Agentes de la Policía Nacional han liberado en Málaga a una mujer sometida durante más de dos años a un continuo ciclo de violencia. La investigación se inició cuando la víctima susurró al personal sanitario en una consulta que su pareja la agredía física, psicológica y sexualmente de forma continua.

Los investigadores pudieron detectar que la mujer permanecía sometida a un control absoluto por parte del agresor, quien presuntamente la mantenía encerrada en el domicilio cuando abandonaba la vivienda para realizar repartos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes. Aprovechando precisamente uno de esos desplazamientos, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia que culminó con la interceptación y detención del autor.

Así, inmediatamente después, funcionarios de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) accedieron al domicilio, localizaron a la víctima, garantizaron su integridad física y procedieron a su liberación y traslado a dependencias policiales, donde, ya en un entorno seguro y libre de la influencia del agresor, pudo denunciar por primera vez los hechos sufridos durante los dos últimos años.

Amenazaba con que ya había cometido un homicidio

De este modo quedó constatado por escrito que el agresor, ejercía de forma continuada una dominación, control y sometimiento sobre la víctima, dentro de una relación de violencia de género, mediante violencia física, psicológica y sexual. Según la Policía Nacional, utilizaba a la mujer para satisfacer sus intereses personales y sexuales, además de someterla a amenazas, coacciones y aislamiento aprovechando su especial situación de vulnerabilidad.

Consta además que el detenido posee antecedentes penitenciarios por un delito de homicidio doloso, circunstancia que había sido utilizada por el propio investigado para intimidar tanto a la víctima como a su entorno familiar. Igualmente, fue puesto a disposición el presunto autor al que se le imputaban los delitos de malos tratos habituales de violencia de género, agresión sexual continuada, detención ilegal, amenazas y coacciones y delito contra la salud pública.

El resultado final ha sido fruto de la estrecha colaboración entre las administraciones públicas implicadas, Equipo de Atención a la Mujer (EAM) y la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), que permitió que rápidamente se pusieran en marcha los mecanismos establecidos en este tipo de hechos.

La Policía Nacional destaca especialmente la labor desarrollada por el Equipo de Atención a la Mujer (EAM) del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce, cuyos profesionales detectaron una situación de violencia de género oculta durante la asistencia sanitaria a una víctima. La rápida comunicación de los hechos a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) permitió activar de manera inmediata los protocolos de protección e investigación.

Drogas y armas en el domicilio

Los investigadores de la Unidad de Familia y Mujer de la Comisaría Provincial de Málaga realizaron numerosas gestiones, que permitieron no sólo la detención del presunto autor de graves delitos, sino también la liberación de la mujer que, según la investigación, permanecía sometida a una situación de violencia física, psicológica y sexual continuada.

Tras ampliarse los indicios existentes y encontrándose ya el investigado detenido, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro del domicilio, siendo concedida por el Juzgado competente. En la vivienda fueron localizadas e intervenidas numerosas sustancias estupefacientes, una balanza de precisión, útiles destinados al corte y distribución de droga, diversas armas blancas, dinero en efectivo, sustancias medicamentosas y otros efectos directamente relacionados con la actividad investigada.

Todas las actuaciones policiales fueron puestas a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer plaza número 1 y la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga Plaza número 13.

A menudo llegan a las aulas temas relacionados con las comunidades digitales de hombres que promueven masculinidades radicales, la misoginia y el antifeminismo a través de redes sociales conocidas como la 'machosfera'. Se trata de hombres que comparten rutinas relacionadas con el deporte, la dieta o su día a día, pero entendiendo la producción como sinónimo de fortaleza y emoción, el éxito como producto del esfuerzo, es decir, la meritocracia capitalista, el dinero, los coches y las mujeres como muestra de ese éxito con un lenguaje de la humillación como generador de una frustración que pueden rentabilizar y siendo su cuerpo como campo de batalla.

Así lo han explicado María Rodriguez Rodríguez, doctora en Género y Diversidad y sexóloga e Iván Gómez Beltrán, doctor en Género y Diversidad e historiador durante el Curso de Verano de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) 'Educación sexual y pantallas: desafíos, oportunidades y propuestas' y, en concreto en la mesa redonda 'Manosfera, Femesfera y la construcción del género en las redes'. Según han detallado, la idea de la 'manosfera' es cada vez más común, pero ¿qué ocurre cuando también llega a las aulas la 'femesfera'?

Según Rodríguez, la figura más significativa de la 'femesfera' son las 'trad wifes', “esas esposas tradicionales que son ángeles del hogar y que ponen en valor la nostalgia y la seguridad frente a la incertidumbre. Es como que viven en mucha incertidumbre y necesitan un anclaje, la idea de que el pasado fue mejor sirve para ellas como ancla. Estas tendencias tienen que ver con una respuesta a la presión social. En la incorporación de la mujer al trabajo hay una doble carga y, aunque el feminismo se ha ido institucionalizando y ha ido conquistando distintos terrenos, el ámbito de los cuidados, la educación y la crianza no son igualitarios”, ha recalcado la experta.

En su investigación ha visitado páginas, foros y blogs de estas mujeres que deciden quedarse en casa para criar desde una perspectiva más tradicional y machista y, en ellos comparten mensajes como: “Tu marido sostiene a la familia. Merece ser adorado, mimado y consentido. Quítale las botas cuando llegue a casa, rasca su espalda. Haz lo que él quiera y tú quieras hacer para demostrarle tu aprecio”; “el estilo de vida de una ama de casa no es para personas débiles. Cuando nació nuestra hija, mi esposo me dijo que podía quedarme en casa. Me emocioné muchísimo. También es duro. Leer aquí me ayuda a que no soy la única”; “no tengo amigas tradicionales y esta es mi vía principal para encontrar conexión y validación” o “por fin encuentro un lugar con un discurso rebelde frente a lo 'feministamente correcto'”.

Esa última frase contiene una de las claves analizadas durante el curso: “Rebelde”. Es decir, se considera ser rebelde ir en contra del sistema y, por ende, de los derechos adquiridos. “Hay niños de 15 años que son muy machirulos y niñas que lo sepan o no, también transmiten ideas machistas. Niños que dicen que los trabajos de las mujeres son una mierda o que no sirven para nada. Hay una actitud de rebelarse contra la autoridad y el antifeminismo viene de ahí. Ahora ser antifeminista es ser el más punk. Lo 'woke', lo progre es lo hegemónico y decir algo machista te da más puntos”, ha indicado Rodríguez.

Otra de las cuestiones a las que se enfrentan en las aulas son comentarios relacionados con el 'bodycount', o el 'km0', términos que los alumnos emplean para evaluar, sobre todo a las mujeres, dependiendo con el número de hombres -o en este caso, niños- han estado. Los propios menores hablan del dignifAI, un programa de inteligencia artificial que “dignifica” imágenes de mujeres poniéndoles ropa y cambiándoles el pelo y maquillaje a otros más sobrios y “naturales”, porque así “valen más”. “Las mujeres de alto valor se miden por su 'bodycount' o las personas con las que se han acostado. Es un eje que vertebra su identidad”, ha detallado Rodríguez.

Sobre esta cuestión Gómez, ha añadido una metáfora que emplean en la 'manosfera': “Una llave maestra abre todos los candados, pero un candado que se abre con todas las llaves es un candado roto. Esto lo aprendí yo con los chavales. Por eso es importante controlar sus códigos”, ha destacado.

En el caso de dignifAI, los expertos han lamentado que, “en el mismo espacio-tiempo en el que hay señores desnudando a mujeres a través de la IA, también las hay vistiéndolas”. “Las fotos reales son las subidas por ellas, pero ellos las vuelven a subir con las chicas más tapadas. Buscan a mujeres que consideran que no son lo suficientemente dignas y las 'dignifican' con trajes tradicionales o más recatados”, ha destacado Rodríguez.

Gómez, por su parte, ha destacado que “es importante ver en qué atributos se está poniendo la deseabilidad”. “Principalmente, si miramos a lo físico, un cuerpo musculoso es sinónimo de éxito. La gordofobia es inmensa en la 'machosfera', la panza de la que hablan, es algo que hay que trabajar mucho con los chavales”, aunque, ha subrayado que “los chavales no se convierten en antifeministas directamente a través de la 'machosfera', sino que hay ideas previas, emociones y malestares que la 'machosfera' prende”.

A modo de cierre, Rodríguez ha criticado que “la sexualidad femenina siempre está bajo sospecha”. “En este sentido están contribuyendo tanto la 'machosfera' y la 'femesfera' como los discursos más progresistas. Da la sensación de que si me saco una foto, muevo el culo o me visto de una determinada manera nunca lo hago para mí misma, siempre lo hago para el otro y me parece algo muy problemático. Si interpretamos cualquier expresión sexual femenina solo como cosificación/alineación corremos el riesgo de negar la posibilidad de un deseo propio y de una elección situada, aunque ese deseo pueda ser contradictorio. El reto no está solo en defender derechos frente a la reacción conservadora, sino en no caer en la trampa de esencializar la sexualidad de las mujeres y pensarla solo desde el miedo, el riesgo o la sospecha. Eso implica defender condiciones para la autonomía, el deseo, la negociación, la ambivalencia, el placer y la diversidad de experiencias”, ha concluido.

Una persona ha sido detenida como presunta autora de una agresión sexual a una mujer durante los Sanfermines. La agresión ha tenido lugar de madrugada, en torno a las 4.45 horas, en la Vuelta del Castillo, según informan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

La Junta de Portavoces del Consistorio ha manifestado en una declaración institucional su “total rechazo y condena a esta agresión” y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad”.

El Ayuntamiento de Pamplona se ha reafirmado una vez más en su “rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca” en la ciudad y se compromete a “trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos”.

El Ayuntamiento se ha adherido “a la convocatoria que realice el movimiento feminista de Pamplona” e invita a la ciudadanía “a participar en dichos actos de protesta”.

La Junta Local de Protección Civil ha conocido en su reunión de este sábado la denuncia de tres agresiones por tocamientos en la última jornada de fiestas. Una persona ha sido detenida como presunta autora de una de esas agresiones.

La desconfianza de las mujeres en el sistema de protección ante cualquier agresión machista responde a una experiencia ancestral de falta de empatía, cuestionamiento, descrédito, ninguneo, minimización de los hechos y ausencia de respuestas.

Ninguna sorpresa: estamos condicionadas a desconfiar.

