Oriol Junqueras y Elisenda Alamany ya han tomado las riendas de ERC y han comenzado a componer los nuevos órganos del partido tras su victoria del pasado domingo. La primera decisión fue formar la Ejecutiva, con los 55 nombres de la lista ganadora. Pero también han formado ya la dirección más reducida, llamada Permanente, un núcleo de 12 miembros, sin contar a los dos dirigentes. En esta cúpula, cuatro de sus miembros destacan por compartir empleador: la Diputación de Barcelona, donde están fichados como asesores.

Los dirigentes de ERC que en estos momentos figuran como asesores trabajando para el ente provicial son los dos secretarios generales adjuntos, Oriol López Mayolas y Arés Tubau, y dos vicesecretarios, Santiago Valls, que lo es de municipalismos, y Pau Morales, responsable de organización. Según sus nombramientos, los cuatro dirigentes republicanos no asesoran al grupo de su partido en la Diputación sino que trabajan directamente para el Gobierno del organismo, una coalición entre PSC, Comuns, ERC y exmiembros del PDeCAT suscrita en julio de 2023.

Los miembros de las ejecutivas de los partidos políticos no suelen tener retribución por razón de su cargo, por lo que la mayoría de dirigentes compagina la política con otros empleos, muchas veces cargos públicos pero en ocasiones también trabajos en el sector privado. En el caso de la nueva cúpula de ERC, cuatro personas son cargos electos, contando la secretaria general, de los cuales tres son concejales.

“No hay ningún tipo de incompatibilidad”, explican fuentes de la dirección de ERC. “Los miembros de la Ejecutiva de los partidos siempre compatibilizan esa labor con trabajos públicos o privados, por ejemplo, hacer una labor de asesoramiento para la Diputación de Barcelona”, añaden esas mismas fuentes.

Pese a que desde el partido ven la situación con “absoluta normalidad”, también subrayan que estos puestos laborales de cuatro de los dirigentes vienen de atrás, de antes de adquirir sus actuales responsabilidades en el partido, por lo que consideran que algunos de ellos dejarán el ente provincial en un futuro próximo.

“Estamos acabando de aterrizar, no llevamos ni una semana y hay cosas que deben revisarse”, añaden desde la dirección. “Algunos cargos de la Ejecutiva, como pueden ser secretarios adjuntos o vicesecretarios, pueden requerir dedicación exclusiva, lo que supondría dejar sus otros empleos”, añaden.

Según los datos de la Diputación de Barcelona, dos de los asesores fueron fichados solo unos días después de que ERC entrara en el pacto de gobierno de la administración, el día 27 de julio de 2023. Es el caso de López y Molina, el primero contratado por el vicepresidente segundo, Dionís Guiteras, por 89.729 euros anules y el segundo a cargo de la vicepresidenta quinta, Raquel Albiol, por 83.919 euros.

Por su parte, Arés Tubau entró en noviembre de ese mismo año para asesorar al diputado Josep-Ramon Mut en el área de Comercio, Consumo y Salud Pública, con un sueldo de 58.717 euros al año. Finalmente, Pau Morales se incorporó a la Diputación en mayo de de 2024, en la misma área que Tubau pero en su caso con un sueldo de 83.919 euros.

Desde la Diputación de Barcelona recuerdan que los asesores, personal eventual que puede ficharse sin pasar ningún tipo de prueba objetiva, son figuras reconocidas legalmente y normales en todas las instituciones, tanto en los ayuntamientos como en las cámaras autonómicas, en el Congreso y Senado y en el Parlamento Europeo. Según explican fuentes de la institución, la responsabilidad última de cómo se emplean los asesores y qué tipo de labores realizan depende en último grado de cada partido. La Diputación no tiene forma de controlar, explican estas mismas fuentes, qué trabajo realiza cada asesor, ni tan siquiera de si acude a la sede provincial.

ERC suscribió el acuerdo con PSC y Comuns para incorporarse al Gobierno de la Diputación cuatro días después de las elecciones generales, en las que el partido perdió el 47% de sus votos. La entrada de los republicanos al ente provincial les permitió asumir dos vicepresidencias y hasta cuatro “áreas”, la denominación de los departamentos en el organismo. Todo ello les permitió además acceder a cerca de una treintena de los 133 asesores que trabajan en la Diputación.

La socialista Lluïsa Moret ha sido escogida presidenta de la Diputación de Barcelona con los votos del PSC, comuns, dos diputados díscolos de Junts y uno de Tot per Terrassa, la formación del alcalde de Terrassa. Moret ha obtenido mayoría simple en segunda votación después de que, en una primera ronda, no haya conseguido el mínimo de 26 votos de la mayoría absoluta.

Los dos diputados díscolos de Junts (el alcalde de Igualada, Marc Castells, y el alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès) han votado a favor de Moret y formarán parte del gobierno del ente. Se han desmarcado de su partido después de llegar a un acuerdo con el PSC en “inversiones estratégicas” para las comarcas del Alt Penedès, Anoia y Garraf. Junts, que desde 2019 había formado parte del Gobierno de la entidad junto al PSC, queda fuera de la Diputación.

La votación se ha hecho de manera secreta a través de un sobre que los diputados han ido depositando, uno por uno, en una urna. Además del PSC, que ha propuesto Lluïsa Moret, otros grupos han propuesto a un candidato propio que no ha obtenido los votos suficientes.

Después de que se haya cerrado el acuerdo en la Diputación de Barcelona, han quedado configurados los pactos en las cuatro diputaciones provinciales de Catalunya. PSC y ERC gobernarán juntos en la Diputación de Tarragona y en la de Lleida, las dos con presidencia de los republicanos. La de Girona estará presidida por Junts gracias a un acuerdo con ERC.

El PSC y los comuns gobernarán la Diputación de Barcelona, la institución supramunicipal que presta apoyo a las más 300 localidades de la provincia con un presupuesto de 1240 millones de euros. Lo harán tras lograr un acuerdo con el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que en 2017 se desvinculó de los socialistas y gobierna su municipio con una candidatura independiente.

El acuerdo, avanzado por El Periódico y confirmado por elDiario.es, convertirá a la alcaldesa socialista de Sant Boi de Llobregat Lluïsa Moret en presidenta del organismo. El pacto supone el final de semanas de negociaciones en las que ERC y Junts, por una parte, y PSC y comuns, por la otra, han tratado de convencer a los ediles que podían decantar la balanza hacia un acuerdo independentista o uno de izquierdas.

El pacto, que se firmará esta mañana, no implica la entrada de Ballart y de su partido, Tot per Terrassa, en el Gobierno de la Diputación. Según informan fuentes de la formación, el apoyo se ha negociado a cambio de medidas concretas para su ciudad.

La formación de Ballart estaba dispuesta a pactar tanto con el sector liderado por el PSC como con el independentista, que le llegó a ofrecer la presidencia del organismo. Según fuentes del partido, la falta de un acuerdo concreto entre ERC y Junts ha hecho que Tot per Terrassa se acabara inclinando para apoyar a los socialistas, que gobiernan la Diputación desde 2019 gracias a un acuerdo con Junts. La ejecutiva del partido neoconvergente descartó esta vez reeditar el pacto con los socialistas, después de que Jaume Collboni arrebatara a su candidato, Xavier Trias, la alcaldía de Barcelona en un acuerdo de última hora.

Tras pactar el apoyo del partido de Ballart, PSC y comuns sumarían 23 votos, a tres de la mayoría absoluta. Son los mismos que suman ERC y Junts, aunque en caso de empate la presidencia quedaría en manos socialistas al ser la formación más votada. A falta de 24 horas para la votación, queda en el aire qué harán los 4 diputados provinciales del PP y los dos representantes díscolos de Junts (los alcaldes de Igualada y Torroelles de Foix) que han flirteado con dar apoyo al pacto progresista a cambio de inversiones en sus localidades.

El control de este organismo, la tercera institución más relevante de Catalunya, es clave para los partidos, ya que supone el manejo de un gran presupuesto y la posibilidad de emplear a un gran número de cargos electos y personal eventual de cada formación.

Junts per Catalunya ha anunciado este martes que rechaza repetir el pacto en la Diputación de Barcelona con el PSC y que aboga por buscar “una mayoría alternativa”. Así lo ha verbalizado el portavoz del partido, Josep Rius, que ha anunciado que la formación iniciará una ronda de consultas con todas las formaciones.

Preguntado específicamente por si también buscarán sumar al PP al pacto que descabalgue a los socialistas del ente provincial, Rius ha evitado vetar a los populares en la ecuación. Tras la rueda de prensa, fuentes de Junts han precisado que su prioridad pasa porque los comuns ayuden a conformar una mayoría alternativa y que no se plantean un acuerdo con el PP.

