Vox quiere una 'policía educativa' en las aulas valencianas que vele por la “neutralidad ideológica” de los docentes

Vox no solo quiere colar la 'prioridad nacional' para aprobar los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Entre las enmiendas presentadas a las cuentas autonómicas de Pérez Llorca, la formación ultra exige el “estricto cumplimiento” de la neutralidad política y social en las aulas de la Comunitat Valenciana.

Así, la iniciativa plantea la adición de un nuevo apartado a los deberes del personal docente recogidos en el Decreto 193/2025 de convivencia en el sistema educativo, e introduce una sección específica bajo el título 'Plan de Convivencia' que busca “blindar la actividad escolar frente a posicionamientos partidistas o dogmáticos”.

De acuerdo con el documento presentado en las Corts Valencianes al que ha tenido acceso elDiario.es, “los directivos, los docentes y el consejo escolar del centro educativo deben velar por su neutralidad ideológica”.

Esta obligación afectará de manera integral al diseño, aprobación, impartición y control de los contenidos educativos, así como a la programación de actividades y la elección de los libros de texto y otros materiales didácticos. Vox pretende que se actúe “evitando cualquier forma de adoctrinamiento ideológico”.

Además, la propuesta extiende esta responsabilidad hacia los agentes de fuera de la comunidad escolar. La enmienda establece que el profesorado y los equipos directivos “también son responsables de los contenidos que puedan impartir personas y colectivos externos al centro”. Esta medida obligará a un control previo de las conferencias, talleres o charlas complementarias que organicen asociaciones extraescolares en las instalaciones públicas.

Refuerzo de la Inspección Educativa

Esta propuesta complementa otra enmienda presentada por Vox orientada a facultar a la Inspección de Educación para que actúe de manera prioritaria cuando existan indicios de vulneración de derechos. En esos casos, los inspectores mantendrán la competencia de “velar por la seguridad, bienestar o derechos fundamentales del alumnado” mediante visitas y entrevistas de urgencia en los centros escolares.

El redactado mantiene que estas labores de control se desarrollarán bajo los principios de “objetividad, proporcionalidad, contradicción” y salvaguardando la “presunción de corrección en la actuación de los profesionales de la educación”.