El Gobierno ha gastado ya más de un millón de euros en asesores para preparar la defensa contra la multimillonaria demanda de arbitraje internacional que interpuso en junio de 2024 la minera Berkeley. Esta pequeña empresa australiana, que en los últimos años ha fichado a varios ex cargos del PP, reclama al Reino de España 1.000 millones de dólares de indemnización (859 millones de euros, al cambio actual) por denegar los permisos para abrir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca).

El mayor contrato hasta ahora, para asistencia técnica económica en el procedimiento arbitral de Berkeley, se acaba de adjudicar por 984.800 euros a la estadounidense Quadrant Economics por el procedimiento negociado sin publicidad, al estimarse “que concurre una situación de imperiosa urgencia”, ya que, explica la Abogacía del Estado, el Tribunal que debe sentenciar el caso ya se ha constituido y el pasado 8 de mayo se celebró la primera sesión con los árbitros y la parte contraria para intentar negociar el calendario procesal. 

A este contrato se suma el adjudicado en octubre por 54.500 euros a un equipo de expertos de la Universidad de Zaragoza para prestar asistencia especializada en derecho administrativo; y otro valorado en 195.750 euros para servicios de traducción que está pendiente de adjudicarse.

Berkeley fichó en 2022 como asesor a Jaime García-Legaz, ex secretario de Estado de Comercio con Rajoy, expresidente ejecutivo de Aena y técnico comercial del Estado en excedencia. Hace una década, cuando estaba tramitando el proyecto de Retortillo, contrató como lobbista en Bruselas a otro alto funcionario en excedencia vinculado al PP, Manuel Lamela, abogado del Estado y polémico exconsejero de Sanidad con Esperanza Aguirre.

Cuando Berkeley contrató a Lamela, el comisario europeo de Energía era Miguel Arias Cañete, su ex jefe en el Ministerio de Agricultura en la época de José María Aznar. Lamela fue uno de los clientes de Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro investigado en un escándalo de supuesto tráfico de influencias. Recientemente, ha participado junto con Felipe González, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Susana Díaz en un acto patrocinado por SOS Rural, lobby agrario muy crítico con las renovables.

Berkeley tuvo en sus primeros años como consejero a José Ramón Esteruelas, que con Aznar fue director general de Correos y consejero delegado de la empresa pública Cetarsa. Su principal ejecutivo en España, Francisco Bellón, fue multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por una infracción “muy grave”, comprar y vender acciones de la compañía a finales de 2020, estando en posesión de información privilegiada, como reveló elDiario.es en abril de 2024. 

Unos días después de destaparse esa multa, Bellón cesó como consejero de la compañía, pero se mantiene como chief operating officer. La CNMV publicó la sanción en mayo de 2024, semanas antes de que Berkeley presentara su demanda contra España en el Ciadi (el tribunal de arbitraje del Banco Mundial).

Bellón es también asesor de Abenójar Tungsten, promotora de la mina de El Moto, en Ciudad Real, uno de los proyectos que seleccionó en marzo la UE para extraer minerales críticos en España. Un área de interés de Berkeley, que en octubre anunció resultados positivos en un trabajo preliminar de pruebas metalúrgicas completado en muestras representativas de su proyecto Conchas (Salamanca), que evalúa la recuperación potencial de litio y rubidio.

El contrato adjudicado a Quadrant para el arbitraje ante el Ciadi contempla varios escenarios, incluyendo la posibilidad de elaborar un informe pericial sobre el laudo que en su día se dicte, “incluyendo un análisis de posibles motivos de anulación relativos al quantum”, según la documentación del expediente.

La firma elegida ya tiene experiencia en asesorar al Reino de España. En las denuncias de inversores internacionales por los recortes a las energías renovables que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy ha intervenido en siete de estos procedimientos. Con estos pleitos, que han propiciado un gasto en asesores superior a los 40 millones (cerca de un millón ha correspondido a Quadrant), están haciendo negocio varios responsables del Instituto Juan de Mariana, think tank ultraliberal cercano a la nueva derecha madrileña.

Además de tener experiencia en los arbitrajes de las renovables, Quadrant también asesoró a la Abogacía del Estado en otro litigio minero resuelto en 2020, el conocido como caso Corcoesto, que España ganó en un tribunal de arbitraje internacional en París a la minera canadiensa Edgewater, tras la decisión de la Xunta de Galicia de vetar una mina de oro a cielo abierto en 2015.

“Edad temprana”

Quadrant ha explicado que tiene experiencia en valoración de activos mineros, “incluyendo detalles como la capacidad de explicar la diferencia entre valorar una empresa minera en funcionamiento en comparación con otra en etapa temprana”, como sería el caso de Berkeley, que hoy por hoy no tiene ingresos. La firma estadounidense ha acreditado experiencia en 96 arbitrajes de inversión y 13 litigios en el sector de la minería a nivel internacional.

Tras la presentación de la demanda de Berkeley ante el Ciadi, la Abogacía del Estado ha recabado diversos expedientes administrativos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Dirección General de Minas, la subdirección general de Energía Nuclear, la Junta de Castilla y León o la Diputación Provincial de Salamanca, entre otros órganos.

Uno de los escenarios que se ha planteado invocar es la falta de jurisdicción del tribunal arbitral al interpretarse que ha habido una “falta de inversión” según lo dispuesto en el Tratado de la Carta de la Energía (un tratado para la protección de inversiones en este sector) y en el Convenio Ciadi. Se trata del primer caso contra España en el que se aplican las nuevas reglas de arbitraje del Ciadi, aprobadas en 2022.

Berkeley, representada en este arbitraje por los despachos Herbert Smith y Freehills y LCS Abogados, presentará el escrito de denuncia a principios de 2026. La australiana presentó su solicitud de arbitraje ante el Ciadi el 27 de junio de 2024, después de que en abril de 2021 el Congreso aprobase la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, prohibiendo nuevas concesiones de exploración o explotación de minerales radiactivos (como el uranio), y tras denegar el Ministerio para la Transición Ecológica en noviembre de ese año la autorización como instalación radiactiva (NSC II) del Proyecto Salamanca, basándose en un informe negativo del CSN.

En septiembre del año pasado Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Abogacía General del Estado aprobaron un acuerdo para la gestión administrativa y presupuestaria de las contrataciones necesarias para defender los intereses del reino de España en este procedimiento.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA), Rafael Grossi, planteó el domingo, en contra de lo proclamado por el presidente de EEUU, Donald Trump, que Irán podrá volver a enriquecer uranio para su programa nuclear en cuestión de “meses”, mientras que el embajador del Gobierno iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, declaró, por su parte, que el programa de enriquecimiento “nunca se detendrá”, pues el tratado de no proliferación nuclear lo permite para “fines pacíficos”.

“Las capacidades que tienen están ahí. Podrían tener, en cuestión de meses, diría, unas cuantas centrifugadoras produciendo uranio enriquecido, o incluso menos. Francamente, no se puede afirmar que todo ha desaparecido y que no queda nada”, señaló Grossi en una entrevista al canal CBS News.

Grossi afirmó que aunque es “evidente” que el país ha sufrido “daños graves”, no son “daños totales”. “Irán cuenta con las capacidades necesarias: capacidades industriales y tecnológicas. Así que, si así lo desea, podrá reanudar esta actividad”, dijo, y subrayó la importancia de volver a la mesa de negociación.

“Tenemos el derecho inalienable al enriquecimiento, y queremos desarrollarlo”, afirmó a la misma cadena Iravani en declaraciones en las que también aseguró que su país está dispuesto a negociar, pero que “la rendición incondicional no es una negociación”, sino “dictar la política” contra Irán, en referencia a las amenazas por redes sociales del presidente de EEUU, Donald Trump.

Iravani afirmó igualmente que, pese a estar “listo para negociar”, tras la “agresión” de Israel y EEUU, no se dan “las condiciones adecuadas para una nueva ronda de negociaciones, y no hay una solicitud para negociar y encontrarse con el presidente”.

El embajador también negó que su país haya amenazado a Grossi o a los inspectores nucleares de la OEIA, señalados por algunos cargos iraníes por haber ayudado a Israel o justificado sus ataques. En este momento hay trabajadores del organismo en Irán, pero no tienen acceso a las instalaciones nucleares.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, había indicado previamente que un periódico próximo al líder iraní, Alí Jamenei, había llamado a detener y ejecutar a Grossi, y en la entrevista con la CBS Iravani condenó este extremo.

“No hay amenaza alguna”, insistió Iravani, que reconoció, sin embargo, que el parlamento iranía ha suspendido la cooperación con el organismo de control nuclear y que los inspectores “no han hecho su trabajo”, pero que están a salvo.

Respecto a las propuestas que llegan ahora a Teherán para proponer una solución diplomática, Iravani dijo que esta solo llegará si es a través de la negociación. “Pero si nos lo quieren dictar, será imposible”, advirtió.

“El nivel de enriquecimiento se puede discutir, la capacidad se puede discutir, pero decir que no se debe enriquecer, que se debe tener enriquecimiento cero, y que si no se está de acuerdo, se bombardeará, es la ley de la selva”, insistió ya el lunes en la BBC, por su parte, el viceministro iraní de Exteriores Majid Takht-Ravanchi.

El embajador había dicho el sábado que Irán podía trasladar sus existencias de uranio enriquecido a otro país si se diese un acuerdo con EEUU sobre su programa electoral, según el portal de noticias Al-Monitor. Otra opción que planteó sería que permaneciese en Irán bajo supervisión del OEIA, pero sin renunciar en ningún caso a seguir produciéndolo, en contra de lo que querría EEUU.

Los comentarios de Iravani llegan una semana después del bombardeo de EEUU de tres instalaciones nucleares iraníes. Los países occidentales llaman de nuevo ahora a reanudar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, mientras debaten acaloradamente si este ha sido totamente destruido, como afirma Donald Trump, o solo dañado.

Trump restó valor el domingo a las informaciones que señalaron que Irán había retirado de la planta enriquecimiento de Fordo, que EEUU bombardeó posteriormente, unos 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. “Es muy difícil y muy peligroso de hacer, porque es muy pesado, y además no les avisamos con mucho tiempo”, dijo en el canal Fox News.

El presidente estadounidense estimó que las imágenes de vehículos en la entrada de la instalación antes de los bombardeos eran probablemente de albañiles que trataban de sellar la planta. “En esa habitación hay ahora mismo miles de toneladas de rocas [...] el lugar está completamente destruido”, insistió.

Pese a ello, el Washington Post informó el domingo de que EEUU había captado comunicaciones entre cargos iraníes de alto nivel en las que comentaban que el ataque no había sido tan destructivo como esperaban.

La jefa de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, replicó que era una “tontería” pensar que los iraníes sepan el alcance de la destrucción de un lugar sepultado por toneladas de escombros.

Dudas sobre el alto el fuego

Por otra parte, el jefe del estado mayor de las fuerzas armadas iraníes, Abdolrahim Musavi, dijo al ministro de Defensa saudí en una llamada que Teherán no está convencido de que Israel vaya a respetar el alto el fuego que puso fin a 12 días de mutuos bombardeos, según la agencia turca Anadolu.

“Dudamos enteramente de que el enemigo vaya a cumplir sus compromisos, incluido el del alto el fuego, por lo que estamos preparados para responder duramente si se da un nuevo acto de agresión”, afirmó Musavi, que añadió que Israel y EEUU “han demostrado que no respetan ninguna regla ni norma internacional”.

La campaña pronuclear del Partido Popular –exacerbada tras el apagón del 28 de abril– ha llevado a los populares a reclamar en España y Europa una mina de uranio en Salamanca que no tiene permiso por las deficiencias del proyecto en cuanto a seguridad y riesgos ambientales. Un plan que acumula sentencias y nulidades judiciales de las licencias sobre las que se desarrolló y que, para rematar, fue dirigido por un ejecutivo que resultó sancionado por utilizar información privilegiada relacionada con la mina para ganar dinero en la Bolsa.

Tanto el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en España como la eurodiputada Susana Solís en Bruselas han desempolvado este mayo de 2025 la idea de extraer uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca), a pesar de que el Consejo de Seguridad Nacional emitió un informe desfavorable sobre la explotación planeada por la empresa Berkeley Minera tras recibir un dictamen técnico negativo. Con ese informe, el Ministerio de Transición Ecológica denegó la autorización a Berkeley el 1 de diciembre de 2021.

Entre las conclusiones del Consejo de Seguridad Nuclear destaca que la minera no analizaba el impacto que una balsa de 135.000 m3 de “agua previsiblemente contaminada” podría tener en los acuíferos y ríos tanto a nivel físico, químico como radiológico. Y no solo en el sitio donde se planeó la balsa, “sino en toda la vaguada aguas abajo hasta el río Yeltes”.

