Desde el pensamiento crítico es posible concluir que el sistema neoliberal en el que nos hemos instalado se encuentra en guerra con la vida misma. En guerra con los árboles y los ríos, a los que considera recursos que deben ser explotados y manipulados para promover la acumulación de capital. En guerra con las personas, dado que cree que una parte fundamental de la humanidad no ostenta la condición ciudadana y, por tanto, es legítimo negar a esas personas todo derecho humano, incluido el de no ser asesinados, torturados o vendidos como mercancía. Y en guerra con nosotras mismas, con nuestros cuerpos y almas, dado que el sistema capitalista niega la propia esencia de la naturaleza humana, que necesita de la cooperación, la solidaridad y la compasión para desarrollarse de manera plena.

Vivimos inmersas en un sistema que niega la propia esencia de lo que somos, un sistema que nos acelera cuando nuestros ritmos naturales son lentos, que nos individualiza cuando somos seres sociales y compasivos, y que nos pide fortaleza e infinitud cuando nuestra condición es vulnerable y pasajera. Así, el sistema nos propone que sigamos una vida de acumulación sin límite, una acumulación que sólo puede estar en nuestros relatos y creencias, porque la naturaleza de la tierra que habitamos y de nuestra propia vida es cíclica y finita.

Hace poco, en una clase, un grupo de estudiantes me planteó que el cuidado del medioambiente es, para los países pobres, en este caso latinoamericanos, un lujo que estos Estados no se podían permitir. En realidad, me pareció un razonamiento muy pertinente, porque esta es la esencia misma del sistema ilustrado, moderno y racional que los seres humanos hemos diseñado para organizar nuestra convivencia. Un pensamiento que entiende que la acumulación de riquezas es la base misma de la evolución social, y que el cuidado y el respeto por la propia tierra que nos ha acogido (es decir, por la vida) es un ámbito superfluo al que llegaremos cuando la acumulación de la riqueza esté completada. Este pensamiento cuenta además con la paradoja de que esa acumulación nunca será suficiente; una de las características fundamentales de la mente humana (que luego se expresa en el sistema social y político que hemos creado) es la necesidad infinita de crecer, de progresar, de avanzar. De esta manera, la mayoría de las sociedades comulgan con la falsa creencia de que la acumulación infinita es posible, y no importa cuán prospera y fecunda se considere esta sociedad, siempre querrá más.

A mi juicio, lo más importante del capitalismo no es el diseño económico y político de la sociedad, sino el sistema de creencias, valores y relatos que legitiman y explican este sistema. El ámbito intersubjetivo de creación de realidades mediante la palabra, las imágenes y los estímulos ha configurado una historia paralela que ha naturalizado y desnaturalizado los fenómenos vitales. Así, desde la academia, se plantea que las teorías “realistas” son aquellas que entienden que el “hombre” es un ser egoísta que siempre busca sus propios beneficios y, por tanto, la regulación de la vida cotidiana tiene que contener un alto contenido de violencia y disciplinamiento. Son las mismas aproximaciones analíticas que nos explican que somos seres competitivos e individuales, que los otros son violentos y peligrosos, que la naturaleza es un recurso que debe ser adaptado a las necesidades humanas. Y, además, son epistemologías racionalistas y antropocéntricas que ubican al “hombre” en la cúspide de la pirámide evolutiva y, por tanto, entienden como natural la violencia que se ejerce sobre millones de seres sensibles que son explotados, torturados y asesinados para que podamos, por ejemplo, alimentarnos como nos plazca.

Estas aproximaciones son las que niegan la naturaleza cooperativa e interdependiente de nuestra raza humana, las que entienden que amar la naturaleza que nos acoge y nos da vida es un postulado superfluo e irracional y que la compasión y el amor por todos los seres sensibles que habitamos el planeta (que en la realidad vital somos todos uno) es una superchería y un “buenismo” que sólo sirve para ampliar el mercado de los estupefacientes y antidepresivos.

Este marco de creencias que a mi juicio niega las esencias más reales y básicas de la vida, se ha integrado a todas las estructuras y organizaciones humanas. Y esta perspectiva mercantilista y disciplinadora se encuentra plenamente vigente en la universidad; si una persona quiere dedicarse a la docencia universitaria, pronto sabe que hay un solo camino para poder ejercer esta profesión. Se nos exige acumular méritos; méritos que suponen participar en más congresos, escribir más artículos, ser parte de más investigaciones, involucrarse en más proyectos europeos, de innovación docente, de transferencia, etc. Pero sobre todo se nos pide que escribamos artículos (preferentemente en inglés) en revistas hiperespecializadas donde es muy difícil publicar. Revistas cuyo impacto real en la vida es bastante cuestionable, aunque poseen un valor académico indiscutido e irrefutable. Estos requisitos son indispensables no sólo para lograr una plaza estable en la Universidad, sino también para acceder a la acreditación que habilita a los docentes a participar en los concursos de esas mismas plazas. Esta estructura, junto con la precarización, la inseguridad y el miedo propio de estos tiempos líquidos que habitamos, hace que los profesores no tengamos otro camino que ser parte de ese proceso disciplinado, hiperexigente y burocrático si queremos siquiera aspirar a dedicarnos profesionalmente a la docencia y a la investigación.

Por el contrario, nadie nos ha pedido, hasta ahora, que seamos personas conscientes y compasivas con los estudiantes que comparten el aula con nosotros. No existen méritos para poder valorar el compromiso de los profesores con la creación de una conciencia crítica que ayude a las personas que van a la universidad a desarrollar su propia libertad y su propio ser. No hay cursos para ayudarnos a lidiar con el miedo y la inseguridad de la que somos parte en un sistema cada vez más violento que desplaza a la invisibilidad a millones de seres sensibles. ¿Cómo podemos ser profesores conscientes sin la posibilidad de compartir la vida que somos, la importancia de nuestro ser, la necesidad de ser amables y compasivos con el mundo? ¿Cómo podemos enseñar “algo” si negamos a la tierra que nos acoge, los ríos de los que bebemos, al aire que respiramos? ¿No es más importante recordar la importancia de la vida, la solidaridad y el amor que entender a Hobbes y a Weber?

Sin embargo, somos parte de este proceso de acumulación y competencia, vivimos urgidos por las dinámicas disciplinadoras del sistema que nos exhorta a acumular, y creo que este proceso nos aleja de nuestros compañeros, de nuestros alumnos y de nuestro propio ser. Incluso desde el pensamiento crítico tengo la sensación de que seguimos esta dinámica acumulativa y competitiva. Muchas veces nos obcecamos por tener “razón”, por acumular citas y conocimientos que legitimen nuestra posición, por desarrollar la mejor oratoria, el mejor argumento, en definitiva, por salir victoriosos de la contienda competitiva que nos es dada.

Quizá sea una posición endogámica reflexionar en este artículo sobre mi propio trabajo, mis miedos e inseguridades al ejercerlo y mi falta de capacidad para gestionar la burocratización de la vida académica; sin embargo, creo que estas dinámicas intersubjetivas se expresan en todos los ámbitos laborales y profesionales; creo que este sistema no sólo ha roto con la tierra, con la naturaleza y con las personas, sino que nos impele a romper con la esencia de nuestro propio ser. La posibilidad de dar clases, de contar las experiencias y los conocimientos propios, de tener compañeros y alumnos es ciertamente una oportunidad maravillosa y, pese al sistema que nos estructura y disciplina, creo que las profesoras y profesores podemos dar espacio a nuestra propia esencia humana, al amor por todos los seres que hay aquí y a la conciencia de la experiencia de la vida. Y de esta manera construir, en diálogo con las personas que formamos parte del aula, una alternativa consciente para nosotras y nuestro mundo.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del la autora y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Son cada vez mayores los indicios de que el bajo tono de la productividad lo han motivado en buena medida las políticas neoliberales que desde entonces vienen dominando en el panorama de las economías avanzadas

Como ponía de manifiesto Ramiro Feijoo en el artículo del que éste es continuación, hay un amplio consenso en que la tendencia al decrecimiento o al estancamiento de la tasa de productividad es un problema fundamental en las economías de mercado avanzadas. Un problema que -con altibajos- se arrastra generalizadamente en estas economías desde la década de 1970. Es ése el momento en el que empiezan a implantarse extensivamente las políticas de inspiración neoliberal (reducción de costes del Estado de Bienestar, freno salarial, reducción del poder sindical, liberalización y desregulación de la economía...): precisamente, entre otros objetivos, para tratar de superar esa tendencia.

No obstante, cabe plantearse -como lo ha hecho recientemente C. Dillow- si no habrá sido un remedio peor que la enfermedad: porque, en efecto, son cada vez mayores los indicios de que el bajo tono de la productividad lo han motivado en buena medida las políticas neoliberales que -con mayor o menor intensidad- desde entonces vienen dominando en el panorama de las economías avanzadas. Ramiro Feijóo ponía de relieve en el artículo mencionado una causa esencial: los efectos sobre la productividad provocados por el paro y el deterioro de las condiciones laborales que dichas políticas han impulsado. Pero no es la única. No es insensato suponer que ha influido poderosamente también el modelo de gobierno empresarial y el propio modelo de empresa que el neoliberalismo ha propiciado -y que constituye uno de sus pilares centrales-. Si así fuera, estaríamos realmente ante un fenómeno no poco paradójico: es el sistema ideológico que ha pretendido reorganizar la actividad económica en torno a un modelo de empresa pretendidamente óptimo en términos de eficiencia y de productividad el que está en la base de la pertinaz hipotonía de esta última variable, esencial para el crecimiento y el desarrollo económicos. Veámoslo con un poco de detenimiento.

Uno de los elementos centrales de la doctrina económica del neoliberalismo es, en efecto, el modelo de empresa que postula. Un modelo en el que la empresa es, ante todo, una sociedad mercantil: una asociación de capitales sociales. Una sociedad, por tanto, en la que los agentes esenciales y por ello dominantes son los aportadores de esos capitales: los accionistas. Va de sí, en consecuencia, que el gobierno de la empresa debe estar en manos única y exclusivamente de ellos. Un sistema de gobierno basado en la soberanía de los accionistas, que constituye el modelo presuntamente óptimo no sólo para ellos, sino para todos los colectivos afectados por la actividad empresarial y, en definitiva -según la teoría en que se fundamenta-, para el conjunto de la sociedad, y que entiende que la empresa debe aspirar solamente a un único objetivo: la maximización del beneficio para los accionistas. Los restantes efectos positivos para todos -dice la teología económica neoliberal- se darán por añadidura.

El problema es que la evidencia empírica no respalda en absoluto ese panorama. Más bien, apunta a lo contrario: a que ese modelo de empresa conduce a un estilo de gestión que produce serias disfunciones tanto a nivel de la propia empresa como en el conjunto de la economía. Al margen del endurecimiento radical de las condiciones laborales que este modelo ha impulsado (y sobre las que giraba el artículo de Ramiro Feijóo), algunas de las más claras -y más contrastadas en la realidad- son las siguientes:

1. Una presión constante hacia la persecución de beneficios extraordinarios inmediatos -porque la maximización del valor de la acción sólo se puede conseguir superando permanentemente la rentabilidad media del mercado- y un paralelo sesgo cortoplacista, que ha conducido frecuentemente a penalizar decisiones e inversiones que sólo producen resultados en horizontes dilatados, contribuyendo a debilitar a la propia empresa a largo plazo.

2. Intensificación del apalancamiento: porque una de las vías más utilizadas para maximizar la rentabilidad a corto plazo ha sido el incremento del endeudamiento y la reducción de los fondos propios, lo que ha incentivado una tendencia también constante a la reducción de la base de capital productivo y de la inversión -los datos de J. Montier son demoledores-, debilitándose la capacidad de resistencia de la empresa frente a circunstancias negativas y su potencial de crecimiento (y de supervivencia) a largo plazo

3. Incremento tendencial del peso de los dividendos en el conjunto del beneficio -ver también datos de Montier-, en detrimento de la retribución de los trabajadores, de la capitalización de la empresa y de la parte destinada a la inversión, lo que ha contribuido adicionalmente a debilitar el potencial productivo de la empresa.

4. Un modelo de gobierno que -para conseguir sus objetivos- ha pretendido alinear los intereses de los directivos con los de los accionistas a través de un incremento frecuentemente desmesurado de la retribución variable de aquéllos, condicionada a la consecución de los máximos beneficios y valor de la acción posibles. Algo que ha contribuido poderosamente a la implantación de sistemas de gestión desequilibradamente cortoplacistas, arriesgados y en muchos casos muy poco ortodoxos -cuando no fraudulentos- para fortalecer artificialmente los beneficios y el valor accionarial, pero a costa de debilitar crecientemente la fortaleza y la sostenibilidad económica de la empresa a largo plazo. Cortoplacismo coherente, por otra parte, con el sustancial acortamiento que se está produciendo en los mandatos de los altos directivos -como resulta particularmente evidente en las grandes empresas de EE.UU.-, que parece inducirles a la búsqueda de la máxima extracción de riqueza personal en el menor tiempo posible.

Se trata de tendencias propiciadas intensamente por la profundización de la dependencia de la gran empresa respecto de los mercados financieros -y muy especialmente de agentes tan fuertemente cortoplacistas como los cada vez más importantes inversores institucionales-, que condicionan crecientemente las estrategias empresariales y que se benefician claramente de esas tendencias. Tendencias que configuran -como pusieron de relieve hace ya años Lazonick y O´Sullivan- una reorientación radical -y notablemente perversa- de la gestión empresarial en la era del neoliberalismo: desde el criterio tradicional basado en la reinversión del beneficio y el crecimiento del potencial productivo hasta el principio rector -característico de la empresa neoliberal modélica- de distribución máxima del beneficio para favorecer el precio de las acciones.

¿Y cómo afecta todo esto a la productividad? Parece bastante claro. Se trata de tendencias todas que contribuyen a justificar -como intuye Dillow en el artículo citado al principio- algunas de las causas que explican la tendencia depresiva general de la tasa de productividad. Porque, en efecto, fenómenos como el horizonte desmedidamente cortoplacista, la tendencia a reducir todo lo posible los fondos propios y la prioridad cada vez mayor al crecimiento de los dividendos no pueden sino alimentar las pulsiones depresivas en la inversión y el consiguiente freno en la aplicación de la innovación tecnológica en la práctica productiva de muchas empresas (a lo que contribuye no poco el abaratamiento relativo de los salarios, que desincentiva la inversión y la innovación). Y es difícil negar que todo ello redunde en efectos negativos sobre la productividad. Como lo es también cuestionar que la desmotivación que inevitablemente produce en muchos trabajadores el empeoramiento continuo de las condiciones y de los derechos laborales, la desenfrenada cuantía de las retribuciones de los altos directivos y el abismal ensanchamiento de las desigualdades son realidades que ejercen consecuencias asimismo nocivas en la productividad. Y que incluso -como han destacado ya varios trabajos académicos- pueden estar siendo perjudiciales para ella la sensación de confort con las condiciones existentes en la empresa, los correspondientes desincentivos para la creatividad y el cambio y la minusvaloración de los comportamientos éticos y cooperativos que pueden estar produciendo en las cúpulas directivas de las grandes empresas las altas retribuciones y su poderosa vinculación con la gestión predominantemente financiera y con los resultados a corto plazo.

