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El Defensor del Pueblo denuncia que la Iglesia ocultó abusos y pide un fondo estatal para indemnizar a las víctimas

El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entrega en el Congreso el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia.

Elena Herrera

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El horror de los abusos y agresiones sexuales a menores en el seno de la Iglesia ya cuenta con un informe oficial e independiente que certifica que es una realidad que existió en España y que ha permanecido durante años cubierta por un manto de silencio. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes en el Congreso de los Diputados el documento Una respuesta necesaria, en el que la institución reconoce las “dinámicas de ocultación y encubrimiento” que han funcionado en muchas congregaciones y órdenes religiosas y reclama la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a las víctimas que incluya aportaciones de la Iglesia.

El informe, de 777 páginas, recoge también una encuesta que revela que el 0,6% de la población ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico. Ese porcentaje se extrae de un sondeo realizado por la empresa GAD3 en base a una una muestra de 8.013 personas. Ese estudio demoscópico apunta que son decenas de miles los menores que han sufrido abusos sexuales en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.

La encuesta revela que un 11,7% de la población española afirma haber sufrido abusos sexuales siendo menor de edad y que un 1,13% asegura que esos abusos se produjeron en un ámbito religioso. Extrapolando ese porcentaje, supondría que hay en España unas 450.000 víctimas de abusos vinculadas a la Iglesia y que 240.000 fueron agredidas por curas o personas consagradas. La pregunta genérica sobre abusos revela que una de cada 10 personas en España los han sufrido. “Creemos que son unos datos muy significativos, aunque no es necesario extrapolarlos y por eso no lo hemos hecho en el informe”, ha explicado Gabilondo.



Durante su intervención, que ha durado casi dos horas, el Defensor del Pueblo ha hecho hincapié en que esta realidad ha estado soterrada durante todo este tiempo por la propia Iglesia católica. “Ha predominado cierta voluntad de ocultamiento, con la consiguiente desconsideración a las víctimas. Conductas como el traslado de abusadores a otras parroquias o centros docentes son un ejemplo de malas prácticas. Con el paso del tiempo y la aparición de casos, la presión de las víctimas, de los medios y una mayor conciencia ha provocado que estas reacciones poco adecuadas haya ido decreciendo”, ha asegurado. 

En el informe no han participado representantes de la Iglesia católica a pesar de que Gabilondo consideró que su aportación haría que el informe fuera “más fecundo”, en una consideración que otros sectores ponen en cuestión. Gabilondo llegó a mantener diferentes conversaciones con el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y con su presidente, el cardenal don Juan José Omella, pero la institución desestimó formar parte de la comisión asesora. 

Es inevitable que la Iglesia colabore económicamente para las compensaciones a las víctimas, y creo que a esta altura la Iglesia ya debe ser consciente de eso

Ángel Gabilondo Defensor del Pueblo

Pocos minutos antes de la presentación del Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal anunció que se ha convocado una Asamblea Plenaria Extraordinaria para el lunes, en la que los obispos, de manera online o presencial, estudiarán y valorarán el informe. También analizarán la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que le encargó sobre este mismo tema la CEE. Al finalizar, “se ofrecerá a los periodistas la oportuna información”, señala la escueta nota, que no aclara si habrá o no rueda de prensa, informa Jesús Bastante.

Un órgano especial y un fondo estatal

El informe incluye también fórmulas de reparación para las víctimas que no tienen opción de acudir a la justicia ordinaria porque los posibles delitos han prescrito. En este punto, el Defensor del Pueblo plantea como “opción más deseable” la creación de un órgano “mixto entre Iglesia y Estado”, de carácter temporal e integrado por especialistas en el que estos casos sean tratados mediante un proceso restaurativo o con posibilidad de acordar reparaciones en base a un baremo.

Pero su creación, advierte el documento, exige que la Iglesia católica asuma el compromiso de hacerse cargo de “la totalidad o una parte sustancial” de las indemnizaciones. Es un modelo similar al Centro de arbitraje que se puso en marcha en Bélgica, donde las víctimas pudieron participar y obtener indemnizaciones que pagó la Iglesia.