Tampoco se aquilató, dictaminaron los técnicos, “el riesgo de subsidencia [es decir de hundimiento] de los residuos depositados en el almacenamiento”. Un peligro que, en caso de suceder, podría “afectar a la integridad de las dos barreras de aislamiento del proyecto presentado, lo que impediría cumplir su función de evitar la infiltración y la emanación de radón”. El radón es un gas radioactivo cuya inhalación puede aumentar la probabilidad de cáncer de pulmón.

A modo de resumen, el informe concluía sobre el proyecto que “el modelo hidrogeológico de flujo y transporte presentado por Berkeley Minera España no resulta aceptable, por su escasa fiabilidad y elevadas incertidumbres no acotadas”.

Sin embargo, cuatro años después de aquel examen y preguntado sobre la petición de las compañías eléctricas para que les rebajen los impuestos de la energía atómica, Borja Sémper ha afirmado que “el Gobierno ahoga la energía nuclear imposibilitando la extracción de uranio. En España existen 30.000 toneladas de uranio esperando a ser obtenidas, singularmente en la zona de Salamanca”.

Solo unos días después, la diputada europea Susana Solís –una voz pronuclear constante en Bruselas– le decía a la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera que era “un sinsentido” “prohibir por ley la extracción de uranio en España, pues la demanda está creciendo y queremos dejar de depender de Rusia”.

La minera reclama 1.000 millones

El proyecto Berkeley que ahora reivindican los dirigentes del Partido Popular no solo fue rechazado por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, sino que acumula sentencias y nulidades judiciales sobre los permisos urbanísticos sobre los que fue completando fases de preparación.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en 2023 las licencias de uso de suelo y urbanística de la mina que le otorgó en su momento el Ayuntamiento de Retortillo gracias al recurso de la organización Stop Uranio.

Solo un par de meses después, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de la empresa contra la anulación judicial de 2022 de otra de las autorizaciones que había conseguido la minera: la de vertidos de aguas otorgada por la Confederación Hidrográfica del Duero en 2016 – basándose en una declaración de impacto ambiental aprobada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León–.

Berkeley afirma en su Informe Anual 2024 que ha “retirado los recursos judiciales para preservar los derechos del grupo en un arbitrio internacional”. Porque la minera, por su parte, reclama al Gobierno de España unos 1.000 millones de euros por no haber recibido la autorización para construir sus instalaciones y comenzar así a explotar el yacimiento. Precisamente, el pasado 8 de mayo comenzó el proceso de arbitraje que se realiza en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Se trata de un proceso que suele dilatarse años.

Con todo, la licencia de explotación que Berkeley tiene sobre el yacimiento está vigente hasta 2044 (30 años desde 2014) y, recuerda la empresa, “es renovable por dos periodos de treinta años”.

De la multa al wolframio “crítico”

Cuando el pasado 25 de marzo se conocieron los siete proyectos mineros que la Unión Europea impulsará en España en busca de materiales críticos, pudo comprobarse que la explotación de wolframio El Moto, en Ciudad Real, estaba entre las elegidas. La mina está en manos de Abenojar Tungsten S.L. Solo un par de semanas antes, la sociedad había incorporado como consejero a Francisco Bellón del Rosal.

Bellón del Rosal llegó un año después de haber dimitido como director de Berkeley Minera España después de que la Comisión Nacional de Mercado de Valores lo hubiera sancionado por una infracción muy grave. El ejecutivo compró acciones de la empresa antes de dar a conocer públicamente la obtención de una autorización. Después, una vez se informó de ese hecho, las acciones de la empresa subieron y Bellón vendió ese paquete para embolsarse 40.000 euros.

El directivo dejó su puesto al frente del proyecto, pero la minera le mantuvo en un puesto ejecutivo como director de Operaciones. Ahora está en el consejo de la mina de wolframio en Ciudad Real.  

Esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que en España “no hay uranio” para extraer. Muchos se empezaron a mover en el asiento. ¿Y Salamanca? ¿Qué hay de Retortillo? El proyecto de Berkeley de abrir la mayor mina de uranio a cielo abierto —que sí inició sus primeras excavaciones— se vino abajo en 2021 después de que el Consejo de Seguridad Nuclear rechazase esta iniciativa por “la escasa fiabilidad” de la seguridad de almacenamiento de los residuos radiactivos.

Desde entonces, se han producido más condenas, sanciones y litigios internacionales. En 2023 el Ayuntamiento de Retortillo canceló la licencia urbanística parcial concedida a Berkeley Minera España y declaró su caducidad. Pocos meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) declaró ilegales las modificaciones y licencias urbanísticas y revocó las sentencias de primera instancia. Un año después, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación presentado por Berkeley contra otra sentencia de TSJCyL. El Alto Tribunal autonómico dio la razón al Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes sobre la autorización para el vertido de aguas residuales sobre el río Yeltes y sus arroyos y declaró nula la autorización que concedió la Confederación Hidrográfica del Duero en 2016.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado a Berkeley por difundir tarde información privilegiada (150.000 euros) y a su primer ejecutivo por una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores al embolsarse un beneficio de 40.000 euros comprando y vendiendo títulos de la compañía a finales de 2020, mientras disponía de información privilegiada que la empresa. La compañía acudió poco después al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) porque Berkeley considera que se han violado múltiples disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía y quiere una compensación de mil millones de dólares.

Mientras tanto, el Procurador del Común (el Defensor del Pueblo de Castilla y León) ha reclamado a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León que deje sin efecto la Orden con la que dictó la Declaración de Impacto Ambiental favorable para el proyecto de mina de uranio tras todas las sentencias. elDiario.es se ha puesto en contacto con Berkeley, que ha declinado participar en este artículo. La compañía ha 'jugado' durante años 'a futuro'. Tenía intención de hacerse con los permisos, incrementar su precio en bolsa y obtener beneficios millonarios. En marzo de 2025, sus acciones se desplomaron un 21% en Bolsa después de que la Bolsa de Valores australiana pidiera explicaciones por un repunte de casi un 40%.

Movilizaciones desde 2012

Un millar de personas viven en la zona de Retortillo y Villavieja de Yeltes, donde se pretendía construir la mina, una planta de procesado del mineral y el almacenamiento posterior de los residuos. La empresa prometió llevar unos 50 puestos de trabajo a la zona, y contó con el respaldo inicial de las administraciones. La población local se fue informando a través de charlas y reuniones, y un grupo montó la plataforma Stop Uranio, que criticó muy duramente la tala de unas 2.000 encinas centenarias.

Cuando entró el actual equipo de gobierno de Retortillo (PSOE), la sanción de Berkeley por la tala de las encinas “estaba a punto de prescribir”, así que se retomaron los trámites. Berkeley presentó sus alegaciones y el proceso continúa a la espera de resolución.

El portavoz de Stop Uranio, José Ramón Barrueco, recuerda que los primeros años de movilización fueron “muy duros”, sobre todo entre 2017 y 2019. Hubo muchas movilizaciones y la tensión entre algunos vecinos fue muy fuerte. Un concejal del Ayuntamiento de Retortillo incluso recibió un paquete a su nombre en cuyo interior había una soga con el nudo que acompaña habitualmente a las horcas.

De hecho, este proyecto llegó incluso a preocupar al Gobierno de Portugal. El entonces ministro portugués de Ambiente, João Matos Fernandes, pidió una reunión con su homóloga española, Isabel García Tejerina, para abordar el posible impacto ambiental de la mina y puso en duda que se estuviera aplicando el protocolo para evaluar el impacto correspondiente a los proyectos cercanos a la frontera.

“Berkeley empezó a soltar dinero”

“Berkeley empezó a soltar dinero a Ayuntamientos y a la gente y hubo momentos en los que la gente casi llega a las manos. Berkeley dijo que iba a crear puestos de trabajo para que le sirvieran de escudo y no todo el mundo estaba en contra”, apunta Barrueco. Stop Uranio se constituyó para rechazar este proyecto por el posible impacto que pudiera tener en la salud de los residentes y en el medio ambiente, cuyos permisos y trámites además se declararon nulos. “Yo no veo la polémica”, repite el portavoz de Stop Uranio.

“Lo que tiene un país democrático es que tienes que convencer a la gente, con un alto porcentaje de población con estudios superiores. Cuando está en juego su modelo de vida, las decisiones son bastante racionales. La gente sabe relativamente de lo que habla, no estamos en un país ignorante”, reflexiona el director del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca, Santiago López. La alcaldesa de Retortillo, María del Carmen González, asegura que “nunca ha habido problemas” en Retortillo y cree que de la mina “no se habla”.

Hace dos años, los investigadores Gonzalo Sánchez-Tabernero, Antonio R. Hidalgo-Muñoz, José Ignacio Galán y Carmen Tabernero entrevistaron a 371 personas de la zona para conocer la aceptación social, no ya mediáticamente sino desde un punto de vista científico. Este informe, publicado en la revista Frontiers in Psychologyrefleja que los participantes de mayor edad y con niveles educativos más altos tendían a percibir mayores riesgos y menos beneficios asociados al proyecto, lo que se tradujo en niveles más bajos de aceptación.

El uranio ya se explotó en los años 80

“¿España tiene uranio? Sí. ¿Es uno de los países más ricos de Europa? Sí. Pero la riqueza del uranio no es rentable. Así que es como si no tuviésemos uranio. Ya se ha sacado todo el uranio que ha sido rentable sacar”, concluye Santiago López, autor de Historia del uranio en España junto a la investigadora Esther Sánchez.

Santiago López recuerda cómo la empresa pública ENUSA frenó en los años 80 los programas de prospección y explotación minera y se ciñó a minas ya conocidas como la de Ciudad Rodrigo, también en Salamanca. “A lo largo de los años ochenta y noventa, la actividad minera de ENUSA se redujo progresivamente hasta acabar desapareciendo. La materia prima era cada vez más difícil de obtener por su alta dispersión, baja ley y difícil extracción. Las últimas minas de uranio cerraron en el año 2000”, explica Historia del uranio en España, un libro editado por la Sociedad Nuclear Española.

El Vicedecano del Consejo superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Juan Ignacio Artieda, cree que, aunque no tiene una información “concreta” sobre los minerales de Retortillo, los yacimientos de Sealices el Chico, también en Salamanca, “son de más facilidad de explotación y mejor economía”. Según la información que maneja, los minerales de Retortillo presentan “dificultades” para su ataque con ácido (lixiviación), un proceso que pretende disolver el uranio, porque tienen “bastante impermeabilidad”. “También presentan dificultades para la separación sólido-líquido posterior, lo que redundará en un deficiente rendimiento/recuperación del uranio”, suscribe Artieda en declaraciones a elDiario.es. Estas dificultades “hace pensar” en un proceso muy costoso para la empresa, aunque es una cuestión que “debería tener clara antes de iniciar la explotación”.

La mayoría del uranio del mundo procede de las grandes explotaciones que dirigen Francia (en Níger) y Rusia (en Kazajistán). La concentración del uranio es muchísimo mayor a la del uranio español, lo que reduce la rentabilidad de este tipo de explotaciones. “Si el precio del uranio se disparase, se multiplicase por dos o por tres, quizá tendría sentido esta explotación”, defiende Santiago López. “Pretendían 'volar' las minas antiguas. Y luego además hay que proyectar un plan de renaturalización de las minas, aunque lo fuera a hacer ENRESA”, añade.

El director del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la USAL recuerda el rechazo que suscitó entre la sociedad esta mina a cielo abierto, aunque insiste en la importancia de “no demonizar” este mineral. López explica que existe tecnología suficiente para que el polvo no salga de las instalaciones y no afecten a los acuíferos, pero Berkeley no envió señales claras de su preocupación por el medio ambiente tras la tala de las encinas, lo que levantó las suspicacias del entorno social.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado al primer ejecutivo de la minera australiana Berkeley, Francisco Bellón, por una infracción “muy grave” de la Ley del Mercado de Valores al embolsarse un beneficio de 40.000 euros comprando y vendiendo títulos de la compañía a finales de 2020, mientras disponía de información privilegiada que la empresa no comunicó de forma inmediata al mercado. 

La sanción consta en un auto de la Audiencia Nacional que el 19 de marzo rechazó la suspensión cautelar de la publicación de la multa que pedía Bellón, presidente de Berkeley Minera España, promotora de una mina de uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca) que el Gobierno vetó en 2021. La CNMV no ha publicado la sanción “porque no está finalizada la tramitación”, indica en un correo electrónico.

Según el auto, el 11 de diciembre de 2020, cuando Bellón ya era alto directivo de la minera australiana, compró 75.000 acciones “estando en posesión de información privilegiada” sobre la renovación, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, de un permiso de la planta (la autorización previa de instalación) a su filial Berkeley Minera España SL, que él ya presidía. 

