Durante casi un año, un religioso zaragozano acusado de abusos sexuales a menores en México estuvo colaborando en labores de la iglesia San Pío X, en La Jota, como apoyo al sacerdote y en labores de catequesis, aunque “no trabajaba con los niños, sino con los padres”, según explican fuentes de los Misioneros de la Consolata, orden a la que pertenecía este religioso. Ramón L.E fue extraditado a México el pasado mes de diciembre, ocho meses después de su detención en marzo de 2025. Sobre este sacerdote pesaba una orden de arresto desde julio de 2023 bajo la acusación de agredir sexualmente a tres niñas en un albergue del Estado mexicano de Jalisco, donde actuaba como misionero y acudía a confesar a las menores.

Tanto desde la orden a la que pertenecía como desde la Archidiócesis aseguran que no conocían las acusaciones que pesaban sobre este religioso. “Cuando es presentado a la orden por los superiores de su congregación no se hace constar que tuviese una orden de búsqueda”, exponen desde la Archidiócesis. Aseguran también que en el momento que conocieron la acusación se le retiró “inmediatamente y el Arzobispado se reunió con el consejo pastoral de la parroquia para informarle. Explican que este sacerdote no pertenece a la diócesis de Zaragoza sino a la orden de los Misioneros de la Consolata y que son estos los que tienen la ”responsabilidad directa“. Desde esta orden han expresado su respaldo al religioso, manifestando una ”confianza plena en su inocencia“.

Este sacerdote católico, de 58 años y misionero desde el 2001, fue reclamado por las autoridades mexicanas después de que tres menores, dos de ellas hermanas, denunciaran que el párroco les hacía tocamientos cuando acudía a confesarlas al albergue cristiano en el que residían durante la primavera del 2022. Cuando sufrieron los presuntos abusos estas niñas tenían 13, 12 y 10 años y residían en el estado mexicano de Jalisco, en un albergue que se dedica al cuidado de niñas en situación vulnerable. Una vez que el cura había regresado a España, las menores denunciaron las agresiones.

Todas ellas relatan cómo el cura las conducía a la sala donde estaba la televisión, donde las agredía sexualmente cuando se encerraba con ellas para confesarlas. En uno de los casos las agresiones empezaron cuando la niña tenía nueve años, según declaró la víctima. Una de las niñas contó durante su declaración que no había alertado de lo ocurrido porque pensó que no la iban a creer y que solo comunicó lo que había pasado una vez que lo hicieron otras niñas; además, cuando lo hizo, una de las religiosas a cargo del albergue le acusó de ser una mentirosa, según recoge EFE.

El sacerdote, sobre el que pesaba una orden de arresto de un juez mexicano desde julio de 2023, fue detenido el pasado 28 de marzo en Zaragoza, su ciudad natal, ante un aviso de Interpol, y tras una primera vista fue puesto en libertad provisional, con medidas cautelares. Durante la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre, el párroco dijo que no aceptaba la extradición y su defensa sostuvo que el cura se encontraba en España en las fechas de las agresiones sexuales denunciadas, por lo que no había podido cometerlas.

La Fiscalía apoyó en cambio extraditarle a México, donde está acusado de abuso sexual infantil y de corrupción de menores agravados, una petición que también apoyó la Audiencia Nacional, que apunta que el tribunal de extradición no puede entrar a valorar cuestiones de fondo como las pruebas o la veracidad de los cargos formulados contra el cura. El tribunal español descartó acogerse a la posibilidad de que el sospechoso fuera juzgado por videoconferencia, para facilitar el enjuiciamiento de los graves hechos presuntamente cometidos en México, donde están la totalidad de las pruebas y las víctimas, de corta edad y “especial vulnerabilidad”.

En Cáceres, la acogida sincera no se publica ni se presume. No pide permiso ni credenciales. No pregunta a las personas de dónde vienen ni cuánto tiempo piensan quedarse. Simplemente ocurre. Así se entiende la labor de Ángel Martín Chapinal, sacerdote y actual párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, que desde hace años ha convertido la hospitalidad en una práctica cotidiana, silenciosa, humilde y profundamente humana. Al más estilo del madrileño Padre Ángel, creador de la ONG 'Mensajeros de la Paz'.

Su trayectoria está ligada a barrios populares y a personas que rara vez ocupan el centro del relato. Durante su etapa en la Iglesia Del Buen Pastor, en Llopis Iborra conocido como el barrio del Carneril, la iglesia fue un refugio real para personas migrantes y refugiadas que llegaban a la ciudad con miedo, cansancio y demasiadas pérdidas a la espalda. Allí no había personas de primera y de segunda, ni categorías, ni etiquetas. No existían los “con papeles” y los “sin papeles”. Nadie pedía visados, pasaportes ni explicaciones. Cada persona era exactamente eso: una persona. Y cada una aportaba lo que podía y compartía todo lo que llevaba.

Hoy, desde la parroquia de Guadalupe, ese mismo espíritu sigue intacto. Chapinal, además de su labor pastoral y de sus responsabilidades diocesanas en Migraciones y Refugiados, impulsa espacios donde la igualdad no se proclama, se practica. La cena de Nochebuena comunitaria y la Misa del Gallo adelantada a las ocho de la tarde no es solo una decisión logística: es una forma de decir que nadie queda fuera, que todo el mundo tiene una silla allí que lleva su nombre. Y después de la celebración, la iglesia se convierte en mesa común, en una conversación compartida, en una noche en la que la soledad pierde fuerza.

En ese espacio no se pregunta por la religión. No es solo para católicos. Las creencias quedan en el ámbito privado. A la iglesia se va con ganas de compartir, de hacer comunidad, de conocer a otras personas en un momento concreto de sus vidas. A veces es solo ese instante. Otras, ese encuentro se queda para siempre. Porque cuando se eliminan las barreras artificiales, aparece algo evidente: hay muchas más cosas que nos unen como seres humanos de las que nos separan. Y que a quien ayuda, después de las vueltas que da la vida, quizás se le devuelva esa ayuda multiplicada por mil.

Ese compromiso de Chapinal se extiende también a su estrecha colaboración con Amnistía Internacional en Cáceres, donde es un referente muy apreciado. Desde ahí, acompaña y respalda a personas que han huido de sus países por persecuciones políticas, religiosas o por su orientación sexual; personas amenazadas incluso con la pena de muerte, que encuentran en España un lugar donde, al menos, no ser perseguidas. Su implicación conecta la acogida cotidiana con la defensa firme de los derechos humanos. Amnistía Internacional cumple en este ámbito una labor imprescindible: dar cobijo emocional, orientación legal y voz pública a quienes más la necesitan. Denuncia las vulneraciones de derechos, visibiliza el sufrimiento de las personas refugiadas y recuerda que el derecho de asilo es una obligación moral y legal. Su trabajo insiste en una idea sencilla y radical: ningún ser humano es ilegal. Y ahí está también el Padre Ángel y su inmensa labor.

Cáceres ha sido históricamente una ciudad de convivencia. Iniciativas como las que se tejen desde la parroquia de Guadalupe refuerzan esa identidad y la sostienen frente a los discursos de miedo. Frente a realidades como la de Badalona, donde recientes desalojos de personas migrantes han dejado a muchas de ellas en la calle y han tensionado la convivencia, aquí se demuestra que existen otras formas de estar y de responder, como han hecho algunas parroquias catalanas.

La labor de Ángel Martín Chapinal no busca reconocimiento. Se mueve en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo profundamente humano. Pero en tiempos de polarización y odio, su ejemplo recuerda algo esencial: lo básico, lo fundamental, es común a cualquier ser humano, venga de donde venga, crea en lo que crea y esté atravesando la circunstancia que esté atravesando. Y desde ahí, desde lo común, es desde donde se construye la verdadera comunidad. Y es que con ejemplos como este se demuestra que otra Iglesia es posible. Esta Nochebuena, la del año 2025 han compartido la mesa personas procedentes de Cuba, Colombia y Venezuela, entre otros países, y cacereñas y cacereños. Chapinal y el propio obispo, Jesús Pulido. En una noche como esta, en la que tantas historias se cruzan, Cáceres recuerda que la humanidad se mide en gestos sencillos: una mesa compartida, una conversación, una bienvenida sin condiciones.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) ha revocado la condena a seis años de cárcel que le fue impuesta al exsacerdote Jesús José María Menéndez Suarez, conocido como 'el padre Chus', por tres delitos de corrupción de menores al hallar una “duda razonable” sobre la versión aportada por las víctimas.

El alto tribunal asturiano revoca así parcialmente la sentencia condenatoria dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, ya que le mantiene los cuatro años de cárcel por tráfico de drogas por inducir a los menores a consumir sustancias estupefacientes en su domicilio.

El abogado defensor, Javier Díaz Dapena, ha confirmado a elDiario.es Asturias que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS) para que sea declarada la total absolución del exsacerdote al que considera “plenamente inocente”.

Dinero a cambio de sexo

La Audiencia Provincial había condenado, el 28 de junio de 2024, al exsacerdote tras declarar probado que, al menos desde el año 2015, contactaba con menores invitándoles a acudir a su domicilio ubicado en la calle Donato Argüelles de Gijón, “donde les entregaba pequeñas cantidades de dinero o les facilitaba hachís que consumían en el salón y en su presencia”.

Los menores siempre consumían la droga delante del 'padre Chus', quien facilitaba el piso como lugar habitual para el consumo. Además, les instaba a que invitaran a otros menores a fumar el hachís con ellos y entablar una amistad para, posteriormente, “ganarse la confianza del mayor número de chicos posible guiado con la finalidad de conseguir mantener relación sexuales con ellos bajo la promesa de facilitarles dinero, hachís o permitir la permanencia de éstos en su casa consumiendo libremente tal sustancia”, según consta en la sentencia.

Las propuestas a los menores

Los magistrados de la Sección Octava sostuvieron que el excura, “con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales”, propuso en 2015 a uno de los menores que tenía en aquel momento 14 años, que le practicara una felación, a lo que éste se negó, pese a lo cual le facilitó hachís en repetidas ocasiones.

'El padre Chus' ofreció dinero a otro menor, de 16 años, “a cambio de dejarse tocar el pene”, no accediendo el menor al que igualmente le entregó hachís en más de una ocasión.

En un tercer caso, el excura le puso la mano en la pierna a otro menor, también de 16 años, y le propuso darle dinero a cambio de sexo, recibiendo la misma respuesta negativa.

Hachís intervenido en el registro

La Policía realizó un registro en el domicilio de la calle Donato Argüelles, el 11 de noviembre de 2021, en el que se intervino a otra persona 5,28 gramos de hachís “que iban a ir destinados al suministro a menores”.

La Audiencia condenó al excura a una pena de cuatro años de prisión por el delito de tráfico de drogas y a tres penas de dos años de prisión por cada uno de los tres delitos de corrupción de menores, así como a su inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, fueran o no retribuidos, que conllevase contacto regular y directo con personas menores de edad y a libertad vigilada.

Desde al menos el año 2015, jóvenes, tanto mayores como menores de edad, accedían frecuentemente al domicilio de Jesús José María Menéndez Suárez, donde con pleno conocimiento de éste consumían de modo habitual hachís, sustancia que en ocasiones les era proporcionada personalmente por el propio acusado

Magistrados — Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)

El anonimato de los testigos protegidos

El abogado defensor, Javier Díaz Dapena, recurrió la sentencia en apelación ante el TSJA. Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal han sustituido este relato de hechos probados por uno nuevo donde se reconoce explícitamente que “desde al menos el año 2015, jóvenes, tanto mayores como menores de edad, accedían frecuentemente al domicilio de Jesús José María Menéndez Suárez, donde con pleno conocimiento de éste consumían de modo habitual hachís, sustancia que en ocasiones les era proporcionada personalmente por el propio acusado”.

El letrado había solicitado a la Audiencia conocer la identidad de los testigos protegidos, pero el tribunal mantuvo el anonimato al considerar que era la forma de defender la integridad física y psíquica de los tres menores que declararon en la causa. Ante esta tesitura, la defensa instó al TSJA a pronunciarse sobre esta delicada y compleja cuestión.

Intereses confrontados

“Nos encontramos ante una ponderación de intereses confrontados, la tutela de la integridad personal del testigo frente al derecho de defensa a través de una prueba testifical sometida a los principios de inmediación y contradicción”, reconoce el TSJA.

Ante esta disyuntiva, el alto tribunal optó por ratificar la conveniencia del anonimato de los testigos protegidos, al estimar que las pruebas de cargo no se reducían a la declaración de las víctimas y advertir que era “razonablemente ponderada la decisión de mantener reservada la identidad de los testigos en el juicio”.

El secreto de las comunicaciones

El segundo motivo de recurso presentado por la defensa hacía alusión a la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones al intervenir el teléfono del exsacerdote.

Para resolver este motivo, los magistrados se remiten a mayo de 2021 cuando una dotación policial auxilió a una menor que presentaba síntomas de intoxicación toxica que admitió que había ingerido cocaína que le había facilitado una persona que le había dicho que la sustancia se la facilitaba el 'padre Chus', a cambio de relaciones sexuales. Esa persona fue un testigo protegido.

La vigilancia del domicilio del excura

Los investigadores policiales establecieron entonces una vigilancia en torno al domicilio del excura, en junio y julio de 2021, y constataron cómo numerosos jóvenes accedían y abandonaban el inmueble e identificando cuando salía a una persona que les entregó tres trozos de hachís.

“Concurrían pues datos objetivos que indiciariamente indicaban la seria probabilidad de que al indicado domicilio los jóvenes acudían para consumir drogas, con alusión a que podían ser facilitadas a cambio de favores sexuales, y dado que los probables hechos ocurrían en el interior de una vivienda -argumenta la Sala- la dificultad de comprobación que ello comportaba presentaba como justificado el recurso a investigar las conversaciones telefónicas de su titular, aflorando necesaria y proporcional la medida de escucha y grabación de las mismas”.

La inviolabilidad de la vivienda

Javier Díaz Dapena invocó un tercer motivo al alegar que se había producido igualmente una vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio por el auto de entrada y registro en la vivienda del excura el 10 de noviembre de 2021.

En este sentido, el tribunal no tuvo duda alguna y lo desestimó con el siguiente razonamiento: “Descartada la nulidad de las escuchas, decae directamente la base de este motivo del recurso”.

La presunción de inocencia

El último motivo del recurso aducía que se había producido una violación del derecho a la presunción de inocencia por inexistencia de prueba de cargo. El tribunal tampoco lo tiene en cuenta, al sostener que la valoración que la Audiencia hizo de las pruebas practicadas “en modo alguno carece de toda base razonable, es decir, no es ni irracional ni llega a conclusiones contrarias a las más elementales reglas de la lógica”.

El TSJA reconoce que no alberga duda razonable para mantener la condena por el delito contra la salud publica ya que el conjunto probatorio muestra que el 'padre Chus' “facilitaba el consumo de drogas toxicas por jóvenes, muchos menores, quienes con asiduidad fumaban hachís en su vivienda con su pleno conocimiento y consentimiento”.

“Vamos a echar unos petas ahí”

Varios testigos protegidos -además de los menores denunciantes- corroboraron que era el exsacerdote quien suministraba la droga y además veía cómo la consumían. A estas manifestaciones se sumaba el contenido de las grabaciones telefónicas. Entre otras, cómo uno de los testigos “pide dinero al apelante para 'echar unos petas ahí' y cómo a otro testigo, el 'padre Chus' le contesta que en ese momento no tiene porros pero que más tarde podrá tener algo”.

No existe la misma convicción por parte del tribunal a la hora de constatar si hubo o no corrupción de menores. Para ello se detiene en la declaración de uno de los testigos protegidos que declaró que en varias ocasiones el acusado le propuso hacerle una felación, que “la primera vez él era menor, se negó y le dio un guantazo, que lo propuso más veces siendo ya mayor pero nunca fue obligado. Añade que no sabe si fue broma lo de la felación, les hacía gracia lo que decía Chus, que siguió yendo por su casa tras declarar en el Juzgado y que la Policía le dijo que si declaraba contra Chus lo soltarían y no le pasaría nada por traficar con droga”.

“Chus es bromista con el sexo”

En la declaración del segundo denunciante, éste manifestó que cuando tenía 16 años en su habitación Chus le dijo que le daba dinero si se dejaba tocar el pene, pero añadía el detalle de que “Chus es bromista con el sexo pero le vio serio, que tiene borrosa la etapa porque se drogaba pero recuerda lo del pene”.

Uno de los testigos llegó a declarar que no quería que se le condenara porque las cosas que se decían “no eran verdad” y sus manifestaciones, según el tribunal, presentan “fisuras en el relato, así como ambigüedad sobre el posible carácter jocoso de las expresiones del apelante, recuerdo difuso de la época de las mismas o imposibilidad de someter a contradicción en el plenario la declaración preconstituida de otro testigo”.

Las expresiones de los menores

Junto a estas declaraciones, los magistrados disponían de las testificales de dos trabajadoras del centro de asistencia a menores sobre expresiones que otros menores utilizaban aludiendo a Chus, “a la tercera felas ”o “comerle la serpiente”, en cuanto sustraídas las mismas a todo control contradictorio.

Una vez analizada toda la prueba, el tribunal de la Sala de lo Civil y Penal concluye que “el acervo probatorio no permite consolidar una convicción incriminatoria exenta de razonable duda”.

Mostramos una satisfacción parcial por el fallo por cuanto quien postula la libre absolución de todos los cargos, jamás puede encontrar consuelo cuando no alcanza su objetivo íntegro. No obstante, sí que nos encontramos ciertamente satisfechos con la supresión de los tres delitos graves que han sido objeto de condena en la instancia y, por supuesto, se anunciará recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objeto de que sea declarada la total absolución de quien consideramos plenamente inocente

Javier Díaz Dapena — Abogado defensor del 'padre Chus'

El recurso ante el Supremo

La sentencia no es firme y contra la misma se puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), una opción a la que se va a acoger el abogado defensor.

“Mostramos una satisfacción parcial por el fallo por cuanto quien postula la libre absolución de todos los cargos, jamás puede encontrar consuelo cuando no alcanza su objetivo íntegro. No obstante -afirma el letrado- sí que nos encontramos ciertamente satisfechos con la supresión de los tres delitos graves que han sido objeto de condena en la instancia y, por supuesto, se anunciará recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objeto de que sea declarada la total absolución de quien consideramos plenamente inocente”.

El sacerdote jesuita José Antonio García Quintana, que ejerció como capellán de la cárcel de Asturias entre los años 2015 y 2024, está siendo investigado por una denuncia de presuntos abusos a un menor. Al parecer, los hechos habrían ocurrido entre los años 2000 y 2010 en Alicante y Zaragoza.

García Quintana nació en Venezuela el 2 de julio de 1962, ingresó en la Compañía de Jesús el 23 de septiembre de 1982 y fue ordenado sacerdote el 1 de julio de 1995.

Profesor y entrenador de fútbol

Llegó a Asturias en 2007 y, ocho años después, el arzobispo de Oviedo Jesús Sanz Montes y el que, por aquel entonces, era obispo auxiliar, Juan Antonio Menéndez, le propusieron que se hiciera cargo de la Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria en la Archidiócesis de Oviedo y de la capellanía del Centro Penitenciario de Asturias.

García Quintana formó parte de la comunidad jesuita del Natahoyo, en Gijón, y estuvo vinculado al colegio de la Inmaculada de la villa de Jovellanos como sacerdote y párroco. También fue profesor y entrenador de fútbol.

Compromiso con la institución

En el año 2020, fue reconocido con la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario, que concede la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La propuesta de condecoración fue emitida desde la prisión asturiana que, entre sus méritos, destacó “su labor asistencial y compromiso personal con los fines de la institución, su excelente disposición y eficaz gestión de coordinación de los voluntarios del Centro Penitenciario de Asturias”.

El reconocimiento se entregó en la sala de juntas del centro penitenciario asturiano, con motivo del día de la Virgen de la Merced, patrona de la institución, en un acto sencillo y privado a causa de la pandemia.

Sorpresa ante la denuncia

Posteriormente, la Conferencia Episcopal Española decidió poner al frente del Departamento de Pastoral Penitenciaria a José Antonio García Quintana en 2024 durante su Asamblea Plenaria.

La Compañía de Jesús ha trasladado los hechos denunciados a la Fiscalía y a la Conferencia Episcopal, según recogía ayer la Rtpa.

La denuncia que se ha interpuesto contra él por abusos a un menor ha sorprendido tanto en el Arzobispado de Oviedo como en medios penitenciarios, donde el sacerdote jesuita había colaborado con los sectores más desfavorecidos de lo que él mismo llamaba “el mundo social”.

Abusos sexuals i violacions durant més de tres dècades per part d’un capellà diocesà de Palma i dos jesuïtes vinculats al convent de Montesión. El cas és investigat pel Jutjat d’Instrucció número 5 de la capital palmesana després que una dona, que actualment té 55 anys, hagi posat els fets en coneixement de la justícia. Un dels agressors sexuals, L.A.S., es va posar en contacte amb la denunciant recentment, reconeixent part dels fets que s’investiguen.

— Te’n recordes que hi havia dies que en Fernando i tu em violàveu el mateix dia, i que em tallava els mugrons?

— Record que una vegada hi havia sang als teus mugrons

Es tracta d’una transcripció literal d’una conversa que va tenir lloc entre L.A.S. i la dona el 7 d’octubre de 2025. L’investigat va telefonar dues vegades a la denunciant durant aquell dia. La primera trucada, a les cinc i deu de l’horabaixa, no va ser contestada. En la segona, cap a tres quarts de deu, la dona va decidir agafar el telèfon. “No ho havia de fer”, va afirmar l’investigat en referir-se als abusos que van tenir lloc entre 1988 i 2020, segons consta en l’escrit aportat al jutjat, al qual ha tingut accés elDiario.es.

Aquest diari s’ha posat en contacte per whatsapp amb L.A.S. per preguntar-li sobre el contingut de la gravació. “Ho sento. No puc parlar. Disculpin”, s’ha limitat a respondre. Concretament, se li demanava si havia trucat dues vegades la dona que l’havia denunciat, el 7 d’octubre de 2025, i si li havia respost “record que una vegada hi havia sang als teus mugrons”. A més, se li demanava si reconeixia haver comès abusos sexuals contra aquesta dona i si això havia ocorregut quan ella era menor d’edat. Tampoc ha respost un dels advocats que figura a la causa com a defensa dels acusats.

Aquest diari s'ha posat en contacte vía WhatApp amb L.A.S. per preguntar-li sobre el contingut de la gravació. “Ho sento. No puc parlar. Disculpin”, s'ha limitat a respondre

El cas es va fer públic després que el donàs a conèixer la denunciant el juliol de 2023. Els tres denunciats —F.M.R., L.A.S. i J.C.V.— es van aprofitar de la vulnerabilitat psíquica que coneixien, derivada dels abusos que havia patit en la seva infància, per mantenir durant dècades una relació de violència sexual, segons va explicar a Diario de Mallorca. Els abusos sexuals durant més de tres dècades han dut la dona a requerir assistència psicològica especialitzada.

Els fets denunciats s’emmarquen en un context institucional on els abusos sexuals comesos per religiosos han estat durant dècades emparats per estructures jeràrquiques masculines. El context religiós en què va créixer la dona denunciant va facilitar el control i la proximitat dels membres eclesiàstics sobre ella, segons va relatar. L’estructura jeràrquica en què havia estat educada —en la qual manava el pare de família— no era gaire diferent de la que després es va trobar dins l’estructura eclesiàstica, situació que explica que hagi necessitat més de tres dècades per ser escoltada.

Clara Serra és filòsofa i investigadora al Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat (ADHUC) de la Universitat de Barcelona (UB). En el seu darrer llibre, El sentido de consentir (Anagrama, 2024), explica que “en efecte, existeixen espais en què una forta jerarquia institucional fa que l’assetjament sexual sigui més factible”. En la línia de Judith Butler, proposa “contextualitzar la sexualitat”, la qual cosa significa que cal “tenir en consideració les fortes desigualtats que existeixen en determinats contextos”. “Contextualitzar el sexe ens duria, per tant, a exigir al dret que sàpiga jutjar cada cas atenint-se a les particularitats de la situació”, argumenta l’experta.

Els fets denunciats s'emmarquen en un context institucional en el qual els abusos sexuals comesos per religiosos han permnanegut durant dècades emparats per estructures jeràrquiques masculines. El context en el qual va créixer la dona denunciant va facilitar el control i la proximitat dels membres eclesiàstics sobre ella, segons va relatar

“Rotunda condemna”

La investigació duta a terme per la Companyia de Jesús va determinar que els abusos dels dos religiosos que formen part de l'ordre jesuïta van tenir lloc entre 1985 i 2021, segons va informar el diari local Ultima Hora. Segons el relat dels dos religiosos, recollit pel diari local, hi va haver relacions sexuals amb la denunciant, però sempre de manera consentida i quan aquesta ja era major d’edat. Pel que fa al capellà diocesà, també admet que va mantenir relacions sexuals amb la denunciant, però, novament, quan ella era major d’edat, i posant en dubte la seva versió.

