Dimite el director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona tras el ‘caso Cooperación’
El director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, Jordi Castells Masanés, anunció ayer oficialmente que renuncia al puesto y que deja la entidad. Castells Masanés es el máximo responsable de los fondos de cooperación al desarrollo, cuya polémica gestión está en el foco de una investigación interna al trascender que al menos un millón de euros se repartió desde 2012 entre empresas catalanas, en ocasiones a dedo y sin publicidad y a veces incluso con la oposición de los técnicos funcionarios de la casa, que han denunciado irregularidades y prácticas de mobbing.
La de Castells Masanés es la segunda dimisión relacionada con los fondos de cooperación de la entidad supramunicipalista. La semana pasada dimitió su mano derecha, Jonathan Jorba, director de la Oficina de Cooperación al Desarrollo, adscrita a Relaciones Internacionales.
Castells Masanés comunicó ayer personalmente a todo el área de Relaciones Internacionales su dimisión. Fuentes conocedoras de las reuniones que mantuvo explican que en ningún momento vinculó su renuncia a la polémica surgida por la gestión de los fondos de cooperación y que subrayó que llevaba algunos meses meditando su marcha, aunque sí admitió que la situación se había vuelto insostenible en las últimas semanas. Preguntado por sus planes futuros, contestó que aún no tiene completamente decididas sus intenciones, según las mismas fuentes.
Eldiario.es/Catalunyaplural.cat planteó el pasado 15 de mayo varias preguntas por escrito a la Diputación de Barcelona referentes a la gestión de los fondos de cooperación. Un portavoz de la entidad aplazó cualquier contacto con el argumento de que Castells Masanés se encontraba de viaje, si bien desde entonces se la ha visto reiteradamente en Barcelona.
Castells Masanés fue aupado al cargo tras la victoria electoral de Convergència i Unió (CiU) en 2012 por el entonces coordinador, Josep Maria Matas, quien tuvo que dimitir ese mismo año al trascender la facturación de sus empresas a la Associació Catalana de Municipis (ACM), de la que era coordinador con Salvador Esteve, hoy presidente de la Diputación de Barcelona. La nueva etapa comportó un cambio de políticas de la cooperación al desarrollo con el objetivo explícito de hacerla más anglosajona, con la participación creciente de empresas y patronales catalanas.
Sin embargo, la práctica ha sido muy poco anglosajona, como ha ido explicando en varios artículos eldiario.es/Catalunyaplural.cat: las empresas y patronales beneficiarias de los fondos, que han amasado al menos un millón de euros desde 2012, no tenían en general experiencia en el sector, sino que simplemente se encontraban en proceso de conquista de nuevos mercados en los países pobres, singularmente del Magreb y América Latina. Además, en ocasiones obtenían los fondos en sucesivos contratos menores –que permiten el reparto sin publicidad, pero no pueden superar los 18.000 euros- y existen casos en que facturaban incluso los directivos de las empresas a su nombre, con lo cual se orillaba presuntamente el límite legal para obtener contratos a dedo. Algunas de las entidades beneficiarias estaban recién constituidas.
Todo este polémico reparto se hizo a menudo con la oposición expresa de los técnicos de cooperación de la casa, que advertían de supuestas irregularidades. A los que ponían reservas técnicas y jurídicas se les iba apartando de sus funciones, según denunciaron los trabajadores en un cuestionario que fue contestado por 17 personas, el 63% del total del área, y que ha sido la base de un duro informe de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, organismo vinculado a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona, ambos gobernados hasta ahora también por CiU.
El informe, entregado a la Diputación de Barcelona el pasado 4 de mayo, advertía de una situación de “miedo y represión” en el área, “con amenazas y represalias constantes” contra los técnicos que ponían objeciones a determinados proyectos beneficiarios de fondos y aporta muchos ejemplos concretos de prácticas susceptibles de ser consideradas mobbing. Ante los “riesgos evidentes para la salud detectada”, la Agencia de Salud Pública exigía una “intervención inmediata” en el área.
La presión de los sindicatos, que hace nueve meses que exigieron en vano una investigación para saber qué estaba sucediendo en Relaciones Internacionales, forzó tras la entrega del documento de la Agencia de Salud Pública de Barcelona la apertura de un expediente disciplinario a Castells Masanés y la exigencia inmediata de medidas cautelares, solicitadas el 29 de abril por la unanimidad de todos los delegados de la Comisión de Seguimiento de Riesgos Psicosociales de la Diputación de Barcelona.
Sin embargo, pese a la gravedad de la situación y al requerimiento unánime, la investigación interna todavía no se ha iniciado en la práctica. El caso ha sido asumido directamente por Presidencia, una fórmula muy inusual en este tipo de procedimientos, sin que los delegados sindicales de la comisión de seguimiento tengan aún noticia de ninguna acción concreta. Finalmente, la gerencia ha citado a los sindicatos para mañana a una primera reunión, en la que está previsto abordar la explosiva situación creada por el reparto de fondos de la cooperación, la denuncia de prácticas de mobbing y la inacción de los máximos responsables de la Diputación ante las alarmas rojas encendidas hace ya más de nueve meses.
La semana pasada, el PSC e ICV-EUiA forzaron la convocatoria de una junta de portavoces extraordinaria para analizar el supuesto mobbing y las presuntas irregularidades que lo originó, según los trabajadores. El presidente del Grupo de CiU y adjunto a la Presidencia de la Diputación, Joan Carles Garcia Cañizares, responsable político de Castells Masanés al depender Relaciones Internacionales de él, afirmó con solemnidad en el pleno que él “responde personalmente” de la legalidad del reparto de fondos de cooperación al desarrollo