Ese viernes Berkeley se disparó en bolsa un 34,47%, hasta 44,1 céntimos de euro por acción. La renovación de la licencia no se comunicó oficialmente al mercado hasta el lunes siguiente, jornada en la que “tras la venta de dichas acciones, el mismo día 14 de diciembre”, Bellón obtuvo un beneficio económico de 40.000 euros, dice el auto.

Esta multa es la cuarta que impone la CNMV por hechos relacionados con Berkeley en esos días de finales de 2020. El 21 de diciembre sancionó con 100.000 euros por una infracción “grave” a Renta 4 Banco por incumplir “la obligación de comunicar a la CNMV, como operaciones sospechosas de constituir abuso de mercado, las realizadas por un cliente de la citada entidad”, al que no identificaba, “sobre acciones de Berkeley Energía Limited, los días 11 y 14 de diciembre de 2020, pudiendo dicho estar dicho cliente en posesión de información privilegiada sobre el citado valor”.

En julio de 2023, la CNMV impuso otras dos multas de 150.000 euros a la minera por una infracción “grave”, difundir con demora la renovación de ese permiso, y otra “muy grave”, no elaborar una lista de “iniciados” indicando las personas que tuvieron acceso a esa información privilegiada, incluyendo el motivo y la fecha. 

Berkeley, que no comenta este asunto, explicaba en su último informe anual, el del ejercicio cerrado en junio, que “decidió pagar” esas dos multas pero negaba irregularidades y aseguraba que “se toma muy en serio las obligaciones regulatorias y está comprometida con mantener a sus accionistas y al mercado plenamente informados”. El documento no menciona el expediente sancionador a su primer ejecutivo por información privilegiada. La CNMV ha multiplicado las multas en los últimos años por estas prácticas.

Bellón lleva más de una década en puestos directivos en Berkeley. Se incorporó en 2011 como director general de Operaciones, ascendió en 2018 a chief operating officer, y en julio de 2022 fue promovido a su actual puesto de director ejecutivo.

La Audiencia Nacional, que le impone pagar las costas, recuerda que las sanciones por infracciones graves y muy graves de la normativa del mercado de valores deben publicarse cuando son firmes en vía administrativa. “No se aprecian imperiosas circunstancias que permitirían excepcionar la regla de la publicidad plena de estas sanciones en la forma que viene ordenada legalmente y sin perjuicio de lo que se pueda solicitar y obtener al respecto de la CNMV”.

El auto recalca “la premisa básica” del “interés público prevalente en la garantía de la transparencia, integridad y la regularidad del funcionamiento del mercado de valores y los intereses de los que operan en el mismo, en particular en relación a prácticas de abuso de mercado”.

Considera “de indudable relevancia” que el regulador sancione “una determinada conducta que, en el particular del actor, viene manifestada en un supuesto caso de abuso de mercado por uso de información privilegiada en la compra, por cuenta propia, de un número significativo de acciones de una determinada entidad, la misma que gestiona/dirige, hechos que conducen a una infracción muy grave en cuya base - bien jurídico protegido - está un indiscutible perjuicio para el general del funcionamiento del sistema subsecuente a estas prácticas abusivas”.

Bellón expuso en su recurso que la empresa australiana es su único pagador, que “pese a ser miembro de la dirección ejecutiva”, está vinculado a ella con un contrato laboral ordinario, y no de alta dirección, y que no tiene “apenas capacidad para comprometer a dicha compañía en negocios” dado que su poder de firma “asciende únicamente a 10.000€”, cifra “ridícula frente a los más de 100 millones de euros que la empresa ha invertido en los últimos años”.

El ejecutivo cobró unos 270.000 euros en el ejercicio 2023 (445.978 dólares australianos) y controlaba un 0,21% de Berkeley, según su informe anual. Su defensa argumentó que “no se le puede calificar de profesional de los mercados financieros, sino de un particular que invierte, esporádicamente, en los mercados de valores, con un marcado carácter conservador en sus operaciones”. Y “que tiene importantes cargas familiares ya que es padre de dos hijos” que “se encuentran a su cargo” mediante la correspondiente pensión de alimentos por divorcio.

Durante la instrucción del expediente, Bellón pidió que no se publicara su incoación “hasta en tres ocasiones”. La CNMV impuso la sanción el 20 de diciembre y rechazó su recurso el 20 de febrero. Agotada esa vía, el directivo recurrió ante la Audiencia Nacional y pidió suspender cautelarmente la publicación de la sanción en el BOE y en la web de la CNMV “o en su caso publicación anonimizada”. 

Despido inmediato

Su representante expuso que “si se produce la publicación de la resolución sancionadora, mi patrocinado no sólo perderá irreversiblemente su actual puesto de trabajo, viéndose privado de su único medio de sustento personal y familiar, sino que, además, quedará irreversiblemente excluido del ejercicio de la profesión a la que ha consagrado toda su vida, generándose de facto un efecto equiparable a la pena de inhabilitación para el ejercicio de su profesión”. 

La publicación de esa sanción “podrá conducir a la extinción de su actual relación laboral, presumiblemente, por despido disciplinario sin derecho a indemnización alguna, viéndose, dada su edad y especialización, en graves dificultades de encontrar un nuevo puesto de trabajo que se adecúe su situación”. 

La Audiencia cuestiona esos efectos “irreversibles” derivados “de la evidente pérdida de prestigio y de la, hoy por hoy, hipotética e elucubrativa, pérdida del trabajo y de ingresos como consecuencia de la publicación de las sanciones”.

Subraya que desde febrero de 2023 el directivo, ingeniero de minas de 53 años, “también está dado de alta como autónomo” en la actividad de servicios de ingeniería. Y que no consta que no informara a su empresa de “la relevante compra de acciones que efectuó en diciembre de 2020”. En los registros de la CNMV no aparece ninguna operación de Bellón en esas fechas.

La compañía ha denunciado a España ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) para pedir una compensación millonaria por el rechazo al proyecto de Retortillo, por una supuesta violación del Tratado sobre la Carta de la Energía, un acuerdo de protección de inversiones que data de 1994 y que el Gobierno ha denunciado por considerarlo obsoleto.

Berkeley dice que propuso iniciar unas negociaciones rápidas para una solución amistosa, sin resultados. La compensación que va a pedir al Ciadi está pendiente de concretarse. En 2021, Bellón cifraba en una entrevista con ABC el lucro cesante en 450 millones. La compañía ha aireado que la cantidad sería hoy superior por la revalorizacion del uranio en los últimos años.

Retortillo, la que pretendía ser la mayor mina de uranio a cielo abierto en Europa, fue vetada en 2021 por el Ministerio para la Transición Ecológica tras un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), después de que la Ley de Cambio Climático prohibiera nuevos proyectos de extracción de uranio en España y de que el regulador nuclear denunciara presiones para su autorización.

Berkeley, cuyo valor en bolsa es de algo más de 90 millones de euros (su principal filial española empleaba en 2022 a 15 personas), se caracteriza por incumplir varias recomendaciones sobre gobierno corporativo de la CNMV. Es de las pocas cotizadas en España sin mujeres en su consejo de administración. En el segundo semestre de 2023, su matriz cuadruplicó sus pérdidas, hasta 3,45 millones de dólares australianos.

El proyecto de Retortillo data de 2011 y a su alrededor siempre han pululado figuras cercanas al PP. Tras las elecciones de julio, la cotización de la empresa se derrumbó más de un 38% en un día. En su último informe de resultados afirma que Pedro Sánchez se ha mantenido en Moncloa gracias a “controvertidos” acuerdos “con los separatistas Catalanes” a través de la ley de Amnistía y con “otros partidos nacionalistas, incluidos los del País Vasco”. En agosto, el consistorio salmantino canceló la licencia municipal a la explotación.

La compañía contrató hace años al ex consejero madrileño de Sanidad Manuel Lamela para hacer lobby en Bruselas a favor del proyecto, según reveló la SER en 2015. Entonces el comisario europeo de Energía era el popular Miguel Arias Cañete, jefe de Lamela en el Ministerio de Agricultura en tiempos de José María Aznar. Berkeley anunció a finales de 2022 la creación de un “comité asesor” formado por, entre otros, el ex consejero delegado de Endesa Rafael Miranda y el ex secretario de Estado de Comercio y expresidente de Aena con el PP, Jaime García-Legaz. 

Tras abandonar Álava por Sobrón, una carretera sinuosa bordea el río Ebro –muy caudaloso en esta época del año– y cruza túneles excavados en la roca. A unos kilómetros, ya en el Valle de Tobalina, un cartel de “Central Nuclear” obliga a poner el intermitente justo antes de llegar a Barcina del Barco, un pueblo de 75 habitantes de la provincia de Burgos. La ruta cambia el asfalto por otra superficie más rugosa y cruza el río por un puente. De frente, ocupando todo un meandro del Ebro y detrás de un cercado con verjas de unos cinco metros de altura, concertinas, cámaras y hasta tres jaulas con perros, se yergue Santa María de Garoña. El dictador Francisco Franco, grabado por el NO-DO, encendió esta planta de generación eléctrica en 1971 –“la más grande de Europa”, se dijo–, que cesó su actividad en 2012 sin que la producción energética española se resintiera, quedó clausurada definitivamente en 2017 y este 2023 ha empezado su desmantelamiento. “El cierre de Garoña es irreversible”, zanja Manuel Ondaro, ingeniero de minas, artífice del proceso de descontaminación de la central José Cabrera de Zurita y ahora al frente del equipo que, desde julio, ha empezado con las complejas tareas para acabar demoliendo la planta burgalesa que tenía tanto apoyo en la comarca donde estaba –a pesar de las pastillas de yoduro potásico almacenadas a montones para posibles emergencias– como oposición en las vecinas tierras vascas.

Santa María de Garoña era propiedad de Nuclenor, una sociedad participada al 50% por Endesa y al 50% por Iberdrola. Ahora se ha transferido a Enresa, una sociedad pública estatal especializada en la gestión de residuos nucleares. Dispone de diez años y de 655 millones de presupuesto –el equivalente a cuatro años y medio de la capacidad de gasto total de la Diputación de Burgos– para extraer con seguridad 2.505 'pilas' de uranio a razón de 270 kilogramos cada una, para desmontar el reactor y las turbinas y, tras otras complejas tareas, para acabar derribando los grandes edificios que han dibujado el 'skyline' del valle en las últimas décadas. Ondaro lidera un equipo de 31 profesionales de Enresa. La medida de la importancia de la operación la da que en Vandellós I fueron seis y, en la José Cabrera de Zurita, quince. Además, 70 trabajadores de Nuclenor se han quedado para esta nueva fase y se calcula en 185 los operarios de “empresas colaboradoras”. Serán casi 300.

Es un proceso de dos fases, una primera de tres años y una segunda de siete. Si todo va bien, este lugar será historia en 2033 y solamente quedará aquí un almacén temporal con los residuos más peligrosos. España no prevé abrir un cementerio nuclear –técnicamente “almacenamiento geológico profundo”– hasta 2073 y ni siquiera baraja una ubicación aún. Los restos menos peligrosos –de radiación muy baja, baja o media– viajarán a El Cabril, en Córdoba. Hay una estimación de que se enviarán allí unas 2.000 toneladas. El resto de materiales no radiactivos, otras 2.000 toneladas, si son reciclables, se reaprovecharán, como los de cualquier industria. Enresa entiende que Nuclenor ha mantenido en “buenas” condiciones las instalaciones durante estos años y facilitado el proceso. Se le devolverá el solar al término del plan.

En España, según datos de Enresa, apenas el 20% del 'mix' energético actual lo aportan las nucleares. De hecho, el consumo máximo ronda los 40.000 ó 45.000 MW/hora cuando la capacidad máxima es de 100.000. Quedan cinco plantas atómicas abiertas, con siete reactores. Son relevantes en el sistema pero no imprescindibles. De hecho, cuando se desconectó Garoña no hubo un apagón. Ni mucho menos. 300 ó 400 aerogeneradores pueden producir los 460 MW/hora de electricidad que tenía como pico máximo de producción esta planta burgalesa.

Zona 1: La entrada

“Bienvenidos a Enresa”, saluda Ondaro a los visitantes a los que, con carácter excepcional, se les han abierto las puertas de Santa María de Garoña. Antes, ya han superado un primer filtro de seguridad. Cualquier externo que cruce el perímetro verá cegadas las cámaras de su teléfono móvil y tendrá que firmar un compromiso de someterse a posibles controles de drogas, superar diferentes barreras y detectores, cambiarse el calzado y recibir un pequeño aparatito. Todo ello se firma con bolígrafos verdes de Enresa. “¿Todos tenéis el dosímetro?”, pregunta alguien. Ese utensilio, hecho en Finlandia, permite ir midiendo las dosis de radiación recibidas. Se chequea en cada zona introduciéndolo en una máquina a la que hay que meter varios códigos y ofrece un número ininteligible para los no iniciados junto al nombre y los dos apellidos del titular. “¿0,04? En un TAC recibes en segundos más dosis que la que he recibido yo en en 40 años trabajando en centrales nucleares. En un avión de Madrid a Nueva York puedes coger 20. Las dosis son bajísimas”, tranquiliza Óscar González, otro de los responsables de Enresa. La visita muestra que en algunos rincones hay un pequeño robot con un semáforo y señales acústicas: si la máquina está encendida, 'respira' el mismo aire que los humanos y avisa de los posibles riesgos.