No debería descartarse, en consecuencia, que buena parte de las presiones depresivas sobre la productividad pueden tener su razón de ser, precisamente, en el modelo de empresa que ha propiciado el neoliberalismo: pretendidamente orientado a intensificar la productividad al máximo posible, liberando presuntamente su expansión de las trabas que suponen la regulación pública y la mediación sindical en la actividad empresarial, pero que en la realidad -pese a lo que proclama- no prioriza la solidez productiva y la competitividad, sino el incremento rápido del valor accionarial, para favorecer la materialización inmediata de plusvalías.

Un modelo de empresa que, aparte de las muy negativas consecuencias sociales, ambientales y macroeconómicas que genera, está atentando además contra la propia capacidad de crecimiento y de sostenibilidad de las empresas que más rigurosamente se han acomodado a él. Cuando se aprecia que, para más inri, no ha servido siquiera para maximizar a largo plazo los retornos para los accionistas estables, no parece exagerado que -recordando de nuevo a Montier- se le haya podido considerar “la peor idea del mundo”.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor.

La estabilidad de las instituciones, siendo además representativas del interés y voluntad de los pueblos, es capital para el progreso de los mismos. Partiendo de esta base se comprende que la Organización de las Naciones Unidas introdujera este punto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que redactó en 2015 para reconfigurar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) desde un punto de vista sostenido en el tiempo teniendo en cuenta los aspectos medioambientales, principalmente, con visos de cumplimiento para 2030.

El decimosexto Objetivo versa de la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.

El concepto de sociedad pacífica no es entendible sin el de igualitaria –que es el décimo Objetivo–, tampoco sin el de instituciones inclusivas, democráticas y justas, como comentaba al comienzo. Esto es, una sociedad desigual, con diferencias significativas entre clases sociales, condena a la eterna conflictividad a esa sociedad.

Pero, ¿cómo es posible que los pueblos menos desarrollados se desarrollen si permanentemente se desestructuran sus instituciones, se interviene exteriormente a través de organismos supranacionales y desestabilizan sus procesos internos?

Lo que fue el ímpetu colonialista de las potencias occidentales durante siglos, hoy en día, continúa feroz, a pesar de llenar de buenas palabras tratados internacionales –como podrían incluso interpretarse estos Objetivos–.

La fase superior del desarrollo capitalista que vislumbraba Lenin justo hace un siglo, tiene en la actualidad la más plena vigencia. Preceden al presente artículo meses de avalanchas de argumentos positivamente vacíos sobre los tratados internacionales –como el CETA–, fabricados por los think tanks de las grandes transnacionales, que son las principales beneficiarias de esta acumulación de riqueza sin precedentes que suponen estos tratados. Acuerdos que atacan a la soberanía de los pueblos y debilitan las instituciones, especialmente de los que las tienen más débiles, de los estados menos desarrollados.

Un pueblo sin soberanía no se desarrollará conforme a lo planteado en la Agenda 2030, no será capaz por sí mismo de decidir ni construir su futuro. Aquí se llega a la contradicción que pretendo señalar: los países más desarrollados, que históricamente han pautado la forma en que los países menos desarrollados van a desarrollarse, pretenden continuar incidiendo en las políticas económicas que estos vayan a llevar a cabo. Pretenden continuar interviniendo en aquellas regiones del mundo y desestabilizando gobiernos soberanos con el fin de perpetuar el statu quo.

La intervención norteamericana y europea en sus regiones vecinas hacen incompatible y ridículo el planteamiento de dichos Objetivos, puesto que América Latina y el Caribe, el norte africano y Asia occidental, padecen de conflictos enquistados durante décadas o largas depresiones económicas que los mismos “occidentales” se legitiman a diagnosticar y solucionar con sus recetas. Esto lo hacen a través de instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estas recetas se basan en el libre mercado, rechazando el proteccionismo de la industria naciente de los países en desarrollo, evitando, como decía el economista coreano postkeynesiano Ha-Joon Chang: que los países menos desarrollados suban por la escalera del proteccionismo, por la que los países desarrollados subieron, retirándola. Paralelamente practican un falso libre-comercio, puesto que los sectores más vulnerables, como la agricultura, son protegidos, a la par que para los más competitivos se eliminan todas las trabas posibles al comercio internacional.

Para concluir, así como culmen de la idea imperialista y de las organizaciones supranacionales, se sitúa la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esta organización militar de los países más desarrollados norteamericanos y europeos tuvo como objetivo fundacional hacer frente al socialismo. En la actualidad, en un entorno donde directamente las ideas marxistas no son un peligro para los intereses del Imperio, pretende perpetuar la supremacía tanto en lo cultural, como en lo económico, como en lo militar, los intereses del primer mundo.

Dicho lo cual, en tanto en cuanto existan instituciones de este tipo, que busquen imponer recetas económicas y de forma de vida, en vez de cooperar con los pueblos más sometidos y explotados por el imperialismo, los ODS en 2030 deberán ser reformulados, de igual modo fueron modificados los ODM en 2015.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor.

Tras 10 años de crisis, podríamos llamar a las circunstancias actuales como nuevo-viejo modelo económico, basado en una economía de servicios y cuya principal vía competitiva es el precio. Pésima elección que va a afectar a nuestro bienestar como sociedad de manera significativa. Una de las vías que más van a interferir en nuestra calidad de vida va a ser la salud, y en concreto, la salud mental.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. En España, entre las diez enfermedades más declaradas, según la Encuesta Europea de Salud (2014), encontramos dos de carácter mental, como son la depresión (6.89%) y la ansiedad crónica (6.85%). Si nos centramos en la depresión, la misma encuesta nos dice, atendiendo a un cuestionario específico (Patient Health Questionnaire, PHQ-8), que alrededor de un 16% de la población de nuestro país presenta sintomatología depresiva en diferentes grados. Según se informa: “En términos absolutos, casi cinco millones de personas (4 929 400) presentan sintomatología depresiva leve o moderada (12,74%) y otro millón (1 110 600) moderadamente grave o grave (2,87%). En total, más del 15% de la población residente en España presenta sintomatología depresiva de distinta gravedad”.

Las causas que existen detrás de una enfermedad mental son múltiples y muchas veces se combinan entre ellas. Por ejemplo, existen factores bio-genéticos como el envejecimiento y la discapacidad física de nacimiento o la forma en que nos enfrentamos ante grandes catástrofes sobre los que poco se puede incidir. En cambio, existen otros sobre los que sí que disponemos de elementos de choque pero que la ideología hegemónica vigente no permite que actúen a favor de nuestra salud.

Es notorio que el sujeto neoliberal es individualista, egoísta, avaro y competitivo. Estos valores no nos son propios a ciudadanos criados bajo los dogmas de la tradición católica y son más propios de culturas protestantes calvinistas. Nos medimos por lo que obtenemos y por lo que gastamos, convirtiéndose esta simplificación en una forma de vivir que llena muy poco a la complejidad del ser humano. El imperialismo capitalista, también conocido como globalización neoliberal, está provocando continuamente conflictos internos en las personas que distinguen entre cómo fueron educados por sus familias y cómo les exige el sistema que sean. Un ejemplo claro lo encontramos con la actual figura del “emprendedor” y su accesorio timo de la psicología positiva, con frases que responsabilizan al individuo de su éxito o fracaso, sin tener en cuenta el entorno.

El propio sistema está polarizando la sociedad, el grado de desigualdad y la tasa de pobreza están manteniéndose, junto a la precarización del trabajo y, por tanto, a la inestabilidad vital. Existen numerosos estudios que relacionan a la pobreza, absoluta y relativa con el riesgo a sufrir alguna patología de este tipo. Por ejemplo, en Unhealthy Societies: The Afflictions of Inequality (Wilkinson, 1996), el autor se pregunta cuáles son los determinantes de las diferencias de salud entre países. Entre las evidencias que se obtienen, destacan que los países con niveles de ingreso bajos tienen peor salud que los de ingreso mediano y alto; pero este hecho se repite dentro de los propios países entre zonas más ricas y más pobres. Además, de esta relación cabe destacar la causalidad entre ambas, esto es, a mayor pobreza mayor riesgo de trastorno mental y viceversa. Por tanto, hay que luchar contra la pobreza, pero también contra desigualdad para disminuir este riesgo.

Si entendemos que el trabajo es el factor alrededor del cual la mayor parte de la sociedad organiza su vida, la precarización del mismo conlleva ineludiblemente a la precarización de la propia vida de las personas. Conceptos como flexibilidad, ajuste, movilidad vertical y geográfica, entre otros, sólo pretenden esconder el verdadero impacto social que conllevan. Cada Encuesta de Población Activa vemos cómo la contratación temporal supera con creces la contratación indefinida, pero tampoco pensemos que esta última sirve de colchón. Si consideramos también que teniendo en cuenta que la remuneración, además de escasa es insegura, todo junto provoca el desmoronamiento de lo que era un proyecto de vida y como consecuencia conlleva no pocas frustraciones. Según la Millenial Survey Data de Telefónica, el 51% de los jóvenes entre 18 y 30 años consideran que “los mejores días han pasado” en oposición a los que consideran “que están por llegar”.

La tasa de paro por encima del 15% de manera constante desde el 2009 es un factor a tener en cuenta cuando hablamos de salud mental. Está demostrado que existe un mayor riesgo de padecer este tipo de enfermedades si estás parado que empleado, aunque estar empleado hoy puede provocar también un aumento del riesgo si has sufrido con anterioridad episodios de pobreza. Es decir, el miedo a perder el empleo provoca periodos continuados de estrés que pueden desembocar en este tipo de enfermedades.

La lucha enfermiza contra el déficit público ha provocado que las políticas públicas hayan ido desmantelando el paupérrimo estado del bienestar que nos habíamos permitido en este país. Los recortes en cantidad y calidad de sanidad, educación y resto de políticas sociales, como dependencia, son factores que contribuyen de manera inequívoca al aumento del riesgo de sufrir estas dolencias. Piensen el caso de una familia que debe cuidar a una persona de edad avanzada y que pagarle una residencia, con los cuidados que se merece, resulta inasumible. Una opción es que un miembro de la familia abandone su puesto de trabajo con la consiguiente disminución de la renta familiar.

Podríamos considerar que esta situación será pasajera y que cuando las cosas vayan mejor todo cambiará. La juventud se está enfrentando a una tasa de paro superior al 40% y a una tasa de abandono escolar del 20%, la más alta de Europa. No pueden abandonar el hogar familiar, por el encarecimiento de los alquileres y la precariedad laboral, hasta los 28 años de media. ¿En serio pensamos que va a ser pasajera esta situación?

A modo de resumen, hemos dicho que la pobreza, tanto absoluta como relativa, la clase social, el desempleo y las políticas sociales son factores que afectan al riesgo de padecer algún trastorno mental. En materia de desigualdad, según el índice de Gini, estamos en niveles de 1995 alrededor del 0.34 y según el indicador S80/S20, estamos por encima, 6.6 (2016) comparado con 5.9 (1995). La tasa de paro pocas veces en la democracia ha bajado del 10%. Y pertenecer a la clase trabajadora te condena a una precariedad vital en detrimento de la rentabilidad del capital. No estoy convencido de la temporalidad de estos hechos, más bien es el propio sistema y si no le ponemos remedio, las consecuencias sobre nuestra salud pueden ser devastadoras. Luchar contra los efectos de la enfermedad mental con medicamentos sólo sirve para enmascarar una realidad que precisa soluciones desde la raíz. Políticas valientes que construyan un Estado de Bienestar digno y que pongan a las personas por encima del capital se necesitan y no sólo en España.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor.

Vivimos en un mundo indecente, deshonesto y deshumanizado, que ni siente ni padece ante el dolor ajeno

Se trata de salvar vidas y no de inútiles papeleos cumplimentando disposiciones burocrática

La especulación intensifica aún más la relación entre desigualdad y pobreza

Hace unos días, paseando por la Gran Vía madrileña, me pregunté si alguna vez se habrán fijado en los mendigos que en sus aceras piden una ayuda. Por ejemplo a los miembros de esas pocas (tres) familias españolas cuya riqueza suma tanto como la que poseen el 30% de ciudadanos más modestos del país (unos 14 millones de personas), según ha publicado Intermon Oxfam este mes de enero. Pienso que es muy posible que sí se hayan fijado, aunque sólo sea de soslayo. Quizás, hasta puede que se hayan sentido incómodos al ver los sucios y raídos andrajos (mantas, sacos y cartones) con que tratan de cubrirse del frío nocturno cuando se tumban en las amplias aceras de esa espléndida avenida intentando conciliar el sueño.

Pero eso, no crean que solo lo pueden ver en Madrid. Nos encontramos con tan lamentable espectáculo en prácticamente todas las ciudades de España. Y tampoco pasa exclusivamente aquí, en nuestro país. También lo pude ver en Berlín, cuando en el verano de 2014 visité durante unos días esa rica y maravillosa capital alemana.

Aunque, quizás, esas desamparadas personas a las que me refiero no sean las que peor están, dentro de lo mal que lo pasan todos los pobres del mundo. Al fin y al cabo se encuentran en su parte rica que, si bien es muy penoso por aquello de la pobreza relativa, al menos tienen la posibilidad de alojarse en algún albergue social o de comer en algún centro de caridad.

Sí, por supuesto que eso también es tremendamente bochornoso, indigno e inhumano. Pero qué decir de esos migrantes y refugiados (de Siria y otros países) que ante esta terrible ola de frío que azota a Europa se encuentran también durmiendo a la intemperie, en parques, en estaciones abandonadas o en miserables barracones carentes de las mínimas condiciones de vida a las que tiene derecho cualquier ser humano; imágenes que cada día nos muestran los telediarios. La solución debe tomarse cuanto antes. La propia ONU, por medio del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), argumentó que “se trata de salvar vidas y no de inútiles papeleos cumplimentando disposiciones burocráticas”.

