Esta semana, respondiendo a un requerimiento del pasado 29 de mayo, el Ayuntamiento de Errenteri,a representado por su alcaldesa Aizpea Otaegi (EH Bildu) ha puesto a manos de la Ertzaintza y de la Fiscalía de menores toda la información relativa a las supuestas agresiones machistas por un profesor de Xenpelar Bertso Eskola a alumnas menores de edad. Aunque, por el momento, no hay ninguna denuncia formal presentada ante la Ertzaintza por este suceso. “El Ayuntamiento ha obrado en todo momento con transparencia. Desde que por primera vez en mayo el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con la Xenpelar Bertso Eskola, comenzó a tomar medidas para abordar un tema tan grave y delicado”, informan desde el Consistorio.

La declaración de Otaegi se ha producido concretamente este jueves a petición de la Fiscalía de Menores y el objetivo de esta ha sido verificar el contenido de las informaciones enviadas previamente a la Policía judicial. Según ha aclarado el Ayuntamiento de Errenteria en un comunicado, “la Fiscalía de Menores es la encargada de garantizar la adecuada protección de las personas menores y el objetivo, además de aclarar las informaciones recibidas, es ayudar a identificar posibles víctimas”. “El Ayuntamiento ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas. El Ayuntamiento ha actuado en todo momento con transparencia y colaboración con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que, por primera vez en mayo, tuvo conocimiento de los hechos denunciados en relación con Xenpelar Bertso Eskola. En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones de la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, como ha hecho hasta ahora”, ha asegurado.

Entre las medidas tomadas para abordar este tema, el Ayuntamiento se ha reunido con padres y madres del alumnado para que tuvieran conocimiento de las acusaciones que había de manera directa, antes de que se hiciera público, reuniones con la Ertzaintza para “abordar la manera en la que las víctimas pueden denunciar los hechos de manera formal atendiendo a sus necesidades” y una reunión con el Órgano de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Gobernanza del Gobierno vasco y Emakunde, para compartir información y hacer una primera valoración sobre los hechos y los pasos dados hasta el momento.

Además, se ha decretado la suspensión de la Bertso Eskola, ya que es un servicio municipal que el Ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio. Se espera retomar sus servicios pero sin la persona acusada de las agresiones, cuya identidad por el momento no se ha hecho pública, aunque se conoce que además de profesor en Errenteria, ha dado clases de bertsolaritza en otras escuelas de Gipuzkoa.

El Ayuntamiento ha confirmado que contra el presunto agresor se interpuso una denuncia en 2018 por violencia machista en Bertsozale Elkartea. Según ha podido saber, en aquella ocasión desde la citada entidad “se acordaron con el agresor una serie de medidas con el objetivo de que el bertsolarismo fuera un espacio seguro para la persona agredida y no se repitieran hechos de ese tipo”, que suponían “su alejamiento absoluto del bertsolarismo”. Algo que no se ha producido. “No ha cumplido con los compromisos adquiridos y se ha repetido la misma dinámica: desde su posición de profesor ha utilizado indebidamente su relación de poder, ha manipulado y, en algunos casos, ha acosado y agredido”, ha denunciado desde Bertsozale Elkartea, quienes también culpan a la dirección de Bertso Eskola por haber permitido que el profesor siguiera dando clase.

Desde el Ayuntamiento han aclarado que no han tenido conocimiento del caso hasta que las víctimas se han atrevido a denunciarlo en el movimiento feminista y en Bertsozale Elkartea. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, han informado.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, han concluido desde el Ayuntamiento.

CIG-Administración Pública ha calificado de “grave error político” la decisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de nombrar al exconselleiro Alfonso Villares delegado territorial de la Xunta en Lugo tras el archivo de la denuncia por supuesta agresión sexual presentada contra él por una conocida presentadora.

“Con esta decisión, en la Administración autonómica tenemos a un posible depredador sexual de jefe”, ha lamentado, en un comunicado remitido a los medios –y recogido por Europa Press–, en el que afea con dureza a Rueda haber situado al frente de la delegación del Gobierno gallego en Lugo al extitular do Mar e incide en que la ejemplaridad institucional va “más allá” del recorrido judicial de una causa.

La CIG esgrime que la “rehabilitación” de Villares como alto cargo autonómico es de “extrema gravedad” y que “hace patente el falso compromiso” de la Xunta del PP con las víctimas de violencia machista.

El sindicato ha trasladado su respeto por las resoluciones judiciales y la presunción de inocencia, pero recuerda que “el archivo de una causa por falta de indicios suficientes para continuar el procedimiento no equivale a una sentencia que declare la inexistencia de los hechos”.

“Rueda lo rehabilita porque le da la gana”

“La responsabilidad política y social y la ejemplaridad institucional van más allá del recorrido judicial de un caso”, ha esgrimido, además de hacer hincapié en que “nadie obliga a Rueda a rehabilitar políticamente a Villares”.

“Lo hace porque le da la gana, y al hacerlo está enviando un mensaje inequívoco: para el presidente de la Xunta es más importante restituir la honorabilidad de un exconselleiro de su círculo político e íntimo que mandar un mensaje ejemplarizante de tolerancia cero frente a violencia. En definitiva, con esta decisión en la Administración autonómica tenemos un posible depredador sexual de jefe”, ha lamentado.

Al respecto, la CIG agrega que las instituciones públicas “no solo tienen que actuar conforme a la legalidad, sino también preservar su credibilidad, proteger la confianza de la ciudadanía y actuar con la máxima responsabilidad ante situaciones de especial trascendencia social”.

“No es un caso más de enchufismo”

Por ello, la CIG considera que este nombramiento “no es un caso de enchufismo más del PP”, sino que supone “un grave atentado hacia todas las mujeres”.

“Muestra una ausencia absoluta de conciencia que banaliza la violencia sexual, deteriora la credibilidad de las víctimas y evidencia una preocupante falta de responsabilidad y sensibilidad institucional por parte del presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia”, ha concluido.

Alfonso Villares, el exconselleiro do Mar que tuvo que dimitir al ser imputado en una investigación judicial por una presunta agresión sexual, acaba de estrenarse como delegado territorial de la Xunta en Lugo, el cargo con el que el Gobierno de Alfonso Rueda lo ha rehabilitado para la política después del archivo, aunque provisional, de su caso. Y en sus primeros pasos en este nuevo puesto público ha incluido una visita a la unidad móvil del centro de información a la mujer, que se encontraba este jueves en Xermade.

Villares publicó en sus redes sociales una imagen del acto y un resumen de su actividad, que consistió en visitar uno de los cuatro vehículos que funcionan como centros de información a la mujer itinerantes en Galicia y decir sobre ellos que “aportan información y atención especializada a la ciudadanía”.

El ahora delegado territorial en Lugo dimitió hace justo un año, tras una denuncia por agresión sexual. Lo hizo en el momento en el que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le comunicó formalmente su condición de investigado, pero la denuncia era de principios de año. Rueda conocía la situación -relató que el propio Villares le contó que había acudido a declarar ante la policía- desde febrero y le indicó que esperase a que hubiese novedades para decidir si debía o no abandonar su cargo como conselleiro. El presidente de la Xunta manifestó en varias ocasiones que le gustaría recuperar a Villares para la política y finalmente lo hizo el pasado lunes, cuando anunció que sería el nuevo representante de su Gobierno en la provincia de Lugo.

En abril la causa contra Villares quedó archivada provisionalmente porque los jueces consideraron que no se habían encontrado “indicios bastantes para procesar” al investigado. Pocos días después, el propio exconselleiro dio una rueda de prensa -en la que no contestó a ninguna pregunta, como en su anuncio de dimisión- en la que anunciaba que volvía a darse de alta como militante del PP y dejaba la puerta abierta a un regreso a la política.

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat han detingut a Julián C.V., expolicia local de Son Servera (Mallorca) condemnat en 2024 a set anys i mig de presó per intentar matar a la seva dona amb un fulard. L'home va aconseguir llevar-se la polsera de control telemàtic que estava obligat a portar per a verificar el compliment de la prohibició d'aproximar-se a la víctima i va fugir, eludint el seu ingrés a la presó.

Tant la Fiscalia com l'acusació particular van reclamar la seva cerca, captura i posterior ingrés a la presó. La setmana passada, agents de la Policia Nacional de l'aeroport de Madrid van interceptar a l'home recentment aterrat de Tailàndia, on havia romàs ocult des de la condemna, segons ha publicat 'Diario de Mallorca' i han confirmat a elDiario.es fonts de la recerca. L'home es va lliurar i va ingressar immediatament a la presó.

Durant una vista celebrada al gener de 2025, tres mesos després de ser condemnat, les acusacions van al·legar que l'home podria donar-se a la fugida per a eludir el seu ingrés en la presó. Enfront d'això, el lletrat de l'acusat va adduir la inexistència de risc que el seu patrocinat pugui fugir, màximament quan, va asseverar, no havia incorregut en cap trencament de condemna en tot aquest temps com tampoc havia incomplert l'ordre d'allunyament que li va ser imposada. El processat, no obstant això, va escapar finalment al país asiàtic.

A més de la pena de presó per homicidi en grau de temptativa, l'Audiència Provincial de Balears va fixar una ordre d'allunyament respecte a la víctima durant deu anys així com el pagament de 6.600 euros en concepte de lesions i danys morals.