Cualquier mínima experiencia de posible —y digo “posible”— agresión sexual genera miedo, retraimiento y, en la mayoría de los casos, cambios en la vida diaria para que un agresor no te atrape. Salir y volver siempre acompañada, controlar dónde estás, tu bebida o tu cuerpo… se llama miedo y responde a fallos estructurales y continuados fen la respuesta frente a las violencias machistas, sean del tipo que sean. Nos lo han transmitido madres, compañeras de trabajo, amigas y otras mujeres. Es una herencia de saberes legada por nuestras antepasadas.

Todavía recuerdo mi primera experiencia con una mujer maltratada diariamente. No quería denunciar a su marido para que no le quitaran a sus hijas. La atención y los cuidados recaían en las mujeres de la plantilla, porque muchas veces acudía a trabajar apalizada y con el cuerpo con marcas de golpes o agujeros de destornillador. Hacíamos su trabajo entre todas mientras descansaba. Su desconfianza en unas instituciones machistas y patriarcales era absoluta y el tiempo le dio la razón.

A día de hoy, los datos de la tercera gran encuesta realizada a nivel europeo por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), para la que se entrevistó a casi 115.000 mujeres de toda la UE, muestran que la violencia machista apenas ha descendido durante la última década en Europa y que seguimos igual que siempre a la hora de denunciar: vergüenza, culpabilidad, miedo y falta de confianza en las instituciones, especialmente en los distintos cuerpos policiales.

Se ha avanzado en prevención, en pedagogía y en el conocimiento de las distintas formas de violencias contra las mujeres, pero muy poco en conseguir que disminuyan.

Cuando te roban el bolso, la bicicleta o dinero de tu cuenta, acudes a la policía a denunciar; cuando agreden tu cuerpo y tu dignidad ¿en quién confías?

Hasta ahora, denunciar ante las fuerzas de seguridad suponía un periplo de repetir y explicar lo ocurrido, intentar probarlo, no ser creída y, cuando lo habías conseguido, encontrarte que muchas veces se justificaba al agresor. Es decir, violencia institucional a distintos niveles y siempre contra la agredida, todo ello pese a haber depositado su confianza en el sistema. El sistema fallaba a las mujeres una y otra vez, actualmente también.

¿Cómo eliminar el miedo ancestral a la revictimización, al escrutinio de nuestros comportamientos, a la duda permanente sobre el testimonio de las víctimas —con el desgaste emocional que ello genera antes y durante el proceso judicial— a la reproducción de estereotipos de género en los tribunales, a la falta de amparo efectivo y al temor a las represalias del agresor? Eso no se corrige únicamente con servicios asistenciales y leyes, por muy avanzadas e innovadoras que sean. Requiere mucha pedagogía, compromiso y determinación por parte de todas las instituciones y de la propia sociedad.

Tenemos mujeres asesinadas casi a diario como consecuencia de fallos institucionales que se esconden tras marañas burocráticas incomprensibles: procedimientos legales complejos, largos y emocionalmente agotadores, fuerzas de seguridad desinformadas y despistadas, órdenes de alejamiento que no se hacen cumplir y un sinfín de errores.

La pregunta es inevitable: ¿para qué voy a denunciar? ¿Qué gana una víctima al adentrarse en esta red de desamparo? Poco o nada. Los procesos judiciales y psicológicos siguen siendo muy lentos, angostos y de dudosa satisfacción.

Yo creo que la reflexión debe ser la contraria: si las mujeres estamos haciendo todo lo que se recomienda, impulsamos leyes que nos protegen, algunas hasta denuncian, se ponen en marcha medidas institucionales de carácter asistencial, pero los agresores siguen actuando con impunidad, reinciden, matan y asesinan casi a diario, entonces las mujeres tienen todos los motivos para no confiar en quienes deberían garantizar su seguridad, ergo se cuidan y se protegen entre ellas al margen de los mecanismos institucionales.

La credibilidad de las instituciones se construye demostrando capacidad para reducir los problemas, obteniendo resultados medibles y gestionando de manera eficiente los recursos públicos.

En el caso de las víctimas de las violencias machistas, esa credibilidad nunca ha existido. No se trata de recuperar algo que estuvo ahí, sino de actuar tan bien por parte de todos los operadores —fuerzas de seguridad, sistema sanitario, judicatura y servicios sociales y demás agentes— que las mujeres podamos confiar desde el mismo momento en que sufrimos una agresión o un intento de agresión.

Eso no está ocurriendo. Por eso nos cuesta confiar.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Irún, Cristina Mere, rechazó en junio restituir de manera cautelar al 'mando' sancionado por la Junta del Alarde de San Marcial, el 'tradicional' de Irún, en el que las mujeres quedan relegadas a cantineras, hasta que resuelva sobre la demanda interpuesta por este hombre contra la resolución que lo sancionó por una falta grave vinculada con una “conducta inapropiada” hacia una cantinera. La sanción impuesta implicaba la pérdida del cargo y no poder participar en el desfile durante dos años consecutivos, incluido el de este año que ha tenido lugar este 30 de junio.

No obstante, pese a lo ocurrido, su compañía le ha dedicado durante el Alarde, que tuvo lugar este martes, un homenaje debajo de su balcón, en el que el mando, vestido con el traje reglamentario del evento, ha gritado en varias ocasiones “Gora Tamborrada” a lo que la multitud le respondía “Gora”, seguido de la frase “Hoy toca ser felices”, tras lanzar un abrazo a sus compañeros. El homenaje ha sido grabado y distribuido en las redes sociales de la compañía, donde abundan los mensajes de apoyo al investigado.

El mando solicitó que, de manera cautelar, y hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, se suspendiera la eficacia de la sanción para poder participar en el Alarde de este año. Argumentó que si no se atiende su solicitud, el daño podría ser “irreparable” ya que, atendiendo a la inminencia de las fiestas de este año, “perderá la oportunidad de participar en ellas”. No obstante, la jueza apreció en el auto que existe un “proceso penal abierto por denuncia previa por los mismos hechos objeto del expediente sancionador de la Junta del Alarde”, y que “aparte de la posible lesión de los derechos del actor, es preciso ponderar (...) otros derechos cuya eventual lesión podría ser mayormente irreparable una vez que aquel procedimiento sea resuelto, que son los de la cantinera”.

A finales de abril la Junta del Alarde tradicional de Irún informó en un comunicado dirigido “a la ciudadanía” que existen diligencias previas en el ámbito penal “actualmente en tramitación en un juzgado de Irún” por la denuncia de un presunto caso de violencia sexual ocurrido en el San Marcial de 2025. Según la denuncia, que en un momento se limitó a ser interna de la organización, pero ha saltado ya a la Justicia ordinaria, un “jefe de unidad” realizó presuntamente “unos tocamientos” a la cantinera, una joven veinteañera. Desde el Departamento de Seguridad confirman a este periódico que hasta el momento, no tienen constancia de que se haya interpuesto ninguna denuncia ante la Ertzaintza relacionada con estos hechos, por lo que el caso puede haber llegado al juzgado por otros cauces.

Después de que una de las cantineras del Alarde de Irún denunciara ante la Junta de Mandos (órgano supuestamente soberano, cuya misión principal es la organización del Alarde de San Marcial, mientras que la Junta del Alarde es el órgano de estudio y asesoramiento del Alarde) un presunto episodio de agresión sexual por parte de uno de los 'mandos' de una de las compañías durante uno de los ensayos de la fiesta celebrada el pasado 30 de junio, el 3 de febrero, se celebró una reunión para comunicar la sanción al presunto agresor, que ha sido expedientado y suspendido de su cargo.

A raíz de lo ocurrido, el “general” y el “comandante” del Alarde tradicional de Irún presentaron su dimisión. Asier Etxepare y Rubén Fraile alegaron que no podían liderar un grupo en el que hay un sector que ha cuestionado su forma de gestionar la denuncia interna de la supuesta agresión sexual. En un comunicado hecho público el pasado febrero, expusieron que en verano se abrió un “expediente sancionador” a raíz de una “denuncia interna” por una “conducta inapropiada”. Se refirieron así a unos presuntos tocamientos en una compañía del Alarde por parte de un “jefe de unidad” a la cantinera. Se añadió que tanto la “Junta de Mandos” como la “Junta del Alarde” no podían “mirar hacia otro lado” ante la denuncia de un “símbolo del alarde” y entendían que han de “evaluar” lo ocurrido “dentro del régimen disciplinario”.

A partir de ahí, reconocieron la tensión interna en una reunión celebrada en Palmera Montero, con ocho “capitanes y jefes de unidad” disconformes con las actuaciones y decenas de personas manifestándose en la puerta en contra de sancionar al supuesto agresor. “En los prolegómenos a nuestro gran Día de San Marcial una cantinera se acercó para hacernos llegar varios comportamientos inadecuados de uno de los 'mandos' del Alarde. ¿Qué opciones teníamos? ¿Mirar hacia otro lado o analizar la situación? Yo, como general, pero sobre todo como Asier Etxepare Iza, no puedo hacer otra cosa que respetar y defender la base del Alarde de San Marcial, que es la Ordenanza. Y quiero remarcar que esta debería ser la base de todas las personas que forman la Junta de Mandos y la Junta del Alarde, la de respetar la Ordenanza. Como bien indican nuestros reglamentos, ante este tipo de denuncias internas se abre un proceso para analizar, investigar y resolver las actitudes que han llevado a la persona a tocar nuestra puerta. Y eso hemos hecho: analizar, investigar y resolver”, apuntó en aquel momento uno de los miembros que presentó su dimisión.

Fuentes del entorno del 'mando' sancionado detallan a este periódico que la resolución de la Junta del Alarde, por la que el hombre ha sido sancionado, “no califica, ni tipifica lo sucedido como agresión sexual, ni atribuye connotación sexual a la conducta denunciada”. Además, no niegan ni reconocen los hechos, pero ponen en cuestión que la Junta del Alarde tenga competencia para poder juzgar un hecho de estas características. La resolución del expediente sancionador rebaja lo sucedido a una “falta de respeto” a un “símbolo” del Alarde tradicional, como puede ser en este caso la cantinera, pese a tratarse de una persona. En este sentido, la Ordenanza del Alarde de San Marcial de Irún recoge en su artículo 40 en el que define las faltas graves, “la falta de respeto a la Bandera de Irún, los banderines, los estandartes y cuantos símbolos forman parte del Alarde”. Según confirman las fuentes del 'mando' sancionado, es en este caso en el que contemplan desde la Junta del Alarde para sancionarlo tras el suceso que denuncia la cantinera.

