programado en Bizkaia lo prestará la UTE de Sanir (una empresa vinculada con autocares Alsa) y Baztan Bidasoa (que adopta el nombre de Bizkanb) y en Álava Ambulancias Gipuzkoa (que asume la denominación Araba Anbulantziak). En Gipuzkoa no hay cambios y continuará esa misma cooperativa.

El equipo de Alberto Martínez señala que, “ante las deficiencias continuadas de la firma catalana, se ha recurrido a este contrato de emergencia para asegurar la calidad de la prestación”. Y añade que ambas adjudicatarias “sustituirán a La Pau en la gestión del servicio, que en ningún momento ha sufrido interrupción, garantizando así la asistencia”. El Ejecutivo indica que el cambio efectivo se realizará el 25 de noviembre, es decir, el próximo lunes. Sin embargo, no ofrece ningún dato del coste del nuevo contrato o de las condiciones de salida de Grup La Pau, que había reclamado más dinero e impunidad a cambio de facilitar la transición. Sí indica Salud que ha “aplicado medidas administrativas y sanciones económicas”.

Grup La Pau llevaba cuatro años operando en Euskadi. En este tipo ha acumulado más de medio centenar de infracciones de la Inspección de Trabajo y multas de Salud. Se han constatado impagos a la plantilla y también otras irregularidades como el uso de los vehículos de las contratas públicas para negocios privados. Los sindicatos lo explicaron este lunes en el Parlamento Vasco. El nuevo Gobierno de Imanol Pradales ha cambiado 180 grados el discurso anterior, que culpaba a los trabajadores de los problemas en las ambulancias externalizadas. Ahora asume que Grup La Pau incumplió los términos de la adjudicación sistemáticamente.

Quedan aún muchos puntos que aclarar. La plantilla de Grup La Pau será subrogada en su totalidad y continuará con Osakidetza pero los vehículos son de propiedad de la firma catalana, aunque en las últimas semanas había habido negociaciones para su traspaso también. Asimismo, la cooperativa deja deudas, como el 75% de la paga extraordinaria de verano que no ha cobrado el 70% del personal, atrasos del nuevo convenio o cantidades pendientes de la parte de noviembre en la que ha sido titular del servicio o la parte proporcional de la próxima extra, la de Navidad.

La compañía está al borde de la quiebra. Lo lleva manifestando meses en documentos internos aunque hasta julio el Gobierno vasco defendía su solvencia económica. El sindicato LSB-USO ha instado ya el concurso de acreedores en un juzgado de Barcelona para evitar que se produzca un alzamiento de bienes y los trabajadores puedan cobrar todo. De hecho, parte de la última nómina la pagó sin explicación clara Ambulancias Gipuzkoa a sabiendas de que iba a resultar adjudicataria del servicio de Álava.

Aunque no hay una confirmación oficial a pesar de que todo apunta a que será una decisión administrativa inmediata, una nueva marca llamada Bizkanb va a sustituir a la catalana Grup La Pau como contratista del servicio de ambulancias urgentes y programadas de Bizkaia. En el caso de Álava, donde también opera esta cooperativa que está al borde de la quiebra, la previsión es que asuma el servicio Ambulancias Gipuzkoa. En Gipuzkoa no habrá cambios en las ambulancias externalizadas de Osakidetza ya que el Gobierno interpreta que el servicio lo presta a satisfacción precisamente Ambulancias Gipuzkoa.

Bizkanb es una UTE conformada por Sanir y Ambulancias Bidasoa. Sanir es a su vez una marca de la conocida empresa de autobuses Alsa, que en Asturias opera en el ámbito sanitario como Transinsa. Alsa tiene 20.000 empleados, 1.200 de ellos en Euskadi, según sus propios datos. Sanir tiene contratos en la Comunidad de Madrid y unos 900 empleados allí. Ambulancias Bidasoa, de su lado, es adjudicataria de parte del servicio de Navarra, aunque este contrato se rescindirá en breve al optarse allí por una gestión pública directa y no externalizada. Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa van a subrogarse a toda la plantilla que trabajaba para Grup La Pau y, además, hay conversaciones para que se queden igualmente con sus vehículos e instalaciones, según indican fuentes del sector.

Juan Antonio Pérez Bañuelos, directivo de autobuses Alsa y, por lo tanto, de la compañía de ambulancias Sanir, se ha dirigido ya a la plantilla de Grup La Pau en Bizkaia a pesar de admitir que no tienen aún cerrada la adjudicación del contrato. Mantuvieron una reunión este martes. En ese encuentro, a cuyo acta ha tenido acceso este periódico, ha prometido en reiteradas ocasiones a la plantilla que “van a cobrar todo lo que se les adeuda”. Uno de los problemas generados por Grup La Pau eran los impagos de las nóminas. De hecho, aún tiene cantidades pendientes. Otra directiva de Alsa, Lourdes Estévez, recalcó que en sus “17 años” con responsabilidades “nunca” ninguna de las empresas del grupo ha tenido “un solo impago”. “Incluso durante la pandemia, todos los trabajadores cobraron puntualmente a pesar de que el servicio de transporte por carretera tuvo que paralizarse. Que estén seguros todos los trabajadores de que van a cobrar”, consta en el acta. El mensaje de la nueva adjudicataria da a entender no solamente que van a cambiar las dinámicas en cuanto asuman el servicio sino que también se resolverán las deudas anteriores.

Los directivos de Bizkanb estuvieron acompañados por el gerente en Euskadi de Grup La Pau, Ibon Etxebarria, excargo del Gobierno vasco. No tomó la palabra en ningún momento. Los sindicatos hicieron continuadas apelaciones a la necesidad de mejorar las condiciones laborales y no solamente los salarios y recibieron buenas palabras de los responsables de la previsiblemente nueva contratista en lo tocante a formación o prevención de riesgos laborales.

Lo que no está claro es cuándo se producirá la salida efectiva de Grup La Pau de Bizkaia y de Álava. El horizonte máximo parece el 30 de noviembre. Ese día entra en vigor un nuevo convenio con importantes subidas salariales que la empresa catalana en ningún caso podría asumir. Se había barajado como referencia el 25 de noviembre pero Etxebarria comunicó a la plantilla que querían marcharse ya el 15 de noviembre, es decir, esta misma semana. Ese día Grup La Pau tiene que abonar definitivamente el 75% de la paga extraordinaria de verano que no ha cobrado el 70% del personal todavía. La última palabra la tiene el Gobierno vasco

Los usuarios de los autobuses urbanos de Guadalajara lo venían comentando a través de las redes sociales. El servicio de recarga de las tarjetas para el transporte urbano no funcionaba. Este lunes el Ayuntamiento asegura que la causa está en un ciberataque sufrido por Prepay Technologies, la empresa que gestiona la red de recargas de Transportes urbanos de Guadalajara, cuya contrata gestiona Alsa.

“Los servicios de recarga se encuentran temporalmente inoperativos, tanto en terminales como en comercios”, explica el Consistorio.

También se informa a las personas que utilizan este servicio que “la opción disponible en este momento para recargar en moneda las Tarjetas XGuada continúa activa en todos los parking y parquímetros de la Guadalajara, con el límite de un máximo de 8 euros de saldo, tras introducir cualquier número de matrícula de coche, pero sin necesidad de obtener después el ticket de aparcamiento”.