Els fets van tenir lloc al març de 2018, quan la parella va començar una discussió en el seu domicili després que la dona manifestés la seva intenció de sortir amb unes amigues, al que el condemnat es va negar. Tal com considera provat la sentència, en aquest moment l'ex agent va començar a mostrar-se agressiu, insultant a la víctima, agarrant-la per les espatlles i arrossegant-la per la força fins al bany, on va intentar asfixiar-la estrenyent amb força un fulard al voltant del seu coll. La dona, no obstant això, va aconseguir fugir després de propinar diverses puntades i manotades al seu agressor, primer refugiant-se en el bany i després escapant a casa d'una amiga.

En la seva resolució, els magistrats posen de manifest que l'acusat “va practicar tots els actes objectivament necessaris per a llevar la vida” a la dona, i que el resultat fatal no es va produir únicament a causa de la resistència activa de la víctima, que va aconseguir escapar del seu agressor. “En concret, amb puntades, manotades, intents d'esquivar les agressions i de fugida”, assenyala la sentència.

La Fiscalia sol·licitava inicialment una pena de deu anys de presó, però el tribunal va rebaixar la condemna a set anys i mig en aplicar l'atenuant de dilacions indegudes en el procés. A més, tampoc va apreciar delictes de maltractaments i amenaces que esgrimia l'acusació particular, argumentant que les agressions estaven compreses en la conducta homicida.

Durant la seva declaració en el judici, la dona va explicar que no havia denunciat anteriorment al seu marit, encara que sí havia sofert algunes agressions, principalment empentes, però no un episodi de tanta gravetat com el que va ser jutjat. Segons va assegurar, després d'un menjar amb amics en la qual tots dos van ingerir alcohol -ell més que ella, segons va referir-, van tornar al seu domicili, on es va iniciar una discussió quan ella va voler sortir amb unes amigues.

La dona va relatar que va ser en aquest moment quan va començar l'agressió, que va consistir primer en l'escanyament amb el fulard que ella portava i un intent d'apunyalament amb una navalla que l'home sempre portava damunt. La víctima va sofrir corts a la mà quan va repel·lir l'intent d'agressió amb un ganivet en el coll, a més de rebre cops i manotades. La víctima va manifestar que, al marge dels talls, va sofrir dolors per tot el cos a causa dels cops i els blaus.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a Julián C.V., expolicía local de Son Servera (Mallorca) condenado en 2024 a siete años y medio de cárcel por intentar matar a su mujer estrangulándola con un fular. El hombre logró quitarse la pulsera de control telemático que estaba obligado a llevar para verificar el cumplimiento de la prohibición de aproximarse a la víctima y huyó, eludiendo su ingreso en prisión.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclamaron su busca, captura y posterior ingreso en prisión. La semana pasada, agentes de la Policía Nacional del aeropuerto de Madrid interceptaron al varón recién aterrizado de Tailandia, donde había permanecido oculto desde la condena, según ha publicado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a elDiario.es fuentes de la investigación. El hombre se entregó e ingresó inmediatamente en prisión.

Durante una vista celebrada en enero de 2025, tres meses después de ser condenado, las acusaciones alegaron que el hombre podría darse a la fuga para eludir su ingreso en la cárcel. Frente a ello, el letrado del acusado adujo la inexistencia de riesgo de que su patrocinado pueda huir, máxime cuando, aseveró, no había incurrido en ningún quebrantamiento de condena en todo ese tiempo como tampoco había incumplido la orden de alejamiento que le fue impuesta. El procesado, sin embargo, escapó finalmente al país asiático.

Además de la pena de prisión por homicidio en grado de tentativa, la Audiencia Provincial de Balears fijó una orden de alejamiento respecto a la víctima durante diez años así como el pago de 6.600 euros en concepto de lesiones y daños morales.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2018, cuando la pareja comenzó una discusión en su domicilio después de que la mujer manifestara su intención de salir con unas amigas, a lo que el condenado se negó. Tal como considera probado la sentencia, en ese momento el ex agente comezó a mostrarse agresivo, insultando a la víctima, agarrándola por los hombros y arrastrándola por la fuerza hasta el baño, donde intentó asfixiarla apretando con fuerza un fular alrededor de su cuello. La mujer, sin embargo, logró zafarse tras propinar varias patadas y manotazos a su agresor, primero refugiándose en el baño y luego escapando a casa de una amiga.

En su resolución, los magistrados ponen de manifiesto que el acusado “practicó todos los actos objetivamente necesarios para quitar la vida” a la mujer, y que el resultado fatal no se produjo únicamente debido a la resistencia activa de la víctima, que logró escapar de su agresor. “En concreto, con patadas, manotazos, intentos de esquivar las agresiones y de huida”, señala la sentencia.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de diez años de prisión, pero el tribunal rebajó la condena a siete años y medio al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso. Además, tampoco apreció delitos de malos tratos y amenazas que esgrimía la acusación particular, argumentando que las agresiones estaban comprendidas en la conducta homicida.

Durante su declaración en el juicio, la mujer explicó que no había denunciado anteriormente a su marido, aunque sí había sufrido algunas agresiones, principalmente empujones, pero no un episodio de tanta gravedad como el que fue juzgado. Según aseguró, tras una comida con amigos en la que ambos ingirieron alcohol -él más que ella, según refirió-, regresaron a su domicilio, donde se inició una discusión cuando ella quiso salir con unas amigas.

La mujer relató que fue en ese momento cuando comenzó la agresión, que consistió primero en el estrangulamiento con el fular que ella llevaba y un intento de apuñalamiento con una navaja que el hombre siempre portaba encima. La víctima sufrió cortes en la mano cuando repelió el intento de navajazo en el cuello, además de recibir golpes y manotazos. La víctima manifestó que, al margen de los cortes, sufrió dolores por todo el cuerpo a causa de los golpes y los moratones.

En los últimos días, dos presuntos casos de violencia machista, uno de ellos a menores de edad, han sacudido el municipio guipuzcoano de Errenteria. Se trata, por un lado, de casos de violencia sexual en la Xenpelar Bertso Eskola, un asunto “repetido en el tiempo” y con víctimas de varias edades, también menores, y por el otro, de agresiones protagonizadas presuntamente por el coreógrafo y bailarín Jon Maya, director del grupo de danza Kukai y Premio Nacional de Danza en el año 2017.

El Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha comparecido este lunes por primera vez tras hacerse público lo ocurrido para mostrar su apoyo a las víctimas e informar de que, en ambos casos, “se llevará a cabo los procedimientos y procesos que sean necesarios para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño causado”. Según ha confirmado la alcaldesa Aizpea Otaegi, se encuentran en conversaciones con la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa.

Sobre el caso de la Bertso Eskola, desde el Ayuntamiento han informado de que ha sido este mayo cuando han tenido conocimiento de lo ocurrido. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, sostienen sobre uno de los dos casos, para el cual se han reunido con los padres y madres de las menores afectadas y una profesional experta en violencia machista, con el objetivo de “ofrecerles apoyo profesional ante una situación tan difícil de digerir y gestionar”.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor, cuyo nombre por ahora no se ha hecho público, “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, ha insistido.

A diferencia de la escuela, que es un servicio municipal que el ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio, Kukai no gestiona ningún servicio público, aunque sí que trabajan en instalaciones municipales y hasta ahora han recibido subvenciones. “Kukai es considerada una compañía residente en Errenteria, lo cual se traduce en que tienen por sede y como lugar de trabajo instalaciones municipales y cuentan con una subvención nominativa, como muchos otros agentes municipales, mediante lo cual su labor es apoyada y sostenida. Kukai no gestiona ningún servicio municipal y el ayuntamiento tampoco interfiere en su labor”, ha informado la alcaldesa.

Según ha reconocido Otaegi, desde el Ayuntamiento de Errenteria han sido conscientes de las presuntas agresiones en el entorno de Kukai Dantza en 2024. “Hoy rompemos un principio que hemos tenido muy claro y que ha guiado toda la gestión de este tema desde que yo, como alcaldesa, tengo conocimiento de los hechos a los que nos referimos (en diciembre del 2024): el principio de confidencialidad que las víctimas de Jon Maya han solicitado y que el movimiento feminista en todo momento ha tratado de traer al centro. Como hemos dicho, el Ayuntamiento de Errenteria supo a través de canales informales, en diciembre del 2024, de las denuncias contra Jon Maya. Fuimos la concejala de igualdad y yo misma quienes supimos de estos sucesos: al principio parecía haber alguna denuncia, luego supimos que el Movimiento Feminista había recopilado los testimonios de varias víctimas. En cuanto supimos de todo esto, el Ayuntamiento de Errenteria se puso en contacto con Kukai. A su vez, nos pusimos en contacto con un equipo externo, experto en violencia machista. Como institución pública queríamos realizar la mejor gestión posible y queríamos incorporar la mirada experta, partiendo de que las conductas que se denunciaban son inaceptables y que como administración pública ni las podemos aceptar, ni les podemos dar cobertura”, han informado.

Según ha detallado Otaegi, en el momento en el que se enteran de las denuncias se ponen en contacto con Kukai, quienes les trasladan las decisiones tomadas. La primera de todas, que Jon Maya acepta las acusaciones e interrumpe su actividad. También que asume “la responsabilidad y la tarea personal de iniciar un proceso de revisión crítica de sus comportamientos”. “El ayuntamiento, en ese momento entiende que Jon Maya y Kukai han reaccionado desde la responsabilidad, han optado por respetar el deseo de las víctimas y puede hacerse un camino acorde a la voluntad no punitivista y sí restaurativa y reparadora que han solicitado las víctimas. Así, diferenciando a Jon Maya, apartado de la actividad pública, de la compañía Kukai, decidimos mantener el convenio y la subvención nominativa y, por tanto, abonar a Kukai su subvención nominativa de 53.600 euros para 2025 y desarrolla sus actividades habituales en el municipio, sin la presencia de Jon”, han reconocido.

Sin embargo, desde Kukai se comunica al Ayuntamiento en noviembre de 2025, meses después de su cese, que Maya intenta recuperar su actividad ordinaria en febrero de 2026. “El ayuntamiento decide entonces congelar su relación con Kukai, dejarla en stand-by, hasta tener información detallada de cómo es ese regreso y en función de ello qué postura tiene que adoptar el ayuntamiento, qué garantías exigir para que este tipo de sucesos como los denunciados no se vuelvan a producir”, han señalado.

El presunto agresor, Jon Maya pide “prudencia y respeto”

El propio Jon Maya se ha pronunciado después de que el caso se ha hecho público para pedir “respeto”, sin negar lo que ha hecho. “En ese momento, asumí la responsabilidad de reflexionar sobre mis acciones y de garantizar que no se repitieran”, ha confesado el presunto agresor en un comunicado remitido a la agencia Efe, en el que asegura que en enero de 2025 una asociación feminista le trasladó “el testimonio de varias mujeres sobre comportamientos inadecuados” en su relación con ellas. Según ha explicado, durante aquel proceso se le indicó “de manera explícita” que cualquier actuación relacionada con el asunto debía mantenerse “en un ámbito estrictamente privado y confidencial”.

En su comunicado, Maya realiza además un llamamiento a la “prudencia y al respeto” y considera que es momento de “proteger la privacidad y la dignidad de todas las personas implicadas”. Asimismo, apunta que más adelante podrá abrirse un espacio para reflexionar sobre “la rumorología, las difamaciones y la condena social” que, a su juicio, se han generado en torno a este caso. Aunque desde las asociaciones Bilgune Feminista y Asanblada Feminista de Errenteria defienden que han recibido directamente “testimonios de agresiones” y rechazan la caracterización de los hechos como conductas “leves”.

Jon Maya (Errenteria, 1977) se inició en la danza tradicional vasca a los seis años en el grupo Ereintza de Errenteria. Participó en festivales internacionales de numerosos países y fue siete veces Campeón de Euskadi de Aurreskularis. En 2002 fundó Kukai Dantza para “crear espectáculos contemporáneos a partir de la danza tradicional vasca”. Allí hasta la denuncia por las presuntas agresiones ha estado desarrollando este concepto y construyendo las bases de Kukai Dantza, actuando como bailarín, coreógrafo y director. También ha trabajado como director artístico de eventos como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como asesor de movimiento en producciones teatrales, y ha desempeñado labores docentes en la Escuela Municipal de Danza de Errenteria y en talleres y masterclass en compañías y festivales de renombre. “El encuentro entre lenguajes artísticos y la capacidad de realizar colaboraciones con creadores de distintas disciplinas como la gastronomía, el teatro, el cine o los museos son el principal sello de su trabajo”, informan desde la Academia Española de Ártes Escénicas sobre el ganador del Premio Nacional de Danza en 2017 y de los Premios Max de las Artes Escénicas al Espectáculo revelación en 2008, al Mejor Elenco de Danza y Mejor Composición Musical en 2015, al Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Elenco de Danza y Mejor Vestuario en 2017, Mejor Coreografía en 2019 y Mejor Intérprete Masculino de Danza, un premio ex aequo con el bailarín Andrés Marín en el año 2024.

Desde el Ayuntamiento de Errenteria han explicado que el proceso con Kukai y con Maya, en particular, se ha construido sobre “principios muy firmes”: “La aceptación por parte del agresor de los hechos de los que se le acusa y su voluntad de hacer un camino reparador, con el compromiso de realizar una revisión crítica de sus comportamientos y un compromiso explícito de no repetición, la lealtad absoluta a la petición de confidencialidad de las víctimas y el consejo experto. Leales a este segundo principio de garantizar la confidencialidad solicitada por las víctimas, desde alcaldía y el área de Igualdad, que somos quienes hemos tenido conocimiento de estos hechos, decidimos actuar en consecuencia: no compartir información con nadie más, salvo que se nos pregunte”, han recalcado. Dentro de este proceso, se produce una reunión con Kukai que en un principio se iba a desarrollar en febrero de 2026 y, finalmente se celebra el 16 de abril.

Una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai

Sin embargo, para aquel entonces, Maya ya ha regresado a la esfera pública sin acordarlo con el Ayuntamiento. Algo que ha abierto una crisis entre ambos “en lo que se refiere al proceso y a la confianza mutua”, según ha confesado Otaegi. Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de esta crisis es volver al proceso, y volver al proceso, es volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas. Entre tanto, la relación del Ayuntamiento con Kukai durante 2026 sigue suspendida“, ha asegurado.

Otaegi también ha aprovechado su intervención para criticar a la oposición, después de que el PP haya pedido su dimisión, el PSE-EE haya solicitado una comisión extraordinaria y la comparecencia de diferentes responsables políticos y agentes sociales y el PNV haya pedido una investigación o auditoria externa. Sobre los dos primeros, la alcaldesa ha denunciado que les han acusado de “falta de transparencia”. “Ambos, a favor de las víctimas, pero sin las víctimas y pasando por encima de ellas. Obviando la petición expresa de las víctimas, de confidencialidad, y por extensión, la petición de confidencialidad hecha por el Equipo de Gobierno, cuando se comparte la información de la que disponemos con la oposición”, ha recalcado.

“Solo quiero decir, que siempre estaremos dispuestos y dispuestas a mejorar la gestión municipal de este tipo de casos, a aprender de procesos como este, a favor de cualquier proceso del que podamos mejorar. Pero siempre que se garantice la perspectiva feminista y el rigor profesional y técnico. Llevo 7 años de alcaldesa y me ha tocado ver, vivir y gestionar muchas cosas. Pero ante estas dos realidades tan crudas y dolorosas para nuestro municipio que nos ha tocado afrontar, me resulta especialmente doloroso ver qué fácilmente se han dejado de lado las víctimas y qué fácil se ha dado prioridad al rédito político. Nuestra prioridad siempre serán la seguridad y bienestar de las víctimas, y siempre actuaremos atendiendo sus peticiones y respetando sus ritmos”, ha concluido la alcadesa.

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y dirigente de Vox, Alejandro Nolasco, ha utilizado la agresión machista ocurrida la pasada semana en el barrio zaragozano de Las Fuentes para endurecer su discurso contra la inmigración y reclamar la expulsión inmediata del detenido, un hombre de origen marroquí. También ha exigido este lunes al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que “desvele” si el agresor de una mujer y su hijo, tiene o no residencia legal en España.

La agresión tuvo lugar en la madrugada del jueves en una vivienda de la calle Batalla de Lepanto. Según informó la Jefatura Superior de Policía en Aragón, agentes de Policía Local y Nacional acudieron al domicilio tras recibir llamadas de vecinos que alertaban de una posible pelea en el ámbito familiar. Allí localizaron a una mujer con varios cortes y golpes, que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, aunque su vida no corría peligro. El presunto agresor, de 37 años y con quien la víctima habría mantenido una relación afectiva, fue detenido y la investigación quedó en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

A partir de este caso, Nolasco ha comparecido este lunes para exigir al Gobierno central que inicie “un expediente urgente para proceder a su inmediata expulsión de España” y cuestionar por qué el detenido no había sido expulsado anteriormente pese a acumular antecedentes.

Durante su comparecencia, el dirigente de Vox ha vinculado directamente el caso con la inmigración irregular y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico utilizará “todas las vías legales” para combatir lo que ha calificado como una “invasión migratoria”. Asimismo, cha criticado los procesos de regularización de inmigrantes impulsados por el Gobierno central, al considerar que generan un “efecto llamada”.

Nolasco también ha cargado contra los ministerios de Interior e Igualdad y ha responsabilidado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que “un delincuente fichado por su peligrosidad delictiva se mueva cómodamente en España”.

El vicepresidente aragonés ha insistido además en reclamar a la Delegación del Gobierno que aclare si el detenido dispone o no de residencia legal en España, una información que, según ha asegurado, todavía no ha sido facilitada al Ejecutivo autonómico. En su intervención, el dirigente de Vox ha mezclado el caso concreto con propuestas generales sobre inmigración y seguridad, ha asegurado que se implantará el principio de prioridad nacional para frenar “el efecto llamada, tan peligroso para la seguridad de las mujeres” y “poner luz y taquígrafos para procurar que estos delincuentes vuelvan a sus casas”. El Departamento está “abierto” a la colaboración de todas las asociaciones y organismos que quieran trabajar junto con el Ejecutivo “para perseguir a estos delincuentes y que las mujeres no tengan que sufrir ni tener miedo a pasear por la calle”.

Respecto al origen de los agresores, ha dicho que “el delincuente se criminaliza solo” y que “un español está aquí, te lo tienes que comer”, pero “hay una gran cantidad de ilegales que cometen delitos por qué tenemos que aguantar eso, se ha preguntado”. El Ejecutivo regional elaborará un plan de retorno de inmigrantes promoviendo acuerdos con los países de origen, remitiéndose al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que faculta para ello a las comunidades autónomas. “La Comunidad Autónoma es competente”.

La mujer asesinada por su expareja a navajazos y a plena luz del día en Figueres (Girona) el pasado martes fue atendida por el Hospital hasta en tres ocasiones durante las 72 horas previas al crimen. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del caso, la primera vez que acudió a urgencias fue el domingo por la mañana, trasladada en una ambulancia desde su domicilio con diversas contusiones y cortes.

Las heridas que presentaba la víctima -que era migrada y trans- no eran de gravedad, según han explicado las fuentes, y no requerían hospitalización ni una atención de urgencia. Tal y como ha podido saber este medio, la paciente presentaba hematomas y contusiones que respondían a agresiones antiguas, provocadas en diferentes momentos, según se pudo constatar por el estado de curación de las mismas. Ese domingo, la víctima fue atendida por un médico, que realizó un parte que envío a los juzgados de Figueres.

El día siguiente, lunes por la tarde, la mujer volvió al centro, también en ambulancia, pero esta vez medicalizada. En aquella ocasión, fue atendida directamente en el vehículo después de haber sido “apalizada” esa misma tarde. Desde el hospital se ofrecieron a llamar a los Mossos para comunicar la agresión, pero la mujer denegó la oferta asegurando que el autor de las heridas “ya estaba detenido” y que sólo necesitaba un parte médico para poder entregarlo a los juzgados. Pero cuando se llamó a consulta a la víctima para que se le realizara el examen, ya se había ido.

Ese lunes -día antes del asesinato- la expareja de la víctima fue detenido por haberse saltado una orden de alejamiento y provocar “supuestas lesiones a la víctima en la vía pública”, según han confirmado desde el juzgado.

La víctima quedó citada para que entregara el parte médico al juez de guardia. Como no completó el trámite el lunes, regresó al hospital el martes. Pero esa mañana había mucha carga asistencial y fue derivada al CAP más cercano. Allí, finalmente, le realizaron un examen completo en el que se constataron las agresiones que había recibido el día anterior que, si bien “no hacían peligrar su vida”, sí eran “significativas”.

A pesar de que contaba con el informe del médico, la víctima no llegó a presentarse ante el juzgado y tampoco prestó testimonio. Se desconocen los motivos por los cuales no acudió, pero sin su testimonio el juez no pudo retener más a su expareja y le dejó en libertad. Horas más tarde, el mismo martes, la mujer fue asesinada en la vía pública. En el mismo lugar de los hechos, los Mossos detuvieron a su expareja, de 48 años. Diversas dotaciones de los Servicios de Emergencias Médicas se desplazaron hacia allí, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida a la mujer.

El detenido y presunto autor del crimen ya había aceptado una pena por maltrato por conformidad de seis meses de cárcel y una orden de alejamiento de 250 metros e incomunicación con la víctima por un año y cuatro meses. La misma que rompió el mismo día de asesinato. En este tipo de casos, en los que una víctima de violencia ha sufrido agresiones continuadas, suelen existir mecanismos de protección para la víctima. Pero desde los juzgados no dan información sobre qué protocolos se aplicaron -o si se aplicó alguno- para proteger la vida de esta mujer.

La consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, ha admitido que “alguna cosa ha fallado”, pero ha salido en defensa del sistema de protección de las víctimas, que “sí ha funcionado en otros casos”. En una entrevista en la Cadena Ser, Menor ha anunciado que se convocará al grupo de análisis en feminicidios para determinar si hubo errores de coordinación, de traspaso de información o de valoración de riesgo.

De la misma manera, ha apostado por “endurecer” las medidas de protección en casos de alto riesgo y valorar, incluso, la prisión preventiva cuando se tema por la vida de la denunciante.

El Ayuntamiento de Figueres ya ha anunciado que se personará como acusación popular en el caso del feminicidio. La decisión fue comunicada por el alcalde, Jordi Masquef, quien ha denunciado públicamente un “fallo en los protocolos de protección”. Preguntada por si tomará la misma decisión, Menor ha explicado que la opción se está analizando desde la Dirección General de Feminismos: “Lo hemos hecho en otros procedimientos y lo estamos estudiando, pero imagino que seguramente sí”, ha apuntado.

El Gobierno de Navarra se personará como acusación popular en el juicio por el asesinato machista de una mujer en Arguedas. El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno, Javier Remírez, ha mostrado una “profunda y máxima condena ante este presunto crimen machista” en nombre del “conjunto del Gobierno de Navarra”, así como el “apoyo y cercanía a la familia y el entorno de la víctima”.

Remírez ha avanzado que en las próximas horas la pareja de la víctima, que el lunes se entregó en dependencias de la Guardia Civil como autor de los hechos y que fue detenido, pasará a disposición judicial. “La investigación se encuentra ahora mismo en manos de las autoridades judiciales y policiales”, ha añadido, si bien ha pedido precaución y “actuar con prudencia y respeto hacia el procedimiento”.

El Centro de Mando y Coordinación tuvo conocimiento del crimen a través un familiar de la víctima, tras habérsela encontrado en su domicilio fallecida, según informó la Policía Foral. Posteriormente, se supo que el presunto autor (y pareja de la fallecida) se había entregado ese mismo lunes por la tarde en dependencias de la Guardia Civil confesando los hechos. Según la Guardia Civil no constaban denuncias previas ni figuraba en el sistema VioGén.

El portavoz del Ejecutivo navarro ha calificado la violencia machista como “una lacra y un problema estructural”, que “exige respuestas permanentes, coordinadas y firmes por parte de todas las instituciones y del conjunto de la sociedad”. En esta línea, ha hecho un “llamamiento” a que “cualquier mujer que esté sufriendo una situación de violencia” denuncie, afirmando que desde las instituciones tienen “recursos públicos, profesionales y especializados” a disposición de todas “las mujeres que sufren el machismo criminal”.

Un entrenador de un equipo infantil y un espectador de un partido de fútbol de menores celebrado en Ferrol se sentarán en el banquillo por haber insultado a la árbitra, a la que dirigieron comentarios homófobos. Según el auto de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ferrol, plaza 1, que ordena abrir juicio oral, el entrenador se refirió a la mujer como “puta bollera de mierda” cuando fue expulsado.

El auto considera que entrenador y espectador tenían como objetivo menoscabar la dignidad de la árbitra “por razón de su orientación o identidad sexual”. Los hechos ocurrieron en un partido disputado el 12 de enero de 2025, en el que la víctima fue “increpada por varias personas” durante el encuentro, en especial uno de los entrenadores y el espectador que va a ser juzgado y que se refirió a ella “en similares términos”.

Los dos, dice el magistrado, “dirigieron las citadas frases o palabras hacia la árbitra de forma pública, ante todos los presentes en el lugar, con la intención de lesionar su dignidad por razón de su orientación o identidad sexual, constituyendo, en todo caso, un trato degradante hacia su persona, que atentó contra su integridad moral”. La decisión de apertura de juicio oral, que no es recurrible, expone que se da por formulada la acusación contra ambos por lesión de la dignidad por motivos discriminatorios y delitos contra la integridad moral. La causa pasa ahora a la Audiencia Provincial de A Coruña.

La Policia Nacional ha detingut dos homes acusats d'agredir sexualment una dona que es trobava de vacances a Mallorca i que va aconseguir escapar del vehicle en el qual presumptament van ocórrer els fets per demanar auxili en un habitatge proper. L'autoritat judicial ha decretat l'ingrés provisional a la presó d'ambdós detinguts.

L'agressió es va produir la nit del passat 1 de maig a la localitat de Manacor. D'acord amb la informació proporcionada per la Policia, la víctima va entrar tota sola en un bar del municipi i va començar a conversar amb un home que es va apropar a la seva taula. Poc després s'hi va incorporar un segon individu, conegut del primer, i els tres van continuar prenent begudes junts.

La dona va relatar posteriorment que va començar a trobar-se malament després d'aixecar-se per anar al bany i tornar a la taula, on havia deixat la seva consumició. Segons la seva denúncia, va començar a patir símptomes que no es corresponien amb el consum normal de begudes alcohòliques. La Policia destaca que ambdós individus, just abans d'aixecar-se de la taula per abandonar el local, van insistir a la víctima perquè s'acabàs la consumició.

La víctima va explicar als investigadors que la seva intenció era demanar un taxi per tornar al seu hotel a causa del malestar que sentia. No obstant això, els dos homes es van oferir a acompanyar-la en cotxe, indicant que tenien el vehicle allà mateix.

A partir d'aquell moment, la dona va assegurar recordar únicament “flashes” del que havia succeït: segons va relatar, recordava haver pujat al cotxe i que es van aturar en un descampat, en una zona fosca i sense edificis. Pel que sembla, ambdós homes haurien aprofitat la situació en què es trobava per agredir-la sexualment a la part posterior del vehicle.

En un moment donat, la víctima va poder sortir corrents del vehicle, va creuar una carretera i va demanar auxili a la primera casa que va trobar. Els habitants de l'habitatge van alertar immediatament la Policia Nacional en veure l'estat en què es trobava la dona.

Un cop al lloc dels fets, els agents van traslladar la víctima a un centre hospitalari per activar el protocol d'atenció a víctimes d'agressió sexual i, posteriorment, la Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM) es va fer càrrec de la investigació.

Gràcies a la informació aportada per la denunciant, els investigadors van aconseguir identificar i localitzar els dos sospitosos en poc temps. La Policia també va intervenir el vehicle en què suposadament van ocórrer els fets per realitzar-hi una inspecció tecnicopolicial.

A més, durant la detenció d'un dels arrestats, els agents van trobar una caixa d'un medicament, un element que ara forma part de la investigació oberta sobre una possible submissió química. Els dos homes van ser posats a disposició judicial dilluns passat i el jutjat va decretar el seu ingrés provisional a presó.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una mujer que se encontraba de vacaciones en Mallorca y que logró escapar del vehículo en el que presuntamente ocurrieron los hechos para pedir auxilio en una vivienda cercana. La autoridad judicial ha decretado el ingreso provisional en prisión de ambos detenidos.

La agresión se produjo la noche del pasado 1 de mayo en la localidad de Manacor. De acuerdo a la información proporcionada por la Policía, la víctima entró sola en un bar del municipio y comenzó a conversar con un hombre que se acercó a su mesa. Poco después se incorporó un segundo individuo, conocido del primero, y los tres continuaron tomando bebidas juntos.

La mujer relató posteriormente que empezó a encontrarse mal después de levantarse para ir al baño y regresar a la mesa, donde había dejado su consumición. Según su denuncia, comenzó a sufrir síntomas que no se correspondían con el consumo normal de bebidas alcohólicas. La Policía destaca que ambos individuos, justo antes de levantarse de la mesa para abandonar el local, insistieron a la víctima en que se terminase la consumición.

La víctima explicó a los investigadores que su intención era pedir un taxi para regresar a su hotel debido al malestar que sentía. Sin embargo, los dos hombres se ofrecieron a acompañarla en coche, indicando que tenían su coche allí mismo.

A partir de ese momento, la mujer aseguró recordar únicamente “flashes” de lo sucedido: según relató, recordó haber ido en el coche y que se pararon en un descampado en una zona oscura y sin edificios. Al parecer, ambos varones habrían aprovechado la situación en la que se encontraba para agredirla sexualmente en la parte trasera del vehículo.

En un momento dado, la víctima pudo salir a la carrera del vehículo, cruzó una carretera y pidió auxilio en la primera casa que encontró. Los moradores alertaron inmediatamente a la Policía Nacional al ver el estado en el que se encontraba la mujer.

Una vez allí, los agentes trasladaron a la víctima a un centro hospitalario para activar el protocolo de atención a víctimas de agresión sexual y posteriormente la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) se hizo cargo de la investigación.

Gracias a la información aportada por la denunciante, los investigadores lograron identificar y localizar a los dos sospechosos en poco tiempo. La Policía también intervino el vehículo en el que supuestamente ocurrieron los hechos para realizar una inspección técnico-policial.

Además, durante la detención de uno de los arrestados, los agentes encontraron una caja de un medicamento, un elemento que ahora forma parte de la investigación abierta sobre una posible sumisión química. Los dos hombres fueron puestos a disposición judicial el pasado lunes y el juzgado decretó su ingreso provisional en prisión.

Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Álava el juicio contra J.R., presunto asesino de una mujer de 32 años en Vitoria en el año 2023. La víctima era su pareja y en el momento de los hechos se encontraba embarazada de mellizos. El presunto agresor, que tenía al menos dos denuncias en Castellón y otra más en Torremolinos por violencia machista contra la mujer y contaba con una orden de alejamiento que había sido quebrantada, le asestó 13 cuchilladas delante de su hija de tres años, a la que dejó junto al cuerpo sin vida de su madre sin agua ni comida, a la que encontraron 20 horas más tarde de lo sucedido en el día de las elecciones municipales y forales.

La Fiscalía solicita 45 años de prisión para el acusado: 25 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravante de parentesco y motivos de género; ocho años de prisión por cada uno de los dos delitos de aborto con agravante de parentesco, por la muerte de los mellizos y cuatro años de cárcel por delito de abandono de un menor. Además, solicita que indemnice con 500.000 euros a la hija de ambos y con 250.000 euros al padre de la víctima, así como la retirada de la patria potestad respecto a la niña.

Las acusaciones también solicitan 45 años de prisión al considerar que asestó las 13 cuchilladas a la mujer, lo hizo “con intención de matarla” y era “plenamente consciente de sus actos”. En el caso de la menor, las acusaciones lamentan que como consecuencia del impacto emocional sufrido por aquella traumática experiencia, presenta secuelas psicológicas que se traducen en dificultades de socialización, retraso en el lenguaje y afectación emocional “significativa”.

Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución, puesto que argumenta que cuando la acuchilló el acusado sufría una “desconexión brusca de la realidad”, en un “episodio disociativo” o “automatismo zombi”. El juicio, con Tribunal del Jurado, se alargará hasta al próximo 15 de mayo y contará con las declaraciones de más de 40 testigos, además de técnicos, agentes y peritos.

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2023, cuando J.R. presuntamente asestó 13 cuchilladas a la que era su pareja en un apartahotel de la capital alavesa. Según informó el Departamento de Seguridad tras el suceso, la pareja se alojó en enero con un nombre falso en el apartahotel, algo que llamó la atención del propietario y, al llamar a la Ertzaintza para comunicárselo, se percataron de que había un expediente de violencia de género abierto por la Policía Nacional y una orden de alejamiento interpuesta por un juzgado de Torremolinos que estaba siendo quebrantada.

Debido a estas informaciones, el por aquel entonces vicelehendakari y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, realizó una comparecencia de urgencia en la que explicó que “la Ertzaintza en ese momento entrevistó a la mujer y esta confirmó que había un expediente de violencia de género, pero que no se sentía agredida ni en peligro, por lo que quería mantener la relación y que la orden de alejamiento desapareciese”.

Después de aquello, según confirmó Erkoreka, “no se tiene más contacto” con la pareja, que “desaparece del escenario vitoriano” hasta el 18 de mayo, donde se le vuelve a entrevistar a la mujer, no obstante, Erkoreka confesó “no tener constancia” de si se realizaron entrevistas al presunto asesino, ya que “la fuente primordial de información en este caso fue la víctima” y, al ser preguntado que por qué no fue detenido por haber quebrantado al menos en dos ocasiones la orden de alejamiento, respondió que no tenía ese dato. “En mayo la víctima vuelve a asentir que el quebrantamiento de la orden de alejamiento es consensuado y que su pareja no generaba miedo en ella”, detalló Erkoreka, sobre la segunda entrevista que le realiza la Ertzaintza a la mujer cuando esta regresa a Vitoria.

La mujer, que se encontraba registrada en el hotel otra vez con un nombre falso, quedó para comer con su familia el día del suceso, pero al no aparecer, sus familiares acudieron al apartahotel y hallaron el cuerpo sin vida y, junto a él, la menor hija de ambos. Según las investigaciones realizadas por la Ertzaintza a partir del visionado de imágenes del apartahotel, Erkoreka confirmó que el culpable del asesinato “podría ser él [haciendo referencia a la pareja] por una serie de movimientos que se detectan, aunque no con claridad”. A partir de ahí las indagaciones realizadas en las horas siguientes del suceso llevaron a concluir que el presunto asesino habría abandonado Euskadi esa misma tarde, pudiendo ser interceptado y detenido por la Guardia Civil cuando viajaba en un taxi por la AP-68 a la altura de la provincia de Zaragoza. Desde entonces permanece en prisión.

La actuación de la Ertzaintza suscitó grandes críticas y un cambio en el protocolo a raíz de este caso. Erkoreka llegó a manifestar que “no es fácil proteger a una víctima que no se percibe en peligro” otras Fuerzas de Seguridad del Estado dejaron claro que quebrantar una orden de alejamiento dictada por un juzgado es delito, por mucho que la víctima a la que se busca proteger consienta o facilite el acercamiento del agresor. Además, la mujer figuraba como víctima de “riesgo extremo” en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a “riesgo bajo”. Al parecer, los archivos de la Policía Nacional del sistema VioGen y los de la Ertzaintza del sistema EVA no estaban conectados. También falló la propia valoración que efectuó la Ertzaintza sobre el caso. 

Por ello, desde aquel caso la valoración que hace la Ertzaintza nunca baja de la consideración que trae de otras comunidades, al menos en un primer momento y ahora la Ertzaintza asume la orden de detener siempre a quien incumple la orden de alejamiento por mucho que la víctima consienta el acercamiento.

La Junta del Alarde tradicional de Irún, en el que las mujeres quedan relegadas a cantineras, ha informado en un comunicado dirigido “a la ciudadanía” que existen diligencias previas en el ámbito penal “actualmente en tramitación en un juzgado de Irún” por la denuncia de un presunto caso de violencia sexual ocurrido en el San Marcial de 2025. No obstante, la Junta ha indicado que no ostenta la condición de parte en el procedimiento. Según la denuncia, que en un momento se limitó a ser interna de la organización, pero ha saltado a la Justicia, un “jefe de unidad” realizó presuntamente “unos tocamientos” a la cantinera, una joven veinteañera. Desde el Departamento de Seguridad confirman a este periódico que hasta el momento, no tienen constancia de que se haya interpuesto ninguna denuncia ante la Ertzaintza relacionada con estos hechos, por lo que el caso puede haber llegado al juzgado por otros cauces.

Después de que una de las cantineras del Alarde de Irún denunciara ante la Junta de Mandos (órgano soberano, cuya misión principal es la organización del Alarde de San Marcial, mientras que la Junta del Alarde es el órgano de estudio y asesoramiento del Alarde) un presunto episodio de agresión sexual por parte de uno de los 'mandos' de una de las compañías durante uno de los ensayos de la fiesta celebrada el pasado 30 de junio, el 3 de febrero, se celebró una reunión para comunicar la sanción al presunto agresor, que ha sido expedientado y suspendido de su cargo. Debido a la sanción, el acusado ha solicitado medidas cautelares algo que se analizará el próximo 29 de mayo el Tribunal del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 2 de Irún.

A raíz de lo ocurrido, el “general” y el “comandante” del Alarde tradicional de Irún presentaron su dimisión. Asier Etxepare y Rubén Fraile alegaron que no podían liderar un grupo en el que hay un sector que ha cuestionado su forma de gestionar la denuncia interna de la supuesta agresión sexual. En un comunicado hecho público el pasado febrero, expusieron que en verano se abrió un “expediente sancionador” a raíz de una “denuncia interna” por una “conducta inapropiada”. Se refirieron así a unos presuntos tocamientos en una compañía del Alarde por parte de un “jefe de unidad” a la cantinera. Se añadió que tanto la “Junta de Mandos” como la “Junta del Alarde” no podían “mirar hacia otro lado” ante la denuncia de un “símbolo del alarde” y entendían que han de “evaluar” lo ocurrido “dentro del régimen disciplinario”.

A partir de ahí, reconocieron la tensión interna en una reunión celebrada en Palmera Montero, con ocho “capitanes y jefes de unidad” disconformes con las actuaciones y decenas de personas manifestándose en la puerta en contra de sancionar al supuesto agresor. “En los prolegómenos a nuestro gran Día de San Marcial una cantinera se acercó para hacernos llegar varios comportamientos inadecuados de uno de los mandos del Alarde. ¿Qué opciones teníamos? ¿Mirar hacia otro lado o analizar la situación? Yo, como general, pero sobre todo como Asier Etxepare Iza, no puedo hacer otra cosa que respetar y defender la base del Alarde de San Marcial, que es la Ordenanza. Y quiero remarcar que esta debería ser la base de todas las personas que forman la Junta de Mandos y la Junta del Alarde, la de respetar la Ordenanza. Como bien indican nuestros reglamentos, ante este tipo de denuncias internas se abre un proceso para analizar, investigar y resolver las actitudes que han llevado a la persona a tocar nuestra puerta. Y eso hemos hecho: analizar, investigar y resolver”, apuntó en aquel momento uno de los miembros que presentó su dimisión.

Fuentes del entorno del 'mando' sancionado detallan a este periódico que la resolución de la Junta del Alarde, por la que el hombre ha sido sancionado, “no califica, ni tipifica lo sucedido como agresión sexual, ni atribuye connotación sexual a la conducta denunciada”. Además, no niegan ni reconocen los hechos, pero ponen en cuestión que la Junta del Alarde tenga competencia para poder juzgar un hecho de estas características. La resolución del expediente sancionador rebaja lo sucedido a una “falta de respeto” a un “símbolo” del Alarde tradicional, como puede ser en este caso la cantinera, pese a tratarse de una persona. En este sentido, la Ordenanza del Alarde de San Marcial de Irún recoge en su artículo 40 en el que define las faltas graves, “la falta de respeto a la Bandera de Irún, los banderines, los estandartes y cuantos símbolos forman parte del Alarde”. Según confirman las fuentes del 'mando' sancionado, es en este caso en el que contemplan desde la Junta del Alarde para sancionarlo tras el suceso que denuncia la cantinera.

Paula tiene 25 años y a la salida de una discoteca varios hombres la abordaron y le agredieron sexualmente. Tras lo ocurrido sufre fuertes crisis de ansiedad y es incapaz de salir sola de casa. Nerea tiene 46 años y desde hace dos su jefe se le insinúa continuamente. A pesar de que la mujer le ha dicho que no quiere tener ninguna relación con él, su acoso no cesa y teme perder su trabajo si presenta una denuncia. Ainhoa tiene 13 años y desde hace dos meses su tío le realiza tocamientos cada vez que están a solas. Tiene miedo de que se enteren sus padres. Las tres son víctimas de violencia sexual. Se trata de casos ficticios basados en otros reales que han acudido a los centros de crisis 24 horas para la atención de víctimas de violencia sexual de Euskadi.

Las tres Diputaciones Forales gestionan estos centros con la colaboración del Gobierno vasco y del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde). En Vitoria, el centro se llama 'Tximeletak' y está abierto desde abril de 2024. En Bizkaia el centro 24 horas se divide en dos espacios. En diciembre del 2023 abrió lo que denominan como 'Centro de Atención en Crisis', que dispone de cinco plazas de alojamiento temporal en situaciones de emergencia y está atendido las 24 horas del día por un equipo especializado compuesto por ocho personas. Su ubicación se mantiene en secreto para garantizar la seguridad física y la intimidad de las víctimas. En julio de 2024 se abrió un segundo 'Centro de Atención Ciudadana de Recuperación Integral', situado en la calle Ledesma de Bilbao. Se trata de un centro de acceso libre en horario de oficina y está especializado “en recuperación a largo plazo”. “Aquí se ofrecen apoyos sociales, educativos, jurídicos y psicológicos para que las supervivientes puedan reconstruir sus proyectos de vida tras superar la fase crítica”, detallan desde la Diputación de Bizkaia.

En el caso de Gipuzkoa, bajo el nombre de 'Hariberria', se han creado dos sedes, a la espera de la apertura de la tercera. En noviembre de 2024 se comenzó a atender en su sede en la calle de Kale Berria 10, de Donostia, en marzo de 2025 en Arrasate-Mondragón, en un centro ubicado en la calle Uribarri número 5. Mientras que la tercera sede estará ubicada en Lazkao, pero no se conoce aún ubicación. En ellas se ofrece atención y acompañamiento inmediato, integral y especializado, 24 horas al día los 365 días del año y los equipos están compuestos por una coordinadora, una abogada, una trabajadora social y tres psicólogas.

Con el objetivo de explicar su funcionamiento y su papel en la sociedad, Belén Larrion, directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y Óscar Seco, director general de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia han participado en la I Jornada de Intervención en Violencia Sexual, bajo el título 'Abordaje Integral de la Violencia Sexual: el papel de los centros de crisis 24 horas' celebrada este lunes en la Universidad de Deusto. En el caso de Álava, por “incompatibilidad de agenda” ningún representante del centro de crisis 'Tximeletak' ha acudido a la jornada.

Durante sus intervenciones han explicado la diferencia entre una atención de urgencia social y una atención en crisis, dos situaciones que se encuentran cada día en estos centros, pero que requieren un abordaje diferente. La primera atención en urgencia social es cuando la agresión sexual es reciente. “Puede requerir entre otras prestaciones acompañamiento al hospital, dependencias policiales o judiciales, asesoramiento de denuncia, etc. La urgencia está motivada por la preservación de pruebas, por plazos médicos forenses y por la necesidad de reducir el impacto del evento traumático”, ha detallado Larrion.

Los servicios públicos no pueden construirse a espaldas de los que ya existen ni tampoco se debería hacer intervenciones a espaldas de las asociaciones feministas

Belén Larrion — Directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Mientras que, la atención en crisis, es aquella situación que puede experimentar una mujer que requiere de atención especializada, incluso mucho tiempo después de haber sufrido la violencia sexual. “No necesariamente requiere activar acompañamiento de urgencia a dependencias policiales, sanitarias o judiciales, ni tampoco otras medidas”, ha aclarado.

En el último año, en el caso de Gipuzkoa, han realizado 141 intervenciones a víctimas y 43 familias o personas del entorno. 92 víctimas 26 familiares han requerido atención inmediata y 78 víctimas y 31 familiares han requerido atención integral. “Según los datos recogidos hasta la fecha, podemos observar que casi el 70% de las 141 víctimas atendidas son de nacionalidad española y se encuentran en situación regular y un 31,94% son jóvenes de entre 18 y 23 años. Casi la mitad, un 48,63% refiere haber sufrido agresión sexual como forma de violencia sexual y violación de la libertad por parte de un conocido en un 77,3% de los casos, de los cuales sin convivencia con el agresor un 82,27%”, ha detallado Larrion.

“En cuanto al tiempo transcurrido un 44,68% de las víctimas han sufrido recientemente la agresión, hace menos de 6 meses de su llegada al servicio. El 21,98% entre los 6 meses y 3 años y un 9,93% entre 3 y 10 años atrás. Un 19,15% no ha acudido al servicio hasta después de entre 10 y 20 años de la agresión. Mientras que, un poco más de la mitad, el 51,77% ha puesto la denuncia antes de entrar al servicio y/o acompañada por las compañeras de los centros. En el caso de las víctimas atendidas en el último año, la mayoría han sido atendidas durante un mes y medio aproximadamente, 64 de ellas tienen hijos e hijas y 27 de los menores dependen únicamente de ellas. En cuanto a las personas acompañantes el 72,09% también son mujeres”, ha aclarado la directora general de Protección a la Infancia, Inclusión Social y Atención a la Violencia Machista contra las Mujeres de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

No estamos llegando a las víctimas de violencia digital ni a la juventud. La agresión sexual no ocurre en túneles oscuros

Óscar Seco — Director general de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia

Sobre los datos recogidos en Bizkaia, Óscar Seco, director general de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia ha indicado que entre el 70% y el 80% de las agresiones sexuales recogidas en los centros son cometidas por personas conocidas o del entorno cercano de la víctima. “Esto refuerza la necesidad de intervenciones comunitarias y educativas, la detección precoz en ámbitos familiares, escolares y sanitarios, abordajes que contemplen el daño relacional y no solo el derecho penal”, ha explicado.

En el caso de Bizkaia ha reconocido que “se detecta una creciente judicialización y desconfianza en el sistema penal, especialmente en violencia sexual”. “No estamos llegando a las víctimas de violencia digital ni a la juventud. La agresión sexual no ocurre en túneles oscuros, la víctima conoce al agresor la mayoría de las veces. Entre el 24% y el 27% de los casos atendidos corresponden a violencia sexual contra menores. Gran parte de estos casos son intrafamiliares y de revelación tardía, lo que complementa la complejidad clínica y la duración de la intervención. Este dato consolida la violencia sexual a la infancia como uno de los principales retos estructurales del sistema”, ha detallado Seco.