Pensadores de diversas (aunque ya pretéritas) ideologías se habían manifestado con respecto a la pobreza. Así, Karl Marx, el filósofo prusiano, consideraba que la lógica del capital ha proporcionado efectos negativos para la sociedad, el más relevante, la pobreza, padecida por la mayor parte de personas del planeta. Por su parte, Adam Smith, paradigma del pensamiento liberal del siglo XVIII, expuso en su obra “Teoría de los sentimientos morales” que “la disposición a admirar a los ricos y poderosos y a despreciar a las personas de pobre y mísera condición es la mayor y más universal causa de corrupción de los sentimientos morales”. Este economista, confiaba en que gracias a la “insaciable ambición de los ricos” el trabajo nunca disminuiría, puesto que no pueden aumentar su riqueza sin aumentar la producción y, por tanto, necesitan crear empleo (la famosa “mano invisible”).

Pero, la producción no puede crecer indefinidamente, ya que tenemos un límite físico, y es que solo contamos con un Planeta Tierra.

Desafortunadamente, aunque no les importe en absoluto esa barrera ni los problemas medioambientales que puedan acarrear al planeta, las oligarquías económicas siempre tienen otro medio para ampliar su riqueza, aún sin tener que aumentar la producción. Actualmente es la especulación. Y ahora, con este instrumento, se intensifica aún más la relación entre desigualdad y pobreza, porque se traslada con más facilidad la riqueza desde los que nada o poco tienen hacia los más prósperos, confirmándose así el significado de la pobreza, que no es otro que carecer de los bienes o servicios imprescindibles para llevar una vida digna.

Mientras estamos observando todo esto, en nuestro país, como en el resto de Europa, los políticos echan cuentas de lo que crece la economía de cada cual, tratando de convencer a la ciudadanía de que todo está funcionando mucho mejor, que “ya empezamos a ver la luz al final del túnel” (frase que tanto gusta a nuestros gobernantes).

Es cierto que existe una relativa recuperación en España desde un punto de vista macroeconómico, pero no para los más humildes, ya que para éstos aún está muy lejos la superación de la crisis. No en vano hay actualmente 3,7 millones de españoles que cobran menos de 300 euros al mes (¿a eso llaman salir de la crisis?), y otros seis millones no superan el salario mínimo interprofesional, mientras que unas 500 personas poseen un patrimonio de más de 30 millones de euros (¿o acaso se refieren a esto con lo de salir de la crisis?).

También señala Intermón Oxfam, en el informe antes mencionado, que las ocho personas más ricas del mundo poseen igual fortuna que los 3.600 millones de seres humanos más pobres (la mitad de la población del planeta). Y, además, añade que los miembros de las familias más ricas y las grandes empresas continúan utilizando los paraísos fiscales para pagar lo menos posible a sus respectivas haciendas públicas. Con ello favorecen la necesidad de una mayor y general reducción de los salarios para contrarrestar la falta de ingresos de los Estados, lo que a su vez permite a aquellos obtener mayores beneficios.

No cabe duda de que vivimos en un mundo indecente, deshonesto y deshumanizado, que ni siente ni padece ante el dolor ajeno, y como digo más arriba, no en exclusiva con el caso de los migrantes y refugiados, sino también con los sin techo que hay aquí, junto a nosotros.

Las organizaciones por la defensa de los derechos humanos continuamente denuncian estas situaciones, y es muy probable que en nuestras tertulias de familia, o durante el café de después de comer, comentemos escandalizados por qué nuestros políticos (y me refiero a todos los europeos) no hacen nada por remediar semejantes situaciones.

Yo me pregunto: ¿y nosotros hacemos algo por remediarlo? Es cierto que no disponemos de medios materiales suficientes para poder repararlo. Pero sí tenemos un impresionante poder, como es el voto, con el cual podemos rechazar a quienes se comporten tan irracional y deshumanizadamente. ¿Cuántos partidos políticos conocemos que lleven en sus programas electorales como principal objetivo erradicar la pobreza en el mundo? Ninguno. Aunque tímidamente, alguno lo insinúa, pero sin la firmeza necesaria que el hecho requiere, y sin explicar los medios que propone utilizar para tratar de conseguirlo.

Así no hacemos nada, y este mundo irá cada vez de mal en peor.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor

Lejos de reflotar empresas en dificultades, el modelo Springwater persigue comprar barato y vender más caro, en conjunto o despedazando las empresas para venderlas por trozos

Unipapel, Miró, Delion, Pullmantur, Wamos, Imtech Spain, Peggy Sue, Think Textil, Nautalia, Sgel, Aernnova o Nervion Industries son ya demasiados ejemplos de lo que está suponiendo el paso del fondo buitre por España

El pasado 16 de diciembre pasado se publicaba en Cinco Días una tribuna de innegable interés: “Sobre buitres, oportunistas y oportunidades”. Estaba firmada por un empresario alemán presidente de un fondo de capital riesgo suizo de idílico nombre: Springwater. En ella se defendía el autor de las críticas que desde hace algún tiempo viene cosechando en España por las operaciones de su fondo, que ha adquirido en poco tiempo –directamente o a través de Continuum, una sociedad con domicilio en Luxemburgo controlada al 100% por Springwater– posiciones mayoritarias en una larga lista de empresas nacionales (entre las que destacan firmas como Unipapel, Miró, Delion, Pullmantur, Wamos, Imtech Spain, Peggy Sue, Think Textil, Nautalia, Sgel, Aernnova o Nervion Industries –de la que acaba de vender una participación mayoritaria–). Críticas surgidas ante la peculiar forma de gestión del fondo, que –pese a sus invariables promesas iniciales de nuevas inversiones y de potenciación– está llevando sistemáticamente a la ruina a muchas de sus empresas.

El caso de Unipapel es seguramente el más avanzado y el más característico: vaciado financiero, agotamiento de existencias y cese de nuevos aprovisionamientos, freno radical de la producción, impagos de compromisos contraídos con proveedores, Seguridad Social y Hacienda y paralización práctica de la empresa, con un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) para la totalidad de la plantilla. Todo en un tiempo récord. Para una información más detallada, me remito a los dos artículos que he publicado sobre este caso en este mismo diario (“Unipapel: una parábola del terrorismo empresarial” y “Más sobre Unipapel...”).

En la medida en que la tribuna del mencionado presidente del fondo Springwater constituye una sagaz justificación de la labor –tantas veces incomprendida, diría él– de este tipo de fondos, merece la pena sintetizar lo fundamental de su argumentación. En esencia, una indisimulada apología de la labor de este tipo de fondos: reflotar empresas “abocadas a la liquidación o el cierre”. Gracias a su pericia y a su sana audacia son capaces de afrontar situaciones problemáticas que ahuyentan a inversores más convencionales: “Donde otros ven riesgos –asegura Grushka y se señala en la web de Springwater– nosotros vemos oportunidades”. Algo consustancial a su modelo de negocio, en cuyo ADN arraiga irrefrenable el “reto de abordar situaciones difíciles”.

Realizan por eso –mantiene– una impagable y salvífica función de “rescate, estabilización y crecimiento de empresas españolas”, dotándolas de “herramientas para crecer”, aportando soluciones financieras que la banca –tan efectivamente reticente frente a las pymes– ha dejado de desarrollar y evidenciando con ello un incuestionable “compromiso con el tejido productivo español” con un único objetivo –para que luego digan–: “salvar la compañía y, por tanto, el empleo”. Una labor –cómo negarlo– eminentemente noble, pero dura: es verdad –reconoce– que, por su propia dificultad, se trata de “un trabajo que no siempre termina bien”; pero cuando así sucede, son ellos los primeros en perder. Ellos, los abnegados cruzados de la salvación de empresas condenadas a la quiebra, porque fuera de ellos casi nunca hay alternativa: “Sin nuestra presencia –constata embargado por la emoción de un corazón puro– no hay esperanza”. Por eso le duele tanto –¡ay!– que se les llame “fondos buitre”: “No somos aves rapaces –dice, dolido por tanta ingratitud–, ni nos cebamos con las desgracias ajenas”.

Y no deja de ser cierto en alguna medida lo que señala. Aunque muchos economistas solventes no compartan su optimismo sobre las consecuencias de la actuación de los fondos de capital riesgo, ciertamente, en determinadas condiciones, pueden desempeñar una función útil para reflotar empresas en situación comprometida. Pero en esto, como en casi todo, hay entidades mejores y peores. No está de más, en este sentido, recordar algunos rasgos que perfilan el carácter de Springwater, a la luz de los resultados de su intervención en empresas españolas.

Por ejemplo, la quiebra teledirigida de una empresa perfectamente viable como Unipapel, diagnóstico en el que ha coincidido la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el ERTE planteado, confirmando su finalidad torticera y concluyendo que “se hace evidente que la suspensión de los contratos sólo tiene por finalidad dejar de pagar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, endosar esos costes al Servicio Público de Empleo Estatal y esperar a que el juzgado mercantil, una vez admitido el concurso de acreedores, extinga los contratos de trabajo, cuyas indemnizaciones correrán a cargo del Fogasa”.

Por ejemplo, los oscuros objetivos de su adquisición de la propia Unipapel, que cada vez más parece configurarse como una operación ficticia por la que Adveo cuasi regaló en la práctica la empresa a Springwater para que ésta se encargara de su cierre y de la expulsión de la plantilla, desempeñando la función de liquidadora al servicio de la vendedora, que se libraría así de los posibles costes de conflictividad y de reputación de una actuación de este tipo. Algo que parece avalado por el muy significativo voto particular de la magistrada Ruiz Jarabo en el mencionado tribunal de la Audiencia Nacional, que calificó la operación como: “Un claro caso de constitución de empresas ficticias o meramente formales (...) con las que se pretende la dispersión o elusión de responsabilidades laborales”.

Por ejemplo, la forma en la que está llevando a la quiebra a Electrodomésticos Miró, en la que también la prometida inversión no se ha producido, pero que sí ha endeudado a coste incomprensible, para ser después vaciada de los recursos financieros, enviados a la matriz de Springwater para tapar otros agujeros (en una operación claramente cuestionable en la medida en que no forman parte de un grupo empresarial formalizado).

Por ejemplo, la repetición en las firmas tecnológicas Delion y Spain Imtech del procedimiento seguido en Unipapel de no invertir, agotar las existencias, incumplir con proveedores y después dejarlas morir paulatinamente.

Por ejemplo, la reestructuración radical que está efectuando en la empresa de cruceros Pullmantur, reduciendo drásticamente costes, rompiendo acuerdos con proveedores y cerrando líneas de operativa, pero sin ninguna mejora apreciable en las ventas, con el objetivo indisimulable de vender cuanto antes al mejor precio posible.

Demasiados ejemplos de lo que está suponiendo el paso de Springwater por España, regado ya de una serie de cadáveres que no puede considerarse casual, sino fruto, efectivamente, de un modelo específico de negocio, que cada día más parece basado en pilotar –de una u otra forma– la quiebra de empresas. Objetivo, por otra parte, que no se limita a sus intervenciones en España: recientemente aparecía en Le Monde la noticia del deterioro que está provocando también Springwater en la papelera francesa Ecocis, en la que participa mayoritariamente contando como socio con el banco público Bpifrance, que, harto de los manejos del gestor y sintiéndose estafado por él, le ha denunciado y asegura que “le perseguiremos hasta el infierno”.

Un modelo, en definitiva, que, más que el reflotamiento de empresas en dificultades, lo que persigue es comprar barato y vender más caro: en conjunto o despedazando las empresas para venderlas por trozos. Por eso compra compañías con problemas en España: a la espera de una recuperación de la economía que le permita hacer caja.

Pero si entre tanto surgen otras posibilidades de beneficio –aunque sea a costa de destruir las firmas– no las desaprovecha. Se trata de obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible a través de cualquier tipo de procedimientos: por lo que parece, nada positivos ni para las empresas ni para sus desgraciadas plantillas ni para la economía española. Una muestra extrema de lo que está suponiendo la prioridad de los criterios estrictamente financieros en la gestión empresarial, en buena parte impulsada por la toma de posiciones dominantes en el accionariado por inversores institucionales eminentemente cortoplacistas, como son genéticamente los fondos de capital riesgo. Un fenómeno que, más que alternativas salvadoras para empresas en crisis, se está convirtiendo en un corrosivo cáncer para el tejido productivo.

Es ésa la razón por la que entidades como la suya han merecido el apelativo de fondos buitre, por mucho que le duela. Sin duda, su tribuna de Cinco Días merece consideración, porque no es nada habitual que financieros de su estilo intenten explicarse frente al gran público. Pero, por todo lo anterior, es difícil que esa explicación se acepte socialmente: no hay justificación posible para especuladores como él. Por eso su cínico alegato no convence: suena sólo como el imaginario graznido del buitre. No existe, pero se presiente su gelidez en cuanto se divisa su fúnebre aleteo.

1. No es posible la remisión al artículo.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor.

El control que tienen las transnacionales sobre sectores claves en la economía global (energía, banca, agricultura, agua, telecomunicaciones, etc.) desde hace más de dos décadas les otorga un dominio económico, político y cultural sin precedentes

El TTIP ha sido denominado en algunos círculos académicos como un NAFTA dopado con esteroides

No olvidemos que sin consumidores las transnacionales no son nada, que sin votantes no hay gobierno que funcione como apéndice del capital

En el primer capítulo de La Riqueza de las Naciones, escrito en una época en la que servicios públicos como el sistema de pensiones o la sanidad pública eran inconcebibles, Adam Smith, precursor y defensor de la teoría liberal sobre el comercio internacional, defendía el papel que debía asumir el Estado como garante de la defensa, justicia, obras e instituciones públicas, así como de aquellos “gastos de los soberanos” entre los que se incluían la educación y la cultura.

Tres siglos más tarde, en una Unión Europea dónde las grandes decisiones no se toman en el Parlamento Europeo, sino desde organismos que adolecen de un enorme déficit democrático –Comisión Europea, Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional-, y en una España donde se inyectan ingentes ayudas económicas a transnacionales en detrimento del bienestar de la mayoría de la población, cabría preguntarse sobre la posibilidad, no ya de una democracia participativa en la que podamos incidir sobre aspectos que afectan enormemente a nuestras vidas, sino de una democracia representativa en la que el principal regulador sea el Gobierno electo y no las grandes transnacionales que dominan el mercado.