El Ayuntamiento de Don Benito ha decidido cancelar el concierto que el cantante sevillano Beret tenía previsto ofrecer el próximo 12 de septiembre dentro de la programación de la Feria y Fiestas de la localidad, después de que el artista fuera detenido recientemente como presunto autor de una agresión sexual denunciada en Sevilla.

La decisión ha sido comunicada este lunes por el consistorio a través de una nota oficial en la que explica que, tras analizar la situación generada en torno al cantante y mantener conversaciones con los promotores del evento, ha optado por suspender la actuación.

Según señala el Ayuntamiento, la medida se adopta por “responsabilidad institucional” y atendiendo al “interés general”, con el objetivo de “preservar el adecuado desarrollo” de las fiestas patronales y evitar que las circunstancias actuales puedan afectar al normal desarrollo del evento.

No obstante, el consistorio subraya en su comunicado que mantiene su “máximo respeto” al principio de presunción de inocencia y precisa que la cancelación del concierto “no supone, en ningún caso, un juicio de valor sobre los hechos que han trascendido ni una valoración anticipada de cualquier procedimiento que pudiera estar en curso”.

La actuación de Beret formaba parte de los principales conciertos anunciados para las fiestas de septiembre de Don Benito. Ahora, el Ayuntamiento ha avanzado que ya trabaja junto a los promotores para buscar una alternativa que ocupe la fecha prevista en la programación festiva.

Respecto a las entradas adquiridas para el concierto, el consistorio ha aclarado que será la empresa promotora la encargada de informar sobre el procedimiento y los plazos para la devolución del importe abonado por los asistentes.

La cancelación se produce después de que trascendiera la detención del artista sevillano en el marco de una investigación por una presunta agresión sexual que habría tenido lugar en abril en Sevilla. El caso continúa en fase de instrucción judicial.

La plaza número 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia, cuya titular es Ana Isabel Pérez Asenjo, ha acordado este pasado 10 de junio el sobreseimiento provisional del caso de las presuntas agresiones machistas a menores en la Bertso Eskola de Errenteria “porque no existe denuncia ni de la Fiscalía, ni de ninguna presunta víctima”, según fuentes judiciales. El caso se podría reabrir si hubiera denuncias.

Estas mismas fuentes aclaran que el artículo 191.1 del Código Penal establece que “para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del ministerio fiscal, que actuará ponderando los intereses legítimos en presencia”. “Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del ministerio fiscal”. Aun así, sostienen que “si se presentara denuncia se podría reabrir el procedimiento e iniciar una instrucción en el juzgado”.

A principios de este mes, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteria representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) puso en manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, han detallado desde el Consistorio.

Así, Otaegi declaró ante la Fiscalía de Menores con el objetivo de verificar el contenido de las informaciones enviadas por el Ayuntamiento previamente a la Policía judicial. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, aseguró.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido recientemente con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, ha llevado a cabo reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y también con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, han denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento, en reiteradas ocasiones han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado, las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia, que por el momento no se ha interpuesto en la Ertzaintza ni en el juzgado, recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

Como cada año, el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), la asociación de municipios vascos (Eudel) y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han dado a conocer la campaña ‘Beldur Barik, gau eta egun’, de cara a las fiestas populares que tienen en lugar en verano para prevenir las agresiones machistas. La campaña de este verano cuenta con una guía dirigida a los ayuntamientos y un decálogo para la ciudadanía con pasos a seguir en el caso de presenciar o ser víctima de una agresión y pone el foco, más allá de las agresiones que ocurren por las noches, en las que pasan a plena luz del día. Sin embargo, solo cuenta con un único punto dirigido al agresor.

“Hemos querido mostrar que las violencias machistas y contra las mujeres no son algo exclusivo de las noches. Debemos asumir la responsabilidad de construir espacios libres y seguros durante las fiestas para garantizar el respeto hacia todas las personas. No vamos a tolerar actitudes machistas ni de noche ni de día. La violencia machista está latente aún en nuestra sociedad las 24 horas del día, manifestándose en sus diferentes formas: violencia simbólica, psicológica, física y sexual”, ha insistido la directora de Emakunde, Miren Elgarresta.

Así, el “decálogo para unas fiestas libres de violencia machista”, como ha sido titulado, cuenta con diez pasos. El primero de ellos, la declaración de que “todas las personas” tiene la “responsabilidad de construir espacios festivos en los que se garantice el derecho a disfrutar las fiestas en libertad y sin miedo”. El segundo paso indica que si alguna persona “observa conductas machistas”, debe “desaprobarlas públicamente, dejando claro que la fiesta no justifica ninguna actitud que limite la libertad de las mujeres”. El tercero: “Si alguien a quien han agredido te pide ayuda escúchala, no la dejes sola, nunca emitas juicios y pregúntale antes de llamar a algún servicio o dar algún otro paso. Recuerda que la última decisión es suya”.

No tienes ninguna excusa: el consumo de alcohol o drogas no te exculpa. La agresión es siempre tu responsabilidad

Los pasos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno están dirigidos a las víctimas y les indican que si se encuentran en “una situación de peligro” pueden llamar al 112 o a la Policía municipal, les recuerdan que “solo sí es sí” y que que si se sienten incómodas con alguien, forzadas a hacer algo que no quieren o no se está respetando su palabra “tienen todo el derecho a decir basta y a no seguir”. Además, les advierten de que en el caso de haber sufrido una agresión sexual, si se lavan o se cambian la ropa pueden “eliminar pruebas” y les recuerdan que si sufren una agresión pueden llamar al teléfono 24 horas de atención a las víctimas (SATEVI) 900 840 111 donde el personal especializado les podrá asesorar y que “en cada territorio existen centros de crisis 24 horas” a los que también pueden acudir “sin necesidad de interponer denuncia, tanto si la agresión se ha producido de forma reciente como si ha sucedido en el pasado”. Solo en el último punto el decálogo se dirige al agresor a quien le alerta de que “no tiene excusa”. “No tienes ninguna excusa: el consumo de alcohol o drogas no te exculpa. La agresión es siempre tu responsabilidad”, recoge el documento.

En cuanto a la guía para los ayuntamientos, se basa en un protocolo a seguir en casos de agresiones para los organizadores de las fiestas, los participantes en entornos festivos, como el personal que atiende en las txosnas y también para los hosteleros. “Si estás detrás de la barra, formas parte de la comisión de fiestas o de alguna asociación y organizas alguna actividad, tu colaboración es fundamental para construir espacios festivos en los que todo el mundo pueda disfrutar en libertad”, recoge el documento, que detalla una serie de medidas que se pueden tomar en los locales para evitar agresiones como “ubicar baños en espacios que no estén aislados e iluminar los espacios oscuros en los que pueda generarse alguna situación que pueda resultar peligrosa” o “informar a todas las personas de la asociación, comisión, txosnagune… de la manera de actuar en caso de una agresión machista”. “Si existe un protocolo, es muy importante que lo pongas en conocimiento de toda la plantilla y que lo coloques en un lugar visible”, indica la guía.

“Es importante que desde el primer momento en el que se empiezan a organizar las fiestas, se tenga en cuenta que deben ser espacios seguros para las mujeres. Que sean espacios de libertad en los que las mujeres tengan presencia y participen activamente. En la guía que enviamos a los ayuntamientos se sugiere en este sentido que se diseñen actividades que promuevan la igualdad y la visibilidad de las mujeres en los espacios de ocio. Porque hablar de prevención de agresiones machistas es hablar de igualdad. En muchas localidades se han dado avances importantes de sensibilización, pero debemos seguir insistiendo en que nada, ni la fiesta ni el alcohol, justifica una agresión machista”, ha aseverado Elgarresta.

Si estás detrás de la barra, formas parte de la comisión de fiestas tu colaboración es fundamental para construir espacios festivos en los que todo el mundo pueda disfrutar en libertad

Conciertos y teatros igualitarios y playlist feministas

En este sentido, la guía dirigida a los ayuntamientos recomienda que se diseñen actividades como conciertos o teatros que “promuevan la igualdad, a través de actividades que fomentan la visibilidad de las mujeres en los espacios de ocio”. Otro de los puntos que destacan es la necesidad de música y cartelería no sexista, con playlist específicas contra el machismo y que de forma visible se vea un listado de números de emergencia durante la fiesta, además de en redes sociales. “Nuestro objetivo es que las fiestas sean un espacio de libertad para todo el mundo, un espacio en el que puedan disfrutar sin miedo”, ha destacado la directora de Emakunde.

A raíz de la alarma que surgió en 2022 por presuntos casos de “pinchazos” que producían sumisión química, esta forma de agresión ha ido introduciéndose también en protocolos de prevención. La guía ofrecida este verano a los ayuntamientos vascos también cuenta con un apartado específico sobre ello que enumera una serie de posibles síntomas que podrían confirmar que alguien está siendo víctima de una sumisión química, como tener el habla confusa, alteraciones visuales, somnolencia, confusión, desinhibición, agitación o alucinaciones, alteración del juicio, mareo o vértigo, alteraciones de la motricidad o del equilibrio o náuseas o vómitos. Aun así, la guía alerta de que “el alcohol y las drogas también pueden causar estos síntomas”. “Sospecha cuando hayas bebido de otro vaso, hayas descuidado el tuyo, tras un pinchazo o cuando tu estado no sea razonablemente explicable por lo que has ingerido”, recoge.

No obstante, al igual que en el caso del decálogo dirigido a la ciudadanía, en la guía para los ayuntamientos apenas se indica qué se debe hacer con el agresor. “Muestra al agresor que estás en contra de su actuación, sin poner en riesgo tu integridad física”, explica la guía, que recalca que no se deben difundir datos ni información sobre lo sucedido sin antes pensar cómo puede llegar a afectar a la víctima y que la última decisión es siempre suya, por lo que no se debe hacer nada sin consultarle.

En España, el 14,8% de las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33 % ha sufrido violencia física a lo largo de la vida por parte de alguna pareja. Además, la prevalencia de la violencia física aumenta con el grado de discapacidad, situándose en el 13,4% entre las mujeres que tienen una discapacidad acreditada de entre un 33% y un 64% y en el 18,2% entre aquellas con un grado del 65% o superior de discapacidad. En cuanto a la violencia sexual ejercida por alguna pareja, el 11,3% de las mujeres con discapacidad igual o superior al 33% la ha sufrido, así como en la violencia económica a lo largo de la vida, padecida por el 16,6% de las mujeres con una discapacidad de entre el 33% y el 64% y por el 19,2% de aquellas con un grado de discapacidad del 65% o superior.

Se trata de datos aportados por el estudio 'Mujeres especialmente vulnerables a la violencia' publicado este mayo por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) que concluye que las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% denuncian la violencia en una proporción más elevada que las que no tienen discapacidad. Ese porcentaje es del 27,6% en el primer colectivo, frente al 16,2% del segundo. Lo mismo ocurre en la búsqueda de ayuda cuando la violencia ocurre. Un 58% de las mujeres con discapacidad ha recurrido a servicios de ayuda como médicos, psicológicos, servicios sociales, etc., debido a la violencia ejercida por alguna de sus parejas, frente al 40,3% del resto de mujeres.

¿Pero qué ocurre cuando esa violencia es ejercida por el principal cuidador de las mujeres con discapacidad? ¿Cómo puede pedir ayuda una mujer cuya movilidad, vestimenta o cuidados diarios dependen estrictamente de su propio maltratador? La abogada Ana Balboa Montavez, y las psicólogas y facilitadoras procesales Sara Poncela Chafik y Sofía Remón Chozas junto con el equipo multidisciplinar de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de Navarra (UAVDI) abordan estas cuestiones y aportan algunas claves en el estudio Violencias machistas y diversidad funcional del Máster de Formación Permanente de la EHU Violencias Machistas: Intervención en Red de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU).

La alta necesidad de algunas mujeres con discapacidad de cuidados íntimos y la dependencia en tareas de higiene y cuidado físico incrementan notablemente las oportunidades de agresión. Además, las expertas alertan de que el riesgo de sufrir agresiones se eleva de manera pronunciada cuando la atención y el cuidado cotidiano son provistos por múltiples adultos o cuidadores con escasa supervisión. “La falta de herramientas de comunicación accesibles o de educación sexual impide que las mujeres comprendan que están siendo objeto de una agresión”, destaca el estudio, que menciona una práctica frecuente —y errónea— es utilizar a familiares o cuidadores como “intérpretes” en los procesos de revelación, lo cual vulnera la confidencialidad de la víctima y eleva el riesgo de revictimización.

Una educación afectivo-sexual adecuada permite reconocer el propio cuerpo, identificar situaciones de riesgo, aprender sobre el consentimiento y desarrollar habilidades para establecer límites en las relaciones

Para evitar que esto ocurra, en primer lugar las expertas exponen algunos de los mitos que dificultan la valoración de la sospecha de un caso de violencia machista contra las mujeres con discapacidad intelectual y aportan argumentaciones que desmontan esos mitos, como el de “las mujeres con discapacidad intelectual son personas asexuadas”. “La sexualidad es inherente a todas las personas. Tener una discapacidad intelectual no elimina deseos, emociones, ni necesidades afectivas; simplemente puede requerir otras formas de apoyo para su expresión segura y autónoma”, sostienen. El segundo de los mitos es que las personas con discapacidad “tienen una sexualidad desinhibida, incontrolable, impulsiva”. “La supuesta «desinhibición» suele reflejar falta de educación afectivo-sexual, entornos sobre protectores o ausencia de modelos positivos, no una característica propia de la discapacidad. Con información y apoyos adecuados, pueden regular su conducta igual que cualquier persona”, reconocen. El tercer mito a derribar es que “sus dificultades les impiden tener relaciones sexuales normales”. “No existe una única forma «normal» de vivir la sexualidad. Con apoyos, comunicación y respeto mutuo, las mujeres con discapacidad intelectual pueden disfrutar relaciones afectivas y sexuales satisfactorias y seguras”, añaden. El cuarto mito es que “las mujeres con discapacidad intelectual no son personas con atractivo o deseadas”. Según las expertas, “esta idea surge del capacitismo y de la mirada infantilizadora”. “El atractivo es diverso y subjetivo; negarles deseo o capacidad de ser deseadas es negar su derecho humano”. Por último, está el mito de que “las mujeres con discapacidad intelectual no entienden ni necesitan la educación afectivo-sexual”. “Precisamente por su vulnerabilidad a abusos y desinformación, necesitan educación accesible y adaptada. Comprenden mucho más cuando se les ofrece información clara, concreta y respetuosa”, sentencian.

Una vez aclaradas estas cuestiones las expertas ahondan en la necesidad de prevención y formación específica en violencia machistas tanto para las propias mujeres como para las familias de estas. “La prevención del abuso hacia personas con discapacidad intelectual es una responsabilidad social que requiere un enfoque integra. Las mujeres con discapacidad intelectual se encuentran en diversas situaciones de mayor vulnerabilidad ante los diferentes tipos de abuso; físico, emocional, sexual, económico o institucional—, lo que hace indispensable actuar desde el origen del problema. Para prevenir y adelantarse a que puedan darse más situaciones de abuso, es necesario trabajar desde la formación y sensibilización. Esto implica, en un primer momento, educar y formar a las propias mujeres con discapacidad intelectual, empoderándolas a través de información y conocimientos, impartidos por profesionales especializados. Es esencial proporcionarles herramientas accesibles para reconocer situaciones de riesgo, conocer sus derechos y saber cómo pedir ayuda. Del mismo modo, las familias tienen un papel clave como agentes protectores y aliados en el desarrollo de entornos seguros y de confianza”, aseguran.

Una herramienta fundamental para la prevención de conductas machistas, según determinan, es la educación afectivo-sexual a personas con discapacidad intelectual, adaptada a las necesidades cognitivas de cada persona. “Una educación afectivo-sexual adecuada permite reconocer el propio cuerpo, identificar situaciones de riesgo, aprender sobre el consentimiento y desarrollar habilidades para establecer límites en las relaciones. Si bien es cierto que las mujeres con discapacidad intelectual suelen ser excluidas de estas formaciones por mitos sobre la discapacidad que se han expuesto anteriormente como la asexualidad o la falta de madurez, esto solo genera limitaciones en su autonomía como personas con sexualidad”, aseguran.

Las expertas detallan que la mejor forma para trabajar adecuadamente la prevención del abuso a mujeres con discapacidad intelectual, es un espacio en grupo donde puedan formar equipo y puedan compartir sus dudas y sus esfuerzos en distintos aspectos. En esas sesiones, además de la educación afectivo-sexual, es fundamental abordar otras como el reflejo del dolor, los derechos de las personas con discapacidad, el trauma o enseñarles señales y comportamientos que pueden indicar situaciones de abuso, para que puedan identificar posibles riesgos y saber cómo actuar.

A falta de señales físicas, hay que atender a cambios bruscos de conducta como regresiones, retraimiento y agresividad o rechazo a lugares y personas

Al igual que con las personas con discapacidad intelectual, es importante dar un espacio a las familias donde puedan formar equipo de trabajo y puedan compartir sus vivencias, sus miedos y sus herramientas. En este sentido, a modo de claves, a las familias les recomiendan “evitar juicios de valor y tomar en consideración lo que cada persona expone sobre su familiar, evitando minimizar y dando valor de manera individual”, “dar a conocer los recursos y servicios disponibles para actuar ante posibles situaciones de abuso, así como orientarlas sobre cómo buscar apoyo y acompañamiento profesional” y “capacitarlas para identificar signos de alerta físicos, emocionales o conductuales que puedan indicar que algo no va bien, favoreciendo una detección temprana”.

Qué hacer y qué no hacer cuando hay una sospecha de agresión

¿Qué hacer cuando hay sospecha de una agresión? El estudio indica que “solo se revela aproximadamente el 3% de los casos de abuso sexual contra personas con discapacidad intelectual”. Esto se debe a barreras como el desconocimiento de lo que constituye un abuso, las amenazas del agresor, la “ley del silencio”, el miedo a no ser creídas y las dificultades de expresión. Por ello, la detección por parte de profesionales y familias es crucial, fundamentándose en claves básicas, como considerar siempre la posibilidad de abuso. “Las familias y profesionales no deben esperar a que la víctima lo revele directamente. El miedo, la culpa, la vergüenza y las limitaciones de comunicación provocan que el malestar se exprese de forma indirecta. Dado el elevado riesgo del colectivo y los mitos existentes, se debe mantener siempre una actitud de alerta activa”.

“A falta de señales físicas, hay que atender a cambios bruscos de conducta (regresiones, retraimiento, agresividad o rechazo a lugares/personas). Entre las secuelas clínicas comunes se encuentran el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) —que suele manifestarse de forma atípica como trastornos de conducta debido a las limitaciones verbales de la víctima —, la ansiedad , la depresión y problemas de conducta (autolesiones, conductas desafiantes o hipersexualización). Los profesionales deben investigar la raíz de estos cambios sin atribuirlos erróneamente a la propia discapacidad. Cabe destacar que hasta un 40% de las víctimas de abuso no muestran síntomas evidentes, por lo que la ausencia de señales jamás debe restar credibilidad a un relato”, explican las expertas, por ello, inciden en que “cuando una persona con discapacidad intelectual revela un abuso, existe una alta probabilidad de que sea real. Se debe desterrar el mito capacitista de que suelen inventar o fantasear. No obstante, para no interferir en investigaciones judiciales, se aconseja corroborar los hechos con especialistas y evitar que la víctima repita el relato múltiples veces, ya que esto puede alterar su memoria”.

Las cosas que sí que tienen que hacer desde las familias una vez hay sospecha de agresión son “generar un ambiente íntimo y discreto, ofrecer contención emocional, transmitir confianza y credibilidad, practicar la escucha activa, fomentar el relato libre respetando ritmos y silencios, y registrar todo de forma minuciosa evitando formular preguntas cerradas”. Lo que no deben hacer cuando una persona con discapacidad muestra signos de alerta por posible agresión es “permanecer inactivos, dudar del relato, juzgar o restar importancia a la confidencia, realizar preguntas cerradas o sugerir respuestas, e interrogar de manera insistente”.