Las pasadas elecciones municipales dejaron unos resultados en el plenario de la Diputación que, a priori, facilitaban la repetición del pacto entre socialistas y neoconvergentes. Un acuerdo que, desde hace cuatro años, viene censurando la parte de Junts más partidaria de la confrontación y contraria al diálogo, pero que ha supuesto unos ingresos importantes para el partido además de la posibilidad de gobernar y colocar a cuadros de la formación.

El PSC tiene ahora 17 diputados provinciales, Junts y ERC disponen de 12 y 11 cada uno, los comuns se quedaron en cinco, el PP tiene 4 y Tot per Terrassa y Vox uno cada uno. Con estos mimbres, un nuevo acuerdo entre socialistas y neoconvergentes dispondría de una mayoría holgada del plenario –29 diputados de 51–. La alternativa es más compleja, y además del acuerdo con ERC y Tot per Terrassa, que Junts puede lograr, necesita el concurso bien de los comuns bien del PP.

De lograr los votos de ERC y del partido del alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, el candidato de Junts a presidir la Diputación tendría 24 apoyos, a tres de la mayoría absoluta, pero suficientes para tener éxito en segunda votación en caso de que los comuns o el PP se voten a sí mismos. Si, como hicieron en Barcelona, los comuns apoyan al PSC, el representante socialista también tendría 22 votos, lo que dejaría la llave en manos del PP.

Rius tampoco ha querido dar por cerrado el apoyo de los comuns a los socialistas en la Diputación. “Existe la posibilidad aritmética de una alternativa y los contextos cambian”, ha afirmado.

“La Diputación de Barcelona no es de nadie, tampoco del PSC”, ha defendido Rius, que ha abogado por “vertebrar con otras fuerzas políticas una alternativa” a los socialistas. A renglón seguido, ha avanzado que Junts abrirá conversaciones con todos los grupos, pero que serán discretas.

Rius ha justificado el rechazo a los socialistas en la Diputación por la alcaldía frustrada de Xavier Trias del pasado sábado. “Marca un antes y un después”, ha alegado, pese a tratarse de instituciones distintas y que en otros municipios Junts sí ha suscrito pactos con el PSC, al igual que ERC.

El pleno de constitución de la Diputación de Barcelona está previsto para principios de julio, si bien todavía no tiene fecha. De no lograr estar en el gobierno del ente provincial, Junts solo tendría poder ejecutivo en la Diputación de Girona, pues en Lleida y Tarragona gobernarán ERC y PSC.

El diputado de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases ha salvado el primer punto de partido de cara a su imputación en el caso de desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona a entidades afines a Convergència. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), instancia competente para aforados, ha rechazado la petición para imputarle que elevó el juez Joaquín Aguirre ante la “falta de concreción e individualización” de las presuntas conductas delictivas realizadas por De Dalmases. El instructor había llegado a calificar de “ofensivo” el comportamiento del diputado.

La resolución del TSJC supone un revés para el juez Aguirre, que comanda desde hace cinco años una investigación con decenas de imputados. Y confirma el desencuentro entre la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado, que ya apareció en la supuesta trama rusa del procés que investiga el mismo juez. Anticorrupción había pedido a los jueces del TSJC que devolvieran al magistrado Aguirre la exposición razonada sobre De Dalmases porque, en opinión del fiscal, el instructor “no expuso ni las subvenciones ni las personas responsables del supuesto fraude”.

La Sala Civil y Penal del TSJC comparte el criterio del fiscal Fernando Maldonado y considera que la investigación del juez Aguirre se encuentra en un estadio todavía “embrionario”, y que su exposición razonada no atribuye de forma suficientemente precisa qué conductas del ahora diputado le merecen la imputación por delitos de malversación en concurso con tráfico de influencias y prevaricación.

Según los magistrados del TSJC, en la exposición razonada que elevó el juez Aguirre para reclamar la imputación de De Dalmases no hay “ninguna referencia ni concreción” sobre el presunto delito de prevaricación. Tampoco se describen “indicios concretos” acerca del supuesto tráfico de influencias, agregan los togados. Y sobre la malversación, apostillan, “tampoco se individualiza la concreta actividad” de De Dalmases en cada una de las subvenciones que el juez ve irregulares.

Es más, los magistrados afean al juez instructor que para individualizar las conductas de De Dalmases deban “bucear en la ingente documentación” que adjuntó en su escrito, al tiempo que le recriminan que haya usado el tiempo verbal de “impersonal reflexivo (se presentó..., se concedió..., fueron utilizadas)” en la exposición razonada. “No se advierte una imputación del delito suficientemente individualizada, ni que se hayan practicado las diligencias precisas para comprobar los hechos que se recogen en las investigaciones policiales”, remacha el TSJC en otro dardo al juez instructor.

La Sala resuelve que el juez deberá completar la investigación antes de volver a elevar una exposición razonada. Por ello además ordena al magistrado que dé la oportunidad de declarar de forma voluntaria a De Dalmases y practicar “todas las diligencias de investigación necesarias”. “Y si en su día existieran indicios individualizados contra el aforado, se eleve nueva exposición razonada”, apostillan.

Tres técnicos de la Diputación de Barcelona han explicado este jueves al juez que el exdirector de Relaciones Internacionales del ente durante el mandato de Convergència, Jordi Castells (hoy recolocado en el Govern) imponía su criterio en las subvenciones irregulares a entidades afines al partido nacionalista investigadas, que suman alrededor de un millón de euros.

Ante el magistrado del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, han declarado como investigados este jueves tres técnicos del área internacional de la Diputación, quienes han relatado, según fuentes jurídicas, que Castells aceleraba algunas propuestas de subvención frente a otras e imponía su criterio, si bien han añadido que posteriormente las subvenciones eran revisadas por la secretaría general del ente provincial.

La declaración de Castells y del alcalde de Tordera (Barcelona) y diputado provincial Joan Carles Garcia (PDeCAT) estaba prevista también para este jueves, pero se ha pospuesto para más adelante. El primero es, junto al expresidente de la Diputación Salvador Esteve y el actual diputado de Junts Francesc de Dalmases, el principal investigado del caso de subvenciones irregulares.

El juez encara con las declaraciones la recta final de la instrucción después de que la Diputación haya constatado irregularidades en las subvenciones a entidades afines a Convergència. En el análisis de los expedientes encargado por el juzgado han aflorado viajes y contratos sin justificar, facturas presentadas después de su cobro, “laxitud” en la aportación de comprobantes e “indeterminaciones”. Los informes de la Diputación afianzan las tesis del juez y de los investigadores, consistentes en que tras alcanzar CiU en 2011 el gobierno de la Diputación destinó dinero de la cooperación al desarrollo para que fundaciones y entidades afines al partido ejecutaran proyectos empresariales sin relación con el desarrollo del tercer mundo.

Uno de los expedientes bajo sospecha afecta a los antiguos jefes del servicio de relaciones internacionales de la Diputación bajo el mandato de CiU, así como a los responsables de las entidades CATMÓN e IGMAN, el exsecretario de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas y a de Dalmases. El juez ya ha pedido al Parlament que certifique que De Dalmases es diputado en la actual legislatura, lo que supone el paso previo a redactar una exposición razonada para que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), instancia competente para los aforados, le tome declaración como imputado.

Finalmente no hubo pacto de última hora entre los partidos independentistas. A pesar de las llamadas a negociar del pasado martes, ERC y JxCAT no han conseguido llegar a un acuerdo y los neoconvergentes han preferido mantener su pacto con el PSC e investir a la actual alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, como la nueva presidenta de la Diputación de Barcelona. Marín ha sido investida en segunda vuelta con 23 votos y su victoria supone la ruptura de los bloques que han marcado la política catalana del último lustro.

El pacto entre JxCAT y el PSC -el primer acuerdo importante al que llegan desde la aplicación del artículo 155 en Catalunya- ha abierto una nueva brecha entre los partidos que sustentan el Govern y amenaza la estabilidad del espacio independentista. La suma entre PSC y JxCAT ofrece los mismos diputados que si hubieran pactado con ERC (23 diputados) y permitían investir en segunda vuelta a un presidente independentista, tal y como ha ocurrido en las diputaciones de Lleida, Girona y Tarragona.

La sesión constitutiva de la Diputación ha empezado con todos los diputados prometiendo su cargo. Los representantes independentistas han hecho referencia a la independencia de Catalunya, a la libertad de los “presos políticos” y al retorno de “los exiliados”.

La falta de pacto entre los independentistas ha enojado a parte del secesionismo y centenares de personas convocadas por la ANC se han concentrado a las afueras de la Diputación para protestar por el pacto entre el partido de Carles Puigdemont y los socialistas.