Estos días se están llevando a cabo numerosas manifestaciones en todo el Estado para decir no al secuestro de la democracia representativa, no a la dilapidación de nuestras conquistas sociales, y, en definitiva, no al TTIP. El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión o TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) es un Tratado de Libre Comercio que con absoluto secretismo se está negociando entre las élites políticas de Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE). El Acuerdo busca hacer compatibles un gran abanico de normativas actualmente vigentes en ambos lados del Atlántico, en aras de poder aumentar tanto la cantidad como la variedad de productos y servicios que se comercian entre EEUU y la UE. Todo ello en un contexto en el que la crisis financiera y económica que azota a occidente, junto al buen desempeño económico de otras potencias como China, debilita la posición de EEUU y la UE como las dos grandes potencias económicas en el mundo.

Las normativas a homogeneizar afectan a áreas cuya regulación está actualmente bajo el control de gobiernos nacionales o sub-nacionales: protección medioambiental, salud, laboral, contrataciones públicas y servicios públicos, derechos del consumidor, medidas sanitarias y fitosanitarias, energía y materia prima o privacidad de usuarios de internet, entre otras. Dado que la regulación en estos ámbitos es mucho más laxa en EEUU que en la UE, los grandes grupos de presión de las transnacionales participes en los procesos de negociación apuntan a rebajas, cuando no eliminaciones, de una serie de conquistas históricas que hasta hoy parecían encontrarse consolidadas en muchos Estados europeos.

Este tratado es de obligado cumplimiento para los Estados que lo firmen; en términos jurídicos se ubica jerárquicamente justo debajo de la Constitución de cada Estado. Esto implica que, además de que el conjunto de leyes nacionales específicas puedan ser modificadas, la aplicación del tratado puede actuar de eje orientador de la política interna de cada país. Otra vuelta de tuerca más en la implantación y profundización del modelo neoliberal en Europa. Y por dotar de nombres y apellidos a ese modelo neoliberal, habría que hablar de reformas laborales regresivas para los trabajadores, pérdida de derechos para los consumidores, desmantelamiento y deterioro de lo público, aumento del poder de los agentes empresariales transnacionales y pérdida de soberanía democrática de los Estados.

El TTIP ha sido denominado en algunos círculos académicos como un NAFTA dopado con esteroides. El NAFTA es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994 y en el que participan Canadá, Estados Unidos y México. Todo un ejemplo de que las estimaciones de crecimiento económico y creación de empleo que se enfatizaban en los informes elaborados desde los círculos de poder económico y mediático son erróneas, hasta el punto de que los resultados han sido en buena medida de signo contrario a los previstos, sobre todo para las partes más débiles de los acuerdos, que en el caso del TTIP serían los países de la Europa del Sur, principalmente España, Italia y Portugal.

Por todo lo argumentado, no es de extrañar el secretismo con el que se están llevando a cabo las negociaciones. Obviamente a los agentes interesados en que las negociaciones avancen con éxito no les interesa que los contenidos del acuerdo sean discutidos en la arena de la opinión pública. De hecho, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que “sobre los tratados internacionales se informará con total transparencia y adecuadamente al Parlamento Europeo en todas y cada una de las fases de negociación”. Partiendo de que la arquitectura institucional de gobernanza de la Unión Europea es disfuncionalmente democrática, incluso el cumplimiento de su propio marco legal está quedando en entredicho en este proceso de negociación.

El control que tienen las transnacionales sobre sectores claves en la economía global (energía, banca, agricultura, agua, telecomunicaciones, etc.) desde hace más de dos décadas les otorga un dominio económico, político y cultural sin precedentes. El origen de este poder se encuentra en la colosal acumulación de capital transnacional que ha facilitado la globalización de políticas neoliberales, precisamente uno de los efectos más destacados que tendría la implantación del TTIP y otros acuerdos, no menos relevantes, que se están negociando en la actualidad, como el TISA (Acuerdo Comercial de Servicios) o el CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio). Este último, entre la UE y Canadá, tan solo se encuentra pendiente de ser ratificado.

Estos Tratados no son algo anecdótico. Se trata de la materialización de la captura de la política por la tecnocracia: los gobiernos como meros apéndices del capital transnacional. Estos tratados son la huida hacia adelante del sistema capitalista en lo que el economista Dani Rodrik denomina “hiperglobalización”.

El profesor de Harvard plantea una tesis según la cual únicamente dos de los siguientes escenarios son compatibles al mismo tiempo: Estado Nación y soberanía nacional, democracia o hiperglobalización. Para Rodrick, (i) la soberanía nacional, y por ende, la democracia, se debilita cuando el Estado está profundamente integrado en la economía internacional, (ii) la democracia y la soberanía de los Estados solo son compatibles si retrocede la globalización; (iii) el único escenario en el que la democracia puede convivir con la globalización es en un contexto de gobernanza global y de desaparición de la autonomía del Estado nación.

Por una parte, consideramos que la noción de democracia de Rodrick, al menos en el momento de presentar este trilema, es considerablemente precaria. Por otra parte, el propio autor del “trilema político de la economía mundial” argumenta, en artículos más recientes, tanto la improbabilidad como la inutilidad de una gobernanza global capaz de resolver los principales desafíos sociales, económicos, políticos y medioambientales de nuestro tiempo. Por ende, llegamos a la siguiente conclusión: o democracia y soberanía o poder transnacional e hiperglobalización. Es decir, frenar el TTIP y el resto de acuerdos y políticas neoliberales es condición necesaria, aunque no suficiente, para la democracia.

Si describiésemos el mundo como una pirámide. En la cúspide se encontraría lo que Susan George llama la clase de Davos: “una clase transnacional desvinculada de la suerte del resto de la sociedad y compuesta por las altas finanzas, las empresas transnacionales y algunos gobiernos que consideran que la democracia es demasiado lenta”. Pero no olvidemos que lo que sostiene el último peldaño es la base de la pirámide. No olvidemos que sin consumidores las transnacionales no son nada, que sin votantes no hay gobierno que funcione como apéndice del capital. No olvidemos que una ciudadanía activa y un otoño de luchas y resistencias es condición necesaria para comenzar a limitar el poder transnacional y alimentar a nuestras escuálidas democracias.

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Con un amplísimo respaldo social, se presenta la Plataforma para la Justicia Fiscal

Pide a los responsables de los grandes partidos que actúen real y decididamente, en la articulación de un sistema tributario suficiente, justo y progresivo; en la lucha efectiva contra el fraude y la evasión fiscal y contra los paraísos fiscales, y en la defensa de nuestros derechos básicos

El pasado martes 28 de junio, se presentó oficialmente la Plataforma por la Justicia Fiscal, un movimiento amplísimo pues agrupa a los tres grandes sindicatos y a un impresionante elenco de organizaciones sociales.

En ese acto se lanzaron al viento cinco preguntas que querían interpelar de forma especial a los partidos políticos para comprometerles en el trabajo en favor de un sistema tributario justo y progresivo. Representantes del PSOE y de Podemos, que asistieron, se comprometieron muy en sintonía con estas preocupaciones. Faltaron Ciudadanos y PP, que habían sido también invitados. Pero también emplazamos a esos dos partidos a actuar en la dirección que defendemos.

Estas fueron nuestras cinco preguntas.

1. ¿Qué harán ante la exigencia de la Eurozona de cumplir con el límite impuesto de déficit?

Las políticas, mal llamadas de austeridad, seguidas en estos años, han servido de pretexto para unas políticas fuertemente regresivas y restrictivas de derechos sociales. Entre otras consecuencias, observamos:

Por ello, consideramos imprescindible un cambio de política.

2. ¿Abordarán el déficit desde los gastos, con más recortes sociales, o desde los ingresos, aumentándolos con fiscalidad progresiva y suficiente?

Es obvio que Déficit=gastos – ingresos. La política fiscal tiene dos vertientes. Ambos son los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para paliar la desigualdad injusta.

Los tributos no son una carga sino son el precio de nuestros derechos. Si queremos que se garanticen nuestros derechos básicos, debemos pagar para ello. Por tanto, en las circunstancias actuales, reducir impuestos agrava el déficit y restringe derechos.

La suficiencia fiscal exige que el gasto público y social necesario determine los presupuestos y los impuestos. Qué es necesario puede considerarse relativo. Pero la referencia de nuestro entorno es clara: el nivel de imposición en España se sitúa en torno a siete puntos del PIB por debajo de la media de la UE. Tenemos amplio margen al alza.

3. ¿Qué harán para equilibrar la presión fiscal entre las rentas del trabajo y las del capital y conseguir un sistema realmente progresivo?

El art.31.1 de la Constitución señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. El sistema tributario español no cumple los principios constitucionales.

La Imposición directa va perdiendo peso y progresividad; la imposición indirecta crece y es naturalmente regresiva; la jibarización de la imposición patrimonial impide que juegue su papel compensatorio... y el elevado nivel de fraude y evasión fiscal completan un sistema inequitativo y falto de progresividad.

Las rentas de trabajo aportan más del 80% de las bases imponibles del IRPF aunque suponen tan solo en torno al 45% de la Renta Nacional. La tarifa (2015) de las rentas de trabajo va del 19’5 al 46%. La del capital, del 19’5 al 23’5%. El 3’6% de población con rentas más altas acumulan el 44% de las rentas del ahorro. La inequidad (el trato de favor se concentra en las rentas altas) e ineficiencia (fomenta la transformación artificial de renta y distorsiona las decisiones de ahorro e inversión) que revelan estas cifras bastan por sí solas para descalificar un sistema tributario.

La proliferación de deducciones, desgravaciones y bonificaciones de efecto regresivo y escasa eficacia generalizada, incrementan la inequidad, favorecen la ingeniería financiera de los que tienen más recursos para pagar menos, reducen la recaudación (de forma, también, inequitativa e ineficiente), enmarañan las figuras tributarias y distraen recursos para el control del fraude.

Las bonificaciones ineficientes se estima que (entre 2009 y 2013) han reducido el resultado en el Impuesto de Sociedades en 444.294 millones y la cuota en 36.191 millones. Las diferencias entre transnacionales y nacionales, entre grandes (grupos) y pequeñas empresas son conocidas. Así, una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, en lugar del 6% efectivo, al que tributan sobre el resultado contable, igualaría su tipo medio al efectivo de las pymes y aportaría 7 mil millones de recaudación adicional.

Que el 43,64% del total recaudado proceda de impuestos indirectos supone que su peso creciente implique también regresividad creciente, dada la mayor proporción que dedican al consumo las rentras bajas.

Es necesario mantener tipos reducidos en productos que formen parte de la cesta básica, y en servicios considerados de primera necesidad (luz, agua, gas…), y así evitar situaciones de exclusión social. También deberían utilizarse en mayor medida otras alternativas como los impuestos verdes.

La imposición sobre la riqueza es un instrumento fundamental de progresividad y complementariedad para equilibrar el trato de las rentas de trabajo y las de capital (SICAV – ETVE). La desigualdad en riqueza es mayor que en renta y afecta sustancialmente a la igualdad de oportunidades: el 1% más rico de la población concentra tanta riqueza como el 80% más pobre.

Un impuesto sobre el patrimonio marginalizado, un impuesto sobre sucesiones y donaciones desigual entre Comunidades y casi desaparecido en algunas... implican la práctica inexistencia de gravamen sobre la riqueza. Es necesario acabar con la competencia fiscal a la baja entre CCAA.

4. ¿Desarrollarán y aplicarán de una vez el Impuesto sobre Transacciones Financieras, acordado en 2014?

Un impuesto que se aplique también a la compraventa de acciones, bonos y derivados; que desincentive las prácticas financieras especulativas; que garantice el destino social de los fondos que genere; que ayude a limitar el exceso de financiarización de la economía; que contribuya a equilibrar la contribución de las rentas de capital respecto a las de trabajo… ¡que ya está aprobado, pero trabas y tramas ocultas paralizan!

5. ¿Desarrollarán una política firme contra la elusión, la evasión fiscal y los paraísos fiscales?

Se estima en torno a 60.000 € millones la pérdida de ingresos por fraude fiscal. Parece relativamente indiferente que sea elusión (“legal”), evasión o fraude. El resultado es el mismo: menos ingresos para los gastos comunes.

Las consecuencias son conocidas: injusticia, agravamiento de las desigualdades, deterioro ético, mayor presión fiscal nominal e indirecta para los honrados, distorsión de decisiones y de la competencia, menos derechos y servicios… Si, además, el acceso a determinados beneficios sociales se liga a la declaración del IRPF deriva un doble y sangrante perjuicio.

Es preciso pasar de las palabras a los hechos. Es urgente dotar de más medios a la AEAT (la ratio población/empleados es dos veces y media la media de la OCDE y el coste de la administración fiscal por habitante, 40% del de los países de nuestro entorno), reordenar sus prioridades y facilitar su labor con una reforma simplificadora de los tributos.

Una Ley contra la elusión y la evasión contribuiría a priorizar la lucha contra las prácticas fraudulentas, como primer paso para reformar el sistema fiscal, promovería la coordinación y especialización de Órganos del Estado (jueces, fiscales, policía, ministerios, Seguridad Social…), exigiría la transparencia empresarial y de la Agencia y demás órganos de inspección y control, institucionalizaría la publicación de estudios e informes (sobre economía sumergida, control de paraísos fiscales…), fomentaría una educación y una cultura de responsabilidad fiscal, facilitando la participación y sensibilización ciudadanas…

Las sanciones equilibradas y una prescripción menos breve deben ir acompañadas de la imprescindible cooperación internacional, especialmente contra los paraísos fiscales. Estos son un instrumento internacional permitido para la elusión fiscal y para el blanqueo delictivo. Entre 2013 y 2014 la inversión española hacia estos territorios creció un 2.000%, atrayendo las islas Caimán un monto de inversión 64 veces superior al que atrae la principal economía europea, Alemania.

A medio plazo es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de los paraísos fiscales. A corto plazo es imperativo acometer medidas que penalicen y desincentiven la utilización de estos territorios y llevar a cabo acciones encaminadas hacia la neutralización del daño que generan.

Lo primero, establecer una nueva lista de paraísos y territorios no cooperantes reales, tras una definición exigente y salida mucho más angosta que el actual coladero. A partir de ahí, caben muchas medidas disuasorias como gravámenes especiales a los movimientos con paraísos fiscales; no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales; entorpecer a las empresas con fondos o filiales en paraísos el acceso a concursos públicos y la obtención de bonificaciones, exoneraciones fiscales y desgravaciones; eliminar la exención a los rendimientos y ganancias patrimoniales obtenidas en paraísos fiscales…

Pedimos a los responsables de los grandes partidos que respondan estas preguntas y que actúen real y decididamente

en la articulación de un sistema tributario suficiente, justo y progresivo.

en la lucha efectiva contra el fraude y la evasión fiscal y contra los paraísos fiscales.

en la defensa de nuestros derechos básicos.

Porque justicia fiscal es justicia social.

Economistas sin fronteras no se identifica necesariamente con el contenido de este artículo, que es responsabilidad de su autor.

El declive de Unipapel es una parábola muy ilustrativa de la calidad moral y de la irresponsabilidad social que caracteriza a la actividad empresarial y al tipo de capitalismo de nuestro tiempo.

¿No puede limitarse en modo alguno la omnipotencia y la irresponsabilidad social de los accionistas en las decisiones estratégicas de la empresa?

Érase una vez una pyme española del sector de artes gráficas, emprendedora, creadora de trabajo y de riqueza y razonablemente sólida. Se llamaba Unipapel y había nacido de la fusión de tres empresas familiares en 1976. Aquélla no era en absoluto una época fácil en nuestro país: ni en lo político -todavía con la dictadura coleando- ni en lo económico -en medio de una durísima crisis-. Pero Unipapel supo salir adelante: con esfuerzo, con inversiones innovadoras, con ímpetu comercial, con unas relaciones laborales probablemente paternalistas, pero que ahora miraríamos con nostalgia... Y creció y se expandió (saliendo a bolsa en 1986 y absorbiendo otras empresas) y consiguió una cuota de mercado muy relevante (aunque no de forma inmaculada), tanto en el país como en el exterior, hasta convertirse en una entidad líder de su sector (la fabricación de material de escritorio y escolar y servicios de oficina).

Ésta era la situación hasta hace poco. Incluso había atravesado por la terrible crisis reciente sin daños insalvables. Pero la cada vez más exigente competencia internacional  condujo a las familias propietarias a un replanteamiento estratégico radical: en 2012 deciden no sólo un cambio de nombre (la empresa pasará a llamarse Adveo), sino también una profunda reestructuración, conformándose desde entonces como un grupo bicéfalo, con una línea orientada a la fabricación -la antigua Unipapel- y otra -cada vez más prioritaria y con una presunta mayor capacidad de beneficio- a la distribución. El progresivo desinterés por la rama de fabricación se hace evidente en 2013, con una decisión que se revelaría trágica: la venta de la división industrial a Springwater Capital, un fondo de capital riesgo con sede en Ginebra que no ha sido precisamente agua de primavera para la empresa adquirida.

Todo apunta a que Adveo facilitó la venta cuanto estuvo en su mano, con un inocultable deseo de desprenderse cuanto antes de las fábricas, hasta el punto de ser muy cuestionable la rentabilidad de la operación para ella. Rentabilidad que sí resultó abrumadora para el fondo comprador, que parece que sólo ha llegado a desembolsar una pequeña parte de la módica cantidad estipulada (16 millones de euros). La operación incluía las factorías de Tres Cantos (Madrid), Logroño y Aduna (Guipúzcoa), la actividad de reimpresión en sus talleres de Francia y Marruecos y la oficina comercial en Portugal, así como la plantilla de la división (329 en la actualidad).

Las primeras declaraciones de Springwater, con todo, fueron esperanzadoras: habían venido para fortalecer, rentabilizar y potenciar la empresa. Los hechos, sin embargo, pronto las desmintieron: rápidamente se ralentizó el ritmo productivo y se redujeron turnos, se retrasaron los pagos a proveedores -hasta paralizarse-, se dejaron de abonar las cuotas a la Seguridad Social, se incumplieron pedidos, se perdieron clientes y, claro está, se entró en progresivas dificultades financieras. Una historia clásica de quiebra teledirigida. En este mes de mayo se ha anunciado el cierre de las plantas de Tres Cantos, Logroño y Aduna y un ERE y un ERTE para la práctica totalidad de la plantilla. El drama está servido.

Dicen los sindicatos que el cierre supondrá un coste directo de al menos 25 millones de euros (indemnizaciones de FOGASA, prestaciones de desempleo, deudas a la Seguridad Social, deudas con proveedores y con los anteriores propietarios...), a lo que hay que sumar los cuantiosos costes indirectos (por sólo mencionar los económicos más evidentes: impuestos que se dejarán de cobrar, ventas y puestos de trabajo de proveedores que se perderán, impacto en las localidades de implantación...).

Al margen de las posibles ilegalidades en que Springwater haya podido incurrir (y que están siendo denunciadas por los sindicatos), parecen evidentes las diferentes responsabilidades que concurren en todo este proceso: la de Adveo, que lo ha favorecido claramente y que ha seguido extrañamente implicada en la empresa vendida (encargándose de labores como la contabilidad, la telefonía, la informática, el transporte y la distribución, la confección de nóminas...); la de la Administración Pública, que está permitiendo una quiebra artificial sin intervenir en ningún momento; y, por supuesto,  la de Springwater (que parece que no es nueva), que desde un principio ha pretendido descaradamente el cierre de una empresa que podía ser rentable buscando con ello alguna fuente de beneficio  que no es fácil de percibir, pero que seguro que existe. Y frente a todas esas complicidades, destaca la dignidad de una plantilla, que está luchando por mantener su trabajo y la actividad de una empresa capaz de generar riqueza para la sociedad.

Ciertamente, una historia lamentable desde todos los puntos de vista. Pero también una parábola muy ilustrativa de la calidad moral y de la irresponsabilidad social que caracteriza a la actividad empresarial y al tipo de capitalismo de nuestro tiempo. Porque, por encima de todos los detalles comentados (que, con diversas variantes, se repiten profusamente), no deberíamos olvidar las razones de fondo que posibilitan este tipo de fenómenos. Merece la pena -creo- reparar al menos en tres:

1. Por una parte, la liberalización prácticamente absoluta para los movimientos de capitales y la consiguiente internacionalización plena de los mercados financieros, que hacen posible compras de empresas en cualquier país por inversores de cualquier otro, aunque sólo persigan objetivos especulativos y puedan suponer una destrucción irreparable del tejido productivo nacional.

2. En segundo lugar, la dependencia creciente de las empresas (y muy especialmente, las cotizadas) de los mercados financieros, que produce un irreversible condicionamiento respecto de unos inversores (muy especialmente los fondos de inversión, en sus diferentes modalidades) que actúan a nivel internacional, que mueven sus inversiones a velocidad supersónica y que persiguen la máxima rentabilidad posible, penalizando, en este sentido, a empresas con beneficios sólo porque pueden obtener beneficios mayores en otras.

3. Y en tercer lugar, no lo olvidemos, el hecho de que se sigue considerando que una empresa es una simple agrupación de capital financiero y que, por tanto, es una propiedad absoluta de quienes aportan ese capital (los accionistas). Unos accionistas, en consecuencia, que pueden hacer y deshacer a su antojo con ese objeto de su propiedad: comprar, vender, trocear, arruinar... Obviándose lo evidente: que una empresa no es simplemente eso, sino agrupación de capitales de muy diferente índole: capital financiero, por descontado, pero también capital humano, capital aportado por los proveedores que desarrollan líneas de producción específicas para la empresa, capital de conocimiento y de relaciones, capital reputacional, capital aportado por las administraciones públicas en forma de subvenciones y licencias, capital aportado por los clientes en forma de ingresos por compras, capital aportado por las comunidades que acogen a la empresa y que padecen (y costean) las externalidades negativas que aquella produce (y que no paga). Todos los aportadores de esos capitales contribuyen a la creación de la empresa y a la generación del valor que ésta produce. No sólo es una cuestión de accionistas.

Frente a los problemas que todo o anterior puede causar, la sociedad sólo dispone del amparo de la  ley. De leyes que impidan o dificulten los efectos negativos que de todo ello pueden derivarse. Pero las leyes en este terreno, por desgracia, no han hecho sino debilitarse en todo el mundo a lo largo de las últimas décadas: ha sido la finalidad consciente de una política premeditada que ha cosechado un éxito rotundo (a costa de una degradación social cada día más patente).

No es algo, en ese sentido, que pueda remediarse sólo a nivel nacional. Por eso es tan endiabladamenre complicado tratar de poner coto a situaciones como la de Unipapel. Pero ¿de verdad es tan imposible hacer algo, aunque sea un modesto paliativo? ¿Es que no pueden las Administraciones Públicas de un país controlar en alguna medida la toma de participaciones de control en empresas nacionales por inversores extranjeros? ¿Es que no puede frenarse de ninguna forma las inversiones y las gestiones claramente especulativas que persiguen el desmoronamiento de las empresas invertidas? ¿Es que no puede limitarse en modo alguno la omnipotencia y la irresponsabilidad social de los accionistas en las decisiones estratégicas? ¿Es que no es posible impulsar y fomentar -aunque fuera no obligatoriamente y sólo de forma supervisora- la participación en los órganos de decisión máximos -en los consejos de administración- de esos otros “propietarios” de las empresas que son los trabajadores, los proveedores estratégicos, los clientes, las comunidades donde se ubican...?

A las puertas de las elecciones del 26 de junio, no estaría de más que se ocuparan también de estos temas las fuerzas políticas progresistas que aspiran al gobierno de este país. Porque de ellos depende en buena medida la calidad de vida y el futuro de mucha gente que no se merece desatinos como el de Unipapel.

Este texto ha sido posible gracias a la información facilitada por el Círculo de Podemos de Tres Cantos

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor

Keynes ya advirtió de que las nuevas tecnologías aumentarían la productividad y reducirían los costes de bienes y servicios a un ritmo sin precedentes

La nueva época, con cierta esperanza, puede estar basada en compartir más que en acumular y poseer, debido al intercambio directo entre los ciudadanos

Las futuras generaciones ya empiezan a identificarse con el desinterés y quieren actuar a través de las redes colaborativas

Existe una gran polémica entre los partidos políticos que han concurrido a las elecciones del pasado 20 de diciembre sobre qué tipo de gobierno se conformará, por la tremenda dispersión que ha supuesto el voto de los electores en esos comicios. Ningún partido por sí sólo puede formar gobierno y, lo que resulta más complejo todavía, ni siquiera la unión de dos de ellos (excepto si lo hicieran PP y PSOE) podrían formarlo sin que se abstuvieran algunas otras formaciones. En definitiva, una situación harto complicada.  

Hay en estos días innumerables interpretaciones sobre el significado de los referidos resultados electorales. Interpretaciones que en general elaboran los propios líderes de los partidos y son analizadas por los comentaristas políticos popularmente denominados “tertulianos”. No sé si por casualidad, pero una gran mayoría de éstos coinciden en afirmar que los propios electores no han querido que haya partido político alguno que gobierne con mayoría absoluta y, por tanto, que su interés es que pacten unos con otros, de acuerdo a sus respectivas ideologías. ¿Acaso les han preguntado a los electores qué querían cuando emitieron su voto? ¿no es más probable que cada uno quisiera que su partido alcanzase el gobierno de la nación, y mejor si lo conseguía con mayoría absoluta? En fin, no quisiera yo también caer en la pretenciosa infalibilidad de conocer la intención que guió a los veinticinco millones de electores que acudieron a las urnas.

Sí estoy en condiciones de asegurar que, en no mucho tiempo, por medio de los ordenadores, se sabrá interpretar lo que piensan los ciudadanos con mucha mayor precisión que cualquier comentarista político, por muy bien informado que esté. Al interconectarse con enorme rapidez el mundo a través de Internet, la gente alcanzará un mayor conocimiento de las cosas en tiempo real, debido a la amplísima capacidad cognoscitiva que proporcionan esos revolucionarios ingenios tecnológicos.

Desde principios de este siglo XXI estamos entrando en una increíble transformación digital motivada por un avance tecnológico imposible de imaginar hasta ahora, y que con casi completa seguridad va a diseñar el futuro del progreso mundial.

No hace mucho tiempo, en los primeros años del presente siglo, era muy difícil y costoso analizar y procesar un gran volumen de datos y, sobre todo, almacenarlos. Algo que actualmente se está logrando con una tecnología fácilmente comprensible para prácticamente todo el mundo y que posibilita una colosal capacidad de almacenamiento.

En la historia de la humanidad hemos podido observar cómo se han ido transformando las relaciones políticas y sociales. Desde la desintegración del Imperio Romano a la Edad Media, el descubrimiento de América, el Renacimiento, la Revolución Francesa y la Industrial. En estas épocas, todos los cambios políticos, económicos y sociales fueron muy significativos y señalaron grandes transformaciones en el devenir de la Historia, destacando, por ser el más próximo a nuestro tiempo, el de la Revolución Industrial, con el nacimiento del capitalismo y del marxismo. Este periodo ha ocupado grandes acontecimientos de nuestra reciente historia. Recordemos la Revolución Rusa, las dos guerras mundiales y las gravísimas crisis económicas como la Gran Depresión (1929), la crisis del petróleo (1973), la tecnológica de las puntocom (2001) y, por último, hasta ahora, la crisis conocida de las subprime, o burbuja inmobiliaria y financiera con origen en la quiebra de Lehman Brothers (2008).

El desaparecido comunismo y el capitalismo neoliberal que hoy padecemos nacieron con la máquina de vapor, en 1774. En realidad, el sector con el que más se extendió fue el textil, cuando los fabricantes contrataban a obreros procedentes de las zonas rurales ofreciéndoles sueldos prácticamente de miseria. Y así ha continuado hasta nuestros días.

Ahora estamos en el inicio de una nueva época que quizás pueda llamarse de la Innovación Tecnológica, dando por superada la ya vieja época de la Revolución Industrial. A este respecto, el expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ya advirtió en un artículo en julio de 2008 de que “todavía hay gente que se aferra a lo anterior sin darse cuenta que ya no vale para hacer frente a los retos que tenemos por delante”. “Es el momento del todos para todos, representado por Internet, donde 7.000 millones de seres humanos pueden informar y recibir información”, decía, y pronosticaba: “Mientras nos empeñemos en evitar la nueva realidad, estaremos incidiendo en los mismos errores que se cometieron históricamente”.

Keynes ya dijo que las nuevas tecnologías aumentarían la productividad y reducirían a un ritmo sin precedentes los costes de bienes y servicios, pero también pronosticó que, desafortunadamente, reducirían la cantidad de trabajadores necesarios para producirlos. No obstante, la revolución que supone el llamado Internet de las Cosas facilita de tal manera el contacto entre las personas que se pueden multiplicar los espacios de actuación de manera infinita.

La nueva época, con cierta esperanza, puede estar basada en el compartir más que en el acumular y poseer, debido al intercambio directo entre los ciudadanos que a su vez serán productores y consumidores, siendo Internet el promotor de estas nuevas formas de relacionarse.