En el edificio que hace las veces de recepción, donde hay una sala de conferencias y una cafetería, una especie de Atomium bruselense muestra en bolas futuristas de metacrilato maquetas de los pueblos del entorno, como la bella ciudad de Frías. Una placa aplaude la “trayectoria ejemplar” de la central nuclear y una pantalla invita a los vecinos de la comarca a una “merienda” navideña para el 15 de diciembre. Nuclenor se ganó a los vecinos con apoyo a la vida social de la zona. También hay avisos del comité de empresa, que alerta de recortes en los derechos de los trabajadores. En la pared, un póster con unos cervatillos dibujados junto al edificio del reactor reza “Garoña, una apuesta medioambiental”. “Transparencia total. Esto es un retorno a la sociedad”, justifican desde Enresa para explicar la jornada de puertas abiertas que, además, coincide con una inspección de Euratom, agencia europea de control de la energía nuclear. Por aquí pasan habitualmente también el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear español) o la OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica).

—¿Hay ciervos?

—Tenemos seis gamos. Hembras la mayoría.

Preguntado por el póster, un guardia de seguridad, con 28 años de experiencia en la instalación y la fe de que nunca ha pasado nada peligroso allí, explica que dentro del complejo hay “muchos” animales. “Pero antes había más, ¿eh?”, apostilla. No hay posibilidad de comparar pero la realidad palmaria es que, en pleno día de Acción de Gracias, decenas –o quizás cientos– de pavos reales, algunos con llamativos plumajes azulados, se arremolinan en el lugar.

Zona 2: el reactor

Para entrar al reactor, apagado ya desde hace más de una década, la seguridad se redobla. Un vestuario permite al visitante cambiarse nuevamente de calzado –el de ahora promete eliminar el 99% de los virus “en apenas seis horas”– y enfundarse un mono negro, un verduguillo, un casco y unas gafas. Un aviso: hay que portar el mínimo de objetos porque, si se cae algo, podría “interferir” con las preceptivas medidas de seguridad. “Cultura de la seguridad”, recalcan los veteranos para recordar la importancia de observar siempre protocolos muy rigurosos. “Tres puntos de apoyo en las escaleras”, se escucha también. Un sistema de esclusas protege la atmósfera del entorno del reactor del resto del edificio. Son capas para evitar posibles fugas. La decoración es antigua, propia de una construcción de hace medio siglo. No hay iluminación natural ni ninguna referencia del exterior. Sin relojes, se pierde la noción del tiempo. Metros y metros de tuberías se entrelazan y todas las portezuelas tienen avisos de peligro. Se trata de zonas de “permanencia limitada”: cuanta menor exposición a la radiación, mucho mejor.

El reactor de Garoña es gemelo del de Fukushima, donde se produjo un accidente tras la actividad sísmica en Japón de 2011. Es de primera generación, el único en España de esas características. Un ascensor conecta los diferentes niveles del edificio. En la planta superior está la piscina que enfría las unidades de uranio, el peligroso pero potentísimo alimento de la central. Se trata de una pileta de 11 metros de profundidad, 14 de largo y 10 de ancho. Bajo cuatro o cinco metros de agua hay halos fluorescentes. “Es el efecto Čerenkov”, razona González, el guía en esta parte de las instalaciones. Se produce cuando las partículas viajan más rápido que la luz. Todas las 'pilas' de uranio, estrechas y alargadas (cuatro metros), empleadas durante cuatro décadas de generación de energía por fisión se enfrían aquí. El nivel de agua de la piscina es crítico. También su temperatura. Estos “elementos”, fabricados por una empresa llamada ENUSA y que tiene su sede en Juzbado (Salamanca), donde también se exporta al extranjero, son especialmente peligrosos durante sus doce primeros años de vida, pero también después durante un largo tiempo que nadie sabe definir. El agua por encima es un aislante portentoso, pero cuando se produjo la fuga en Fukushima llegó el desastre.

Los inspectores de Euratom revisan el lugar antes que los visitantes.

–Es la zona más comprometida.

–¿Qué pasaría si se extrae una de las barras?

–Es lo último que haríamos.

Una de las labores principales del desmantelamiento es precisamente sacar ese material con seguridad. Se van a preparar 49 contenedores. Se ha llenado ya uno con 52 barras y hay cuatro más listos para montar a partir de la segunda quincena de enero. Cada contenedor requiere dos semanas de trabajo y movilizar una grúa de grandes dimensiones que pesa 75 toneladas. Esa caja, que tiene varias capas de seguridad, tiene que ser gestionada con agua y máxima prudencia. Nada puede fallar. Eran 2.505 piezas de uranio y 2.453 siguen en la piscina. Hay mucho trabajo por delante.

Zona 3: la turbina

Del reactor se pasa a la turbina. Son grandes máquinas rotuladas por la casa “General Electric” de color verde militar. “Está contaminada por dentro, porque el vapor de agua iba con uranio”, explica ahora Marta Gómez, que es la jefa de Protección Radiológica. Ello obligará a trabajar con ello con estrictas medidas de seguridad, una vez más. Una simple comprobación con un medidor muestra cómo suben los niveles rápidamente.

El edificio de la turbina tiene cuatro plantas. En la superior están estas piezas más grandes, pero hay más estructura debajo, como calentadores y válvulas, indica Gómez. En la primera fase del desmantelamiento, este espacio se va a convertir en “edificio auxiliar de desmantelamiento”. Es decir, cuando se desmonte la turbina y se vacíe, se irán almacenando allí residuos radiactivos –salvo el uranio– y los “no clasificados” o normales. Se ordenarán, se prepararán con seguridad y, en caso de requerirlo, se irán enviando a Córdoba. En la calle esperan decenas y decenas de bidones numerados para esta misión. “Hay que revisar todo tornillo a tornillo”, bromea su colega González.

Toca abandonar la zona “comprometida”. El calzado se desinfecta con vapor frotándolo en unas máquinas especiales. Después hay que tirar el buzo, los guantes y otras protecciones. Finalmente, cada visitante tiene que encerrarse en una cabina en la que una máquina pide hacer determinados movimientos para sus comprobaciones, no muy explicadas. Los objetos son analizados en otro escáner independiente. “Cinco, cuatro, tres, dos, uno”, se escucha por un altavoz interno dentro de la cabina. “¡Limpio!”, despacha finalmente la voz grabada de una mujer antes de abrir la puerta y permitir la salida.

Zona 4: el ATI

Las siglas ATI, en Garoña, responden a “Almacén Temporal Individualizado”. Es el espacio a cielo abierto de nueva construcción donde se irán colocando los contenedores con el uranio que se saca de la piscina del reactor. Son cilíndricos y blancos y se ubican en vertical. No se parecen en nada a los de la marina mercante. En el suelo, se distinguen losas de dos colores. En las más grises van los contenedores. Esa zona en concreto “está diseñada para que en el caso del peor terremoto” no se derrame el uranio, algo que sería catastrófico.

Ahora se yerguen cinco contenedores en el ATI, rodeado de verjas, avisos y cámaras de videograbación. Uno está lleno –el único que tiene cableado para su monitorización– y cuatro más están listos para ser cargados. Hay espacio pensado para 60, pero con 49 se podrán recoger las 2.505 barras, en principio. Vacíos pesan 60 toneladas y llenos superan las 70. Los inspectores de Euratom pueden acceder a datos y comprobaciones de todos los recipientes. Sabrían en el acto si se han manipulado una vez sellados y España se expondría a una sanción. “Estamos sometidos a reguladores internacionales para que el material nuclear no sea empleado para otros usos”, cuenta Ondaro.

Zona 5: la sala de control

La sala de control es el cerebro de Santa María de Garoña. Es un espacio operativo las 24 horas del día y monitoriza cada movimiento dentro del recinto. Ahora lo gestionan un supervisor, un operador y dos auxiliares. Cuando la central estaba operativa eran el doble: un supervisor, su ayudante, dos operadores y cuatro auxiliares. El espacio tiene unas mesas centrales de trabajo rodeadas por un enorme panel de controles que ocupan varios metros de pared. Es imposible ofrecer una cifra aproximada del número de botones que se pueden pulsar y mucho menos la función de cada uno de ellos. Enresa indica que el 80% de esas conexiones ya están desactivadas. “Se van desconectando poco a poco”, indica Montse Pérez, responsable de Comunicación de la sociedad estatal. De hecho, hay ya paneles enteros tapiados. Eso sí, se han colocado dos monitores nuevos para medir el “nivel y temperatura” de la piscina y hacer seguimiento de los contenedores del exterior.

Cada mesa de trabajo tiene tres teléfonos. Uno, el blanco, permite llamadas al exterior. Otro, el negro, es para comunicaciones internas. El tercero, antiquísimo, es para dar avisos por megafonía. Tiene una palanquita metálica para que ese mensaje llegue alto o muy alto a las personas en el interior de la planta, en función de la gravedad de la comunicación. En realidad, los pasillos de Santa María de Garoña están llenos de viejas cabinas telefónicas que siguen operativas y que ofrecen una comunicación interna ágil y estable. Hay que usar esos teléfonos siempre con guantes.

El desmantelamiento de Garoña es irreversible y desde la segunda mitad de 2024 cogerá velocidad de crucero. Ya no hay decisión administrativa o capricho político de gobernantes de aquí o allá, por muy gallardos que sean en sus declaraciones, que le dé marcha atrás. “Sería más barato hacer una nueva entera que remodelar esto”, coinciden varias fuentes. No se aprecia vértigo en el equipo de Ondaro, como se titulaba la primera canción del disco de U2 'How to dismantle an atomic bomb' que la banda irlandesa lanzó en Estados Unidos un 23 de noviembre (pero de 2004), un día antes en el Reino Unido. Uno, dos, tres: “¡Limpio!”.

Siguiendo el ejemplo de Reino Unido, Estados Unidos ha anunciado el envío a Ucrania de proyectiles antitanque con uranio empobrecido. El envío de estas polémicas municiones tiene como objetivo ayudar a Kiev a romper las líneas defensivas de Rusia en su agotadora contraofensiva.

Los proyectiles de 120 milímetros servirán para armar a los 31 tanques M1A1 Abrams que Estados Unidos tiene previsto entregar a Ucrania en los próximos meses.

EEUU desarrolló durante la Guerra Fría estos proyectiles capaces de perforar blindajes con el fin de destruir los tanques soviéticos, entre ellos los mismos T-72 a los que Ucrania se enfrenta ahora en su contraofensiva.

¿Qué es el uranio empobrecido?

El uranio empobrecido es un subproducto que se obtiene durante la creación del menos abundante uranio enriquecido, empleado en combustible y armas nucleares. El uranio empobrecido es de una potencia muy inferior a la del enriquecido y no sirve para generar reacciones nucleares, pero su altísima densidad (mayor que la del plomo) lo hace muy atractivo como proyectil.

“Es tan denso y tiene tanta potencia que atraviesa el blindaje, y lo calienta tanto que hace que se incendie”, dice Edward Geist, investigador y experto en políticas nucleares del centro de investigación estadounidense Rand.

Cuando se dispara, un proyectil de uranio empobrecido se convierte “básicamente en un dardo de metal extraño lanzado a una velocidad extraordinariamente alta”, dice Scott Boston, analista principal de defensa en Rand.

Eso significa que el proyectil con uranio empobrecido atraviesa el blindaje de los carros de combate en un abrir y cerrar de ojos, estallando en una nube ardiente de polvo y metal y haciendo explotar el combustible y la munición del tanque debido a las altas temperaturas.

¿Representan un riesgo para la salud?

Aunque no se consideran armas nucleares, las municiones de uranio empobrecido emiten pequeños niveles de radiación, por lo que el organismo de control nuclear de la ONU pide precaución en su manipulación y alerta por los riesgos posibles de una exposición a este producto químico.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) avisa de que la manipulación de este tipo de munición “debe reducirse al mínimo y debe realizarse con ropa protectora (guantes)”. También señala la necesidad de “una campaña de información pública para garantizar que la gente evite manipular los proyectiles”. “Eso debería formar parte de cualquier proceso de evaluación de riesgos y son precauciones que deberían ajustarse al alcance y número de municiones empleadas en una zona”, dice el OIEA.

El OIEA explica que el uranio empobrecido es principalmente un químico tóxico, antes que radioactivo. Las partículas en aerosoles pueden ser inhaladas o ingeridas. Aunque la mayoría se expulsan con los excrementos, algunas pueden entrar en el torrente sanguíneo y provocar daños renales. “Las concentraciones elevadas en el riñón pueden provocar daños y, en casos extremos, insuficiencia renal”, dice el OIEA.

Los tanques estadounidenses usaron municiones de uranio empobrecido, así como blindajes mejorados con este elemento químico, para combatir contra los tanques T-72 de Irak durante la guerra del Golfo de 1991. Lo volvieron a usar en Serbia, en Kosovo y en la invasión de Irak del año 2003.

Una recopilación de estudios médicos publicada por la revista BMJ Global Health destacó “posibles vínculos” con problemas de salud de largo plazo en los iraquíes relacionados con el uso de uranio empobrecido en el campo de batalla.

Un análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que “en algunos casos, los niveles de contaminación en alimentos y aguas freáticas pueden aumentar al cabo de varios años” y deberían ser objeto de seguimiento. La OMS recomienda que se tomen medidas de limpieza cuando “expertos cualificados consideren inaceptables los niveles de contaminación por uranio empobrecido”.

¿Cómo ha reaccionado Rusia al anuncio de EEUU?

La embajada de Rusia en Washington denunció la decisión como “una señal de inhumanidad” y dijo que “EEUU se está engañando a sí mismo por negarse a aceptar el fracaso de la llamada contraofensiva del Ejército ucraniano”.

En un mensaje difundido por Telegram, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, también cargó contra la decisión de EEUU. “¿Qué es esto: una mentira o una estupidez?”, escribió. Zakharova dijo que se ha observado un aumento en los casos de cáncer en zonas donde se utilizó munición con uranio empobrecido.

Cuando Reino Unido anunció en marzo que entregaría este tipo de proyectiles a Ucrania, el presidente ruso Vladímir Putin dijo que Moscú “respondería en consecuencia” a la decisión de Occidente de comenzar a emplear armas con un “componente nuclear”. Varios días después dijo dijo que Rusia respondería con el despliegue de armas nucleares tácticas en la vecina Bielorrusia. En julio, y junto al presidente de Bielorrusia, anunció que Rusia ya había enviado algunas de esas armas.

Traducción de Francisco de Zárate.

La nueva corporación municipal de Retortillo (Salamanca) ha cancelado la licencia urbanística concedida a la minera Berkeley en 2020 y ha retomado el expediente sancionador por “faltas muy graves” en el marco de su proyecto para construir en este municipio la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa.

“No me he presentado para esto en concreto, no tengo nada en contra de los señores de Berkeley, pero sí en contra de una explotación minera en el término de Retortillo”, ha explicado la alcaldesa socialista María del Carmen González Calderón, que sustituyó tras las elecciones del 28M a un alcalde del PP favorable a la mina. Las dos decisiones sobre Berkeley se tomaron el jueves 24 de agosto en sesión extraordinaria y por unanimidad de la corporación municipal, integrada por cuatro concejales del PSOE y una de VOX.

El Ayuntamiento de Retortillo cancela así “la licencia urbanística parcial concedida a Berkeley Minera España en el año 2020 y declara su caducidad”, al tiempo que acuerda “retomar y concluir de manera urgente el expediente sancionador por faltas urbanísticas muy graves cometidas por la minera en Retortillo”.

El activista contra la mina y fundador de la plataforma Stop Uranio, Jesús Cruz Fernández, ha explicado por su parte que “estos dos expedientes deberían estar ya resueltos por las dos anteriores corporaciones, pero debido a la relación de intereses entre los alcaldes y concejales con la empresa minera, fueron dejados en el olvido con el fin de que caducaran sin sanción”.

La alcaldesa ha insistido en que ella lo que desea “es que todo vuelva a la legalidad” y ha recordado que en la corporación municipal “hay gente a favor de la mina, pero que ven que es injusto todo esto que han hecho”.

“Yo no pertenezco a ninguna agrupación ecologista, pero soy muy ecologista. Tener una mina aquí es un proyecto para 10-12 años, cuando los ganaderos llevan toda la vida, el balneario lleva 100 años y está a 500 metros de donde querían explotar lo de la mina”, ha explicado a EFE

Proyecto frenado por el gobierno central

El pasado 24 de julio, la multinacional minera acusó al Ministerio para la Transición Ecológica de España de “infringir” la normativa administrativa en la tramitación de su proyecto de mina de uranio en Salamanca, sobre la que mantiene su recurso en los tribunales. Berkeley sostiene que la forma en que el Ministerio ha frenado su proyecto en Salamanca “no es legal” y es “arbitraria”.

En su escrito dice que los estudios realizados en la zona de Retortillo indican que puede albergar 89,3 millones de libras de uranio, lo que convertiría ese lugar en “uno de los productores de menor coste por producción en el mundo, capaz de generar fuertes” beneficios económicos. El pasado 16 de mayo, Berkeley pidió al Gobierno central que reconsidere su decisión de “vetar” el proyecto para construir la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa en Retortillo. 

El Gobierno asegura que hay “bajo riesgo de desabastecimiento” de uranio a las centrales nucleares españolas si, como consecuencia de la invasión de Ucrania, se produjera un hipotético corte del suministro desde Rusia, un proveedor clave en este mercado a escala global.

“La diversa distribución geográfica de los recursos de uranio, así como de las instalaciones en las que se llevan a cabo los procesos de conversión y enriquecimiento, situadas en países con estabilidad política, permite hablar de un bajo riesgo de desabastecimiento”, afirma el Ejecutivo en una reciente respuesta parlamentaria.

En ella, el Gobierno recuerda que la empresa estatal Enusa, responsable de suministrar el uranio enriquecido que alimenta los reactores, tiene suscritos contratos con diferentes suministradores de concentrados de uranio, así como de servicios de conversión y de enriquecimiento, “que permiten adoptar las decisiones necesarias para hacer frente a un eventual corte de los suministros desde Rusia”.

España, que el año pasado vetó el proyecto de construcción de una planta de fabricación de concentrado de uranio en el yacimiento que la minera australiana Berkeley quería explotar en Retortillo (Salamanca), importa el 100% de este mineral, del que se extrae el combustible para los siete reactores nucleares operativos. Estos cubren alrededor del 20% de la demanda de electricidad con algo más del 6% de la potencia instalada.

Un decreto de 1999 obliga a las eléctricas a tener disponible una reserva física de uranio enriquecido equivalente a dos recargas de 18 meses que está depositada en la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Las compañías deben tener almacenado en las centrales, con una antelación mínima de dos meses, el combustible para cada recarga. Estas se realizan cada año y medio.

Esto “da un margen de tiempo para solventar cualquier eventual interrupción del suministro”, señala el Gobierno. En mayo, en la presentación de resultados del primer trimestre, Endesa ya indicó que, de manera indirecta a través de Enusa, está analizando los efectos sobre los pedidos de suministro de combustible nuclear procedentes de Rusia a partir de 2024 y que esta sociedad está derivando las órdenes de fabricación a otros proveedores.

En 2020, y según datos de Enusa recogidos por el Foro Nuclear, Rusia suponía el 38,7% de los concentrados de uranio importados por España, más que ningún otro proveedor y muy por delante de Canadá (22,3%), Níger (19,5%) o Kazajstán (11%). Este último país, muy próximo al régimen de Vladímir Putin, es el mayor productor mundial, con una cuota del 41%, según la World Nuclear Association.

Enusa no precisa cuál es el peso actual de Rusia en ese mix. En un correo electrónico, a preguntas sobre este asunto, la empresa estatal indica que “a corto plazo se dispone del uranio enriquecido necesario para el funcionamiento del parque nuclear español. A medio y largo plazo se están considerando diferentes escenarios valorando el papel que pueda jugar la industria nuclear rusa en el futuro, así como la capacidad que puedan aportar los restantes suministradores de uranio enriquecido”.

La empresa perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) remarca que “un elemento fundamental de nuestra política es la seguridad del suministro de uranio para los clientes”. Para ello, tiene suscritos contratos “con los principales suministradores mundiales, manteniendo una política de diversificación de fuentes y de mecanismos de precios fijos y de precios indexados al mercado con topes al alza”, para protegerse de posibles subidas.

Enusa recuerda que “se dispone de diversos mecanismos para evitar una interrupción del suministro de uranio”, como cláusulas de flexibilidad en las cantidades que se pueden adquirir anualmente y los stocks de uranio enriquecido de reserva que establece la normativa, además de “diversos otros stocks operacionales capaces de absorber las variaciones producidas por situaciones como la que se vive actualmente”.

Fuera del embargo

Más de 100 días después de la invasión de Ucrania por parte del régimen de Putin, el embargo a las compras de uranio y a la potente industria nuclear rusa no se ha puesto hasta ahora sobre la mesa, a diferencia de lo ocurrido con el petróleo y el gas.

Ni por parte de Estados Unidos, que en 2020 importó a Rusia el 16% del uranio que consumían los 94 reactores nucleares que entonces había en el país, ni de la Comisión Europea, aunque en abril, cinco diplomáticos de la UE revelaron a Politico que algunos miembros de la UE quieren prohibir las importaciones de ese mineral a Rusia. Entre ellos, Alemania, que mantiene su plan de apagar las nucleares este año, pese a la actual crisis energética.

Algunos países europeos tienen una elevada dependencia de la tecnología nuclear rusa. Bulgaria, República Checa, Finlandia, Hungría y Eslovaquia cuentan actualmente con viejos reactores VVER de fabricación soviética en funcionamiento en su territorio, totalmente dependientes del combustible suministrado por TVEL, filial de la empresa estatal rusa Rosatom. Y Hungría y Eslovaquia dependen del combustible nuclear ruso para la mitad de su demanda, según contaba la semana pasada eurobserver

Rusia ha exportado más reactores en las últimas décadas que ningún otro país, con Finlandia, Eslovaquia o República Checa entre sus clientes, aunque no España. Y es un suministrador clave de uranio y de servicios asociados a la fabricación de este combustible. Para llevar a cabo ese proceso, el uranio en bruto debe extraerse del subsuelo y molerse en óxido de uranio antes de enviarse a instalaciones que lo convierten en hexafluoruro de uranio, el paso previo para enriquecerlo y usarlo como combustible.

Rusia no es uno de los principales productores mundiales desde el punto de vista de la extracción de uranio, pero tiene un peso muy importante en las operaciones de extracción de ese mineral de terceros países, como Kazajstán o Uzbekistán. En 2020 fue, con algo más del 20%, el segundo proveedor de este mineral a Europa, según Euratom, prácticamente empatado con Níger.

De acuerdo con un informe publicado en mayo por el Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia, Rusia poseía el 40% de la infraestructura total de conversión de uranio en el mundo en 2020 y el 46% de la capacidad total de enriquecimiento de uranio en 2018.

Según Euratom, Rosatom proporcionó a través de su filial Tenex el 26% de los servicios de enriquecimiento de uranio a las eléctricas de la UE en 2020. Los ingresos de Moscú por las exportaciones de combustible nuclear fueron modestos en comparación con los que obtiene por el gas y el petróleo, alrededor de 650 millones de euros en 2020, según las cifras anuales de Rosatom. Pero su planta de fabricación de combustible tiene 14.600 millones de euros en pedidos pendientes.

El Consejo de Seguridad Nuclear ha rechazado el proyecto de fábrica de uranio que la minera Berkeley planeaba levantar en Retortillo (Salamanca). La fábrica de concentrados radioactivos estaba ligada a la mina de uranio a cielo abierto cuyos trabajos preparatorios habían ido avanzando mientras se obtenían todos los permisos de actividad. El pleno del Consejo ha dado el visto bueno al informe técnico que veía deficiencias de seguridad en el proyecto.

El escollo principal, según ha informado el CSN, es la incertidumbre que genera el plan para almacenar los residuos radiactivos que ha presentado Berkeley. “Escasa fiabilidad y elevadas incertidumbres de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva”, ha descrito el organismo, referidas, sobre todo, al “almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de muy baja actividad, que forma parte de la instalación radiactiva de primera categoría”. Cuatro miembros del pleno han votado a favor de este informe y un quinto ha anunciado un voto particular discordante.

El proyecto de mina y fábrica de uranio en las dehesas salmantinas ha conllevado un proceso largo, polémico y lleno de paradas en los tribunales. El plan aunaba, por un lado, la extracción del mineral de uranio en una corta al aire libre y, por otro, la planta para obtener concentrados de ese uranio que suponen el primer paso para fabricar combustible nuclear. El Consejo considera que “la información aportada no permite acotar la capacidad efectiva de aislamiento de las barreras que BME [la minera] propone para envolver los residuos, y consecuentemente tampoco la capacidad de minimizar las concentraciones esperadas de radionúclidos en las potenciales zonas de descarga”. Es decir, subrayan que hay lagunas sobre cómo pretendía la empresa almacenar los restos de su actividad y, por lo tanto, evitar que la radiación afectara al medio ambiente.

Además, el organismo de seguridad da un tirón de orejas a la minera al indicar que sus análisis han detectado “numerosas deficiencias a lo largo de la evaluación, lo que ha requerido el mantenimiento de muchas reuniones técnicas con el titular, así como numerosas peticiones de información adicional, además de la elaboración de una gran cantidad de informes y notas de evaluación”.

La Junta de Extremadura presentará, “en tiempo y forma”, recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la sentencia del TSJEX que permite a la empresa QBIS Resources SL seguir con la investigación del proyecto de mina de uranio, denominado “Ansar”, en la comarca de Sierra Suroeste. “Sí se prevé presentar (recurso) y posiblemente lo hagamos hoy -por este martes- incluso”, ha señalado el director general de Industria, Energía y Minas, Samuel Ruiz, a una pregunta de Unidas por Extremadura en la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Asamblea.

La Junta “respeta” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) pero considera que la resolución que anulaba el permiso de investigación “estaba ajustada a derecho”, por lo que recurrirá dicho fallo.

El director general ha subrayado que Extremadura debe ser una tierra en la que se respetan “las normas medioambientales, mineras y de cualquier sector”, pero debe ser “una tierra donde haya una garantía jurídica para todos los intervinientes en los procesos administrativos”.

En esta línea, ha recalcado que respetan la legislación vigente y “la interpretación que hagan de ella los tribunales”. “Nos den o no nos den la razón, porque es muy importante dejar actuar a la justicia”, ha apostillado.

Oposición ciudadana

La diputada de la coalición Irene de Miguel ha recordado que el proyecto, situado en la finca Cabra Alta, prevé investigar en unas 8.000 hectáreas de la zona suroeste, que afectan a los términos municipales de Zahínos, Villanueva del Fresno, Oliva de la Frontera, Higuera de Vargas y Jerez de los Caballeros.

Ha mostrado su “alegría” al saber que desde el Ejecutivo regional van a “pelear y luchar” para que no siga adelante un proyecto que “perjudica gravemente a la Sierra Suroeste y que tiene una fuerte oposición ciudadana”; especialmente dado el perfil “equidistante” del Gobierno extremeño respecto a iniciativas extractivas.

Tras criticar que el informe medioambiental presentado por la Junta fuera “flojo” y que “se niegue” a que los técnicos comparezcan en el procedimiento, ha considerado que “no tiene sentido ejecutar esta sentencia sin esperar al resto de procedimientos judiciales”, en los que se han personado ayuntamientos y organizaciones ecologistas, porque “puede haber sentencias contradictorias”. 

Tras la salida unilateral de EEUU del acuerdo nuclear con Irán y el restablecimiento de las sanciones, Teherán ha decidido violar el acuerdo y ha anunciado que está enriqueciendo uranio al 4,5%. El mundo se echa las manos a la cabeza, pero ¿qué es enriquecer uranio y qué significan esos porcentajes para alguien que la última vez que vio una tabla periódica fue en Breaking Bad?

El elemento más utilizado para fabricar una bomba nuclear es el uranio. Extraído directamente de la naturaleza, el uranio tiene dos isótopos: el U238 y el U235. Respecto a la composición de este mineral, el 99% es U238 y solo el 0,7% es U235. El problema es que el único isótopo que vale para hacer la bomba es el uranio 235 y por eso hay que enriquecerlo modificando su composición y aumentando el porcentaje de este elemento.

“La cantidad óptima para fabricar la bomba es tener una composición isotópica del 90% de enriquecimiento, lo que pasa es que no se puede esperar a que un país tenga el 90% porque eso significa que ya tiene la bomba”, señala Vicente Garrido, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y asesor en materia de desarme del secretario general de la ONU entre 2014 y 2017.

Irán llegó a la mesa de negociaciones para el acuerdo nuclear con capacidad y pretensiones del 20% y aceptó limitar el proceso de enriquecimiento al 3,67% –siempre a cambio del levantamiento de las sanciones–. “El 3,67% fue una sorpresa. Incluso durante las negociaciones se hablaba de que iban a permitir un 5%. El 5% sería aceptable”, añade.

En este sentido, Garrido recuerda que el 4,5% anunciado esta semana por Teherán sigue siendo un porcentaje inferior a la cantidad con la que se presentó en la mesa de negociaciones. “Es una medida de presión a la UE, a la que piden alguna contraprestación a las sanciones de EEUU, como por ejemplo un compromiso de comprar más petróleo iraní”, explica. El problema para Europa es que EEUU aplica sanciones extraterritoriales, es decir, no solo prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con Irán, sino que su objetivo es que nadie haga negocios con la república islámica. Donald Trump lo resume muy bien: “Cualquiera que haga negocios con Irán no hará negocios con EEUU”. Por tanto, las empresas europeas se han visto en la tesitura de elegir con quién hacer negocios: Irán o EEUU.

“Si no pasa nada en los próximos 60 días, tendremos que pasar a la siguiente fase”, ha advertido el embajador de Irán ante la ONU. “Los elementos de la tercera fase no se conocen todavía, pero cuando llegue, anunciaremos lo que vamos a hacer”, ha añadido.

Garrido asegura que “lo que realmente preocuparía es que recuperen el 20%” y advierte que “tienen capacidad para ello”. “Depende solo de voluntad y de encender las centrifugadoras”, señala. “La linea roja de todo esto sería volver a activar el reactor de Arak porque es de plutonio y el plutonio no tiene ningún uso civil, solo vale para fabricar la bomba. Esto ya sería un paso muy grave”, añade.

Si el 20% dista tanto del 90% necesario para la bomba ¿por qué preocupa tanto este porcentaje? Pasar del 20 al 90 requiere una mínima parte del esfuerzo y recursos necesarios para lograr el 20% inicial. Cuanto más enriquecido está el uranio, más fácil es seguir enriqueciéndolo. Aproximadamente el 83,5% de los esfuerzos se invierten en llegar al 4% de enriquecimiento. Un 8,5% de los esfuerzos en llegar al 20% y un 8% en alcanzar el 90% final.

¿Cómo se enriquece uranio y cuántos kilos hacen falta?

Como el U235 y el U238 son idénticos en su composición química, no se pueden utilizar técnicas químicas utilizadas habitualmente para purificar sustancias. Sin embargo, el U235 y el U238 tienen una ligera diferencia en peso y masa de en torno el 1%. Es esta pequeña diferencia la que se explota para separar ambos elementos, ya que los dos isótopos se mueven a velocidades diferentes cuando se someten a una misma fuerza. El material se introduce en una centrifugadora y el U238, ligeramente más pesado, se queda en la parte exterior, mientras que el U235 permanece en el centro. El uranio, convertido en gas, pasa de una centrifugadora a otra hasta que se completa el proceso de separación.

El uranio enriquecido entre el 0,7% y el 20% se considera uranio poco enriquecido. La mayoría de los reactores nucleares utilizan como combustible uranio poco enriquecido de entre el 3% y el 5%. Todo el uranio enriquecido por encima del 20% se considera uranio altamente enriquecido y se puede utilizar para crear un explosivo, pero cuanto menor sea el enriquecimiento más material se necesitará para construir el explosivo. Según Nuclear Threat Initiative, con un enriquecimiento del 20% se necesitaría una masa crítica de 143 kilos para la bomba, mientras que con un enriquecimiento del 93% solo harían falta 12 kilos.

Para Estados Unidos, la reciente decisión de Irán de pasar al 4,5% de enriquecimiento es una extorsión ilegítima. Para Irán, un acto legal bajo el texto del acuerdo, en el cual se explica que “Irán considerará el restablecimiento de las sanciones como motivo para dejar de cumplir total o parcialmente sus compromisos bajo el acuerdo”.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha resuelto mantener abierta la petición del coletivo 'Stop Uranio' en relación a los permisos concedidos para la apertura de una mina de uranio y de una planta de tratamiento de residuos en la localidad salmantina de Retortillo.

Asimismo, insta a esperar a que la Comisión Europea continúe con la investigación en curso, con el objetivo de valorar las consecuencias de las posibles radiaciones derivadas de este proyecto, tanto en territorio español como portugués, han informado fuentes de Izquierda Unida en un comunicado de prensa.

El mismo órgano europeo también ha concluido, dirigirse a la administración española y portuguesa para preguntar si ha existido consentimiento de Portugal y si el país vecino ha recibido información plena sobre el proyecto.

Por último, el Tribunal volverá a analizar la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Junta de Castilla y León, dejando abierto el expediente y estableciéndose necesaria la revisión de la petición en la próxima legislatura del Parlamento Europeo.

La resolución, consecuencia de la petición de Stop Uranio ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, pretende “poner fin al proyecto de mina de uranio de la multinacional australiana Berkeley”. “No podemos dejar una herencia radiactiva a nuestros municipios por la avaricia e insensibilidad de los actuales gobernantes”.

En su intervención ante la Comisión de Peticiones, el portavoz de la plataforma ‘Stop Uranio’, José Ramón Barrueco, ha señalado que la Declaración de Impacto Ambiental positiva otorgada por la Junta de Castilla y León, como la autorización previa de construcción de la mina concedida por el Gobierno central “incumple distintas normativas europeas como la Evaluación de impactos, la Directiva Hábitat, el Marco del Agua, el Reglamento sobre el uso de la madera y el Tratado del Euratom”.

Por todo ello, Barrueco ha solicitado la petición de la apertura de un procedimiento de infracción al Estado español por incumplimiento de normativa comunitaria.

Por su parte, la eurodiputada de IU, Marina Albiol, ha defendido “la existencia de multitud de elementos para que la Comisión de Peticiones se dirija a las autoridades estatales, autonómicas y municipales para que no continúen con los permisos porque existen cuestiones pendientes de aclaración”.

Asimismo, ha agradecido la labor de la Plataforma Stop Uranio en defensa de las zonas rurales, los habitantes y su futuro. El procurador de IU-Equo, José Sarrión, que ha acompañado a Stop Uranio a Bruselas, “para presentar en el Parlamento Europeo la voz en defensa del Campo Charro y de un mundo rural vivo frente a un proyecto de mina de uranio y planta de tratamiento de residuos que atenta contra los intereses de los ganaderos y ganaderas salmantinos”

El portavoz de la plataforma Stop Uranio, José Ramón Barrueco, tomará este jueves la palabra en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde pondrá sobre la mesa los “inclumplimientos” de la normativa comunitaria que está llevando a cabo el proyecto de la apertura de una mina de uranio de Berkeley en la zona de Retortillo (Salamanca).

Según han anunciado Barrueco y el coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, José Sarrión, que también estará el jueves en la institución europea, la propuesta para asistir ya se presentó en agosto de 2017 y será este jueves, a las 15.30 horas, cuando la plataforma expondrá el caso y sus “irregularidades” que podrían suponer condenas para España por parte de la Comisión Europea.

Barrueco ha repasado algunas de las actuaciones de la mina que “incumplen” normativas comunitarias, como, en palabras del portavoz de la plataforma, la inexistencia de un estudio sobre la repercusión de la mina en la salud de los vecinos, las alegaciones presentadas y no contestadas a distintas administraciones, la “repercusión” en el caudal del agua del río Yeltes, la encinas centenarias ya taladas o los “efectos transfronterizos”.

José Sarrión ha mostrado su satisfacción por “llevar la voz del campo al Parlamento Europeo” por un proyecto “sin garantías legales” y que cuenta con “la oposición de la mayoría de la sociedad civil”.

En palabras del coordinador de IUCyL y procurador en las Cortes de Castilla y León, la mina dispone de una declaración de impacto ambiental “completamente defectuosa” y contempla un periodo de explotación de diez años, un tiempo que, según él, serviría para “destruir el tejido agrícola y ganadero”, el turismo rural y los empleos existentes del balneario abierto en la zona.

El secretario general de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Sergio Gutiérrez, ha subrayado este viernes que parece curioso que en una de las provincias que más problemas está teniendo con el éxodo rural, como es Cuenca, el Gobierno central presente proyectos como el ATC “porque creemos que el cementerio nuclear crea inversión, pero de la mala, de la que asusta, de la que expulsa a los ciudadanos”.

En estos términos se ha pronunciado minutos antes de la inauguración de una jornada sobre ‘Los retos de la Unión Europea ante las regiones despobladas’ que se celebra en la capital organizada por el PSOE y a la que asisten alcaldes y diputados socialistas, asociaciones y representantes de la universidad.