Durante toda la semana, ERC y JxCAT se han cruzado reproches por el pacto que que el partido de Carles Puigdemont ha alcanzado con el PSC. Desde JxCAT pidieron a ERC que revirtiera todos los pactos municipales en los que se ha apoyado con fuerzas no independentistas. ERC se negó a esa posibilidad pero ofreció a JxCAT negociar la presidencia de la Diputación de Barcelona. A pesar de los contactos hasta última hora, los independentistas no se han puesto de acuerdo y la tercera institución más importante de Catalunya queda ahora en manos del PSC.

Reproches de ERC, PP y C's

El pacto entre JxCAT y PSC ha recibido reproches de varios de los grupos de la Diputación, especialmente desde ERC, PP y C's. El diputado de ERC y candidato a presidir el organismo, Dionís Guiteras, ha tendido la mano a Marín a la vez que ha lanzado varios dardos a JxCAT, su socio en el Govern.

“Siempre hay opciones y en la vida uno elige lo que quiere”, ha señalado Guiteras. “Este pacto es irreversible”. El edil de ERC se ha desmarcado de los “cordones sanitarios” y ha reconocido que el pacto es legítimo, pero a su vez ha reprochado a JxCAT que haya impedido que la Diputación de Barcelona se alinee con el resto de diputaciones independentistas. “A quién aún le sorprenda este pacto quiero decirles que por sus hechos los conoceréis”, ha remachado.

Desde el PP y C's, en cambio, los ataques han ido dirigidos al PSC por contar con los votos independentistas para conseguir la presidencia. “Ustedes serán responsables del uso que se haga de esta institución”, ha afirmado Xavier Garcia Albiol (PP), “nos preocupa enormemente este acuerdo”. C's ha acusado a los socialistas de alinearse con “el independentismo más beligerante” y ha preguntado a Marín si el acuerdo con JxCAT es un “mero reparto de sillas” o “esconde un documento secreto donde se recogen acuerdos inconfesables”.

Desde JxCAT han evitado entrar en el juego de reproches y la intervención de Joan Carles Garcia ha sido muy comedida, sin referencias directas a la independencia. “La Diputación es un administración con unas características especiales que facilitan el consenso y el diálogo”, se ha justificado Garcia.

Tras ser investida presidenta, Marín ha reivindicado el “diálogo” que permite el municipalismo para que la sociedad encuentro un “horizonte compartido” ante los “momentos difíciles” que vive. La nueva presidenta de la Diputación de Barcelona también ha pedido poner fin a la “confrontación política y partidista” del Procés. “El mejor servicio que podemos hacer al país es evitar que lo que nos separa nos impida trabajar juntos en lo que nos une”, ha finalizado.

La unidad independentista ha “tocado fondo” y está “más lejos que nunca”. Así ha definido la diputada de JxCAT, Elsa Artadi, el convulso momento por el que pasan las relaciones entre su partido y ERC, después de que el pacto entre JxCAT y el PSC para gobernar la Diputación de Barcelona abriera el pasado viernes un cisma entre los dos partidos del Govern.

Ambas formaciones se han cruzado duros reproches durante el fin de semana y, este lunes, las direcciones de JxCAT y ERC se han reunido por separado para tratar de reconducir la crisis. Al mediodía David Bonvehí y Ferran Bel, presidente y secretario de organización del PDeCAT, se han reunido en la sede de ERC con Isaac Peraire (secretario de organización), Marc Sanglas (secretario de política municipal) y el hasta ahora vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Dionís Guiteras, para intentar desbloquear la crisis, según ha avanzado Europa Press y ha confirmado eldiario.es. La reunión ha finalizado pasadas las 15 h y los representantes de ambas formaciones la han calificado de “cordial”. Tanto desde ERC como JxCAT se han emplazado a seguir negociando hasta el jueves.

JxCAT llegó el pasado viernes a un acuerdo con el PSC por el que la socialista Núria Marín presidiría la Diputación de Barcelona. El PSC tiene 16 diputados en este organismo, los mismos que ostenta ERC. Junto a los 7 de JxCAT suman 23 y permiten nombrar al presidente por mayoría simple (la mayoría absoluta está en 26 diputados). A diferencia de las diputaciones de Lleida, Girona y Tarragona, donde las formaciones independentistas han llegado a acuerdos, JxCAT ha optado por los socialistas para repartirse el gobierno de la tercera institución más importante de Catalunya, con un presupuesto que ronda los 1.000 millones de euros.

Tras reunirse con la dirección de JxCAT, Artadi ha dicho que la situación todavía puede arreglarse si ERC accede a revertir todos los pactos municipales que ha firmado con el PSC y otras fuerzas no independentistas. “Es un espectáculo muy triste”, ha llegado a decir Artadi de los reproches cruzados durante estos días. La también concejal del Ayuntamiento de Barcelona ha insistido en su propuesta de que ERC revierta todos los pactos municipales en las localidades donde se pueda articular una mayoría independentista alternativa. “Nuestra propuesta es revertirlo todo, tener unas normas claras de comportamiento y unas políticas de pactos claras y comunes”, ha insistido.

ERC, por su parte, no tiene intención alguna de renegociar estos pactos pero se ha ofrecido a ceder la presidencia de la Diputación a JxCAT para que no pacte con el PSC. “Cuando las cosas parece que están bloqueadas, cuando nos podría mover la venganza más corta y miope, queremos sentarnos con JxCAT para hablar también de poner encima de la mesa la presidencia de la Diputación de Barcelona”, ha señalado el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, en una comparecencia que ha calificado de “excepcional” tras reunirse la Ejecutiva de ERC.

Fuentes de JxCAT consultadas este lunes consideraban que la oferta de ERC “no tiene recorrido”. Con todo, los representantes de JxCAT han acudido a la sede de los republicanos para estudiar esta posibilidad. Las mismas fuentes de JxCAT insistían esta mañana que en 28 municipios catalanes donde ganó JxCAT, su formación no gobernará debido a los acuerdos que ERC ha fraguado con otros partidos.

A pesar de la escalada verbal, Aragonès ha querido mandar un “mensaje de esperanza” a los independentistas que han lamentado estos días el enésimo enfrentamiento entre JxCAT y ERC. Según Aragonès, hasta el jueves que se votará la presidencia de este organismo hay tiempo para llegar a un acuerdo entre los partidos independentistas. “No nos levantaremos de la mesa hasta segundos antes de la votación”, ha insistido.

El PSC confía en su acuerdo con JxCAT

A pesar de la tormenta desatada entre los dos socios en el Govern, en el PSC seguían confiando este lunes en que su acuerdo con JxCAT llegaría a buen puerto. El dirigente socialista Salvador Illa ha pedido “seriedad” y “respeto” a ERC. “Esto no es una subasta”, ha señalado Illa en rueda de prensa. El dirigente ha pedido a los republicanos que reconozcan la “legitimidad” de los pactos poselectorales y se ha mostrado confiado en que finalmente la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, será la próxima presidenta de la Diputación de Barcelona.

Miquel Iceta, por su parte, también ha defendido el pacto con JxCAT en una entrevista en el programa Els Matins de TV3. Según el presidente del PSC, si JxCAT y ERC llegasen a un pacto para que reviertan todos los acuerdos sería “poco respetuoso” y supondría una “ingerencia externa que traicionaría el espíritu de las elecciones municipales”.

El grup de la CUP - Poble Actiu a la Diputació de Barcelona ha presentat aquest dijous davant la fiscalia una denúncia contra Oriol Puig, director del Servei Meteorològic de Catalunya i germà de l'exconseller Felip Puig. La formació l'acusa d'haver realitzat adjudicacions arbitràries a empreses afins a través d'un conveni amb la Diputació de Barcelona per projectes que se sabien inviables. Per això la CUP considera que Oriol Puig va poder incórrer en delictes de prevaricació i frau a l'administració.

El director de Meteorologia de la Generalitat va signar el 2013 un conveni amb la Diputació per a la construcció d'un centre meteorològic al parc natural del Montseny, malgrat que aquesta és una zona protegida. Segons la denúncia interposada, Puig hauria iniciat els tràmits del projecte sabent que era inviable per justificar la contractació d'estudis jurídics i mediambientals amb determinades empreses amb les que “comparteix interessos lucratius”.

Per aquest motiu, a més de contra el director de Meteorologia, la CUP denuncia els administradors de les quatre empreses que es van beneficiar d'aquests contractes. Entre aquestes, la candidatura denuncia que n'hi ha algunes vinculades a Carles Sumarroca, empresari imputat en el cas Pujol; Pere Pujol Ferrusola, fill de Jordi Pujol també imputat; o Marc Paré Lezcano, que comparteix consell d'administració en una altra empresa amb el mateix Oriol Puig.

Segons la documentació aportada en la denúncia, l'import rebut per aquestes empreses a canvi d'estudis i projectes per a unes obres que mai van arribar a produir-se arribaria als 250.000 euros, import del conveni amb la Diputació de Barcelona.

La CUP considera a més cridaner que la Diputació de Barcelona, responsable del parc del Montseny, permetés que es comencés un projecte així. Per això, esperen que la Fiscalia investigui no només les adjudicacions amb empreses, sinó també els mecanismes de control, o la manca d'ells, que van permetre utilitzar fons de la Diputació per pagar aquests estudis.

Oriol Puig és el director del Servei de Metereologia de Catalunya des del 2011, quan el seu germà era conseller d'Interior. En el moment del seu nomenament es va justificar la seva arribada al lloc a causa de la seva formació, en economia, i que durant l'última etapa dels governs de Pujol ja havia estat en el mateix lloc.

"Pocs dies després d'arribar a la Diputació de Barcelona vaig rebre dos anònims al despatx explicant quina era la situació que s'havia viscut ens els darrers anys en aquesta institució", explica la regidora de la CUP-Capgirem Barcelona

La Diputació de Barcelona és una institució que té la finalitat de donar assessorament i suport als 311 municipis de la demarcació de Barcelona a través dels seus propis tècnics mitjançant les diferents àrees corporatives (hisenda, serveis generals i recursos humans; territori i sostenibilitat; desenvolupament econòmic local; cultura, educació i esports; atenció a les persones) i altres instruments com el catàleg de serveis, les meses de concertació i els programes complementaris.

Tanmateix, per la majoria de la població aquesta administració representa un ens allunyat de la nostra quotidianitat malgrat que les polítiques que s'hi desenvolupen afecten a diari la nostra realitat. Parlem d'una administració allunyada però també d'una administració considerada per moltes opaca i amb una manca de transparència evident. El que només era una intuïció, una consideració, s'ha convertit en una realitat després de 9 mesos de conèixer-la en primera persona.

Pocs dies després d'arribar a la Diputació de Barcelona vaig rebre dos anònims al despatx de l'Ajuntament de Barcelona explicant quina era la situació que s'havia viscut ens els darrers anys en aquesta institució pública. En aquestes cartes s'explicava com s'havien col·locat de manera natural càrrecs a dit sense cap inconvenient des dels diferents partits que havien governat i de l'oposició, així com diferents entramats amb noms de persones concretes que denotava una manera de funcionar allunyada del que entenem que ha de ser qualsevol institució pública. Alhora, pocs mesos després de la nostra entrada també vam començar a conèixer diferents casos d'abús de poder i suposats assetjaments laborals que actualment estem investigant per tal de desenvolupar les accions corresponents tant a nivell legal com polític.

Com que la casa és gran i la caixa més –cal tenir en compte que la Diputació de Barcelona gestiona anualment més de 1.000 milions d'euros- de seguida vam veure que ens trobàvem amb una institució que en poques ocasions ha rendit comptes de les múltiples despeses innecessàries que s'han anat produint al llarg d'aquests 30 anys i que ha actuat amb total opacitat i a esquenes de la transparència en les seves accions.

Alhora, cal parlar i donar a conèixer l'elevat cost de tots els alts càrrecs polítics i una estructura de piràmide inversa amb un alt nombre de càrrecs en comparació la plantilla de tècniques-que va en augment- així com la manca d'unes bones condicions laborals per un alt nombre de treballadores de la pròpia Diputació que porten anys lluitant pels seus drets.

Així doncs, a la Diputació de Barcelona ens trobem amb unes superestructures innecessàries en la majoria d'àrees i àmbits, de la mateixa manera que trobem un elevat nombre de llocs de comandament molt valorats i no sempre necessaris. Cal tenir també present que els funcionaris de carrera de la casa no han tingut opció d'ocupar mai places de responsabilitat ja que sempre s'han col·locat a dit persones afins als partits del govern. Un exemple d'això és el que va passar amb la secretària de l'anterior president de la Diputació; aquesta era interina, de fet el seu nomenament inicial va ser qüestionat per l'oficina Antifrau, i com a conseqüència d'aquest qüestionament es va convocar un lloc ad hoc com a tècnica d'auxiliar de relacions externes, que finalment va acabar ocupant.

Cal tenir en compte que malgrat la bonança econòmica d'aquesta institució i la manca de pudor a l'hora de col·locar persones a dit, existeix un gran nombre de llocs de treball estructurals coberts amb personal interí. Aquest personal porta anys reclamant els seus drets ja que n'hi ha que fa fins a 10 anys que estan treballant en la mateixa tasca, ocupant llocs nítidament estructurals i necessaris pel funcionament de la pròpia administració.

Des de la CUP-Poble Actiu entenem que una de les nostres funcions a les institucions –i encara més a les supramunicipals- és destapar-les i explicar quina és la realitat del seu funcionament quotidià per despertar l'esperit crític del conjunt del poble i de manera paral·lela generar un contrapoder popular al marge de les seves institucions que ens permeti dotar-nos d'eines entre totes per garantir-nos una vida digna. És per aquest fet que necessitàvem aglutinar esforços per construir un espai on es pogués donar a conèixer aquesta realitat. Per a construir aquest espai vam creure imprescindible tenir en compte les treballadores que portaven molts anys a la casa; també les organitzades en l'únic sindicat combatiu existent a la Diputació de Barcelona –la CGT- i finalment amb les companyes de l'Observatori Ciutadà que han obert les portes de diferents ajuntaments.

Finalment, després de mesos de treball, el passat 17 de febrer al Col·legi de Periodistes de Catalunya vam presentar l'Observatori Ciutadà de la Diputació de Barcelona. Aquest espai neix precisament amb la voluntat d'explicar quin és el funcionament de la Diputació. Neix per posar llums i taquígrafs a una de les administracions públiques que gestiona la quotidianitat del nostre territori amb més opacitat i alhora per donar resposta a les diferents demandes i dubtes que el conjunt de persones de la demarcació de Barcelona ens vulguin fer arribar.

Cal tenir en compte que després d'un debat quan s'estava conformant el mateix Observatori es va decidir que tots els partits i sindicats que durant 34 anys han estat còmplices i han alimentat aquesta manera de funcionar no poden formar part de manera directa de l'Observatori Ciutadà de la Diputació de Barcelona fins que no hagin rendit comptes públicament de les seves actuacions i alhora comencin a canviar les seves maneres de funcionar.

Ho defensem per una qüestió d'ètica però també de confiança: si ens comencen a arribar diferents casos de possibles males praxis i corrupció –com està passant- no sabem com podrien reaccionar. Així doncs, a qui durant aquests 34 anys de manera directa o indirecta ha estat responsable i còmplice d'aquest funcionament opac, no podem dipositar-los les nostres confiances, ja que podrien utilitzar aquesta informació per protegir-se a si mateixos.

Finalment, esperem que l'Observatori serveixi perquè totes les persones de la demarcació de Barcelona i d'arreu ens facin arribar consultes que tramitarem perquè la pròpia administració respongui, alhora que puguem donar a conèixer l'estructura i el funcionament d'aquest ens, les lluites que estan duent a terme les treballadores i els diferents casos de suposada corrupció i males praxis que puguem anar descobrint; del passat i del present.

Després d'impulsar Observatoris Ciutadans Municipals (OCM) en poblacions de tot l'Estat, la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute (PACD) ha arribat per primer cop a una administració supramunicipal: la Diputació de Barcelona. Es tracta de la tercera administració pública amb més pressupost de Catalunya, després de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, i fins ara no comptava amb organitzacions ciutadanes dedicades a la seva fiscalització.

Els OCM són grups de persones que s'organitzen a nivell municipal per posar llum sobre els pressupostos de la seva localitat. A través d'una plataforma digital, posen els pressupostos a disposició per a consulta en un format obert i visual, que permet a qui vulgui treballar les dades amb més detall, i també vehiculen consultes de la ciutadania a l'administració. Amb el mateix esperit es posa en marxa l'Observatori Ciutadà de la Diputació de Barcelona, impulsat per la PACD, els OCM de la provincia de Barcelona i persones relacionades amb la CGT, CATAC-IAC, la CUP, diferents col·lectius de treballadores de la Diputació, i plataformes en defensa del territori.

“A nivell local la manera ha estat muntar un grup promotor i que a partir d'aquí més gent pugui utilitzar l'OCM i fer-lo seu per analitzar de manera col·lectiva, oberta i continua l'administració pública”, explica Enric Pons, de la PACD. “En el cas de la Diputació, a més, intentem fer xarxa amb tots els OCM existents a la província i també amb col·lectius, associacions i plataformes que ja interactuàvem amb l'administració, però si ho fem de forma oberta el resultat millora i generem compromís”, afegeix.

L'activista assegura que per primera vegada la ciutadania pot descarregar en format obert, navegar i consultar amb visualitzacions els pressupostos de la diputació de 2016, 2015 i 2014. “En matèria econòmica i pressupostària, la feina de molt poca gent aconsegueix millorar totalment la web de transparència de la Diputació presentada fa poc”, apunta.

Aquest nou observatori adopta més funcions que altres OCM. Per una banda, a fer un seguiment de l'activitat política de la Diputació, donat que la població té un gran desconeixement de l'activitat de la tercera administració amb més pressupost de Catalunya. “Volem posar el nostre gra de sorra perquè la gent agafi consciència de que això està allà i de que s'ha de fiscalitzar i pressionar, perquè si ara tot just es comença a entendre que els ajuntaments necessiten pressupostos participatius, per què no les diputacions?”, es pregunta Pons.

Per altra banda, es comprometen també amb la denuncia de possibles casos de corrupció. Treballen conjuntament amb el Grup Anticorrupció de Catalunya, del que formen part Xnet, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, l'exdiputat de la CUP David Fernàndez o el diputat de Catalunya Sí que es Pot Albano Dante, per vehicular denúncies. Han posat un canal de contacte a disposició de qui vulgui denunciar irregularitats i dirigeixen a la Bústia X d'Xnet aquelles persones que requereixen anonimat.

Pons apunta que els observatoris són independents i apartidistes, però aquest nou Observatori Ciutadà neix amb el suport del grup de la CUP-Poble Actiu a la diputació, que ha contribuït amb una aportació econòmica i el compromís de compartir tota la informació a la que tenen accés els diputats. “És important que partits com puguin ser la CUP o Barcelona en Comú reconeguin la nostra feina i facilitin la nostra tasca, i mantenint la nostra independència, estem en un moment en què cal ser generosos entre partits rupturistes i moviments socials”, conclou.

La secció sindical de Comissions Obreres a la Diputació de Barcelona ha denunciat a la Inspecció de Treball el departament de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona per l’assetjament laboral de diversos treballadors i treballadores d’aquesta àrea. CCOO se suma, així, a la denúncia que va presentar, en el mateix sentit, el sindicat CGT, el passat dia 9. El departament de Relacions Internacionals estava dirigit per Jordi Castells i el de Cooperació Internacional per Jonathan Jorba en el període en què es van produir els assetjaments denunciats. Tant Castells com Jorba han dimitit dels seus càrrecs en les darreres setmanes.

Les denúncies a la Inspecció de Treball per part dels sindicats Comissions Obreres i CGT s’han produït després que hagin passat vuit mesos des de que el delegat de prevenció de riscos laborals de la Diputació de Barcelona, Jaume Garganté, demanés, per escrit, una avaluació de la situació que es vivia a la direcció de Relacions Internacionals. Al llarg d’aquests mesos, els representants sindicals entenen que els responsables polítics de la corporació provincial no han fet altra cosa que deixar passar el temps i no acarar el problema.

Aquest fet es va evidenciar en la darrera Junta de Portaveus de la Diputació on s’esperava que el president i portaveu del grup de CiU, Joan Carles García Cañizares, donés explicacions sobre aquesta qüestió però no va fer-ho i va ajornar-les fins a una nova reunió de la Junta, probablement la darrera del mandat de l’actual corporació provincial.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona va realitzar un informe on parlava “de clima de por i coaccions” entre els treballadors del departament que denunciaven irregularitats en la gestió dels projectes de Cooperació al Desenvolupament. Disset persones d’aquesta àrea van contestar ara fa un any un qüestionari elaborat per Comissions Obreres i molts d’ells van denunciar que treballaven en un ambient de “por i repressió”.

La Junta de portaveus extraordinària que ha celebrat la Diputació de Barcelona, aquest dimarts, perquè el govern de la corporació donés explicacions de la gestió de la Direcció de Relacions Internacionals, no ha satisfet les expectatives dels grups de l’oposició del PSC i ICV-EUiA, com han explicat a CatalunyaPlural.cat els seus representants Pilar Díaz i Àlex Mañas.

Després de la reunió, la Diputació ha difós un comunicat on s’afirma que la Junta de Portaveus “ha valorat positivament la informació i les explicacions aportades pel Govern”. Díaz i Mañas han coincidit que el dossier que els han facilitat a la reunió era voluminós i ben presentat però que no resolia cap de les dues qüestions per les quals demanen explicacions. Aquestes dues qüestions són l’informe de l’Agència de Salut Pública que denuncia assetjament laboral a l’àrea de Relacions Internacionals i les informacions sobre presumptes irregularitats en la gestió dels fons del departament de Cooperació al Desenvolupament.

Els portaveus socialista i d’ICV-EUiA han demanat que es conclogui definitivament l’informe sobre les irregularitats i que es tanqui també la instrucció per assetjament laboral. La nota difosa per la Diputació reconeix que “atès que una part de la informació està sotmesa a la finalització de l'expedient d'informació reservada que s'està instruint, s'acorda instar que, amb la major brevetat possible, es finalitzin els treballs de l'esmentada instrucció per tal de poder celebrar una nova Junta de Portaveus extraordinària d'estudi i valoració global i prendre les decisions oportunes”.

Per tant, s’haurà de convocar una nova Junta de Portaveus en els propers dies. Pel que fa a les denúncies recollides per l’Agència de Salut Pública sembla que no preocupen als actuals governants de la Diputació, ja que el seu portaveu, Joan Carles García Cañizares, que també és el responsable polític de l’àrea de Relacions Internacionals, no ha aportat cap nova informació a la reunió d’avui. Pilar Díaz li ha recordat que en l’anterior Ple de la Diputació es va comprometre a presentar les conclusions de la instrucció abans no acabi el mes. I només queden 14 dies per arribar a juliol. L’endarreriment en la constitució de la nova Diputació, per les denúncies en alguns recomptes electorals, faran que aquesta no es produeixi fins el proper 15 de juliol i l’actual corporació encara celebrarà un Ple ordinari més.

Àlex Mañas ha demanat que el govern de la Diputació doni explicacions del perquè ha fallat l’Oficina de Control de Riscos Laborals en el cas de l’assetjament laboral i ha anunciat que demanarà que la corporació es personi com acusació particular contra les persones implicades en les irregularitats denunciades en la gestió dels diners destinats a Cooperació al Desenvolupament. El responsable de Relacions Internacionals, Jordi Castells, i el director de l’àrea de Cooperació al Desenvolupament, Jonathan Jorba, van dimitir després que CatalunyaPlural.cat informés que des 2012, després de fer-se CiU amb el govern de la Diputació de Barcelona, almenys un milió d'euros de la partida de l'organisme per a la cooperació al desenvolupament s'ha repartit entre empreses i patronals catalanes sense experiència en el sector i en procediments sovint polèmics“.

Pilar Díaz ha explicat que el PSC està estudiant aquesta possibilitat però encara no ha pres cap decisió a l’espera del nou informe que haurà de presentar Joan Carles García Cañizares a la propera Junta Extraordinària de portaveus.

El repartiment de fons de cooperació al desenvolupament de la Diputació de Barcelona va quedar des de mitjans de 2013 en bona mesura en mans de càrrecs polítics vinculats a Convergència i Unió (CiU) sense experiència en el sector després d'apartar els tècnics de la casa. Entre els càrrecs polítics que van anar assumint les tasques que corresponien als tècnics hi ha almenys dues persones vinculades al mateix president del Grup de CiU a la Diputació i adjunt a la Presidència per a l'àrea de Relacions Internacionals, Joan Carles Garcia Cañizares, que davant les crítiques aixecades per la gestió dels fons ha assegurat solemnement que respon “personalment” per la legalitat de tot el procés.

Des 2012, després de fer-se CiU amb el govern de la Diputació de Barcelona, almenys un milió d'euros de la partida de l'organisme per a la cooperació al desenvolupament s'ha repartit entre empreses i patronals catalanes sense experiència en el sector i en procediments sovint polèmics: mitjançant contractes a dit sense publicitat ni concurrència, en ocasions combinats amb partides per altres vies -amb el que formalment mai se superava el llindar de 18.000 euros permès per a aquest tipus de contractes- i fins i tot amb desenes de milers d'euros destinats a entitats recentment constituïdes.

Els dos responsables directes dels fons han dimitit després de destapar eldiario.es/Catalunyaplural.cat la polèmica gestió, però tots dos han estat recol·locats ipso facto a la Generalitat: el cap de l'Oficina de cooperació, Jonathan Jorba, a l'Institut d'Estadística (Idescat), i el director de Relacions Internacionals, Jordi Castells Masanés, a Governació.

El responsable polític de Castells Masanés a la Diputació era Garcia Cañizares, que davant la pressió del Partit dels Socialistes (PSC) i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) s'ha vist obligat a convocar per avui una junta de portaveus extraordinària per donar compte de la gestió dels fons de cooperació al desenvolupament. Eldiario.es/Catalunyaplural.cat li va dirigir per escrit, el passat 15 de maig, diverses preguntes al respecte, juntament amb la sol·licitud de mantenir una reunió, però les peticions no han estat ateses tot i que posteriorment van tornar a formalitzar-se en diverses ocasions.

Càrrecs de la màxima confiança de Garcia Cañizares -propers a les joventuts de Convergència i col·laboradors a Tordera (Maresme), localitat de la qual és alcalde- van desembarcar en l'àrea de cooperació al desenvolupament de la Diputació des de mitjans de 2013, quan els tècnics van començar a advertir de possibles irregularitats en el repartiment dels fons. Moltes d'aquestes advertències dels experts sobre males pràctiques en la gestió dels recursos públics han quedat per escrit i les ha recollit l'informe de l'Agència de Salut Pública -organisme independent amb participació de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat, tots dos fins ara també en mans de CiU.

L'informe va ser lliurat el mes passat a la Diputació amb l'advertiment que hi havia indicis molt seriosos de mobbing en Relacions Internacionals contra els professionals que van denunciar males pràctiques, als quals s'havia apartat. La resposta, per ara, s'ha limitat a obrir una investigació interna al ralentí, un cop consumades les dues dimissions de Jorba i Castells Masanés.

Des de l'arribada de Castells Masanés a Relacions Internacionals, el 2012, han dimitit fins a quatre directors de l'àrea de Cooperació al Desenvolupament. I l'equip de tècnics funcionaris de la casa a càrrec dels expedients de projectes va acabar reduït a la meitat. Segons múltiples denúncies recollides en l'informe de l'Agència de Salut Pública pels treballadors de l'àrea, als tècnics que posaven objeccions als expedients decidits des de dalt se'ls anava apartant o veien com es buidava de contingut el seu lloc de treball.

Per assumir les tasques que abans feien els tècnics funcionaris experts en cooperació al desenvolupament -aprovar els projectes i fer-ne seguiment per assegurar que complien amb els fins promesos- van anar desembarcant en l'àrea persones vinculades a CiU -i en particular, a Garcia Cañizares-, que van assumir alguns dels expedients polèmics fora de la supervisió dels tècnics de la casa. Els informes d'avaluació i supervisió dels projectes, que solien incorporar al costat de l'expedient, fins i tot van deixar de constar en el sistema informàtic intern, segons fonts coneixedores de la mecànica de treball. D'aquesta manera, molts dels projectes qüestionats pels tècnics van quedar fora de la seva supervisió i sota control exclusiu d'un grapat de càrrecs polítics de confiança sense cap experiència prèvia en cooperació al desenvolupament o de becaris que responien directament a la direcció.

Dues de les persones que van desembarcar a l'àrea estan molt estretament relacionades amb Garcia Cañizares: Marc Unió, que acaba de ser elegit regidor a Tordera en la mateixa llista de CiU que encapçalava Garcia Cañizares, i Bernat Sanjuan, vinculat també a la seva base política al municipi del Maresme. Tots dos van ser contractats per la via de successius contractes menors combinats amb factures per treballs concrets. I en els contractes es van combinar els de la pròpia Diputació de Barcelona amb els rubricats per Goberna, entitat vinculada a la Fundació Ortega-Marañón amb la qual la Diputació de Barcelona té molta relació. Del grup vinculat a CiU que en la pràctica va substituir als tècnics de cooperació també va formar part Luca Bellizzi, nomenat el febrer passat ambaixador de la Generalitat a Itàlia i el Vaticà.

L'informe de l'Agència de Salut Pública sobre el mobbing en cooperació inclou declaracions de treballadors que van denunciar interferències en la seva feina del propi Garcia Cañizares per suposadament afavorir determinades entitats. El document també subratlla el desembarcament d'externs de confiança política per assumir les tasques dels experts: “Hi ha dues direccions, la dels professionals, que no es valora, i la de les persones contractades per substituir-los”, sosté un dels treballadors enquestats. En l'informe abunden els comentaris en aquesta mateixa línia: “S'han contractat persones a dit, sense les capacitats necessàries i per procediments qüestionables, per ocupar els llocs de treball de la gent expulsada de cooperació”. I un altre: “S'estan buidant de contingut les tasques dels tècnics i contractant personal extern”.

El sindicat CGT ha presentat, aquest dimarts, una denúncia a la Inspecció de Treball per ‘presumptes infraccions a la Llei de prevenció de riscos laborals“ comeses al departament de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona. La denúncia es produeix després de mesos d’intentar sense èxit que el govern de la Diputació posés fi a les pràctiques d'assetjament laboral que, segons el sindicat, es produïen en aquest departament.

Diversos tècnics de la Diputació de Barcelona venien denunciant des de feia mesos que rebien pressions i coaccions dels seus superiors perquè tramitessin projectes de cooperació al desenvolupament finançats per la corporació provincial on s’advertien irregularitats. En comptes d’estudiar les seves denúncies, els responsables polítics dels àmbits de Relacions Internacionals i Cooperació al Desenvolupament de la Diputació van amenaçar i pressionar aquests tècnics, alguns dels quals van demanar la baixa laboral afectats per depressió o angoixa.

Aquests fets van portar el delegat de prevenció de riscos laborals de la Diputació, Jaume Garganté, a entregar, el passat 2 d’octubre, un escrit al Registre General sol·licitant la realització d’una avaluació de riscos psicosocials a la direcció de Relacions Internacionals. L’informe ‘Riscos Laborals a la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona’, elaborat per l’Agència de Salut Pública, va donar la raó a les denúncies dels tècnics.

Malgrat tot, el govern de la Diputació ha anat endarrerint la solució del cas i ha anat traspassant-lo d’una àrea a l’altra. L’última decisió del president de la corporació, Salvador Esteve, va ser traslladar l’expedient a la gerència de l’entitat. El decret que adopta aquesta decisió es va signar el 15 de maig. Salvador Esteve deixarà la presidència de la Diputació en els propers dies, de la mateixa manera que ho han fet recentment els dos responsables de l’àrea de Relacions Internacionals, Jordi Castells, i de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, Jonathan Jorba. Tots dos han tornat als càrrecs que ocupaven a l’administració del govern de la Generalitat, prèviament als seus nomenaments a la Diputació de Barcelona. El proper dilluns hi ha convocada una junta de portaveus, reclamada pels diputats del PSC i ICV-EUiA, per analitzar aquesta crisi.

Tècnics de la Diputació de Barcelona van denunciar interferències en la seva feina del president del Grup de Convergència i Unió (CiU) i diputat adjunt a la Presidència de l'organisme, Joan Carles Garcia Cañizares, en el repartiment de fons de la cooperació al desenvolupament, segons l'informe elaborat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que va advertir del possible mobbing al departament i va suggerir una “actuació immediata” que, en la pràctica, encara no s'ha produït.

L'informe, Riscos laborals a la Direcció de Relacions Internacionals, elaborat per l'Agència de Salut Pública, entitat independent amb participació de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona -tots dos en mans de CiU, igual que la Diputació-, està datat el 4 de maig i descriu tot tipus de coaccions i pressions contra els tècnics que advertien sobre possibles irregularitats en el repartiment de fons de la cooperació al desenvolupament. Des del 2012, any en què CiU va conquistar el govern de la institució supramunicipal, la Diputació de Barcelona ha repartit almenys un milió d'euros entre empreses i patronals catalanes sense experiència en el sector; en ocasions a través de contractes a dit sense publicitat i fins i tot mitjançant la facturació personal dels directius de les empreses beneficiàries, el que permetia sortejar el llindar màxim que permet la llei per a aquest tipus de contractes.

L'informe de l'Agència de Salut Pública és tan contundent que els sindicats, que portaven nou mesos demanant a la Diputació que investigués la situació a l'àrea de Relacions Internacionals, de la qual depèn la cooperació al desenvolupament, van forçar l'obertura formal d'una investigació interna. Els dos màxims responsables de l'àrea han dimitit en les últimes setmanes després de les informacions d'eldiario.es/Catalunyaplural.cat, però tot i la gravetat de les acusacions formulades han estat recol·locats a la Generalitat: Jordi Castells Masanés, que era director de Relacions Internacionals de la Diputació, ha tornat a Governació, mentre que Jonathan Jorba, exdirector de l'Oficina de cooperació al desenvolupament, s'ha incorporat a l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), adscrit a Economia.

Mentrestant, l'expedient d'investigació a la Diputació ha estat assumit excepcionalment per Presidència, que ha obert el cas al ralentí i amb citacions individuals dels treballadors de l'àrea, un mètode poc habitual en investigacions anàlogues perquè suposa que els treballadors que s'atreveixen a denunciar mobbing en un entorn “neutral” han d'enfrontar-se ara cara a cara i sols amb els responsables polítics últims del suposat mobbing que van patir per denunciar possibles irregularitats en el repartiment d'ajudes.

El document de l'Agència de Salut Pública, a més, posa de manifest que algunes de les denúncies dels tècnics transcendien l'actuació de Castells Masanés i de Jorba, i apuntaven més amunt, precisament al responsable polític de l'àrea vinculat a Presidència: l'adjunt a la Presidència i president del Grup de CiU a l'organisme, Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde de Tordera (Maresme).

Un dels tècnics que va contestar al qüestionari analitzat per l'Agència de Salut Pública ha afirmat, segons recull el document: “Donada la impossibilitat que té el director de fer canviar l'opinió tècnica, les reunions acaben sempre de forma abrupta i el director reclama tots els expedients per fer ell personalment l'avaluació tècnica i repetir-la en funció d'altres criteris. Finalment, vaig rebre una trucada (jo, un treballador tècnic superior) d'un alt càrrec polític de la Diputació, demanant-me explicacions i convidant-me a donar el vistiplau tècnic el més aviat possible”.

Un altre dels tècnics enquestats és encara més concret: “Un altre projecte d'una entitat incompleix de forma flagrant les bases de la convocatòria a la vegada que la qualitat és horrorosa... Una entitat amiga li va donar en mà al director la seva justificació sense passar per registre general... Preocupen especialment les subvencions directes (imports que poden superar els 100.000 euros) que es lliuren a entitats i fundacions pròximes políticament o de Tordera, població de la qual és alcalde el diputat Joan Carles García... També genera malestar que a la DRI [Direcció de Relacions Internacionals] treballin dues persones com externs que resulta que són de Tordera... Un tema també que em preocupa: crec que no hauríem de subvencionar estades de ”cooperants“ en hotels de cinc estrelles”.

En el ple de la setmana passada, Garcia Cañizares va defensar que el repartiment dels fons de cooperació al desenvolupament havia respectat escrupolosament la llei i va dir que ell personalment responia de la situació. El Partit dels Socialistes (PSC) i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) van forçar una junta de portaveus extraordinària per analitzar el conflicte, que s'ha convocat per al pròxim dia 16.

Eldiario.es/Catalunyaplural.cat va lliurar el 15 de maig diverses preguntes per escrit a la Diputació de Barcelona sobre la gestió dels fons de cooperació al desenvolupament i va sol·licitar una entrevista amb Castells Masanés o Garcia Cañizares. Amb posterioritat a la dimissió de Castells Masanés, Eldiario.es/Catalunyaplural.cat reiterar oficialment la petició de trobada amb Garcia Cañizares, que 25 dies després de la primera sol·licitud encara no ha estat atesa.

Jordi Castells Massanés va anunciar, dimarts, la seva dimissió als fins aleshores col·laboradors seus a la direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona i avui ja ocupava el despatx de l’administració de la Generalitat que va deixar vacant fa tres anys i mig com a cap del Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals de la Direcció General d’Administració Local del departament de Governació i Relacions Institucionals, que dirigeix Joana Ortega.

Castells va dimitir en ple escàndol per la gestió del Fons de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona que depèn de la direcció  de Relacions Internacionals. Aquest Fons ha repartit almenys un milió d’euros de l’apartat dedicat a cooperació al desenvolupament, sense publicitat i sovint a dit, a empreses  que moltes vegades no tenien cap experiència en el sector.

Pel que sembla, no hi hagut cap entrebanc perquè Jordi Castells torni al despatx del departament de Governació i Relacions Institucionals malgrat que hagin transcorregut tres anys i mig des de que el va deixar en ser nomenat responsable de les relacions internacionals de la corporació provincial barcelonina. El Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals d’aquest departament té, entre les seves funcions, realitzar les propostes de distribució i gestió dels seus diners, gestionar els projectes locals susceptibles de rebre fons estructurals europeus i executar els programes de cooperació financera al món local. Continuarà movent, per tant, força diners.

D’altra banda, la Diputació de Barcelona ha convocat una reunió de la Junta de Portaveus per “defensar la seva actuació en matèria de cooperació al desenvolupament”, segons la nota que s’ha fet arribar als mitjans de comunicació. Amb aquesta nota, el govern de la Diputació “vol sortir al pas d’algunes informacions que qüestionen tant la idoneïtat de les actuacions com la gestió del personal que treballa a l’àrea de relacions internacionals”.

El comunicat especifica que “tots els expedients d’ajuts han seguit i segueixen els escrupulosos processos de control jurídic i financer de la Diputació” i que “l’impuls del model correspon a les directrius polítiques”. Assenyala, a més, que el responsable polític d’aquest model és el diputat de CiU Joan Carles García Cañizares i que “el model aplicat ha permès que entitats i ajuntaments participessin de les accions de cooperació. Justament una de les línies de treball ha estat el procés de concertació amb les entitats”.

En cap apartat del comunitat es fa referència als diners entregats a les empreses que estan en el centre de la polèmica.

Lafede.cat, entitat que aplega les organitzacions no governamentals que actuen en els àmbits de cooperació al desenvolupament, pau, justícia i drets humans, ha demanat que s’obri una investigació sobre els criteris i beneficiaris de la gestió dels fons de cooperació de la Diputació de Barcelona. Aquesta decisió l’ha adoptat la junta directiva de Lafede.cat després de rebre “amb preocupació, el degoteig de notícies aparegudes sobre la gestió de fons de cooperació a la Diputació de Barcelona que apunten a una privatització que beneficiaria més a empreses catalanes que a les poblacions empobrides d’altres països”.

Les informacions han estat difoses per CatalunyaPlural i recullen el canvi d’orientació de la política de cooperació internacional de la Diputació de Barcelona des de l’arribada de CiU al govern de la corporació provincial i el nomenament com a president de Salvador Esteve. Des de 2012, la Diputació ha repartit més d’un milió d’euros entre empreses en procés d’internacionalització d’una partida que, fins aleshores, estava reservada per organitzacions no governamentals catalanes o dels països del Sud.

Lafede.cat ha demanat aquesta investigació coincidint amb la dimissió del director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, Jordi Castells. Castells va comunicar ahir la seva dimissió als membres del seu departament i, tot i que va desvincular-la de les informacions esmentades, va reconèixer que la seva situació s’havia tornat insostenible les darreres setmanes. Una de les seves últimes intervencions públiques la va fer el passat 30 d’abril, en un acte organitzat conjuntament, amb Lafede.cat sobre ‘La crisi i la cooperació internacional als municipis: efectes al teixit associatiu i respostes institucionals’.

L’entitat que agrupa l’associacionisme solidari i pacifista considera “particularment greu l'informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona que parla de mobbing als treballadors crítics amb certes pràctiques a l'Oficina de cooperació” i “considera imprescindible aprofitar el moment de canvi polític a la Diputació i la crisi oberta per reforçar l'àrea i establir noves prioritats i nous mecanismes de transparència i control”. Aquest canvi polític a la Diputació està per veure com es configura donada la fragmentació política amb què ha quedat el nou Ple de l’entitat després de les eleccions municipals, que fa difícil anticipar quin tipus de govern la dirigirà en el proper mandat.

El director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, Jordi Castells Masanés, va anunciar ahir oficialment que renuncia al lloc i que deixa l'entitat. Castells Masanés és el màxim responsable dels fons de cooperació al desenvolupament, la polèmica gestió dels quals està en el focus d'una investigació interna des que va transcendir que almenys un milió d'euros s'ha repartit des de 2012 entre empreses catalanes, en ocasions a dit i sense publicitat i a vegades fins i tot amb l'oposició dels tècnics funcionaris de la casa, que han denunciat irregularitats i pràctiques de mobbing.

La de Castells Masanés és la segona dimissió relacionada amb els fons de cooperació de l'entitat supramunicipalista. La setmana passada va dimitir la seva mà dreta, Jonathan Jorba, director de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament, adscrita a Relacions Internacionals.

Castells Masanés va comunicar ahir personalment a tota l'àrea de Relacions Internacionals la seva dimissió. Fonts coneixedores de les reunions que va mantenir expliquen que en cap moment va vincular la seva renúncia a la polèmica sorgida per la gestió dels fons de cooperació i que ha subratllat que portava alguns mesos meditant la seva marxa, tot i que sí que va admetre que la situació s'havia tornat insostenible en les últimes setmanes. Preguntat pels seus plans futurs, va contestar que encara no té completament decidides les seves intencions, segons les mateixes fonts.

Eldiario.es/Catalunyaplural.cat va plantejar el 15 de maig diverses preguntes per escrit a la Diputació de Barcelona referents a la gestió dels fons de cooperació. Un portaveu de l'entitat va ajornar qualsevol contacte amb l'argument que Castells Masanés es trobava de viatge, si bé des de llavors se l'ha vist reiteradament a Barcelona.