De esta manera, se impondrá la economía colaborativa sobre la acumulación, enmarcada en el concepto de felicidad impuesto en este mundo capitalista por las grandes corporaciones, deseosas de vender más y más con el objetivo puesto en la cada vez más abundante obtención de ingresos, para seguir acumulando poder y riqueza.

Sin embargo, las futuras generaciones ya empiezan a identificarse con el desinterés y quieren actuar a través de las redes en clave colaborativa. La informática está cambiando de una manera inusitada nuestra forma de vida. Puede traspasar las barreras del tiempo y del espacio al poseer la capacidad de conectar a miles de millones de personas.

Y así, tanto la producción industrial como los servicios (la banca, entre ellos), e incluso la asistencia sanitaria, podrán ser manejados por gente que no necesita agruparse en grandes corporaciones ni complicadas organizaciones, sino que podrán ser utilizados por pequeños grupos de gente, y hasta individualmente.

También es probable que veamos el momento en que las decisiones políticas no se tomen mediante los instrumentos convencionales que hoy conocemos (los partidos), sino que vayan desarrollándose hasta llevar a la sociedad a un nuevo orden político fundamentado en el trabajo colaborativo conectado en red, que se logrará mediante compromisos individuales y colectivos, y que hará evolucionar progresivamente a las viejas ideologías nacidas con la Revolución Industrial.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autor.

Mientras fallaban estrepitosamente, las grandes agencias obtuvieron generosos beneficios y mantienen un negocio que no se ha resentido nada

Es evidente el permanente chantaje al que someten a los gobiernos democráticos cuando intentan políticas poco acordes con los intereses del gran capital

La lógica del mercado implicaría que quien ha recibido los beneficios de altas primas de riesgo tuviera que asumir las pérdidas derivadas del impago, pero no es así

En una memorable escena, el humorista José Mota planteaba a su banda de gángsters el golpe perfecto: no robar un banco, sino crearlo para enriquecerse a costa de los ciudadanos. Sin duda, y en la misma línea, alguna otra banda creó una agencia de calificación.

Las agencias de calificación de riesgos son empresas que evalúan unos determinados productos financieros presuntamente en función del riesgo de impago. En teoría, su actividad reduce costes de información y favorece la eficiencia. Además, se dice, beneficia a los pequeños emisores que gracias a las agencias pueden acceder más fácilmente a los mercados financieros.

Eso dice la teoría. Pero la práctica es muy diferente. Veamos los efectos observados de sus calificaciones.

¿Una calificación elevada de las agencias garantiza el éxito de mi inversión? Evidentemente no. Recordemos que Enron y Lehman Brothers tenían calificaciones tranquilizadoras hasta justo antes de sus quiebras. ¿Hubo alguna responsabilidad para esas agencias que nos aseguraban su solvencia? Ninguna. Obtuvieron espléndidos beneficios mientras fallaban tan estrepitosamente, y posteriormente su negocio no se ha resentido.

A lo mejor esto tiene que ver con que la mayor parte de los ingresos de estas agencias derivan de los pagos de quienes quieren pedir crédito. Esto ya plantea algún problema porque la calificación podría estar mediatizada en favor del cliente: no vaya a ser que si no le gusta la que le das se marche a la competencia.

Por eso, una condición fundamental (no declarada) para que el negocio funcione es que no haya competencia. Tres grandes compañías americanas (Moody's, Standard & Poor's, Fitch) dominan en torno al 90% del mercado.

Ante esta evidencia, la Unión Europea manifestó con la crisis financiera que se reglamentaría el funcionamiento de las agencias y mejoraría su supervisión. Incluso, como leímos en la prensa, se puso sobre la mesa la creación de una agencia pública europea. ¿Qué fue de todo ello? La reglamentación sigue esperando y el proyecto de la agencia europea desapareció misteriosamente. Como en una película clásica, se tuvo cuidado para que “pareciera un accidente”.

¿Y qué ocurre si la calificación baja? Básicamente que los intereses que debe pagar la institución emisora suben, los gastos se incrementan, se deteriora la solvencia, necesidades de ajuste internos (despidos en las empresas, descenso de la inversión y el gasto social en los Estados…).

Y esto sí que es un arma de destrucción masiva.

Naturalmente, la banda de José Mota sería consciente del enorme poder que tiene en sus manos. La capacidad de chantaje es evidente. Puede serlo con fines directamente recaudatorios: se cita el caso de la empresa alemana de seguros Hannover Rück. Moody's publicó una calificación de esa empresa al tiempo que le enviaba una carta comunicándole que estaban esperando a que pagara. La dirección de la empresa se negó y Moody’s fue rebajando su calificación y reiterando peticiones de pago hasta calificar la deuda de la empresa como basura. Las pérdidas en capitalización y en empleo fueron importantes para la díscola empresa alemana.

Pero puede serlo también como arma política. Es evidente el permanente chantaje que sufren los gobiernos democráticos cuando intentan políticas poco acordes con los intereses del gran capital. En España ya hemos recibido amenazas de deterioro de las calificaciones si llega un gobierno que eche para atrás las reformas del periodo de Rajoy. La derecha mundial (y nacional) tiene así una banda más al servicio de sus intereses. En algunos casos, esta presión puede resultar hasta grotesca. Se cuenta que en una visita el pasado año de las agencias al Ayuntamiento de Madrid, ¡se preguntó por la retirada de las subvenciones a las corridas de toros! Sin comentarios.

Por otro lado, las calificaciones negativas a determinados gobiernos bien podrían denominarse como extorsiones al más puro estilo mafioso en favor de las entidades financieras. Tomemos el caso griego: las elevadas primas de riesgo que se vienen aplicando durante años a las emisiones de su gobierno suponen un coste muy importante para su hacienda pública (con las consiguientes consecuencias sociales), una suculenta rentabilidad para los prestamistas y un poderoso instrumento de control político (la situación puede agravarse como se les ocurra emprender políticas poco deseables para los intereses de los usureros).

Ahora bien, ¿qué ocurre si (podríamos decir que coherentemente con la calificación de riesgo recibida) el gobierno griego dice que repudia parte de esa deuda porque no puede pagarla sin graves daños económicos y sociales? En tal caso, la Unión Europea acude al rescate… de los bancos acreedores.

Por lo tanto, los prestamistas han tenido unos ingresos extraordinarios gracias a la elevada calificación del riesgo… ¡pero no asumen riesgo alguno! La lógica del mercado implicaría que quien ha recibido los beneficios de altas primas de riesgo tuviera que asumir las pérdidas derivadas del impago. En otro caso, hay que decirlo así de claro, ese sobrecoste de los créditos no es otra cosa que una extorsión mafiosa.

El tráfico de dinero es mucho más rentable y honorable que el de las drogas. Pero con consecuencias negativas aún más relevantes y perjudiciales para el conjunto de la población. Quienes prestan a tipos de interés alto deben asumir las posibles pérdidas. Y las agencias de calificación, mientras existan como hasta ahora, deben estar sujetas a estrictas reglas de transparencia y a responder por sus informes, con su patrimonio, de los perjuicios que causen. Aunque resultaría preferible erradicar el delito.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor

Rosario Goñi, de Economistas Sin Fronteras, dedica parte de su tiempo a concienciar a la ciudadanía sobre de los peligros medioambientales, sanitarios, culturales o sociales que entraña la obsolescencia programada. Ahora advierte de que la industria ha dado un paso más allá para incentivar aún más el consumo con la 'obsolescencia psicológica'. “Las compañías hacen creer al cliente que un producto ya no le sirve aunque esté en perfecto estado y cumpla su función porque a través del marketing o de la publicidad lo convierten en obsoleto”. Reclama a las instituciones una legislación que respalde y proteja al consumidor.

La práctica de la obsolescencia programada , no es algo nuevo pero ¿va 'in creçendo' ? ¿en qué lo percibe?

No es nuevo pero lo que se está constatando ahora con más nitidez son los efectos que la obsolescencia está provocando. La ciudadanía se va concienciando cada vez más. Las instituciones a nivel europeo lo están estudiando e incluso se plantean medidas para frenar este fenómeno. No solamente afecta a los consumidores concretos sino que va más allá. Tiene consecuencias a nivel medioambiental, social, sanitario, alimenticio o cultural.

¿Qué sectores la practican?

La mayoría de las empresas que se han puesto en entredicho por acortar la vida útil de sus productos de una forma premeditada pertenecen a la alta tecnología. Fabrican móviles, ordenadores, impresoras o electrodomésticos. Se trata de empresas muy grandes, con muchas subcontratas y resulta muy difícil probar que obran de esa manera. Pero hay ejemplos reales que evidencian que sí lo hacen. Acordémonos de ese móvil en el mercado al que no se le puede quitar la batería que va integrada y que te obliga a comprar otro si la pila se estropea aunque el aparato continúe en perfecto estado.

¿Qué pasa con las empresas que se niegan a formar parte de esta tendencia?

Las empresas más pequeñas, debido a esa competencia desleal generada por estas prácticas, se ven forzadas en ocasiones a actuar de forma similar. Es un doble esfuerzo al que se ven sometidas. Primero por el trabajo añadido que supone hacer frente con tus productos a esa competencia desleal y segundo, el tiempo y dinero adicionales invertidos en convencer a la clientela de que su producción es ajena a esos métodos. Algunas no lo soportan y caen en el misma dinámica.

¿El sector alimenticio ha sido el último en sumarse a estas prácticas?

Para ciertas compañías ya no hay fechas de caducidad. Han cambiado esa información en los envases por la de consumo preferente. El plazo se reduce y el consumidor acaba desechando alimentos que están en perfecto estado porque toma como referencia una fecha que no es la real de caducidad del producto. Así acaban en la basura a diario miles de alimentos aptos para el consumo. Y no estamos como para desperdiciar comida.

Usted habla también de obsolescencia psicológica, ¿cómo la define?

Con la obsolescencia psicológica las multinacionales dan un paso más para incentivar el consumo. No acortan la vida del producto. Las compañías hacen creen al cliente que un producto ya no le sirve aunque esté en perfecto estado y cumpla su función. Sigue siendo útil pero a través del marketing o de la publicidad lo convierten en obsoleto. Convencen al usuario de que ya no cubre las expectativas que tenía depositado en él cuando lo adquirió. Se ejerce una presión para comprar con más frecuencia el mismo producto. No se manipula el producto para que deje de funcionar, se manipula al propio consumidor para que lo renueve innecesariamente. Y así una y otra vez. Nos han interiorizado la idea del comprar, usar y tirar. Y esto se extiende a todos los sectores. Ninguno se encuentra a salvo de esta forma de consumo fugaz que ya es prácticamente un hábito en gran parte de los compradores.

Quizás sea el sector textil el más proclive a esta dinámica

Sí. La ropa y los complementos son un buen ejemplo. Muchas veces se compra la ropa porque se quiere estrenar temporada aunque esas prendas que adquieres cumplen idéntica función que la que cuelga de tu armario y la industria de la moda te obliga a arrinconar sin motivo.

Si se instala en la cabeza de los consumidores, parece que estemos ante un fenómeno imbatible ¿cómo se puede oponer resistencia y a quién le corresponde?

Es difícil salir de ese círculo, lo reconozco. Pero las personas cada vez vamos siendo más conscientes sobre cómo afecta a la sociedad nuestra forma de consumir. Una de las herramientas más eficaces para combatir la obsolescencia psicológica y la programada es seguir informando y formando a los consumidores. ¿A quién corresponde esta tarea? Al consumidor por una parte, que tiene que ser consciente de qué compra, cómo y qué implica su compra con respecto a los materiales con los que está hecho el obtejo y los residuos que produce. Y por otra parte, los consumidores necesitan el apoyo de los gobiernos y su legislación. Deben sentirse respaldado. En ello está la Unión Europea que trabaja sobre esa regulación. Se están viendo avances, iniciativas encaminadas a obligar a los fabricantes a que indiquen en los productos su vida útil y el impacto medioambiental que generan.

Esa preocupación a nivel europeo ¿tiene su reflejo en los estados miembros? ¿Aquí se hace algo para combatir la obsolescencia?

Aquí en Euskadi, por ejemplo, sí se percibe. Las instituciones sí son conscientes de que existe este problema aunque de ahí a ponerse manos a la obra y legislar va un trecho. Las medidas implementadas hasta el momento son todas de carácter voluntarista, recomendaciones.

En los modelos económico, los seres humanos nos convertimos en el

homo economicus

, un hombre solo, sin niñez ni vejez, racional, bien informado, que persigue únicamente su interés propio

Olvidándose de sus orígenes, el objetivo de la economía ha pasado a ser la maximización de beneficios y el crecimiento

Solo comenzando a pensar desde otro lugar lograremos que los que son tratados como problemas personales de cada hogar se asuman como lo que realmente son, responsabilidades colectivas para sostener la vida

Para tratar de entender cómo funciona la economía y realizar predicciones se utilizan modelos económicos, representaciones simplificadas de la compleja realidad. Así, en dichos modelos, los seres humanos nos convertimos en el homo economicus, un hombre solo, sin niñez ni vejez, racional, bien informado, que persigue únicamente su interés propio, que es autosuficiente, no depende de nadie y nadie depende de él, sin responsabilidades, sin influencia sobre el medioambiente; que resuelve todos sus problemas de manera óptima interactuando en un mercado ideal, constituyendo los precios su medio de comunicación. Un hombre plena y permanentemente disponible para las necesidades de las empresas para las que trabaja.

El homo economicus puede resultar de gran utilidad para modelar, pero dista mucho de parecerse a las personas que habitamos la faz de la tierra. Las personas, incluso cuando decimos que lo hacemos, no vivimos ni solas ni somos independientes, vivimos en sociedad y nos necesitamos las unas a las otras. A lo largo de todo nuestro ciclo vital requerimos de otros que nos proporcionen cuidados; en la niñez y en la vejez, pero también cuando estamos enfermos o pasamos por problemas de cualquier índole necesitamos que nos cuiden tanto física como psicológicamente. Somos seres vulnerables e interdependientes, entre nosotros y también con la naturaleza (ecodependientes).

Pero el sistema capitalista en el que vivimos intenta (y está logrando) que nos parezcamos, o más bien que pretendamos ser ese homo economicus, meros trabajadores siempre a punto, ocultando, haciendo como que no existen esos cuidados sin los cuales el sistema dejaría de funcionar, porque sin ellos la vida no se sostiene.

La mayoría de esos trabajos relacionados con los cuidados se dan en el ámbito de lo privado e históricamente han recaído fundamentalmente sobre las mujeres; muchos de estos trabajos no pasan por el mercado, no son trabajo remunerado o, si se remunera, se hace a menudo en el mercado informal y, por ello, a efectos de indicadores económicos como el PIB, no cuentan, no aportan, son invisibles. El cuidado de niños, ancianos, enfermos o el mantenimiento y la limpieza de los hogares son actividades que están normalizadas, pero en lo privado, en lo individual, en lo familiar, en el “cada uno que se apañe como pueda”, invisibilizándose no solo en los indicadores económicos sino también en la esfera pública.

Los filósofos que sentaron las bases de lo que más tarde sería la economía se centraban en el análisis de la naturaleza humana y la gestión de los recursos. Pero de un tiempo a esta parte, pareciera se nos hubiera olvidado cuál fue el origen de esta ciencia social; el objetivo ha pasado ser únicamente la maximización de beneficios y el crecimiento. Son estos los que dictan nuestros tiempos, la forma de nuestras ciudades y nuestras instituciones, y mientras esto sea así, el debate, como el que se ha producido los últimos días en medios y redes sociales, y la búsqueda de propuestas sobre la conciliación laboral y otros temas vinculados a la crianza, serán infructuosos.

Si realmente queremos encontrar soluciones, es necesario repensar la economía y atender a propuestas que se han venido haciendo desde la economía heterodoxa. Propuestas como las realizadas desde la economía feminista; que propone ampliar la visión socioeconómica del mundo integrando todos los trabajos necesarios, remunerados o no, para la subsistencia, el bienestar y la reproducción social, poniendo en el centro del análisis la vida, desplazando del centro los mercados, los beneficios y la acumulación de capital. Hay que redefinir el concepto de economía como “la generación de recursos para satisfacer necesidades y crear condiciones para una vida digna de ser vivida” poniendo la sostenibilidad de la vida en el centro y haciendo que ésta sea responsabilidad de todos como sociedad. Solo así, comenzando a pensar desde otro lugar, lograremos que lo que parecen ser problemas personales de cada hogar, se asuman como lo que son, responsabilidades para sostener la vida y el mundo en el que vivimos.

Se puede ampliar información en el artículo “Economía Feminista” publicado en la  Revista Economistas nº 21 (marzo de 2015), del Consejo General de Economistas.Revista Economistas

Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autora. Economistas sin Fronteras no necesariamente coincide con su contenido.

En la economía globalizada actual, impuesta por el capitalismo neoliberal, todo se basa en el PIB y el crecimiento sin importar a costa de qué se produce

La pobreza se agranda aun en épocas de crecimiento, debido al aumento de las desigualdades. Con cada punto de desviación típica en desigualdad, según el índice de Gini, se genera un 0,6 por ciento de crecimiento del PIB

Estos días atrás nos hemos empeñado en analizar minuciosamente a todos y cada uno de los candidatos que han participado en los debates previos a las elecciones generales, por fin ya celebradas el pasado 20 de diciembre.

¿Y qué hemos conseguido de esas soporíferas intervenciones?, muy poco. ¿Y por qué opino esto?, pues simple y llanamente porque todos se sujetaron al guión predeterminado y perfectamente  diseñado por sus respectivos asesores, los cuales es posible que estén hechos de un duro material, aunque sin duda alguna perfectamente adaptable a las características y conveniencias de sus patrocinados.

Los resultados de las elecciones han sido prácticamente los que indicaron las encuestas, con algunas reseñables desviaciones que no han hecho más que corroborar lo que se esperaba, es decir, que los representantes de las diferentes fuerzas políticas han quedado muy preocupados por no haber conseguido la abrumadora victoria que tanto ansiaban todos ellos, aunque irónicamente hayan anunciado orgullosos que “el pueblo ha hablado”. Pero, tristemente, ninguno  se preocupó a lo largo de la campaña, y a mi juicio sigue sin hacerlo, de lo que podrían suponer para los ciudadanos unos u otros resultados, salvo quiméricas ofertas hechas sin demasiada convicción.

A pesar de ello, nuestros provisionales gobernantes parecen sentirse muy satisfechos por el gran éxito alcanzado al haber crecido en el último año por encima del 3 por ciento, pero, ¿a costa de qué?, pues sencillamente, de haber logrado que la tasa de ganancia de las oligarquías económicas y financieras se haya visto beneficiada por los bajos costes salariales establecidos en las empresas, y debido al resto de reformas impuestas desde la Troika, o sea, desde esas mismas oligarquías. Amén, obviamente, de la extraordinaria bajada del precio del petróleo, de la puesta en marcha por parte del Banco Central Europeo de las Quantitative Easing (oferta monetaria) y de otras causas que en ningún caso previeron quienes aún nos gobiernan.

Pero también es cierto que en el resto de Europa, y no únicamente en España, las clases populares (y también las llamadas clases medias) que forman la mayoría de los habitantes del mundo desarrollado (el rico) han sufrido en esta espantosa crisis económica un importante deterioro de su venerado estado de bienestar. Y es que la pobreza se agranda aun en épocas de crecimiento, debido al descomunal aumento de las desigualdades. Ya lo demostró en su día el economista del FMI, Fuad Hassanov, cuando dijo que por cada punto de desviación típica en desigualdad, según el índice de Gini, se genera un 0,6 por ciento de crecimiento del PIB, lo cual ratifica la reflexión sobre las consecuencias de las desigualdades y la pobreza.

En la economía globalizada actual, la impuesta por el todopoderoso capitalismo neoliberal, todo se basa en el Producto Interior Bruto, la medida para la que únicamente cuentan los valores monetarios existentes en las transacciones económicas entre los países, sin que importen el tipo de transacciones que se hacen, y sin tener en cuenta otros valores fundamentales del ser humano que estimulan el desarrollo de las personas o que producen impactos sociales y medioambientales positivos.

Y por eso, a pesar de que algunos prometieran cambiar las actuales condiciones de vida en nuestro país, con fantásticas transformaciones, la verdad es que dudo mucho (por lo que ahora estamos viendo) de que alguno de ellos pensara en algo más que no fuera en sus resultados electorales, dejando en un segundo término las preocupaciones ciudadanas. 

Y si esto es cierto, como apunta lo hasta ahora visto, ¡cómo entonces iban a tener en consideración nuestros candidatos a los demás seres humanos!, sí, me refiero a los otros, a esos que no saben nada de elecciones, ni de lo que significa la democracia, y mucho menos de eso que los ricos del mundo llamamos estado del bienestar, y sobre todos ellos, esos mil millones de personas que viven en un mundo de absoluta pobreza, esos cuya principal preocupación de cada día es saber cómo poder comer, y sobre todo cómo lograr que sus hijos ingieran algún tipo de alimento antes de dormir, ya que sin él son incapaces de conciliar el sueño. Por eso mismo, cuando dice Stiglitz que la brecha entre el 1 por ciento de los ciudadanos más ricos de los Estados Unidos y el 99 por ciento restante es amplia en relación a los ingresos anuales, yo supongo que también se está refiriendo al resto del mundo desarrollado.

Lo peor es que todos estamos inmersos en el mundo del consumo, y también los candidatos de una u otra ideología, considerando todos ellos ese requisito como condición imprescindible para lograr el crecimiento económico. Por lo tanto, como para ellos esa es la solución, unos bajan los salarios y los gastos sociales en general, para que las industrias del país sean más competitivas y puedan vender más en el extranjero; y los otros piden subidas salariales, con el fin de que los trabajadores dispongan de más liquidez y puedan consumir más, y así, de una u otra forma, las empresas consigan incrementar sus ventas, con lo que nuestro PIB aumentará y seguirán ganando más los que más tienen. Y es que desde hace tiempo la política está condicionada por la economía y el mercado, no teniendo este último otro fin que el interés privado de muy pocos.

Sin embargo, todavía tenemos una esperanza, y es que cada vez se ve con mayor claridad que el capitalismo se encuentra verdaderamente nervioso en los últimos tiempos, mostrándose algo más frágil el motor que lo mueve. Y como dice David Harvey, habrá que reparar ese motor o sustituirlo por otro con un diseño diferente, puesto que las exageradas y crecientes desigualdades en cuanto al nivel de riqueza monetaria se refiere, hacen que la única forma de salir de una crisis sea la que prepara el escenario para entrar en la siguiente.  

Ojalá que nuestros políticos, los viejos y los nuevos, aunque lo hagan por una sola vez, sean capaces de pensar en la ciudadanía en general, la de aquí y la de allí, y lleguen a un acuerdo de gobernabilidad con parámetros que beneficien en la medida de lo posible a la mayoría. Ello podría ser un auténtico ejemplo que quizás se animaran a seguir en otras latitudes.

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Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autora. Economistas sin Fronteras no necesariamente coincide con su contenido.

Un nuevo modelo social, económico y político ha de estar presente en la nueva agenda de desarrollo

Son muchas las iniciativas surgidas de la sociedad civil tratan de conseguir que la economía social y solidaria tenga mayor relevancia dentro de la agenda política tanto a nivel local como global

Durante este año 2015 llegan a su fin los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que, lejos de ser cumplidos, dejan aún mucho camino que recorrer en la lucha contra la pobreza y en pro de la justicia global. Así pues, en septiembre de este mismo año, la comunidad internacional debe suscribir una nueva agenda de desarrollo que sustituya la acordada en el año 2000.

Esta nueva agenda, desarrollada por la ONU como una agenda universal y sostenible, consagrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pretende ser una agenda verdaderamente global, basada en la sostenibilidad, centrada en las causas de la pobreza y la desigualdad, y pilar clave para luchar contra el cambio climático y acabar con el uso excesivo de los recursos y de los ecosistemas, reconociendo los límites planetarios y fomentando el respeto por la naturaleza. Algo que sólo será factible a través de la transformación del modelo económico vigente.

Es precisamente en este cambio de modelo donde la economía social y solidaria (ESS) puede jugar un papel relevante, tal y como lo demuestra el hecho de que dentro de las propias Naciones Unidas se haya creado un Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre ESS, que en su documento “La Economía Social y Solidaria y el Reto del Desarrollo Sostenible”, analiza el papel que esta debe cumplir en la agenda post 2015.

Más allá de que la ESS haga referencia a organizaciones y empresas con objetivos sociales y medioambientales explícitos, su importancia radica en que constituye un enfoque transformador del desarrollo que implica patrones de producción, consumo, distribución de los ingresos y los excedentes, y relaciones sociales y laborales diferentes, que da a las personas, sus necesidades, capacidades y trabajo un valor por encima del capital y de su acumulación, y propone un modelo socioeconómico más redistributivo y equitativo.

La ESS como movimiento social se construye sobre la relación entre lo local y lo global y su principal reto es tratar de que diferentes experiencias logren contribuir a la transformación social. Así, la ESS, junto con las aportaciones de otros movimientos sociales y económicos críticos, busca construir un modelo social, económico y político alternativo, post-capitalista.

Para que esta transformación sea posible, es necesario que se establezca un ambiente institucional y político favorable y se garantice la coordinación de los esfuerzos internacionales para crear y reforzar alianzas en esta materia. Diversas iniciativas surgidas de la sociedad civil tratan de conseguir que la ESS tenga mayor relevancia dentro de la agenda política.

A escala local, durante las últimas elecciones municipales y autonómicas, REAS Madrid junto a otras entidades de la economía social madrileña, como FECOMA y COOPERAMA, han realizado eventos con los diferentes candidatos para que la ESS pase a formar parte de sus programas políticos; a escala nacional, existen iniciativas como los Mercados Sociales (Aragón, Euskadi, Madrid y Sevilla, etc), las finanzas alternativas (proyecto FIARE) y las monedas sociales, entre otras; y a escala internacional se cuenta con redes como RIPESS, la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria, que vincula las redes de ESS de todos los rincones del planeta y cree en la importancia de una globalización de la solidaridad con el fin de construir y de reforzar una economía que coloque a la gente y al planeta en el centro.

En esta línea se enmarca también una iniciativa liderada por jóvenes de 6 países europeos altamente endeudados (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, Eslovenia y España), denominada “Desafiando la crisis”. Dentro de esta iniciativa, los jóvenes, con el apoyo de diferentes organizaciones sociales, están llevando a cabo la campaña “Change the Economy: Think Social”, que, a través de la recogida de firmas online intenta dar visibilidad a la ESS y lograr que ocupe un lugar relevante en la agenda política nacional e internacional.

En definitiva, con esta y otras muchas iniciativas, se trata de incidir sobre la comunidad internacional para que, frente a la lógica del capital, la mercantilización creciente de las esferas públicas y privadas y la búsqueda del máximo beneficio, se construyan relaciones de producción, distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, la cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua, tratando de conseguir una mayor justicia global.

Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autor. Economistas sin Fronteras no necesariamente coincide con su contenido.

Para luchar contra la corrupción hay que contar con la implicación de las empresas

La 'gran corrupción' tiene que ver con los perversos incentivos que el propio sistema ha creado para su propia reproducción

Prácticamente todos recordamos la frase original que el asesor de Bill Clinton, James Cerville, ideó para la campaña de las presidenciales de 1992: “La economía, estúpido”. Pues para explicar la corrupción que existe en nuestro país con este pequeño cambio en la frase es suficiente. El tipo de corrupción al que nos enfrentamos poco tiene que ver con la que nos mostraban en las series norteamericanas de los noventa. Funcionarios sudorosos en países latinoamericanos que cobraban pequeñas cantidades de dinero por hacer, o acelerar, algún procedimiento. El monstruo al que nos enfrentamos es mucho más grande y tiene que ver con la sustitución del Estado de Bienestar por el Neoliberal o Asistencial.

En 1989, el británico John Williamson publicó un artículo en el que se enumeraban una serie de medidas que debían estabilizar aquellas economías con fuertes deudas externas. Hoy lo conocemos como Consenso de Washington. Entre estas medidas se encontraban la privatización de servicios públicos, liberalización del mercado laboral, abrirse al comercio exterior y disminuir los requisitos para la inversión directa extranjera.

Alrededor del sector público se han generado numerosos casos de corrupción. Su conocimiento y su tratamiento en los medios están generando una percepción de impunidad que está erosionando un sistema democrático, ya bastante precario de origen. En un estudio realizado por David Hall titulado “Sobre la corrupción y la captura del Estado” (“Dealing with corruption and state capture”) se explica muy claramente cómo se crean incentivos para que la corrupción aparezca.

Cuando se privatiza parte del sector público, se dejan de prestar ciertos servicios que pasan a manos privadas. En algunos casos se licitan pequeños monopolios que permiten unos beneficios seguros, como podría ser la gestión del agua en una localidad. Algunos de estos contratos suponen una entrada de dinero para la administración que lo privatiza por un tiempo que en algunos casos llega a los 20 años. El incentivo para participar en este proceso es muy grande para cualquier empresario, lo que lleva a prácticas no demasiado éticas e incluso, ilegales.