El concejal responsable del transporte urbano, Santiago López, ha asegurado que tanto Alsa, adjudicataria del servicio de transporte urbano de viajeros en Guadalajara, como Prepay Technologies, empresa que atiende las terminales de recargas “están trabajando contrarreloj” con los sistemas informáticos afectados a fin de recuperar la plena operatividad “en el menor tiempo posible”.

“Es un ciberataque que ha venido desarrollándose de manera creciente desde la pasada semana, hasta dejar inoperativas todas las máquinas, que no compromete datos personales y que también ha afectado a otras ciudades como Burgos y Córdoba”, ha explicado López, quien comenta que existe la previsión técnica de que este problema operativo pueda quedar subsanado en las próximas 24 horas, “aunque ya estamos trabajando en otras opciones de servicio por si se demora la solución técnica”, al tiempo que pide disculpas a todos los ciudadanos por las molestias causadas.

También se ha ofrecido un listado de calles donde localizar los parquímetros para poder recargar por ahora las TarjetasXGuada en moneda. Se trata de la Calle de la Carrera, Calle Mina, Calle Concordia, Calle Exposición, Calle Pedro Pascual, Cuesta San Miguel, Travesía de San Miguel, Plaza Santa María, Plaza Moreno, Calle Condesa Vega del Pozo, Travesía de Santo Domingo, Calle Carmen, Calle Miguel de Cervantes, Cuesta del Matadero, Plaza Virgen de la Antigua, Calle Teniente Gonzalo Herranz Calle Alvarfáñez de Minaya, Plaza San Antonio, Plaza Dávalos, Calle Miguel Fluiters, Calle Teniente Figueroa, Calle Francisco Cuesta, Calle Francisco Torres, Calle San Gil, Calle Cronista Juan Catalina, Calle Toledo, Calle Padre Félix Flores, Calle Virgen del Amparo, Calle Capitán Arenas Calle Doctor Fleming, Calle Santa Teresa de Jesús, Calle Wenceslao Argumosa, Calle Manuel Páez Xaramillo, Calle Alvar Gómez de Ciudad Real, Calle Padre Tabernero, Calle Alonso Núñez de Reinoso y Calle Rufino Blanco.

También recuerda el Ayuntamiento que el teléfono de atención al cliente del transporte urbano de Guadalajara es el 900 813 338.

Alsa pone en funcionamiento desde este sábado día 13 un servicio directo a la estación invernal de Valgrande-Pajares desde Gijón, Oviedo, Mieres y Pola de Lena. El servicio estará operativo todos los sábados y domingos hasta el fin de la temporada de nieve, que se estima para el siete de abril si la meteorología lo permite.

El servicio saldrá a las siete y media de la mañana de Gijón y hará parada en Oviedo a las ocho, para seguir a la estación invernal haciendo dos paradas más, en Mieres y Pola de Lena. La llegada a Valgrande-Pajares está prevista para las nueve y diez de la mañana.

El viaje de vuelta partirá de la estación de esquí a las cuatro y cuarto de la tarde y del pueblo de Payares a las cuatro y media, llegando a Oviedo poco antes de las cinco y media y a Gijón a las seis menos diez. El billete tendrá un precio por persona de 6,90 euros, mientras que el trayecto de ida y vuelta ascenderá a 13,15 euros. Los billetes se podrán adquirir de forma anticipada en la app y la web de Alsa y también por medio de la tarjeta ConeCTA del Consorcio de Transportes de Asturias, además de hacerlo en efectivo en el mismo autobús.

En la actualidad no existen servicios directos a la estación de esquí lenense. La compañía asturiana apuesta así por una nueva frecuencia y pone en marcha una línea que supone toda una novedad en las conexiones con el puerto de Payares y con Valgrande-Pajares. La estación abrió sus puertas al público el pasado lunes ocho de enero.

La empresa de autobuses Alsa y Eco Rail, filial del grupo tecnológico andaluz Magtel, buscan un socio financiero con el que presentarse a la segunda etapa de liberalización de los servicios de alta velocidad de transporte ferroviario.

Ambas empresas se lo han confirmado a la Agencia Efe después de que el diario Expansión publicara este lunes que Alsa y Eco Rail llevan tres años trabajando juntas en este proyecto, para el que planean inversiones conjuntas de más de 600 millones de euros.

Alsa, la filial española de Mobico (antigua National Express) y fundada por la familia asturiana Cosmen -que posee un 13 % de la matriz británica-, ha decidido así tratar de entrar en esta segunda fase de liberalización, tras la acometida por Adif, el gestor de la red ferroviaria, en 2019.

Eco Rail, filial del grupo tecnológico español Magtel, ya lo intentó sin éxito en aquella ocasión, en la que sí lo consiguieron los operadores Iryo (SNCF) y Ouigo (Trenitalia), que a día de hoy ya están ofreciendo sus servicios en competencia con Renfe y su servicio Avlo.

Por el momento no se sabe con certeza cuáles serán las próximas rutas, aunque es de prever incluyan alguna conexión de Madrid con Galicia y Asturias, alguna más con el sur de la península y el Corredor Mediterráneo.

En la primera ronda liberalizadora fue determinante la disposición de material rodante por parte de las empresas que se postularon. Así, Renfe, Ouigo e Iryo fueron las únicas que pudieron garantizar la prestación del 100 % del servicio al disponer de flota propia o arrendada por sus matrices.

En esta segundo ronda habrá que tener en cuenta además que en varias rutas, como la alta velocidad a Galicia, será necesario disponer de trenes de alta velocidad con ancho variable, una flota que por el momento, y según recuerda el citado diario, sólo dispondrá Renfe en 2024 gracias al pedido de 30 trenes Avril encargados a Talgo en 2016.

Talgo es el único que dispone de tecnología de ancho desplazable de altas prestaciones con capacidad para circular hasta 350 kilómetros por hora. La también española CAF igualmente cuenta con tecnología de ancho variable, pero en trenes de velocidad alta (entre 220-250 kilómetros por hora).

La imagen de Raúl López, el creador del imperio Monbus, uno de los principales operadores de transporte por carretera en España, quedó empañada hace casi una década por una cascada de problemas judiciales. Desde entonces, sus habituales fotos con políticos se redujeron prácticamente a los que pasaban por el palco del Obradoiro, el club de baloncesto que preside desde 2010. Tras su salto de las páginas deportivas a la crónica de tribunales, en los despachos se dejaron de contestar sus llamadas por miedo, admitían algunos dirigentes, a que el teléfono estuviese pinchado y pudiesen acabar, ellos también, en algún sumario. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ruido mediático se ha ido aplacando y las actividades del primer empresario del transporte de pasajeros por carretera habían salido del foco... hasta que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificada por el Supremo, sobre su acuerdo con Alsa para repartirse el mercado mientras la Xunta miraba para otro lado, ha devuelto a la actualidad sus conexiones con el gobierno gallego.

No consta si esta vez estuvieron regadas con Vega Sicilia, aquel vino para gourmets que mandaba por lotes a Núñez Feijóo, su vicepresidente Alfonso Rueda, el exministro socialista José Blanco o quien fue portavoz del PP en el Senado, Xosé Manuel Barreiro. Obsequios valorados en miles de euros que la justicia consideró “regalos navideños” frutos de la “cortesía”.