Gutiérrez ha indicado que “nadie quiere vivir al lado de basurero de energía nuclear. Por lo tanto, si queremos luchar contra la despoblación tenemos que traer inversiones positivas, de esas que no trae el Gobierno de España”. Así, se ha referido a las autovías, al abaratamiento del AVE, “que tanto prometen y nunca cumplen, y no inversiones que dan miedo”.

El socialista apuntaba que “la única estrategia que tiene el PP contra la despoblación en Cuenca es regalar un kilo de uranio a los habitantes que quieren quedarse aquí”. Ha explicado que el grupo socialista está trabajando en tejer una estrategia europea contra el despoblamiento y la falta de igualdad de oportunidades entre el mundo rural y el urbano en el conjunto de la Unión Europea. Al respecto, ha dicho que lo rural necesita del esfuerzo de las administraciones públicas para atraer inversiones y fijar población “y, en definitiva, para garantizar el acceso a los servicios públicos básicos en igualdad de oportunidades respecto a las ciudades”.

“Cuando hablamos de que queremos hacer esfuerzo compartido es que queremos que todo el mundo cumpla con su parte de cuota para garantizar que todos cumplamos con lo que dice la Constitución”.

Negociación en Europa

A la jornada ha asistido también la presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo y principal ponente del informe contra la despoblación aprobado el pasado mes de noviembre en esta instancia europea, Iratxe García.

García ha señalado que a partir del próximo mes de mayo se abre en Europa un momento importante de negociación sobre este asunto ya que la Comisión Europea presentará los presupuestos previstos a partir de 2020. Asimismo, están encima de la mesa las nuevas propuestas en materia de políticas de cohesión y fondos estructurales.

“Desde la delegación socialista española vamos a exigir que el señor Rajoy no permita el recorte de un solo euro para nuestro medio rural con el fin de que podamos seguir aplicando políticas de inversión y de crecimiento, que generen empleo y garanticen la igualdad de oportunidades”, ha recalcado. “Vamos a estar atentos y reclamando todo lo que esta tierra merece”, apuntaba.

La parlamentaria europea ha recordado que el 80 por ciento del territorio europeo tiene problemas de despoblación “y tenemos que ser capaces de atender cómo fijar habitantes”. “Somos conscientes de que no hay una varita mágica y que no solo desde la política europea se puede resolver este problema, es necesaria la coordinación entre todas las instituciones, del ámbito europeo, pero también nacional y regional”, ha dicho.

Entre los retos fundamentales ha nombrado garantizar un presupuesto “fuerte” en materia de política cohesión y agrícola común, en cuya consecución tiene un papel primordial el Ejecutivo central, así como la incorporación de nuevos criterios en el reparto de fondos territoriales además de la renta, como el envejecimiento, “a lo que habría que destinar partidas finalistas”. Finalmente, ha abogado por que en todos los fondos estructurales haya instrumentos específicos para la lucha contra el despoblamiento rural.

Este lunes acudí a Salamanca junto a mi compañera Esther Eiros, directora y presentadora del programa 'Gente Viajera' de Onda Cero, para inaugurar la Semana Verde de su Universidad. Al llegar nos recibió un grupo de manifestantes de la Plataforma Stop Uranio para protestar contra la mina de uranio que la empresa australiana Berkeley pretende explotar en las dehesas de Retortillo.

Situado al oeste de la provincia, se trata de un paraje natural de alto valor ecológico, incluido en la Red Natura 2000. Un paisaje característico del bosque mediterráneo, poblado de encinas centenarias y donde crían varias especies amenazadas. O mejor dicho, criaban, porque las obras están en marcha.

El tránsito de vehículos pesados, el trajín de las excavadoras pegándole zarpazos a la dehesa, el ruido de las motosierras y, sobre todo, el solemne manotazo que pegan los árboles al ser derribados contra el suelo han espantado a la fauna del lugar.

Al final de la charla un pequeño grupo de manifestantes pidió respetuosamente la vez para exponer el motivo de su queja. Su sinceridad, su pudor, el consternado tono con el que intentaban trasladarnos la magnitud de la tragedia, contagiaban emoción.

El artista gráfico Victorino García Calderón, miembro de la plataforma, no sabía cómo taparse para que no se le vieran los sentimientos. Con el suyo, nos trasladó el llanto de las gentes del lugar por las encinas abatidas, por el paisaje profanado, un paisaje que es la memoria viva de sus gentes.   

Bajo el impresionante portalón de la fachada plateresca, la conversación con los miembros de Stop Uranio se torno aún más triste. Me contaron que las motosierras han abierto otro corte, entre vecinos y familias, con el dinero prometido por la empresa. “Nos han partido el alma –se lamentaban– el pueblo está roto para siempre”.

La tensión entre partidarios y detractores de la mina había entrado en las casas, en los bares, en los paseos. Ha enfrentado a los que ven en Berkeley a un nuevo Míster Marshall y los que les advierten que la concesión, de poco más de una década, es pan para hoy y hambre para siempre.

Al contrastar los datos, mientras escribo estas líneas en el tren de vuelta, descubro que la empresa tiene los permisos en suspenso desde el pasado mes de enero por parte del Ministerio de Energía, a la espera de un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que puede tardar dos años.  

Averiguo que la Fiscalía de Medio Ambiente, alertada por las denuncias de los principales grupos ecologistas, ha abierto diligencias ante un posible delito ecológico. No entiendo nada.

Pero mi perplejidad se torna estupor cuando escucho al máximo responsable de la empresa australiana en La Sexta expeliendo soberbia, dejando muy claro que “las operaciones van a continuar” porque la orden del Ministerio no les afecta.  

Me pregunto cuándo dejaremos de ofrecer nuestro patrimonio natural al primero que ponga sobre el mapa un puñado de dólares. Esas empresas de países modélicos, donde la naturaleza es intocable, que sin embargo y como nos canta Serrat “van a cagar a casa de otra gente”.

Cuándo recuperaremos la dignidad, la honestidad y la decencia, esas de las que los amigos de Stop Uranio nos sirvieron una buena ración la otra tarde en la Universidad de Salamanca.

El 22 de enero de 2010 a las 23:56, se tomó el acuerdo más importante en la historia del pequeño pueblo conquense de Villar de Cañas. En un pleno sin estar el asunto en el orden del día, con la ausencia de los dos concejales de la oposición, con un solo vecino y en una sesión extraordinaria convocada tres días antes.

José María Saiz insiste en que, posteriormente, se realizó un segundo pleno con vecinos en el que se ratificó el acuerdo del pleno anterior. Pero este segundo pleno no necesariamente hace legal el primero. Por tanto, está plenamente justificado que se hable de un acuerdo semi-clandestino, con premeditación y nocturnidad. El asunto está ahora pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional, merced a un recurso de amparo presentado el 14 de enero de 2014 y admitido a trámite.

Pero para llegar a ese pleno, hubo una planificación: desde 2006 y promovido por la secretaria del ayuntamiento (Carmen Barco) se empezó el movimiento de papeles bajo la mesa. Los más de tres años de “maquinación” (así lo califica el alcalde en una entrevista) terminó en un plan perfectamente estudiado para mantener ocultas las intenciones del alcalde y la secretaria, informando únicamente a los ediles afines. En una entrevista a la prensa Carmen Barco lo explica sin complejos:

“En 2006, con las primeras noticias sobre la instalación, el alcalde y la secretaria comenzaron a informarse. Durante más de tres años recopilaron información con la intención de presentar la candidatura en el último instante. Sostiene que haber informado a la población no habría llevado a nada bueno: -No informamos antes al pueblo porque lo habría envenenado. Yebra lo hizo y no salió”.

La entrevista a Barco, demuestra que la ocultación fue deliberada. O dicho de otra forma: el engaño, la ocultación y la falta total de democracia, están en el origen de la elección de Villar de Cañas. Y esta ocultación se llevó a cabo durante casi cuatro años. Además toma protagonismo una funcionaria que (por ley) no debe influir en la toma de decisiones del consistorio en el que trabaja, puesto que nadie la ha elegido.

Pero Carmen Barco, lejos de rectificar y dejar de inmiscuirse en labores políticas, volvió en el pleno del 27 de noviembre de 2014 a ejercer como concejala, llegando a insultar a la edil de la oposición Olga Bravo. Este lamentable hecho obligo a Barco a dimitir como presidenta del Colegio de Secretarios Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) de Cuenca. Curiosamente, en el siguiente proceso electoral, fue de nuevo elegida en el cargo, que actualmente ostenta.

La fecha del pleno no fue escogida al azar, se fijó con mucha antelación. Se podría haber hecho mucho antes, puesto que el plazo de presentación de candidaturas se abrió el 29 de diciembre de 2009, fecha de publicación de la convocatoria pero se esperó a los últimos días para impedir que se impugnara el acuerdo o que hubiera algún tipo de movimiento social que presionara para que el ayuntamiento se echara atrás.

La secretaria del ayuntamiento de Villar de Cañas es responsable (junto con el alcalde) de hurtar información y la posibilidad de decidir a sus vecinos. El déficit democrático en su forma de actuar es más que evidente. La trascendente decisión de presentar la candidatura a albergar un basurero nuclear, se merecía el sometimiento a una consulta popular. ¿La candidatura a un almacén nuclear no merece un referéndum y las fechas de las fiestas del pueblo sí? Esperemos que el Tribunal Constitucional ponga las cosas en su sitio.

El proyecto de mina de uranio en el oeste de Salamanca que desarrolla la empresa australiana Berkeley está abriéndose en un encinar centenario y protegido. Un área que ha protagonizado varios proyectos de recuperación ambiental financiados con dinero público. El plan cuenta no solo con el visto bueno del Ministerio de Industria sino con el apoyo explícito del Gobierno de Castilla y León. Su director general de Energía y Minas, Ricardo González, aseguró hace dos días que “estará operativa en 18 meses”.

González acompañaba al vicepresidente de la minera en España, Javier Colilla, a un acto en el que el directivo aseguró que Berkeley se siente “perseguida” por el movimiento de oposición a la mina, según recogió Efe. Berkeley  por su parte demandó a dos opositores a los que reclamó medio millón de euros porque consideraba que les injuriaban.

Con todo, Colilla vaticina que su explotación  podrá “abastecer de uranio a todas las centrales nucleares de España”.

“Eso es pura propaganda”, contrapone el físico nuclear Francisco Castejón que defiende que “esa mina no da para lo que consumen las centrales españolas”. Los reactores emplean unas 30 toneladas de uranio ya enriquecido por 1.000 megawatios de electricidad producida. El parque nuclear español está en 7.000 megawatios con lo que el consumo de mineral es, aproximadamente, unas 210 toneladas. 

La producción óptima prevista en Retortillo es de 5.000 toneladas en 11 once años, es decir, producirá menos de 500 al año. Hace un mes, el director gerente de Berkeley, Paul Atherley, aseguró en su informe trimestral que esperaban una fuerte demanda, pero de EE UU. De hecho, España importa actualmente todo el uranio que emplea y exporta la mayoría del combustible radioactivo que fabrica. Casi la mitad viene de Rusia seguido por algo más de un 20% de la propia Australia.

Empresa pública y exportación de combustible

El combustible nuclear a partir del uranio lo produce en España una empresa pública llamada Enusa. En 2015 fabricó 328 toneladas de uranio enriquecido. Destinó el 62% a la exportación a Francia, Bélgica y Suecia, según su memoria anual.

“Creo que, al final, la mina no va a ser explotada realmente porque el uranio que se sacara rondaría los 95 euros por libra cuando los precios ahora están entre 28 y 38 euros”, analiza el físico Castejón –que colabora con Ecologistas en Acción–. Atherley asegura que los precios van a escalar.

¿Entonces por qué todo el trabajo? “El proyecto incluye una planta para concentrados de uranio que podría recibir y trabajar con otros cargamentos. Al fin y al cabo, Berkeley es australiana y ese país es uno de los principales productores de este mineral en el mundo”, reflexiona Castejón.

Es cierto que Australia ocupa el tercer puesto mundial con 5.000 toneladas producidas en 2014 (todo lo calculado para Retortillo en una década), según los datos de la Asociación Nuclear Mundial. Aunque en diez años ha caído un 44%. El primer productor es Kazajistán con 23.000 toneladas (en 2004 estaba 3.700). El segundo puesto es para Canadá con más de 9.000 toneladas.

Colilla ha resumido así la situación: la industria minera “siempre genera críticas, tanto al inicio de la actividad como al final de la misma”, pero “durante su desarrollo, todo el mundo está contento”. 

Un análisis reciente del hierro de la hoja de una daga enterrada como parte del tesoro del faraón Tutankamón ha determinado que proviene de un meteorito. En concreto de uno caído cerca de la ciudad egipcia de Marsa Matruh, en la costa mediterránea. Puede parecer curioso que entre los objetos más preciosos escogidos para decorar la tumba de un emperador divino se incluyera una hoja de hierro pero hace 33 siglos el hierro era un metal precioso más valioso que el oro por la dificultad de separarlo del oxígeno y purificarlo para hacerlo útil.