Aquest diari s’ha posat en contacte amb la Companyia de Jesús amb l’objectiu d’actualitzar la informació entorn d’aquest cas. “La Companyia no sol comentar processos judicials en marxa per no interferir-hi. Ens remetem al comunicat que enllaçaves i que continua vigent, amb l'excepció que es revisaran les mesures adoptades amb un dels jesuïtes atesa la informació publicada a la premsa sobre el contacte amb la víctima”, han respost les fonts consultades per aquest diari.

La Companyia no sol comentar processos judicials en marxa per no interferir-hi. Ens remetem al comunicat que continua vigent, amb la salvetat que es revisaran les mesures adoptades amb un dels jesuïtes donades les informacions publicades a premsa sobre el contacte amb la víctima

Companyia de Jesús

Quan el cas es va fer públic, la Companyia de Jesús va voler manifestar la seva “rotunda condemna” respecte als abusos comesos en el passat per “membres de l’ordre” la tasca dels quals precisament hauria d’haver estat “protegir una persona vulnerable”, segons va explicar en un comunicat oficial. L'orde jesuïta va puntualitzar que la dona denunciant formava part de les congregacions marianes i coral del centre educatiu Montesión, que pertany a l’organització religiosa.

“Demanam perdó a la víctima no sols pel greu sofriment personal i psíquic ocasionat pels religiosos sinó també per no haver sabut protegir una jove vinculada a la nostra pastoral”, va assumir l'orde jesuïta, i va afegir que, arran de la demanda interposada per la dona contra els religiosos, es posava “a disposició de la justícia ordinària” per allò que fos requerit.

De la mateixa manera, l'orde religiós explicava que havia conegut l’acusació l’abril de 2021 després de la denúncia presentada davant el Bisbat de Mallorca. Immediatament, indiquen, la Companyia de Jesús va obrir dos processos canònics d’investigació prèvia; els dos membres de l’organització van quedar sota la supervisió dels seus superiors i es van iniciar contactes amb la dona denunciant. El juny d'aquell any asseguren que van imposar noves mesures cautelars als denunciats. Inclouen la restricció de mobilitat, la limitació completa de la seva activitat pastoral, la prohibició d’activitats amb menors i adults i l’obligació de sotmetre’s a una avaluació psicològica.

L'orde religiosa va obrir dos processos canònics d'investigació prèvia i, al juny de 2021 -asseguren des de la Companyia de Jesús-, van imposar noves mesures cautelars als denunciats, com la restricció de mobilitat, la limitació completa de la seva activitat pastoral i la prohibició d'activitats amb menors i adults

“Condemnem qualsevol tipus d'abús”

Aquest diari s’ha posat en contacte amb el Bisbat de Mallorca amb la finalitat d’actualitzar la informació i conèixer quines mesures s’estan duent a terme en relació amb el cas. No obstant això, les fonts consultades s’han limitat a facilitar el comunicat oficial que es va emetre el 3 de juliol de 2023. “No hi ha res més a afegir”, han respost.

“Des de l’Església de Mallorca condemnam qualsevol mena d’abús i violència contra les persones, manifestam la nostra ferma intenció de cercar sempre la veritat, acollir les víctimes i acompanyar-les, oferint-los suport psicològic i assessorament legal”, sosté el Bisbat en el comunicat oficial.

Des de l'Església de Mallorca condemnem qualsevol tipus d'abús i violència contra les persones, manifestem la nostra ferma intenció de cercar sempre la veritat, acollir les víctimes i acompanyar-les, oferint-los suport psicològic i assessorament legal

Obispado de Mallorca

La diòcesi sosté que, en primer lloc, la denúncia es va presentar a finals de setembre de 2020 davant el tribunal eclesiàstic de Mallorca i, posteriorment, el juny de 2023, davant els tribunals ordinaris de justícia. El Bisbat va iniciar, respecte del capellà denunciat, una investigació prèvia “sobre la presumpta conducta delictiva del prevere diocesà”, que va ser tramesa a la Congregació per a la Doctrina de la Fe (actualment Dicasteri per a la Doctrina de la Fe) de Roma, organisme competent per a aquestes causes penals.

Tanmateix, la màxima autoritat del Bisbat va imposar al capellà denunciat la prohibició de l’exercici públic del ministeri (és a dir, la prohibició d’oficiar, de manera pública, misses, administrar sagraments, presidir actes litúrgics o religiosos o representar oficialment l’Església catòlica), així com el seguiment psicològic i proveir-lo “d’una direcció espiritual seriosa”. A més, incideixen que la Congregació Romana va decretar l’inici d’un procés administratiu penal per “aclarir els fets denunciats, que per diferents causes s’ha prolongat en el temps”.

“Finalment, i en línia amb el nostre compromís de transparència, la nostra voluntat és cooperar sempre plenament amb les autoritats judicials de l’Estat”, va destacar el Bisbat de Mallorca en el seu comunicat, i va afegir que se’ls proporcionaria “tota la informació necessària per facilitar la investigació judicial que s’hagi de dur a terme”. El cas continua en fase d’instrucció al Jutjat número 5 de Palma, a l’espera que es determinin possibles responsabilitats penals.

Abusos sexuales y violaciones durante más de tres décadas por parte de un cura diocesano de Palma y dos jesuitas vinculados al convento Montesión. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital balear después de que una mujer, que actualmente tiene 55 años, haya puesto los hechos en conocimiento de la Justicia.

Uno de los presuntos agresores sexuales, L. A. S., se puso en contacto recientemente con la denunciante y, durante la conversación telefónica, reconoció parte de los hechos que se investigan.

— ¿Te acuerdas de que había días que F. y tú me violabais el mismo día, y que me cortaba los pezones?

— Me acuerdo de que una vez había sangre en tus pezones

Se trata de una transcripción literal de una conversación que tuvo lugar entre L. A. S. y la mujer el 7 de octubre de 2025. El investigado llamó por teléfono en dos ocasiones a la denunciante durante ese día. La primera llamada, a las cinco y diez de la tarde, no fue respondida. En la segunda, sobre las diez menos cuarto, la mujer decide coger el teléfono. “No tenía que hacerlo”, afirmó el investigado al referirse a los abusos que tuvieron lugar entre 1988 y 2020, según consta en el escrito aportado en el juzgado, al cual ha accedido elDiario.es.

Este diario se ha puesto en contacto vía WhatsApp con L. A. S. para preguntarle sobre el contenido de la grabación. “Lo siento. No puedo hablar. Disculpen”, se ha limitado a responder. Concretamente, se le consultaba si había llamado en dos ocasiones, el 7 de octubre de 2025, a la mujer que le había denunciado y si le había respondido “me acuerdo de que una vez que había sangre en tus pezones”. Además, se le preguntaba si reconocía haber cometido abusos sexuales contra esta mujer, y si ello había ocurrido cuando ella era menor de edad. Tampoco ha respondido uno de los abogados que figura en la causa como defensa de los acusados. 

Este diario se ha puesto en contacto vía WhatApp con L. A. S. para preguntarle sobre el contenido de la grabación. “Lo siento. No puedo hablar. Disculpen”, se ha limitado a responder

El caso se hizo público después de que lo sacara a la luz la denunciante en julio de 2023. Los tres denunciados —F. M. R, L. A. S. y J. C. V.— se aprovecharon de la vulnerabilidad psíquica que conocían, derivada de los abusos que sufrió en su infancia, para mantener durante décadas una relación de violencia sexual, según contó a Diario de Mallorca. Los abusos sexuales durante más de tres décadas han llevado a la mujer a requerir asistencia psicológica especializada.

Los hechos denunciados se enmarcan en un contexto institucional donde los abusos sexuales cometidos por religiosos han permanecido durante décadas amparados por estructuras jerárquicas masculinas. El contexto religioso en el que creció la mujer denunciante facilitó el control y la proximidad de los miembros eclesiásticos sobre ella, según relató. La estructura jerárquica en la que había sido educada —en la que mandaba el padre de familia— no era muy distinta a la que luego se encontró en la estructura eclesiástica, situación que explica que haya necesitado más de tres décadas para ser escuchada.

Clara Serra es filósofa e investigadora en el Centro de Investigación Teoría, Género, Sexualidad (ADHUC) de la Universitat de Barcelona (UB). En su último libro, El sentido de consentir (Anagrama, 2024), explica que “en efecto, existen espacios en los que una fuerte jerarquía institucional vuelve el acoso sexual más factible”. En la línea de Judith Butler, propone “contextualizar la sexualidad”, lo que significa que es preciso “tomar en consideración las fuertes desigualdades que existen en determinados contextos”. “Contextualizar el sexo nos llevaría, por tanto, a exigirle al derecho que sepa juzgar cada caso ateniéndose a las particularidades de la situación”, argumenta la experta.

Los hechos denunciados se enmarcan en un contexto institucional en el que los abusos sexuales cometidos por religiosos han permanecido durante décadas amparados por estructuras jerárquicas masculinas. El contexto en el que creció la mujer denunciante facilitó el control y la proximidad de los miembros eclesiásticos sobre ella, según relató

“Rotunda condena”

La investigación llevada a cabo por la Compañía de Jesús determinó que los abusos de los dos religiosos que forman parte de la orden jesuita tuvieron lugar entre 1985 y 2021, como informó el periódico local Última Hora. Según el relato de los dos religiosos, recogido por el diario local, hubo relaciones sexuales con la denunciante, pero siempre de manera consentida y cuando ésta era mayor de edad. En cuanto al cura diocesano, también admite que mantuvo relaciones sexuales con la denunciante, pero nuevamente cuando era mayor de edad, y poniendo en tela de juicio su versión.

Este diario se ha puesto en contacto con la Compañía de Jesús con el objetivo de actualizar la información en torno a este caso. “La Compañía no suele comentar procesos judiciales en marcha para no interferir en ellos. Me remito al comunicado que enlazabas y que continúa vigente, con la salvedad de que se van a revisar las medidas adoptadas con uno de los jesuitas dadas las informaciones publicadas en prensa sobre el contacto con la víctima”, han respondido las fuentes consultadas a este diario.

La Compañía no suele comentar procesos judiciales en marcha para no interferir en ellos. Nos remitimos al comunicado que continúa vigente, con la salvedad de que se van a revisar las medidas adoptadas con uno de los jesuitas dadas las informaciones publicadas en prensa sobre el contacto con la víctima

Compañía de Jesús

Cuando el caso se hizo público, la Compañía de Jesús quiso manifestar su “rotunda condena” respecto a los abusos cometidos en el pasado por “miembros de la orden” cuya labor precisamente debería haber sido “proteger a una persona vulnerable”, según explicó en un comunicado oficial. La orden jesuita puntualizó que la mujer denunciante formó parte de las congregaciones marianas y coral del centro educativo Montesión, que pertenece a la organización religiosa.

“Pedimos perdón a la víctima no solo por el grave sufrimiento personal y psíquico ocasionado por los religiosos sino también por no haber sabido proteger a una joven vinculada a nuestra pastoral”, asumió la orden jesuita, que añadió que, tras la demanda interpuesta por la mujer contra los religiosos, se ponía “a disposición de la justicia ordinaria” para aquello que requiriera.

Del mismo modo, la orden religiosa explicaba que conoció la acusación en abril de 2021 tras la denuncia presentada ante el Obispado de Mallorca. Inmediatamente, indican, la Compañía de Jesús abrió dos procesos canónicos de investigación previa, los dos miembros de la organización quedaron bajo la supervisión de sus superiores y se iniciaron contactos con la mujer denunciante. En junio de 2021 aseguran que impusieron nuevas medidas cautelares a los denunciados. Incluyen la restricción de movilidad, limitación completa de su actividad pastoral, prohibición de actividades con menores y adultos y obligación de ser sometidos a una evaluación psicológica.