El siguiente paso sería ya acudir a los profesionales que detectarán lo que ocurre y siempre informando a la posible víctima y a sus familiares sobre los pasos a dar y nunca a sus espaldas, decidirán cómo proceder. Ante la sospecha o confidencia de un abuso, el profesional tiene la obligación de actuar bajo criterios de coordinación con especialistas y activar de manera conjunta cinco líneas de acción prioritaria: protección de la víctima, valoración de la capacidad para decidir la denuncia, planificación de los apoyos para el proceso judicial, manejo de la divulgación desde la institución y, por último la valoración de intervención psicoterapéutica o psiquiátrica. “Es indispensable realizar una evaluación clínica adaptada que pondere el impacto del trauma y las particularidades cognitivas de la persona. Un correcto abordaje especializado permite diagnosticar patologías asociadas (depresión, ansiedad, TEPT) y diseñar un plan personalizado enfocado en la recuperación de la autoestima y el desarrollo de la autonomía personal”, concluyen las expertas.

Un profesor que daba clase en el colegio Albeiros de Lugo ha sido condenado a cinco años de prisión por agresión sexual continuada a una alumna menor de edad -tenía nueve años cuando ocurrieron los hechos-. La Audiencia Provincial acaba de comunicar la decisión, en la que absuelve al hombre del resto de acusaciones realizadas por otras cuatro niñas del mismo centro escolar al considerar que, en estos casos, las pruebas resultan insuficientes para una condena.

La sentencia también inhabilita al hombre por un plazo de diez años para cualquier profesión en la que tenga contacto habitual con menores y le prohíbe acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio durante diez años. Además, la condena incluye una medida de libertad vigilada durante cinco años una vez haya cumplido la pena de prisión y le impone el pago de una indemnización de 3.000 euros a la menor.

La Fiscalía pedía para este profesor cinco años y seis meses de cárcel por estos hechos, pero el tribunal ha optado por el mínimo que prevé el marco penal aplicable -esos cinco años- porque considera que no se objetivó daño psíquico a la menor, que los hechos “no revistieron especial entidad” y que el hombre no tiene antecedentes penales. La acusación particular, por su parte, reclamaba 30 años, seis por cada uno de los cinco delitos de agresión sexual continuada.

El caso arrancó con una nota que la propia víctima, junto a otra compañera de estudios, escribió y dejó en el buzón del aula. Una profesora la revisó y avisó a la dirección del centro. Fueron varias las niñas que acusaron al profesor, pero la condena es finalmente por uno solo de los casos. La sentencia considera hechos probados que el hombre, nacido en 1976, impartía la asignatura de Música en el CEIP Albeiros desde hacía varios años y daba clase a la víctima en el curso 2023-24. La menor, nacida en 2014, era su alumna desde primero de infantil.

En estas clases, que eran una vez por semana, el hombre aprovechó “las circunstancias favorables que le proporcionaba el desempeño de su profesión” para, en varias ocasiones, hacia finales del segundo trimestre, hacerle tocamientos a la niña, recoge la sentencia. Describe varias de las situaciones: en una ocasión se acercó a la menor por detrás y, simulando hacerle un masaje, deslizó las manos por la parte delantera del cuello de ella hacia la parte superior del pecho; en otra, mientras bailaban, le puso la mano en el culo; y el 22 de mayo de 2024, el último miércoles que el ahora condenado dio clase, le negó permiso a la niña para ir al baño, la sentó en su regazo. Ella intentó escurrirse, pero el profesor la agarró por las axilas y la recolocó pegada a su abdomen “llegando a notar la menor su pene bajo sus nalgas”. En el relato de los hechos probados se añade que el hombre puso las manos entrelazadas sobre el pubis de la niña, con los meñiques dirigidos a los genitales de ella y haciendo presión en la zona. La menor aprovechó que él levantó una mano para rascarse la cabeza y se escabulló.

El fallo indica que estas situaciones “provocaron en la menor gran incomodidad, rechazo a acudir a clase y la queja a su tutora”. El hombre entró en prisión en mayo de 2024, pero salió en noviembre.

La Audiencia Provincial agrega en la sentencia que el relato de la menor tiene credibilidad y que no se aprecia en ella “ningún ánimo espurio, de venganza o animadversión” hacia el acusado, al que decía tener cariño hasta que ocurrieron los hechos. Su versión fue consistente, estuvo acompañada de “explicaciones con riqueza de matices y detalles” y no se aprecia en ella “ninguna inconsistencia o contradicción”. Añade que su relato está reforzado por otras pruebas, como la nota que firmó y el testimonio de las profesoras -la que leyó la nota en primer lugar y la tutora de las menores, que hablaron con ellas-; por lo que contaron otras menores compañeras de clase; por el testimonio de la madre de la niña, a la que esta contó lo que sucedía en clase y le decía que no quería ir a clase de Música; y por la prueba pericial, que concluye que la narración de la niña es creíble y añade que ella “no malinterpretó conductas del profesor, sino que se halla en una etapa evolutiva donde el pudor sexual emerge, lo que le hizo darse cuenta de que las conductas del profesor invadían su intimidad y no eran adecuadas”.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Irún, Cristina Mere, ha rechazado restituir de manera cautelar al 'mando' sancionado por la Junta del Alarde de San Marcial, el 'tradicional' de Irún, en el que las mujeres quedan relegadas a cantineras, hasta que resuelva sobre la demanda interpuesta por este hombre contra la resolución que lo sancionó por una falta grave vinculada con una “conducta inapropiada” hacia una cantinera. La sanción impuesta implicaba la pérdida del cargo y no poder participar en el desfile durante dos años consecutivos, incluido el de este año que tendrá lugar el próximo 30 de junio, en unos días.

Sin embargo, el 'mando' solicitaba que, de manera cautelar, y hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, se suspendiera la eficacia de la sanción para poder participar en el Alarde de este año. Argumentaba que si no se atiende su solicitud, el daño podría ser “irreparable” ya que, atendiendo a la inminencia de las fiestas de este año, “perderá la oportunidad de participar en ellas”. No obstante, la jueza aprecia en el auto, que no es firme y puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que existe un “proceso penal abierto por denuncia previa por los mismos hechos objeto del expediente sancionador de la Junta del Alarde”, y que “aparte de la posible lesión de los derechos del actor, es preciso ponderar (...) otros derechos cuya eventual lesión podría ser mayormente irreparable una vez que aquel procedimiento sea resuelto, que son los de la cantinera”.

A finales de abril la Junta del Alarde tradicional de Irún informó en un comunicado dirigido “a la ciudadanía” que existen diligencias previas en el ámbito penal “actualmente en tramitación en un juzgado de Irún” por la denuncia de un presunto caso de violencia sexual ocurrido en el San Marcial de 2025. Según la denuncia, que en un momento se limitó a ser interna de la organización, pero ha saltado ya a la Justicia ordinaria, un “jefe de unidad” realizó presuntamente “unos tocamientos” a la cantinera, una joven veinteañera. Desde el Departamento de Seguridad confirman a este periódico que hasta el momento, no tienen constancia de que se haya interpuesto ninguna denuncia ante la Ertzaintza relacionada con estos hechos, por lo que el caso puede haber llegado al juzgado por otros cauces.

Después de que una de las cantineras del Alarde de Irún denunciara ante la Junta de Mandos (órgano supuestamente soberano, cuya misión principal es la organización del Alarde de San Marcial, mientras que la Junta del Alarde es el órgano de estudio y asesoramiento del Alarde) un presunto episodio de agresión sexual por parte de uno de los 'mandos' de una de las compañías durante uno de los ensayos de la fiesta celebrada el pasado 30 de junio, el 3 de febrero, se celebró una reunión para comunicar la sanción al presunto agresor, que ha sido expedientado y suspendido de su cargo.

A raíz de lo ocurrido, el “general” y el “comandante” del Alarde tradicional de Irún presentaron su dimisión. Asier Etxepare y Rubén Fraile alegaron que no podían liderar un grupo en el que hay un sector que ha cuestionado su forma de gestionar la denuncia interna de la supuesta agresión sexual. En un comunicado hecho público el pasado febrero, expusieron que en verano se abrió un “expediente sancionador” a raíz de una “denuncia interna” por una “conducta inapropiada”. Se refirieron así a unos presuntos tocamientos en una compañía del Alarde por parte de un “jefe de unidad” a la cantinera. Se añadió que tanto la “Junta de Mandos” como la “Junta del Alarde” no podían “mirar hacia otro lado” ante la denuncia de un “símbolo del alarde” y entendían que han de “evaluar” lo ocurrido “dentro del régimen disciplinario”.

A partir de ahí, reconocieron la tensión interna en una reunión celebrada en Palmera Montero, con ocho “capitanes y jefes de unidad” disconformes con las actuaciones y decenas de personas manifestándose en la puerta en contra de sancionar al supuesto agresor. “En los prolegómenos a nuestro gran Día de San Marcial una cantinera se acercó para hacernos llegar varios comportamientos inadecuados de uno de los 'mandos' del Alarde. ¿Qué opciones teníamos? ¿Mirar hacia otro lado o analizar la situación? Yo, como general, pero sobre todo como Asier Etxepare Iza, no puedo hacer otra cosa que respetar y defender la base del Alarde de San Marcial, que es la Ordenanza. Y quiero remarcar que esta debería ser la base de todas las personas que forman la Junta de Mandos y la Junta del Alarde, la de respetar la Ordenanza. Como bien indican nuestros reglamentos, ante este tipo de denuncias internas se abre un proceso para analizar, investigar y resolver las actitudes que han llevado a la persona a tocar nuestra puerta. Y eso hemos hecho: analizar, investigar y resolver”, apuntó en aquel momento uno de los miembros que presentó su dimisión.

Fuentes del entorno del 'mando' sancionado detallan a este periódico que la resolución de la Junta del Alarde, por la que el hombre ha sido sancionado, “no califica, ni tipifica lo sucedido como agresión sexual, ni atribuye connotación sexual a la conducta denunciada”. Además, no niegan ni reconocen los hechos, pero ponen en cuestión que la Junta del Alarde tenga competencia para poder juzgar un hecho de estas características. La resolución del expediente sancionador rebaja lo sucedido a una “falta de respeto” a un “símbolo” del Alarde tradicional, como puede ser en este caso la cantinera, pese a tratarse de una persona. En este sentido, la Ordenanza del Alarde de San Marcial de Irún recoge en su artículo 40 en el que define las faltas graves, “la falta de respeto a la Bandera de Irún, los banderines, los estandartes y cuantos símbolos forman parte del Alarde”. Según confirman las fuentes del 'mando' sancionado, es en este caso en el que contemplan desde la Junta del Alarde para sancionarlo tras el suceso que denuncia la cantinera.