De ahí la fascinación con el hierro de origen extraterrestre, uno de los pocos ejemplos en los que aparece en su forma metálica a diferencia del oro o la plata, que no reaccionan con el oxígeno y pueden hallarse ya en forma de pepitas.

En aquella época el mundo estaba saliendo de la Edad del Bronce e iniciando la del Hierro. El bronce, una aleación de cobre y estaño, es relativamente sencillo de crear y de trabajar: los metales que lo componen son abundantes y fáciles de purificar.

El hierro meteorítico es un ejemplo de metal que en su momento fue más valioso que el oro. La Humanidad ha pasado por momentos en los que otros elementos, actualmente considerados comunes, fueron metales aristocráticos.

Acero: el alma de la katana

La fabricación de piezas de acero sólido tuvo que esperar a la Edad Media y sólo en pequeñas cantidades. El material no se pudo crear a gran escala hasta la invención del proceso Bessemer en 1856. Espaderos y cuchilleros, sin embargo, fueron capaces de fabricar hojas de excelente y depurado acero utilizando complejas recetas, menas específicas, tratamientos muy elaborados y técnicas de forja y templado realmente esotéricas.

Los más sofisticados fueron los grandes espaderos japoneses, que llevaron a la perfección un complejo sistema técnico de elaboración de acero para las famosas espadas medievales del Japón, como las katanas (aunque hay muchas variantes). Para ello usaban un tipo de acero extremadamente poco común y de laboriosa creación que sólo puede fabricarse en lotes reducidos: el tamahagane.

Un artesano espadero japonés debe seguir una técnica muy compleja y depurada para crear una espada. El proceso puede llevar muchos meses y necesitar la participación de numerosos especialistas. Pero como punto de partida necesita acero de una elevada calidad. Y la fabricación de este acero es un proceso artesanal que lleva en total más de una semana de trabajo de hasta media docena de personas por lote. Y tiene una etapa central de hasta 72 horas seguidas, sin parar. El proceso completo puede verse resumido aquí.

El Tamahagane se hace a partir de arena de hierro (satetsu en japonés), de la que hay dos calidades que debe mezclar un especialista denominado murage. Cierta cantidad de la mezcla es colocada en un horno en forma de bañera hecho de arcilla llamado tatara donde se le añade carbón para endurecer el acero.

A partir de entonces y durante tres días continuos se irá añadiendo satetsu cada 10 minutos y carbón cuando se precise. El metal fundido se remueve constantemente. El proceso no puede detenerse. Al final, cuando se deja enfriar la mezcla, el horno se rompe y en el centro aparece un bloque de acero denominado kera.

Pero no toda la kera servirá para hacer tamahagane: solo algunas partes cuidadosamente seleccionadas por el fundidor, sobre todo las que están más alejadas del centro y se han oxigenado más. Una hornada típica consumirá unas nueve toneladas de satetsu y once de carbón vegetal para producir 2,3 toneladas de kera, de las cuales sólo servirá para espadas menos de la mitad.

Las diferentes calidades de acero deben mezclarse y soldarse entre sí para formar un vástago que a su vez será tratado mediante una elaborada técnica de plegado en capas (hasta 16 veces) en la forja y sucesivos templados para crear la superposición y entrelazado de diferentes tipos de acero que dota a las espadas japonesas de su característica mezcla de flexibilidad y capacidad de corte superlativas. Como consecuencia el 90% en peso del material producto de la kera se perderá en forma de impurezas, cenizas y chispas. De cada tatara saldrán muy pocas espadas.

La complicación de la técnica, la participación de numerosos artesanos muy especializados y el grado de pérdida de material bruto implican un precio casi prohibitivo. En la actualidad sólo hay dos empresas japonesas que hacen tamahagane tres o cuatro veces al año; una única kera puede costar cientos de miles de dólares, es decir alrededor del 89 euros por gramo útil, más del doble del precio del oro por gramo, sobre los 38 euros.

Como comparación en el mes de junio de 2016 el mundo produjo 136 millones de toneladas de acero ordinario en bruto, aún por debajo de los máximos anteriores a la crisis.

Aluminio: la plata de la tierra

Hoy lo tenemos en las latas de bebidas, en los cacharros de cocina, en las ventanas y en trenes y aviones. Hasta los cables de alta tensión están hechos con este metal, por ser más barato y ligero que el cobre. Pero hubo un tiempo en el que con el aluminio se hacían joyas de extravagante valor y en el que reyes con ínfulas de emperador señalaban a sus cortesanos favoritos dándoles de comer en platos de aluminio e insultaban con vajilla de oro a quienes querían despreciar. Usaban barritas de este metal como regalo de singular importancia.

Y sin embargo el aluminio es el tercer elemento de la tabla periódica por su abundancia en la corteza terrestre y el metal más abundante con diferencia. La razón de su desmesurado precio inicial no es su rareza, sino lo difícil que era purificarlo, al menos al principio.

El aluminio fue extraído por primera vez, aunque de modo impuro en 1825 por el químico danés Hans Christian Ørsted. El primero en obtenerlo fue el alemán Friedrich Wöhler dos años más tarde. No pudo procesarse en cantidades razonables hasta que en 1846 el francés Henri Sainte-Claire Deville perfeccionó el método de extracción. Y aún entonces el proceso era tan complejo y los reactivos tan exóticos que se podían obtener cantidades muy escasas, hasta tal punto que Francia decidió mostrar barritas de aluminio como muestra de su poderío científico y tecnológico en la Exposición Universal de 1855.

Para entonces el emperador Napoleón III se había enamorado de la llamada plata de la tierra, tan rara y cara (valía casi 10 veces más que el oro) que se consideraba un metal precioso. El emperador decidió convertirlo en símbolo.

Así, otorgó a Sainte-Claire Deville una pensión anual de 36.000 francos con la condición de que dedicase todos sus esfuerzos a producir aluminio para el imperio. Así nació la famosa vajilla de aluminio de Napoleón III, sus regalos de barritas de aluminio a los huéspedes distinguidos, la moda de los botones de aluminio (para los muy pudientes) y la costumbre de hacer joyas con el metal. Por ejemplo, un sonajero para el heredero del trono que fue considerado un verdadero escándalo por el dispendio desmedido.

En 1884 en EEUU se decidió coronar el Monumento a Washington en la capital que lleva su nombre con una pieza de aluminio de casi tres kilos de peso, la más grande jamás forjada de una vez. Se calcula que la pieza valía tanto como 100 jornales diarios de los trabajadores de la obra.

La moda del aluminio-joya pasó con la caída de Napoleón III tras la guerra franco-prusiana de 1870-71 y especialmente a partir de 1886, cuando se descubrieron dos métodos diferentes (Paul Héroult y Charles Martin Hall) de extracción del metal en grandes cantidades: la producción pasó de una tonelada y media anual en aquellos años a las más de 25.000 toneladas anuales que producimos hoy, cuando es tan común como para resultar plebeyo.

Uranio: el metal que es energía

Y si complicado, y por ello a veces caro, es extraer algunos metales de su íntima asociación con el oxígeno mucho más se complica la cosa cuando se trata de separar isótopos de un mismo metal. Aquí la química no sirve, porque tienen la misma capa externa de electrones y por tanto casi ninguna reacción servirá para diferenciarlos.

La única manera es usar la física y aprovechar la particularidad que los distingue: la masa de sus núcleos es distinta. Este es el caso del uranio, que tiene 92 protones (y electrones) pero numerosos isótopos de los que los más abundantes en la naturaleza son dos: el Uranio 238, con 146 neutrones, y el Uranio 235, con 143 neutrones. Es esa diferencia de tres neutrones por núcleo la que se usa para separarlos.

Los dos isótopos son químicamente iguales, pero diferentes en su comportamiento: sólo el isótopo ligero es fisible, es decir, capaz de mantener una reacción nuclear. En cambio el U238 apenas es radiactivo y no sirve ni para energía ni para armamento.

La diferencia de masa los distingue cuando se les somete a fuerzas físicas: los tres neutrones significan que el átomo de U238 es más pesado que el de U235. La diferencia es enormemente diminuta. El problema es que hay que procesar miles de toneladas de uranio natural dado que solo contiene un 0,711% del isótopo deseado.

El proceso de separar el isótopo fisible U235 se llama enriquecimiento; consecuentemente el uranio restante se conoce como empobrecido. El U238 se utiliza para diversos usos industriales como contrapesos (es muy denso) y aplicaciones militares (munición perforante, blindajes), donde el hecho de que sea pirofórico (arde espontáneamente en contacto con el oxígeno) supone una ventaja. También se utiliza en cristalería para crear determinados tonos verdes o amarillos. Pero el principal uso es del U235 en la industria nuclear, en reactores (enriquecido hasta el 3-4% de U235) o para armas atómicas (enriquecimiento por encima del 90%).

El cerco sobre Retortillo, un pueblo de Salamanca, de 240 habitantes, del oeste salmantino, en una zona desfavorecida, y sin grandes ayudas institucionales, se hace cada vez más infranqueable. Todo lleva a pensar que la empresa australiana Berkeley instalará en este municipio una explotación de uranio.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno a que se construya en Retortillo una instalación para fabricar concentrados de uranio, aunque ha impuesto algunas exigencias, como que la empresa Berkeley Minera España –filial de Berkeley Resources- no podrá realizar alguna actividad que altere de manera significativa “el fondo radiológico natural del emplazamiento”.

Ante esta decisión, Podemos Salamanca ha comenzado a dar pasos para llevar este conflicto a las Cortes de Castilla y León. De hecho, la procuradora de esta organización política por la provincia de Salamanca, Isabel Muñoz, se ha reunido con miembros de la Plataforma Ciudadana ‘Stop Uranio’, quien se ha comprometido a analizar y preparar con esta entidad y con los vecinos una interpelación para presentar en el Parlamento regional.

Incluso, Isabel Muñoz ha censurado el comportamiento de la Junta de Castilla y León, y de forma concreta el de Juan Vicente Herrera, al no haber atendido las peticiones ciudadanas para entrevistarse con los principales dirigentes del Gobierno de esta Comunidad Autónoma.

La realidad es que Berkeley Minera España ya tiene en marcha los trámites administrativos para explotar los yacimientos de uranio Retortillo-Santidad, que están ubicados en los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes, con una gran base granítica en la zona, aunque la instalación todavía está pendiente de recibir otras autorizaciones administrativas.

Desde el principio, esta empresa se ha marcado como objetivo aprovechar los yacimientos de óxido de uranio que, según dice, hay en la zona, a través de una explotación minera a cielo abierto. Con ello se quiere fabricar compuestos con uranio para ser utilizados como combustible en las centrales nucleares. 

El CSN, aunque autorizó la explotación, también estableció diversos límites que se aplicarán a la autorización previa de esta instalación radiactiva de primera categoría. Entre ellos, figura que es obligatorio “tener nuevas autorizaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el caso de que se pretenda tratar minerales procedentes de otros yacimientos”.

Además, se le exige un estudio preliminar de seguridad, que deberá describir el diseño definitivo de las estructuras dedicadas para la recogida, tratamiento y vías de evacuación de los efluentes de todo el emplazamiento y que se prevean verter al medio ambiente, junto a los medios establecidos para su vigilancia y control.

Berkeley tendrá que enviar en un mes al CSN una edición definitiva del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental pre-operacional, que “deberá llevarse a cabo como mínimo durante un año con carácter previo al inicio de las actividades mineras”. Según el informe de este Consejo, los resultados “deberán ser remitidos para su apreciación favorable, no pudiendo realizarse con anterioridad ninguna actividad que altere de forma significativa el fondo radiológico natural del emplazamiento”. 

Sin embargo, no se tiene en cuenta la oposición de la población, que, además, a través de una campaña de recogida de firmas, puesta en marcha por la Plataforma ciudadana ‘Stop Uranio’ en Change.org, se lograron 112.000 firmas y otras 3.000 a través de las mesas de información que se colocaron en las localidades afectadas en contra de esta explotación minera.

Se da la circunstancia de que en Retortillo, uno de los municipios que podrían quedar perjudicados, está uno de los balnearios con más historia en Salamanca y que, según los detractores de las minas, podría verse abocado al cierre.

Por su parte, los opositores al proyecto minero afirman que la concesión minera está atravesada por el río Yeltes, paraje sobre el que se han definido dos espacios de especial protección a nivel europeo (Red Natura 2000): la Zona de Especial Protección para las Aves de las Riberas de los ríos Huebra y Yeltes (ZEPA ES0000247) y el Lugar de Interés Comunitario de las Riberas de los Ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes.