La expresión “pelillos a la mar” se utiliza frecuentemente para olvidar o zanjar una discusión. Sin embargo, no está demasiado claro cuál es su origen: algunas fuentes apuntan a que proviene de una costumbre infantil para hacer las paces, donde los implicados se arrancaban algunos pelos y los lanzaban al aire. Otros, apuntan que la frase hecha proviene de La Ilíada de Homero, donde se relata que griegos y troyanos, como símbolo para resolver sus disputas, sacrificaron unos corderos y arrojaron el pelaje al viento en dirección al mar.

Sea como fuere, hace un par de semanas parece que los pelillos no fueron sinónimo de paz, sino de polémica. Un concejal del PP criticaba la posible adecuación de Irene Montero a la vicepresidenta del gobierno por no tener las axilas bien depiladas. No es la única. Las mujeres, sobre todo aquellas que acceden por primera vez a un puesto de poder, son criticadas por cuestiones de imagen o de roles de género. Recordemos que algunos medios de comunicación prescribieron a Leire Pajín una dieta porque consideraban que tenía algún kilo de más. También algunos personajes públicos han asociado a las separatistas de la CUP o de Bildu como mujeres feas. Asimismo, un exportavoz del gobierno calificaba a Inés Arrimadas de hembra joven como único mérito. Sobre Elsa Artadi, los medios de comunicación destacaron de su currículum que era una “novia a la fuga”, cuando tiene un doctorado por Harvard. Félix de Azúa sugería que Ada Colau tendría que estar sirviendo en un puesto de pescado o hacer punto de cruz. Casi ninguno de estos comentarios es dirigido a hombres que se dedican a la política.

En un estudio realizado por Verge y Pastor exploran cómo se representan las mujeres en los medios de comunicación que han accedido por primera vez a una posición política, donde antes solo la habían desempeñado hombres. Encuentran que, además de que ellas reciben menos atención por parte de los medios, los medios se centran principalmente en el físico y en cómo concilian con su familia y menos en temas de su desempeño o su carrera profesional. Por otra parte, consideran que es bastante habitual que sean representadas como sujetos pasivos, resultado de las decisiones de los hombres. Así, a modo de ejemplo, destacan de Rudi, como primera mujer presidenta del Congreso, que “la elección de Aznar es acertada” o a Díaz diciendo que ha llegado a ser presidenta de Andalucía gracias a su “padre político”. Además, los medios suelen mostrar a las mujeres en estas posiciones como personas muy emocionales. Cuando ganaron Aguirre o Cospedal en sus respectivas CCAA., los medios titulaban “no pudieron contener las lágrimas”.

Las críticas al físico de las políticas, mandar a las mujeres a hacer trabajos muy estereotipadamente femeninos (como pescadera o punto de cruz) o hacerlas sujetos pasivos tienen el resultado de remarcar aún más que las mujeres son invasoras de un espacio que no les pertenece. Van definiéndolas como las “otras”, aquellas que no se ajustan a los estereotipos fijados dentro de la política, que son masculinos. De hecho, además, es normal observar cómo a ellas se las evalúa más severamente ante un error. Esta imagen que los medios proyectan puede generar una obstaculización de la credibilidad y la autoridad de su desempeño en política y, en definitiva, de las capacidades de las mujeres en este ámbito. Y lo más importante: pueden incentivar que las ciudadanas se alejen de este mundo, es decir, que decaiga aún más el interés o la participación en política, ya que pueden considerar este mundo como un mundo que no les pertenece.

Con este tipo de insultos o de críticas no se pueden echar los pelillos a la mar y, considerarlo una cuestión menor. Se deben combatir estos estereotipos e imágenes por todos los medios, por parte de los medios de comunicación, pero también por parte de los partidos políticos. Es necesario que estas prácticas sean sancionadas para que exista una ciudadanía comprometida y participativa.

No hubo irregularidades contables en el gasto de 268 millones de euros sin respaldo presupuestario previo por el Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi en 2014, y ningún alto cargo del Ejecutivo autonómico deberá responder con su patrimonio personal por ese dinero: el departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha archivado el procedimiento de reintegro por alcance que abrió tras instruir unas diligencias previas al concluir la “inexistencia” de responsables directos de esa gestión.

El Tribunal de Cuentas abrió su investigación tras remitirle la Cámara de Cuentas de Aragón un duro informe en el que concluía que el compromiso de esos gastos por 268 millones de euros, que quedaron pendientes de pago al cierre del ejercicio, pero que después ha tenido que asumir la comunidad, podían conllevar “la exigencia de responsabilidades y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública” en caso de apreciar “que la conducta es culpable” por parte de quienes los ordenaron.

La normativa sobre las cuentas públicas contempla como infracción muy grave el hecho de “comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos”.

La Fiscalía pide el archivo y la comunidad se suma

Sin embargo, la Fiscalía solicitó el archivo de los expedientes al considerar “de modo manifiesto e inequívoco, la inexistencia de caso alguno de responsabilidad contable” por parte de los responsables de los distintos departamentos y organismos públicos en los que se detectaron esos compromisos de gasto sin respaldo presupuestario: 237 millones de euros en el Salud, 13 en la Administración autonómica, 10 en el Instituto Aragonés del Agua, cinco en el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución y tres más en el Banco de Sangre y Tejidos.

La comunidad autónoma se unió a ese criterio y solicitó también el sobreseimiento de las actuaciones, que es lo que acordó el tribunal mediante una serie de autos poco después.

Los autos recuerdan que el juicio contable “se rige por el principio dispositivo, de forma que el órgano jurisdiccional ante el que se tramita no puede conocer y resolver más allá de las pretensiones formuladas por las partes”.

En este caso, añade, tanto el ministerio público como la comunidad autónoma mantienen que “no hubo menoscabo de fondos públicos en relación con las irregularidades detectadas en el informe de fiscalización” de la Cámara de Cuentas, por lo que opta por el archivo “en referencia con el referido principio propositivo que rige en este tipo de procesos”.

Deuda y déficit en el Gobierno de la austeridad

La fiscalización del ejercicio de 2014 resultó sintomática del desbarajuste contable que caracterizó la etapa de Rudi al frente del Gobierno autonómico, por el que pasaron tres consejeros de Hacienda (Mario Garcés, José Luis Saz y Javier Campoy) mientras el de Economía (Francisco Bono) se mantenía toda la legislatura.

Solo ese año, la comunidad autónoma alcanzó un déficit de 591 millones, 264 por encima de lo que autorizaba el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, y situó la deuda pública en 5.933, unos datos más bien poco reconfortantes para un equipo que llegó al Pignatelli enarbolando las banderas de la austeridad y la seriedad en la gestión económica.

En la última etapa llegarían decisiones como el recurso contra la reforma tributaria de José Luis Rodríguez Zapatero, que terminó con una condena en costas de 37 millones de euros cuya ejecución todavía no ha ordenado el Supremo ni han reclamado los gobiernos de Mariano Rajoy o Pedro Sánchez.

El PP ha presentado este miércoles el lema del 18 congreso nacional, que se celebrará a mediados de febrero, y que es “España adelante!”. La dirección del partido explica que es una frase que busca animar y explica la ausencia de la coma como una decisión del equipo de diseñadores.

La fundación que vela por el uso del idioma y que está promovida por la agencia Efe y el BBVA, Fundéu, ha concluido que se trata de un error y que debería llevarla por tratarse de un vocativo. 

En el PP también se han ahorrado el signo que abre la exclamación, aunque en este caso lo explican por una razón de economizar caracteres, algo muy habitual en las redes sociales.

El número total de enmiendas que se han recibido a las cuatro ponencias es de 4.000, mucho mayor que en los anteriores congresos. En el cónclave de 2012 en Sevilla, se presentaron 1.532, mientras que en 2008, en Valencia, se registraron 2.124.