Preguntados por la relación con asociaciones feministas, que antes de la llegada de estos centros de crisis se encargaban de la primera atención en casos de violencia sexual, han reconocido que los nuevos recursos “no restan, suman”. “En el caso de Gipuzkoa es importante contar con el tejido asociativo y las casas de las mujeres que ya existen. Evidentemente los servicios públicos no pueden construirse a espaldas de los que ya existen ni tampoco se debería hacer intervenciones a espaldas de las asociaciones feministas. Se debe sumar y construir de manera conjunta y desde la Diputación estamos abiertas a esas colaboraciones”, ha apuntado Larrion.

Por su parte, Seco ha añadido que desde la Diputación de Bizkaia “hay grandes apuestas y firmes en lo que tiene que ver con las alianzas con el movimiento feminista”. “Las arquitecturas del machismo son tan grandes, tan desmesuradas las estrategias que están poniendo ahora en marcha con tiktokers, gamers, youtubers y la manosfera que necesitamos manos para luchar contra esto. Si además añadimos la creciente desmembración social, la falta de vínculo que tienen las mujeres, la necesidad de comunidad que tenemos todas para seguir construyendo esta sociedad libre de machismos y libre de violencia, nos damos más cuenta de que nos necesitamos recíprocamente. Yo no creo que un sistema público se pueda construir al margen del movimiento feminista”, ha concluido.

Este miércoles ha sido detenido el presunto autor del intento de agresión sexual a una mujer en el estacionamiento del campus de Oñati de la Mondragon Unibertsitatea el pasado viernes, 17 de abril. Según ha dado a conocer el Departamento vasco de Seguridad del Gobierno vasco, el intento de agresión sexual se produjo hacia las siete de la tarde cuando la víctima se encontraba en el interior de su vehículo estacionado en la zona universitaria de Oñati. De repente, un individuo se introdujo en el interior del coche por la puerta del copiloto. La mujer pudo zafarse y huyó a la carrera siendo seguida por el implicado, hasta que se dirigió a un viandante, que transitaba por allí y le solicitó auxilio. Al parecer, en ese momento, el atacante se dio a la fuga.

Alertada la Ertzain-etxea de Deba Urola de lo sucedido se movilizaron al lugar patrullas en funciones de protección ciudadana que asistieron a la víctima procediendo a su traslado a un centro sanitario. A partir de ahí, han desarrollado las correspondientes investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Con la colaboración de la Policía local de Oñati, ayer miércoles se detuvo al presunto autor del intento de agresión sexual en el citado municipio por un delito de agresión sexual en grado de tentativa. El arrestado, de 51 años, ha sido presentado en la mañana de este jueves en el Juzgado de Bergara (Gipuzkoa), después de quedar concluidos los trámites policiales.

Desde la Universidad el pasado lunes convocaron concentraciones de repulsa por lo ocurrido en todos sus campus. A la concentración de la Facultad de Empresariales en campus de Oñati, donde tuvieron lugar los hechos, acudió el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien “condenó con la máxima firmeza” el intento de agresión sexual. “Ante cualquier forma de violencia y, por supuesto, la violencia sexual, es imprescindible una respuesta contundente”, destacó el consejero Pérez Iglesias, quien subrayó que “este tipo de hechos constituyen una vulneración inaceptable de los derechos fundamentales y un ataque directo a la libertad, dignidad e integridad física de quienes los sufren, incompatible con los valores que deben regir las instituciones académicas y, con carácter general, nuestra sociedad”.

Asimismo, señaló que “la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, es una lacra con cuya eliminación deben comprometerse tanto las instituciones como el conjunto de la ciudadanía”. “Y en ese cometido, la universidad tiene una responsabilidad específica, la que atañe a la contribución en su propio ámbito a la igualdad real de derechos, oportunidades y reconocimientos de hombres y mujeres”, concluyó el consejero que se ha concentrado junto a alumnos y trabajadores de la universidad tras una pancarta en la que se leía en euskera “Ninguna agresión sin respuesta. Estamos contigo”.

Del mismo modo, el pasado domingo cientos de personas denunciaron en la plaza de Oñati el intento de agresión, convocados por el grupo feminista Bargastak. “Ayer nos reunimos en la plaza de Oñati para decir alto y claro que no vamos a tolerar ninguna agresión en nuestro pueblo y nosotras lo tenemos claro, seguiremos luchando desde el feminismo hasta derribar este sistema”, informó la asociación feminista a través de sus redes sociales en las que han compartido fotografías de la concentración con una pancarta en la que se leía en euskera la frase “Frente a la violencia machista, responsabilidad colectiva”.

La Ertzaintza investiga un intento de agresión sexual el pasado viernes en el estacionamiento del campus de Oñati de la Mondragon Unibertsitatea tras la denuncia de una mujer. Según ha podido confirmar este periódico, el suceso se produjo a última hora de la tarde cuando la víctima salió de la Universidad y se dirigió al parking para abandonar el lugar. Una vez allí, un hombre intentó atacarla, pero la mujer logró escapar con ayuda de otra persona que iba en su vehículo. Al poco tiempo de lo ocurrido, ese mismo viernes, la víctima interpuso una denuncia ante la Ertzaintza, que desde entonces se encuentra investigando lo ocurrido.

Desde la Universidad han convocado concentraciones de repulsa por lo ocurrido en todos sus campus este lunes a las 12.00 horas. A la concentración de la Facultad de Empresariales en campus de Oñati, donde tuvieron lugar los hechos, ha acudido el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha “condenado con la máxima firmeza” el intento de agresión sexual. “Ante cualquier forma de violencia y, por supuesto, la violencia sexual, es imprescindible una respuesta contundente”, ha destacado el consejero Pérez Iglesias, quien ha subrayado que “este tipo de hechos constituyen una vulneración inaceptable de los derechos fundamentales y un ataque directo a la libertad, dignidad e integridad física de quienes los sufren, incompatible con los valores que deben regir las instituciones académicas y, con carácter general, nuestra sociedad”.

Asimismo, ha señalado que “la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, es una lacra con cuya eliminación deben comprometerse tanto las instituciones como el conjunto de la ciudadanía”. “Y en ese cometido, la universidad tiene una responsabilidad específica, la que atañe a la contribución en su propio ámbito a la igualdad real de derechos, oportunidades y reconocimientos de hombres y mujeres”, ha concluido el consejero que se ha concentrado junto a alumnos y trabajadores de la universidad tras una pancarta en la que se leía en euskera “Ninguna agresión sin respuesta. Estamos contigo”.

Del mismo modo, el pasado domingo cientos de personas denunciaron en la plaza de Oñati el intento de agresión, convocados por el grupo feminista Bargastak. “Ayer nos reunimos en la plaza de Oñati para decir alto y claro que no vamos a tolerar ninguna agresión en nuestro pueblo y nosotras lo tenemos claro, seguiremos luchando desde el feminismo hasta derribar este sistema”, han informado desde la asociación feminista a través de sus redes sociales en las que han compartido fotografías de la concentración con una pancarta en la que se leía en euskera la frase “Frente a la violencia machista, responsabilidad colectiva”.

Mar Bermúdez (Barcelona, 1998) fue agredida sexualmente por su jefe durante la cena de Navidad de la empresa en 2022. Lo mismo le pasó a otra trabajadora. Ambas eran periodistas en el digital El Principal y estaban bajo las órdenes de Saül Gordillo, quien fue exdirector de Catalunya Ràdio y a quien la justicia condenó a un año de cárcel por la agresión a Bermúdez. Luego, él mismo aceptó un año y medio de pena tras reconocerse culpable también en el segundo caso.

Pasaron casi tres años entre los hechos y las condenas. Tres años en los que las víctimas se vieron en el ojo de un huracán mediático que las hizo diana de críticas, dudas y cuestionamientos. Tres años durante los que parte del periodismo catalán se posicionó del lado del agresor, que todavía sigue colaborando con un medio digital a pesar de las quejas de sus trabajadores.

Ahora, Bermúdez siente que ha puesto “el punto y final” a la historia. Y lo ha hecho con el libro Els pecats d’una feminista (Ara llibres, 2026), en el que resignifica los siete pecados capitales desde una lectura feminista, siempre partiendo de su caso y su experiencia personal. “No me sentía legitimada para hacer un ensayo ni tampoco para hacer algo superbiográfico. Es una mezcla de ambas cosas porque lo que quería era que, al acabar de leerlo, tuvieras ganas de salir a quemarlo todo”, asegura la periodista, en una entrevista con elDiario.es.

Este libro, dice, es una manera de “recuperar el relato” y de explicar la historia desde sus vivencias. Algo que ya empezó a hacer durante el proceso judicial. Aunque las dos denunciantes, al principio, decidieron mantenerse en el anonimato para protegerse, llegó un momento en el que Bermúdez apostó por dar la cara.

“La primera vez que me tocó ir a los juzgados, me sacaron por la puerta de atrás, para que nadie me viera. Todo muy peliculero. Y, de repente, llego a casa, pongo la tele y le veo a él. Y me entró mucha rabia. Era él el que se tenía que esconder, no yo”, explica. A los pocos días, aprovechando su declaración en el juicio, Bermúdez se plantó ante los medios y afirmó: “la vergüenza tiene que cambiar de bando”.

En ese momento, una de las víctimas de este caso tan mediático pasaba a tener rostro, nombre y apellidos. Y eso la exponía. “Pero me daba igual. Ya tenía poco que perder. Me habían hecho tanto daño y de forma tan injusta que pensé que, si seguían, tendrían que hacérmelo a la cara y yo podría, por fin, defenderme”, relata.

Rememorando aquellas jornadas le viene a los labios, una y otra vez, la ira. No el concepto, sino el pecado. De los siete que hay, dice, ese es su favorito. “Es algo que nos han quitado a las mujeres, para anularnos. Pero siento que la rabia es lo que nos activa”, explica. Aunque sea el que más le gusta, la ira no es el pecado con el que empieza su libro. “No podía ser otro que la lujuria”, expone.

Perder la culpa y recuperar el cuerpo

La noche de los hechos, Bermúdez tenía 23 años, 27 menos que su agresor. A ella la tocó, “sin su consentimiento”, en diversas ocasiones, y con una intención “sexual explícita”, según la sentencia. Pocas horas más tarde, Gordillo se ofreció a llevar a otra compañera a casa en su coche, donde le practicó sexo oral sin consentimiento, aprovechando que “no tenía capacidad de reacción ni movimiento” debido a la “ingesta de alcohol y benzodiacepinas”, tal como apunta el fallo del segundo caso.

Si bien de esta agresión no hubo testigos, Mar Bermúdez sí contó con la declaración favorable de sus compañeros, que estaban en la discoteca esa noche y a quienes acudió para explicarles lo sucedido. Y también había cámaras de seguridad. Los vídeos, que iban a ser usados como prueba en el juicio, salieron de los juzgados y llegaron a manos de muchos periodistas.

“Ninguno los publicó, pero muchos, muchísimos, hablaron de ellos. Los habían visto y emitían su juicio”, explica Bermúdez, que contó que, durante esos meses, se publicaron 50 artículos de opinión sobre su caso. 28 de ellos eran favorables a su agresor. “Me dio mucho miedo que las imágenes llegaran a todas las redacciones de Catalunya”, apunta la joven.

Algunos calificaron los vídeos de “excelentes” y los consideraron prueba de “la construcción de una difamación”. Otros especularon sobre “la intención de la muchacha” y escribieron que quería “destruir al periodista” después de un “flirteo” en el que ella “hacía y se dejaba hacer tocamientos”. Esos vídeos fueron los mismos que vieron los magistrados, quienes en la sentencia apuntaron que “en las imágenes de la grabación de la cámara de seguridad, se aprecia claramente cómo Gordillo realiza tocamientos que tienen una connotación sexual explícita”.

El miedo a que esas imágenes salieran a la luz se convirtió en una “paranoia” que la llevaba a desconfiar de la gente. “Era terrible ir por la calle, ver a alguien y saber que, aunque no le conociera, él podría haber visto las imágenes de mi trauma”, relata. “Todavía hoy me da asco saber hay gente que vio esos vídeos y que tiene todavía en sus archivos de Whatsapp imágenes de la agresión, que es lo peor que me ha pasado en la vida”.

Aunque los vídeos no se publicaran, la conversación que suscitaron alteraron mucho a la joven periodista, que por aquel entonces ya se consideraba feminista. Lo suficiente como para saber que las víctimas no tienen la culpa. “Pero todo cambió cuando me pasó a mí y la gente empezó a dudar de mi versión. No tenía sentido, pero sentía que había sido culpa mía”, dice Bermúdez. “Todo el mundo hablaba de esos vídeos. Muchos medios me juzgaron a mí y mi manera de hablar, de bailar y de moverme. Y claro, te cuestionas”, explica.

La culpa llegó tan lejos que la afectó incluso en sus clases de baile, una actividad que no se pierde “aunque se acabe el mundo”. “Como se había juzgado concretamente cómo bailaba, en clase empecé a preguntarme si me estaba sexualizando demasiado. Si estaba haciendo mal bailando así”, relata. Tan profundo fue el efecto, que Bermúdez tardó dos años en poder volver a pisar una discoteca.

El sexo también se volvió un territorio vetado. La joven dejó de confiar, de saberse relacionar con nadie y de soportar el contacto físico. “Pensé que ya estaba, que mi vida sexual se acababa ahí. Pero eso no fue verdad. Se sale de todo, de esto también”, asegura la periodista.

Después de mucha terapia --“y de que me repitieran 200 veces que no estaba loca”-- Bermúdez recuperó la calma y la seguridad. Eso la ha llevado a entender su sexualidad de manera diferente, a saber que lo que ella haga no la convierte en culpable porque “nadie, absolutamente nadie, agrede sin querer”, insiste.

Es desde ahí que ha resignificado el pecado de la lujuria, dejando atrás el mantra de que la víctima se lo estaba buscando. “Ya no es que nosotras seamos lujuriosas, sino que ellos son agresores. No nos perdone, señor, que seguiremos pecando”, apunta en el libro. A partir de esa premisa, Bermúdez repasa todos los pecados que se atribuyen a las malas mujeres y les da la vuelta para hacer de la soberbia, dignidad; pasar de la ira a la rabia; o convertir la envidia en solidaridad.

A través de ellos, la joven va tejiendo un viaje que va desde la noche de la agresión hasta su recuperación, pasando por la terapia, el acompañamiento de los suyos y las dudas del proceso judicial. A ello dedica buena parte del capítulo sobre la avaricia, en el que desgrana el paso a paso de una denuncia y el coste -emocional y económico- de denunciar. “Cuando tomé la decisión, era más ingenua que ahora. Era de las que repetía que había que denunciar siempre y, aunque no me arrepiento de haberlo hecho, ahora matizo esa afirmación”, cuenta.

Cuando se planteó denunciar, no se imaginaba lo que vendría. La angustia cada vez que su abogada le llamaba o la exposición pública. Ella tomó la decisión porque no quería echarse atrás y ver, al cabo de unos años, que salía otra víctima. “No quiero decir que la responsabilidad de que un agresor pare sea de su víctima, pero no me lo hubiera perdonado”, cuenta.

Ella se presenta como una privilegiada (“joven, blanca, de Barcelona, sin problemas económicos y con apoyo familiar y red de amistades”) que pudo denunciar. Y, aunque asegura que muchas no pueden, también apunta que el proceso judicial contra su jefe fue el “principio de algo”. Su caso, junto a las denuncias públicas de las cómicas Charlie Pee y Ana Polo contra quien fue su superior, el periodista de Catalunya Ràdio Quim Morales, pusieron las bases de un Metoo del periodismo catalán.

De momento, el de Gordillo es el único caso que ha llegado a los tribunales -sumándole el de Morales, quien ha llevado a Charlie Pee ante la justicia. Con todo, han sido pocas las mujeres que hicieron públicas sus experiencias usando nombres -ya fueran los suyos o los de sus agresores. “Es un sector pequeño y los agresores son secretos a voces. Todas conocemos quiénes son y también intuimos quiénes son sus víctimas. Por eso, es normal que no se denuncien”, sostiene.

Pero eso no quita que Bermúdez considere que ese Metoo que no llegó a despegar haya tenido su efecto. “Creo que muchas mujeres trabajan diferente porque tuvieron la oportunidad de hablar con sus compañeros. Y creo que los agresores igual se lo piensan dos veces porque ese miedo de ser el siguiente en ser denunciado se está instaurando”, reflexiona.

Ella dio la cara y dijo el nombre de su agresor en alto en su momento. Pero ahora, ese nombre no sale en el libro que acaba de publicar. “Es mi reparación y él aquí no saldrá. No es suyo, es algo que es solo mío y ahora, por fin, puedo decidir yo”, remacha.

Un home ha acceptat aquest dimecres una condemna de dos anys i tres mesos de presó per intentar matar la seva parella a Palma, a qui va intentar tallar el coll amb un matxet. L'acusat tenia en vigor una ordre d'allunyament després d'haver-la agredit prèviament.

L'inculpat s'ha assegut aquest dimecres a la banqueta de l'Audiència Provincial de Balears, on ha reconegut els fets. El tribunal ha dictat sentència de conformitat després que les parts hagin tancat un acord que ha rebaixat la condemna inicial de sis anys de pressó que reclamava la Fiscalia.

El condemnat ha admès que el 20 d'octubre de 2024 va acudir al domicili de la víctima, conscient que incomplia l'ordre judicial que li prohibia apropar-se a ella. Un cop allà, va iniciar una acalorada discussió i va començar a propinar-li cops a les cames i al cap, per acte seguit agafar un matxet de grans dimensions i provocar-li un tall al coll en forma de 'y'.

La sentència el considera autor d'un delicte de temptativa d'homicidi i un altre de trencament de condemna. A més, s'ha aplicat l'atenuant de reparació del dany després que l'acusat lliurés 4.000 euros a la víctima com a indemnització.

Un hombre ha aceptado este miércoles una condena de dos años y tres meses de prisión por intentar matar a su pareja en Palma, a la que intentó cortar el cuello con un machete. El acusado tenía en vigor una orden de alejamiento tras haberla agredido previamente.

El inculpado se ha sentado este miércoles en el banqullo de la Audiencia Provincial de Balears, donde ha reconocido los hechos. El tribunal ha dictado sentencia de conformidad después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo que ha rebajado la condena inicial de seis años de cárcel que reclamaba la Fiscalía.

El condenado ha admitido que el 20 de octubre de 2024 acudió al domicilio de la víctima, a sabiedas de que incumplía la orden judicial que le prohibía acercarse a ella. Una vez allí, inició una acalorada discusión y comenzó a propinarle varios golpes y puñetazos en la cabeza y en las piernas, para acto seguido coger un machete de grandes dimensiones y provocarle un corte en el cuello en forma de 'y'.

La sentencia lo considera autor de un delito de tentativa de homicidio y otro de quebrantamiento de condena. Además, se ha aplicado la atenuante de reparación del daño después de que el acusado entregara 4.000 euros a la víctima como indemnización.