Castells Masanés va arribar al càrrec després de la victòria electoral de Convergència i Unió (CiU) el 2012 pel llavors coordinador, Josep Maria Matas, que va haver de dimitir aquell mateix any en transcendir la facturació de les seves empreses a l'Associació Catalana de Municipis (ACM ), de la qual era coordinador amb Salvador Esteve, avui president de la Diputació de Barcelona. La nova etapa va comportar un canvi de polítiques de la cooperació al desenvolupament amb l'objectiu explícit de fer-la més anglosaxona, amb la participació creixent d'empreses i patronals catalanes.

No obstant això, la pràctica ha estat molt poc anglosaxona, com ha anat explicant en diversos articles eldiario.es/Catalunyaplural.cat: les empreses i patronals beneficiàries dels fons, que han aconseguit almenys un milió d'euros des de 2012, no tenien en general experiència en el sector, sinó que simplement es trobaven en procés de conquesta de nous mercats en els països pobres, singularment del Magrib i Amèrica Llatina. A més, en ocasions obtenien els fons en successius contractes menors -que permeten el repartiment sense publicitat, però no poden superar els 18.000 euros- i hi ha casos en què facturaven fins i tot els directius de les empreses al seu nom, amb la qual cosa es vorejava presumptament el límit legal per obtenir contractes a dit. Algunes de les entitats beneficiàries estaven acabades de constituir.

Tot aquest polèmic repartiment es va fer sovint amb l'oposició expressa dels tècnics de cooperació de la casa, que advertien de suposades irregularitats. Als que posaven reserves tècniques i jurídiques se'ls anava apartant de les seves funcions, segons van denunciar els treballadors en un qüestionari que va ser contestat per 17 persones, el 63% del total de l'àrea, i que ha estat la base de un dur informe de la Agència de Salut Pública de Barcelona, organisme vinculat a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona, tots dos governats fins ara també per CiU.

L'informe, lliurat a la Diputació de Barcelona el passat 4 de maig, advertia d'una situació de “por i repressió” al camp, “amb amenaces i represàlies constants” contra els tècnics que posaven objeccions a determinats projectes beneficiaris de fons i aporta molts exemples concrets de pràctiques susceptibles de ser considerades mobbing. Davant els “riscos evidents per a la salut detectada”, l'Agència de Salut Pública exigia una “intervenció immediata” al camp.

La pressió dels sindicats, que fa nou mesos que van exigir en va una investigació per saber què estava passant en Relacions Internacionals, va forçar després del lliurament del document de l'Agència de Salut Pública de Barcelona l'obertura d'un expedient disciplinari a Castells Masanés i l'exigència immediata de mesures cautelars, sol·licitades el 29 d'abril per la unanimitat de tots els delegats de la Comissió de Seguiment de Riscos Psicosocials de la Diputació de Barcelona.

No obstant això, tot i la gravetat de la situació i al requeriment unànime, la investigació interna encara no s'ha iniciat en la pràctica. El cas ha estat assumit directament per Presidència, una fórmula molt inusual en aquest tipus de procediments, sense que els delegats sindicals de la comissió de seguiment tinguin encara notícia de cap acció concreta. Finalment, la gerència ha citat els sindicats per demà a una primera reunió, en la qual està previst abordar l'explosiva situació creada pel repartiment de fons de la cooperació, la denúncia de pràctiques de mobbing i la inacció dels màxims responsables de la Diputació davant les alarmes vermelles enceses fa ja més de nou mesos.

La setmana passada, el PSC i ICV-EUiA van forçar la convocatòria d'una junta de portaveus extraordinària per analitzar el suposat mobbing i les presumptes irregularitats que el va originar, segons els treballadors. El president del Grup de CiU i adjunt a la Presidència de la Diputació, Joan Carles Garcia Cañizares, responsable polític de Castells Masanés al dependre Relacions Internacionals d'ell, va afirmar amb solemnitat en el ple que ell “respon personalment” de la legalitat del repartiment de fons de cooperació al desenvolupament

Els representants de les associacions que actuen en el camp de la cooperació al desenvolupament rebutgen la política de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de finançar empreses amb diners previstos per la solidaritat internacional

Les organitzacions solidàries que actuen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament s’oposen a que les administracions públiques subvencionin empreses privades amb diners procedents dels programes de solidaritat internacional. Així ho van manifestar quan l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament va iniciar aquesta pràctica, després del retorn de CiU al Govern de la Generalitat i del nomenament de Carles Llorens com a responsable d’aquest departament. Val a dir que Marta Macias, que va succeir Llorens al front de l’Agència, ha frenat una mica la ‘passió privatitzadora’ que va caracteritzar la política Llorens.

Les associacions solidàries consideren desencertat que la Diputació de Barcelona repartís un milió d’euros teòricament dedicats a la cooperació internacional el 2012 entre empreses i patronals per la seva internacionalització i conquesta de mercats, com ha publicat eldiario.es/CatalunyaPlural.

‘Lafede.cat Organitzacions per la Justícia Global’, que engloba les anteriors federacions d’ONGs pel desenvolupament, la pau, la justícia i els drets humans, va aprovar, l’any passat un codi ètic que assenyala que “les entitats observen amb una preocupació creixent la tendència a la privatització de la cooperació internacional al desenvolupament. Això, d’una banda, suposa la progressiva desvinculació de la responsabilitat dels governs en la consecució del dret al desenvolupament. De l’altra, promou l’afany de lucre en la cooperació internacional, sobre el qual les organitzacions es posicionen en contra”.

Tot i que aquest codi ètic veu una finestra d’oportunitat de col·laboració en aquells casos en què s’asseguri que l’acció empresarial respon a la incorporació de criteris de responsabilitat en la millora de la comunitat propera a la seva activitat, denuncia “les actuacions de cooperació internacional i de foment de la pau que puguin amagar afany de lucre, comerç encobert o beneficis col·laterals, tant de les empreses com de les associacions empresarials i fundacions corporatives”.

Miriam Acebillo, presidenta de lafede.cat, detecta una “progressiva privatització de la cooperació al desenvolupament” i considera ‘incompatible’ l’afany de lucre de les empreses amb la solidaritat internacional. A més, denuncia que la Diputació de Barcelona no ofereix prou informació sobre la seva acció en aquest terreny, la qual cosa no permet avaluar-la i controlar-la.

Francesc Mateu, director d’Oxfam Intermón a Catalunya, i que va presidir la Federació d’ONGDs abans no es convertís en lafede.cat, quan es va aprovar aquest document, considera que “quan la cooperació deixa de ser la nostra part aliquota de responsabilitat social i ètica amb la resta del món, l’aportació que hi fem, s’entén com de botiguer, i, per tant, ha de donar rèdit i ha de servir per fer negoci. Aleshores es parla de taxes de retorn econòmic, d’eficiència econòmica i es perverteix el concepte de cooperació. Passa a ser una part més d’aprofitament de la resta del món en benefici propi”.

Tampoc veu clar que les empreses hagin de tenir un paper protagonista en la cooperació David Minoves, que va ser director de l'Agència de Cooperació Internacional en els governs tripartits. Minoves considera que és “un greu error i respon a una visió antiquada de la cooperació ja superada” i “és una manca de respecte a les ONGs, que són els actors de cooperació més fiables. Les empreses han de demostrar aquesta fiabilitat i sempre hi ha el perill que posin interessos privats per davant del benefici públic”.

Miquel Carrillo, de ‘Agora Nord Sud’ i amb vint anys de treball al camp de la solidaritat internacional a l’esquena, es demana “què fan les empreses que no puguin fer les entitats?”. “És el que buscaven des del principi”, afirma i raona que els diners que es dediquen a empreses per la cooperació internacional, com els esmentats de la Diputació de Barcelona, representen “massa recursos per a una barreja d'interessos perillosa i sense un impacte clar demostrat, dins els paràmetres del servei als interessos comuns”.

Els grups del PSC i ICV-EUiA a la Diputació de Barcelona han anunciat que plantejaran preguntes al proper govern de la corporació provincial sobre els ajuts a les empreses en concepte de cooperació internacional. Àlex Mañas, portaveu d’ICV-EUiA recorda que aquest grup ja es va oposar al canvi de criteris que va aprovar la Diputació el 2012 i que va obrir a les empreses privades la convocatòria d’ajuts de cooperació al desenvolupament. Mañas creu que “no té cap sentit que la Diputació vinculi la promoció comercial a la cooperació internacional” i lamenta que la nova política ha deixat en mínims el suport a l’empoderament de comunitats i de dones, sobretot d’Amèrica Llatina, que s’havia realitzat en mandats anteriors.

Les preguntes anunciades les rebrà una corporació provincial que, a hores d’ara, és molt difícil de preveure qui la governarà, vista la fragmentació del vot que preveuen els sondejos dels resultats de les eleccions municipals de diumenge.