El 28 de julio de 2015, Luisa Fernanda Rudi (PP) fue nombrada senadora. Desde esa fecha, y hasta la disolución de la Cámara alta en su undécima legislatura el pasado 3 de mayo, la expresidenta de Aragón no tuvo ningún tipo de actividad parlamentaria. Ni presentó iniciativas, ni intervino en iniciativas legislativas, de control al Gobierno o de cualquier otra índole.

La denuncia la hace el Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Aragón, que se basa en la información pública que aparece en la web del Senado. Para la formación morada, esto supone un “fraude a la ciudadanía”.

Creen en Podemos que es “injustificable” que Rudi haya estado cobrando un sueldo de 6.067,61 euros al mes desde el pasado mes de febrero. El importe nace de sumar los 2.813,91 que cobran todos los senadores, más 1.822,38 como indemnización por ser de una circunscripción distinta a Madrid y 1.431,32 por ser la presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad.

Antes de ser nombrada presidenta de dicha Comisión, el pasado 9 de febrero, el sueldo de la expresidenta aragonesa era de 4.636,29. Que es lo mismo que percibe en la actualidad (una vez disuelta la Cámara) como miembro de la Diputación Permanente del Senado.

Destacan desde Podemos que los 1.882,38 euros que cobran los senadores de circunscripciones distintas a Madrid están exentos de tributación.

No es este el único caso. En la misma situación está la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que tampoco ha tenido actividad alguna desde que fuera recolocada oficialmente en el Senado el 22 de julio de 2015.

Los datos de los ingresos tributarios del Gobierno de Aragón restan intensidad al tono verde de los brotes que, supuestamente, comienzan a verse en la economía aragonesa. La aportación de los impuestos a las arcas autonómicas indican que se está produciendo una animación de la actividad económica, aunque esta queda muy lejos de los niveles anteriores a la crisis y se sitúa por debajo de las previsiones que contemplaban los criticados últimos presupuestos del Ejecutivo autonómico PP-PAR.

Tiende al alza la recaudación de los dos principales impuestos: el IVA, que grava de manera indiscriminada la adquisición de bienes de consumo y de servicios, pasó de 441,3 millones de euros a 493,8 del primer semestre del año pasado al del actual; mientras el IRPF, el que se aplica de manera progresiva a las rentas declaradas, creció  de 533,8 a 562,3.

Los tributos que gravan la actividad inmobiliaria han tenido un comportamiento desigual. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que supone un 7 % del valor escriturado de los inmuebles que se venden, pasa de 38 a 51,2; aunque sigue lejos de la previsión de 152,4. Mientras tanto, el de Actos Jurídicos Documentados, que se aplica al acto de escriturar, queda congelado en 17,9; menos de la tercera parte de los 56 consignados en el capítulo de ingresos de las cuentas autonómicas.

Más ingresos por el ladrillo

La evolución del PIB lleva unos meses poniendo de manifiesto el incremento de la actividad en el sector inmobiliario y en el financiero, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre el riesgo de que la economía aragonesa esté generando una nueva burbuja inmobiliaria como la que provocó el inicio de la crisis en 2008.

También ofrecen un comportamiento contradictorio dos de los impuestos que suelen tomarse como indicadores de la tendencia de las actividades industrial y comercial. El que grava el consumo de electricidad cae de 35,5 a 31, mientras el que se aplica al gasto de hidrocarburos sube de 132,5 a 147,6. En ambos casos se sitúa ligeramente por encima de las previsiones anuales, que se situaban en 60,6 y 288,3, respectivamente.

Los ingresos generados por varios impuestos siguen claramente por debajo tanto de las previsiones como de los datos del año anterior, según se desprende de las respuestas de la Consejería de Hacienda a una batería de preguntas parlamentarias del diputado autonómico Antonio Suárez (PP), que se interesó por la evolución de la recaudación en el primer semestre de este año.

Retroceso en los ingresos por algunos impuestos

El Impuesto de Sucesiones, que grava las herencias, generó de enero a junio 37,9 millones, muy por debajo, pese a haber generado derechos por casi 17 más, de los 168,9 presupuestados y de los 58 ingresados el año anterior.

Y también resulta destacable la caída de otro que actúa como indicador del consumo, el impuesto del tabaco, que se desplomó algo más del 13 % al pasar de 71,2 a 61,9 en los primeros seis meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. El tributo sobre las bebidas alcohólicas se mantiene estable en 7,3 millones –aunque con un ligero descenso desde los 7,5 de 2014- mientras el de la cerveza repunta ligeramente al pasar de 2,24 a 2,46.

La leve animación de la actividad económica ha tenido, no obstante, efectos balsámicos para las estrecheces financieras de las arcas autonómicas. Las cuatro principales fuentes tributarias de ingresos (IVA, IRPF, Transmisiones e Hidrocarburos) aportaron en el primer semestre de este año 109 millones más que en el mismo periodo de ejercicio anterior. Sin embargo, el retroceso en el Impuesto de Sucesiones y en los que gravan los consumos de electricidad y de tabaco suman, en su conjunto, una merma de casi 34 sobre las previsiones presupuestarias.

El Gobierno de Aragón ha llevado a las Cortes una reforma tributaria con la que pretende aumentar los ingresos de la Comunidad en algo más de 100 millones al año. Su tramitación podrá a prueba la capacidad negociadora del Ejecutivo PSOE-CHA, ya que el centro-derecha –PP, PAR y Ciudadanos- la rechaza por su intensidad, mientras, por la izquierda, tanto Podemos como IU le ponen reparos por su baja magnitud.

Después de las pasadas elecciones autonómicas, Luisa Fernanda Rudi perdió el bastón de mando del Gobierno de Aragón y, por lo visto, también su interés por aparecer en Twitter. Pasado el 24 de mayo, la ahora senadora solo ha actualizado su perfil en dos ocasiones (27 y 28 de mayo), con motivo de la visita del rey Felipe VI al Centro de Adiestramiento “San Gregorio”, de Zaragoza.

La repentina desaparición de la expresidenta de la Comunidad de Twitter llegó después de unos meses de muchísimo movimiento. Solo entre el 1 y el 24 de mayo actualizó su perfil en casi 450 ocasiones. Tamaña actividad puede resultar lógica teniendo en cuenta que estaba en plena campaña electoral. Su principal contrincante, y a la postre presidente, Javier Lambán, tuiteo o retuiteo algo menos de 400 veces.

Lo que llama la atención es el descenso en picado. De 450 actualizaciones en mayo, a cero en junio, julio y lo que va de agosto. Es obvio que Rudi usa esta red social como arma política a utilizar en los meses previos a unas elecciones. Cuando hay que buscar votos. Desde el mes de marzo, con 113 tuits o retuits, la presidenta del PP en Aragón ya se puso manos a la obra.

En 2014, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, recibió 100 quejas relacionadas con la dependencia. De ellas, 20 estaban formuladas por familiares de personas que, con el grado de dependencia reconocido, fallecieron sin recibir ningún tipo de prestación. Los escritos los envían los herederos para reclamar las cantidades devengadas no percibidas.

Algo tan grave como morir sin recibir ni un euro de una prestación que se tiene reconocida por ley es, desgraciadamente, habitual en España. Según el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, desde 2012 han perecido 100.000 personas en estas circunstancias. En Aragón, los únicos datos que hay al respecto son los del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas que cifraba en 3.000 los aragoneses muertos, entre 2012 y 2013, mientras esperaban las ayudas.

El estudio del Observatorio desmonta el nuevo milagro económico, que un ufano Cristóbal Montoro había vendido, solo un día antes, en la presentación del Proyecto de Presupuestos. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales está estudiando la posibilidad de denunciar al Gobierno de Mariano Rajoy por “incumplimiento doloso (de manera intencionada) de la Ley”.

