El partido Iustitia Europa denuncia a Netanyahu ante la Audiencia Nacional por la detención del militar español en Líbano

El partido político extraparlamentario Iustitia Europa ha interpuesto ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi y contra otros mandos y militares israelíes aún por identificar por la presunta comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, detención ilegal y coacciones. Los hechos que se recogen en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron el pasado 7 de abril cuando un sargento del Ejército español que formaba parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) fue presuntamente detenido ilegalmente por fuerzas israelíes durante aproximadamente una hora.

La formación presidida por el abogado Luis Pardo, que se identifica como “apartido” y ha ejercido la acusación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, califica el episodio de “ataque deliberado y flagrante violación del Derecho Internacional” y recuerda que se produjo cuando un convoy logístico del contingente español de la FINUL (cascos azules) fue “interceptado de manera hostil por fuerzas israelíes en la demarcación de Taybeh”. Cabe recordar que sobre esta detención, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, indicó el pasado jueves que ella había tenido controles de tráfico en los que había estado “bastante más tiempo retenida”.

La denuncia explica que ese personal español que fue retenido por fuerzas israelíes operaba bajo el amparo de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el respeto a la seguridad y libertad de movimiento de la FINUL. “Durante la interceptación, un sargento español fue extraído violentamente de su vehículo, retenido ilegalmente durante aproximadamente una hora y sometido a violencia física y trato degradante, antes de ser liberado tras una intensa presión diplomática”, recuerda.

Añade que el incidente ha sido calificado por fuentes oficiales como un “acto absolutamente hostil con violencia física” y recuerda que tras ser extraído e introducido con violencia en otro vehículo sufrió “un traslado forzoso a una localización distinta y no autorizada, consumando así una privación de libertad ambulatoria”. Suma a esto que lo ocurrido “no solo constituye una detención ilegal en toda regla, sino un trato degradante proscrito por el Derecho Internacional” que fue ejecutado “con la clara intención de amedrentar y desmoralizar al contingente de paz”.

Lamenta además que la liberación del militar solo se produjo “tras una intensa y urgente gestión diplomática del Gobierno de España ante las autoridades israelíes” y asevera que este no es un hecho aislado o fortuito sino que se enmarca “en un patrón de hostigamiento” dado que se han dado ataques directos e indirectos contra patrullas de la FINUL.

Tras describir lo acaecido, la formación indica que la Audiencia Nacional es la competente para conocer de la denuncia dado que los hechos descritos son compatibles con el delito de crímenes de guerra y no consta que se haya iniciado procedimiento alguno en Israel ni en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Y recuerda que afectan a un ciudadano nacional y atenta contra los intereses del Estado español en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como contra la propia arquitectura de seguridad colectiva de las Naciones Unidas.

La responsabilidad penal

Para Iustitia Europa la responsabilidad penal debe recaer primariamente en los militares que ejecutaron materialmente la detención porque fueron autores directos de la interceptación del convoy, de la coacción para detenerlo, de la extracción del militar español de su vehículo, y de su posterior retención y traslado forzoso. “La identificación precisa de estos ejecutores materiales es, por tanto, una de las finalidades primordiales de la fase de instrucción que se solicita, a fin de que respondan individualmente por sus acciones”, añade. Y suma a esto que el Derecho Penal Internacional “ha consolidado el principio de responsabilidad del superior para la prevención y sanción de atrocidades”. Por otro lado, resalta que aunque la jurisdicción penal se centra en la responsabilidad individual, considera que los actos denunciados conllevan “la responsabilidad internacional del Estado de Israel”.

La denuncia solicita una serie de diligencias a la Audiencia Nacional, como que requiera a Interpol y Europol que identifique al personal israelí que llevó a cabo la detención; que recabe los informes al respecto que hayan elaborado desde el CNI; y que cite en calidad de testigos tanto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el militar retenido, entre otras.