Amnistía Internacional pide a la Fiscalía que reconsidere su postura sobre el caso Julio Iglesias para que las víctimas de violencia sexual “accedan a la justicia”

Amnistía Internacional ha enviado una carta a la Fiscalía General del Estado en la que pide que reconsidere su postura sobre el caso Julio Iglesias para hacer posible que las víctimas de violencia sexual “accedan a la justicia”. “El objetivo es que reconsidere la decisión de no investigar los hechos denunciados por las extrabajadoras de Julio Iglesias. Consideramos que la decisión que tomó el Ministerio Público sobre la no competencia de la justicia española implica una interpretación muy restrictiva de la norma y de lo que dice el Convenio de Estambul en cuanto a la persecución de delitos de violencia de género”, explica la responsable de campañas de derechos de las mujeres de la organización, Beatriz Martos.

El pasado jueves, Laura y Rebeca, que trabajaron en 2021 en las mansiones que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas, presentaron una querella en la Audiencia Nacional en la que le acusan de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio. El relato de hechos es el mismo que contenía la denuncia que las mujeres presentaron ante la Fiscalía enero. Aunque en ese momento el Ministerio Público archivó la investigación al entender que España no es competente para investigar estos hechos ocurridos en el extranjero. Su opinión no es vinculante ni se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca ha llegado ante un juzgado, por lo que será el juez a que le ha correspondido el expediente, Antonio Piña, el que decida.

Piña ya ha emitido una resolución en la que solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar. Será la misma Fiscalía que archivó la investigación al entender que se daba una falta de competencia de los tribunales españoles, quien deberá emitir nuevo informe al respecto. Es en ese contexto que Amnistía pide al Ministerio Público que reconsidere su posición. Lo hace basándose en tres ideas fundamentales: el caso cumple con los requisitos que la norma española exige para juzgar hechos cometidos fuera de nuestras fronteras, el convenio de Estambul -el texto internacional de referencia en violencias machistas, ratificado por España- permite a los estados firmantes extender su capacidad de investigación para ese tipo de delitos, y la justicia de República Dominicana “no ofrece garantías” a las víctimas de violencia sexual cuando quien la comete es ciudadano español, por lo que “el riesgo de impunidad” es muy elevado.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, argumenta Amnistía Internacional en su misiva dirigida a la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, contempla en su artículo 23 la posibilidad de que la jurisdicción española conozca los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los acusados sean españoles, que los hechos sean punibles en el lugar en el que sucedieron y que no haya habido condena, absolución o indulto al respecto.

“El convenio de Estambul también da la potestad a los estados firmantes de perseguir delitos de violencia de género extraterritorialmente cuando son cometidos por ciudadanos de esos estados. En este caso, el presunto autor es ciudadano español, y la violencia sexual es un tipo de violencia de género así que España tiene la potestad de perseguir estos delitos”, añade Beatriz Martos. El artículo 44 del convenio dice que los estados firmantes adoptaran las medidas necesarias para ser competentes respecto a los delitos previstos en el texto “cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales”.

La carta incluye también una argumentación sobre por qué el sistema judicial dominicano “no ofrece garantías” a las denunciantes que, además, señalan, no residen actualmente en República Dominicana. “Muchas víctimas cuentan que se han enfrentado a múltiples obstáculos para acceder a la justicia ya sea debido a la falta de recursos económicos, a la discriminación, a la limitación en la aplicación de sanciones... Hay una alta probabilidad de que este caso quedara en total impunidad en República Dominicana y España tiene la facultad de investigarlo. Confiamos en que aquí es más probable que no haya impunidad”, asegura la responsable de Amnistía Internacional. En la misiva mencionan la última reforma del Código Penal de República Dominicana, criticada por distintas organizaciones feministas y de derechos humanos por “no garantizar adecuadamente los derechos de las mujeres y las niñas” y reducir el plazo de prescripción de los delitos sexuales.

“Señalamos lo que menciona la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que manifiesta su preocupación por la discriminación interseccional contra grupos de mujeres desfavoreces y discriminadas y los obstáculos en el acceso a la justicia en República Dominicana”, subraya Martos. La carta también hace referencia a un informe del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación de las Mujeres y las Niñas que criticaba que la falta de datos desagregados por sexo sobre discriminación, violencia de género y feminicidios en el país “contribuye a exacerbar la falta de conciencia sobre la violencia de género a nivel político, legislativo y judicial”.

Women’s Link, la organización que representa a Rebeca y Laura, ha puesto su caso en conocimiento de seis mecanismos especiales de las Naciones Unidas después de los “incidentes que han comprometido la intimidad, seguridad y datos personales” de las mujeres. El pasado miércoles, Okdiario hacía público el vídeo de una de las denunciantes durante su declaración ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en enero, en el cual se había pixelado su rostro, pero no se había modificado su voz, a pesar de la condición de testigos protegidos que les fue otorgada. La organización pide que la ONU solicite a España información sobre “cómo garantizará una investigación efectiva e independiente, independiente, imparcial, diligente y exhaustiva” de los hechos que han puesto en conocimiento de la justicia y requiera medidas urgentes de protección para las dos mujeres.