Hasta este varapalo del Supremo, a Raúl López le gustaba cultivar el perfil de hombre hecho a sí mismo. En su biografía abundan episodios que alimentan esa leyenda. La del niño de aldea que mamó el negocio del transporte en casa cuando su padre empezó a mover viajeros por las carreteras lucenses en una camioneta tras la Guerra Civil. Hoy, aquella pequeña empresa familiar, Monbus, controla aproximadamente el 60% de las rutas por carretera en España con más de 2.000 autobuses y una facturación que supera holgadamente los 100 millones de euros.

Pero su conglomerado, que se extiende por varios países y gestiona palacios de congresos, servicios municipales y centenares de líneas de transporte escolar, se ve ahora amenazado por los sumarios de corrupción en los que aparece implicado López, detenido en Sanxenxo (Pontevedra) en marzo de 2016 con 60.000 euros en fajos de billetes, supuesto dinero negro que iba a entregar a una familia de hoteleros de las Rías Baixas.

Hasta entonces, durante las últimas décadas todo fue sobre ruedas para el imperio Monbus: fusiones, compras de compañías nacionales y extranjeras, a menudo apadrinado por instituciones públicas... Y cajas de ahorros dispuestas a soltar dinero fácil, hasta el punto de acompañar a la sociedad en algunas aventuras como accionistas.

En 2001 adquirió la gallega Castromil; en 2008 pagó 61 millones por La Hispano Igualadina, una de las firmas con más solera del sector. La expansión hacia Europa había arrancado años antes cuando adquirió la alemana Deustsche Touring y un holding de 32 sociedades agrupadas en Eurolines. Aquellos años nadie tosía a López, que siempre presumió de buenas compañías: alternó indistintamente con dirigentes del PSOE y del PP.

El fraguismo lo apadrinó como un empresario amigo hasta que el PP perdió las elecciones en Galicia y se acercó a José Blanco, lucense como él, que llegó a ministro de Fomento. López hizo migas después con Alberto Núñez Feijóo cuando este se convirtió en presidente de la Xunta. Durante su mandato, alcaldes de ayuntamientos afectados por servicios de autobús que consideraban deficientes se quejaban amargamente del poco éxito de sus gestiones ante el gobierno gallego. “Manda más Raúl que el conselleiro”.

A medida que aumentaba su cuenta de resultados, sus relaciones políticas y económicas con partidos de distinto color y el respaldo de las cajas de ahorros, el empresario empezó a preocuparse también por el reconocimiento social. Invirtió en un club de baloncesto, el Breogán de Lugo, del que se hizo presidente para llevarlo a la máxima categoría. En 2010, cansado de intentarlo, saltó a la dirección de su club rival, el Obradoiro de Santiago, en uno de los pocos traspasos de presidentes que se recuerdan en el deporte español. Y logró también colocarse a propuesta del PP como representante de la Universidad de Santiago en el Consello Económico e Social, un órgano consultivo del Gobierno gallego.

Así iba construyendo su mito el rey de los autobuses hasta que sus llamadas telefónicas se cruzaron con las de algunos políticos gallegos que estaban siendo investigados por corrupción en la trama Pokemon, una red de sobornos para lograr adjudicaciones públicas con ramificaciones en Galicia, Catalunya, Asturias y Cantabria. El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) puso la lupa en 2014 sobre un contrato de tres suministros de autobuses con cargo a fondos europeos en el Ayuntamiento de Santiago por más de 400.000 euros a una empresa que el SVA vinculaba con Raúl López: Talleres La Campiña.

Los pinchazos telefónicos captaron a un concejal del PP, encarcelado meses después, preguntando a López qué criterios debía incluir en el pliego del concurso. Los investigadores sospecharon de esa adjudicación: las otras dos ofertas fueron rechazadas porque sus vehículos “no cumplían con la altura mínima o el radio de giro”. Agentes del SVA vieron en eso otro “indicio de un concurso hecho a medida de uno de los ofertantes, adaptándolo a las características de su producto”, según escribieron en un informe remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, convertida ya entonces en látigo contra la corrupción.

De Lara y el SVA volvieron a cruzarse en la vida de Raúl López el 18 de marzo de 2015. Los agentes lo arrestaron ese día mientras entregaba 60.000 euros en un restaurante de lujo de Sanxenxo a una familia de hoteleros de la joya turística de las Rías Baixas. Permaneció detenido más de 72 horas y tras pagar 20.000 euros de fianza para evitar la prisión el empresario de los dos mil autobuses aseguró a la prensa: “Pudo haber alguna irregularidad administrativa, pero ya está aclarada”.

Ese fue el inicio de la llamada Operación Cóndor, que dejó otros diez detenidos. A López se le investiga por su relación con delitos fiscales y contables, blanqueo, falsedad, tráfico de influencias y cohecho. La policía sospechaba que se repartía con empresarios locales dinero negro que salía de las excursiones turísticas de jubilados. Ahora mismo, el sumario que pone fin a la instrucción de esta macrocausa está paralizado, pendiente de un recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo.

Regalos y pagos a cargos del Ejército

Las escuchas destaparon mucho más: presuntos sobornos a cargos del Ejército para obtener concesiones del Ministerio de Defensa para trasladar a la brigada de paracaidistas del Ejército de Tierra. Fue el propio yerno de Raúl López, Rafael Casqueiro, según el sumario, el que se encargó de gestionar el regalo del servicio de autobuses para la boda de la hija del jefe de Estado Mayor de la BriPac, el teniente coronel Luis Cortés, con el defensa internacional y hoy primer capitán del Real Madrid, Nacho Fernández. Cuando la jueza preguntó si tenía algo que ver con las concesiones del transporte, un cargo del Ejército que medió en la operación aseguró que Monbus no cobró nada por el transporte, ya que le interesaba “hacer publicidad” de sus autobuses en el evento.

Los investigadores sospechan que López también intentó sobornar con medio millón de euros al presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, antes de hacerse con los traslados de los equipos durante el Mundial de Baloncesto que se celebró en Madrid en 2014. Y que Monbus tuvo acceso a las ofertas de sus competidoras en este concurso para mejorarlas y asegurarse la concesión en un consorcio donde también estaban Alsa y Globalia.

El contrato para pasear a la Orquesta Sinfónica de Galicia también está en entredicho, como la forma en que Gerardo Díaz Ferrán le fue traspasando sociedades y concesiones cuando el monopoly del presidente de la patronal empezaba a desmoronarse, antes de acabar en prisión.

En uno de sus contratos privados, López y Díaz Ferrán falsearon la compraventa de la sociedad Autobuses Urbanos de Lugo para que las concesiones a esta empresa no fuesen impugnadas. Aunque en las escrituras públicas se establecía que Díaz Ferrán traspasaba a López el 49% de las acciones, el contrato privado aclaraba que en realidad le estaba vendiendo su mitad en la Unión Temporal de Empresas (UTE). El 1% que simulaba mantener el presidente de la patronal era para evitar que el Ayuntamiento de Santiago revisase la concesión del transporte urbano, tal y como estaba obligado a hacer si la UTE que optó a la concesión se deshacía.

Tras casi ocho años de silencio, ha sido otra sentencia la que ha vinculado la actividad ilícita de Monbus con el consentimiento de la Xunta. La decisión del Tribunal Supremo de no aceptar los recursos de los afectados ha convertido en firme la sentencia del TSXG que obligaba a la Comisión Galega da Competencia a abrir expediente sancionador tanto a esta empresa como a Alsa por “repartirse el mercado”. Ambas firmas concurrieron juntas a los lotes más jugosos del concurso autonómico de transporte de viajeros por carretera. En el resto, no se enfrentaban: donde competía una, no se presentaba la otra. Competencia, un órgano formado por tres antiguos cargos populares puestos a dedo por el gobierno gallego, había archivado la denuncia de un competidor sin siquiera pararse a comprobar lo que allí se decía. Mientras la oposición centra sus dardos en la “connivencia” de la Xunta –el BNG quiere que la conselleira dé explicaciones en el Parlamento– Monbus ya ha anunciado que pedirá amparo ante el Constitucional.

El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos que interpusieron la Xunta, Alsa y Monbus contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que dictaminó que que estas dos empresas se habían repartido el mercado y ordenó al órgano gallego de Competencia, que desoyó las denuncias de sindicatos y otras empresas de transporte, imponer una sanción. El fallo, adelantado por Praza.gal, tiene fecha del 4 de octubre y hace firme la decisión, dado que ya no cabe recurso.

El fallo del Supremo aborda el argumento de la Xunta, que denunciaba una infracción de un artículo legal por supuesta falta de legitimación activa de la recurrente en la instancia, pero los magistrados del Supremo consideran que “la cuestión planteada carece de interés casacional objetivo, pues es abundante la jurisprudencia sobre la legitimación del denunciante y el interés legítimo, evidenciándose una mera discrepancia con la apreciación de las circunstancias concurrentes realizada por la sala de instancia”.

En cuanto a los escritos de Alsa y Monbus, el tribunal señala que se acordó el archivo del expediente sin comprobar los hechos denunciados, “existiendo indicios racionales de infracción”. Por ello, dice, “la hipotética consideración de que no fueran conformes a derecho los argumentos y razonamientos de la sentencia recurrida en este particular aspecto no se traduciría en el éxito de la pretensión estimatoria en casación”.

Las denuncias ante Comisión Galega da Competencia, órgano adscrito a la Xunta, fueron archivadas sin que se hiciesen siquiera comprobaciones. En esa comisión las decisiones las toman el presidente y dos vocales, nombrados por el Consello de la Xunta, que en la actualidad son: Ignacio López-Chaves, ex diputado del PP, y los vocales Teresa Cancelo Márquez, profesora, ex parlamentaria y ex concejala del mismo partido, y Daniel Neira Barral, profesor y hace años también militante de la formación conservadora.

El BNG ha pedido, tras conocerse la decisión del Supremo, que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, comparezca en el Parlamento. La acusa, y también al Gobierno gallego, de “connivencia” y “trato de favor”.

Una de las empresas, Monbus, ha reaccionado también a la noticia. Según publica Europa Press, se muestra “profundamente sorprendida”. “Si bien es cierto que la admisión de recursos en esta instancia es inferior al 13%, confiábamos en que el máximo tribunal entrase a valorar el fondo de la cuestión, algo que, desafortunadamente, no ha considerado oportuno hacer en este caso”, señalan fuentes de la compañía, que anuncian recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en los próximos días. Insiste en que la sentencia del TSXG es “injusta” y sostiene que no ha incurrido en “práctica anticompetitiva alguna”. Lo que señala esa sentencia es que Alsa y Monbús evitaban competir entre ellas en los concursos para adjudicar las rutas de transporte de viajeros por carretera para repartirse el mercado.

Una conductora de Alsa-BACOMA que cubre la ruta entre Valencia y Almería ha sido despedida por machismo, según denuncia ella misma a través del sindicato CGT. El entorno de la trabajadora, que se encuentra de baja por ansiedad, relata diversos episodios en los que la empresa ha tenido una actitud “sexista” con la mujer que han acabado derivando en el despido. Algo que desde Alsa-BACOMA niegan tajantemente argumentando que el despido está “motivado” por faltas “graves y muy graves”.

La vida de Encarna Aznar ha dado un giro dramático que ha acabado con ella en la calle. Hasta hace tan sólo unos días era conductora de Alsa-BACOMA y cubría la ruta entre Valencia y Almería, pero la empresa la despidió el pasado 21 de agosto. Un despido que desde su entorno y el sindicato CGT consideran que es fruto de “machismo”. Cuentan que ha sido víctima de diferentes expedientes que no se ajustan a la realidad y por los que ningún otro compañero ha sido sancionado previamente.

Porque esa es una de las cuestiones que explica el calvario que está pasando Aznar, según sus familiares. La hasta ahora conductora era la única mujer que cubría la citada ruta de autobús y esa circunstancia la ha marcado desde que entró en la empresa en 2014. La hermana de Encarna, María, cuenta que la hostilidad que ha sufrido ha llegado al punto de haber sido despedida durante su baja laboral por la ansiedad derivada de lo vivido. Una ansiedad que tiene como punto de partida el pasado mes de mayo.

Un expediente por una regla “dolorosa”

En aquella fecha, Encarna sufrió una indisposición fruto de la endometriosis que sufre y que le genera “dolores” y “flujo” abundantes. Su hermana relata que la conductora tuvo que parar en un área de estacionamiento que no es la “habitual” y que esa decisión le motivó el primer expediente. Apenas unos días después, otra parada, en este caso para evitar sufrir un accidente por cansancio, significó la apertura de otra investigación contra ella. “Su ruta tiene dos paradas de quince minutos y una de media hora para poder descansar, pero ella estaba tan agotada que tuvo que parar durante ocho minutos en Puerto Lumbreras para tomarse un café”, explica la hermana de la despedida.

Incluso este último expediente tiene una explicación sexista contra Encarna. “Duerme en una cama caliente en un piso que comparten 16 conductores que alquila uno de ellos”, explica la familia de la trabajadora. Dicha cama es “caliente” porque se van rotando conforme cada empleado de Alsa-BACOMA llega a Valencia tras hacer la ruta desde Almería, que tiene una duración aproximada de ocho horas. “Encima mi hermana es la única trabajadora a la que nunca dejan descansar los fines de semana, aunque lo solicita, cuando el resto de sus compañeros sí pueden hacerlo”. A cada empleado le corresponde, una vez al mes, parar viernes, sábado y domingo, mientras que el ciclo de trabajo es de seis días de actividad y tres de descanso.

Aún no han denunciado el despido puesto que están en el periodo de 20 días en el que se puede reclamar judicialmente como nulo, pero ya ganó un pleito contra Alsa-BACOMA al haber sido suspendida durante dos días por un presunto episodio de racismo contra un pasajero y está a la espera de otro juicio por una reclamación de otro viajero que dijo que Encarna no había parado donde correspondía. Aquel primer juicio se basó en la denuncia de un hombre que aseguró haber sido expulsado del autobús por racismo, pero quedó demostrado que fue requerido a bajarse del mismo por no llevar la mascarilla obligatoria.

Por otro lado, desde CGT también asumen que el despido está motivado porque Encarna Aznar ha decidido crear la sección de CGT para Alsa-BACOMA en Almería. Cristina García, secretaría de la Mujer, Anarkofeminismo e Igualdad en dicho sindicato, sostiene que la trabajadora ha sido “la única que ha protestado por una serie de tareas que no son propias de los conductores, sino de otro personal de la empresa, pero que por usos y costumbres ya las han asumido ellos como es el vaciado de los baños de los autobuses”.

“Lleva trabajando desde 2014 y nunca ha sido sancionada, hasta que ha empezado a ser perseguida por un problema de salud propio de mujeres como es la endometriosis”, añade García. Este expediente es de mayo y en junio el Gobierno aprobó una ley que permite pedir la baja laboral por esa dolencia, algo que para el sindicato CGT no es ajeno para que finalmente se haya producido el despido de Encarna Aznar.

La empresa niega los hechos

La versión de Alsa-BACOMA es diametralmente distinta a la que aporta la familia de la afectada y la sección sindical que le asiste. En respuesta a preguntas de este medio, la empresa asegura que el despido está motivado por la “reiteración” de faltas “graves y muy graves” como “reiteradas reclamaciones de usuarios ante el Servicio de Atención al Cliente, incluida una denuncia interpuesta por supuesto trato desconsiderado”, “hablar por el teléfono móvil mientras conduce” e “incumplimiento de los protocolos establecidos para las paradas”.

Al respecto, desde CGT afirman que Encarna sólo ha hablado por teléfono móvil con la propia empresa y cuando esta se lo requirió estando el autobús vacío para buscar la maleta de un pasajero, y la familia de la conductora aporta un escrito remitido por la propia trabajadora en el que explica a Alsa el presunto episodio de “trato desconsiderado”. Según el relato, lo que ocurrió es que un hombre se abalanzó sobre Encarna solicitándole parar en plena autovía, a lo que ella se negó porque era imposible, teniendo que intervenir dos pasajeros para ayudarle.

Por otra parte, Julio Martos, conductor y presidente del comité de empresa en Alsa-BACOMA por CGT, asegura que los expedientes que han motivado el despido están justificados, incluyendo episodios de “racismo” como el ya citado y sobre todo en lo referente a las paradas en los lugares establecidos: “El comité le ha informado que no podía hacerlas y ella ha seguido. Pero hay otras como enfados con compañeros y un montón de cosas más añadidas a esta señora. Yo como miembro de CGT defiendo la legalidad”. Por último, dice que el piso no lo comparten 16 conductores, sino que “lo pagan 16”: “Cuando llego yo y cuando llega ella tenemos nuestra propia habitación”.

Lo que no vio la Comisión Galega da Competencia, órgano autónomo pero dependiente de la Xunta de Galicia, sí lo vio la justicia: existen indicios de que Monbus y Alsa, dos de las mayores empresas de transporte de viajeros por carretera, “se reparten el mercado” al optar a las concesiones del Gobierno gallego. Competencia había desoído denuncias de pequeñas compañías de autobuses o del sindicato CIG. Fue el recurso de una de ellas, Travieso Software, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la que destapó su estruendoso silencio y revocó su decisión de archivar la demanda “sin haber comprobado la comisión de los hechos y su afectación a la libre competencia en el mercado relevante”.

Tres personas toman las decisiones en la Comisión Galega da Competencia, el presidente y los dos vocales. Los nombra el Consello de la Xunta, es decir, el gabinete del Partido Popular. “Órgano colegiado independiente”, su ámbito de actuación son las “conductas empresariales prohibidas” por la Ley de la Competencia –por ejemplo el reparto del mercado– “con efectos únicamente en la Comunidad Autónoma de Galicia”. Ahora mismo lo preside Ignacio López-Chaves, ex diputado del PP, y los vocales son Teresa Cancelo Márquez, profesora, ex parlamentaria y ex concejala del mismo partido, y Daniel Neira Barral, profesor y hace años también militante de la formación conservadora. La oposición ya ha exigido su renovación.

“Competencia no practicó ninguna de las pruebas, y si solo hubo una denunciante que recurrió a la Justicia es porque hay que pagar”, señala a elDiario.es la diputada socialista Patricia Otero. Su compañero de escaño Pablo Arangüena lo llevó a comisión parlamentaria el 5 de abril y en ella denunció la “baja frecuencia de trabajo” del organismo: según sus datos, en 2022 solo emitió cinco resoluciones sobre los 205.000 expedientes de contratación del Gobierno gallego. “Infringir la competencia en Galicia es totalmente gratis”, concluyó el socialista.

El propio presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, se desentendió de la actuación de la comisión. “Son decisiones de un órgano independiente”, indicó al día siguiente de que transcendiese la sentencia del Tribunal Superior. No tuvo en cuenta la filiación partidaria de sus miembros. Tampoco la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade se da por aludida. En un correo electrónico remitido a esta redacción, se escuda a que el dictamen judicial “no se dirige contra el procedimiento seguido por este departamento para la puesta en marcha del Plan de Transporte Público de Galicia”. “La sentencia no cuestiona el proceso de contratación, sino las decisiones de dos empresas ante posibles 'indicios' de acuerdos ilícitos”, añade. Un juzgado de Santiago ha admitido, sin embargo, una denuncia de la Asociación Empresarial de Tranposrte de Viajeros por Carretera de Galicia Galibus contra la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta por, explica a esta redacción fuentes de la misma, entender que ha dictado resoluciones para “salvar empresas y UTE vinculadas al grupo Monbus, perjudicando al resto de licitadores”. Suso Pastoriza, sindicalista de la CIG, coincide, y critica la “posición de dominio” de Monbus que su central denunció, primero, en la consellería y después en Comepetencia, con escaso éxito. “En Aragón, conductas similares fueron consideradas fraude”, advierte.

El juez del Superior habla, en concreto, de la concurrencia en UTE (unión temporal de empresas) de Alsa y Monbus a cinco de los lotes de transporte de pasajeros por carretera ofertados en concurso público de la Xunta en 2020. Cuatro de ellos eran los de mayor importancia. La UTE no se presentó, además, a ninguno de los otros 24 lotes por separado. “No puede interpretarse conforme a las reglas de la lógica y las pautas de la experiencia como una casualidad, sino como una causalidad de un acuerdo previo para aprovecharse, además, de que los pliegos permiten concurrir a todas las licitaciones”, dice el documento, que se extiende sobre el particular: “La licitación en UTE por Alsa y Monbus en cinco lotes no está justificada y responde a la conducta, prohibida, de repartirse el mercado, toda vez que las UTE resultan anticompetitivas”. Si esa colaboración respondiese a “la necesidad de complementarse por su capacidad financiera o técnica”, sería diferente, pero no es el caso, porque “en modo alguno se acredita ni la necesidad ni los efectos beneficiosos”.

Así, la sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal ordena a la Comisión Galega da Competencia incoar un expediente sancionador contra Monbus y Alsa ya que, asegura, “existen indicios racionales de infracción” relacionados con el reparto de mercado al concurrir en UTE a los concursos públicos. Contra la sentencia cabe recurso, que Monbus ya ha anunciado que presentará: de casación y ante el Supremo. “No compartimos el contenido de la sentencia, ya que no ha habido práctica restrictiva alguna”, declara Monbus a este periódico, “siempre hemos actuado con absoluto rigor e integridad dentro de la legalidad”.

Vega Sicilia para Feijóo y sumarios múltiples

Monbus es una de las principales empresas de transporte de viajeros por carretera de España. No hace muchos años controlaba más del 60% de rutas del Estado y facturaba unos 100 millones de euros. Su propietario, Raúl López, la heredó de su familia. Y en los últimos años su nombre no ha dejado de aparecer en la prensa, no siempre en la sección de economía. En 2016 era detenido en Sanxenxo (Pontevedra) con 60.000 euros en efectivo. Salió del calabozo tras pagar 20.000 euros de fianza. El caso todavía no ha sido resuelto. El vino de alta gama que solía enviar a Alberto Núñez Feijóo y su entonces vicepresidente en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, llegó a los tribunales, por superar lo que la juez entendía como “regalo de cortesía” y constituir un posible delito de cohecho. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) archivó la causa. Su nombre también figuró en los sumarios de la Operación Pokemon, cuyos micrófonos captaron a un concejal del PP preguntando a López qué criterios debía incluir en el pliego del concurso.

El Comité de Empresa del servicio de transporte urbano de Guadalajara ha alcanzado un acuerdo con la dirección de ALSA de cara al convenio colectivo para el periodo 2022-2024 y ha desconvocado los paros parciales de cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde, con carácter indefinido previstos para esta semana

Unos paros previstos ante el bloqueo del convenio colectivo, pero que finalmente han sido desconvocados tras alcanzarse un preacuerdo con la dirección del transporte urbano de Guadalajara, según el cual se mejoran las reivindicaciones de los trabajadores en aspectos como el salarial o los permisos retribuidos, tal y como ha confirmado el presidente del Comité de Empresa, Joaquín Toledo, del sindicato USO.

Según Toledo, ha sido una negociación “dura” que se ha cerrado con un preacuerdo “satisfactorio” para el “cien por cien” de la plantilla. “Hemos tenido que ceder en alguna cosa, pero hemos conseguido, más o menos, lo que se pretendía al principio de la negociación”, ha precisado.

Este principio de acuerdo, que se suscribirá próximamente, contempla una subida salarial estimada de unos 40 euros más al mes en el salario base para este primer año% (6,78% de media), incrementándose ligeramente en los siguientes dos años; y con respecto a los permisos retribuidos, los trabajadores pararán de contar con dos días de asuntos propios a poder disfrutar de tres.

En cuando a su reivindicación para cobrar el incremento salarial desde principio de año, Toledo ha admitido que en este punto han tenido que ceder después de conocer que la Administración -en este caso, el ayuntamiento- no regulariza con la empresa hasta el 1 de abril de cada año. Sin embargo, el comité ha pedido al consistorio que, en el próximo pliego, se contemple la regularización con el inicio de cada año.

El preacuerdo firmado tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, con el compromiso de materializarlo antes del 1 de agosto. Desde el comité de empresa han agradecido la mediación del Ayuntamiento de Guadalajara a la hora de alcanzar este acuerdo.

El comité de empresa del transporte urbano de Guadalajara ha convocado, a partir del próximo lunes 23 de mayo, paros parciales de cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde, con carácter indefinido, ante la falta de acuerdo con ALSA en la negociación del nuevo convenio colectivo.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el presidente del Comité de Empresa, Joaquín Toledo, acompañado del resto de los miembros del comité, todos ellos de USO, quien ha manifestado que se trata de una decisión apoyada por toda la asamblea de trabajadores (85 en total) ante “el descontento” que hay con la empresa

El mayor hándicap --según Toledo-- reside en el tema de los permisos retribuidos, así como en el momento de empezar a cobrar los incrementos salariales propuestos, que si bien desde la empresa se pretende que sea a partir de abril, la propuesta del comité es que se empiecen a percibir desde el mismo día 1 de enero.

También se han convocado concentraciones de por la mañana --8.30 a 9.30-- y por la tarde --16.00 a 15.30 horas--, de lunes a viernes, para la próxima semana y del 6 al 10 de junio, ante las puertas del Ayuntamiento de Guadalajara.

En el caso de que finalmente la huelga no sea desconvocada por falta de acuerdo, los paros parciales serán desde las 6.00 hasta las 10.00 de la mañana y desde las 14.00 hasta las 18.00 horas, cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde, tiempo durante el cual solo funcionaran los servicios mínimos, que según el presidente del comité se estiman en un 50% de la flota de autobuses.

La plantilla de ALSA lleva mucho tiempo descontenta. El convenio colectivo finalizó el pasado diciembre y en los meses que llevan de negociación no se ha podido llegar a ningún acuerdo. “Nos hemos encallado sobre todo con el tema económico, nos sentimos utilizados por la empresa”, ha apuntado Toledo.

Desde el comité creen que como el 31 de abril concluye la actual adjudicación del servicio de transporte y el ayuntamiento ya está negociando el nuevo pliego de condiciones, ALSA quiere presionar para que dicho pliego salga antes. “Nos quiere enfrentar al Ayuntamiento para presionar y que el pliego salga antes”, ha subrayado.

Además, también consideran que negociar en estas condiciones, sin saber si esta empresa va a seguir o no, supone otro inconveniente. De ahí que su planteamiento haya sido valorar un convenio solo hasta el 2023.

Para Toledo, está claro que no les ha quedado más remedio que ir a la huelga porque en la mediación la empresa se ha descolgado con una oferta aún más baja de la planteada inicialmente.

Malas condiciones laborales

En la rueda de prensa, el presidente del comité también se ha quejado también de las malas condiciones en las que tuvieron que realizar su trabajo durante la pandemia; sin mamparas durante los primeros meses en los autobuses, consiguiendo que las colocaran tras una denuncia ante la inspección.

De igual modo, ha reclamado que se pongan servicios para los conductores, algo que ha sido especialmente duro durante la pandemia, y en concreto, durante el confinamiento, momento en el que hasta los bares estaban también cerrados.

“No estamos pidiendo nada descabellado, ni en condiciones económicas ni en servicios retribuidos”, ha incidido Toledo.

Al alcalde le consta que se trabaja para evitar la huelga

Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, preguntado por esta cuestión en una comparecencia ante los medios, ha reconocido la huelga como un derecho que tienen los trabajadores y que “hay que respetar” pero ha precisado que el Consistorio “está pendiente y ocupado” en este asunto, confiando en que ambas partes lleguen a un acuerdo antes del próximo lunes. Le consta que “se está trabajando en esa línea”, ha concluido.

Abdel y Yaya (nombres ficticios) habían llegado a su hora a Termibus, la estación de autocares de Bilbao. Los dos muchachos, naturales de Costa de Marfil, se han gastado buena parte de sus ahorros en un billete a Irún, donde esperan cruzar caminando a Francia para seguir su ruta hasta una 'banlieue' de París en la que les esperan familiares y amigos. Sólo les acompaña una pequeña mochila y una botellita de agua. No tienen ni tarjeta SIM para el móvil y se comunican e informan cuando pueden hacerse con una 'wifi' abierta. 

Llegaron a España a primeros de agosto en una zodiac en la que se hacinaron con otras 85 personas tras haber pagado una fortuna cuyo destinatario no se atreven a describir. En Marruecos, a más de 4.500 kilómetros de Costa de Marfil, hay casos de pagos de hasta 3.000 euros a personas llamadas 'chamanes' y que son los que, a través de intermediarios, organizan la ruta entre África y Europa. La suya fue una travesía nocturna milagrosa por el Estrecho –describen con gesto de terror el frío y el poco hueco para viajar– hasta que arribaron a Málaga. Recuerdan cómo tuvieron que esquivar alguna embarcación marroquí hasta que un equipo del Salvamento Marítimo español los rescató. De Málaga fueron enviados a una instalación de la Cruz Roja en Chiclana de la Frontera.y desde allí, en autocar, subieron hasta Bilbao.

“No saben cuándo van a pasar. Cuando están durmiendo, en medio de la noche, les despiertan, les meten en un 'taxi-mafia' y les llevan a los sitios donde salen las pateras”, explica una persona que trabaja en Euskadi con las personas que llegan de África. Relata como ejemplo el caso de una migrante que vio cómo había seis personas para ayudarles a subir a la precaria embarcación y que dos de ellas eran policías marroquíes. Les indicaron incluso que hicieran una señal lumínica muy concreta para comunicarse con patrulleras marroquíes conocedoras de los planes del 'chamán'.

Tras haber repuesto fuerzas, comido y bebido en las instalaciones de la Cruz Roja el máximo de días posibles para migrantes en tránsito (cinco), Abdel y Yaya se sentían ya con fuerzas para la siguiente etapa, la de cruzar el muro invisible que separa en Irún-Hendaya España de Francia y en la que los controles y las devoluciones en caliente de las fuerzas de seguridad francesas han sido y son una constante. Ahora se le suma el añadido del incremento notabilísimo de la seguridad con motivo de la cumbre internacional del G7 que se celebrará en la comarca, en Biarritz, y que atraerá a los principales dirigentes mundiales. “Trump, cumbre internacional, muy muy difícil”, asumen los jóvenes cuando se les pregunta si son conscientes del riesgo de no poder entrar al Hexágono.

Sin ayuda y en medio del tráfago de autocares y viajeros que buscan fiestas en los pueblos o un retiro estival, han perdido el Alsa a Irún, el penúltimo de la noche. Los periodistas encuentran a Abdel y Yaya en la taquilla, intentando cambiar el billete. Queda otra conexión a la ciudad fronteriza pero el autocar va lleno. No sólo tienen que pagar unos euros más sino que tendrán que pasar la noche a la intemperie para poder montarse en el primer bus de la mañana siguiente. Lo aceptan con resignación.

Mientras, en Irún-Hendaya, la cercanía del G7 ha hecho que crezcan los controles en todos los pasos. En el puente de Santiago, una patrulla de la Policía Nacional francesa está cruzada para revisar todo el tránsito. Lo mismo en Behobia, Biriatou y hasta en el Topo, el cercanías de Euskotren que acaba al otro lado de la muga y que directamente dejará de pasar la frontera en los días previos a la cumbre. Abdel y Yaya son conscientes del problema del calendario. También sienten que han agotado su estancia en Cruz Roja y que si Francia les impide la entrada se verán abocados a la calle hasta que surja la oportunidad. Esperar hasta el 26 de agosto se les antoja hercúleo. 

En Irún hay grupos ciudadanos que ayudan a los migrantes en tránsito desde la crisis del año pasado, en que terminaron por tener que dormir bajo un cobertizo para motocicletas en la estación de trenes y autobuses. Todas las noches un grupo de personas de Irungo Harrera Sarea hacen un 'gautxori' e informan a las personas que llegan desorientadas. Desde allí, se alerta del “tapón” policial y de que el problema irá a más conforme se acerque el G7, programado para el próximo fin de semana. Las instituciones –denuncian– siguen sin hacer frente a un drama humanitario muy real y las organizaciones sociales de otros puntos de España –entienden– deberían informar de que el paso de Irún-Hendaya es realmente complicado en estos momentos. Según sus datos, la noche del 15 de agosto siete personas tuvieron que dormir en un local no acondicionado para ello por estar completos los recursos habilitados.

En paralelo a estas dificultades para los migrantes, crecen las ansias de negocio de algunas personas más o menos organizadas y que las entidades sociales no dudan en calificar de “mafias”. Funcionan en Irún, pero también en Bilbao. Allí otras personas de origen africano no van a perder el Alsa como Abdel y Yaya. Y no lo van a perder porque vienen 'acompañadas'. Un varón que pasa horas en Termibus consultando dos teléfonos móviles a la vez y sin subir a ninguna ruta se encarga de pasar lista antes de cada partida y de entregarles a cada uno de sus 'clientes' el resguardo para poder montar. No le detiene la presencia regular de la Ertzaintza o de la Policía Local en la zona. En una ocasión le acompañaba un preadolescente.

Un jueves subió a cinco en el último autocar del día a Irún, un martes a cuatro más y, mientras los de Costa de Marfil aguardan al primer bus de la mañana, otros reciben su billete de manos de estos 'pasantes', aunque sus servicios no garantizan, ni mucho menos, el éxito de la entrada a Francia. El personal de seguridad le pone cara al hombre de los dos móviles. Es gente conocida y cualquier observador los podría identificar con rapidez. “Pero no podemos hacer nada. Nosotros no vemos que haya intercambio de dinero ni nada, así que pueden decir que están ayudando a unos amigos. Tendría que ser cosa de la Policía”, cuenta un trabajador de Termibus.

Un chófer que cubre la línea que se inicia en Asturias y acaba en la frontera confirma que esta práctica es diaria. “Sí que hay un incremento de personas de ese perfil que compran billetes, sobre todo a Irún. Intuyo que con la intención de cruzar la frontera. En mi turno he llegado a ver que compran hasta siete para un mismo viaje”, explica una taquillera de la estación de Bilbao. ¿Por qué Irún si hay conexiones a París, Biarritz o Hendaya? “Para comprar billetes a Irún no se necesita ninguna documentación, pero para los otros sí pedimos el pasaporte”, explica.

El trabajo de los 'pasantes' no acaba ahí. También reciben gente hasta que les llegue su turno de embarcar hacia la anhelada Francia. Una de las noches, el hombre de los dos teléfonos aguardó unos 20 minutos después de montar a cinco jóvenes en el Alsa hasta que se le acercaron otros cuatro muchachos con su equipaje. Mediaron pocas palabras y caminaron juntos hasta un coche de una marca francesa que toma dirección Zabalburu. La rutina se repite en otras ocasiones, sólo que a veces con una furgoneta de reparto española, con un utilitario italiano y hasta otro automóvil recién matriculado. La gama de vehículos es amplia.

Conforme avanza la noche, el bullicio de la estación de Bilbao se va apagando. Ya no suenan los cláxones y los bares cercanos bajan la persiana. Incluso cae alguna gota de lluvia. Abdel y Yaya se van quedando solos en el banco metálico esperando su oportunidad. A su estado de Whastapp le acompaña una bandera de Costa de Marfil y otra de España a que les sigue una tercera, la de Francia. “Sólo Dios tiene la última palabra”.

Miles de ciudadanos se trasladan a diario desde Guadalajara hasta Madrid para trabajar, para acudir a actividades culturales y de ocio, o por cuestiones personales. La cercanía a la capital convierte en imprescindible la exigencia de infraestructuras y conexiones que garanticen la movilidad en condiciones aceptables. El servicio de Cercanías y de autobuses entre Guadalajara y Madrid funcionaba hasta hace pocos años de forma óptima. Sin embargo, los recortes a raíz de la crisis y la falta de voluntad política para corregir las deficiencias han convertido ambas líneas en una pesadilla cotidiana para todos sus usuarios.

La reivindicación alrededor de Cercanías, que ahora ha cuajado desde el punto de vista político, emergió en las redes sociales. Fue a través de Twitter y el resto de plataformas digitales donde un puñado de persistentes y concienzudos usuarios comenzó a denunciar, con fotografías y vídeos, el calamitoso estado en el que se encuentran los trenes que cubren a diario el trayecto entre la capital alcarreña y la estación de Atocha: impuntualidad en las frecuencias, averías constantes, incidencias técnicas de diversa consideración, frío en los vagones, convoyes inundados por goteras, desamparo de los viajeros en la estación de Guadalajara al no disponer de marquesina, falta de personal, carencias en el mantenimiento y hacinamiento en las horas de máxima afluencia.   

A principios de año, un informe del sindicato CCOO sobre la red de Cercanías de Madrid, de la que forma parte la línea C-2 hasta Guadalajara, reveló que en los primeros veinte días de enero “se registraron incidencias que han afectado a 897 trenes”. De esas incidencias, 257 causaron retrasos, mientras que se suprimieron un total de 238 trenes.

A raíz de estos datos y las crecientes quejas ciudadanas, el PSOE –entonces en la oposición- elevó este enfado a sus preguntas parlamentarias a Íñigo de la Serna, a la sazón ministro de Fomento. A finales de enero, la senadora socialista Riansares Serrano calificó de “lamentable y caótico” el actual servicio de Cercanías. Ahora Guadalajara también ha llevado al Pleno del Consistorio arriacense en varias ocasiones la exigencia de “mejoras urgentes” en la línea C2. En el último Pleno de noviembre, este grupo político logró el apoyo unánime de todo el  Consistorio a su moción para reclamar a Fomento mejoras en los transporte de Cercanías y carretera, utilizados diariamente por 4.000 alcarreños.

La iniciativa reivindica que los refuerzos de cercanías de la línea entre Madrid-Guadalajara partan desde la estación de cabecera. Además, solicitan al Ministerio que no suprima el servicio de lanzaderas durante los períodos de navidad y verano como ahora sucede. En cuanto al servicio regular de autobuses, el texto reclama a Alsa que cumpla con los criterios de calidad comprometidos y que mantenga de forma permanente los refuerzos de autobuses.

La protesta alrededor de Cercanías fue respaldada por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y el resto de municipios afectados por el Corredor del Henares, excepto el de la capital de la provincia. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román (PP), no quiso sumarse en 2017 a la plataforma ‘Recuperar Cercanías C2’, impulsada por el Ayuntamiento de Alcalá y a la que se sumaron todas las localidades de Guadalajara afectadas (Azuqueca, Quer, Fontanar, Humanes, Marchamalo, Chiloeches, Yebes, Yunquera de Henares) excepto la capital, Villanueva de la Torre y Alovera. “El objetivo de la plataforma es exigir al Ministerio de Fomento mejoras urgentes en este servicio, que es fundamental para el desarrollo económico de la zona”, subrayó a este diario José Luis Blanco (PSOE), alcalde azudense.

Román también desaprovechó la visita que De la Serna, entonces responsable de la cartera de Fomento, realizó a Guadalajara en febrero pasado para exigir con determinación lo que ya era un clamor a voces: la exigencia de mejora en Cercanías. Ambos dirigentes abordaron este asunto, además del Bus Vao de la Autovía A-2 y una doble mejora de la carretera nacional 320 en Cuatro Caminos y hacia El Casar. Sin embargo, De la Serna no verbalizó ningún compromiso tangible con relación a los trenes. Su principal anuncio fue la inversión de 450.000 euros para restaurar la verja de Ricardo Velázquez Bosco en el Parque de Adoratrices con cargo al 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento.

De la Serna supeditó la resolución de las averías y las incidencias en la línea C-2 a un plan de mejoras de todos los cercanías de Madrid, cuya presentación estaba prevista en marzo. En realidad, lo hizo en abril pero no acabó con las quejas de los usuarios.

El subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Ángel Canales, aseguró en una entrevista reciente con eldiarioclm.es que “un signo que demuestra la preocupación de este Gobierno por los transportes públicos es que en los nuevos Presupuestos se va a invertir un 40% más en el mantenimiento de las redes ferroviarias en todo el país. Además, se van a adquirir nuevos trenes con los que se paliará el problema de los retrasos y en los próximos dos años el Ministerio va a destinar 1.000 millones de euros en modernizar los Cercanías de Madrid, entre los que se encuentra la línea de Guadalajara”.

Canales hacía alusión al plan de mejoras en Cercanías auspiciado por José Luis Ábalos, ministro de Fomento. En realidad, lo que el Gobierno de Sánchez ha hecho es asumir el plan heredado del Ejecutivo anterior. Fomento contempla una inversión de 6.000 millones de euros –a diferencia de los 5.089 millones comprometidos por el Gobierno del PP- hasta 2025, aunque condicionado a la aprobación de los Presupuestos de 2019. “Si queremos darle continuidad, lógicamente está en función de nuevos presupuestos”, recalcó Ábalos el pasado 26 de noviembre.

Al día siguiente de estas palabras, Antonio Román se descolgó con un mensaje publicado en el muro del Ayuntamiento de Guadalajara en Facebook. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, solicita al presidente de Renfe, Isaías Táboas “información sobre si se ha producido o ser va a producir próximamente alguna mejora del servicio ferroviario entre Guadalajara y Madrid”.

Además, recordó que en abril del año anterior se reunió con el predecesor de Táboas. “Defendí la necesidad de que se mejore la puntualidad de los trenes de Cercanías, elevando al presidente una de las principales demandas que realizan los usuarios de este servicio en Guadalajara. También le planteé que se estudiara un incremento del número de CIVIS que conectan Guadalajara con Madrid, así como el desarrollo de ofertas comerciales que posibiliten una mejora de los precios del AVE entre ambas ciudades”. 

Servicio deficiente de Alsa

El servicio de autobuses entre Madrid y Guadalajara tampoco se ha librado este año de las críticas del grueso de sus usuarios, cuyo enfado ha ido ‘in crescendo’ a lo largo de los meses. Especialmente, las quejas han ido orientadas a la falta de frecuencias, a la existencia de una oferta escasa para atender la demanda y a la impuntualidad frecuente de los distintos servicios, lo que se suma a las condiciones deplorables de la parada de Canillejas (Madrid), que obliga a los usuarios a permanecer a la intemperie, haga sol o caigan chuzos de punta.

Esta catarata de incidencias llevó en octubre a Alsa –empresa que explota la adjudicación de esta línea- a reforzar la línea con seis nuevos autobuses, lo que no ha aplacado las quejas. La concesionaria amplió el servicio desde avenida de América todos los días por la tarde con otros dos autobuses, a las 16 horas y las 21, 30 horas. Alsa presta el servicio de la línea 243 con una flota de 17 autobuses, de los cuales 14 vehículos son permanentes y otros tres actúan de refuerzo en horas punta. Desde la concesionaria sostienen que en este itinerario se ofrecen 3.800 plazas, de las que se ocupan cada día una media de 1.500 plazas.

Fuentes de la compañía de transporte señalaron a eldiarioclm.es que la demanda de esta línea regular está “perfectamente atendida” y niegan haber recibido “reclamaciones relevantes” en sus canales de atención al viajero. Además, atribuyen los retrasos  a las  “habituales incidencias de tráfico en la A2, que se producen especialmente en la operación salida de los viernes por la tarde”.

Con los nuevos servicios se pretendía paliar el déficit de plazas, que dejaban en tierra a muchos viajeros en Canillejas, tal como denunciaban los propios usuarios, a través de la cuenta de Twitter AfectadosxsAlsa. Pero la realidad es que las quejas persisten. No existen refuerzos los viernes por la tarde, los horarios siguen sin cumplirse con normalidad y continúan faltando plazas en Canillejas para satisfacer la demanda para regresar a Guadalajara por las tardes. Todo ello hace que se formen colas kilométricas e incluso disputas y discusiones entre los usuarios para acceder al autobús.