La orden religiosa abrió dos procesos canónicos de investigación previa y, en junio de 2021 -aseguran desde la Compañía de Jesús-, impusieron nuevas medidas cautelares a los denunciados, como la restricción de movilidad, la limitación completa de su actividad pastoral y la prohibición de actividades con menores y adultos

“Condenamos cualquier tipo de abuso”

Este diario ha contactado con el Obispado de Mallorca con la finalidad de actualizar la información y conocer qué medidas se están llevando a cabo en relación al caso. Sin embargo, las fuentes consultadas se han limitado a facilitar el comunicado oficial que se emitió el 3 de julio de 2023. “No hay nada más que añadir”, han respondido. “Desde la Iglesia de Mallorca condenamos cualquier tipo de abuso y violencia contra las personas, manifestamos nuestra firme intención de buscar siempre la verdad, acoger a las víctimas y acompañarlas, ofreciéndoles apoyo psicológico y asesoramiento legal”, sostiene el Obispado de Mallorca en el comunicado oficial.

Desde la Iglesia de Mallorca condenamos cualquier tipo de abuso y violencia contra las personas, manifestamos nuestra firme intención de buscar siempre la verdad, acoger a las víctimas y acompañarlas, ofreciéndoles apoyo psicológico y asesoramiento legal

Obispado de Mallorca

La diócesis sostiene que, en primer lugar, la denuncia se presentó a finales de septiembre de 2020 ante el tribunal eclesiástico de Mallorca y, posteriormente, en junio de 2023, ante los tribunales ordinarios de justicia. El Obispado de Mallorca inició, respecto al cura denunciado, una investigación previa “sobre la presunta conducta delictiva del presbítero diocesano”, que fue remitida a la Congregación de la Doctrina de la Fe (actualmente Dicasterio de la Doctrina de la Fe) de Roma, organismo competente para estas causas penales.

No obstante, la máxima autoridad del Obispado de Mallorca impuso al cura denunciado la prohibición del ejercicio público del ministerio (es decir, la prohibición de oficiar, de forma pública, misas, administrar sacramentos, presidir actos litúrgicos o religiosos o representar oficialmente a la Iglesia Católica), así como seguimiento psicológico y proveerlo “de una seria dirección espiritual”. Además, inciden en que la Congregación Romana decretó el inicio de un proceso administrativo penal para “clarificar los hechos denunciados, que por diferentes causas se ha prolongado en el tiempo”.

“Finalmente, y en línea con nuestro compromiso de transparencia, nuestra voluntad es cooperar siempre plenamente con las autoridades judiciales del Estado”, destacó el Obispado de Mallorca en su comunicado y añadió que se les proporcionaría “toda la información necesaria para facilitar la investigación judicial que se tenga que llevar a cabo”. El caso continúa en fase de instrucción en el Juzgado número 5 de Mallorca, a la espera de que se determinen posibles responsabilidades penales.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha confirmado la condena de dos años y un día de prisión impuesta al exrector de la parroquina mallorquina de Can Picafort, Pere Barceló, por abusar sexualmente de una menor de edad cuando ésta tenía entre 6 y 7 años y acudía a catequesis. La Fiscalía reclamaba inicialmente diez años de prisión para el expárroco, quien ya fue condenado en 2016 a seis años de cárcel por violar a una monaguilla en más de diez ocasiones. Se da la circunstancia de que Barceló se convirtió en 2013 en el primer sacerdote expulsado de la Iglesia en España por un caso de pederastia.

La Sala de lo Civil y Penal ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial el pasado mes de julio, en la que, además de la pena de prisión, se impuso al acusado la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante cinco años y medio, y la obligación de indemnizarla con 15.000 euros. El tribunal ha desestimado así el recurso de apelación que interpuso el expárroco en aras a aminorar la cantidad indemnizatoria. Los magistrados entienden que el procesado “no proporciona argumentos convincentes” para rebajarla. La resolución también confirma la condena a la Diócesis de Mallorca como responsable civil subsidiario para el caso de que el exreligioso alegue insolvencia.

Los magistrados aprecian que es perfectamente posible, dada la naturaleza de los hechos enjuiciados, que la Audiencia Provincial distinga y haya considerado probados los “manoseos y tocamientos en la vagina” de la víctima que efectuó el acusado “y no de la introducción de dedos, puesto que ésta siempre ha mantenido intacto su relato en cuanto a los tocamientos, así como el lugar, tiempo y circunstancias concurrentes”. De acuerdo con la resolución, “lo único tardío y no corroborado por otros elementos probatorios fue el acceso carnal, lo cual ha sido ponderado en beneficio del acusado y así aparece razonado en la sentencia de manera rigurosa, lógica y con sujeción a las máximas de experiencia”.

La tardanza en denunciar no pone en duda la credibilidad de la víctima

En relación a la tardanza de la menor en denunciar los hechos, la Sala apunta que el retraso en contar lo sucedido y denunciar no supone “un factor de duda en la credibilidad de la víctima de delitos sexuales”, dado que, subraya, “las especiales características de éstos, que favorecen la revictimización al hacer ‘más victimas a la víctimas’, explican que pueda presentarse la denuncia con una elevada diferencia desde la fecha de ocurrencia de los hechos, sin que ello suponga una merma de la credibilidad”.

En la sentencia confirmada, la Audiencia considera que existe suficiente prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia del inculpado y asevera que la declaración de la víctima goza de toda verosimilitud. “Los hechos declarados probados -ocurridos entre 2007 y 2008- no ofrecen dudas en cuanto a su naturaleza inequívocamente sexual, pues así se desprende de la propia acción consistente en tocamientos por debajo de la ropa interior” que el acusado realizó a la menor durante una clase de catequesis, reza la resolución. Tampoco existen dudas acerca la “ausencia de consentimiento” de la víctima debido su corta edad, dado que tenía entonces entre seis y siete años, ni de la “posición de superioridad” en la que se encontraba el exrector de Can Picafort, localidad ubicada en el núcleo municipal de Santa Margalida.

“El párroco aprovechó que existía una madera delante de la mesa que impedía que el resto de los niños vieran lo que estaba pasando y las dimensiones de la sala para que los niños estuvieran lejos de la mencionada mesa y así no pudieran percatarse de lo que sucedía”, relatan las magistradas, para determinar que la menor fue una víctima “especialmente vulnerable” tanto por la edad como por la situación en la que sucedieron los hechos.

Condenado a seis años por violar a una monaguilla

Cabe recordar que Barceló ya fue condenado en 2016 a seis años de cárcel -salió de prisión en agosto de 2023- por un delito continuado de agresión sexual tras confesar haber abusado sexualmente y de forma reiterada, entre 1997 y 1998, de una monaguilla que entonces contaba con 10 años de edad. La joven relató ante el tribunal su experiencia entre lágrimas y, visiblemente afectada, recordó cómo en 1998 fue violada en más de diez ocasiones mientras el procesado le tapaba la boca y la sujetaba fuertemente para que no pudiera moverse ni escapar.

El sacerdote había sido destinado en junio de 1996 a ejercer su ministerio como párroco de la Iglesia de l'Assumpció de Maria. A principios de 1997 entabló relación con la víctima al acudir ésta a la catequesis de forma regular y realizar labores de monaguilla junto a otro grupo de menores.

Ya en verano de 1997, el eclesiástico fue sorprendido cuando en el sofá de la parroquia abusaba de la menor, momento en el que no fue denunciado. A principios de 1998 llevó nuevamente a la monaguilla a su habitación, violándola hasta en diez ocasiones. El 27 de noviembre de 2012, la joven, ya mayor de edad, denunció los hechos ante la Guardia Civil de Santa Margalida: “Lo solté porque ya no podía más”, explicó.

Expulsión de la Iglesia

El Obispado de Mallorca, con Jesús Murgui al frente, impulsó en noviembre de 2010 una investigación interna con el objetivo de esclarecer la conducta de Barceló, un procedimiento que culminó en marzo de 2011 con la suspensión cautelar del cargo. La Iglesia, que indemnizó a la víctima antes del juicio, impulsó un procedimiento canónico paralelo que concluyó antes que la vía penal: el Tribunal Eclesiástico declaró al presbítero culpable de abusos sexuales a menores, motivo por el que, el 18 de marzo de 2013, en una medida pionera en toda España, lo expulsó del ministerio sacerdotal, la mayor de las condenas expiatorias.

La Diócesis alegó que la decisión de la Iglesia respondía a la comisión de “gravísimos delitos” contra el sexto mandamiento del Decálogo de menores y apelaba al canon 1.395 del Código de Derecho Canónico, que tipifica los delitos sobre abusos sexuales cometidos por un sacerdote y establece que el clérigo que abuse de un menor “debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”.

Precisamente, el entonces Papa Benedicto XVI había proclamado tan sólo tres años antes la 'tolerancia cero' ante las prácticas pederastas cometidas por religiosos. “Habéis traicionado la confianza depositada y debéis responder ante Dios y los tribunales”, llegó a sentenciar el pontífice que convirtió la “limpieza de la suciedad” en uno de los principales propósitos de su Papado. No en vano, una de las primeras iniciativas que adoptó Joseph Ratzinger fue la de exigir al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que había sido investigado por presuntos abusos sexuales durante décadas, que renunciara “a todo ministerio público” y llevara una vida de penitencia. En una década –hasta 2016–, la Santa Sede recibió 6.000 denuncias por pederastia, como publicó en exclusiva eldiario.es, y expulsó a un millar de sacerdotes.

Un informe inédito tras décadas de impunidad y silencio

En Balears, los protagonizados por Barceló son los casos más flagrantes de cuantos se han producido, pero no los únicos. El Defensor del Pueblo, en un informe publicado en 2023 tras décadas de impunidad, opacidad y silencio, apuntaba a hasta un total de 18 localizaciones en las islas –entre casas de acogida, parroquias, colegios, residencias y domicilios particulares– en las que fueron notificados abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. El documento denunciaba cómo la Iglesia ha ocultado miles de casos de abusos y agresiones sexuales a menores, convirtiéndose en el primer informe oficial e independiente que puso sobre la mesa las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” de la Iglesia, al tiempo que reclamaba la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a los perjudicados.

También en Mallorca, el fallecimiento, el pasado mes de noviembre, del presbítero diocesano Guillem Feliu i Ramis debaja atrás las sombras que planeaban sobre este sacerdote natural del municipio de Llubí, donde se quitó la vida a los 64 años. Sobre él pesaban dos denuncias por presuntos abusos a menores cuyo desenlace quedó en agua de borrajas tras su muerte.

Mientras tanto, en junio de 2024, otro sacerdote mallorquín denunciado por un presunto caso de abusos sexuales reconocía ante una juez que mantuvo relaciones sexuales con su víctima, una mujer con discapacidad, defendiendo que fueron siempre consentidas y siendo ella adulta. La mujer interpuso una denuncia ante la Guardia Civil en 2023 en la que aseguraba que el hombre la violó de forma continuada a lo largo de décadas desde que ella tenía 24 años y el hombre, 50. Junto al sacerdote diocesano denunció a dos jesuitas.

El sacerdote de Toledo detenido en Torremolinos (Málaga) el pasado lunes, 22 de septiembre, en posesión de drogas, ha quedado en libertad provisional tras ordenarlo el Juzgado de Instrucción número 5 de dicha localidad.

Así lo han confirmado este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han confirmado que el hombre, que fue puesto a disposición judicial este pasado martes, se acogió a su derecho a no declarar y deberá comparecer en sede judicial cuantas veces sea convocado.

Según han indicado, está investigado por la presunta comisión de un delito de salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, ya que, han apuntado, en su poder le fueron intervenidas varias pequeñas cantidades de diferentes sustancias que en su totalidad superaban la considerada para el autoconsumo.

La causa sigue su tramitación en este mismo juzgado, que se encontraba de guardia cuando se produjo la detención y la puesta a disposición judicial del investigado, y se encuentra pendiente del análisis de las sustancias intervenidas.

La Policía Nacional de Torremolinos detuvo a este hombre por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública después de ser sorprendido la madrugada del 22 de septiembre con una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes.

Al parecer, el cura había alquilado un apartamento vacacional en la localidad malagueña con varios jóvenes, donde habrían estado consumiendo sustancias estupefacientes, según la información adelantada por Diario 'SUR'. A altas horas de la noche, uno de los turistas comenzó a armar escándalo y hasta el lugar acudieron agentes de Policía Nacional que encontraron la sustancia.

Por su parte, el Arzobispado de Toledo confirmó la detención de este sacerdote de la Archidiócesis. En un comunicado enviado este pasado martes, el Arzobispado ha lamentado “profundamente” los hechos que han causado la detención, y ha reprobado “cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer” este sacerdote.

También expresaron su “plena confianza” en la justicia, y aunque considera que “la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido”, y manifestaron su disposición a “colaborar” con ella.

Asimismo, declararon que el propio Arzobispado de Toledo ha abierto investigaciones y ha apartado cautelarmente al detenido del ejercicio del ministerio y de su oficio

La Diócesis de Málaga comunicó oficialmente que el clérigo “ha sido apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio por el Arzobispado de Toledo”.

Un sacerdote de Toledo ha sido arrestado en Torremolinos (Málaga) como presunto autor de un delito contra la salud pública. Lo adelantaba El Español-El Digital de Castilla-La Mancha que detallaba la detención de este religioso “por estar en posesión de una cantidad importante de 'tusi', droga conocida como cocaína rosa”.

El eclesiástico, Carlos Loriente, se encontraba junto a tres hombres cuando fue parado por los cuerpos de seguridad para una “inspección rutinaria” mientras viajaba en un vehículo alquilado. Al poseer una cantidad “importante” de este estupefaciente realizaron un registro en la vivienda de uso turístico en la que se alojaban y fue allí donde encontraron más cocaína, por lo que se llevó a cabo el arresto.

En un primer momento de la detención, Carlos Loriente se identificó como 'rector del seminario toledano', sin embargo es canónigo de la Catedral de Toledo y director del instituto teológico 'San Ildefonso'.

El Arzobispado de Toledo lamenta “profundamente” los hechos

El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención de un sacerdote de la Archidiócesis, pero ha negado que se trate del rector del Seminario Mayor de Toledo, Álvaro García Paniagua. La institución eclesiástica ha lamentado “profundamente” los hechos que han causado la detención y ha reprobado “cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer” este sacerdote.

La Archidiócesis ha querido expresar su “plena confianza” en la Justicia y aunque considera que “la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido”, ha manifestado su disposición a “colaborar” con ella.

Asimismo, ha declarado que el propio Arzobispado ha abierto investigaciones y ha apartado cautelarmente al detenido del ejercicio del ministerio y de su oficio.

Finalmente, desde entidad eclesiástica han pedido “perdón por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la Archidiócesis”.

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat a dos anys i un dia de presó al exrector de la parroquina mallorquina de Ca Picafort, Pere Barceló, qui en 2013 es va convertir en el primer sacerdot expulsat de l'Església a Espanya per un cas de pederàstia. El tribunal declara provat que va abusar sexualment d'una menor d'edat quan aquesta tenia entre 6 i 7 anys i acudia a catequesis. La Fiscalia reclamava inicialment deu anys de presó per al expárroc, qui ja va ser condemnat en 2016 a sis anys de presó per violar a una escolana en més de deu ocasions.

Les magistrades també han dictat una ordre d'allunyament de 500 metres per a l'acusat i la prohibició de comunicar-se amb la víctima durant cinc anys i mig. Així mateix, li han imposat el pagament d'una indemnització de 15.000 euros. En la mateixa resolució, l'Audiència condemna a la Diòcesi de Mallorca com a responsable civil subsidiària en cas que el expárroc al·legui insolvència.

La Sala considera que existeix suficient prova de càrrec per a enervar la presumpció d'innocència de l'inculpat i com la declaració de la víctima gaudeix de tota versemblança. “Els fets declarats provats -ocorreguts entre 2007 i 2008- no ofereixen dubtes quant a la seva naturalesa inequívocament sexual, perquè així es desprèn de la pròpia acció consistent en tocaments per sota de la roba interior” que l'acusat va realitzar a la menor durant una classe de catequesi, resa la resolució. Tampoc existeixen dubtes acosta l'“absència de consentiment” de la víctima degut la seva curta edat, atès que tenia llavors entre sis i set anys, ni de la “posició de superioritat” en la qual es trobava el exrector de Ca Picafort, localitat situada en el nucli municipal de Santa Margalida.

“El rector va aprofitar que existia una fusta davant de la taula que impedia que la resta dels nens veiessin el que estava passant i les dimensions de la sala perquè els nens estiguessin lluny de l'esmentada taula i així no poguessin adonar-se del que succeïa”, relaten les magistrades, per a determinar que la menor va ser una víctima “especialment vulnerable” tant per l'edat com per la situació en la qual van succeir els fets.

El tribunal, no obstant això, no ha trobat proves suficients com per a determinar que els tocaments van incloure penetració. La sentència no és ferma i pot ser recorreguda en apel·lació davant la Sala civil i el Penal del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB).

Condemnat a sis anys per violar a una escolana

Cal recordar que Barceló ja va ser condemnat en 2016 a sis anys de presó -va sortir de presó a l'agost de 2023- per un delicte continuat d'agressió sexual després de confessar haver abusat sexualment i de manera reiterada, entre 1997 i 1998, d'una escolana que llavors comptava amb 10 anys d'edat. La jove va relatar davant el tribunal la seva experiència entre llàgrimes i, visiblement afectada, va recordar com en 1998 va ser violada en més de deu ocasions mentre el processament li tapava la boca i la subjectava fortament perquè no pogués moure's ni escapar.

El sacerdot havia estat destinat al juny de 1996 a exercir el seu ministeri com a rector de l'Església de l'Assumpció de Maria. A principis de 1997 va entaular relació amb la víctima en acudir aquesta a la catequesi de manera regular i realitzar labors d'escolana al costat d'un altre grup de menors.

Ja a l'estiu de 1997, l'eclesiàstic va ser sorprès quan en el sofà de la parròquia abusava de la menor, moment en el qual no va ser denunciat. A principis de 1998 va portar novament a l'escolana a la seva habitació, violant-la fins a deu ocasions. El 27 de novembre de 2012, la jove, ja major d'edat, va denunciar els fets davant la Guàrdia Civil de Santa Margalida: “Ho vaig deixar anar perquè ja no podia més”, va explicar.

Expulsió de l'Església

El Bisbat de Mallorca, amb Jesús Murgui al capdavant, va impulsar al novembre de 2010 una recerca interna amb l'objectiu d'esclarir la conducta de Barceló, un procediment que va culminar al març de 2011 amb la suspensió cautelar del càrrec. L'Església, que va indemnitzar a la víctima abans del judici, va impulsar un procediment canònic paral·lel que va concloure abans que la via penal: el Tribunal Eclesiàstic va declarar al prevere culpable d'abusos sexuals a menors, motiu pel qual, el 18 de març de 2013, en una mesura pionera en tota Espanya, ho va expulsar del ministeri sacerdotal, la major de les condemnes expiatòries.

La Diòcesi va al·legar que la decisió de l'Església responia a la comissió de “#greu delictes” contra el sisè manament del Decàleg de menors i apel·lava al cànon 1.395 del Codi de Dret Canònic, que tipifica els delictes sobre abusos sexuals comeses per un sacerdot i estableix que el clergue que abusi d'un menor “ha de ser castigat amb penes justes, sense excloure l'expulsió de l'estat clerical quan el cas el requereixi”.

Precisament, el llavors Papa Benet XVI havia proclamat tan sols tres anys abans la 'tolerància zero' davant les pràctiques pederastes comeses per religiosos. “Heu traït la confiança dipositada i heu de respondre davant Déu i els tribunals”, va arribar a sentenciar el pontífex que va convertir la “neteja de la brutícia” en un dels principals propòsits del seu Papat. No en va, una de les primeres iniciatives que va adoptar Joseph Ratzinger va ser la d'exigir al fundador dels Legionaris de Crist, Marcial Maciel, que havia estat investigat per presumptes abusos sexuals durant dècades, que renunciés “a tot ministeri públic” i portés una vida de penitència. En una dècada –fins a 2016–, la Santa Seu va rebre 6.000 denúncies per pederàstia, com va publicar en exclusiva eldiario.es, i va expulsar a un miler de sacerdots.

Un informe inèdit després de dècades d'impunitat i silenci

En Balears, els protagonitzats per Barceló són els casos més flagrants de quants s'han produït, però no els únics. El Defensor del Poble, en un informe publicat en 2023 després de dècades d'impunitat, opacitat i silenci, apuntava a fins a un total de 18 localitzacions a les illes –entre cases d'acolliment, parròquies, col·legis, residències i domicilis particulars– en les quals van ser notificats abusos sexuals en l'àmbit eclesiàstic. El document denunciava com l'Església ha ocultat milers de casos d'abusos i agressions sexuals a menors, convertint-se en el primer informi oficial i independent que va posar sobre la taula les “dinàmiques d'ocultació i encobriment” de l'Església, al mateix temps que reclamava la creació d'un fons estatal per al pagament d'indemnitzacions als perjudicats.

També a Mallorca, la defunció, el mes de novembre passat, del prevere diocesà Guillem Feliu i Ramis debaja enrere les ombres que planejaven sobre aquest sacerdot natural del municipi de Llubí, on es va llevar la vida als 64 anys. Sobre ell pesaven dues denúncies per presumptes abusos a menors el desenllaç dels quals va quedar en foc d'encenalls després de la seva mort.

Mentrestant, al juny de 2024, un altre sacerdot mallorquí denunciat per un presumpte cas d'abusos sexuals reconeixia davant una jutge que va mantenir relacions sexuals amb la seva víctima, una dona amb discapacitat, defensant que van ser sempre consentides i sent ella adulta. La dona va interposar una denúncia davant la Guàrdia Civil en 2023 en la qual assegurava que l'home la va violar de forma continuada al llarg de dècades des que ella tenia 24 anys i l'home, 50. Al costat del sacerdot diocesà va denunciar a dos jesuïtes.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Balears ha condenado a dos años y un día de prisión al exrector de la parroquina mallorquina de Can Picafort, Pere Barceló, quien en 2013 se convirtió en el primer sacerdote expulsado de la Iglesia en España por un caso de pederastia. El tribunal declara probado que abusó sexualmente de una menor de edad cuando ésta tenía entre 6 y 7 años y acudía a catequesis. La Fiscalía reclamaba inicialmente diez años de prisión para el expárroco, quien ya fue condenado en 2016 a seis años de cárcel por violar a una monaguilla en más de diez ocasiones.

Las magistradas también han dictado una orden de alejamiento de 500 metros para el acusado y la prohibición de comunicarse con la víctima durante cinco años y medio. Asimismo, le han impuesto el pago de una indemnización de 15.000 euros. En la misma resolución, la Audiencia condena a la Diócesis de Mallorca como responsable civil subsidiaria en caso de que el expárroco alegue insolvencia.

La Sala considera que existe suficiente prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia del inculpado y cómo la declaración de la víctima goza de toda verosimilitud. “Los hechos declarados probados -ocurridos entre 2007 y 2008- no ofrecen dudas en cuanto a su naturaleza inequívocamente sexual, pues así se desprende de la propia acción consistente en tocamientos por debajo de la ropa interior” que el acusado realizó a la menor durante una clase de catequesis, reza la resolución. Tampoco existen dudas acerca la “ausencia de consentimiento” de la víctima debido su corta edad, dado que tenía entonces entre seis y siete años, ni de la “posición de superioridad” en la que se encontraba el exrector de Can Picafort, localidad ubicada en el núcleo municipal de Santa Margalida.

“El párroco aprovechó que existía una madera delante de la mesa que impedía que el resto de los niños vieran lo que estaba pasando y las dimensiones de la sala para que los niños estuvieran lejos de la mencionada mesa y así no pudieran percatarse de lo que sucedía”, relatan las magistradas, para determinar que la menor fue una víctima “especialmente vulnerable” tanto por la edad como por la situación en la que sucedieron los hechos.

El tribunal, no obstante, no ha hallado pruebas suficientes como para determinar que los tocamientos incluyeron penetración. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB).

Condenado a seis años por violar a una monaguilla

Cabe recordar que Barceló ya fue condenado en 2016 a seis años de cárcel -salió de prisión en agosto de 2023- por un delito continuado de agresión sexual tras confesar haber abusado sexualmente y de forma reiterada, entre 1997 y 1998, de una monaguilla que entonces contaba con 10 años de edad. La joven relató ante el tribunal su experiencia entre lágrimas y, visiblemente afectada, recordó cómo en 1998 fue violada en más de diez ocasiones mientras el procesado le tapaba la boca y la sujetaba fuertemente para que no pudiera moverse ni escapar.

El sacerdote había sido destinado en junio de 1996 a ejercer su ministerio como párroco de la Iglesia de l'Assumpció de Maria. A principios de 1997 entabló relación con la víctima al acudir ésta a la catequesis de forma regular y realizar labores de monaguilla junto a otro grupo de menores.

Ya en verano de 1997, el eclesiástico fue sorprendido cuando en el sofá de la parroquia abusaba de la menor, momento en el que no fue denunciado. A principios de 1998 llevó nuevamente a la monaguilla a su habitación, violándola hasta en diez ocasiones. El 27 de noviembre de 2012, la joven, ya mayor de edad, denunció los hechos ante la Guardia Civil de Santa Margalida: “Lo solté porque ya no podía más”, explicó.

Expulsión de la Iglesia

El Obispado de Mallorca, con Jesús Murgui al frente, impulsó en noviembre de 2010 una investigación interna con el objetivo de esclarecer la conducta de Barceló, un procedimiento que culminó en marzo de 2011 con la suspensión cautelar del cargo. La Iglesia, que indemnizó a la víctima antes del juicio, impulsó un procedimiento canónico paralelo que concluyó antes que la vía penal: el Tribunal Eclesiástico declaró al presbítero culpable de abusos sexuales a menores, motivo por el que, el 18 de marzo de 2013, en una medida pionera en toda España, lo expulsó del ministerio sacerdotal, la mayor de las condenas expiatorias.

La Diócesis alegó que la decisión de la Iglesia respondía a la comisión de “gravísimos delitos” contra el sexto mandamiento del Decálogo de menores y apelaba al canon 1.395 del Código de Derecho Canónico, que tipifica los delitos sobre abusos sexuales cometidos por un sacerdote y establece que el clérigo que abuse de un menor “debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”.

Precisamente, el entonces Papa Benedicto XVI había proclamado tan sólo tres años antes la 'tolerancia cero' ante las prácticas pederastas cometidas por religiosos. “Habéis traicionado la confianza depositada y debéis responder ante Dios y los tribunales”, llegó a sentenciar el pontífice que convirtió la “limpieza de la suciedad” en uno de los principales propósitos de su Papado. No en vano, una de las primeras iniciativas que adoptó Joseph Ratzinger fue la de exigir al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que había sido investigado por presuntos abusos sexuales durante décadas, que renunciara “a todo ministerio público” y llevara una vida de penitencia. En una década –hasta 2016–, la Santa Sede recibió 6.000 denuncias por pederastia, como publicó en exclusiva eldiario.es, y expulsó a un millar de sacerdotes.

Un informe inédito tras décadas de impunidad y silencio

En Balears, los protagonizados por Barceló son los casos más flagrantes de cuantos se han producido, pero no los únicos. El Defensor del Pueblo, en un informe publicado en 2023 tras décadas de impunidad, opacidad y silencio, apuntaba a hasta un total de 18 localizaciones en las islas –entre casas de acogida, parroquias, colegios, residencias y domicilios particulares– en las que fueron notificados abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. El documento denunciaba cómo la Iglesia ha ocultado miles de casos de abusos y agresiones sexuales a menores, convirtiéndose en el primer informe oficial e independiente que puso sobre la mesa las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” de la Iglesia, al tiempo que reclamaba la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a los perjudicados.

También en Mallorca, el fallecimiento, el pasado mes de noviembre, del presbítero diocesano Guillem Feliu i Ramis debaja atrás las sombras que planeaban sobre este sacerdote natural del municipio de Llubí, donde se quitó la vida a los 64 años. Sobre él pesaban dos denuncias por presuntos abusos a menores cuyo desenlace quedó en agua de borrajas tras su muerte.

Mientras tanto, en junio de 2024, otro sacerdote mallorquín denunciado por un presunto caso de abusos sexuales reconocía ante una juez que mantuvo relaciones sexuales con su víctima, una mujer con discapacidad, defendiendo que fueron siempre consentidas y siendo ella adulta. La mujer interpuso una denuncia ante la Guardia Civil en 2023 en la que aseguraba que el hombre la violó de forma continuada a lo largo de décadas desde que ella tenía 24 años y el hombre, 50. Junto al sacerdote diocesano denunció a dos jesuitas.

Salvador Daza y María Regla Prieto llevan más de 30 años investigando los crímenes de frailes y sacerdotes, y han publicado hasta la fecha seis libros reunidos bajo el rubro Clérigos homicidas en España, analizando más de 200 casos entre el siglo XVI y el XX. La última entrega de esta serie, Armas bajo el altar, acaba de ver la luz en la editorial Renacimiento, y se ocupa de un buen número de historias terroríficas ocurridas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional desde 1870 hasta 1927.

Cómo llegaron este músico y compositor y esta filóloga clásica, ambos naturales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a convertirse en expertos en la materia es algo que solo se explica como una feliz carambola: “Tres décadas atrás ninguno de nosotros tenía aire acondicionado, de modo que los amigos de Salva íbamos a su casa, que era la más fresca, a refugiarnos del calor en verano”, recuerda Prieto.

“Él se ponía a estudiar delante de nosotros, así que además teníamos concierto gratuito; uno de esos días llegó su padre con un libro que daban como promoción de un periódico, las Cartas de España de Blanco White. No teníamos ni idea de quién era, pero Salva se puso a hojearlo y de pronto se puso pálido: reparó en un artículo en el que hablaba de que los más negros crímenes de la época de Carlos III no habían sido castigados con suficiente fuerza por la predisposición del rey a perdonarlos, especialmente a los clérigos. Y ponía como ejemplo un caso de 1774, ocurrido en la ciudad gaditana de Sanlúcar, justo delante de donde nos encontrábamos: frente al antiguo convento de los Carmelitas”, continúa la filóloga. La historia refería el caso de una niña llamada María Luisa de Tasara, que estaba a punto de casarse, y a la que un fraile mató en la puerta de la iglesia.

Salvador y María Regla se casaron, ella se instaló en Sevilla, y empezó a indagar en la historia de la chica. Estaba convencida de que podía ser el germen de una novela, o una ópera. Animada por Antonio Garnica, catedrático de inglés de la Universidad Hispalense y traductor de Blanco White, siguió la pista del archivo diocesano de Cádiz, donde encontró información sobre el proceso al fraile en cuestión “y una carta del padre de María Luisa, en la que lanzaba un testigo al futuro, por si alguien se animaba a saber qué había ocurrido”.

“Mata quien puede”

Era solo la primera de muchísimas indagaciones que la pareja emprendería. Se daba la circunstancia de que, tras la quema del archivo de protocolos de Sanlúcar, Carlos III se llevó el proceso a Madrid con la idea de tapar los crímenes de la Iglesia… Sin sospechar que los estaba salvando para los investigadores del porvenir. Más tarde, en 1799, Carlos IV hubo de tomar cartas en el asunto, en vistas de la terrible violencia que el clero ejercía contra sus feligreses. “Mataban con una impunidad que rayaba lo escandaloso”, señalan los autores de Armas bajo el altar.

“Mata quien puede” es una de las conclusiones que los autores sacan después de estas tres décadas. “Sus víctimas suelen ser personas que están por debajo de su estatus social. Las favoritas son las mujeres, sus barraganas, sus amas… Hay niñas a las que los padres dejan en casa de un pariente cura para que les enseñe tres letras, y abusan de ellas, las dejan embarazadas y acaban matándolas a ellas o a sus bebés. En una época muy amplia, no había vocaciones, el sacerdocio era una manera de salir de la pobreza, un refugio para personas que no tenían fe”, explican los expertos.

También había crímenes puramente materiales: a un cura se le antojaba el campo de un vecino, y le pegaba un tiro para quedarse con él; muchas veces, sin otra consecuencia que cambiar al sacerdote de destino. “Tenían un desprecio total por la vida humana. Un obispo que tenía en su diócesis a un bala perdida que se emborrachaba y tenía a dos o tres amantes, debía cortarle el vuelo, pero no lo hacía. En tiempos del carlismo, vemos que incluso formaban partidas de bandoleros sangrientos, como el obispo de Flix (Tarragona), que era conocido como El tigre tonsurado”, añaden.

Más casos escalofriantes en la sexta entrega

A Daza y Prieto les estremece leer las declaraciones de los acusados en sede judicial, que eran capaces de afirmar que solo habían matado “a una palomita”, o que habían apuñalado siete veces al superior de un convento “porque le tenía manía”. “Estamos ante absolutos psicópatas”, concluyen los investigadores de clérigos homicidas.

Llegamos así a la sexta entrega de la serie, que se apoya en la información recogida en la prensa liberal de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. “Ahí se ve muy bien la evolución de la sociedad, que hasta entonces había tendido a defender al asesino y a culpabilizar a las víctimas, y es algo que ha seguido ocurriendo hasta hace poco, cuando se justificaba una violación por el largo de la falda de la chica”, cuentan los autores.

“Pero esta fue una prensa que tomó partido frente a la injusticia, no porque fuera anticlerical, sino porque denunciaba la desventaja de los ciudadanos frente a un estamento que gozaba de privilegios por vestir su hábito; mientras se condenaba a muerte a los robagallinas, un cura era condenado como máximo a 10 o 15 años, que rara vez llegaba a cumplir”, agregan.

Los casos recogidos en este libro por los autores son tan escalofriantes como los anteriores: la chica de un pueblo de Zaragoza que fue a servir a casa del cura, que bebía frecuentemente, tenía dos o tres amantes y frecuentaba prostíbulos. “Un día la cogió mientras hacía la cama en su cuarto, y qué no le haría que se tiró por el balcón. Su familia era pobre de solemnidad, así que sus padres no hicieron nada”, lamentan los autores de Armas bajo el altar.

Dignificar a las víctimas

Otro caso trasciende el anecdotario macabro para saltar a la historia de la literatura, ya que Antonio Machado la recogió en sus Campos de Castilla bajo el título El criminal. Un hombre a punto de ordenarse sacerdote en el pueblo de Carrascosa, cuya familia tenía tierras y dinero, se enamoró de una vecina y pensó que la mejor manera de dar un golpe de timón a su destino era entrar de noche en su casa, simular un robo y matar a todo el mundo. “Acabó con la vida de sus dos hermanas pequeñas, a las que degolló, y fue descubierto y condenado”, apuntan.

También fue reconocido como asesino el sacerdote que tenía un romance con una chica bien, la misma que un buen día le dijo a sus padres que se iba de visita a casa de unos tíos. Sin embargo, se había citado con el cura en el mismo lugar en el que aparecería con un tiro en la cabeza. “El cura adujo que llevaba una pistola como defensa personal, y que ella se había disparado a sí misma jugando con el arma. Pero descubrieron que tenía pólvora en las manos y que era imposible que la muchacha se hubiera matado con la trayectoria de aquella bala”, relata la pareja.

“Cabe recordar que en aquellos años se produjo el boom de la psiquiatría, y que no pocos expertos querían explicar estos hechos alegando que los asesinos eran enfermos, o señalando como causa el celibato. Pero muchos de estos sacerdotes eran expertos manipuladores, tenían formación y sabían hablar en público en una sociedad mayoritariamente analfabeta”, concluyen Daza y Prieto, que ya trabajan en una próxima entrega bajo la misma premisa que las anteriores: “Queremos dignificar a las víctimas y reconocer la labor de quienes consiguieron cambiar las cosas. Más ahora, que vemos volver ideas y actitudes de otro tiempo”.

Un sacerdote de Burgos ha ingresado en prisión tras ser detenido esta semana por la Policía Nacional como supuesto autor de un delito de exhibicionismo y provocación sexual, al parecer por engañar a menores de edad haciéndose pasar por una mujer y obtener así imágenes íntimas de sus víctimas, cuyo número se desconoce por el momento al mantenerse abierta la investigación.

A través de un comunicado, el Arzobispado de Burgos ha ofrecido su “total colaboración” con las autoridades y ha ordenado el procedimiento de investigación previa, que incluye medidas canónicas, entre ellas la suspensión cautelar del ministerio sacerdotal.

Ante estos hechos, el Arzobispado ha manifestado su “cercanía, disponibilidad y apoyo a las víctimas y sus familias”, y ha lamentado “profundamente el daño que se haya podido ocasionar” por este sacerdote, a quien también ofrecen “el acompañamiento necesario para abordar esta situación” y “consuelo a su familia”.

La detención de este hombre tuvo lugar en Burgos el pasado miércoles, después de una investigación iniciada a raíz de la denuncia de una familia que detectó que su hijo había enviado a través de su teléfono fotos de sus genitales a una persona, según han publicado los medios locales burgaleses.