Esta semana, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteri,a representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) ha puesto a manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. Aunque, por el momento, no hay ninguna denuncia formal presentada ante la Ertzaintza por este suceso. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, informan desde el Consistorio.

La declaración de Otaegi se ha producido concretamente este jueves a petición de la Fiscalía de Menores y el objetivo de esta ha sido verificar el contenido de las informaciones enviadas previamente a la Policía judicial. Según ha aclarado el Ayuntamiento de Errenteria en un comunicado, “la Fiscalía de Menores es la encargada de garantizar la adecuada protección de las personas menores y el objetivo, además de aclarar las informaciones recibidas, es ayudar a identificar posibles víctimas”. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, ha asegurado.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y una reunión con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, ha denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

CIG-Administración Pública ha calificado de “grave error político” la decisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de nombrar al exconselleiro Alfonso Villares delegado territorial de la Xunta en Lugo tras el archivo de la denuncia por supuesta agresión sexual presentada contra él por una conocida presentadora.

“Con esta decisión, en la Administración autonómica tenemos a un posible depredador sexual de jefe”, ha lamentado, en un comunicado remitido a los medios –y recogido por Europa Press–, en el que afea con dureza a Rueda haber situado al frente de la delegación del Gobierno gallego en Lugo al extitular do Mar e incide en que la ejemplaridad institucional va “más allá” del recorrido judicial de una causa.

La CIG esgrime que la “rehabilitación” de Villares como alto cargo autonómico es de “extrema gravedad” y que “hace patente el falso compromiso” de la Xunta del PP con las víctimas de violencia machista.

El sindicato ha trasladado su respeto por las resoluciones judiciales y la presunción de inocencia, pero recuerda que “el archivo de una causa por falta de indicios suficientes para continuar el procedimiento no equivale a una sentencia que declare la inexistencia de los hechos”.

“Rueda lo rehabilita porque le da la gana”

“La responsabilidad política y social y la ejemplaridad institucional van más allá del recorrido judicial de un caso”, ha esgrimido, además de hacer hincapié en que “nadie obliga a Rueda a rehabilitar políticamente a Villares”.

“Lo hace porque le da la gana, y al hacerlo está enviando un mensaje inequívoco: para el presidente de la Xunta es más importante restituir la honorabilidad de un exconselleiro de su círculo político e íntimo que mandar un mensaje ejemplarizante de tolerancia cero frente a violencia. En definitiva, con esta decisión en la Administración autonómica tenemos un posible depredador sexual de jefe”, ha lamentado.

Al respecto, la CIG agrega que las instituciones públicas “no solo tienen que actuar conforme a la legalidad, sino también preservar su credibilidad, proteger la confianza de la ciudadanía y actuar con la máxima responsabilidad ante situaciones de especial trascendencia social”.

“No es un caso más de enchufismo”

Por ello, la CIG considera que este nombramiento “no es un caso de enchufismo más del PP”, sino que supone “un grave atentado hacia todas las mujeres”.

“Muestra una ausencia absoluta de conciencia que banaliza la violencia sexual, deteriora la credibilidad de las víctimas y evidencia una preocupante falta de responsabilidad y sensibilidad institucional por parte del presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia”, ha concluido.

Alfonso Villares, el exconselleiro do Mar que tuvo que dimitir al ser imputado en una investigación judicial por una presunta agresión sexual, acaba de estrenarse como delegado territorial de la Xunta en Lugo, el cargo con el que el Gobierno de Alfonso Rueda lo ha rehabilitado para la política después del archivo, aunque provisional, de su caso. Y en sus primeros pasos en este nuevo puesto público ha incluido una visita a la unidad móvil del centro de información a la mujer, que se encontraba este jueves en Xermade.

Villares publicó en sus redes sociales una imagen del acto y un resumen de su actividad, que consistió en visitar uno de los cuatro vehículos que funcionan como centros de información a la mujer itinerantes en Galicia y decir sobre ellos que “aportan información y atención especializada a la ciudadanía”.

El ahora delegado territorial en Lugo dimitió hace justo un año, tras una denuncia por agresión sexual. Lo hizo en el momento en el que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le comunicó formalmente su condición de investigado, pero la denuncia era de principios de año. Rueda conocía la situación -relató que el propio Villares le contó que había acudido a declarar ante la policía- desde febrero y le indicó que esperase a que hubiese novedades para decidir si debía o no abandonar su cargo como conselleiro. El presidente de la Xunta manifestó en varias ocasiones que le gustaría recuperar a Villares para la política y finalmente lo hizo el pasado lunes, cuando anunció que sería el nuevo representante de su Gobierno en la provincia de Lugo.

En abril la causa contra Villares quedó archivada provisionalmente porque los jueces consideraron que no se habían encontrado “indicios bastantes para procesar” al investigado. Pocos días después, el propio exconselleiro dio una rueda de prensa -en la que no contestó a ninguna pregunta, como en su anuncio de dimisión- en la que anunciaba que volvía a darse de alta como militante del PP y dejaba la puerta abierta a un regreso a la política.

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat han detingut a Julián C.V., expolicia local de Son Servera (Mallorca) condemnat en 2024 a set anys i mig de presó per intentar matar a la seva dona amb un fulard. L'home va aconseguir llevar-se la polsera de control telemàtic que estava obligat a portar per a verificar el compliment de la prohibició d'aproximar-se a la víctima i va fugir, eludint el seu ingrés a la presó.

Tant la Fiscalia com l'acusació particular van reclamar la seva cerca, captura i posterior ingrés a la presó. La setmana passada, agents de la Policia Nacional de l'aeroport de Madrid van interceptar a l'home recentment aterrat de Tailàndia, on havia romàs ocult des de la condemna, segons ha publicat 'Diario de Mallorca' i han confirmat a elDiario.es fonts de la recerca. L'home es va lliurar i va ingressar immediatament a la presó.

Durant una vista celebrada al gener de 2025, tres mesos després de ser condemnat, les acusacions van al·legar que l'home podria donar-se a la fugida per a eludir el seu ingrés en la presó. Enfront d'això, el lletrat de l'acusat va adduir la inexistència de risc que el seu patrocinat pugui fugir, màximament quan, va asseverar, no havia incorregut en cap trencament de condemna en tot aquest temps com tampoc havia incomplert l'ordre d'allunyament que li va ser imposada. El processat, no obstant això, va escapar finalment al país asiàtic.

A més de la pena de presó per homicidi en grau de temptativa, l'Audiència Provincial de Balears va fixar una ordre d'allunyament respecte a la víctima durant deu anys així com el pagament de 6.600 euros en concepte de lesions i danys morals.

Els fets van tenir lloc al març de 2018, quan la parella va començar una discussió en el seu domicili després que la dona manifestés la seva intenció de sortir amb unes amigues, al que el condemnat es va negar. Tal com considera provat la sentència, en aquest moment l'ex agent va començar a mostrar-se agressiu, insultant a la víctima, agarrant-la per les espatlles i arrossegant-la per la força fins al bany, on va intentar asfixiar-la estrenyent amb força un fulard al voltant del seu coll. La dona, no obstant això, va aconseguir fugir després de propinar diverses puntades i manotades al seu agressor, primer refugiant-se en el bany i després escapant a casa d'una amiga.

En la seva resolució, els magistrats posen de manifest que l'acusat “va practicar tots els actes objectivament necessaris per a llevar la vida” a la dona, i que el resultat fatal no es va produir únicament a causa de la resistència activa de la víctima, que va aconseguir escapar del seu agressor. “En concret, amb puntades, manotades, intents d'esquivar les agressions i de fugida”, assenyala la sentència.

La Fiscalia sol·licitava inicialment una pena de deu anys de presó, però el tribunal va rebaixar la condemna a set anys i mig en aplicar l'atenuant de dilacions indegudes en el procés. A més, tampoc va apreciar delictes de maltractaments i amenaces que esgrimia l'acusació particular, argumentant que les agressions estaven compreses en la conducta homicida.

Durant la seva declaració en el judici, la dona va explicar que no havia denunciat anteriorment al seu marit, encara que sí havia sofert algunes agressions, principalment empentes, però no un episodi de tanta gravetat com el que va ser jutjat. Segons va assegurar, després d'un menjar amb amics en la qual tots dos van ingerir alcohol -ell més que ella, segons va referir-, van tornar al seu domicili, on es va iniciar una discussió quan ella va voler sortir amb unes amigues.

La dona va relatar que va ser en aquest moment quan va començar l'agressió, que va consistir primer en l'escanyament amb el fulard que ella portava i un intent d'apunyalament amb una navalla que l'home sempre portava damunt. La víctima va sofrir corts a la mà quan va repel·lir l'intent d'agressió amb un ganivet en el coll, a més de rebre cops i manotades. La víctima va manifestar que, al marge dels talls, va sofrir dolors per tot el cos a causa dels cops i els blaus.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a Julián C.V., expolicía local de Son Servera (Mallorca) condenado en 2024 a siete años y medio de cárcel por intentar matar a su mujer estrangulándola con un fular. El hombre logró quitarse la pulsera de control telemático que estaba obligado a llevar para verificar el cumplimiento de la prohibición de aproximarse a la víctima y huyó, eludiendo su ingreso en prisión.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclamaron su busca, captura y posterior ingreso en prisión. La semana pasada, agentes de la Policía Nacional del aeropuerto de Madrid interceptaron al varón recién aterrizado de Tailandia, donde había permanecido oculto desde la condena, según ha publicado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a elDiario.es fuentes de la investigación. El hombre se entregó e ingresó inmediatamente en prisión.

Durante una vista celebrada en enero de 2025, tres meses después de ser condenado, las acusaciones alegaron que el hombre podría darse a la fuga para eludir su ingreso en la cárcel. Frente a ello, el letrado del acusado adujo la inexistencia de riesgo de que su patrocinado pueda huir, máxime cuando, aseveró, no había incurrido en ningún quebrantamiento de condena en todo ese tiempo como tampoco había incumplido la orden de alejamiento que le fue impuesta. El procesado, sin embargo, escapó finalmente al país asiático.