Otro caso sería el de la externalización de servicios. Muchos negocios han estado funcionando gracias a que algunos trabajos que antes realizaba la administración ahora los subcontrata a empresas privadas bajo el paraguas de la eficiencia de gasto. En estos casos un menor gasto público es posible gracias a la desregulación del mercado laboral. Las empresas participan con ofertas competitivas gracias a las malas condiciones, pero legales, de trabajo de sus empleados. Se han cambiado funcionarios con derechos por empleados con derechos mermados.

En cuanto a las grandes obras públicas, las empresas que se dedican a este sector han tenido que afrontar unos elevados costes fijos para poder competir en el sector, lo que las lleva a luchar por estos contratos con virulencia y con muchos incentivos a pagar comisiones para conseguirlos.

Estos asuntos nos conducen a lo que se conoce como “captura del Estado”. Es la Gran Corrupción, la que se da entre las élites empresariales y políticas. Puede incluir tanto redes clientelares como pago esporádico de sobornos, lo que haga falta para la obtención de esos contratos. Pero, ¿y si se puede influir en la legislación para que el supuesto “gobierno de la mayoría” acabe beneficiando a sólo unos pocos? En este punto se hace obligada la diferencia entre lo que es el trabajo, legítimo, de los grupos de presión en democracias pluralistas y lo que es corrupción. La corrupción aparece cuando se juntan dos necesidades, la de financiación de los partidos políticos que sustentan el poder legislativo, y la de influencia en este proceso, por parte de grandes empresarios. Lo más interesante de este tipo de corrupción es que mediante esta influencia lo que se consigue es hacer legal comportamientos poco éticos para la mayoría.

El sistema acostumbra a echar la culpa a la sociedad. Nos dicen que los españoles somos por esencia corruptos, como los demás países mediterráneos. Pero antes lo fueron en Latinoamérica, también en Asia, en África. Allí por donde ha pasado el rodillo neoliberal ha aparecido una sociedad corrupta. ¿No es demasiada coincidencia? En mi opinión las sociedades corruptas dan lugar a pequeñas corruptelas, pero la Gran Corrupción tiene que ver con los perversos incentivos que el propio sistema ha creado para su propia reproducción.

Las soluciones que se proponen para este tipo de corrupción pasan inexcusablemente por desactivar esos incentivos. En nuestro país se está trabajando en la línea de la transparencia en la administración con la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la información y Buen Gobierno, que con muchas limitaciones ha supuesto un avance. También se ha modificado la Ley de financiación de partidos (Ley 5/2012) con la que se endurecen las condiciones para el acceso a ciertos créditos, así como se pone límite a su condonación. Se introdujo una enmienda en el Código Penal, en el que no sin pocas lagunas jurídicas, se creaba el delito de corrupción privada (Ley 5/2010).

A pesar de todo lo dicho, parece insuficiente para lograr erradicar este problema. Hay que exigir un mayor compromiso por parte empresarial. No sólo sirve decir que se está en contra de la corrupción sino que hay que ser proactivo en su lucha y la transparencia de información relacionada es muy importante. Según el estudio de la información que aparece en las memorias de sostenibilidad que publican las empresas del IBEX35, elaborado por el Observatorio de RSC, la calidad referida a este tema es pésima (1.11 sobre 4).

La sociedad debe también tomar cartas en la resolución de este problema. Un pequeño paso se ha dado el pasado 24 de mayo con la penalización en las urnas a los partidos salpicados por la corrupción. Pero se debe exigir también a las empresas, ya que a falta de legislación, sólo responderán a la exigencia de más y mejor información si perciben la presión ciudadana. Nada cambiará si esperamos que otro lo cambie.

Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autor. Economistas sin Fronteras no necesariamente coincide con su contenido.

Suenas las trompetas del triunfo, vuelven los tiempos de entusiasmo, una vez más España y los españoles son puestos como ejemplo de éxito. La economía española crece y crece más que las, hasta hace un minuto, envidiadas Alemania y Francia. ¿¡Cómo no sentirse orgulloso de ser español!?

Y es que efectivamente, la economía española está creciendo (un 2,8% nos dice la Comisión Europea), se va generando empleo (17.500 empleos nuevos según el INE) y la confianza en el futuro está mejorando (el índice de confianza del consumidor de abril se situó en 101,8, por encima de los mejores resultados de los años previos a la crisis). Tampoco hay que estar todo el día negando lo que es evidente, al menos estadísticamente. Sin embargo, es interesante volver la vista atrás y recordar algunas de las “ideas fuerza” lanzadas por nuestros dirigentes, especialmente políticos y empresariales, particularmente dos de ellas: “Hay que cambiar el modelo productivo” y “las crisis son momentos de oportunidad”. Leídas así, seguida una de otra, se puede llegar a la conclusión de que la crisis, aunque no deseada, era el momento adecuado para abordar el cacareado cambio de modelo productivo.

A la vista de los datos habrá que creer que, en efecto, la crisis ha sido eficazmente aprovechada para generar la transformación de nuestro modelo de crecimiento, las “reformas estructurales”, podría decir cualquier líder económico, han dado sus frutos, o, en lenguaje de cualquier cantamañanas, “se han hecho los deberes”. Maravilloso. Nunca se anunciaron los objetivos reales de las reformas y, curiosamente siempre se negaron los deberes (obligaciones exigidas por otro).

Sin embargo, causa un cierto desasosiego comparar la realidad directamente observable con los escenarios hacia los que debiera de conducir el “nuevo modelo” presentado, y ampliamente aceptado -sin demasiada crítica, hay que reconocerlo- durante los años previos a la crisis. Si la memoria no me falla, entonces se compartía un diagnóstico: el crecimiento del sector de la construcción estaba generando una burbuja en los precios que, además, contribuía a atrofiar el mercado de trabajo, con consecuencias múltiples sobre el sistema educativo al favorecer el abandono temprano de los estudios por parte de los jóvenes ante la oportunidad de empleos relativamente bien remunerados en el sector de la construcción, y sobre la asignación de los recursos financieros dada la elevada rentabilidad ofrecida por la escalada de precios en el mismo sector. Otras consecuencias, que resultaron ser mortíferas a partir del estallido de la crisis, fueron la pérdida de competitividad de la economía española y el desmesurado endeudamiento de la sociedad española.

El modelo alternativo que nos haría felices debería de basarse en la mejora de la competitividad. Para ello, la apuesta por la mejora de la productividad debería ser aceptada por el conjunto de la sociedad y, además, España ya contaba con mimbres para dar el salto definitivo. Las infraestructuras de alto nivel, los avances logrados por nuestros sistema de ciencia y tecnología, la madurez de nuestra sociedad, la preparación de nuestros jóvenes y la responsabilidad y experiencia de los gobernantes llamados a regir nuestras vidas y haciendas eran un abanico de garantías que, lógicamente, nos haría resolver exitosamente los problemas a afrontar.

Los datos recientes no son sin embargo la confirmación del éxito en el logro de la transformación anunciada, sino todo lo contrario. La economía española va camino de ser una economía subdesarrollada. Una economía subdesarrollada es la que es incapaz de tener y sostener una estrategia propia de crecimiento y bienestar colectivo. Y la economía española no la tiene, como, igualmente, carece de una propuesta mínimamente compartida de modelo económico y social por el que trabajar. Se vuelven a ensalzar los positivos datos de la recuperación del sector de la construcción y los nuevos records de visitantes extranjeros, y se disimulan los efectos de la devaluación del euro y la disminución del precio del petróleo.

La construcción se lanza por la caída de los precios, la evidente demanda insatisfecha por la carestía anterior y el interés de los inversores internacionales en la nueva situación del mercado. El turismo se ha beneficiado de los conflictos políticos y sociales en países rivales, de la devaluación del euro y del deterioro de las condiciones laborales, al estar esta actividad, aparentemente, eximida de los controles laborales. Y el petróleo, cuya caída coyuntural de su precio no ha hecho sino contribuir a ensuciar el debate sobre la urgente necesidad de cambiar de modelo energético hacia otro más diversificado, más limpio, más transparente y menos oligopolístico.

Estos resultados esconden la vuelta al pasado en sus más crudos términos, en los salarios, en los gastos en bienestar social, en inversiones en ciencia y tecnología, etc. con incremento de la desigualdad, la expansión de la economía de supervivencia y aumento del riesgo de exclusión social. Todavía hay tres millones menos de puestos de trabajo que en 2008.

La contribución de la industria que disminuyó su participación en el producto nacional un 1,5% entre 2003 y 2013, hasta el 17,5% del PIB, no se ve compensada con la aportación de sectores de servicios avanzados, tecnológicos y científicos que solamente aportan el 7,8% del PIB, frente al 11,5% que lo hacen en Alemania o el 12,4% en Francia (Datos de Eurostat, 2014). Es decir, no hay motor con suficiente potencia para dirigir la superación de la crisis en la dirección correcta de crecimiento basado en incrementos de productividad y exigencia de empleo cualificado.

Sin embargo, no todo está perdido. La lotería de la coyuntura (euro, petróleo, etc.) abre una posibilidad que se debiera de aprovechar para orientar en otra dirección el rumbo económico y social. Para ello habría que moderar el entusiasmo y recuperar los debates sobre el modelo productivo y social, y no confundir los datos coyunturales con los estructurales, los que afectan al proceso de generación de producto y a su forma de distribución.

Un primer paso, puede ser no tratar de ocultar que hasta la Comisión Europea ha reducido en dos décimas (hasta el 2,6%) su predicción de crecimiento para el año 2016. Alguna debilidad habrá detectado, además del incumplimiento de los objetivos de déficit y el elevado endeudamiento público. Así, se justificarán nuevos ajustes que nos mantendrán, todavía más, a la intemperie de los tiempos. ¿Será Grecia culpable? No, nosotros por indolentes.

Este artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autor. Economistas sin Fronteras no necesariamente coincide con su contenido.

El colorido escenario político que se respira en la sociedad española se ha trasladado también al Colegio de Economistas de Madrid y lo ha hecho con el mismo grado de confrontación. Por primera vez en su historia se presentan tres candidaturas a presidir la institución, que celebra sus comicios el miércoles 6 de mayo con una agria polémica. Una de las candidaturas, Economistas por el Progreso, recibió la noticia de que su propaganda electoral no será enviada por el Colegio a los electores tal y como la han presentado, ya que la consideran “inadecuada”, según ha reconocido la institución a este medio.

Las elecciones en el Colegio de Economistas de Madrid se celebran precipitadas por la dimisión del anterior decano, Juan Iranzo, asiduo usuario de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Iranzo resistió en el cargo durante meses pese a las presiones incluso de compañeros de gobierno, pero finalmente claudicó al convocar unas elecciones adelantadas a las que no se podía presentar, dado que ya ha cumplido dos mandatos. Su segundo de a bordo, Estanislao Rodríguez-Ponga, otrora secretario de Estado de Hacienda en los tiempos de José María Aznar con Cristóbal Montoro, está en la misma situación: también un habitual de las 'black' y también imposibilitado a presentarse en estos comicios.

Tras el anuncio de la convocatoria de elecciones se han formado tres listas que compiten por pilotar la institución. Una que se podría considerar “oficialista”, con el actual vicedecano, Pascual Fernández, y que se presenta sin nombre. Otra candidatura es la formada por la confluencia de dos colectivos de economistas: Economistas frente a la Crisis y Economistas sin Fronteras (ambos colaboradores habituales de este diario), bajo la denominación de Economistas por el Progreso. Aunque los primeros (EFC) nacieron precisamente para presentarse a las anteriores elecciones de 2011, ahora han preferido optar por esta candidatura de unión en la que pretenden tener, según sus componentes, un carácter más integrador y despolitizado.

Pero además se ha presentado una tercera candidatura, que entre sus filas cuenta con al menos cinco miembros de la junta anterior que dimitieron tras pedir la retirada de Iranzo por las 'black' sin conseguirlo. Bajo el nombre Economistas Profesionales, el candidato a decano, José María Lamo de Espinosa, quiere distanciarse de la etapa anterior insistiendo en la renovación del Colegio en su programa.

Las dos candidaturas alternativas a la oficial coinciden en denunciar la forma en la que se han convocado las elecciones, apenas dos días antes de la Semana Santa, lo que ha obligado a preparar las candidaturas “a todo prisa”, apunta Lamo de Espinosa. Los todavía dirigentes y usuarios de los plásticos de Caja Madrid controlaban los tiempos y también la formación de la candidatura continuista.

Pero las críticas por la gestión electoral van más allá. La Junta electoral vetó ayer la inclusión de parte de la propaganda electoral que Economistas por el Progreso había incluido para enviar a los electores. Jorge Fabra, uno de los candidatos en la lista de Juan Ignacio Bartolomé –que ya fue decano de la entidad entre 1981 y 1983–, explica a eldiario.es que se pretendía desgranar a los electores los puntos oscuros que habían tenido lugar al convocar los comicios.

El actual secretario del Colegio de Economistas de Madrid, José María Pérez, asegura que la documentación de la candidatura progresista no cumplía requisitos formales al tener dos piezas (una hoja suelta según Pérez), pero que además recogía comentarios que no eran “ni éticos ni correctos”. Pérez asegura que no se puede consentir que se cargue contra otra candidatura en la propaganda electoral. La candidatura progresista, en un comunicado, ha tildado este comportamiento de “censura previa” y está estudiando acciones legales para suspender la celebración de las elecciones.

La Junta electoral es afín a Juan Iranzo por su composición fijada por los estatutos. El presidente lo nombra la Junta de Gobierno saliente (esto es, Iranzo) y los otros cuatro vocales se deciden por sorteo entre las dos juntas anteriores (ambas también formadas por el exconsejero de Caja Madrid).

Las dos candidaturas alternativas aseguran que el Colegio no ha cumplido estos años su función de dar servicios a los asociados ni de aumentar su número, más bien al contrario. Además, Economistas por el Progreso lamenta que la institución no haya tenido una palabra durante la crisis y que no sea una referencia en el mundo de la economía.

Aunque los cargos que están en la Junta de Gobierno no perciben retribución como tales, cabe recordar que al Colegio de Economistas se recurre por parte de diversas instancias a la hora de buscar expertos. Es el caso de los concursos de acreedores, donde los jueces suelen recurrir a la institución para que proponga una terna de candidatos o a la hora de realizar una auditoría. Fuentes críticas con el Colegio aseguran que los que tienen buenas relaciones con la Junta de Gobierno son propuestos en estas ternas.

Este diario no logró ponerse en contacto este lunes con la candidatura de Pascual Fernández.