Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos mujeres y un hombre acusados de delitos contra la salud pública por almacenar y distribuir ilegalmente marihuana y hachís desde una asociación cannábica que se escondía tras un establecimiento de “experiencias inmersivas”. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando un equipo de policías del Grupo de Atención al Ciudadano patrullaban por la zona.

Los agentes se percataron de un fuerte olor a marihuana que provenía de un establecimiento de ocio donde presuntamente se ofrecían “experiencias inmersivas”, según un comunicado conjunto de ambos Cuerpos. Tras acceder al local y entrevistarse con los empleados, los agentes descubrieron que realmente se trataba de una asociación cannábica, a pesar de que no estaban publicitados como tal.

En el interior se incautaron cuatro kilos de marihuana, casi 1.500 gramos de hachís, 30 kilos de resina de hachís, 80 pastillas y útiles para la distribución de sustancias. Tras unas rápidas pesquisas, la Policía comprobó que esta empresa estaba dada de alta como asociación cannábica y usaba su apariencia legal para almacenar y distribuir sustancias estupefacientes, ya que carecía de licencia para la distribución lícita de estas sustancias.

A los detenidos se les acusa de un posible delito contra la salud pública, y a uno de ellos además se le imputa también asociación ilícita. Los tres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Giraldo ha solicitado protección a la Policía Municipal de la capital después de recibir “amenazas de muerte” en su perfil de la red social X, donde valora con asiduidad proyectos urbanísticos de la capital. El también portavoz de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la formación socialista expone que los ataques han llegado después de opinar sobre la anulación por parte del Tribunal Supremo del proyecto del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para la transformación de las antiguas Cocheras de Cuatro Caminos en viviendas.

Giraldo alertaba de la situación a última hora de este martes a través de la misma red social donde ha recibido los ataques: “Llevo desde ayer recibiendo todo tipo de amenazas de muerte o contra mi integridad física porque la realidad incómoda de que detrás de la chapuza de las Cocheras de Cuatro Caminos está el equipo de Gobierno municipal ha caído como un jarro de agua fría en el X reaccionario”, trasladó.

El socialista ha pedido “seguridad personal” al Cuerpo policial de la ciudad. “He tenido que pedir seguridad personal a la Policía Municipal de Madrid, que me proporcionan encantados porque son unos profesionales enormes, ante amenazas personales recibidas. En fin. Urbanismo delirante al que mi mensaje, acompañado de la justicia, molesta”, escribe en su cuenta de X.

Giraldo desgrana en declaraciones recogidas por Europa Press que ha recibido cientos de mensajes desde el lunes, un “acoso organizado” que ha vinculado a la “extrema derecha”. En esos mensajes, cuentas anónimas desean su “fusilamiento” o, incluso, quemarlo junto a las cocheras. El edil trasladará su preocupación en la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que se celebra el lunes 16 de marzo, una sesión en la que preguntará al equipo de Borja Carabante por la cuestión del planeamiento urbanístico de Cuatro Caminos.

Denuncia ante la Policía después de la pasividad de X

El socialista ha avanzado que presentará una denuncia ante la Policía Nacional y cree que estos discursos de odio han aparecido ante un tema “caldeado” y “visceral”, como es la demolición “ilegal” de las cocheras, obra del arquitecto gallego Antonio Palacios.

Se refiere así a la Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) tumbada por el Supremo, que deja en suspenso el desarrollo urbanístico previsto en los terrenos con los que se pretendía dar respuesta a 443 familias cooperativistas que llevan años esperando para tener sus viviendas en el entorno del distrito de Chamberí.

La operación, sin embargo, ha sido declarada irregular por diversas instancias judiciales, algo que no impidió demoler este importante patrimonio urbano con más de 100 años de historia. Al respecto, el delegado del ramo, Borja Carabante, afirmó que la sentencia no es firme y que el Consistorio trabaja ya con los vecinos en una nueva ordenación urbanística para este ámbito de la capital.

Ante la ola de “odio” recibida en los últimos días a cuenta de las cocheras, Giraldo ha lamentado que se esté haciendo “bullying” al que denuncia y señala y no a quien ha cometido la ilegalidad. “¿Hasta dónde vamos a llegar?”, ha preguntado. En este sentido, ha indicado que ha presentado también una denuncia a sus acosadores en la propia X, una opción que la red social ofrece a los usuarios si creen que alguna publicación incumple las normas de uso de la misma. Sobre ello, ha aclarado que desde la plataforma propiedad de Elon Musk le han respondido que los post no incumplen dichas normas. “A pesar de que deseen mi fusilamiento”, ha remarcado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado la destitución del polémico exdirector de la Polcía Municipal 24 horas después del cese. Durante el acto de entrega de credenciales a 127 nuevos bomberos del cuerpo, celebrado en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo, el regidor ha evitado atribuir la decisión a las diversas controversias que rodeaban a Pablo Enrique Rodríguez. De hecho, le ha agradecido una “gran labor” al “recuperar el prestigio” del cuerpo en los últimos siete años.

“Desde que soy alcalde, el presupuesto de la Policía Municipal se ha incrementado un 50% y el 40% de la plantilla se ha incorporado en ese tiempo, con 700 policías más que en 2019. Este ingente esfuerzo presupuestario y de personal no hubiese sido posible sin el equipo directo de la Policía y por tanto su director general”, ha declarado Almeida.

Achaca la destitución al interés por iniciar “una nueva etapa” en el cuerpo, sin que haya “nada extraño”. Pero lo cierto es que el mando se enfrentaba a varios frentes que habían compromotedio su situación. El más sonado tuvo lugar el día del apagón eléctrico, el pasado 28 de abril, cuando el vehículo en el que viajaba y que conducía otro agente a su cargo golpeó a una niña de 10 años mientras cruzaba con su madre por un paso de peatones. El atropello fue a mediodía en el Paseo de Extremadura y causó a la joven una fractura en el tobillo. La opacidad en torno al suceso complicó la coyuntura. Poco después, una baja médica le retiró del foco. Su marcha temporal se produjo entre críticas desde Cibeles, por la falta de información aportada.

El caso no llegó a ir a juicio después de que el Ayuntamiento pactara un acuerdo económico con la familia afectada. Casi diez meses después del accidente y unos cinco desde que Rodríguez se reincorporó al puesto sin grandes represalias, la vicealacaldea y responsable del área de Seguridad Inmaculada Sanz vaticinó el inicio de “otra etapa” con su cese y su sustitución en el cargo por Antonio Domingo Ayuso, noticia que dio a conocer sorpresivamente en la rueda de prensa posterior a la última Junta de Gobierno del jueves.

Almeida apela al “prestigio” entre un cúmulo de acusaciones, dudas y opacidades

El polémico atropello, por el que la propia Sanz reprochó públicamente al exjefe policial que no hubiera informado al Ayuntamiento, no era la única ni la más reciente de sus controversias. El 13 de febrero, tuvo que suspender in extremis la toma de posesión de 325 nuevos policías de las promociones 54 y 55, prevista ese mismo día, por un conflicto en el proceso de selección que llevó a varios agentes a impugnar el reparto de plazas.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 advirtió al consistorio que no podría ignorar la antigüedad de algunos aspirantes, que reclamaban prioridad y cuestionaron los criterios para establecer la nota de corte. Pablo Enrique Rodríguez optó entonces por anular el acto a la espera de una resolución definitiva, pero la decisión no gustó entre los sindicatos policiales. El CPPM en Madrid (Colectivo Profesional de Policía Municipal) exigió su cese inmediato y le acusó de tomar una medida en perjuicio de estas nuevas incorporaciones.

El exjefe policial accedió al cuerpo hace ya 40 años, en 1986. En 2014 se presentó a las pruebas para subir de escalafón y quedó el primero de entre doce aspirantes al puesto. Recientemente, una de las personas que se quedaron a las puertas de lograrlo recurrió el proceso, alegando que Rodríguez era amigo personal del presidente del tribunal que juzgó las pruebas. Este era Enrique Álvarez Conde, fallecido en 2019 y hombre clave en el caso Máster, desvelado por elDiario.es y que abocó a la dimisión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por falsificar el acta en su Trabajo de Fin de Máster. Lo hizo para obtener un título con la Universidad Rey Juan Carlos, que luego constaba en su currículum público.

Antes de todas estas polémicas, e incluso con alguna de ellas ya en marcha, el alcalde defendió su fichaje y le ensalzó por su perfil técnico o currículum “intachable”, tal y como respondió a la oposición en Cibeles en un pleno posterior al atropello. Pablo Enrique Rodríguez es doctor en Derecho, experto en Seguridad Pública y Criminología y cuenta con diversos másteres o formación en dirección estratégica y derecho procesal. Según el Colegio de Criminólogos de Madrid, sus títulos o reconocimientos han sido diversos: recibió la Medalla al Mérito de la Policía Local de la Comunidad, la Medalla de Oro con Distintivo Rojo al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo o la Cruz al Mérito de la Policía Municipal, entre otras distinciones similares.

Entre las primeras polémicas que afectaron a Pablo Enrique Rodríguez a los pocos años de llegar a su puesto estuvo una investigación judicial por irregularidades en otro proceso de oposición. En 2022, el entonces director general de la Policía Municipal madrileña ya comenzó a estar bajo sospecha en los tribunales y, dos años más tarde, la causa se reabrió después de ser archivada: tenían nuevas acusaciones que apuntaban a allegados, e incluso una pareja de Rodríguez, como beneficiados de un trato de favor durante la selección.

Esta causa penal por presunto tráfico de influencias continúa abierta y alimenta las dudas sobre la integridad de los procesos internos. En 2025, el propio director admitió ante el juez, después de haberlo negado públicamente, que mantenía una relación sentimental con una de las candidatas que pasaron las pruebas, y quien luego pasó a ser su jefa de gabinete dentro de la cúpula del cuerpo. Al final, la suma de todos estos factores ha terminado con su mandato. “La gota ha colmado el vaso”, resumían desde sindicatos de la Policía Municipal este último envite a su ya exdirector.

La situación ya era complicada para Pablo Enrique Rodríguez, el jefe de la Policía Municipal de Madrid. Pero las últimas horas han decantado la balanza. La vicealcaldesa sorprendió este jueves mencionando de pasada su cese, sin citar siquiera su nombre, después de meses envuelto en todo tipo de polémicas. La más sonada tuvo lugar el día del apagón eléctrico, cuando el vehículo en el que viajaba y que conducía otro agente a su cargo golpeó a una niña de 10 años mientras cruzaba con su madre por un paso de peatones. El atropello fue a mediodía en el Paseo de Extremadura y causó a la joven una fractura en el tobillo. Poco después, el director general se puso en la picota y una baja médica le retiró del foco. Su marcha temporal se produjo entre críticas desde Cibeles, que acabaron condenándole a la cuerda floja.

El caso no llegó a ir a juicio después de que el Ayuntamiento pactara un acuerdo económico con la familia afectada. El Área de Seguridad y Emergencias, preguntada por la cuantía, no ha respondido hasta la fecha. Ahora, casi diez meses después del accidente y unos cinco desde que Rodríguez se reincorporó al puesto sin grandes represalias aparentes, Inmaculada Sanz –también responsable directa de este cuerpo– vaticinó el inicio de “otra etapa” con su cese, que ha dado a conocer de imprevisto en una rueda de prensa posterior a la última Junta de Gobierno.

La número dos de José Luis Martínez-Almeida le agradeció los servicios prestados y pasó a nombrar a su sustituto: Antonio Domingo Ayuso, “una persona de la casa”. Quedará al frente de una plantilla que, actualmente, cuenta con 6.300 agentes. Pero el polémico atropello, por el que la propia Sanz reprochó públicamente al exjefe policial que no hubiera informado al Ayuntamiento, no era la única ni la más reciente de sus controversias. El viernes pasado, sin ir más lejos, tuvo que suspender in extremis la toma de posesión de 325 nuevos policías de las promociones 54 y 55, prevista el 13 de febrero, por un conflicto en el proceso de selección que llevó a varios agentes a impugnar el reparto de plazas.