En caso de que la Iglesia se negara a colaborar, el Defensor del Pueblo propone la creación de un órgano administrativo que pudiera dictar pronunciamientos expresos sobre la condición de víctima, de cara a obtener el reconocimiento y las medidas reparadoras adecuadas, que también estarían tasadas. Ambas propuestas requerirían una ley específica.

Por otro lado, Gabilondo ha pedido que se haga un acto público de reparación, para lo que ha solicitado “el compromiso de la Iglesia católica”. Además, respecto a las indemnizaciones, Gabilondo señaló que no puede depender del criterio de diferentes instituciones, por lo que pide un fondo estatal específico. “Un fondo que acuerde un órgano especial de carácter temporal, que tenga por finalidad la reparación en aquellos casos donde no se haya podido proceso penal contra el victimario”.

Confío en que la iglesia católica esté a la altura de la ocasión que se le brinda para abordar el asunto en toda su integridad. Si no, se equivocará

Ángel Gabilondo Defensor del Pueblo

Y ha señalado que, en cualquier caso, el dinero debe provenir de la propia Iglesia y que “el Estado vele por ese proceso y que le dé las garantías de que se hace de modo objetivo, transparente y público”. Ha señalado que esto le toca ahora ejecutarlo al Gobierno, pero fue contundente respecto al papel de la Iglesia: “Es inevitable que colabore económicamente para las compensaciones, y creo que a esta altura la Iglesia ya debe ser consciente de eso”, ha asegurado. Sin embargo, Gabilondo consideró incluso la posibilidad de no contar con la aquiescencia de los obispos: “Esta obligación de reparación puede cumplirse en cooperación con la iglesia católica o por carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma”. “Confío en que la Iglesia católica esté a la altura del desafío que se le presenta y la oportunidad que se le da de abordar este tema”, ha asegurado ante las preguntas de los periodistas.

“Mentiría si dijera que nadie ha colaborado o que ha habido una colaboración extraordinaria [...]. Ha habido una colaboración dispar. Algún obispo no solo nos ha contestado sino que nos ha reñido. Algún otro nos ha mandado una información vacía de contenido. Otros lo han hecho bien, lo cual demuestra que se puede hacer bien. Lo cual demuestra que a pesar de las dificultades se puede llegar más lejos. El mayor de los escándalos sería no colaborar con una sociedad que quiere saber”, ha dicho Gabilondo.

A este respecto, el informe señala que el “argumento defensivo” de que la investigación debería extenderse a los abusos sexuales en otros ámbitos “olvida o minimiza la relevancia social de la Iglesia y su poder en España, durante gran parte del siglo XX”. Además, añade, “no transmite la impresión de que la Iglesia esté especialmente interesada en el conocimiento de los delitos respecto a los que pueda tener algún tipo de responsabilidad a la hora de prevenirlos o darles respuesta”.

En el inicio de 2022, la acumulación de testimonios de víctimas elevó la presión institucional sobre el escándalo de la pederastia en la Iglesia. En marzo, el Congreso encargó al Defensor del Pueblo una investigación independiente sobre los casos de abusos sexuales en instituciones católicas en las últimas décadas y el papel de los poderes públicos. El mandato fue aprobado por todos los grupos de la Cámara, salvo Vox. El equipo para investigar este asunto ha estado dividido en “tres ámbitos de actuación”: una comisión asesora de expertos, un foro de diálogo con las asociación de víctimas y una Unidad de Atención a las Víctimas (UAV). Sólo en sus dos primeros meses de vida, este último organismo atendió a 201 víctimas. 

La comisión asesora ha estado compuesta por una veintena de personas. Se trata de expertos que pertenecen al ámbito profesional o académico y tienen experiencia en la atención a las víctimas, con conocimientos en victimología o en los ámbitos jurídico y sobre derechos humanos. Además, hay profesionales que han dedicado su vida a la docencia, a los jóvenes o han estudiado las consecuencias de traumas infantiles en la vida adulta. 

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