Además de la pena de prisión por homicidio en grado de tentativa, la Audiencia Provincial de Balears fijó una orden de alejamiento respecto a la víctima durante diez años así como el pago de 6.600 euros en concepto de lesiones y daños morales.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2018, cuando la pareja comenzó una discusión en su domicilio después de que la mujer manifestara su intención de salir con unas amigas, a lo que el condenado se negó. Tal como considera probado la sentencia, en ese momento el ex agente comezó a mostrarse agresivo, insultando a la víctima, agarrándola por los hombros y arrastrándola por la fuerza hasta el baño, donde intentó asfixiarla apretando con fuerza un fular alrededor de su cuello. La mujer, sin embargo, logró zafarse tras propinar varias patadas y manotazos a su agresor, primero refugiándose en el baño y luego escapando a casa de una amiga.

En su resolución, los magistrados ponen de manifiesto que el acusado “practicó todos los actos objetivamente necesarios para quitar la vida” a la mujer, y que el resultado fatal no se produjo únicamente debido a la resistencia activa de la víctima, que logró escapar de su agresor. “En concreto, con patadas, manotazos, intentos de esquivar las agresiones y de huida”, señala la sentencia.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de diez años de prisión, pero el tribunal rebajó la condena a siete años y medio al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso. Además, tampoco apreció delitos de malos tratos y amenazas que esgrimía la acusación particular, argumentando que las agresiones estaban comprendidas en la conducta homicida.

Durante su declaración en el juicio, la mujer explicó que no había denunciado anteriormente a su marido, aunque sí había sufrido algunas agresiones, principalmente empujones, pero no un episodio de tanta gravedad como el que fue juzgado. Según aseguró, tras una comida con amigos en la que ambos ingirieron alcohol -él más que ella, según refirió-, regresaron a su domicilio, donde se inició una discusión cuando ella quiso salir con unas amigas.

La mujer relató que fue en ese momento cuando comenzó la agresión, que consistió primero en el estrangulamiento con el fular que ella llevaba y un intento de apuñalamiento con una navaja que el hombre siempre portaba encima. La víctima sufrió cortes en la mano cuando repelió el intento de navajazo en el cuello, además de recibir golpes y manotazos. La víctima manifestó que, al margen de los cortes, sufrió dolores por todo el cuerpo a causa de los golpes y los moratones.

En los últimos días, dos presuntos casos de violencia machista, uno de ellos a menores de edad, han sacudido el municipio guipuzcoano de Errenteria. Se trata, por un lado, de casos de violencia sexual en la Xenpelar Bertso Eskola, un asunto “repetido en el tiempo” y con víctimas de varias edades, también menores, y por el otro, de agresiones protagonizadas presuntamente por el coreógrafo y bailarín Jon Maya, director del grupo de danza Kukai y Premio Nacional de Danza en el año 2017.

El Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha comparecido este lunes por primera vez tras hacerse público lo ocurrido para mostrar su apoyo a las víctimas e informar de que, en ambos casos, “se llevará a cabo los procedimientos y procesos que sean necesarios para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño causado”. Según ha confirmado la alcaldesa Aizpea Otaegi, se encuentran en conversaciones con la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa.

Sobre el caso de la Bertso Eskola, desde el Ayuntamiento han informado de que ha sido este mayo cuando han tenido conocimiento de lo ocurrido. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, sostienen sobre uno de los dos casos, para el cual se han reunido con los padres y madres de las menores afectadas y una profesional experta en violencia machista, con el objetivo de “ofrecerles apoyo profesional ante una situación tan difícil de digerir y gestionar”.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor, cuyo nombre por ahora no se ha hecho público, “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, ha insistido.

A diferencia de la escuela, que es un servicio municipal que el ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio, Kukai no gestiona ningún servicio público, aunque sí que trabajan en instalaciones municipales y hasta ahora han recibido subvenciones. “Kukai es considerada una compañía residente en Errenteria, lo cual se traduce en que tienen por sede y como lugar de trabajo instalaciones municipales y cuentan con una subvención nominativa, como muchos otros agentes municipales, mediante lo cual su labor es apoyada y sostenida. Kukai no gestiona ningún servicio municipal y el ayuntamiento tampoco interfiere en su labor”, ha informado la alcaldesa.

Según ha reconocido Otaegi, desde el Ayuntamiento de Errenteria han sido conscientes de las presuntas agresiones en el entorno de Kukai Dantza en 2024. “Hoy rompemos un principio que hemos tenido muy claro y que ha guiado toda la gestión de este tema desde que yo, como alcaldesa, tengo conocimiento de los hechos a los que nos referimos (en diciembre del 2024): el principio de confidencialidad que las víctimas de Jon Maya han solicitado y que el movimiento feminista en todo momento ha tratado de traer al centro. Como hemos dicho, el Ayuntamiento de Errenteria supo a través de canales informales, en diciembre del 2024, de las denuncias contra Jon Maya. Fuimos la concejala de igualdad y yo misma quienes supimos de estos sucesos: al principio parecía haber alguna denuncia, luego supimos que el Movimiento Feminista había recopilado los testimonios de varias víctimas. En cuanto supimos de todo esto, el Ayuntamiento de Errenteria se puso en contacto con Kukai. A su vez, nos pusimos en contacto con un equipo externo, experto en violencia machista. Como institución pública queríamos realizar la mejor gestión posible y queríamos incorporar la mirada experta, partiendo de que las conductas que se denunciaban son inaceptables y que como administración pública ni las podemos aceptar, ni les podemos dar cobertura”, han informado.

Según ha detallado Otaegi, en el momento en el que se enteran de las denuncias se ponen en contacto con Kukai, quienes les trasladan las decisiones tomadas. La primera de todas, que Jon Maya acepta las acusaciones e interrumpe su actividad. También que asume “la responsabilidad y la tarea personal de iniciar un proceso de revisión crítica de sus comportamientos”. “El ayuntamiento, en ese momento entiende que Jon Maya y Kukai han reaccionado desde la responsabilidad, han optado por respetar el deseo de las víctimas y puede hacerse un camino acorde a la voluntad no punitivista y sí restaurativa y reparadora que han solicitado las víctimas. Así, diferenciando a Jon Maya, apartado de la actividad pública, de la compañía Kukai, decidimos mantener el convenio y la subvención nominativa y, por tanto, abonar a Kukai su subvención nominativa de 53.600 euros para 2025 y desarrolla sus actividades habituales en el municipio, sin la presencia de Jon”, han reconocido.

Sin embargo, desde Kukai se comunica al Ayuntamiento en noviembre de 2025, meses después de su cese, que Maya intenta recuperar su actividad ordinaria en febrero de 2026. “El ayuntamiento decide entonces congelar su relación con Kukai, dejarla en stand-by, hasta tener información detallada de cómo es ese regreso y en función de ello qué postura tiene que adoptar el ayuntamiento, qué garantías exigir para que este tipo de sucesos como los denunciados no se vuelvan a producir”, han señalado.

El presunto agresor, Jon Maya pide “prudencia y respeto”

El propio Jon Maya se ha pronunciado después de que el caso se ha hecho público para pedir “respeto”, sin negar lo que ha hecho. “En ese momento, asumí la responsabilidad de reflexionar sobre mis acciones y de garantizar que no se repitieran”, ha confesado el presunto agresor en un comunicado remitido a la agencia Efe, en el que asegura que en enero de 2025 una asociación feminista le trasladó “el testimonio de varias mujeres sobre comportamientos inadecuados” en su relación con ellas. Según ha explicado, durante aquel proceso se le indicó “de manera explícita” que cualquier actuación relacionada con el asunto debía mantenerse “en un ámbito estrictamente privado y confidencial”.

En su comunicado, Maya realiza además un llamamiento a la “prudencia y al respeto” y considera que es momento de “proteger la privacidad y la dignidad de todas las personas implicadas”. Asimismo, apunta que más adelante podrá abrirse un espacio para reflexionar sobre “la rumorología, las difamaciones y la condena social” que, a su juicio, se han generado en torno a este caso. Aunque desde las asociaciones Bilgune Feminista y Asanblada Feminista de Errenteria defienden que han recibido directamente “testimonios de agresiones” y rechazan la caracterización de los hechos como conductas “leves”.

Jon Maya (Errenteria, 1977) se inició en la danza tradicional vasca a los seis años en el grupo Ereintza de Errenteria. Participó en festivales internacionales de numerosos países y fue siete veces Campeón de Euskadi de Aurreskularis. En 2002 fundó Kukai Dantza para “crear espectáculos contemporáneos a partir de la danza tradicional vasca”. Allí hasta la denuncia por las presuntas agresiones ha estado desarrollando este concepto y construyendo las bases de Kukai Dantza, actuando como bailarín, coreógrafo y director. También ha trabajado como director artístico de eventos como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como asesor de movimiento en producciones teatrales, y ha desempeñado labores docentes en la Escuela Municipal de Danza de Errenteria y en talleres y masterclass en compañías y festivales de renombre. “El encuentro entre lenguajes artísticos y la capacidad de realizar colaboraciones con creadores de distintas disciplinas como la gastronomía, el teatro, el cine o los museos son el principal sello de su trabajo”, informan desde la Academia Española de Ártes Escénicas sobre el ganador del Premio Nacional de Danza en 2017 y de los Premios Max de las Artes Escénicas al Espectáculo revelación en 2008, al Mejor Elenco de Danza y Mejor Composición Musical en 2015, al Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Elenco de Danza y Mejor Vestuario en 2017, Mejor Coreografía en 2019 y Mejor Intérprete Masculino de Danza, un premio ex aequo con el bailarín Andrés Marín en el año 2024.

Desde el Ayuntamiento de Errenteria han explicado que el proceso con Kukai y con Maya, en particular, se ha construido sobre “principios muy firmes”: “La aceptación por parte del agresor de los hechos de los que se le acusa y su voluntad de hacer un camino reparador, con el compromiso de realizar una revisión crítica de sus comportamientos y un compromiso explícito de no repetición, la lealtad absoluta a la petición de confidencialidad de las víctimas y el consejo experto. Leales a este segundo principio de garantizar la confidencialidad solicitada por las víctimas, desde alcaldía y el área de Igualdad, que somos quienes hemos tenido conocimiento de estos hechos, decidimos actuar en consecuencia: no compartir información con nadie más, salvo que se nos pregunte”, han recalcado. Dentro de este proceso, se produce una reunión con Kukai que en un principio se iba a desarrollar en febrero de 2026 y, finalmente se celebra el 16 de abril.

Una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai

Sin embargo, para aquel entonces, Maya ya ha regresado a la esfera pública sin acordarlo con el Ayuntamiento. Algo que ha abierto una crisis entre ambos “en lo que se refiere al proceso y a la confianza mutua”, según ha confesado Otaegi. Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de esta crisis es volver al proceso, y volver al proceso, es volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas. Entre tanto, la relación del Ayuntamiento con Kukai durante 2026 sigue suspendida“, ha asegurado.

Otaegi también ha aprovechado su intervención para criticar a la oposición, después de que el PP haya pedido su dimisión, el PSE-EE haya solicitado una comisión extraordinaria y la comparecencia de diferentes responsables políticos y agentes sociales y el PNV haya pedido una investigación o auditoria externa. Sobre los dos primeros, la alcaldesa ha denunciado que les han acusado de “falta de transparencia”. “Ambos, a favor de las víctimas, pero sin las víctimas y pasando por encima de ellas. Obviando la petición expresa de las víctimas, de confidencialidad, y por extensión, la petición de confidencialidad hecha por el Equipo de Gobierno, cuando se comparte la información de la que disponemos con la oposición”, ha recalcado.

“Solo quiero decir, que siempre estaremos dispuestos y dispuestas a mejorar la gestión municipal de este tipo de casos, a aprender de procesos como este, a favor de cualquier proceso del que podamos mejorar. Pero siempre que se garantice la perspectiva feminista y el rigor profesional y técnico. Llevo 7 años de alcaldesa y me ha tocado ver, vivir y gestionar muchas cosas. Pero ante estas dos realidades tan crudas y dolorosas para nuestro municipio que nos ha tocado afrontar, me resulta especialmente doloroso ver qué fácilmente se han dejado de lado las víctimas y qué fácil se ha dado prioridad al rédito político. Nuestra prioridad siempre serán la seguridad y bienestar de las víctimas, y siempre actuaremos atendiendo sus peticiones y respetando sus ritmos”, ha concluido la alcadesa.

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y dirigente de Vox, Alejandro Nolasco, ha utilizado la agresión machista ocurrida la pasada semana en el barrio zaragozano de Las Fuentes para endurecer su discurso contra la inmigración y reclamar la expulsión inmediata del detenido, un hombre de origen marroquí. También ha exigido este lunes al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que “desvele” si el agresor de una mujer y su hijo, tiene o no residencia legal en España.

La agresión tuvo lugar en la madrugada del jueves en una vivienda de la calle Batalla de Lepanto. Según informó la Jefatura Superior de Policía en Aragón, agentes de Policía Local y Nacional acudieron al domicilio tras recibir llamadas de vecinos que alertaban de una posible pelea en el ámbito familiar. Allí localizaron a una mujer con varios cortes y golpes, que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, aunque su vida no corría peligro. El presunto agresor, de 37 años y con quien la víctima habría mantenido una relación afectiva, fue detenido y la investigación quedó en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

A partir de este caso, Nolasco ha comparecido este lunes para exigir al Gobierno central que inicie “un expediente urgente para proceder a su inmediata expulsión de España” y cuestionar por qué el detenido no había sido expulsado anteriormente pese a acumular antecedentes.

Durante su comparecencia, el dirigente de Vox ha vinculado directamente el caso con la inmigración irregular y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico utilizará “todas las vías legales” para combatir lo que ha calificado como una “invasión migratoria”. Asimismo, cha criticado los procesos de regularización de inmigrantes impulsados por el Gobierno central, al considerar que generan un “efecto llamada”.

Nolasco también ha cargado contra los ministerios de Interior e Igualdad y ha responsabilidado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que “un delincuente fichado por su peligrosidad delictiva se mueva cómodamente en España”.

El vicepresidente aragonés ha insistido además en reclamar a la Delegación del Gobierno que aclare si el detenido dispone o no de residencia legal en España, una información que, según ha asegurado, todavía no ha sido facilitada al Ejecutivo autonómico. En su intervención, el dirigente de Vox ha mezclado el caso concreto con propuestas generales sobre inmigración y seguridad, ha asegurado que se implantará el principio de prioridad nacional para frenar “el efecto llamada, tan peligroso para la seguridad de las mujeres” y “poner luz y taquígrafos para procurar que estos delincuentes vuelvan a sus casas”. El Departamento está “abierto” a la colaboración de todas las asociaciones y organismos que quieran trabajar junto con el Ejecutivo “para perseguir a estos delincuentes y que las mujeres no tengan que sufrir ni tener miedo a pasear por la calle”.

Respecto al origen de los agresores, ha dicho que “el delincuente se criminaliza solo” y que “un español está aquí, te lo tienes que comer”, pero “hay una gran cantidad de ilegales que cometen delitos por qué tenemos que aguantar eso, se ha preguntado”. El Ejecutivo regional elaborará un plan de retorno de inmigrantes promoviendo acuerdos con los países de origen, remitiéndose al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que faculta para ello a las comunidades autónomas. “La Comunidad Autónoma es competente”.

La mujer asesinada por su expareja a navajazos y a plena luz del día en Figueres (Girona) el pasado martes fue atendida por el Hospital hasta en tres ocasiones durante las 72 horas previas al crimen. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del caso, la primera vez que acudió a urgencias fue el domingo por la mañana, trasladada en una ambulancia desde su domicilio con diversas contusiones y cortes.

Las heridas que presentaba la víctima -que era migrada y trans- no eran de gravedad, según han explicado las fuentes, y no requerían hospitalización ni una atención de urgencia. Tal y como ha podido saber este medio, la paciente presentaba hematomas y contusiones que respondían a agresiones antiguas, provocadas en diferentes momentos, según se pudo constatar por el estado de curación de las mismas. Ese domingo, la víctima fue atendida por un médico, que realizó un parte que envío a los juzgados de Figueres.

El día siguiente, lunes por la tarde, la mujer volvió al centro, también en ambulancia, pero esta vez medicalizada. En aquella ocasión, fue atendida directamente en el vehículo después de haber sido “apalizada” esa misma tarde. Desde el hospital se ofrecieron a llamar a los Mossos para comunicar la agresión, pero la mujer denegó la oferta asegurando que el autor de las heridas “ya estaba detenido” y que sólo necesitaba un parte médico para poder entregarlo a los juzgados. Pero cuando se llamó a consulta a la víctima para que se le realizara el examen, ya se había ido.

Ese lunes -día antes del asesinato- la expareja de la víctima fue detenido por haberse saltado una orden de alejamiento y provocar “supuestas lesiones a la víctima en la vía pública”, según han confirmado desde el juzgado.

La víctima quedó citada para que entregara el parte médico al juez de guardia. Como no completó el trámite el lunes, regresó al hospital el martes. Pero esa mañana había mucha carga asistencial y fue derivada al CAP más cercano. Allí, finalmente, le realizaron un examen completo en el que se constataron las agresiones que había recibido el día anterior que, si bien “no hacían peligrar su vida”, sí eran “significativas”.

A pesar de que contaba con el informe del médico, la víctima no llegó a presentarse ante el juzgado y tampoco prestó testimonio. Se desconocen los motivos por los cuales no acudió, pero sin su testimonio el juez no pudo retener más a su expareja y le dejó en libertad. Horas más tarde, el mismo martes, la mujer fue asesinada en la vía pública. En el mismo lugar de los hechos, los Mossos detuvieron a su expareja, de 48 años. Diversas dotaciones de los Servicios de Emergencias Médicas se desplazaron hacia allí, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida a la mujer.

El detenido y presunto autor del crimen ya había aceptado una pena por maltrato por conformidad de seis meses de cárcel y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por un año y cuatro meses. La misma que rompió el mismo día de asesinato. En este tipo de casos, en los que una víctima de violencia ha sufrido agresiones continuadas, suelen existir mecanismos de protección para la víctima. Pero desde los juzgados no dan información sobre qué protocolos se aplicaron -o si se aplicó alguno- para proteger la vida de esta mujer.

La consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, ha admitido que “alguna cosa ha fallado”, pero ha salido en defensa del sistema de protección de las víctimas, que “sí ha funcionado en otros casos”. En una entrevista en la Cadena Ser, Menor ha anunciado que se convocará al grupo de análisis en feminicidios para determinar si hubo errores de coordinación, de traspaso de información o de valoración de riesgo.

De la misma manera, ha apostado por “endurecer” las medidas de protección en casos de alto riesgo y valorar, incluso, la prisión preventiva cuando se tema por la vida de la denunciante.

El Ayuntamiento de Figueres ya ha anunciado que se personará como acusación popular en el caso del feminicidio. La decisión fue comunicada por el alcalde, Jordi Masquef, quien ha denunciado públicamente un “fallo en los protocolos de protección”. Preguntada por si tomará la misma decisión, Menor ha explicado que la opción se está analizando desde la Dirección General de Feminismos: “Lo hemos hecho en otros procedimientos y lo estamos estudiando, pero imagino que seguramente sí”, ha apuntado.

El Gobierno de Navarra se personará como acusación popular en el juicio por el asesinato machista de una mujer en Arguedas. El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno, Javier Remírez, ha mostrado una “profunda y máxima condena ante este presunto crimen machista” en nombre del “conjunto del Gobierno de Navarra”, así como el “apoyo y cercanía a la familia y el entorno de la víctima”.

Remírez ha avanzado que en las próximas horas la pareja de la víctima, que el lunes se entregó en dependencias de la Guardia Civil como autor de los hechos y que fue detenido, pasará a disposición judicial. “La investigación se encuentra ahora mismo en manos de las autoridades judiciales y policiales”, ha añadido, si bien ha pedido precaución y “actuar con prudencia y respeto hacia el procedimiento”.

El Centro de Mando y Coordinación tuvo conocimiento del crimen a través un familiar de la víctima, tras habérsela encontrado en su domicilio fallecida, según informó la Policía Foral. Posteriormente, se supo que el presunto autor (y pareja de la fallecida) se había entregado ese mismo lunes por la tarde en dependencias de la Guardia Civil confesando los hechos. Según la Guardia Civil no constaban denuncias previas ni figuraba en el sistema VioGén.

El portavoz del Ejecutivo navarro ha calificado la violencia machista como “una lacra y un problema estructural”, que “exige respuestas permanentes, coordinadas y firmes por parte de todas las instituciones y del conjunto de la sociedad”. En esta línea, ha hecho un “llamamiento” a que “cualquier mujer que esté sufriendo una situación de violencia” denuncie, afirmando que desde las instituciones tienen “recursos públicos, profesionales y especializados” a disposición de todas “las mujeres que sufren el machismo criminal”.