El Gobierno quiere usar su mayoría en Parc Central para impulsar el Corredor Verde que rechaza Català

El Gobierno quiere usar su mayoría en la sociedad Parc Central para impulsar el Corredor Verde en el Bulevar García Lorca y plantar batalla a la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ya ha mostrado las cartas de su proyecto para la capital. El Ejecutivo central ha puesto pie en pared y ha decidido pasar a la ofensiva en la que está resultando una de las mayores batallas en la ciudad, que alterará su configuración para las próximas décadas: o un gran jardín que conecte los barrios, o un espacio verde atravesado por el tráfico.

El Ejecutivo ya dio un golpe sobre la mesa el pasado jueves, empleando el voto de calidad para nombrar al director gerente del órgano. Lo hizo por sorpresa, en la misma sesión en la que se produjo el tercer veto del Ayuntamiento de València y la Generalitat a incorporar a la delegada del Gobierno como consejera, provocando un enfado monumental en el equipo de María José Catalá. Tras esta sesión, desde el Ministerio de Transportes dejaron caer que no van a permitir que se paralice el proyecto en la ciudad. Y que a esta batalla van con todas las armas. “Lo que no vamos a permitir es chantajes ni vetos”, señaló el secretario de Estado de Transportes y presidente del consejo de administración, José Antonio Santano.

La delegada del Gobierno y líder del PSPV en la ciudad, Pilar Bernabé, avanzó el viernes que el Gobierno “va a seguir trabajando para sacar adelante la inversión más importante que ha hecho en la ciudad de València” y que “incidirá en que no se cometa el gravísimo error de meter carriles de coches donde podría haber un gran parque”, como están exigiendo los movimientos vecinales al Ayuntamiento de PP y Vox. Por si hubieran dudas, la dirigente socialista publicó un vídeo en sus redes sociales en el que aseguraba que “ni de coña” se iba a parar el Corredor Verd por el “veto” de la alcaldesa a su participación.

La intención del Ejecutivo, según trasladan fuentes próximas, es solicitar todos los informes complementarios que sean necesarios para estudiar el Corredor. Se pueden pedir informes de salud, de impacto de género, de contaminación y también de movilidad, como señaló Pilar Bernabé el pasado viernes. Como explicó Levante-EMV, los estatutos de la sociedad permiten que se pidan informes complementarios, y ello facultará al Gobierno disputar con datos el proyecto que ha presentado la alcaldesa, que ha generado un fuerte rechazo. Las obras son potestad de la Sociedad Parc Central, además de otras actuaciones como suscribir el contrato de paisajismo, para el que el Ayuntamiento quiere a Kathryn Gustafson, o impulsar un proceso participativo vecinal.

El pasado miércoles, en un encuentro con el concejal de Movilidad, vecinos del Edificio Iturbi -en la frontera de La Raiosa con Malilla- ya abroncaron al edil Jesús Carbonell por todo el trabajo del consistorio en el último año sobre el Bulevar. Le reprocharon que con un informe de movilidad el Ayuntamiento ya daba el asunto por resuelto y le exigieron informes complementa. “Es un tema de urbanismo, no de movilidad”, le recriminaron, al tiempo que reprocharon que el consistorio le mandaba a él porque a su compañero en Urbanismo, Juan Gimer, se lo hubieran “comido”.

Adif y Adif Alta Velocidad suman el 50% del accionariado, mientras que el restante se divide a partes iguales entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València. El consejo de Administración lo preside el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, y también participa un representante de Adif, junto a la alcaldesa de València y el conseller de Infraestructuras de la Generalitat. Y ahora, tras dos sesiones de bloqueo, el órgano cuenta con un nuevo director gerente de la confianza del Ministerio de Transportes: Vicente Palomo, coordinador técnico de la Oficina del Corredor Mediterráneo durante los últimos ocho años.