Dudas con la selección y denuncias por una academia beneficiada

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 advirtió al consistorio que no podría ignorar la antigüedad de algunos aspirantes, que reclamaban prioridad y cuestionaron los criterios para establecer la nota de corte. Pablo Enrique Rodríguez optó entonces por anular el acto a la espera de una resolución definitiva, pero la decisión no gustó entre los sindicatos policiales. El CPPM en Madrid (Colectivo Profesional de Policía Municipal) exigió su cese inmediato y le acusó de tomar una medida en perjuicio de estas nuevas incorporaciones.

Tanto ellos como APMU (Asociación Policía Municipal Unificada) se posicionaron rápidamente en contra, a la vez que decenas de aspirantes de la promoción 56 expulsados del proceso en el examen psicotécnico avanzaron acciones legales. Según El Mundo, más de 450 opositores alegaron en los tribunales que el criterio de selección dejaba fuera a candidatos con alta puntuación, que no han podido incorporarse a las vacantes del grupo reservado a militares y reducido, a su juicio, el número total de aprobados. La nota de corte se había fijado en un 8,7, aplicando una ratio máxima de 1,2 aspirantes por plaza.

Lo más llamativo de la denuncia desvelada es que algunos testimonios coinciden en señalar a una academia en específico, cuyos alumnos acumulan varios dieces entre los aspirantes, la puntuación máxima permitida. Este centro –no ha trascendido el nombre– pertenece a antiguos mandos de la Policia Municipal, y eso es lo que lo ha puesto bajo lupa. Pero el atropello o las oposiciones tampoco son los únicos movimientos que apretaban a Rodríguez. El verano pasado, a principios de junio, el jefe de la Policía Municipal también se vio salpicado por otro proceso de oposición interna, precisamente aquel en el que él mismo obtuvo el rango de subinspector.

En el punto de mira por su relación con el artífice del caso Máster

El exjefe policial accedió al cuerpo hace ya 40 años, en 1986. En 2014 se presentó a las pruebas para subir de escalafón y quedó el primero de entre doce aspirantes al puesto. Recientemente, una de las personas que se quedaron a las puertas de lograrlo recurrió el proceso, alegando que Rodríguez era amigo personal del presidente del tribunal que juzgó las pruebas. Este era Enrique Álvarez Conde, fallecido en 2019 y hombre clave en el caso Máster, desvelado por elDiario.es y que abocó a la dimisión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por falsificar el acta en su Trabajo de Fin de Máster. Lo hizo para obtener un título con la Universidad Rey Juan Carlos, que luego constaba en su currículum público.

En este escándalo político y académico, Álvarez Conde era entonces el director del posgrado en Derecho Autonómico y Local que Cifuentes obtuvo de manera irregular. Se le consideró artífice de la trama, aunque murió de cáncer antes de ser juzgado por falsificar calificaciones. Pero su nombre volvió a escena para golpear a Pablo Enrique Rodríguez. Ocupaba el mando del servicio desde 2019, cuando un recién llegado Almeida le puso al frente. Tomó el relevo de Andrés Serrano, que fue director general en tiempos de Ahora Madrid –embrión de Más Madrid– durante el mandato de Manuela Carmena.

Antes de todas estas polémicas, e incluso con alguna de ellas ya en marcha, el alcalde defendió su fichaje y le ensalzó por su perfil técnico o currículum “intachable”, tal y como respondió a la oposición en Cibeles en un pleno posterior al atropello. Pablo Enrique Rodríguez es doctor en Derecho, experto en Seguridad Pública y Criminología y cuenta con diversos másteres o formación en dirección estratégica y derecho procesal. Según el Colegio de Criminólogos de Madrid, sus títulos o reconocimientos han sido diversos: recibió la Medalla al Mérito de la Policía Local de la Comunidad, la Medalla de Oro con Distintivo Rojo al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo o la Cruz al Mérito de la Policía Municipal, entre otras distinciones similares.

El atropello de una menor que el Ayuntamiento dijo desconocer

Durante los meses que estuvo de baja asumió sus funciones Jesús Gil Martín, coordinador de Seguridad del cuerpo. Su cese quedó en el aire hasta que terminara el período de recuperación médica. “Hablaremos con él entonces y trasladaremos la información oportuna. Pero respetaremos el proceso”, aseguró la vicealcaldesa Inmaculada Sanz en declaraciones posteriores a su retirada de escena. Las funciones de Rodríguez fueron asumidas por el coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Jesús Gil Marín. Almeida emplazó a recabar “toda la documentación” y “aclarar lo sucedido” aquel lunes del apagón.

No obstante, el alcalde sí aseguró que tomaría medidas de constatarse el incumplimiento de alguna directriz. “Que nadie tenga la más mínima duda”, dijo a principios de mayo. El atestado policial elaborado casi un día después del atropello reconoció que este se produjo en mitad de un paso de cebra, con preferencia peatonal en ese momento, aunque vincula a la actuación de su madre las lesiones sufridas por la menor en el distrito de Latina. Los datos (sobre su jefe) recabados por los agentes descartaron el atropello y citaron a dos testigos asegurando que el coche circulaba a una “velocidad normal”.

Los semáforos no funcionaban por el apagón y el periódico El País, que avanzó la noticia, confirmó días más tarde que el Ayuntamiento no recogía el suceso en sus bases de datos, las que habitualmente utilizan lo equipos de Emergencias o Policía Municipal. En el informe oficial se indica que la niña herida y su madre cruzaron el paso a la vez que el vehículo policial, que circulaba con sirena y luces encendidas aunque no tenía prioridad sobre los viandantes. El escrito establece que el coche donde viajaba el ya exjefe de la Policía Municipal rebasó la señal sobre la calzada y fue entonces cuando, según consta, la mujer adulta tiró del brazo de la menor y propició su caída.

Esto les hizo descartar oficialmente el atropello inicial y subrayando que fue imposible determinar si la joven pudo “ser golpeada por la parte trasera lateral del vehículo”. El parte de Emergencias advirtió de una “lesión leve”, aunque la familia de la chica notificó que en el hospital al que acudieron luego le detectaron una fractura en el tobillo derecho. El caso derivó en escándalo e Inmaculada Sanz fue contundente. “Entendemos que la comunicación debería haber sido directa”, sentenció la número dos de José Luis Martínez-Almeida y persona a cargo del cuerpo.

Un supuesto amaño de contratos y trato de favor a su pareja

Aun con todo esto, entre las primeras polémicas que abordó Pablo Enrique Rodríguez a pocos años de llegar estuvo una investigación judicial por irregularidades en otro proceso de oposición. En 2022, el entonces director general de la Policía Municipal madrileña ya comenzó a estar bajo sospecha en los tribunales y, dos años más tarde, la causa se reabrió después de ser archivada: tenían nuevas acusaciones que apuntaban a allegados, e incluso una pareja de Rodríguez, como beneficiados de un trato de favor durante la selección.

La causa penal por presunto tráfico de influencias continúa abierta y alimenta las dudas sobre la integridad de los procesos internos. El año pasado, el propio director admitió ante el juez  –después de haberlo negado públicamente– que mantenía una relación sentimental con una de las candidatas que pasaron las pruebas, y quien luego pasó a ser su jefa de gabinete dentro de la cúpula del cuerpo. Al final, la suma de todos estos factores ha terminado con su mandato. “La gota ha colmado el vaso”, resumen así desde sindicatos de la Policía Municipal el último (y definitivo) golpe a su antiguo director general.

El Ayuntamiento de Madrid ha relevado a su hasta ahora director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, después de meses de polémicas en las que se ha visto envuelto. El anuncio lo ha hecho la vicealcaldesa y responsable directa de este cuerpo, durante la rueda posterior a la Junta de Gobierno que ha decidido el cese. “Terminaba una etapa y teníamos que comenzar otra etapa”, ha justificado Inmaculada Sanz a preguntas de los periodistas. La responsable muncipal ha agradecido al ya exjefe policial “los servicios prestados” que arrancó con la alcaldía de Almeida, hace ya casi siete años.

“Se ha hecho un trabajo extraordinario”, ha añadido la vicealcaldesa en unas escuetas declaraciones esta mañana. El sustituto será Antonio Domingo Ayuso, definido como “una persona de la casa” y que se encargará de dirigir una plantilla que actualmente cuenta con 6.300 agentes. La decisión llega después de meses de controversias encadenadas con Rodríguez en el epicentro.

El día del apagón eléctrico, un vehículo en el que circulaba el dirigente de la Policía Municipal y que conducía otro agente a su cargo golpeó a una niña de 10 años que cruzaba con su madre un paso de peatones, en un momento en el que los semáforos no funcionaban a causa del cero energético. El caso derivó en escándalo cuando se descubrió que el atestado policial exculpaba al jefe de los policías locales por las lesiones de la menor, aunque reconocía que el suceso se produjo en mitad de un paso de cebra.

La vicealcaldesa le reprochó en público que no hubiera comunicado el incidente directamente a la responsable de Seguridad, ella misma, y aseguró haber tenido que enterarse a través de los medios de comunicación. Rodríguez inició entonces una baja médica que se prolongó durante cinco meses y dejó en el aire un posible cese del cargo. No ocurrió después de reincorporarse, pero las controversias sí continuaron.

La más reciente culminó el viernes pasado, cuando el jefe de la Policía Municipal suspendió in extremis la toma de posesión de policías de las promociones 54 y 55 por un conflicto en el proceso de selección que llevó a varios agentes a impugnar el reparto de plazas. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 advirtió al consistorio que no podría ignorar la antigüedad de algunos aspirantes que reclamaban prioridad y cuestionan los criterios para establecer la nota de corte.

Un proceso selectivo en tela de juicio y otras polémicas recientes

Según publicó El Mundo, muchos opositorios alegaron en los tribunales que el criterio de selección dejaba fuera a candidatos con alta puntuación y les impedía incorporarse a las vacantes de otro grupo, reservado a militares y reduciendo a su juicio el número total de aprobados. La nota de corte se había fijado en un 8,7, aplicando una ratio máxima de 1,2 aspirantes por plaza. Lo más llamativo de la denuncia desvelada es que algunos testimonios coinciden en señalar a una academia en específico, cuyos alumnos acumulan varios dieces entre los aspirantes, la puntuación máxima permitida. Este centro pertenece a antiguos mandos de la Policia Municipal, y eso es lo que lo ha puesto bajo lupa.

Pablo Enrique Rodríguez optó entonces por anular el acto a la espera de una resolución definitiva, pero la decisión no gustó entre los sindicatos policiales. El CPPM en Madrid (Colectivo Profesional de Policía Municipal) exigió su cese inmediato y le acusó de tomar una medida en perjuicio de estas nuevas incorporaciones. Tanto ellos como APMU (Asociación Policía Municipal Unificada) se posicionaron rápidamente en contra, a la vez que decenas de aspirantes de la promoción 56 expulsados del proceso en el examen psicotécnico preparan acciones legales.

Minutos después de la noticia de su destitución, la celebración resuena entre los representantes de la plantilla. “Esperamos que la imagen que transmita el nuevo director sea la adecuada para el cuerpo y que permita la interlocución con sus trabajadores”, destaca al otro lado del teléfono el secretario general del CPPM, Marino Perales. La semana pasada, y a raíz del conflicto que paralizó la toma de posesión de nuevos agentes, su organización pidió en una carta al alcalde el cese que ahora se produce. Asegura que lo hicieron “por las continuas informaciones que leíamos sobre él en los medios y daban una mala imagen de la Policía Municipal”, sobre todo en lo que respecta a procesos selectivos y oposiciones.

“Entendemos como una mala praxis que haya nuevos policías que no pudieran acceder a su puesto de funcionarios de carrera”, consideró Perales, que ve en el caso de estas oposiciones impugnadas la “gota que ha colmado el vaso” de otros procesos judicializados e incluso la polémica por el atropello a una menor. “Ha sido la decisión correcta”, concluye, a la espera de que el tiempo no le quite la razón.

Antonio Domingo Ayuso era hasta ahora subdirector general de Coordinación y Planificación en Ayuntamiento de Madrid y también dependía del área de Seguridad y Emergencias, de la que es responsable Inmaculada Sanz. Funcionario de carrera, ha ocupado diversos puestos en el consistorio, en el Ayuntamiento de Pozuelo y en la Comunidad de Madrid desde el año 1986. La vicealcaldesa ha indicado que el objetivo que se marca el nuevo responsable es “crecer en el número de efectivos” y ampliar sus medios e instalaciones en la ciudad, como hasta ahora.

Maestre pide la dimisión de Sanz

“La señora Sanz debe dimitir y, si no lo hace, el alcalde debe cesarla de forma inmediata”. Esta ha sido la reacción de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ante la destitución del director de la Policía Municipal. Maestre considera a la vicealcaldesa la “responsable política” de las polémicas arrastradas por Rodríguez y que su cese “llega tarde”.

Para Maestre, la gestión de la Policía Municipal “se le ha ido de las manos” a Almeida, con “demasiados escándalos” que han “denigrado la imagen del cuerpo” y lo han sumido en el “caos” y la “falta de rumbo”. Y ha citado entre ellos la inclusión en un informe de la posición de Más Madrid ante la Fórmula 1 “como un riesgo” para la seguridad del evento.

“Inmaculada Sanz ha demostrado ser tremendamente hábil para tapar y proteger los escándalos de su director de policía, pero profundamente incapaz de gestionar la policía municipal. ¿Quién va a restituir el deterioro de la reputación del cuerpo?”, ha lanzado.

En el mismo sentido, el PSOE también ha criticado la tardanza del Ayuntamiento a la hora de destituir a Pablo Enrique Rodríguez. Lo ha hecho su concejal Enrique Rico, quien cree que ha llegado por la presión política y el temor por su futuro. Los socialistas no han reclamado sin embargo la dimisión de su responsable directa, Inmaculada Sanz.

Durante el último año se han sucedido numerosas inspecciones en tiendas de CBD (cáñamo industrial, un cannabinoide sin efectos psicoactivos) de Madrid por parte de agentes de la policía municipal. Algunas han terminado siendo auténticos operativos ‘antidroga’ en establecimientos que cumplen la ley. El cáñamo industrial es un producto que se comercializa legalmente en España, siempre que no supere los umbrales máximos de THC (tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo de la marihuana) y cumpla con la normativa europea. Sin embargo, algunos de los propietarios de estas tiendas sufren grandes incautaciones de productos e incluso son denunciados por los agentes, acusados de delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública, como informó elDiario.es.

Dos empresarios afectados por estas prácticas presuntamente irregulares, Ramón Merino y Pablo Gutiérrez, han presentado una querella contra uno de los agentes de la Policía Municipal de Madrid al cargo de estas operaciones, R.F., por presuntos delitos de detención ilegal, contra la integridad moral y coacciones, según consta en la documentación consultada por elDiario.es. Tal y como contamos en este periódico, las causas contra ellos fueron archivadas por dos juzgados de Madrid. Después, los dos empresarios solicitaron la apertura de diligencias previas para investigar al oficial de la Policía Municipal, a los responsables de ordenar y supervisar dichas intervenciones, así como a “cualquier otra persona que haya podido colaborar en la comisión de los presuntos delitos”. Esta denuncia fue admitida a trámite por Adolfo Carretero Sánchez, magistrado del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el 11 de abril de 2025. Los querellantes se ratificaron ante el juzgado el 8 de septiembre, según ha confirmado uno de ellos a este diario.

elDiario.es se ha puesto en contacto, mediante correo electrónico, en hasta tres ocasiones con la Oficina de Atención Ciudadana de la Policía Municipal del distrito Moncloa-Aravaca, sin que haya sido posible obtener una respuesta. El primer correo electrónico, en el que se solicitaba una entrevista con R.F. —a quien se hicieron nueve consultas relacionadas con el primer reportaje—, se envió el 7 de octubre. Este diario también intentó contactar con R.F. a través de la concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, sin que haya sido posible recibir una respuesta en el momento en que se publica este reportaje.

Acusan al policía de seis presuntas irregularidades

En un correo electrónico enviado a la unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal el 10 de febrero de 2025, Ramón Merino ya puso en conocimiento los hechos que afirma estar sufriendo y que, según su versión, podrían constituir “abusos de autoridad” e “irregularidades” en el ejercicio de sus funciones. Así, Merino se presenta como administrador de una empresa dedicada a la comercialización de productos derivados del cáñamo industrial, fundada en 2020 y que cuenta con 25 empleados. “Nuestra actividad ha sido supervisada legalmente y cumple con todas las normativas vigentes”, empieza argumentando. Sin embargo, en los últimos meses “hemos sido objeto de intervenciones policiales que, en nuestra opinión, han sobrepasado los límites de la legalidad y ponen en grave riesgo la continuidad de nuestra empresa y el sustento de numerosas familias”, asegura.

Merino denuncia seis presuntas irregularidades. En primer lugar, incautaciones “desproporcionadas y arbitrarias”, es decir, que en cada intervención se requisan grandes cantidades de productos “sin justificación clara”. En ocasiones, según su versión, se incautaron artículos que en otras operaciones no fueron intervenidos. En segundo, “deficiencias” en la documentación oficial, es decir, que las actas de intervención “no reflejan con precisión los productos incautados”. En tercero, que las denuncias no tienen fundamento y que se han emitido sanciones por “supuestas infracciones inexistentes”, como la falta de licencia, ya que según la parte denunciante “en todas las ocasiones se ha presentado la documentación” que se le solicitó.

En cuarto, detenciones “innecesarias” y “trato degradante” y se mencionan específicamente los días 15 y 30 de enero de 2025, cuando varios empleados, así como el propio Merino, “fueron detenidos sin justificación clara”. En estas detenciones, el empresario lamenta que permanecieron, durante horas, en instalaciones policiales “a temperaturas extremadamente bajas, sin acceso a comunicación inmediata con familiares o abogados” y que, en todos los casos, la Policía Nacional procedió a la liberación de los detenidos “sin puesta a disposición judicial”.

En quinto, se denuncia una actitud “inadecuada” de los agentes, así como manifestaciones “amenazantes”. “Se han registrado episodios de arrogancia, malos modos y comentarios inaceptables”, afirma. En más de una ocasión, las amenazas habrían incluido “el cierre de los establecimientos”, generando un clima de “acoso e indefensión”. Y en último lugar, “falta de transparencia” en el procedimiento, ya que, hasta la fecha, “no se nos ha facilitado el atestado policial ni la documentación completa de las actuaciones, dificultando nuestra defensa efectiva”, asegura el empresario.

Asuntos Internos no constata irregularidades

La Policía Municipal de Madrid no ha podido constatar “responsabilidad disciplinaria” del agente denunciado, según un documento de Asuntos Internos, al cual ha tenido acceso este diario. En él, el jefe de la unidad explica que han solicitado informes de las actuaciones del agente y si dicho procedimiento se ha ajustado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Ley 17/1967, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y la II guía práctica de actuación sobre aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas. Asuntos Internos concluye que, tras revisar toda la información y las pruebas reunidas durante la investigación, no encontraron evidencias suficientes para sancionar al agente denunciado. El informe aclara que no se duda de la versión de quien presentó la denuncia, pero que no hay pruebas que permitan romper la presunción de inocencia del policía. 

Tampoco se ha podido acreditar, señala el jefe de la unidad, “ninguna actuación que pudiera incurrir en infracción disciplinaria”. Por tanto, Asuntos Internos procede al archivo del procedimiento. En cuanto a los productos incautados en dos de las intervenciones, Asuntos Internos responde que el afectado debe desplazarse al lugar donde fueron depositados, lo cual ha sido notificado al juzgado.

Los empresarios no han sido sancionados

Pese a las diferentes intervenciones de los agentes de la Policía Municipal en las tiendas de CBD del distrito de Moncloa-Aravaca no se han abierto expedientes sancionadores contra sus dueños. El Defensor del Pueblo, tras haber sido notificado sobre los hechos, se puso en contacto con el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de esclarecerlos. En su respuesta, asegura que no existe ningún expediente sancionador abierto por el departamento de Salud Pública del distrito.

La única referencia que consta en dicho departamento, en relación con los hechos mencionados, es un correo electrónico de la Subdirección General de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid en el que se informaba de unos productos que habían sido intervenidos en tres establecimientos del distrito de Moncloa-Aravaca. Según dicha comunicación, la Policía Municipal había intervenido “productos que contenían estupefacientes (cannabis y otras sustancias), así como productos alimenticios con cannabidiol (CBD) y otros cannabinoides”.

Finalmente, la información relativa a los productos intervenidos había sido trasladada a la Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental de la Comunidad de Madrid, por encontrarse en el marco de la Estrategia para el control oficial de productos alimenticios que contienen cannabidiol (CBD) y otros cannabinoides y por si procediera su notificación a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en base a lo establecido en los procedimientos de actuación, sin que consten más actuaciones en este sentido.

Los afectados aseguran tener la documentación en regla

La esposa de Pablo Gutiérrez, que también trabajaba en la tienda cuando tuvo lugar una de las operaciones, asegura que recibió una llamada de su hermano, empleado del local. Según su testimonio, vivió una situación muy tensa con R.F., agente que estuvo a cargo de la intervención. Éste le habría asegurado que se enfrentaba a cargos por tráfico de drogas debido a que estaba vendiendo “sustancias ilegales” en lugar de “cáñamo industrial”, y que tenía pruebas de ello. Según su versión, intentó mostrar la documentación legal de sus proveedores, sin éxito.

La situación que califica de “abuso de poder” por parte de la autoridad policial le hizo sentirse muy asustada. “Comencé a llorar, explicándole que tenía dos niños pequeños y que estaban solos en casa en ese momento”, afirma. “También le informé que todo estaba siendo grabado, lo que pareció inquietarlo”, añade. Según su testimonio, la compañera de R.F. le comentó salir fuera del local y al volver, le dijeron a la esposa de Gutiérrez que “no iría a la cárcel”.

Al final de la intervención, asegura que R.F., junto a otro agente, le pidió por correo electrónico la documentación que demostrara la legalidad de los productos. “Les envié un total de 150 páginas que incluían analíticas, facturas de compra, trazabilidad de las semillas, sentencias absolutorias y declaraciones responsables de los proveedores, así como datos de la licencia”, atestigua. “Sin embargo, no recibí respuesta y las intervenciones continuaron, culminando en la detención de mi esposo y el cierre del negocio debido a un acoso recurrente”, lamenta la esposa en el escrito de denuncia.

En el caso de Ramón Merino, afirma en la querella presentada ante la Policía Nacional que una semana después del operativo del 24 de octubre de 2024, envió un correo electrónico dirigido al señor R.F. adjuntando un documento de 184 páginas que contiene dos actas de sobreseimiento provisional relativas a causas en las que se le acusaba de un delito contra la salud pública y contratos con proveedores y declaraciones responsables, así como analíticas de productos. Además, asegura que intercambió un total de 19 correos electrónicos en los que ofrecía una “plena colaboración y disposición” por parte de su empresa.

Las acusaciones hacen “muy difícil” la continuidad de los negocios

Nuño Monasterio, cooperativista del cáñamo industrial en Mallorca, explicó a este diario que la jurisprudencia del TJUE ya indicó que el cáñamo con un contenido de THC por debajo del 0,3% “gozaba de libre comercio y circulación, que no era un narcótico y que no se podía impedir su venta”. “España, por la razón que sea, no está actualizada. Y no es que sea una recomendación: son normativas de directa aplicación”, defiende. En este sentido, señala que los organismos europeos van en otra dirección. “Incluso se está planteando blindar la flor de cáñamo como producto agrícola para evitar todos estos problemas”.

Otro de los criterios que establece las diferencias entre la droga de cannabis y la fibra de cannabis es la que marca la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Así, se propone calcular la relación entre los principales cannabinoides: el THC (el componente psicoactivo del cannabis), el CBN (un cannabinoide no psicotrópico) y el CBD (otro de cannabinoide no psicoactivo de la planta).

Tanto el CBD como el THC provienen de una misma sustancia de origen pero se desarrollan en distintas cantidades según el tipo de planta. La clave está en la relación entre ellos. Es decir, si la proporción de THC más CBN frente al CBD es menor a uno, la planta se clasifica como cáñamo industrial; si la proporción es mayor a uno, se trata de cannabis con fines psicoactivos.

En relación a este tipo de operativos “antidroga”, Monasterio explica que se trata de “actuaciones desproporcionadas”. “No creo que la manera de actuar sea entrar, vaciar una tienda y acusar a la gente —ya sea formalmente o de palabra— de narcotráfico”, lamenta. “Directamente parecen ‘narcos’, gente que trabaja con facturas, que paga sus impuestos”, añade. Así, cree que debe de haber “un control estricto sobre esta sustancia”, basado en análisis en laboratorio, que determinen si a partir de unas muestras si el producto está fuera de los límites de THC establecidos, de modo que se considere sustancia psicoactiva.

Monasterio defiende que el producto debe de estar fiscalizado por su psicoactividad, y que para ello hay que aplicar la fórmula que marca la ONU, que está avalada por la ciencia. “Eso sería lo primero: no poner un límite absurdo un poco más arriba o más abajo, porque no puede ser que sea un producto legal hasta un momento y justo una décima superior a ese momento pueda implicar condena por narcotráfico. Eso no cabe en ninguna cabeza”, argumenta.

Finalmente, recuerda que las acusaciones de delitos contra la salud pública a la que se enfrentan algunos empresarios del sector quedan “en agua de borrajas al no transgredir normativo alguna, pero hacen muy difícil la continuidad de las empresas, ante la inseguridad jurídica que se les plantea, los costes legales de la defensa y tener unas líneas de negocio paradas por culpa de estas prácticas abusivas”. Por tanto, defiende que se necesita “una regulación clara” y que la normativa española se adapte a lo que marca la europea, que es de obligado cumplimiento, así como lo que establece la ONU. “Tenemos que exigir no solo que se cumpla la normativa europea, sino que se actualice la legislación nacional, adaptándose a los nuevos usos y realidad”, concluye.

No solo fueron ruidosos, fueron irregulares. Es lo que se desprende sobre los conciertos y eventos musicales celebrados en la terraza del centro comercial La Vaguada en los últimos meses, promovidos por la empresa Eventos Rita bajo la marca Rita's Paradays. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la iniciativa comenzó a desarrollarse sin esperar si quiera al dictamen municipal sobre la licencia solicitada y continuó llevándose a cabo cuando esta petición de permiso fue denegada. Los conciertos terminaron, solo por esta temporada y solo por esta marca en particular, el pasado 28 de septiembre.

Además, en el local se produjo una inspección donde un técnico municipal constató que en la cubierta se instalaron equipos de música que no autoriza la legislación. Pese a ello, ni agentes de la Policía Municipal ni el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida intercedieron para poner fin a los actos musicales.

La Agencia de Actividades, entidad del Ayuntamiento que vela por la correcta aplicación de las licencias, certificó que los promotores estaban incumpliendo las ordenanzas y les requirió no hacerlo. Además, esta entidad puso de manifiesto que la azotea de La Vaguada no contemplaba entre sus usos el de actividad comercial, por lo que la instalación no estaba preparada para la evacuación de emergencia. Pese a ello, ni la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo ni La Vaguada han tomado medida alguna. La actividad ha seguido hasta finales de septiembre y los promotores han anunciado que Rita's vuelve en febrero, a la espera de posibles eventos de otras promotoras antes.

“La Policia Municipal contestaba, a requerimientos de vecinos o incluso de concejales del Ayuntamiento, que todo estaba conforme”, denuncia un residente del entorno en declaraciones a este periódico. En el barrio el enfado es mayúsculo tanto con las autoridades policiales como con el Ayuntamiento. Hablan de “dejación de funciones” por ambas partes.

Dos escritos de respuesta enviados al vecino denunciante desde la comisaría integral de Fuencarral-El Pardo escenifican la forma en la que los agentes municipales encararon la investigación. El primero, fechado el 9 de julio, indica que “se ha realizado un seguimiento durante el cual se ha acudido al lugar indicado en varias ocasiones sin detectar la problemática descrita”. Apostillan asimismo que “en la azotea del centro comercial hay también otras dos terrazas con música”. El segundo, en septiembre, detalla que el fin de semana del 19 al 21 de septiembre “las patrullas de la noche no pueden acudir debido a comunicados de emisora directa”. El siguiente, del 26 al 28, “se giran tres visitas encontrándose los locales cerrados”. No obstante, vecinos de la zona han acreditado que esos días la azotea acogió eventos.

Sin licencia ni garantías de seguridad y superando los límites de ruido

Según el expediente que ha podido analizar este diario, los promotores de Rita's Paradays presentaron la solicitud de licencia el 5 de junio. Apenas dos días antes de iniciar su actividad, cuando el Consistorio tiene un plazo de diez días para revisar las peticiones. El 12 de junio, después de que este diario publicara las informaciones sobre las quejas vecinales, los organizadores solicitan una declaración responsable para agilizar el proceso.

El 23 de junio, el Ayuntamiento de Madrid la deniega y expone con contundencia que los conciertos deben finalizar: “Examinada la declaración responsable, se comprueba que la misma no reúne los requisitos de carácter esencial establecidos en los artículos mencionados, por lo que nunca ha surtido efecto y la actividad no puede ejercerse”. Desde la Agencia de Actividades argumentan que la azotea no está diseñada para actividad comercial y no está garantizada la seguridad de las personas.

La contestación que la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental da a un residente recoge cómo en la inspección del pasado 12 de junio en la cubierta de La Vaguada “se estaba emitiendo música al exterior a través de los altavoces, incumpliendo el artículo 40 de la Ordenanza de Protección Acústica y Térmica”. Además, había “instrumentos musicales, guitarra eléctrica y batería”, elementos prohibidos en la Ordenanza de Terrazas y Quiscos de Hostelería (que tampoco autoriza las actuaciones musicales).

Las mediciones sonoras alcanzaron los 78,4 decibelios, muy por encima de los niveles permitidos en horario nocturno para este tipo de espacios (limitadas a los 30 en el caso de eventos culturales). El escrito es claro: “Consultados los archivos municipales, no se ha apreciado ninguna autorización emitida por el Departamento de Control Acústico”. El técnico que llevó a cabo la inspección propuso como medidas correctoras la retirada de los elementos industriales de reproducción sonora, como la mesa de mezclas.

Vecinos del entorno trasladan que “estos hechos han sido denunciados, aún sin respuesta municipal”. Exponen que “durante todo este tiempo, se ha puesto en riesgo la seguridad de las personas” debido a que “la propia Agencia del Ayuntamiento reconoce que la azotea no está preparada para la evacuación de las personas, porque urbanísticamente no tiene actividad y las medidas recogidas en el Plan de Autoprotección de la Licencia no se cumplen porque no se hace nada”.

Desde su inauguración en 1983, rodeada de controversia y de expectación al ser la primera instalación de este tipo en la Comunidad de Madrid, La Vaguada se ha convertido en un buque insignia del Barrio del Pilar y de todo el norte de Madrid. Un lugar de intercambio social y humano que ha construido la identidad comunitaria en esta zona del distrito de Fuencarral-El Pardo, por lo que no se trata de un espacio de este tipo como cualquier otro.

Pero lo ocurrido en la azotea del edificio durante la pasada primavera y verano amenazan un frágil equilibrio entre negocio y colectividad. Un hito logrado en parte gracias a la comunidad de comerciantes (la mayoría con negocios de proximidad) que durante décadas gestionó el recinto. El cambio en la administración en los últimos años es, según algunos vecinos, una de las causas del inesperado e “insoportable” despliegue musical que trastocó su descanso y su ocio a partir del 7 de junio. Y que, ante la “inacción” del Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida, amenaza con volver en el periodo estival de 2026.

Del estruendo de los conciertos al silencio del centro comercial, la promotora y el Ayuntamiento

Arturo, abogado y residente del entorno que prefiere no dar su nombre real, explica a Somos Madrid el impacto que supuso para el barrio la fuerte emisión sonora en el primer concierto de Rita's Paradays, iniciativa privada con eventos similares programados la mayoría de viernes, sábados y domingos del verano: “Fue por sorpresa, no sabíamos nada ni se había anunciado el despliegue que se venía. Solo colocaron las velas que ponen todos los veranos y desmontaron el parque infantil. Crearon una discoteca en cuatro días, con barra y equipos de sonido muy grandes de los que salía música tecno”.

El denunciante solicitaba que las autoridades competentes llevasen a cabo “las verificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa de contaminación acústica durante los horarios de tarde y noche”. Exigía igualmente que “en caso de detectarse incumplimientos, se ordene el cese inmediato de las actividades ruidosas o, en su defecto, se proceda a la retirada de la licencia de actividad del establecimiento”.

El Gobierno de Almeida no emprendió ninguna de estas acciones, aunque la vicealcaldesa Inmaculada Sanz sugirió que podría hacerlo cuando estalló el caso: “Desde el distrito son conocedores de la situación. Vamos a hacer cumplir la normativa y, si se ha producido alguna superación, se sancionará. Trataremos de corregir esas actuaciones”, recalcó Sanz, después de indicar que el Ayuntamiento recopilaría todos los datos pertinentes para luego actuar.

La empresa Eventos Rita S.L., que organiza el espacio Rita's Paradays de La Vaguada, está ligada a Autocines Madrid. Una promotora de eventos de exhibición de películas y de índole musical en dicho espacio al norte de Madrid. En declaraciones a este periódico, indicaban que “la intención en ningún momento ha sido generar incomodidad a ningún vecino” y anunciaban algunos cambios con respecto a los eventos programados para el segundo fin de semana, con objeto de minimizar las posibles molestias. Estas, no obstante, “no desaparecieron” según unos vecinos que alertan además del riesgo para la seguridad de montar los conciertos sin completar los permisos oportunos.

Ahora, la compañía dice que “en todo momento se han seguido los cauces administrativos correspondientes y se ha actuado de buena fe conforme a la información y autorizaciones disponibles en cada fase del proyecto”, pese a que la documentación prueba que comenzaron a operar sin la concesión de los permisos y lo continuaron haciendo cuando se les negaron. “Actualmente, las instalaciones permanecen cerradas y el proyecto está en standby mientras revisamos junto a las autoridades competentes los aspectos técnicos y administrativos necesarios para definir los próximos pasos”, comentan, aunque Rita's Paradays se despidió en sus redes con un post que llamaba al regreso de eventos en La Vaguada en 2026.

Desde la gerencia del centro comercial, en respuesta a las preguntas de Somos Madrid, declinan comunicar su postura al respecto de la organización irregular de los eventos. Tampoco contestan desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilididad, área delegada del Ejecutivo de Almeida de la que depende la Agencia de Actividades y responsable de que este tipo de iniciativas se desarrollen con la preceptiva licencia.

Mientras, la cuenta @RuidoBPilar acredita pormenorizadamente el avance de las obras en una azotea que califican de “nuevo eventódromo”. Y añaden: “Este paso no solo rompe el pacto entre propietarios, vecinos y Ayuntamiento, sino que se hace espaldas a la Ley y sin licencia”. Se preguntan si “la Junta Municipal de Fuencarral va a seguir mirando para otro lado”.

La presentación del esperado nuevo disco de Rosalía en Callao fue una “concentración espontánea”. Es decir, no se solicitaron los permisos municipales de un evento al uso. Es lo que informan desde la Policía Municipal de Madrid, que recibió los primeros avisos por lo ocurrido entre las 21.00 y las 21.15 horas, cuando la gente comenzó a amontonarse en el centro de la capital ante el runrún de que la artista daría la sorpresa. El lunes por la noche, Rosalía llegó en coche a esta conocida plaza para anunciar que lanzaría su próximo album, Lux, el 7 de noviembre.

En paralelo, las patrullas policiales del distrito Centro-Sur informaron de la aglomeración en la zona, donde en esos momentos calcularon la presencia de unas 500 personas. Según el relato policial, sobre las 21.30 horas se mandó a cerrar el acceso al metro en la estación de Callao y poco después se cortan las calles de Jacometrezo y el carril de subida a la plaza, donde Rosalía presentaba su disco semanas antes del lanzamiento.

“En ese momento nos informaron de que a las 21.55 horas se presentaría allí la artista, pero no se invadió el tráfico rodado. Aunque la gente, durante poco tiempo, sí invadió uno de los carriles de circulación”, destacan desde la comisaría. Ese fue el instante en el que el vehículo de Rosalía se estacionó momentáneamente, algo “perfectamente legal” según la Policía debido al tiempo de duración, inferior a los dos minutos.

Esta mañana, la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, respaldó estas afirmaciones al indicar en una comparecencia que para la presentación de Lux “no parecer haber habido una autorización expresa” para concentrarse, dadas las circunstancias de “espontaneidad” en las que se produjo el colapso de Callao.

“Estamos solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal. Por supuesto que vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias y, lógicamente, se actuaría en consonancia”, ha aseverado la portavoz municipal.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, también ha contestado a las preguntas sobre Rosalía: “En principio no nos consta que se hubiera solicitado algún permiso [al Área], pero estamos revisando todas las oficinas de atención al ciudadano para comprobar si en alguna se ha presentado el recurso. Si confirmamos que no ha sido así, habría que iniciar un expediente disciplinario que puede conllevar sanción”.

Sobre la cuantía a pagar en caso de haberse incumplido la normativa, Carabante no da una cifra dado que “varía mucho” según el tipo de infracción. “No se montó escenario y tampoco hubo emisión de ruidos, así que entiendo que no sería una demasiado grave. Pero aun así, tendríamos que llevarla a cabo”, ha determinado.

Durante la noche, Rosalía anunció que su cuarto álbum aterrizará pronto y se compondrá de 18 canciones. Su nuevo álbum aventura nuevos temas o sonidos de inspiración religiosa, una característica que ha marcado las últimas publicaciones al respecto de la artistas y también ha aparecido significada con un rosario que colagaba del vehículo en el que viajó a Callao.

Allí, todas las pantallas gigantes instaladas llevaban una hora apagadas, a la espera del inminente anuncio. Rosalía se ha presentado envuelta en un sudario blanco, como si fuera una monja, rodeada por la palabra que da título al disco y su fecha de lanzamiento: Lux, que podrá escucharse desde el 7 de noviembre.

El director de la Policía Municipal de Madrid regresa al punto de mira por el atropello en primavera a una niña de 10 años. Pablo Enrique Rodríguez se reincorporó el viernes de la baja que inició después de que el vehículo en el que viajaba arrollara a una menor, que cruzaba un paso de peatones con su madre, causándole una fractura en el tobillo. Los hechos ocurrieron el 28 de abril, el día del apagón. Al no funcionar los semáforos se dio prioridad de paso a los viandantes; sin embargo, el coche policial cruzó con sirena y luces encendidas provocando que la mujer tirara del brazo de su hija, que cayó al suelo y se golpeó.

El suceso dejó al jefe de la Policía Municipal en la picota y algunos grupos de la oposición pidieron su destitución del cargo, pese a que un informe policial posterior descartó que hubiera pruebas suficientes como para determinar que el vehículo chocara directamente con la niña. La vicealcaldesa y responsable de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, reprochó a su alto cargo que no comunicara el accidente desde el primer momento aunque emplazó un posible cese a su vuelta de la baja, que finalmente se ha producido este viernes.

“Hablaremos con él entonces y trasldaremos la información oportuna. Pero respetaremos ese proceso”, aseguró la edil del Ayuntamiento, que trasladó su apoyo a la familia. Las funciones de Rodríguez fueron asumidas por el coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Jesús Gil. Un mes después del incidente, el alcalde José Luis Martínez-Almeida defendió durante un pleno de Cibeles al director de la Policía Municipal, del que destacó su “currículum intachable” ante las críticas de Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.

El regidor habló entonces de un “incidente de tráfico” y apostó por la veracidad del atestado policial, que descarta un atropello y exculpa al responsable del cuerpo. Este documento oficial ha sido realizado por el mismo organismo que preside Pablo Enrique Rodríguez. Según el escrito, existen dos testigos que aseguran que el coche iba a una “velocidad normal” y la pérdida de equilibro de la niña se produjo en medio de un paso de cebra donde tenía preferencia porque “cuando el vehículo sobrepasó este, la mujer adulta tiró del brazo de la menor, provocando su caída” y, por ende, desechando el atropello.

El atestado policial se inició a las 13.03 horas del martes, casi 24 horas después del accidente y rozando el límite máximo de un día para abrir este tipo de informes. No se practicó ningún control de alcoholemia al conductor implicado, pese a que la normativa municipal así lo exige. La Policía argumenta que, debido al apagón, ese día tampoco se hizo dicha prueba en otros 17 sucesos similares de los 23 accidentes con heridos que se registraron en la capital.

El testimonio de la madre, sin embargo, asegura que el coche donde viajaba el director de la Policía Municipal iba rápido y que la niña fue golpeada por la parte trasera del coche, lo cual le provocó las graves contusiones. El parte de Emergencias indica una “lesión leve”, pero la familia de la menor acudió después al hospital, donde le detectaron una fractura en el tobillo derecho. Pese a la defensa del director de la Policía Nacional que hizo Almeida sobre la tribuna, la cúpula del Ayuntamiento no niega su malestar con la forma de proceder de Rodríguez.

“Nosotros entendemos que la comunicación debería haber sido directa por parte del director general”, destacó Inmaculada Sanz en una rueda de prensa posterior a la baja del responsable. Según reseñó entonces, la explicación que recibieron por parte del jefe de la Policía Municipal fue que Samur había detectado “contusiones leves” y que, por ello, no consideró que el accidente fuera de esa relevancia. Meses después y con su reincorporación al trabajo, Rodríguez vuelve a estar a la cuerda floja: en los próximos días se sabrá si finalmente hay nuevas decisiones respecto a su cese.

Primero una visita inocente, luego un brusco empujón y finalmente un portazo. Esos fueron los primeros instantes que vivió el dueño de un local en el distrito de Salamanca el día en el que le torturaron para robar su caja fuerte. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a dos personas por estos hechos. El pasado 25 de septiembre en torno a las siete de la tarde, varios agentes de la comisaría del barrio detectaron a un dúo con “actitud sospechosa” en una zona donde suelen registrarse incidentes relacionados con delitos contra la salud pública.

Los hombres, que caminaban de manera errática y con aspecto descuidado, fueron seguidos por los agentes, quienes observaron cómo uno de ellos arrojaba algo a una papelera. Posteriormente, ambos se subieron a un taxi, momento en el que la policía decidió interceptarlos.

Tras identificarlos y realizarles un cacheo, se le encontró documentación personal y tarjetas bancarias pertenecientes a un tercero, además de un papel con un número de cuatro dígitos escrito a bolígrafo, presuntamente un código PIN. Los individuos aseguraron haberse encontrado una cartera y haberse quedado con el contenido, tirando el resto a la basura. La explicación no resultó creíble, por lo que los agentes se dirigieron a localizar al titular de dicha documentación.

En un primer momento contactaron con el portero del domicilio que figuraba en la documentación, quien informó de que el propietario ya no residía allí, aunque sí era dueño de un local cercano. Al llegar al establecimiento, los agentes observaron signos de desorden y poco después apareció el dueño, quien relató que acababa de sufrir un grave episodio de violencia.

La excusa para acceder al local antes de atarle en el sótano

El hombre explicó que los dos individuos habían entrado al local con la excusa de hablar de una reforma. Una vez dentro, lo empujaron, cerraron la puerta y comenzaron a agredirlo y amenazarlo con una llave inglesa. Lo obligaron a bajar al sótano, lo ataron con bridas y un cinturón a una silla, y lo amenazaron de muerte si no colaboraba. Durante el encierro, recibió golpes y coacciones constantes para que revelara dónde guardaba dinero.

Los agresores localizaron una caja fuerte y le exigieron la clave, pero al abrirla estaba vacía. La violencia continuó hasta que la víctima, bajo presión, confesó dónde se encontraba su cartera con dinero y tarjetas, proporcionando también el PIN, que fue anotado por los atacantes.

Ese número coincidía con el encontrado en poder de los detenidos. El hombre aseguró que, poco antes de la llegada de los agentes, había logrado liberarse cortando las bridas. Además, señaló que el local dispone de cámaras de seguridad que podrían confirmar todo lo sucedido. A los detenidos se les acusa de robo con violencia, detención ilegal y amenazas de muerte.

Asfixia por compresión torácica y/o presa cervical con etiología homicida. Esa es la única posible causa de la muerte que recoge la autopsia de Abderrahim El Akkouh, el hombre de 35 años que el pasado 17 de junio murió asfixiado en Torrejón de Ardoz a manos de un policía municipal de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Ayudado por otro agente retirado del mismo Cuerpo, el policía madrileño practicó la técnica del mataleón hasta que Abderrahim murió ahogado ante las advertencias de lo que estaba sucediendo por parte de varios testigos de la escena.

Los abogados de la familia exigen que este agente, el único investigado en la causa y que responde a las siglas de J. J. T. C., entre en prisión preventiva y que la Fiscalía apoye que el otro policía, P. A. P. C., pase a estar presente en la causa como investigado en lugar de testigo. “La autopsia viene a confirmar lo que siempre defendimos, lo que aparece en los vídeos y lo que recogieron las actas de los sanitarios”, explica Rubén Vaquero, letrado de la familia El Akkouh. Según el documento firmado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses remitido a las partes este agosto, y al que este diario ha tenido acceso en exclusiva, la única posible causa de la muerte que recoge es una asfixia por compresión torácica. Es decir, Abderrahim no pudo respirar porque le comprimieron el pecho, lo que impidió la expansión de sus pulmones.

La autopsia, en la que se han analizado el corazón, la laringe y los pulmones de Abderrahim, añade que la muerte de este hombre de origen magrebí se pudo deber también a una presa cervical. Se refiere así a una maniobra de estrangulamiento o presión en el cuello que bloquea la entrada de aire o circulación sanguínea hacia el cerebro.

Por último, la autopsia recoge que el cuerpo presentaba “etiología homicida”. Según Vaquero, esto “quiere decir que la causa de la muerte no fue accidental ni natural, sino que se considera provocada intencionalmente por otra persona; es decir, se trata de un homicidio, un asesinato”. Por otra parte, el informe médico que la facultativa del SUMMA 112 realizó de la intervención en junio, en la que se intentó salvar a Abderrahim mediante reanimación cardiopulmonar durante más de media hora, recoge que tras realizar el parte de defunción la colegiada avisó a la Policía Judicial por “muerte violenta en vía pública”.

Descartan otras posibles causas de la muerte

La familia El Akkouh volverá a defender ante la jueza de instrucción del Juzgado número 4 de Torrejón de Ardoz, quien ya ha practicado las primeras diligencias, que lo sucedido fue un asesinato y no un homicidio imprudente. “Quedan todavía por tomar algunas declaraciones a agentes que actuaron aquella noche, y ahí pediremos de nuevo que P. A. P. C. también esté investigado porque entendemos que fue colaborador esencial de J. J. T. C. al agarrar por las piernas a Abderrahim para inmovilizarle y evitar que se pudiera defender”, se explaya el letrado.

La autopsia definitiva del cuerpo de Abderrahim confirma la preliminar, realizada por el médico forense que levantó el cadáver. En ella ya se apuntaba a la anoxia, falta de oxígeno en el cuerpo, como causa del fallecimiento. “Ahora ya podemos despreciar cualquier tipo de afección cardíaca o infarto cerebral. Sabemos que la muerte lo provocó lo que todo el mundo ha podido ver en los vídeos y que los testigos avalaron”, incide el mismo Vaquero.

Durante la primera quincena de julio, varios agentes de Policía y testigos testificaron ante la magistrada. Este medio accedió a las grabaciones de las declaraciones, en las que dos personas que estuvieron presentes durante la acción policial aseguraron que Abderrahim no opuso resistencia y que llegó a tener la cabeza morada a causa del estrangulamiento que estaba sufriendo. En esa misma vista, el policía retirado afirmó que la técnica del mataleón “se realiza solo muy esporádicamente”, mientras que uno de los agentes de Policía Nacional que primero llegó al lugar de los hechos añadió que es una técnica “peligrosa, si no se sabe aplicar”.

Hasta qué punto la sociedad condena estos delitos

El aval que aporta la autopsia definitiva a la tesis que siempre esgrimió la familia El Akkouh será utilizado por los abogados para intentar que el tipo penal de la investigación pase de homicidio imprudente a homicidio doloso. Vaquero explica que de ser así la pena más inferior alcanzaría los diez años de prisión y podría elevarse hasta los 15. Además, podrían conseguir que el procedimiento se dirimiera con un jurado popular: “Entendemos que así tenemos más garantías de que se haga justicia, con diez civiles y un magistrado, donde el juez tiene todo el poder decisorio”.

Vaquero entiende esta forma de juzgar al único investigado por el momento como “una oportunidad no solo de explicar lo ocurrido desde el punto de vista estrictamente jurídico, sino que nos permitirá ver hasta qué punto la sociedad soporta este tipo de delitos”. Desde su perspectiva, lo ocurrido con Abderrahim es un buen momento para que se marque un punto de inflexión y “se eleve el cariz racista que siempre ha tenido que soportar la familia”, en sus propias palabras.

La familia El Akkouh, por su parte, demanda resultados y avances. “Quieren que metan en prisión preventiva al que hizo el mataleón y que el otro policía que sujetó por las piernas a Abderrahim también esté investigado”, reitera su abogado en referencia a P. A. P. C. Este fue el agente que espetó “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, al cuerpo ya inerte de Abderrahim tras la llegada de más agentes policiales a la zona, según un vídeo que publicó elDiario.es.

Demora en la autopsia

El mismo Vaquero ha tildado como “falta de consideración” el tiempo que ha tardado en llegar la autopsia definitiva, cuyo dictamen fue resuelto el pasado 7 de agosto. “Esta dilación debería haber estado subsanada con todo el potencial económico de la administración de Justicia”, opina. Por otro lado, critica que la demora ha causado un “dolor exacerbado” en los allegados de Abderrahim debido a la “revictimización constante que han vivido desde su asesinato”.

El abogado recuerda que “la justicia, si no llega a tiempo, no es justicia”. Y finaliza: “Queremos contrarrestar por todos los medios el trato inhumano que está recibiendo la familia, aunque no sea una cuestión fácil debido a que el victimario es un policía municipal”.

Carabanchel, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Usera y el distrito Centro como principal núcleo irradiador. El mes de junio ha servido para desmantelar un gran número de narcopisos en la capital: agentes de la Policía Municipal junto a la Nacional han efectuado con éxito hasta ocho operaciones para acabar con puntos negros del tráfico de drogas en la ciudad. La gran mayoría, cuatro de ellas, han tenido lugar en pleno centro mientras que el resto pasaron por algunos de sus barrios más poblados. En total ha habido 13 detenciones, con nueve hombres y cuatro mujeres bajo sospecha. Además, en el últimos mes se han registrado una decena de narcopisos desarticulados en toda la región. Ampliando el foco a la Comunidad de Madrid, la cifra de detenidos asciende hasta 25.

Más allá de la droga, se ha incautado útiles para su elaboración, armas y más de 85.000 euros. La intervención en Puente de Vallecas tuvo lugar el pasado día 19 de junio: se incautó un centenar de dosis de cocaína, dinero en efectivo o armas blancas. Ahí se retuvo a dos personas vinculadas a un clan familiar, a las que acusan de un delito contra la salud pública.

En Carabanchel, se empezó a investigar en septiembre de 2024 y, tras avanzar en las pesquisas, entraron en el edificio el pasado 27 de junio. Nuevamente hubo dos detenidos por presuntos delitos contra la salud pública y, además, en el domicilio encontraron droga, útiles para su elaboración y dinero efectivo. También se incautó un arma de fuego. Por otro lado, la lupa se puso sobre Ciudad Lineal en marzo, al llegar la sospecha de un punto de venta de drogas sintéticas que llegaban con vehículos a uno de los pisos.

En Usera, la Policía Nacional ha informado de un narcopiso que vendía heroína y cocaína y al que entraron el pasado dos de julio. Encontraron dinero en efectivo, una báscula de pesaje o la droga, oculta tras un cuadro que colgaba en una de las habitaciones. Finalmente, en junio se produjo la entrada y los agentes se hicieron con muestras tusi, conocida como cocaína rosa, y más de 1.900 euros en efectivo. Hubo cuatro detenidos.

Pero casi todas las operaciones se concentraron en el distrito Centro. Las investigaciones empezaron a fraguarse entre abril y mayo. En tres operaciones distintas, los agentes detectaron cuatro viviendas que estaban siendo utilizadas para vender droga, cada vez con más frecuencia ante las fiestas de verano en la capital.

A nivel regional, la Policía Nacional ha informado de otras operaciones que amplían el registro del verano. Uno de los primeros narcopisos en investigarse estaba en Parla, donde había sospechas de un punto de compraventa de droga centrado principalmente en hachís. En abril comenzaron a seguir la pista del trastero en cuestión, que usaban como tapadera del negocio ilícito.

Entre junio y julio se accedió al interior de los cuatro domicilios y se logró incautar distintas sustancias estupefacientes (en total, hasta doce tipos de drogas distintas) o algunos útiles como balanzas, documentos con anotaciones relacionadas con el hecho delictivo y una cantidad de dinero que asciende a más de 82.000 euros en efectivo. Finalmente, se detuvo a cinco personas como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Uno de los casos más recientes ha sido el de Getafe, donde la Policía Nacional había iniciado desde finales de 2024 un seguimiento a otro punto de venta y consumo en la localidad madrileña. Aparentaba ser un almacén de muebles dentro de una zona comercial bastante céntrica. El lunes pasado se llevó a cabo la entrada y registro en el local: se incautaron 13 gramos de cocaína y la misma cantidad gramos de heroína, además de detener a cinco personas que han pasado a disposición judicial.

La Policía Municipal de Madrid detuvo el domingo de madrugada a un hombre de unos 29 años por una supuesta agresión sexual con sumisión química a una mujer mayor de edad en plena calle del distrito de Puente de Vallecas.

Los hechos se produjeron en torno a las 3.00 horas, cuando los agentes recibieron un aviso después de que un testigo alertara de que dos personas estaban manteniendo relaciones sexuales en la vía pública, entre las calles Puerto de Pajares y Puerto de Monasterio.

A su llegada al lugar, los agentes municipales se encontraron con una mujer mayor de edad tendida boca abajo en el suelo y en aparente estado de inconsciencia. Efectivos del Samur-Protección Civil acuden al lugar y auxilian a la presunta víctima.

Apenas 45 minutos después, gracias a la descripción del sospechoso que había brindado el testigo, otro dispositivo de Policía Municipal logró identificar y detener a un varón de unos 29 años y posiblemente de origen magrebí, aunque iba indocumentado, según ha adelantado el diario El Mundo.

Una vez que la mujer ha recuperado la consciencia, relata que se encontraba en el interior de una discoteca y que ya al salir no recuerda nada más. Finalmente, la presunta víctima fue trasladada a al hospital, donde se activó el protocolo por agresión sexual. El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, y ahora la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) se encarga de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El rechazo vecinal y medioambiental al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid se ha manifestado este viernes en Hortaleza, distrito en el que discurrirá el futuro trazado. La Plataforma STOP F-1 Madrid, un espacio recientemente fundado que se declara dispuesto a “todas las acciones posibles para la paralización de este disparatado y especulativo proyecto”, ha organizado una protesta durante la colocación de la primera piedra de la futura biblioteca de la calle Silvano.

A la cita acudían la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que asume desde este 4 de julio las funciones de José Luis Martínez-Almeida por su baja de paternidad, y la concejala delegada del área de Obras, Paloma García Romero. La entidad contraria al circuito de Madring ha aprovechado la presencia de estos representantes políticos para mostrar su disconformidad con el futuro evento, como ha hecho también al llevar su tramitación municipal a los tribunales.

Pese al carácter pacífico y reducido de la movilización, los manifestantes se han encontrado un despliegue policial que ha incluido decenas de agentes (algunos de ellos de paisano) o un furgón policial situado junto a la concentración. Este vehículo les ha impedido acercarse al acto junto al que querían protestar.

“El Ayuntamiento no ha dudado en enviar a Policía Municipal contra los vecinos siguiendo la polémica advertencia de su aún director general, quién señaló en un informe oficial a los vecinos que defienden su salud y las arcas públicas como la principal amenaza para la F1 en IFEMA”, ha denunciado en un mensaje en X la agrupación de Más Madrid en Hortaleza.

La formación hace referencia a un polémico informe policial conocido a finales de mayo en el que el director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enríquez Rodríguez, destaca entre los “peligros” de la futura Fórmula 1 de Madrid que “los grupos activistas internacionales tienen conexión directa con otros en España y su modus operandi suele ser llamar la atención en medios de comunicación, cortar calles, colocar pancartas en lugares emblemáticos y realizar pintadas en fachadas de edificios”.

El documento, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso Somos Madrid, considera “el rechazo de los grupos políticos de la oposición y de diferentes organizaciones en defensa del medio ambiente” un “inconveniente” de la celebración del Gran Premio.

El director de la Policía Municipal, de baja e inmerso en una fuerte polémica al no comunicar el atropello de una niña por parte del coche en el que viajaba durante el apagón del pasado 28 de abril, recoge en ese escrito las medidas para contrarrestar la oposición a Madring: “Este tipo de quejas se podrá plasmar en la vía pública o en los plenos y conllevará un refuerzo del sistema de vigilancia propio de autoridades municipales, sin olvidar la propia Sección de Análisis de la Información”.

En paralelo, Sanz ha rebajado gravedad al conflicto en declaraciones a los medios desde el acto y la protesta de Hortaleza: “Creo que va a ser bueno para Madrid, que va a ser positivo para la ciudad y para el distrito y vamos a trabajar para que las afecciones sean mínimas”. La también responsable del área de Seguridad ha mostrado su sensibilidad con las reivindicaciones vecinales, pero alerta del efecto de las críticas a “un proyecto de tal envergadura”.

Una jueza de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz ha decidido dejar en libertad con medidas cautelares al policía municipal de Madrid que asfixió hasta la muerte a un hombre que, supuestamente, le había intentado robar el teléfono móvil. La magistrada le atribuye un delito de homicidio y le ha retirado el pasaporte además de obligarle a comparecer una vez por semana en su juzgado.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del martes en esta localidad del Corredor del Henares. El agente, fuera de servicio, estaba en el cruce de las calles Calderas y Pesquera del municipio cuando interceptó a un hombre que, supuestamente, le había intentado robar el teléfono móvil. Para cuando llegó la Policía Nacional vieron que el hombre estaba en parada cardiorrespiratoria y los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El juzgado de instrucción número 1 de la localidad se ha hecho cargo del caso y, a la espera de recibir la autopsia para determinar “la causa exacta del fallecimiento”, ha decidido atribuir un delito de homicidio al policía municipal de Madrid, lo que excluye que por el momento considere que actuó con la intención de acabar con la vida de la víctima. Esa calificación legal, explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, puede cambiar a lo largo de la investigación.

El Ayuntamiento de Madrid, por el momento, ha suspendido de funciones al agente y ha abierto un expediente que, como en otros casos, queda supeditado a lo que suceda en la investigación penal que ahora se desarrolla en un juzgado de Torrejón de Ardoz.

Los vídeos grabados por varios testigos muestran cómo el policía fuera de servicio mantuvo a la víctima contra el suelo durante unos diez minutos mientras le asfixiaba con la técnica conocida como 'mataleón'. Siguió apretando cuando, tal y como muestran los documentos, varios viandantes le solicitaron que dejara respirar al joven al que mantenía aprisionado. Los efectivos del Summa 112 estuvieron media hora aplicando maniobras de reanimación hasta que certificaron su muerte.

El policía municipal de Madrid que permanece en dependencias judiciales por la muerte de un hombre en Torrejón de Ardoz ha sido suspendido de sus funciones por parte del Ayuntamiento de Madrid. Lo ha explicado este jueves la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, que ha detallado que las actuaciones tuvieron lugar el miércoles por la tarde, al tener conocimiento de los hechos.

“Ayer por la tarde se abrió un expediente disciplinario, suspendiéndole de las funciones hasta que hubiera una resolución judicial”, ha indicado la también responsable de los servicios policiales municipales. “Estamos a espensas de esas investigaciones policiales y judiciales”, añadió indicando que la suspensión forma parte de “lo que corresponde” en un caso de este tipo.

Los hechos se produjeron sobre las 23.15 horas del día martes por la noche en las inmediaciones del número 20 de la calle Pesquera, situada en el casco antiguo de Torrejón de Ardoz. Por la zona paseaban el agente ahora suspendido y otro compañero, que estaban fuera de servicio y que fueron sorprendidos por dos ciudadanos que intentaron robarles el teléfono móvil.

Los agentes salieron a la carrera detrás uno de ellos, al que lograron darle alcance e inmovilizarlo en el suelo, provocando su muerte por estrangulamiento después de retenerlo.

“Toda la investigación la está llevando a cabo la Policía Nacional” aclaró la vicealcaldesa de Madrid al ser preguntada por detalles de la autopsia y de las primeras pesquisas.

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha atajado las críticas después del posible atropello de una niña por parte del coche donde viajaba el director de la Policía Municipal de la capital durante el apagón del pasado lunes 28 de abril. Sanz, que además de concejala portavoz es la responsable de Seguridad y Emergencias en el Consistorio madrileño, ha trasladado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que Pablo Enrique Rodríguez se mantendrá en su puesto al menos hasta que regrese de una baja laboral concedida este mismo miércoles.

“Hablaremos con él a su vuelta y trasldaremos la información oportuna. Pero respetaremos ese proceso”, ha asegurado la edil. “Lamentamos el accidente y mostramos todo nuestro apoyo a la niña afectada y su familia. Y también respetamos la situación personal que está atravesando el director. De cara al exterior los cargos políticos o electos pueden parecer superhéroes o superpersonas, pero no lo son”, ha añadido Sanz. Ha indicado asimismo que actualmente ha asumido las funciones de Rodríguez el coordinador general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Jesús Gil.

La vicealcaldesa ha reconocido, como ya hiciera José Luis Martíenz-Almeida, el malestar en el seno del Ejecutivo municipal ante el hecho de que Rodríguez no informara de lo sucedido de inmediato o a lo largo del pasado 28 de abril: “Nosotros entendemos que la comunicación debería haber sido directa por parte del director general. Las explicaciones que me da son que ese lunes desde Samur se hablaba de contusiones leves, así que no entendió que tuviera esa relevancia que luego se comprobó”. El accidente se saldó con la fractura de un tobillo de una niña de 10 años durante el apagón de la semana pasada

Pese al reproche al mando policial, Sanz ha cargado igualmente contra una oposición que desde su punto de vista “sobredimensiona” lo sucedido: “Si hay dos personas que saben de encubrimiento en esta ciudad son Rita Maestre y Reyes Maroto”, ha recriminado a las portavoces de Más Madrid y PSOE en Cibeles, en una referencia velada a los casos de Íñigo Errejón y José Luis Ábalos. “Nosotros hemos sido transparetes, hasta hemos relatado que no hubo confesión directa. La actuación policial está contrastada”, defiende la concejala.

Una versión que no comparte Rita Maestre: “El atestado de Policía Municipal que trascendió ayer está plagado de contradicciones y es un insulto a la inteligencia, convirtiendo un atropello en un surrealista incidente en el que la madre arroja a la niña contra el coche en el que circulaba el director general”.

“La vicealcaldesa ha vuelto a quedar como la principal encubridora de este alto cargo, envuelto en casos tan graves como este del atropello o el presunto amaño de unas oposiciones para colocar a su pareja (por el que está imputado)”. Maestre cree que “Almeida no solo debe cesar al director general de la Policía, sino a también a Inmaculada Sanz”. Critica que la mano derecha del regidor “ha tenido más palabras de apoyo para el director de la Policía que para la familia y la menor atropellada”.

Reyes Maroto ha elevado asimismo el tono después de la comparecencia de Sanz: “Si finalmente el Gobierno de Almeida impide la creación de una Comisión de Investigación acerca del grave accidente, exigimos la dimisión de la vicealcaldesa y máxima responsable de Policía Municipal, Inmaculada Sanz”. La concejala socialista ha hecho estas declaraciones al término de una rueda de prensa “llena de dudas y falta de contundencia por conocer la verdad de lo ocurrido”.

Fuentes del Grupo Municipal Socialista aseguran que su formación se ha mantenido prudente y ha solicitado información oficial desde el primer momento, pero su portavoz afirma que no van a consentir que el Ejecutivo municipal “tome el pelo a madrileños y madrileñas”. “La ciudadanía merece respeto y conocer la verdad, no medias mentiras y datos confusos”, añade Maroto. “O el equipo de Almeida acepta esta comisión de investigación que proponemos, que dé luz a lo ocurrido, o la vicealcaldesa tendrá que dimitir de todos sus cargos”, avisa.

Sanz defiende un atestado policial que contradice la versión de la madre

La Policía Municipal de Madrid ha informado en las últimas horas sobre ese atestado del accidente. Los datos recabados por los agentes sobre su jefe descartan el atropello y citan a dos testigos que aseguran que el coche iba a una “velocidad normal”. El escrito plasma que la niña herida y su madre atravesaban un paso de peatones en el Paseo de Extremadura donde, debido al apagón, no funcionaba su semáforo, por lo que las viandantes tenían prioridad.

En ese momento cruzó el paso el vehículo policial, con sirena y luces encendidas, a bordo del cual iba el alto cargo municipal. El parte policial asegura que “cuando el vehículo sobrepasó este, la mujer adulta tiró del brazo de la menor, provocando su caída, descartando el atropello inicial”. También indica que no se ha podido determinar “que la menor hubiera podido ser golpeada por la parte trasera lateral del vehículo”. “La nota nos dice que la actuación policial es correcta”, opina Sanz. “Ahora la propia instrucción recoge que hay 10 días para completar la información de ese parte”, apostilla.

El testimonio de la madre, sin embargo, asegura que el coche donde viajaba el director de la Policía Municipal iba rápido y que la niña fue golpeada por la parte trasera del coche, lo cual le provocó las graves contusiones. El parte de Emergencias indica una “lesión leve” pero la familia de la menor acudió después al hospital, donde le detectaron una fractura en el tobillo derecho.

El atestado policial se inició a las 13.03 del martes, casi 24 horas después del accidente y en el límite máximo de un día para abrir este tipo de informes. No se practicó ningún control de alcoholemia al conductor implicado, pese a que la normativa municipal así lo exige. La Policía argumenta que, debido al apagón, ese día tampoco se hizo dicha prueba en otros 17 sucesos similares de los 23 accidentes con heridos que se registraron en la capital. La número 2 de Almeida lo justifica porque “ese día se apagó la luz en toda España, hubo más de 1.300 actuaciones de la Policía y más de 470 de Samur”.

El informe se daba a conocer este miércoles por parte de la policía poco después de que el alcalde aludiera a una posible falta de confianza debido a que Pablo Enrique Rodríguez ocultó el accidente tanto a él como a la vicealcaldesa en las horas posteriores al suceso, informa el diario ABC. Solo ofreció explicaciones a Inmaculada Sanz una semana después de los hechos, cuando ya se habían publicado numerosos detalles en los medios de comunicación

Almeida se enteró de este incidente cuando El País llamó para preguntar por los hechos al Ayuntamiento el jueves 1 de mayo, tres días después. “Valoraremos la confianza del director general teniendo en cuenta que nos transmitió el incidente en un momento posterior”, aseguró este miércoles el regidor. Ahora esa valoración se postergará, salvo nuevo volantazo del Ayuntamiento, hasta que Rodríguez se reincorpore a su puesto.

Uno de los principales cargos en la seguridad de la ciudad de Madrid está en cuestión desde este puente debido a un atropello que tuvo lugar el día del apagón. Sucedió en el paseo de Extremadura, donde el coche en el que viajaba el director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, arrolló a una niña de diez años, causándole importantes lesiones en las piernas.

Los hechos los desveló el diario El País el pasado jueves, al publicar que el Ayuntamiento estaba ocultando los detalles de este suceso. “Ha habido menos accidentes de tráfico que un día normal”, había dicho el alcalde Almeida el pasado martes sobre la jornada del apagón, pero el accidente de su director general de la Policía no apareció en los archivos municipales. El parte del Samur, además, recogió que las lesiones que sufrió la niña se produjeron “a baja velocidad”.

Sin embargo, la menor afectada no puede caminar porque tiene roto el tobillo de la pierna derecha y también está afectada la rodilla izquierda, todavía inflamada y en la que no se descarta otra rotura. La lesión se produjo cuando cruzaba con su madre el paseo en el barrio de Puerta del Ángel, por un lugar en el entorno de un paso de cebra que todavía no se ha especificado. En ese momento los semáforos ya no operaban y, según el relato de varios testigos a El País, no había agentes regulando el tráfico y los peatones atravesaban de un lado a otro por donde podían.

Hasta este lunes el alcalde Almeida no se había pronunciado sobre los hechos y lo hizo después para pedir más tiempo. Tampoco ha dicho nada su vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, responsable última de los servicios de emergencias municipales. Lo único que se conoce es que los detalles del accidente no fueron incorporados durante el puente al archivo del Ayuntamiento que registra este tipo de sucesos. Y tampoco hay constancia de que se hiciera control de alcoholemia al chófer del vehículo, quien se supone que era un inspector que acompañaba en esta labor al director de la Policía. Según el protocolo actual de este cuerpo, es obligatorio practicar la prueba en incidentes de este tipo.

El atropello fue minimizado en primera instancia por el director de la Policía Municipal, según relata este lunes El Mundo. Acorde con sus informaciones, Rodríguez ocultó el arrollamiento en horas posteriores al suceso y luego intentó minimizarlo, asegurando que fue la menor quien se cayó al cruzar y colisionó contra el coche policial.

La oposición lleva varios días criticando esta actuación, especialmente Más Madrid. “El Ayuntamiento ha tratado de ocultar el accidente. Almeida todavía no ha dado explicaciones y sigue protegiendo a un alto cargo indigno”, denunciaba Rita Maestre durante el puente. La portavoz del principal partido de la oposición elevaba el tono de la crítica este lunes y reclamaba en redes sociales la dimisión de la vicealcaldesa, explicando que el cese del director “ya llega tarde”. También ha llamado a Sanz “principal encubridora” del suceso.

Por su parte, la portavoz del PSOE municipal, Reyes Maroto, advertía durante el fin de semana que “no vamos a parar hasta conocer la verdad y depurar responsabilidades” y este lunes exigía ya la dimisión del director porque “supone un lastre para la reputación del Cuerpo de Policía”. Y, en el caso de que decidiera no dimitir, exige que sea la vicealcaldesa que lo cese.

Almeida descarta el cese

Pese a estas peticiones, el alcalde de Madrid ha decidido de momento mantener a su director de la Policía Municipal investigado por el atropello de la niña y pide esperar a reunir “toda la documentación” dentro del plazo legalmente establecido, que es de diez días después de haberse producido el suceso.

En este plazo, que acaba el jueves, Almeida confía en reunir la información “que aclare lo que ha sucedido”. “Se está cumpliendo todo el proceso administrativo que corresponde en estos casos”, ha asegurado, a la vez que acusaba a los grupos de la izquierda de “alimentar” teorías que ponen “en duda” el “honor” de los agentes, informa Europa Press.

“Esperemos a la documentación oficial tanto de Policía Municipal como de Samur para esclarecer exactamente que es lo que sucedió el lunes pasado”, ha expresado Almeida. Además, ha confirmado que la vicealcaldesa ya ha hablado con el director de la Policía Local, Pablo Enrique Rodríguez, para tratar de aclarar la situación.

Aun así, Almeida ha confirmado que “si se ha incumplido alguna directriz” por parte de los policías relacionados, “por supuesto” que el Ayuntamiento hará cumplir esa directriz“ y ha llamado a ”que nadie tenga la más mínima duda“.

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto expediente al policía municipal que denunció por un artículo inexistente a la comunidad de vecinos que colocó una lona con el 7.291, el número de fallecidos en las residencias de la región durante la pandemia. El área de Seguridad ha abierto investigaciones y estudia si tomará o no algún tipo de medida disciplinaria al agente, adelanta la Cadena Ser y ha podido confirmar este medio.

La sanción fue impuesta el pasado mes de abril, cuando el policía municipal acudió junto a un compañero a un edificio situado junto al parque de la Elipa, donde el partido Más Madrid había desplegado esta publicidad. La pancarta mostraba en grande una cifra que hace alusión a cada una de las personas que murieron en las residencias, sin tener acceso a la atención de los médicos en un hospital, un número utilizado por la oposición para recordar la gestión de la pandemia que hizo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Iba acompañado de la frase “No. No se iban a morir igual”. Y a continuación, más pequeño, “1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7.291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones”.

Los vecinos relataron en su día a Somos Madrid las presiones ejercidas por los agentes para que retiraran la pancarta: “Me dijeron que no era legal, que iba en contra del artículo 2.1 de la ordenanza reguladora de publicidad exterior. Y se pusieron a redactar la denuncia”, decía la presidenta de esta comunidad, que fue la que atendió a los policías en el rellano de la escalera. “Aseguraron que estábamos vulnerando el derecho al honor y a la dignidad de las personas, que no había sentencia sobre los llamados protocolos de la vergüenza”, explicaba.

Los agentes de la Policía Municipal intentaron además presionar a la comunidad para que retirara la pancarta, según los vecinos: “Nos dijeron que era conveniente que la quitáramos porque nos podía traer alguna situación incómoda”, recordaba la representante de los vecinos, quien asegura que los agentes citaron incluso posibles “denuncias por delitos de odio” o la presencia de medios de comunicación.

Expediente por una denuncia de Más Madrid

Más Madrid denunció los hechos en la Oficina contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento, porque consideraba que esta actuación policial iba más allá de las competencias de la Policía Municipal de Madrid. “Aquellos agentes de la policía municipal actuaron como una policía política al servicio del PP”, asegura hoy su portavoz, Rita Maestre, después de conocer la apertura del expediente disciplinario gracias a su demanda.

“Para Más Madrid es un ejemplo muy claro del uso partidista que hace el PP de las instituciones y de cómo Almeida ensucia el cuerpo de la Policía Municipal para su propio beneficio”, añade Maestre en declaraciones recogidas por este periódico antes de pedir “depurar responsabilidades”. “Vamos a estar muy vigilantes, muy pendientes a la conclusión del expediente disciplinario de la policía que el propio responsable de la Oficina contra la Corrupción ha solicitado”.

La vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, también responsable del área de Seguridad, aseguró la pasada primavera que Maestre estaba emitiendo un “bulo” por la afirmación de que la policía había actuado de forma “partidista”. Lo calificó de “mentira total y absoluta”, además de encuadrar la denuncia policial en una actuación “ordinaria”. Hoy, la portavoz de Más Madrid ha exigido a Sanz “que le pida disculpas” por aquellas palabras y por haber permitido que la Policía Municipal haya actuado de forma partidista, además de esperar que “asuma responsabilidades” por los hechos “como ”jefa de la Policía“, porque a su modo de ver ”tenía el objetivo claro de coartar la libertad de expresión“.

La pancarta denunciada duró diez días en la fachada del edificio de la Elipa. La Junta Electoral obligó a su retirada después de una denuncia del PP, que consideraba que esta lona y otra con idéntico mensaje desplegada en la avenida de la Albufera contenían publicidad electoral. Como ya entonces estaban convocadas las Elecciones Europeas pero no había comenzado la campaña, el partido de Maestre se vio obligado a quitar ambas lonas el 10 de mayo de 2023. Para entonces, la polémica generada por la denuncia policial había hecho que su imagen ocupara las portadas de numerosos medios de comunicación.

La segunda oportunidad que los jueces dieron a un policía municipal de Madrid condenado por agredir a un menor de edad ha terminado en absolución. La Audiencia Provincial ha decidido exonerar a un agente, acusado de partir la mandíbula de una paliza a un joven en 2019 en la capital, al tener en cuenta los testimonios favorables de otros policías que patrullaban por la zona esa noche. Esta absolución llega en el segundo juicio que se celebra sobre el caso: en un primer momento fue condenado a un año y medio de prisión por la agresión pero los tribunales ordenaron repetir el juicio para que se tuvieran en cuenta las declaraciones favorables de sus compañeros policías que, finalmente, han facilitado su absolución. Queda probado que el joven tenía la mandíbula rota, pero no quién se la rompió.

Los hechos, tal y como reveló elDiario.es, tuvieron lugar en las fiestas del madrileño barrio de El Pilar en 2019. El joven, el único negro del grupo, estaba intentando saltar una valla para acceder al recinto de las fiestas cuando fue recriminado por una pareja de policías municipales. Según los jueces, el chico se dirigió a los agentes con frases como “detrás de una placa sois muy graciosos” y también con algunos insultos. Fue multado por faltar al respeto a los agentes y, según la Justicia, al día siguiente acudió a las urgencias de La Paz con la mandíbula fracturada, teniendo que pasar por quirófano.

Una primera sentencia de la Audiencia Provincial declaró probado que uno de los policías municipales le rompió la mandíbula de una paliza, imponiendo año y medio de prisión al agente, pero el juicio tuvo que repetirse cuando el Tribunal Superior de Justicia entendió que los jueces no habían valorado una prueba: los testimonios exculpatorios de otros agentes del dispositivo de las fiestas que estaban cerca de la zona en ese momento.

El juicio se repitió el pasado mes de junio ante una sección distinta de la Audiencia Provincial de Madrid y el resultado también ha sido distinto: los jueces han optado ahora por absolver al agente de la Policía Municipal al entender que el joven, efectivamente, tenía la mandíbula rota, pero añadiendo que no hay pruebas de que fuera el agente, algo que sí se declaró probado en la primera sentencia. La clave de la sentencia, que ha podido examinar elDiario.es, es la credibilidad que los jueces dan al agente acusado y a sus compañeros de patrulla y dispositivo.

La primera sentencia, de una sección distinta del mismo tribunal compuesta por otros jueces, dio credibilidad a la declaración del joven. No solo por el informe médico que acreditaba que tenía la mandíbula rota, sino porque contó la misma versión a todo el mundo en todo momento: a sus amigos poco después de los hechos, a su madre al día siguiente, a los médicos y finalmente en su denuncia. Su relato, según los primeros jueces que analizaron el caso, era “contundente y elocuente” y la culpabilidad del policía municipal ahora absuelto era “incuestionable”.

“Es difícil pensar” que un policía mienta

Esa apreciación ha cambiado después del segundo juicio. Los jueces entienden ahora que la declaración del joven no es creíble mientras que avalan la del policía acusado y sus compañeros: “Tres agentes que indican inequívocamente que presenciaron el incidente, cada uno desde su lugar y no observaron agresión alguna”, dice sobre el testimonio de los policías municipales que estaban en las inmediaciones.

Los jueces, con Juan José Toscano como ponente acompañado por Diego de Egea y Carlos Martín en el tribunal, también descartan que los policías que testificaron hayan faltado a la verdad para proteger a su compañero. Y descarta que un policía pueda llegar a mentir en un juicio para eso. “Tratándose de agentes de la autoridad es difícil pensar que hubieran decidido, los tres, faltar a la vedad con el evidente interés de favorecer a quien no deja de ser su compañero”, dice el tribunal.

El joven siempre defendió que fue arrastrado por el policía absuelto y otro agente no identificado detrás de unos arbustos para agredirle, algo que ahora la Audiencia tampoco aprecia. “Este contexto no parece el indicado para que dos agentes arrastren por la fuerza al menor hacia los arbustos y el golpeen en la clandestinidad”, afirma. El joven, añaden ahora, tuvo una “actitud violenta” aunque los hechos probados no reflejen ningún tipo de actitud violenta del denunciante más allá de un insulto.

Otra prueba determinante en la primera sentencia ha sido dada la vuelta tras el segundo juicio para cimentar la absolución: cómo el chico salió de detrás de los arbustos instando al resto de policías a seguir pegándole porque otro agente ya le había roto la mandíbula. Algo que reflejó uno de los propios policías en su parte. Ahora el tribunal entiende que se refería a otros policías no identificados, aunque en todas sus declaraciones ha sido muy claro al señalar al acusado: “Fue el propio menor quien manifestó que había sido agredido antes por otros agentes, y es evidente que no se referiría a los que en ese momento le custodiaban, pues lo dijo ante ellos”, dice ahora la Audiencia de Madrid.

Al ser absolutoria, esta nueva sentencia también exonera de cualquier sanción económica del Ayuntamiento de Madrid, que sí había sido condenado por responsable civil subsidiario por el delito cometido por su agente. Al descartar la existencia de la paliza, también rechaza la acusación de que fuera por motivos racistas, ya que el chico era el único negro del grupo de jóvenes que había en la zona: “Sería una mera elucubración pensar que se aisló a él de los otros que saltaron por el color de su piel”.

El joven todavía puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia, el mismo que hace unos meses ordenó repetir la sentencia que condenó al agente a año y medio de prisión. En el juicio, la Fiscalía hizo firme su petición de cárcel de año y medio de presidio, la misma que le fue impuesta en un primer momento. “El ataque fue completamente gratuito, y el único identificado fue esa persona en atención a su color de piel”, dijo el fiscal Ángel Guzmán.