Volviendo a la Comunidad, de la veintena de quejas hay algunas en las que el dependiente fallecido tenía ya aprobado el Programa Individual de Atención (PIA) y otras en las que estaba en periodo de estudio. Sí tenía reconocido, en todos los casos, un grado de dependencia.

La respuesta del Gobierno de Aragón ante la petición de información del Justicia suele ser la misma: con PIA aprobado, se reconoce el derecho de los herederos a recibir las cantidades correspondientes, aunque dejan claro que “no es posible determinar el plazo real en que se puede percibir dicho pago”.

Cuando el Programa estaba en fase de análisis, la contestación tipo es que “las personas que tuvieran reconocido un grado de dependencia, y que fallecieran con anterioridad a la resolución de reconocimiento de la concreta prestación, no tendrán la condición de persona beneficiaria”.

Hay ejemplos que llaman especialmente la atención, como el caso de un expediente que se dio de alta en el Justicia de Aragón el 30 de enero de 2015 (es decir, no está incluido en los veinte): se refiere a un señor que falleció el 21 de enero de 2014, mientras que el primer reconocimiento de su dependencia es del 23 de mayo de 2011. Casi tres años en los que recibió tres valoraciones, pasando de grado 1 a grado 3 de dependencia. Y en los que dispuso de tres PIAs, de los que dos no fueron aprobados (se desconoce la razón), y el tercero ya no llegó a resolverse por el fallecimiento.

Aragón tiene la tasa de desatención más alta de España

Si las cifras desde una perspectiva estatal son muy malas, las que conciernen exclusivamente a Aragón son nefastas. Con el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi (PP), la Comunidad ha alcanzado la tasa de desatención más alta de toda España (30,9 %). Esta, para más inri, se puede elevar al 47 % con la incorporación de los dependientes moderados a 1 de julio.

No debería estar contento el exconsejero de Sanidad del Ejecutivo autónomo, Ricardo Oliván, sabiendo que en los últimos cuatro años la Comunidad perdió un 31,6 % de atendidos. Tampoco le satisfará saber que el informe del Observatorio califica la situación de Aragón como “tremendamente preocupante” porque no existe “ni un solo parámetro en positivo”.

El Gobierno central ha decidido finalmente recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, aprobada en noviembre por una unanimidad de los cinco grupos parlamentarios de la anterior legislatura, y con la que la Comunidad autónoma pretendía regular la normativa sobre gestión de los recursos hídricos en la Comunidad. Lo hace un mes después de que Luisa Fernanda Rudi (PP) dejara de ser la presidenta autonómica.

El grueso de los preceptos recurridos, según anunció ayer La Moncloa tras el Consejo de Ministros, se refiere a la gestión de la llamada reserva estratégica, un concepto teórico pero incluido en el Estatuto de autonomía –a propuesta del PP en 2007- que, en la práctica, supondría que la Comunidad autónoma tendría capacidad de decisión sobre un volumen de 6.550 millones de metros cúbicos de agua que suponen la totalidad del agua que cabe en los embalses de la Comunidad y la que cabría en los pantanos incluidos en el ya desfasado Pacto del Agua de 1992, más una suma de 850 hectómetros anuales que el Plan Hidrológico sitúa en la Junta de Explotación del Bajo Ebro.

Los artículos denunciados se refieren, mayoritariamente, a la gestión de ese volumen de agua, aunque el recurso también afecta a los de carácter ambiental. Entre estos destaca el 19.c.3, que otorga al Instituto Aragonés del Agua la gestión de las reservas naturales fluviales.

La disputa de las reservas fluviales

Este punto, que aparentemente se refiere a un asunto de carácter ambiental –“ preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana”-, lleva años enfrentando a Aragón con el Gobierno central. En  la práctica, supone el poder de decidir en qué tramos de río puede ser aplicada esa figura de protección, que veta prácticamente en su entorno cualquier actividad productiva. Y eso, cuando entre los ríos candidatos a recibirla se encuentran los que transcurren por el corazón de grandes proyectos urbanísticos como la unión de varias estaciones de esquí, trasciende las cuestiones meramente conservacionistas o referentes a la calidad de las aguas.

El Plan Hidrológico del Ebro, aprobado cuando Miguel Arias Cañete ocupaba la cartera de Medio Ambiente, señala trece tramos de ríos que discurren por la Comunidad autónoma y cuya longitud suma 200 kilómetros como susceptibles de ser declarados reserva fluvial. De la lista con la que, años antes, comenzó a trabajar el equipo de Cristina Narbona, se cayeron otros trece que tenían más de 300 kilómetros.

Desaparecieron, entre otros, la cabecera del Ésera –vinculada a la del Garona- y la Canal Roya y la Canal de Izás. La conservación de los dos últimos resulta clave para el proyecto de unión de las estaciones de esquí.

¿Competencias estatales o autonómicas?

El Gobierno central ha decidido impugnar 19 preceptos de la ley al considerar que todos ellos “otorgan a Aragón competencias exclusivas, así como competencias asumidas por transferencia o encomienda del Estado, en materia de aguas intra e intercomunitarias”, además de darle a la Comunidad autónoma “competencias exclusivas en materia de determinadas obras públicas” en las zonas de su territorio que forman parte de las cuencas del Ebro, el Tajo y el Júcar. Estas, según sostiene La Moncloa, “son competencia exclusiva y plena del Estado”, que en la  referencia del Consejo de Ministros apela al principio de unidad de cuenca.

Algunas propuestas de la ley aragonesa, añade, “solo pueden ser posibles en el marco de la legislación estatal y por una decisión del Estado que respete el principio de unidad de cuenca e impida una gestión fragmentada del agua”.

El Estatuto de autonomía, no obstante, confiere a Aragón amplias competencias en materia de gestión de los recursos hídricos y de los espacios naturales. El Tribunal Constitucional deberá deslindar su vigencia.

El recurso llega después de que el Ministerio de Medio Ambiente que dirige Isabel García Tejerina, objeto de duras críticas en Aragón por su inoperancia en asuntos como los vertidos de lindano del río Gállego, no lograra un acuerdo sobre los puntos de discrepancia con el Gobierno de Aragón en la Comisión Bilateral.

Un cuarto de millón de euros provisionados por el anterior equipo de gobierno (PSOE) para pagar sentencias firmes cuyo valor es de 44.817.270 euros. Ese es el panorama que se ha encontrado el actual Ejecutivo municipal (Zaragoza en Común) tras los primeros informes de la auditoría interna que encargó hacer el pasado 20 de junio. Pero hay más, de las sentencias para 2016 prevén que emanarán otros 45.365.191 euros. Es decir, más de 90 millones de euros de deuda.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha señalado que para hacer frente a esta situación, que les “ha venido dada”, han decidido pedir más de 90 millones de euros a un Fondo de Impulso Local, creado el pasado mes de junio por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Este fondo conlleva un interés fijo del 1,3 % anual, la operación es a diez años (hasta 2025) y tiene dos de carencia. Para poder acogerse a él, el Ayuntamiento de Zaragoza deberá consignar una cantidad en los presupuestos de 2016, para un fondo de contingencia, del 1 % de los gastos no financieros que hay en los presupuestos actuales, en concreto, 6.278.000 euros.

El primer edil ha dejado claro que esto “no comprometerá el plan de ajuste económico al que está sometido el Ayuntamiento”. El fondo, dice el alcalde, es un mero parche que les limita la holgura para hacer políticas que enfrenten a la crisis. No les satisface recurrir a él, pero es su obligación. Aprovechó también Santisteve para lanzar un mensaje a quienes les acusan de solo hacer gestos y no política: “Estamos trabajando”, y la detección de estas carencias, así como los 2 millones de euros suplementarios destinados a ayudas de emergencia, “lo demuestran”.

Santisteve también ha criticado que la provisión anterior fuera de solo 250.000 euros, cuando la contingencia actual era “conocida o, al menos, previsible”. La persona encargada de las cuentas en la anterior legislatura fue Fernando Gimeno, actual consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón.

La sentencia más antigua es de 1997

La sentencia más antigua es de 1997, cuando Luisa Fernanda Rudi (PP) era alcaldesa de Zaragoza, y corresponde a las expropiaciones del entorno urbanístico del Puente de Hierro. Los propietarios de esos suelos no estaban conformes con el justiprecio acordado y acudieron a los tribunales reclamando 4.900.000 euros. La sentencia firme en estos momentos les ha dado la razón y obliga al Ayuntamiento a pagar esa cantidad más 5.500.000 euros de intereses. Es decir, 18 años para pasar de 4,9 a 11,4 millones.

Después de la expresidenta de Aragón, tomaron el bastón de mando José Atarés (también popular), y desde 2003 hasta 2015 Juan Alberto Belloch (PSOE).

El actual alcalde ha dado dos razones principales para que se haya acumulado tan ingente cantidad en concepto de deuda. En primer lugar, la lentitud de la justicia, “provocada por la miseria económica a la que está sometido el poder judicial”. Por otro, el hecho de que en el Ayuntamiento de Zaragoza se haya usado la táctica de la “huida hacia adelante”: cuando no había dinero para pagar algo, ha comentado, se recurría y era como si la deuda desapareciese. “Los servicios jurídicos de este Consistorio han sido una vía encubierta de financiación”, ha afirmado.

Por ello, un porcentaje muy alto de la deuda dimana directamente de los intereses. En total son 38 sentencias firmes a fecha 27 de julio del año actual, que dan un total de 44,8 millones de euros, de los que 19,9 son en concepto de intereses. Algo que sucede, ha comentado Santisteve, porque se han recurrido sentencias de “difícil encaje jurídico”. En los 45 millones que prevén para 2016, el porcentaje de intereses será muy similar, ha apuntado el consejero de Economía, Fernando Rivarés.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha decidido no seguir adelante con la demanda que interpuso contra la expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, después de que esta lo calificara de “defensor de los asesinos” en un mitin electoral. El primer edil ha enviado una carta a Rudi en la que le explica por qué ha tomado la decisión de “no articular formalmente” la demanda instada contra ella.

En la misiva, Santisteve asegura que no desea causar molestia alguna a la expresidenta, después del “honesto reconocimiento” que para él significa que esta haya manifestado su idea de retirarse de la primera línea política, “asumiendo la derrota infligida en las urnas”. Dice el alcalde que no quiere arrastrar cuentas pendientes de la campaña electoral que puedan empañar su “decidida disposición al diálogo”. Aunque no olvida que no ha recibido ninguna disculpa ni de Rudi, ni de su partido.

Se muestra contrario a la “judicalización de la política”, pero fue la única alternativa, comenta, que le dejaron para “frenar comportamiento infamantes” hacia su persona, y “desvincular tales maniobras de claro contenido electoralista del necesario debate entre ideas que debe primar en una campaña electoral”.

El nuevo alcalde de la capital aragonesa afirma que le parece “lamentable y penoso” que, después de 30 años de vigencia de la Constitución, “la clase política no se haya sabido dotar de unos códigos éticos que le hubieran ahorrado mucho trabajo al poder judicial”. En este punto de su escrito recuerda que lo primero que hicieron en Zaragoza en Común fue someter su actuación “de forma voluntaria a un estricto código ético firmado ante notario”.

Santisteve destaca que la vocación de servicio público de su partido es predicar con el ejemplo, y no, dice, “con la palabra sistemáticamente incumplida como han hecho ustedes”. La retirada del procedimiento es una aportación “en la línea de ser más humildes en el servicio a la ciudadanía”, señala el alcalde, que confía en que todos “se contagien con esa voluntad de transformación que ha expresado la ciudadanía en las urnas”.

El Gobierno de Aragón, presidido en funciones por Luisa Fernanda Rudi, es el que más tarda en pagar a sus proveedores. Según los datos hechos públicos por Hacienda, el Periodo Medio de Pago (PMP) a proveedores en la Comunidad en abril fue de 109,73 días. Lo que supone un descenso del 6,08 % (7,10 días) respecto a los datos de marzo de 2015.

Durante los últimos seis meses, el PMP en Aragón ha llevado, en general, una línea ascendente: 88,48 días en noviembre de 2014; 84,11 en diciembre del mismo año; 103,37 en el primer mes del año actual; 112,48 en febrero de 2015 y 116,83 en marzo del año en curso.

Junto con la Comunidad aragonesa, las otras tres administraciones que están por encima de la media nacional (52,83 días) son Extremadura, 105,46; Comunidad Valenciana, 92,56, y Andalucía con 54,75 días. En líneas generales, el PMP se ha reducido en 6,90 días respecto a marzo de 2015.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha apremiado en diversas ocasiones a estas comunidades para que hagan efectivo el pago de sus facturas pendientes, aunque, de momento, parece que no ha surtido el efecto deseado.

Por corporaciones locales, en Aragón el Ayuntamiento de Zaragoza es el único que se sitúa por encima de la media del Estado (31,47) ya que su PMP es de 37,13. La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) paga a sus proveedores a los 4,83 días. La Diputación Provincial de Huesca (DPH) abona las facturas a sus proveedores con 15,05 días de adelanto respecto al plazo máximo permitido por la Ley. El Consistorio de Huesca lo hace también con adelanto, en concreto de 8,26. El Ayuntamiento de Teruel, por su parte, tiene un PMP de 30,44 días y la Diputación Provincial de Teruel (DPT) de 0,72.

Es, quizás, el síntoma más acusado de que corren tiempos de cambio en la política aragonesa: José Ángel Biel deja hoy, 32 años y 26 días después, su escaño en las Cortes de Aragón. Este exfuncionario de la Seguridad Social de 69 años, cuyo rasgo físico más característico es una disfemia cada vez menos aparente, nació como icono donde comenzó el declive del PAR: en la moción de censura que llevó al socialista José Marco a la presidencia de la DGA. Puede que él no lo sepa, pero sí lo recuerda Ángel Cristóbal Montes, que entonces presidía las Cortes y que, hace unos días durante la presentación de un libro, reveló este episodio.

Ocurrió en septiembre de 1993, tras la enésima visita de Cristóbal Montes a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para tratar de convencer a su presidente de que desistiera de una iniciativa que, valoraciones éticas sobre el apoyo del tránsfuga del PP Emilio Gomáriz al margen, iba a desalojar del Pignatelli al Gobierno que presidía el PAR con el apoyo del PP, del que él formaba parte. Casi lo logra.

Eiroa: “no puedo dejarle en la estacada”

Marco, explicó, accedió a “una transacción”. Retiraría la moción si Eiroa cumplía una de estas dos condiciones: cesar a su consejero de Presidencia, a la sazón Biel, o abortar el convenio por el que Antena 3 iba a emitir, en desconexiones de cuatro horas diarias, una embrionaria televisión autonómica que iba a alterar el reparto del pastel publicitario en Aragón. Pero Eiroa no aceptó: “había firmado libremente” el convenio y “yo no puedo dejar en la estacada a José Ángel Biel”, fueron sus respuestas.

Ahí comenzaron la vertiginosa decadencia de Marco, el breve ascenso del PP del cambio de siglo y el sostenido declive del PAR, inversamente proporcional al ascenso de un José Ángel Biel, que en 1999 aupó al Pignatelli al socialista Marcelino Iglesias en un arriesgado movimiento (la mayoría de la coalición dependía del “diputado 34” de IU) para, 12 años después, sumar con los conservadores de Luisa Fernanda Rudi. Hoy cesa como presidente de las Cortes.

El acuerdo Biel-Iglesias dio aire a los aragonesistas cuando el PP de Aznar engullía partidos locales por todo el país. Y le permitió, con su plan de comarcalización, establecer la estructura orgánica de fuerte arraigo rural que le mantiene vivo. A finales de la pasada legislatura, el turolense se refería a su partido como “el clavillo del abanico”. Estaban por llegar la salida del Ayuntamiento de Zaragoza, la coalición con el PP, el abandono de la formación por una parte de los críticos de Javier Allué tras las convulsas primarias, el paso atrás del sector de Alfredo Boné y la reducción del grupo parlamentario a seis diputados con Arturo Aliaga.

La asamblea de Montalbán

Biel hizo bandera del aragonesismo años después de haber jugado, en la transición, un papel clave para cercenar los anhelos identitarios de la comunidad. Ocurrió el 3 de febrero de 1980 en Montalbán, donde pidió a la asamblea de alcaldes turolenses de UCD que forzaran un Aragón de vía lenta cuando el sentir mayoritario (y la izquierda) reclamaba un Estatuto de primera, acorde al borrador de 1936. La maniobra surtió efecto, para recocijo de aquel Madrid que, ya de mayor, veía tan jacobino.

Biel era entonces, como miembro del Partido Demócrata Cristiano, senador turolense de UCD en la primera legislatura constitucional, cargo que compaginó con la secretaría del Gobierno preautonómico y que había encadenado con el de diputado en las Cortes constituyentes. Poco después, en la primavera de 1983 y tras haber sido vicepresidente de la asamblea de parlamentarios aragoneses, se pasó al PAR, Partido Aragonés Regionalista.

En noviembre de ese año, su presidente, Hipólito Gómez de las Roces, proclamó que «el PAR es un partido de opción territorial, moderado y de centro, dispuesto a aceptar en sus filas a quienes sean de derechas y a quienes se supongan de izquierdas“. Biel, que el día 6 cerró sus doce años como presidente del partido, ya estaba en casa.

Otra conversión: el extrasvasado antitrasvasista

Treinta y ocho años dan para mucho. Dan para acertar, errar, reafirmarse y contradecirse muchas veces y en asuntos dispares. Dan para presidir el legislativo y encabezar una delegación del ejecutivo ante el Estado; dan para compatibilizar la bandera del antitrasvasismo y el alarde de convertir a sus partidarios con el visto bueno a la transferencia si las aguas son captadas en la desembocadura; dan para hacer bandera del agua tras haber sostenido al Gobierno central que plantó en Tarragona el tubo del ministrasvase; dan para proponer un metro suburbano de cinco líneas en una ciudad cuyo subsuelo acumula milenios de historia y amplios acuíferos aluviales; dan para erigirse en el adalid de Gran Scala, calificarlo como “el proyecto más importante para Aragón” desde las bodas de doña Petronila y llamarse andana cuando se desvaneció; y dan, también, para avalar el desmesurado (y sospechoso) desarrollo urbanístico de La Muela en la época de su conmilitona Mariví Pinilla, acusada de varias decenas de delitos de presunta corrupción.

Biel, que durante más de una década controló un PAR históricamente bien conectado con los poderes financieros (es notoria su buena relación con ejecutivos como el también turolense Manuel Pizarro) y los grupos empresariales locales (aunque su relación personal fue más que tirante en algunas épocas y episodios), siempre mimó a su Teruel natal, dotado ahora de un aeródromo para desguazar aviones, un circuito de motociclismo de coste desconocido y un parque paleontológico llamado Dinópolis.

El apodo de “bielosaurio” le viene de su longevidad en lo público y su querencia por proyectos como este último. Está fuera de duda que su capacidad de adaptación y supervivencia en el planeta política supera a la de los dinosaurios en Gaia, aunque también es cierto que nunca se expuso al impacto de meteoritos. ¿Qué hará Biel a partir del 18 de junio? ¿Tendrá algo que pactar? Poca gente lo sabe. Menos, quizás, que el secreto de la moción.

El PP hizo mucho daño y es esperanzador que los aragoneses hayan jubilado a Luisa Fernanda Rudi este pasado 24 de mayo, pero nada tiene esto que ver con su programa de 2011, ni con su cumplimiento o incumplimiento. Estamos hablando de un documento vacío; estamos hablando de un texto en el que el nivel de ambigüedad es tan estratosférico que no compromete prácticamente a nada a quien lo firma.

En este enlace lo podéis consultar íntegro si tenéis tiempo, ganas y un puntito de masoquismo. Además de que una búsqueda de la palabra “desahucios” sólo da como resultado el vacío más absoluto, encontraréis “medidas” tan concretas como la 435:

Pondremos atención en aquellas personas que se ven particularmente dañadas por la crisis económica y están empezando a conocer las nuevas formas de marginación y pobreza.

“Pondremos atención”... Sí, “Pondremos atención”. Mucha atención.

Siendo generosos, estamos ante poesía de mala calidad. Siendo realistas, es simplemente un cheque en blanco.

La lógica siempre ha sido: Confiad en nosotros, votadnos, dadnos el poder y luego haremos lo que nos dé la gana durante cuatro años. Para ello, lo mejor es obviamente que no nos comprometamos a nada concreto.

Es además una lógica que se combina con la sumisión total y vergonzante de los viejos partidos a los grandes poderes económicos; a esa minoría de la población, a ese puñado de personas que lo tienen todo y tienen cada vez más. [Si pensáis que exagero, Intermon Oxfam ha calculado en España, la riqueza de las 20 personas más ricas (77.000 millones de euros) es equivalente a la renta del 20% de las personas más pobres: algo más de 9 millones de personas.]

Un partido de mayordomos de los ricos, un partido que sabe que va a gobernar para los privilegiados, obviamente, no lo puede decir ni lo puede poner en su programa. Pero tampoco puede comprometerse a lo contrario. Si no, el fraude sería obvio y nunca estarían más de una legislatura en las poltronas institucionales.

¿La solución? Poesía, ambigüedad y cheques en blanco.

En estas elecciones lo hemos vuelto a ver. No parece, desde luego, que haya habido propósito de enmienda por parte de los viejos partidos más allá de los discursos. Es un buen ejercicio comparar los programas para Aragón del PP, del PSOE y de Podemos, buscando compromisos reales y concretos más allá de la poesía.

¿Y en las conversaciones post-electorales para decidir las investiduras? Pues… más de lo mismo.

En Andalucía, se ponen tres medidas de coste cero, sencillas y de sentido común y Susana Díaz dice que no. ¿Por qué? Porque tocan los intereses de los bancos a los que el PSOE debe más de 70 millones de euros y las redes clientelares que ese mismo partido ha enterrado en el suelo andaluz durante más de 35 años de cortijo. Porque son medidas concretas y obligan a que el gobierno se comprometa con la gente. Por eso dice Susana Díaz que no.

Llega Ciudadanos y la cosa es distinta. Ciudadanos pide a Susana condiciones de regeneración democrática que son tan de mínimos que deberían ser de automático cumplimiento, añade también algunas condiciones concretas (todo hay que decirlo) en sanidad y educación, pero olvida los desahucios y pedir nada que moleste a la gran banca y a los caciques. Eso Susana Díaz —como Cristina Cifuentes— no tiene ningún problema en firmarlo.

En Aragón está ocurriendo algo parecido.

PODEMOS presenta a las demás fuerzas un decálogo, en el que selecciona 10 medidas concretas después de haber consultado a los círculos y a la sociedad civil. Entre ellas, una que habla de los desahucios:

Las entidades financieras que suscriban acuerdos de colaboración con la Diputación General de Aragón o sus entidades y empresas públicas dependientes, deberán demostrar su cumplimiento anterior y su compromiso de cumplimiento a futuro con los estándares internacionales en materia de desahucios.

En particular no podrán provocar desahucios de vivienda habitual sin alternativa habitacional a personas en dificultades ni generar situaciones de exclusión derivadas de las deudas hipotecarias.

En el caso de convenios vencidos que aún no han sido denunciados por ninguna de las partes, éstos quedarán automáticamente finalizados y condicionada su renovación a dicho cumplimiento. En el caso de convenios pendientes de vencimiento, se iniciará de inmediato un procedimiento de revisión de cada uno de los convenios según los mismos criterios. En relación a aquellas entidades financieras que no quieran comprometerse a cumplir con los estándares internacionales en materia de desahucios, se hará pública esta negativa y quedará reducido el contenido de los convenios al mínimo legalmente exigible, vaciando al máximo las cuentas, depósitos y otros activos que en esas entidades tuviese abiertas la Diputación General de Aragón o sus entidades y empresas públicas dependientes. Las revisiones y los vaciamientos pertinentes habrán de concluirse antes de 3 meses de la formación del nuevo gobierno.

Se arbitrará un procedimiento de inspección y control que revisará los convenios y el cumplimiento de los estándares internacionales, colaborando, en este último aspecto, con las plataformas sociales (como la PAH o Stop Desahucios) que trabajan en este ámbito.

El PSOE plantea 58 puntos telegráficos entre los que podemos leer:

Garantizar de manera efectiva la protección en el uso de la vivienda, afrontando el drama humano de los desahucios.

¿“Afrontando” cómo?

Sorprende que, ante este contraste, el PSOE diga que “hay que descender un poquito más” y concretar las propuestas. Pero sorprende aún más que las viejas lógicas tarden tanto tiempo en morir.

La ciudadanía se ha cansado de las palabras vacías y los cheques en blanco, de las etiquetas y de los repartos de sillones sin compromisos. Quien quiera gobernar, tendrá que demostrar una voluntad real de cambio asumiendo condiciones concretas y vinculantes que pongan la dignidad de la gente antes que los privilegios de unos pocos.

La lógica ha cambiado.

Pocos días antes de las elecciones locales y autonómicas, el 22 de mayo, el Gobierno de Aragón hizo público el reparto del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de la convocatoria de 2015 tras aprobarlo en Consejo de Gobierno. Un 27,5% estará destinado a apoyar iniciativas empresariales. La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, daba como fecha el pasado martes para la firma del convenio, y en Teruel, después de que en los últimos años se hubiera celebrado en Madrid; pero la resaca del 24M ha dejado en el aire el acto.

Este fondo nació con la denominación de “especial”, porque así se consideraban las circunstancias de la provincia de Teruel, que a pesar de la escasa población y la dispersión territorial, se quedó fuera de las ayudas que concedía la Unión Europea a las regiones desfavorecidas incluidas dentro del Objetivo 1. El FITE se puso en marcha en 1992 y desde entonces el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central han invertido más de 814 millones de euros en la provincia.

Gracias a este fondo son una realidad proyectos denominados “estratégicos” por su efecto arrastre en la economía, como el parque científico y de ocio en torno a los dinosaurios, Dinópolis, el aeropuerto de la capital, las estaciones de esquí o el circuito de velocidad de Motorland en Alcañiz.

Con la crisis económica de los últimos años, las ayudas se están dirigiendo más al sector privado para “liderar la recuperación económica y del empleo”, como decía Rudi durante la última presentación oficial del fondo que se hizo en Teruel en 2014.

Esta se celebró ya en agosto, acumulando un retraso que ha lastrado la ejecución de los proyectos, según han criticado los partidos de la oposición y agentes sociales, y que el Partido Popular ha justificado por cambios en la tramitación que hicieron que el FITE de la convocatoria de 2012 no se presentara hasta el mes de diciembre de ese año.

Críticas de los demás partidos

El retraso en la firma de los convenios bilaterales por los que se autoriza esta inversión no es la única crítica que reciben estos fondos. Los socialistas, ahora en la oposición, CHA o Izquierda Unida, han criticado que los fondos se utilicen para que el Gobierno central “evite” inversiones y gastos que tendrían que salir del presupuesto propio, como los destinados a colegios, equipamientos locales, prevención de incendios o infraestructuras como carreteras. Y, especialmente, deudas y gastos corrientes de algunos de esos proyectos estratégicos como Motorland y otras sociedades públicas. Mientras, los Presupuestos Generales del Estado destinados a Teruel descienden cada año, en asignación y en ejecución real.

Otra de las críticas, que ha acabado incluso en los tribunales, ha sido el reparto de esos fondos, que no se ha sometido a convocatoria pública ni atiende a criterios objetivos.

Izquierda Unida denunció en su día esta distribución ante el Justicia de Aragón porque en su opinión se han repartido los fondos con “criterios partidistas que han favorecido a unos municipios por encima de otros”, en palabras del diputado Luis Ángel Romero.

También la Fiscalía de Teruel abrió una investigación sobre el reparto de estos fondos a partir de una denuncia del partido Compromiso por Aragón, formación que surgió de una escisión del Partido Aragonés. Chunta Aragonesista denunció el reparto como “un botín” del FITE, “que se juntan a escondidas, como si lo ingresaran a sus partidos” explicaba el presidente de CHA, José Luis Soro.

A los reproches políticos se han sumado los de las organizaciones empresariales, que llevan años pidiendo formar parte de la toma de decisiones, con voz, al menos, aunque sea sin voto, para que el fondo sirva para contener la destrucción de empleo y reactivar la economía.

Tanto el PAR como el PP han defendido que los acuerdos sobre la distribución de los fondos están sometidos a la fiscalización previa de la intervención general de ambas administraciones y “cumplen con la normativa jurídica”.

“Somos ambos gobiernos quienes, en el ejercicio de nuestras funciones, acordamos priorizar unas u otras actuaciones”, ha asegurado Rudi sobre esta polémica, algo con lo que “se podrá estar de acuerdo o no, pero gobernar consiste precisamente en eso”.

Así y todo, la realidad es que en la convocatoria de 2014 se incluyó por primera vez que los recursos para ayuntamientos -los más criticados por haber permitido inversiones “desproporcionadas” a juicio de los críticos, como pabellones deportivos en pueblos de unas decenas de habitantes- se repartieran a través de una convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva donde se valora con más puntuación a los municipios más pequeños. Eso llevó a que las peticiones cuadruplicaran el presupuesto de 4 millones de euros.

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 19 de Zaragoza ha convocado para el próximo día 5 de junio a la presidenta del Gobierno de Aragón y del PP autonómico, Luisa Fernanda Rudi, para el acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias por parte del alcaldable de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve.

En el acto, previo al inicio de acciones legales por la vía penal y al que no es obligatorio comparecer, Rudi deberá ratificarse en sus declaraciones o retractarse de ellas. El primer supuesto y la incomparecencia abren la puerta a presentar la querella, a la que no habría lugar en el segundo siempre que se produjera el pago de la indemnización testimonial de un euro que reclama Santisteve.

La denuncia sostiene que Rudi acusó hace unos días a Santisteve, en un mitín celebrado en la capital aragonesa, de “defender a los asesinos”. El cabeza de lista de Zaragoza en Común apunta que siempre ha “condenado el terrorismo”.

Con una tractorada, los agricultores y ganaderos turolenses se manifestaron la pasada semana en la capital de la provincia, de nuevo, para denunciar que el Gobierno de Aragón no ha defendido sus derechos ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y ante Europa para que la Política Agraria Comunitaria (PAC) deje de tratarles como “agricultores de segunda clase”.

