PP y Vox introducen por primera vez el término “prioridad nacional” en ayudas públicas de la Generalitat Valenciana

El PP valenciano ha vuelto a claudicar ante Vox y ha respaldado la aparición del término “prioridad nacional” por primera vez en unos presupuestos autonómicos, en concreto para la concesión de ayudas a la compra o al alquiler de viviendas.

El portavoz del partido de extrema derecha, José María Llanos, ya advirtió hace una semana de que las cuentas para el ejercicio 2026 de la Generalitat Valenciana que preside Juan Francisco Pérez Llorca iban a ser “las primeras de España en incluir de forma expresa la prioridad nacional” y así ha sido.

PP y Vox han exhibido este lunes total sintonía durante las primeras votaciones de las enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts al aprobarse mutuamente todas sus iniciativas y rechazar la totalidad de las presentadas por el PSPV y Compromís.

Así, en lo referente a la normativa de aplicación para conceder ayudas al alquiler o a la compra de vivienda, ambos partidos han aprobado añadir el siguiente artículo: “Facilitar el acceso a una vivienda pública en régimen de propiedad o alquiler de la Generalitat Valenciana, inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.

Esto supondrá la “exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en la Comunitat Valenciana y España”. También el “refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”. A tal efecto, “se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado que residen en la Comunitat Valenciana, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la región”.

Al mismo tiempo, “se valorarán positivamente, a su vez, a efectos de criterios de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos en la actual crisis de vivienda”, mientras que quedarán excluidos “aquellos que hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento de morada o usurpación de viviendas en los últimos cinco años”. Lo mismo sucederá “cuando se haya emitido contra ellos resolución administrativa firme que ordeno la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública. Por otra parte, se eliminarán los criterios que favorezcan ”el desarraigo social o distorsionan la asignación de recursos públicos“.

Vox también ha exigido mediante la presentación de enmiendas tanto a los presupuestos como a la Ley de Acompañamiento la introducción del concepto de prioridad nacional en servicios sociales, en concreto en la Renta Valenciana de Inclusión. Todas las enmiendas se irán debatiendo y aprobando si se mantiente el acuerdo entre el PP y Vox en los próximos días.

Antes del debate, en declaraciones previas a los medios, Vox ya había avisado nuevamente al PP de que, si no acepta sus enmiendas sobre prioridad nacional, no aprobará la ley de presupuestos de la Generalitat para 2026, al tiempo que ha defendido que este principio es «sentido común puro y duro» y ha garantizado que excluye «a nadie». Mientras, los 'populares' se muestran abiertos a escuchar y dialogar con todos los grupos para mejorar las cuentas autonómicas.

En materia de vivienda, el PSPV y Compromís han acusado al PP y Vox de estar “al lado de los que especulan y no al lado de las familias valencianas” mientras que los 'populares' han replicado que el problema de la vivienda “no se resuelve con eslóganes”. “Eso se demuestra con cifras, no con 'reels'” de Instagram, han argumentado.

Este primer debate se ha desarrollado entre críticas al contrato de 2,2 millones de euros otorgado a PwC para elaborar el plan de reconstrucción tras la dana que la Sindicatura de Comptes “acaba de concluir que considera injustificado y que debería haberse realizado mediante un procedimiento con más controles y más concurrencia”, tal y como avanzó elDiario.es.