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La Diputación de Barcelona repartió fondos de cooperación entre entidades acabadas de constituir

Salvador Esteve, presidente de la Diputación

Pere Rusiñol

Barcelona —

Algunas de las empresas y entidades beneficiarias de fondos de cooperación al desarrollo de la Diputación de Barcelona se constituyeron apenas unos meses antes de la concesión de los contratos y era imposible que contaran, por tanto, con ningún tipo de experiencia previa en proyectos de cooperación, según la documentación revisada por eldiario.es/Catalunyaplural.cat.

Los recortes han afectado mucho a la cooperación al desarrollo, que cuenta ahora con muchos menos recursos que antes de la crisis. Y en este contexto, la Diputación de Barcelona -una de las instituciones pioneras de cooperación en España- promueve de forma activa desde 2012, tras asumir CiU la dirección, el reparto de estos fondos entre empresas y fundaciones privadas, lo que también va en detrimento de los actores tradicionales del sector y muy particularmente de las ONG.

Al menos un millón de euros de fondos de Diputación de Barcelona para la cooperación al desarrollo ha ido a empresas y patronales catalanas desde 2012. La Diputación de Barcelona sostiene que está aplicando el “modelo anglosajón”, en el que el sector privado tiene un peso creciente en la cooperación al desarrollo. Pero aquí los beneficiarios no tienen necesariamente experiencia en cooperación, sino que a menudo se trata de empresas y patronales en proceso de internacionalización y de conquista de nuevos mercados en los países pobres, especialmente el Magreb y América Latina.

La mecánica, aquí, ha sido muy poco anglosajona: parte de estos fondos de la cooperación se ha vehiculado a través de sucesivos contratos menores –por tanto, sin publicidad ni concurrencia- a unas pocas empresas catalanas sin ninguna experiencia en cooperación.

En algún caso, estas empresas han obtenido financiación simultánea por múltiples vías –contratos directos de la Diputación, pero también contratos encargados por otras entidades financiadas por la entidad supramunicipal de Barcelona- para proyectos similares. En ocasiones, directivos de la misma empresa incluso han emitido facturas a su nombre, con lo que al menos en apariencia se respetaba la cuantía máxima para los contratos menores -18.000 euros más IVA-, que no requieren publicidad.

Y más aún: pese a la reducción de los recursos disponibles y, por tanto, a la creciente competencia internacional para captar fondos para proyectos de cooperación al desarrollo, algunas de las entidades elegidas por la Diputación de Barcelona sin concurso ni convocatoria pública se habían constituido muy poco antes de recibir los fondos.

Uno de los casos más significativos es la reciente subvención otorgada a la asociación hondureña ECOSDE para la elaboración de “planes de cohesión social y seguridad” y “la evaluación de los proyectos de cooperación al desarrollo de la Diputación de Barcelona en Honduras”. Esta entidad se constituyó formalmente el 12 de diciembre de 2014, según la escritura pública, y muy pocos meses después, en marzo de 2015, obtuvo ya de una tacada 83.000 euros de la Diputación por los proyectos citados y por la vía de la concesión directa; es decir, también sin ningún tipo de concurrencia.

Para poner la cantidad en contexto: ninguna de las subvenciones concedidas por la convocatoria pública anual de la institución para cooperación al desarrollo desde 2012 ha superado los 75.000 euros. La recién nacida ECOSDE se ha llevado, por tanto, más que todas ellas y, además, a dedo, sin ni siquiera haberse tenido que presentar a ningún engorroso concurso.

No es el único caso de constitución justo antes de recibir los fondos. En Cataluña, una de las empresas de referencia de la Diputación de Barcelona para vehicular fondos de cooperación al desarrollo ha sido Voltia Solutions, SL, especializada en eficiencia energética e instalación de maquinaria. Según los datos aportados al Registro Mercantil, esta empresa se constituyó el 10 de diciembre de 2013 con 3.100 euros de capital y ya en 2014 recibió un mínimo de 59.000 euros de los fondos de cooperación de la Diputación de Barcelona, según la documentación analizada por eldiario.es/Catalunyaplural.cat. Los fondos se otorgaron a través de  tres encargos sin concurso.

La administradora de Voltia Solutions, SL, Carme Mullerat, tiene otras dos empresas sin ninguna relación con la cooperación al desarrollo: Mullerat Gestions, SL, que se dedica a la asesoría fiscal y financiera, y MIBA Patrimonial, SL, cuyo objeto es la compraventa inmobiliaria.

eldiario.es/CatalunyaPlural.cat solicitó el pasado viernes, día 15, aclaraciones por escrito a la Diputación de Barcelona sobre los fondos de cooperación al desarrollo. Un portavoz de la institución aplazó cualquier contacto hasta la semana que viene alegando que Jordi Castells Masanés, director de Relaciones Internacionales y responsable de los programas de cooperación al desarrollo, estaba de viaje, aunque varios testigos le han visto en Barcelona con posterioridad a estas explicaciones.

Castells Massanés fue nombrado en 2012, promovido por Jordi Matas, entonces coordinador general de la entidad. Matas dimitió en 2012 al destaparse la facturación de su empresa con la Associació Catalana de Municipis (ACM), de la que era coordinador a las órdenes del hoy presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve.

La Diputación se ha limitado a emitir dos breves comentarios a través de Twitter: “Hemos destinado 1M€ a través de empresas y fundaciones para proyectos de cooperación al desarrollo. Es un cambio de modelo. Nada más”. Y el segundo: “Creemos en el modelo anglosajón de vehicular ayuda internacional a través de empresas del sector. Igual de legítimo que hacerlo con las ONG”.

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