Luisa Fernanda Rudi y su consejero del ramo se escudan en que no tienen competencia ni capacidad para cambiar nada y emplazan a la negociación de 2016 para plantear las modificaciones, mientras anuncian medidas compensatorias que no satisfacen a los agricultores que, aseguran, no piden dinero sino justicia.

La situación no es nueva, porque los pagos directos que reciben por la producción siguen los mismos criterios desde 1992, y esos criterios, dicen, les han hecho cobrar 20 millones de euros al año menos que lo que reciben otros compañeros en las mismas condiciones en provincias vecinas como Zaragoza o Valencia.

Pero la diferencia es que “esta vez la reforma de la PAC daba pie, margen suficiente, para hacer las modificaciones” que acabaran con esa desigualdad, según denuncia Roberto Sanz, miembro de la Ejecutiva de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA).

Contesta así a la presidenta de Aragón, que hace menos de un mes, en la celebración del Día de la Comunidad en Teruel, volvía a decir, como ha hecho su consejero, que el Gobierno de Aragón no tiene competencias para hacer modificaciones en la aplicación de la PAC, y les reprochaba que los criterios de reparto se vienen aplicando desde 1992, “sin que hasta la fecha se hubieran alzado beligerantes voces en su contra”.

Los agricultores, que se han anunciado bajo la plataforma Agrigate, para dar una imagen de unidad más allá de los sindicatos agrarios, niegan intenciones electoralistas en sus demandas, que llevan meses exponiendo, y de hecho van a aparcar sus reivindicaciones durante el periodo electoral. Pero reclaman que de las urnas salga “un Gobierno de Aragón valiente que mande una propuesta a Madrid” para cambiar los estratos que discriminan a Teruel, según Sanz.

Los agricultores turolenses reciben 78 euros por hectárea

La raíz del problema está en que la provincia de Teruel, de manera completa, está calificada en el estrato 3, que reconoce poca productividad, similar a zonas desérticas, y los pagos directos de la PAC van en función de esa calificación que se mantiene inamovible desde 1992, independientemente de la producción actual. En la práctica supone que los agricultores turolenses reciben 78 euros de ayuda por hectárea frente a los 120 de productores similares de otros lugares.

Se trata de los polémicos “derechos históricos” tan discutidos en la reforma de la PAC y que ahora, denuncian los agricultores, podían haberse modificado.

El consejero de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, siempre se ha escudado, para no ceder a las reivindicaciones de los agricultores turolenses, en que no hay un acuerdo en el sector sindical, porque la igualación de estratos, que también beneficiaría a algunas comarcas oscenses, perjudicaría a otras de la provincia de Zaragoza, y eso provocaba división sindical; habría el mismo dinero y habría que quitar a unos algo para dar a otros.

Pero los dirigentes sindicales defienden que entre sus compañeros del resto de Aragón encuentran “apoyo y solidaridad” porque “hoy hay un problema en Teruel pero mañana puede ser allí”, y reprochan al consejero que haya querido enfrentarles, según José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón y vicepresidente de la plataforma Agrigate.

Asegura que, de aplicarse, la diferencia económica es pequeña: incrementar a Teruel y bajar a ocho zonas de la provincia de Zaragoza de estratos supone 7 euros por hectárea en todo el periodo, explica el líder sindical. Es decir, en una explotación media de 100 hectáreas, unos 700 euros menos en cinco años.

“No queremos recibir más dinero, ni menos, queremos cobrar igual que los demás por nuestro trabajo, lo justo, que cobre el que sube al tractor” añade este líder sindical y, por eso, no aceptan las “medidas compensatorias” planteadas por el Gobierno de Aragón en forma de ayudas agroambientales “que en algunos lugares se están cobrando ya y que además son incompatibles unas con otras”, apunta. En todo caso, según Roche, no compensan las pérdidas.

Los agricultores han llevado el tema a las calles en forma de manifestaciones en Zaragoza y Teruel, concentraciones en diversos puntos de la provincia, a las Cortes de Aragón con una proposición no de ley que salió adelante y que no ha tenido efectos en la acción del Gobierno de Aragón. También protestaron ante la presidenta Rudi en la Feria Ganadera de Zaragoza con una pitada, acción por la que justo ahora, a pocos días de la manifestación en Teruel, les han llegado tres multas por “alteración del orden público, insultos y cierta desobediencia”, que han recurrido.

Tras estas manifestaciones públicas, los agricultores recurrieron a Bruselas para saber qué se podía y qué no se podía hacer.

Los agricultores denunciarán al Ministerio

Después de reunirse con varios eurodiputados y autoridades europeas, volvieron decididos a llevar el tema por cauces legales y han anunciado que denunciarán al Ministerio ante la Comisión Europea porque este reparto no tiene en cuenta criterios del artículo 23 del Reglamento de la Unión Europea. En este punto se contemplan como elementos para decidir la distribución cuestiones como la despoblación, la productividad y el potencial agrario o la importancia de la agricultura en la economía local. En definitiva, criterios encaminados a que las ayudas directas se distribuyan de manera más justa, poniendo fin a las referencias históricas.

Es el Ministerio el denunciado porque es el que lleva la propuesta de aplicación a Bruselas, pero los agricultores ponen el foco sobre el Gobierno de Aragón porque le reprochan no haber defendido sus derechos ante Madrid.

“Nuestra petición se podría haber atendido, pero no se ha hecho por una decisión política”, asegura el presidente de Agrigate, Julián Sancho. “Se podía cambiar, y se puede cambiar, hasta octubre de 2015, cuando se cobre la PAC”.

En otras comunidades autónomas como Madrid se ha cambiado la zonificiación, dice José Manuel Cebollada, presidente de Asaja. Además, comenta, la tendencia en toda Europa es la unificación de estratos, siguiendo el modelo de Francia, y Teruel es la única provincia entera que está en esta situación en toda Europa.

El pasado viernes 24 de abril, el Partido Popular de Aragón, con Luisa Fernanda Rudi a la cabeza, presentó en el hotel Hiberus de Zaragoza (ante 600 personas, según los datos del partido) a sus candidatos para las próximas elecciones.

Cuando le llegó el turno al actual alcalde de Teruel (y candidato), Manuel Blasco, este se vanaglorió de haber saneado el Ayuntamiento en cuatro años. Según sus palabras, lo único que hizo fue rodearse de mujeres, dejar que los hombres gastarán y, mientras tanto, hizo caso a su presidenta y se fue a tomar un café a la plaza del Torico.

Estas fueron sus palabras exactas: “Mi concejal de Hacienda y teniente de Alcalde, mujer; la de Contratación, mujer; la interventora, mujer; la tesorera, mujer; la de Gestión Tributaria, mujer, y los hombres a gastar. Pero yo me fui a  tomar café a la plaza del Torico, que es lo que nos dice la presidenta que tenemos que hacer los alcaldes, estar en la calle, y cuatro años después tengo el Ayuntamiento saneado. Ese ha sido mi mérito”.

Tras la alocución, los asistentes, entre carcajadas, le correspondieron con un sonoro aplauso.

El proyecto insignia del departamento de Cultura del Gobierno de Aragón, ‘Corona de Aragón. Historia y Arte’ no tiene un presupuesto previsto para su desarrollo, a pesar de que el programa durará hasta 2019. No hay una estimación de cuáles serán los costes que tendrán las próximas exposiciones o conferencias (para la de este año, sobre Fernando II de Aragón, se han invertido 1,5 millones). El convenio de colaboración que firmaron la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, tampoco concreta de qué forma apoyará el Gobierno central al autonómico para difundir el papel que desempeñó el Reino de Aragón en la creación de España y Europa.

Gobierno de Aragón y Ministerio “coinciden en la importancia que tiene este proyecto tanto para Aragón como para el resto de territorios que conformaron la Corona y para el conjunto de España”, según una nota de prensa enviada desde Moncloa el día de la firma del convenio, el 23 de febrero de este año. En la misma afirman que el proyecto constituye para Aragón “un motor de desarrollo integral” porque, además de exposiciones, incluye la realización de actividades científicas, culturales, de restauración del patrimonio y educativas. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo autonómico señalan que no hay una previsión de cuánto supondrá el proyecto completo ni tampoco conocen los costes aproximados de cada evento anual, en el que un personaje o un acontecimiento actuarán como eje.

El proyecto de la Corona “está pensado para que continúe en el tiempo, más allá del 2019, independientemente de los gobiernos” y “se acomodará al presupuesto de cada año” porque “una cifra, como tal, no hay”, han indicado desde el Gobierno de Aragón. La ayuda que recibirá del ministerio de Educación, según el protocolo marco, se centra en la “organización, difusión y éxito” de las distintas actuaciones. Este apoyo se definirá, según las mismas fuentes, “en función de las necesidades”. Por su parte, el Gobierno de Aragón, mediante la firma de Rudi, expone en el protocolo que “articulará los mecanismos necesarios” para que el proyecto se traduzca en “progreso y desarrollo para la Comunidad”.

En el convenio, que desde el Gobierno de Aragón definen como “una serie de pautas e intenciones”, ambas partes manifiestan su voluntad “de tomar cuantas iniciativas sean precisas para alcanzar de manera óptima los fines propuestos”. No expone cuáles son esas iniciativas ni esos fines. Sí apunta que “en caso de resultar necesario”, el desarrollo de este protocolo se sentará en convenios de colaboración específicos, sujetos a “la pertinente disponibilidad presupuestaria, de ser necesaria la misma”.

Implicación de otras comunidades españolas 

El documento que Rudi y Wert firmaron el pasado 23 de febrero también recoge el objetivo de implicar en el proyecto a otras comunidades españolas y territorios mediterráneos, que en diferentes momentos de la historia formaron parte de la Corona de Aragón, como Valencia, Cataluña, Islas Baleares, Nápoles, Córcega, Sicilia, Cerdeña, el sur de Francia y Atenas. El proyecto se ha presentado en las tres provincias aragonesas y en Barcelona, aunque, por el momento, no hay previstas otras acciones de promoción en España. Sí se ha colaborado con la embajada de Italia para la organización de la exposición ‘Un alma común. La arquitectura sículo-aragonesa’ y con instituciones dependientes del ministerio de Cultura para la restauración y préstamo de algunas piezas de la muestra ‘Fernando II de Aragón. El rey que imaginó España y la abrió en Europa’.

“En cualquier país serio, esto supondría la dimisión”. La frase, repetida en España hasta la saciedad en los últimos tiempos, corresponde en este caso al presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro. Se produce a raíz de la noticia publicada en eldiario.es, donde se informa de que el Gobierno de Aragón pagó importantes cantidades de dinero a diversos medios de comunicación.

El nacionalista pide la dimisión de Luisa Fernanda Rudi; aunque, asegura, esto no se producirá. “Ni siquiera dará explicaciones, porque lleva cuatro años escondiéndose y saliendo para la foto”.

El hecho es “gravísimo” para Soro porque supone “utilizar lo público para un fin personalista, y a las puertas de unas elecciones”. Por si fuera poco, “no trata de promocionar la comunidad, ni la Marca Aragón, solo hace propaganda de su persona, de la candidata del Partido Popular”.

Algo menos beligerante se mostró el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón, Javier Sada. Para él no es razonable que en una época de “grandes sacrificios para la ciudadanía, se destinen 84.000 euros a promocionar a Rudi en Madrid”. En su opinión, hay que ser “muy prudentes con el gasto de dinero público”, y más cuando se han afrontado “graves recortes”.

“No sé si será legal, pero, desde luego, no es ético ni estético”. Son las palabras de la candidata de Izquierda Unida (IU) a la presidencia del Gobierno de Aragón, Patricia Luquin. Aunque la DGA niegue la causa-efecto, dice, al menos en el caso de Expansión es “muy obvia”. Rechaza la utilización de dinero público y exige que se regulen este tipo de consignaciones presupuestarias para gastos de publicidad; con las que, recuerda, siempre han sido “muy críticos”. La inversión se realiza en medios “con un claro sesgo político y en las entrevistas se hace autobombo”, destaca. Luquin cree que la presidenta, o el consejero de Presidencia, “deberían dar explicaciones”.

También Pablo Echenique, candidato de Podemos, hizo una valoración. Para él, “como poco”, es criticable que Rudi “utilice dinero público para promocionar su Gobierno”. Gastar en “publicidad sobre la exposición de Fernando II o en promocinar la venta de suelo público no es lo mismo que informar sobre cómo se accede al IAI”. Eso en el mejor de los casos, pero Echenique apunta que, después de la portada de Expansión, “muchos ciudadanos podrían pensar, con razones, que este dinero se dedicó a la compra de una entrevista amable en un medio de comunicación afín”.

Curiosamente, la presidenta acudió el pasado martes por la mañana a un acto organizado por El Mundo en Madrid, en el que, entre otras cosas, aseguró que Aragón está entre las comunidades “que lideran la salida de la crisis”. Evento que recibió un considerable espacio en expansión.com.

Es un año con multitud de citas electorales. Posiblemente son los comicios más abiertos en décadas; con nuevos actores dispuestos a ejercer un papel protagonista. Y eso se nota en los políticos aragoneses. La inusitada actividad de Luisa Fernanda Rudi en la red social Twitter es buena muestra de ello.

Sin tener en cuenta los retuits, la presidenta de Aragón actualizó su perfil 113 veces durante el pasado marzo. Para saber si es una cifra inusualmente alta, o no, basta con decir que en el mismo mes del año pasado publicó solo tres tuits.

No es Luisa Fernanda Rudi una política que se exponga demasiado. Sus apariciones públicas están cuidadosamente escogidas y, por lo general, es parca en palabras. Pero llegan unos meses de pisar la calle y acelerar la actividad en las redes sociales. Las elecciones municipales y autonómicas se acercan y es necesario poner toda la carne en el asador para evitar el vuelco electoral que anuncian algunas encuestas.

La presidenta se multiplica para vender los logros de su gobierno. Así, 30 tuits estuvieron dedicados a vanagloriarse de lo conseguido. Curiosamente estas tres decenas de mensajes fueron publicados entre el 19 y el 30 de marzo, que fue el día en el que la presidenta firmó el decreto de disolución de las Cortes de Aragón y convocó, de manera oficial, elecciones autonómicas para el próximo 24 de mayo. La palma se la llevó el 20 de marzo con 17 tuits.

La histórica crecida del Ebro, obviamente, también tuvo mucho protagonismo; 28 actualizaciones se refirieron a este tema.

El accidente del avión de Germanwings (6), el acuerdo entre el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y Opel (5), la presentación de Ana Alós como candidata a la alcaldía de Huesca (5) y la Estrategia Aragón 2025 (5) fueron los otros temas más repetidos en el timeline de Luisa Fernanda Rudi.

38 imágenes, ocho localidades y 42 retuits a la Cope

Otro aspecto destacable es el número de fotografías que se incluyen en sus tuits de marzo, 38 en total. En muchas de las fotos aparece la actual presidenta en funciones del Gobierno de Aragón. Rudi viajó a Huesca, Teruel, Madrid, Illueca, Roda de Isábena, Cretas, Calatayud, Daroca y, por supuesto, desarrolló actividad en Zaragoza.

Y cuando la actualización no provenía de ella directamente, Rudi utilizaba los retuits. En ese sentido la gran triunfadora ha sido la Cope con 42, una cadena que se desplazó a Aragón para realizar La Linterna y Las Mañanas de Cope, programas donde fue entrevistada.