Inicialmente pensaron que se trataba de una mujer que se las habría pedido a cambio de mostrarle ella sus pechos, pero los policías rastrearon el móvil desde el que se realizó esa propuesta y comprobaron que su titular era un hombre, al parecer este sacerdote detenido ahora. El cura tenía acceso a los móviles de los menores por su vinculación con la iglesia parroquial donde trabajaba.

La investigación sigue abierta para determinar el alcance de estas prácticas y localizar a más posibles víctimas.

El mismo hombre que, en una entrevista realizada desde el calabozo del Campamento de Wad-Rass, 55, en el Madrid de 1977, se refería a la “España cuartelera”, murió a comienzos de este mes como organista de la catedral de Mondoñedo y cura de opiniones ultraconservadoras. Manuel Escariz Magariños, que falleció a los 75 años en Gijón (Asturies), había protagonizado en su juventud un sonado episodio en los estertores de la dictadura: llevaba nueve meses de mili (servicio militar obligatorio) cuando decidió no obedecer más órdenes de la superioridad. Se negó a seguir usando el uniforme y se dejó el pelo largo. Acabó en prisión y sometido a consejo de guerra. La prensa de la época siguió un caso que fue célebre, pero del que no hubo rastro en las necrológicas periodísticas del párroco hace apenas unas semanas.

Escariz Magariños había nacido en una aldea de A Estrada (Pontevedra), Ouzande. En la entrevista mencionada al inicio, publicada por el semanario de izquierda nacionalista Teima, relataba sus orígenes. Hijo de un trabajador de Bazán en Ferrol -epicentro del movimiento obrero antifranquista en Galicia-, fue a un colegio de pago desacorde con su clase social. “No me correspondía por la situación de mis padres”, contaba a la entrevistadora, Ana Barreiro, “me daba rabia ir con la ropa remendada junto a los hijos de los ricos”. De la escuela en Ferrol pasó al seminario, primero en Lourenzá y más tarde en Mondoñedo. El trayecto era más o menos habitual en las familias pobres durante el franquismo. Allí coincidió con una persona que lo trató durante años y que lo recuerda, en conversación con elDiario.es, como “un hombre inteligentísimo y con una vida interior tremebunda”.

Los curas no vieron clara su vocación de sacerdocio y le recomendaron “ver mundo”. Y el mundo fue primero Preu (así se llamaba en el franquismo el último curso de instituto) en Ferrol y enseguida la universidad en Santiago de Compostela, a donde llegó en plena resaca de marzo del 68, con la ciudad sacudida por las protestas estudiantiles. Se matriculó en filología, especialidad lenguas clásicas, y se integró en la contracultura de la época. Asistió al nacimiento de Voces Ceibes -grupo de cantautores contestatarios, vinculados sobre todo al Partido Comunista- y a conciertos de leyendas como los portugueses Luís Cília y José Afonso. También se aficionó a lo que entonces se denominaba cine de arte y ensayo. “Esos años fueron para mí lo menos malo que podía hacer en esta España cuartelera”, dice en Teima, “sin saber si tenía interés en conseguir un título devaluado para luchar desde dentro contra una sociedad podrida”. El servicio militar aclaró, por la fuerza, sus dudas.

“Tocaba el piano. Tenía muchas lecturas. Era un apasionado del cine”, recuerda el que fuera su compañero de seminario y también, más tarde, de mili. “Desde los 16 años hasta hoy se fue cimentando en mí la idea de que una buena causa por la que vivir era la conquista de técnicas que hicieran inútiles las armas”, declaraba Escariz. La periodista hablaba con él en una de las visitas permitidas: jueves o domingos de seis a siete de la tarde. El objetor de conciencia se había entregado el 23 de julio de 1976 tras entrar en contacto con integrantes del Movimiento de Objetores de Conciencia. Los problemas con sus custodios militares fueron constantes, lo que lo llevó incluso a una huelga de hambre. No se benefició de ninguna de las amnistías parciales de aquellos años. Suárez acaba de jurar como presidente y el régimen se desmoronaba, empujado por la calle, pero la amnistía general tardaba.

“La Reconquista y el águila del escudo de España”

La prensa de la época recoge el consejo de guerra que, en mayo de 1977, lo condenó a tres años de prisión. Cinco meses después, las Cortes aprobaban la Ley de Amnistía, que sí incluía, en su artículo segundo, “la objeción de conciencia al servicio militar por motivos éticos o religiosos”. Escariz salió en libertad tras 18 meses. Fue cuando su amigo del seminario, el instituto y la mili le perdió la pista. “Hasta que pasaron 30 años. Nos volvimos a encontrar, pero era un hombre cambiado”, señala. Para empezar, se había ordenado sacerdote, pero a los 45 años, en 1995 y en Mondoñedo (Lugo). “Lo que vi fue un católico neoconservador con una vida tremendamente solitaria. Él quería retomar la relación, pero yo estaba ya muy lejos”, dice.

En una homilía más o menos reciente disertaba sobre “la Reconquista, de Pelayo a Isabel y Fernando” y también sobre el significado del águila “del escudo de España” -en realidad, del escudo preconstitucional. Su cuenta en la red social Facebook, todavía abierta aunque sus últimas publicaciones datan de 2019, ratifican su giro al conservadurismo: replicaba artículos e intervenciones de derecha contra el Papa Francisco -“las razones por las que es masón”-, reproducía publicaciones de odio contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o contra los inmigrantes. E incluso de nostalgia por el mismo franquismo que había convertido España en “cuartelera”, como se indignaba el Escariz Magariños de 1977. A su muerte, a comienzos de este mes de mayo, era responsable de las parroquias de Couboeira, Figueiras, Masma, Vilamor y Viloalle, en la zona de Mondoñedo, organista encargado del cometido musical en la catedral de la villa y auxiliar del archivo diocesano desde 2003.

El arzobispo de Toledo Francisco Cerro Chaves y el obispo auxiliar de esta diócesis y secretario general de la Conferencia Episcopal Española , César García Magán, han emitido este viernes un comunicado conjunto tras la elección del nuevo Papa León XIV.

Confían en que “su ministerio sea signo de la unidad y vínculo de paz para la Iglesia y para toda la humanidad”. Tras manifestar su “gratitud” y “la de toda la comunidad diocesana” por el nombramiento, el escrito invita “a los sacerdotes, a los miembros de la vida consagrada y a todos los fieles de la archidiócesis a vivir este momento como una ocasión para fortalecer la veneración, la obediencia y el afecto al Papa”.

“En un mundo tan amenazado por las divisiones”, prosigue el escrito, “se hace necesario que todos los miembros del pueblo de Dios seamos conscientes de que Pedro es, verdaderamente, la roca sobre la que se apoya la fe y la comunión de la Iglesia” y añade que “el Papa es fundamento de la unidad de fe y de comu­nión de los demás obispos y de todos fieles”.

El arzobispo acudirá a Roma e invitará al nuevo papa a visitar Toledo

Francisco Cerro Chaves, ya en declaraciones a los medios, ha adelantado este viernes su intención de acudir a Roma a la misa de acción de gracias del nuevo Papa León XIV, para la que todavía no se conoce la fecha, donde espera poder saludarle personalmente y aprovechar para invitarle a visitar la provincia eclesiástica de Toledo y la capital, según informa Europa Press.

Ha señalado que acudir a esa misa de acción de gracias de los nuevos papas es una “tradición que siempre ha habido en Toledo, en la arquitectura de Toledo” y allí estará, cuando se convoque, al igual que estuvo en el funeral del Papa Francisco.

Cerro Chaves ha apuntado que el nuevo pontífice ha estado “con toda seguridad” ya en Toledo, una ciudad “que visita prácticamente la mayoría de la humanidad”, consciente de que es “muy difícil venir a España y no acercarse a Toledo”.

No obstante, habrá una invitación para el nuevo Papa, como ya la hubo para el Papa Francisco, tanto para visitar Toledo --coincidiendo con el octavo centenario de la Catedral Primada-- como Guadalupe. “Vamos a invitarle, por supuesto, que nos visite y que esté con nosotros”.

“Probablemente” tenga raíces en Castilla-La Mancha

De otro lado, en relación a los posibles orígenes castellanomanchegos del nuevo Papa, el arzobispo de Toledo ha indicado que “probablemente” tenga raíces en la región, aunque ahora mismo no se sabe con precisión “de qué sitio” o lugar, aunque en la partida de bautismo seguro que aparecerá dónde nació, ha comentado.

En cuanto a su presencia aquí, ha confirmado que, desde este jueves, se están analizando las veces que ha estado en Toledo y en Castilla-La Mancha, y han podido comprobar que Robert Francis Prevost estuvo en Oropesa, coincidiendo con la beatificación del agustino Alonso Orozco, viaje durante el que también visitó la comunidad de Agustinas de Talavera de la Reina.

“Pero probablemente tengamos muchas más presencias de este hombre cuando fue el general de los Agustinos”, ya que una persona con ese desempeño es probable que haya visitado “la mayoría de las casas de Agustinos y Agustinas de todo el mundo, la mayoría”, lo que hace intuir que su presencia en España “habrá sido muy rica, y concretamente la presencia en Toledo y en Castilla-La Mancha”.

El arzobispo toledano, que durante más de cinco años fue profesor de Teología en los Agustinos de Valladolid hasta que le nombraron obispo de Coria-Cáceres en 2007, cree que puede que alguna vez haya coincidido en esa etapa con el nuevo Papa, algo que ha intentado comprobar --ha admitido-- entre sus fotografías personales.

Cree que “conecta” con el Pontificado de Francisco

Dicho esto, el arzobispo de Toledo ha valorado que el primer mensaje de León XIV haya sido misionero. “Se ve que es un hombre que tiene una riqueza que nos puede transmitir mucho”, ha dicho, refiriéndose en concreto a “esa dimensión misionera de alegría del Resucitado”.

Igualmente, ha destacado del nuevo Papa que “conecta perfectamente con el pontificado del Papa Francisco, como no podía ser de otra manera”, en el sentido de invitar “a descubrir esa riqueza inmensa, de esas grandes preocupaciones que han tenido los últimos papas, que siempre ha sido, por supuesto, la paz”.

Yo estoy feliz, estoy contentísimo. Creo que el Señor nos ha bendecido con un gran Papa, como no podía ser de otra manera

Francisco Cerro Chaves — Arzobispo de Toledo y Primado de España

De hecho, el arzobispo de Toledo se ha aventurado a indicar que si ha elegido el nombre de León XIV ha sido pensando en León XIII, que es el Papa de encíclica 'Rerum novarum', el Papa de la doctrina social de la Iglesia en el tiempo moderno y el Papa del servicio a los obreros, a los trabajadores.

“Yo estoy feliz, estoy contentísimo. Creo que el Señor nos ha bendecido con un gran Papa, como no podía ser de otra manera”, ha manifestado Cerro Chaves, que igualmente ha confesado su grandísima impresión por cómo la plaza de San Pedro se convirtió “en una auténtica fiesta”, en “la catedral del mundo”.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de anular la condena a diez años de cárcel que la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, impuso al exsacerdote Jesús Menéndez, conocido como el “padre Chus”, por los delitos de corrupción de menores y contra la salud pública por ofrecer droga a tres menores de edad a cambio de mantener relaciones sexuales con ellos en su domicilio de Gijón.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha ordenado al tribunal de la Sección Octava de la Audiencia que condenó al “padre Chus” que dicte un auto donde se motive claramente si, tal y como había acordado el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, antes de la celebración del juicio “se debía mantener o no en el anonimato” a los testigos protegidos que declararon contra el excura, tal y como ordena la Ley de Protección de Testigos en el artículo 4.1.

Los magistrados del alto tribunal asturiano acuerdan anular su condena al estimar el recurso de apelación que había interpuesto el abogado Javier Díaz Dapena quien, durante la vista oral del juicio, insistió en que al no poder conocer la identidad de estos testigos se le había privado de interrogarles, lo que le situaba en una posición de “indefensión”.

Las dos opciones

En el caso de que la Audiencia Provincial decida mantener el anonimato de los testigos, la defensa podrá presentar alegaciones que estudiará de nuevo el TSJA antes de resolver y pronunciarse sobre el resto de los motivos expuestos en el recurso de apelación presentado contra la sentencia condenatoria.

En caso contrario, si la Audiencia decide, a través del auto que debe dictar, que “debe despojare del anonimato a los testigos”, daría lugar a la nulidad definitiva del juicio y de la sentencia por lo que debería procederse a un nuevo enjuiciamiento por un tribunal diferente.

El TSJA puntualiza que, en cualquier caso, la sentencia por la que se anula la condena al “padre Chus” tan solo le afecta a él y no a los otros dos investigados, que fueron juzgados en la misma causa y que “se aquietaron a la misma”.

La acusación de tres menores

Los magistrados de la Sección Octava declararon probado que, al menos desde el año 2015, el exsacerdote contactaba con menores, a los que invitaba a acudir a su domicilio, donde les entregaba pequeñas cantidades de dinero o les facilitaba hachís, que “consumían en el salón y en su presencia”.

La Fiscalía mantenía que era él quien “incitaba a los menores para que éstos, a su vez, contactaran con otros y les invitaran a subir al piso para fumar hachís, y con ello, entablar una relación de amistad”.

En libertad

Los menores mantuvieron en el juzgado la misma versión. Acusaron al “padre Chus” de facilitarles hachís en su domicilio, ubicado en la calle Donato Argüelles, en Gijón, y mantener posteriormente relaciones sexuales con ellos. Fue detenido e ingresó en prisión provisional el 3 de noviembre de 2021.

Su encarcelamiento duró cuatro meses, ya que el 24 de marzo de 2022 salió en libertad con cargos mientras se instruía el procedimiento.

Javier Díaz Dapena lleva defendiendo al exsacerdote desde hace una década y siempre ha negado cualquier participación de su representado en las diferentes denuncias que se han interpuesto contra él.

El papa Francisco acordó la expulsión del clero del entonces sacerdote, en el año 2015, cuando tuvo conocimiento de que éste estaba cometiendo “acciones pecaminosas”.

Un año después el exsacerdote era absuelto de sendos delitos de abuso sexual, pero a finales de 2021 volvió a ser detenido acusado de delitos de corrupción de menores y tráfico de drogas.

Nueva denuncia por abuso sexual

El pasado mes de abril, el “padre Chus” volvía a ser detenido de nuevo acusado por un joven de su presunta autoría en un delito de abuso sexual al intentar besarle.

El exsacerdote negó cualquier participación en los hechos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón que acordó su libertad provisional a expensas del desarrollo de la investigación.

Jesús María Menéndez, el exsacerdote conocido como “padre Chus”, ha vuelto a ser detenido por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Gijón acusado de un delito de tentativa de abuso sexual a un menor de edad.

La víctima es un adolescente que asegura que intentó besarle. El excura ha negado en el juzgado los hechos imputados y ha quedado en libertad provisional mientras se instruye la causa.

Su abogado defensor, Javier Díaz Dapena, ha confirmado la detención y posterior puesta en libertad.

En declaraciones a eldiario.es Asturias, el letrado ha negado de forma categórica que su representado haya tenido cualquier participación en los hechos denunciados.

“Asistí a mi cliente en la vista que se celebró en el Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón tras su detención y, tal y como mantuvimos ante su titular, reitero su inocencia. Él quedó en libertad provisional a expensas de la instrucción de este procedimiento que está actualmente en un estadio inicial”, ha asegurado.

Una noche en los calabozos

La denuncia se interpuso antes de Semana Santa, aunque no trascendió públicamente hasta ahora, una vez que el “padre Chus” ha quedado en libertad provisional.

Los agentes detuvieron al exsacerdote y le trasladaron a los calabozos de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, ubicada en El Natahoyo.

Tras pasar la noche en los calabozos, los agentes le pusieron a disposición judicial al día siguiente y, tras declarar ante el magistrado-juez, quedó en libertad provisional.

Expulsado por el papa Francisco

Javier Díaz Dapena lleva defendiendo al exsacerdote desde hace una década y siempre ha negado cualquier participación de su representado en las diferentes denuncias que se han interpuesto contra él.

El papa Francisco acordó la expulsión del clero del entonces sacerdote, en el año 2015, cuando tuvo conocimiento de que éste estaba cometiendo “acciones pecaminosas”.

Un año después el exsacerdote era absuelto de sendos delitos de abuso sexual, pero a finales de 2021 volvió a ser detenido acusado de delitos de corrupción de menores y tráfico de drogas.

Varios menores mantuvieron en el juzgado la misma versión. Acusaron al “padre Chus” de facilitarles hachís en su domicilio, ubicado en la calle Donato Argüelles, en Gijón, y mantener posteriormente relaciones sexuales con ellos. Fue detenido e ingresó en prisión provisional el 3 de noviembre de 2021.

Su encarcelamiento duró cuatro meses, ya que el 24 de marzo de 2022 salió en libertad con cargos mientras se instruía el procedimiento.

Al menos desde el año 2015, el exsacerdote contactaba con menores. Pretendía ganarse la confianza del mayor número de chicos posible con la finalidad de mantener relaciones sexuales con ellos bajo la promesa de facilitarles dinero, hachís o permitirles estar en su casa consumiendo droga

Magistrados — Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias

Esta vez, de nada sirvieron sus declaraciones exculpatorias. El tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón le impuso una condena de diez años de cárcel tras dar plena credibilidad al testimonio de tres menores de edad que ratificaron sus denuncias.

Los magistrados declararon probado que, al menos desde el año 2015, el exsacerdote contactaba con menores, a los que invitaba a acudir a su domicilio, donde les entregaba pequeñas cantidades de dinero o les facilitaba hachís, que “consumían en el salón y en su presencia”.

La propia Fiscalía mantenía que era él quien “incitaba a los menores para que éstos, a su vez, contactaran con otros y les invitaran a subir al piso para fumar hachís, y con ello, entablar una relación de amistad”.

Recurrió la condena ante el TSJA

Una relación con la que el “padre Chus” pretendía ganarse la confianza del mayor número de chicos posible con la finalidad de mantener relaciones sexuales con ellos bajo la promesa de facilitarles dinero, hachís o permitirles estar en su casa consumiendo droga.

Por este procedimiento estaba en libertad mientras se resuelve el recurso interpuesto por Javier Díaz Dapena ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra la sentencia condenatoria.

Ha vuelto a hacerlo. En febrero de 2024, el sacerdote toledano Gabriel Calvo Zarraute dijo que rezaba “mucho” para que el Papa Francisco “pueda ir al cielo cuanto antes”. Ahora, el mismo día en el que el pontífice fallecía, ha asegurado que “la gran aportación de Francisco es que comprendamos de una puñetera vez que el Papa no es Dios encarnado, sino un nombre en el misal. No es decisivo en nuestra fe. Tenemos que relativizar la figura del pontificado romano porque está sobredimensionada”.

Este lunes comentaba durante una tertulia emitida en Youtube que “el Papa no es el dueño de la iglesia. Es el sucesor de San Pedro, no de Cristo” y que el pontífice recién fallecido ejerció una forma de gobierno de la iglesia católica “muy personalista y centralizada” que en su opinión “ha supuesto la destrucción del derecho canónico de la iglesia”.

También cargaba contra la idea del Papa Francisco de que se pudieran bendecir parejas homosexuales. Habla de la “terrorífica infiltración homosexual” en la iglesia, a la que atribuye “el 87% de los abusos”. “No digo que todos los homosexuales sean pederastas, pero el abuso en la iglesia es mayoritariamente homosexual”, insistía.

Respondía así al comentario del editor Álvaro Romero, conductor de una tertulia emitida este mismo lunes en la que el eje era la reciente publicación de un libro del sacerdote toledano en el que considera la guerra civil como “una cruzada”. Algo que “es una obviedad”, según el tercer participante en la tertulia, Martín Ynestrillas, que se declara “católico y falangista”.

“Muchos saben que tuviste tus problemillas por una broma. Hoy te habrá llamado mucha gente. Me han dicho que te pregunte si ya sabías que se iba a morir. ¿Qué tal día llevas hoy?”, le comentaba el editor, entre risas de los participantes.

El sacerdote se defendía asegurando que aquello fue “sacado de contexto”, que “objetivamente yo no hice nada malo” y que aquello fue “una campaña premeditada contra el canal”, donde varios sacerdotes ofrecían una tertulia.

El Arzobispado de Toledo mostró entonces su “profundo rechazo” a las manifestaciones. Hoy el cura dice que la autoridad eclesiástica “no pudo” tomar ninguna medida contra su persona. “Por más que lo intentó”, le replicaba el editor. “Sí, pero tomar alguna medida punitiva contra mí supondría que la oración se pueda utilizar para un fin malo para dañar a alguien, cosa que es imposible”.

Cree que la razón de la polémica estuvo entonces en que los sacerdotes de aquella tertulia “éramos muy incómodos para el establishment de funcionarios eclesiásticos y el político”.

Álvaro Romero, editor del libro se refería al pontífice Jorge Mario Bergoglio para criticarle por “defender a los musulmanes”, por “apoyar” la tarea del barco Open Arms en el rescate de personas migrantes o de “atacar a Donald Trump”, entre otras cuestiones. “Ahora el hombre rendirá sus cuentas”, añadía.

Las guerras “justas”, según el sacerdote

En la tertulia el sacerdote se congratulaba de las guerras y cargaba contra el Papa Francisco por condenarlas. “Dijo muchas veces que ya no existía ninguna guerra justa y quería cambiar la doctrina que está en el catecismo”. Un momento en el que atribuye “a la divina providencia” que “evitase” la materialización del cambio gracias a las guerras en Ucrania y en Gaza.

En su opinión, no era factible “decirles a los rusos y a los ucranianos que tienen que luchar mandándose besos o a los judíos y palestinos, como si fueran osos amorosos”.  

La Diócesis de Bilbao ha alertado de que una persona ajena a la Iglesia católica ha ofrecido responsos religiosos en los tanatorios de Bizkaia para realizar el acompañamiento en el duelo haciéndose pasar por un sacerdote franciscano. El suceso, adelantado por la Cadena Ser, ha sido advertido a los tanatorios para que comuniquen los hechos a las familias que requieren este servicio. Desde la Diócesis de Bilbao informan de que han puesto la información en manos de sus servicios jurídicos, sin que se haya podido determinar que los hechos sean constitutivos de ilícito penal “por la dificultad en catalogarlos como intrusismo religioso” o como un delito contra la libertad religiosa. 

A través de un vídeo colgado en la web de la Diócesis de Bilbao, el vicario general, Kerman López, ha realizado unas puntualizaciones sobre el servicio que se ofrece en los tanatorios desde 2017. De esta forma, ha explicado que “la Iglesia se empeña en acompañar adecuadamente a las personas y familias que están en situación de duelo, y ofrece las parroquias como espacio comunitario habitual de celebración de los funerales”. Además, dispone de un acompañamiento pastoral en los tanatorios, un servicio diocesano que parte de la solicitud de las familias o personas que están en esta situación de duelo y como servicio complementario al que se realiza en las parroquias.

Según sostiene el servicio está formado por “cuatro personas con presencia estable en los tanatorios que solicitan sus servicios y otras cuatro personas voluntarias refuerzan el grupo, en momentos puntuales”. “Todas ellas formadas pastoralmente para realizar el acompañamiento en el duelo y con encomienda del obispo”, ha informado López.

Por estos servicios, considerados “tasas eclesiásticas” cobran 100 euros que son abonados a la Diócesis por los tanatorios. “La provincia eclesiástica de Burgos, a la que pertenece la diócesis de Bilbao, actualizó en 2023 las tasas eclesiásticas, indicando 100 euros para estos servicios, que se destinan a favorecer la acción evangelizadora de la diócesis”, ha aclarado.

Por su parte, el presunto estafador ha negado lo ocurrido a la Cadena Ser y ha afirmado: “Yo lo que hago es lo que tengo que hacer”. Ha rechazado hacer más declaraciones, pero mantiene la tesis de que es un “sacerdote” de la orden fundada por San Francisco de Asís.

El Papa Francisco está enfermo. Los últimos días los ha pasado hospitalizado con una bronquitis que se ha complicado hasta generar una neumonía importante. Jorge Bergoglio tiene 88 años. Para los ateos lo más importante del legado de un Papa es su capacidad para desintoxicar de odios, fanatismos y fobias la moralidad de su religión. Este Papa ha dado algunos pasos, ha abierto algunas puertas. Hoy hablamos de una de ellas: en Italia, la Iglesia ha decidido admitir que hombres homosexuales puedan ser sacerdotes. Ahora, en teoría, ser gay no te invalida para ser cura. 

Analizamos el calado de esta medida con Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, y colaborador de elDiario.es en asuntos relacionados con la religión. Además, conocemos la historia de Jesús Donaire. Ha sido sacerdote y le expulsaron de la Iglesia, precisamente, por serlo abiertamente. 

***

Envíanos una nota de voz por WhatsApp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia