Iván Cepeda, senador de voz pausada y reconocido por sus camisas sin cuello, será la principal carta de la izquierda colombiana para buscar la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro en las elecciones de mayo de 2026. A sus 63 años, este bogotano ha emergido de la consulta interna de la coalición gubernamental del Pacto Histórico como un imán para el heterogéneo espacio progresista local. Tras superar a la exministra de Salud del actual Gobierno, Carolina Corcho, su candidatura simboliza una etapa inédita de madurez política en un bloque ideológico que fue marginal durante años. Además, su padre, el también congresista Manuel Cepeda, fue asesinado por los paramilitares en 1994, un legado trágico que ha guiado su defensa de los derechos humanos. Y hoy el optimismo en los cuarteles generales de la fuerza gobernante es tangible.

La fuerza que irradia Cepeda también está cimentada en sus denuncias contra el expresidente de derechas Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos en un caso engarzado al mundo paramilitar. El proceso judicial, interpuesto por el senador de izquierdas, ha superado dos etapas penales. En principio desembocó en una condena a 12 años contra el poderoso político antioqueño. La revisión del caso en segunda instancia, sin embargo, revocó la condena. Y el expediente ahora sigue su curso, en teoría, hacia su último capítulo en la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, en un recurso que puede tardar hasta cinco años más. 

Una consulta abierta a toda la ciudadanía

Mucho se ha debatido en Colombia sobre el alcance de los 2,7 millones de votantes que participaron en las primarias del pasado domingo. Fue un proceso abierto a toda la ciudadanía –no solo a los militantes de la coalición–. Analistas y opositores coinciden en que se trata de un umbral muy aceptable para un ejercicio que no es frecuente en el país. “Esta es una experiencia que otorga legitimidad al Pacto Histórico. Más aún en una democracia donde los partidos se caracterizan por un modelo personalista. Aquí los barones electorales eligen a los candidatos con bolígrafo. Sin discusión democrática en las bases”, explica a elDiario.es Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado.

“La primera lección de esta consulta es que solo la izquierda ha logrado encontrar un mecanismo democrático para dirimir una candidatura entre sus aspirantes y, además, organizar una lista cerrada para las elecciones a Congreso. Este último punto resulta un mecanismo muy novedoso en el país. Nunca se había empleado”, afirma por su parte el politólogo Yann Bassett. Se refiere a que la consulta interna también sirvió para definir las listas del progresismo al Senado y la Cámara que competirán en las legislativas del próximo 8 de marzo. En resumen, y a pesar de algunos tropiezos logísticos en la organización de la Registraduría, la jornada ha servido para perfilar varios puntos aún pendientes en el caso de otras fuerzas políticas. 

A juicio del sociólogo y militante de izquierda Luis Eduardo Celis, el hecho de que el centro político y la derecha se hayan negado a celebrar sus propias consultas de manera paralela denota una realidad que no beneficia a la democracia. Apunta que la derecha, “que no es suicida”, sabe que debe defender su candidatura a través del Centro Democrático. No pueden llegar divididos en la primera vuelta de mayo próximo. De hecho, ya han anunciado que realizarán una especie de encuesta en noviembre. “Les ha costado mucho organizarse, y supongo que querían evaluar primero lo que sucedía con el Pacto Histórico antes de enfrentarse a una competencia que podría resultarles desfavorable”.

La izquierda ha logrado encontrar un mecanismo democrático para dirimir una candidatura entre sus aspirantes y, además, organizar una lista cerrada para las elecciones a Congreso

Yann Bassett — Politólogo

Para formarse una idea, los más de dos millones y medio de sufragios depositados el pasado domingo se acercan al número de electores que impulsaron la lista cerrada del progresismo en las legislativas de 2022. En aquella ocasión, el PH sumó un 18,5% del total de escaños. Un resultado histórico, dado que la izquierda colombiana siempre fue residual dentro de un sistema presidencialista férreo y bipartidista. Celis describe aquel viejo mundo como “una fiel representación del viejo mundo republicano ligado al capital, no al trabajo”. Sin embargo, en los últimos 25 años, la cerrazón ha cedido y en su opinión hoy existe un panorama mucho más abierto. Allanado, quizás, por el proceso de paz entre el Estado y la desmovilizada guerrilla de las FARC (2016) y el estallido social de 2021: “Hoy el progresismo puede demostrar que es la mayor fuerza organizada del país”.

Continuismo

Desde la victoria de Gustavo Petro en 2022, se venía barajando la tesis de que, después de casi dos siglos de vida republicana, la contienda política en Colombia se había “latinoamericanizado”. El péndulo se movía, de una vez por todas, en ambas direcciones. Como en Argentina, Chile o Brasil. Con una izquierda democrática, además, deslindada de viejos estigmas guerrilleros. “Quiero agradecer, en especial, a los campesinos, a los pueblos indígenas y a los pueblos afrodescendientes (...). No voy a ir a debates a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos ni a denigrarse. Hablemos sobre retos, conceptos e ideas de país y no sobre amenazas”, afirmó Iván Cepeda el domingo en la noche tras conocer los resultados.

Varias cosas quedaron claras. El flanco que representa Cepeda, enraizado en una izquierda clásica de aparato, recoge la voz contra la violencia de Estado, especialmente del paramilitarismo de extrema derecha, y continúa con el proyecto reformista de Petro. Por eso los resultados también refrendaron la gestión del presidente, cuyos niveles de aprobación giran en torno al 34% con un repunte en la percepción de su gestión en agosto, según una encuesta confeccionada por el portal Bloomberg. Las críticas contra su fallida estrategia de paz con los grupos armados ilegales o la deriva profunda en la reforma de salud no han pasado factura entre sus seguidores.

Ahora queda por verse el impulso político que recibirá la derecha tradicional, tras la exoneración en segunda instancia de su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe. Esta decisión judicial, que revocó la condena inicial de 12 años de prisión por soborno de testigos y fraude procesal en una investigación vinculada al paramilitarismo, ha sido recibida como un bálsamo por ese sector político. Al proceso penal, impulsado por Iván Cepeda, aún le queda un último capítulo que será dirimido por la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ahora cuál será la narrativa de la izquierda de cara a 2026?

Las primarias dejaron algunas pistas. Para Jorge Iván Cuervo, ha emergido un nuevo electorado. En su opinión más complejo, y cuyo voto, quizás, se aleja cada vez más de los canales tradicionales de la política colombiana: “Un universo que no cabe en los programas de los partidos históricos o conservadores porque no tienen una respuesta para llegar a los movimientos sociales, a los votantes de las comunidades étnicas. También hay que resaltar la renovación de liderazgos en la izquierda colombiana. El análisis quedaría incompleto sin mencionar la influencia de jóvenes que han hecho la tarea para llegar al Congreso con un perfil más mediático, a través de las redes sociales. Todo esto era un anhelo hace cuatro años, hoy es una realidad sobre el mapa político”.

El Tribunal Superior de Bogotá ha revocado la condena contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe por los cinco delitos por los que fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión, tres de soborno y dos de fraude procesal. La resolución todavía puede recurrirse ante la Corte Suprema.

El tribunal ha dado a conocer este martes el fallo de segunda instancia sobre la sentencia a 12 años de cárcel domiciliaria contra el expresidente colombiano por un caso de sobornos. Los jueces han criticado duramente la primera sentencia y la “técnica deficiente” de la jueza, que incurrió en una “valoración sesgada de la prueba”, y han anulado varias de las grabaciones al expresidente que sirvieron para la condena original.

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente, luego de que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, lo hallara culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La decisión que se ha dado a conocer este martes fue tomada la semana pasada, según lo indicó el propio Tribunal, y las partes se han enterado de su contenido en una audiencia.

La sentencia puede ser apelada

El fallo de segunda instancia es producto de una apelación de la defensa de Uribe y de la Procuraduría (Ministerio Público), que consideran que la condena no tiene fundamentos jurídicos.

La sentencia de segunda instancia puede ser también apelada ante la Corte Suprema de Justicia, con lo que será este alto tribunal el que decida si se condena o se absuelve a Uribe en este largo proceso que se arrastra en los tribunales desde hace 13 años.

El pasado 30 de septiembre el abogado Diego Cadena, que tuvo vínculos con Uribe, fue condenado a siete años de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal de un exparamilitar.

El juez absolvió a Cadena “por duda razonable” de otros dos delitos de los que estaba acusado en este juicio, directamente relacionado con el caso por el que fue condenado Uribe.

El expresidente afronta esta parte de su juicio en libertad luego de que a mediados del mes pasado la Corte Suprema de Justicia confirmara la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que lo dejó en libertad hasta que la sentencia quede en firme.

Los orígenes del caso

Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe ha demandado senador de izquierdas Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Senado contra él por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La Corte no solo decidió no investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo.

Pese al fallo condenatorio, Uribe, que fue senador entre 2014 y 2020, continúa participando activamente en la vida política colombiana y buscará volver al Congreso en 2026.

El exmandatario será el número 25 en la lista cerrada al Senado del Centro Democrático, para las elecciones legislativas del 8 de marzo del año próximo, y mantiene una agenda diaria de reuniones con distintos líderes del país para tratar de forjar una alianza de la derecha para las presidenciales del 31 de mayo.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), condenado en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia.

La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió “amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez” y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que en la sentencia que le impuso a doce años de cárcel en régimen domiciliario había ordenado su “privación de libertad inmediata”.

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que Heredia lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado 'juicio del siglo' en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.

Tres días después de conocer la pena, la defensa del exmandatario presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá esta acción de tutela (recurso de amparo) solicitando su libertad, al considerar que la jueza vulneró sus derechos fundamentales.

El equipo jurídico cuestionó, entre otros, que la magistrada justificara la detención inmediata de Uribe con la necesidad de garantizar “la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”, argumento que la defensa calificó de ambiguo y carente de sustento, constituyendo una “motivación aparente”.

La Sala falló a favor de la defensa del expresidente, pero desestimó un recurso similar presentado por el Centro Democrático, al considerar que no demostró cómo la restricción de la libertad de su líder afectaba derechos fundamentales propios o de la organización política.

El fallo señala que en los recursos de apelación se cuestionaron varios comentarios y decisiones del proceso que “presuntamente develan que la juez y fiscal actuaron con parcialidad, abuso de funciones, irrespeto, defendiendo intereses políticos e ideológicos, y con animadversión hacia el ciudadano y expresidente procesado”, aunque aclaró que esos señalamientos deberán resolverse en la segunda instancia y no en esta tutela.

La defensa de Uribe apeló el pasado 13 de agosto la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre próximo para pronunciarse en segunda instancia.

Este caso comenzó hace trece años cuando Uribe, de hoy 73 años, demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de izquierda Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Contrario a lo que imaginó Uribe, la Corte decidió no investigar a Cepeda y en cambio le abrió una investigación a él por manipular testigos para que no declararan en su contra.

Álvaro Uribe Vélez fue hasta principios de este milenio un político bastante desconocido en Colombia. Era, en resumen, el hijo de un adinerado hacendado antioqueño con una trayectoria de algo más de dos décadas en la vida pública de su departamento natal. No hace falta subrayar su influencia en el ámbito local ni que ya era un personaje difícil de leer. Pero, detrás de su apariencia de académico discreto, hay una cruenta sombra que ha sobrevolado su currículo desde que llegó a dirigir con tan solo 28 años el capítulo regional de la Aeronáutica, la autoridad encargada de la regulación de la aviación civil en el país sudamericano.

Hay quien recrimina, tras su reciente condena a 12 años de prisión domiciliaria, que la intoxicación de titulares, a favor o en contra, ha omitido un asunto de fondo: su inquietante cercanía con la historia del paramilitarismo ¿Se trata de una vieja paranoia de la izquierda o el proceso penal que afronta en segunda instancia por soborno de testigos reforzará la conexión con ese universo sanguinario?

Para entender al que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, el jesuita e historiador Fernán González propone un marco amplio como punto de partida: “Es importante comprender que en la formación del Estado en Colombia ha habido una tendencia histórica a privatizar el uso de la violencia”, señala a elDiario.es. “Eso es clave porque, en paralelo a la construcción de unas instituciones, más o menos modernas, a la celebración cumplida de elecciones, se consolida un esquema de poder regional muy proclive a la solución armada de diversos conflictos”.

El mundo de Uribe comienza allí. Su padre, Alberto, murió en 1983 en la conocida Hacienda Guacharacas, durante un tiroteo para repeler el intento de secuestro de un escuadrón de la guerrilla marxista de las FARC. Era un ambiente rural muy hostil donde la mano negra de la insurgencia asolaba, cada vez con más fuerza, a aquellas élites terratenientes.

Tampoco podría entenderse la emergencia de este fenómeno sin profundizar en el papel del Ejército en la consolidación de esta larga guerra sucia: “El paramilitarismo surge a finales de los 70, principios de los 80, como un brazo paralelo del Estado colombiano. Desde entonces, pequeños grupos de oficiales y suboficiales en torno a zonas del Magdalena Medio y Segovia (Antioquia) [en el centro del país] comenzaron a cumplir acciones encubiertas contra civiles y grupos de izquierda”, explica a elDiario.es el reportero y estudioso del conflicto colombiano Óscar Parra.

Un político fuerte de Medellín

Álvaro Uribe Vélez era un veinteañero cuando asumió la dirección de la Aerocivil en 1980. Diversas investigaciones periodísticas y pesquisas de órganos como la Procuraduría, han revelado que durante su mandato, el regulador concedió alrededor de 150 permisos de operación para aeronaves pequeñas tramitadas, al parecer, por testaferros de narcotraficantes como Pablo Escobar, Carlos Lehder o Fabio Ochoa. Entre los registros, además, destacan varios de ellos a nombre de Martha Upegui de Uribe, conocida como la “reina de la cocaína”. Lo resume el politólogo Eduardo Andrés Celis: “Ella no tuvo la exposición de otros matones, pero en su época fue más temida que todos”.

Más adelante fue, de forma transitoria, alcalde de Medellín (1982), la segunda ciudad del país por tamaño. Luego asumió como concejal (1984-1986) siendo militante del Partido Liberal. Y a pesar de ser una figura discreta a nivel nacional, ya aparecía en los archivos de Defense Intelligence Agency (DIA) del Ejército estadounidense. Hoy se sabe que fue incluido en 1991 en un listado de la agencia con un centenar de nombres vinculados directa o indirectamente a los cárteles del narcotráfico.

No cabe duda de que eran tiempos recios. Con una atmósfera política colérica y teñida de sangre: “Había un ambiente de zozobra en las fuerzas militares colombianas y los poderes regionales porque el presidente conservador Belisario Betancourt (1982-1986) puso sobre la mesa un proceso de paz con las guerrillas para darle salida negociada al conflicto armado interno”, relata Fernán González.

A cambio del cese el fuego, la guerrilla marxista de las FARC pactó con el Ejecutivo de Betancourt ciertas condiciones para un eventual tránsito a la legalidad política. De esta forma nació, en 1985, la extinta formación de izquierdas Unión Patriótica (UP), una suerte de brazo civil de la insurgencia que arañó algunos éxitos electorales a nivel regional y departamental.

La Defense Intelligence Agency (DIA) del Ejército estadounidense incluyó a Uribe en 1991 en un listado con un centenar de nombres vinculados directa o indirectamente a los cárteles del narcotráfico

Este es otro punto de inflexión en la construcción de Uribe, una de las figuras clave en la Colombia del último cuarto de siglo: “Ahí viene el desastre. Algunos políticos locales de la UP sirvieron de puente electoral a las FARC. Pero la guerrilla, al mismo tiempo, siguió avanzando con su estrategia de todas las formas de lucha. Amplió su poder militar. Extorsionaba. Asesinaba. Como resultado, nace una reacción feroz de los poderes regionales contra la izquierda y la solución política negociada”, cuenta González.

Aquellos grupos de poder regionales atestiguaron con pánico cómo la guerrilla avanzaba en las urnas y, en paralelo, se fortalecía para la guerra. Bajo esas condiciones, los sectores más tradicionales desecharon por completo la posibilidad de diálogo. Y así llegó la respuesta paramilitar, en connivencia con aparatos estatales como el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y toda una amalgama de latifundistas, ganaderos, bananeros y líderes políticos locales vinculados a los partidos tradicionales Liberal y Conservador. Todos unidos por un enemigo común. ¿El resultado? Más de 3.000 miembros de la UP fueron asesinados en las décadas siguientes.

Allí se halla el germen de la reacción oficial: el terror se combatió con más terror. La carrera de Uribe Vélez, por su parte, seguía su curso. Fue elegido gobernador del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, entre 1995 y 1997, un período en el que las masacres y las ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros, civiles o sindicalistas se exacerbaron.

La seguridad por bandera

A todo ello se suma un decreto expedido por el presidente liberal César Gaviria en 1994. La norma dio carta blanca para reglamentar grupos privados de vigilancia armada en el campo. Una figura nebulosa, agolpada bajo el acrónimo de CONVIVIR: Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural.

Desde entonces, Uribe Vélez declaró de manera abierta su complacencia con dicho mecanismo de seguridad que permitía el porte de armas y el uso de equipos de comunicación militar en ciertos casos. Todo ello con el fin de resguardar aquellas zonas donde el Estado colombiano tenía dificultades para garantizar el orden público. Sin embargo, la hemorragia de violencia no tardó en quedar descarnadamente al desnudo y el mismo Uribe revocó la licencia de operación.

La estela de sangre caliente y devastación en el campo ya era muy profunda. Una sentencia del Tribunal de Justicia Transicional de Bogotá lo ratificó en 2013. El fallo, vinculado a un líder paramilitar apodado HH, estableció que las CONVIVIR, que llegaron a sumar 20.000 miembros repartidos en 700 agrupaciones, fueron un elemento fundamental en este capítulo de la guerra. Sirvieron como fachada legal para la alianza macabra entre los batallones de antiinsurgencia del Ejército y campesinos convertidos en sicarios.

La ley de Gaviria fue la cloaca que los escuadrones utilizaron como escudo para perpetrar masacres en Antioquia, como la de los municipios de El Aro (1997) y La Granja (1996). Por estas dos acciones terroristas, declaradas delitos de lesa humanidad, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia abrieron investigaciones en 2015 contra Uribe Vélez por presunta complicidad u omisión para impedir la sangría cuando oficiaba como Gobernador. El expresidente ha dicho que se trata de una “infamia” y de “maniobras políticas”.

“Allí surgen más preguntas complejas”, asegura Óscar Parra, “relacionadas con la formación y financiación del Bloque Metro de los paramilitares en la Hacienda Guacharacas de su familia”. La misma donde el patriarca de los Uribe fue asesinado en el 83. Paramilitares desmovilizados han declarado ante el Tribunal de Justicia transicional que esas tierras sirvieron como centro fundacional, en 1996, de uno de los numerosos bloques criminales que florecieron en varias zonas del país. El expresidente Uribe también ha refutado esa tesis con el argumento de que su clan ganadero fue desterrado del sector, y que desde principios de los 80 nunca ha visitado aquellos predios.

“Pero por alguna razón, las investigaciones no avanzan. Es muy complejo: hay muchos indicios, testimonios y nadie se anima a ir a fondo. Las declaraciones de los paramilitares coinciden: el período de fortalecimiento de sus ejércitos en regiones del entorno antioqueño se da en paralelo a su paso por la Gobernación de Antioquia. En ese entonces no tenía el fuero presidencial que lo cubrió después. Pero en Colombia no ha habido ni siquiera una reflexión profunda sobre su responsabilidad política por todo esto”, añade Parra.

Llegados a este punto conviene dejar claridad: Uribe no fue quien ideó esa maraña de ejércitos de extrema derecha, muchos de ellos enzarzados en guerras cruzadas y con discursos políticos muy descafeinados. No obstante, su andadura política discurre y confluye de cerca con numerosos acontecimientos relacionados. Y su figura llegaría a acumular tal acervo de poder que Fernán González opina que es quizá el símbolo más visible de esa simbiosis entre política y privatización de la violencia: “Es un fenómeno que concentra muchos de los rasgos de una visión de Estado que lo antecede varias décadas pero que del cual, quizá, él es la figura más visible”.

Su irrupción llegó en las presidenciales de 2002. Ya se había separado del partido Liberal y se presentó como candidato independiente del movimiento Primero Colombia, con el cual consiguió la victoria con el 54% de los votos. También funcionó como pegamento ideológico de los bloques ‘paras’ en su cruzada contra las izquierdas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que por aquellos días alcanzaron otro punto de quiebre en la guerra contra el Estado.

A los descarnados ataques contra civiles, se sumó el avance insurgente hacia el extrarradio de las grandes ciudades. De las lejanas junglas y montañas de la Colombia más marginada, las FARC pasaron a la ofensiva. Como consecuencia, la opinión pública se endureció contra las guerrillas. El país repudió sin matices la ola de terror y exigió la recuperación militar del territorio.

El ocaso y la condena

Uribe despegó rodeado de ese ambiente. Bajo el eslogan de “mano firme, corazón grande”, alcanzó la atención nacional. Media Colombia quedó prendada con aquel abogado de manejo fluido de la jerga empresarial. Católico y defensor del liberalismo clásico. Pero también un chalán de poncho y aire sereno que ondeaba su discurso contra la corrupción. “Al principio de su Gobierno propuso un intercambio entre ‘menos libertades’ y ‘más seguridad’, intercambio que se expresaría legislativamente en el llamado ‘estatuto antiterrorista’”, escribe el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín en un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad.

Contaba con el apoyo, además, de Estados Unidos. Era un respaldo sellado hace más de medio siglo, desde que la superpotencia pavimentara el suelo estratégico para desalojar las ideas de izquierda en Colombia y el resto del continente. “Los americanos implantaron su doctrina del enemigo interno en la región. El control, en principio, fue político y se regía bajo las directrices de seguridad nacional de Washington. Esa asociación está muy bien documentada en los archivos desclasificados del Departamento de Estado a partir de los 80. Luego en los 90 financiaron con más fuerza la guerra antiguerrilla y la política de Seguridad Democrática de Uribe”, apunta Celis.

Con la ingente ayuda militar y el visto bueno de la Casa Blanca, solo faltaba activar la avanzada sin cuartel contra el grupo guerrillero que había asesinado a su padre y habría llegado a copar, según algunas estimaciones, hasta el 40% del mapa. En ocho años de Gobierno adelantó parte de su objetivo. Llevó la presencia del Estado, a través del Ejército, a zonas olvidadas durante décadas. Las FARC retrocedieron. Perdieron a sus cabecillas históricos y se vieron abocados a firmar la paz con el Estado en la siguiente Administración. La de Juan Manuel Santos, su exministro de Defensa y delfín, con quien hoy mantiene una rivalidad cerril por cuenta de aquellos diálogos entre el Estado y la guerrilla celebrados en La Habana que el viejo halcón de Medellín encajó como una traición personal.

De cualquier forma, los tres grandes nudos que marcaron el mandato uribista en materia del manejo del conflicto armado con las autodefensas fueron: el proceso de paz con los paramilitares; los asesinatos extrajudiciales de civiles, reportados por el Ejército como bajas en combate; y el escándalo conocido como la parapolítica. Al menos 61 congresistas pertenecientes a su bancada fueron condenados por vínculos con los ‘paras’.

El bloque político que respaldó su propuesta —incluyendo al Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana— acumuló varias investigaciones por aquellos nexos macabros. “Era una locura porque metían a un congresista a la cárcel y asumía el siguiente. Y de forma automática la Corte quedaba habilitada para investigar al que seguía”, recuerda Óscar Parra.

El también académico de la Universidad del Rosario de Bogotá apunta que la penetración de la parapolítica ha sido, quizá, la amenaza más grave al sistema democrático: “El 35% del Congreso terminó en la cárcel. Uribe no ha asumido ninguna responsabilidad política 15 años después. Ni por las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en su Gobierno, ni tampoco por todos esos partidos que le profesaban un respaldo irrestricto y terminaron sentenciados por sus alianzas criminales”.

“Uribe encarnó un cambio de percepción de la realidad en Colombia. El programa ideológico que planteó convenció al bloque mayoritario del sistema político y a la opinión pública que la lucha armada era primordial para alcanzar la paz. No importaba a cambio de qué”, añade el investigador. La peor desembocadura de aquella partitura guerrerista fueron los asesinatos extrajudiciales.

Los mal llamados “falsos positivos”. Colombia aún desconoce cuántos militares estuvieron envueltos en aquellas matanzas. Sí se sabe, en cambio, que fueron 6.404 las víctimas civiles. “Todo esto se encuadra dentro de una política militar tomada de los Estados Unidos que se llama el ‘conteo de cuerpos’. Y es una forma de remunerar a los ejércitos por cada enemigo abatido”, detalla Celis. Uribe, en declaraciones que luego debió rectificar públicamente, aseguró en tono irónico que si algunos de aquellos jóvenes asesinados resultaron involucrados, no habría sido “porque estaban recogiendo café”.

Con el discurso estadounidense de guerra contra el terror de fondo, el Ministerio de Defensa adoptó dicho sistema de incentivos a través de ascensos y recompensas en las brigadas militares e incrementó, de forma exponencial, los resultados operativos: “Tanto en número de combates como de heridos y bajas. Generó una competencia interna entre las unidades móviles para entregar más cadáveres”, añade Celis.

Durante esos años se produjo el mayor pico de desapariciones forzosas en la historia colombiana con 24.000 casos documentados. Este contexto es clave para recordar que su Gobierno también impulsó en 2005, en tiempo récord, un proceso de paz ‘sui generis’ con los mismos bloques de autodefensas cuyos líderes, como Salvatore Mancuso, hoy vinculan al expresidente Uribe a su causa. Por primera vez en la historia de Colombia un ejército dejaba primero las armas para luego negociar. Pero el remolino militar de las FARC ya estaba bastante contenido y era el momento preciso para buscar una tregua a la guerra sucia, argumenta Fernán González.

El 35% del Congreso terminó en la cárcel. Uribe no ha asumido ninguna responsabilidad política 15 años después. Ni por las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en su Gobierno, ni tampoco por todos esos partidos que le profesaban un respaldo irrestricto y terminaron sentenciados por sus alianzas criminales

Óscar Parra — Académico

Bajo unas condiciones favorables para los criminales arrepentidos, a los cuales se les dio un estatus político muy borroso, el país comenzó a conocer testimonios escabrosos. De aquel proceso, rubricado en el municipio norteño de Santa Fe de Ralito, empezaron a salir historias de barbarie como los hornos crematorios donde se quemaron los cadáveres de colombianos asesinados. La opinión pública quedó helada. Por todo ello, la figura de Uribe también empezó a acusar cierto desgaste tras dejar el poder.

No obstante, regresó a la arena en 2014 como senador. Una misión que abandonó en 2018, cuando esta historia dio una vuelta de tuerca insospechada. Una denuncia penal impulsada por el mismo Uribe contra el parlamentario de izquierdas Iván Cepeda, hijo de un político de la ya mencionada UP asesinado en 1994, se volvió en su contra.

El tribunal a cargo del proceso cerró la denuncia inicial y abrió una nueva por hallazgos que involucraron al entonces senador con la posible manipulación de testigos. Fue un largo calvario judicial que inició hace una década y hoy, tras pasar por todos los circuitos y tribunales del sistema judicial, lo tiene bajo arresto domiciliario en una de sus fincas a las afueras de Medellín. Su pool de abogados ya ha anunciado que apelará la decisión y el país espera el desenlace de una segunda instancia.

Pero el veterano guerrero de 73 años ya no proyecta esa figura mineral de principios de milenio. Se ve cansado por momentos. Ya no mueve los hilos del poder con la misma nitidez. Y los fantasmas de la finca Guacharacas lo siguen acechando. Fue el hijo de un viejo mayordomo de la hacienda familiar, hoy preso por secuestro extorsivo, quien lo delató.

Su nombre es Juan Guillermo Monsalve. Él expuso ante la justicia que Uribe envió a un apoderado a visitarlo a la cárcel La Picota de Bogotá con el fin de torcer su testimonio y desligarlo de una de las pesquisas que Cepeda adelantaba para esclarecer, una vez más, los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el fenómeno paramilitar. “Es un poco paradójico que termine condenado por un delito de soborno después de tantos señalamientos graves, de su papel en la época de las CONVIVIR o de la carga enorme de la parapolítica”, concluye Fernán González.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha sido condenado a una pena de 12 años que deberá cumplir en prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según una sentencia divulgada este viernes, de manera adelantada, por medios locales.

El documento señala que la jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, quien leerá el fallo a partir de las 14:00 hora local, ha resuelto imponer a Uribe una pena, en primera instancia, de 12 años de prisión, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y lo inhabilitó por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

La condena es en primera instancia. La defensa del expresidente ha anunciado que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá y “de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, lo que indica que la resolución definitiva del caso puede prolongarse incluso años.

El reloj marca las 8:00 de la mañana y la plaza principal de Ciudad Bolívar está casi vacía. En este pueblo cafetero del suroeste de Antioquia, la mayoría de los hombres y mujeres jóvenes ya ha partido a las fincas donde se cultivan granos de café de exportación. Bajo la sombra de los árboles y la iglesia colonial, algunos adultos mayores toman tinto mientras conversan sobre el juicio que tiene en vilo al país.

Ana Sofía Arteaga, presidenta del concejo municipal, toma asiento en una cafetería. Hace dos años se estrenó en política con el Partido Conservador, pero reconoce que el Centro Democrático —el partido del expresidente Álvaro Uribe— es quien marca el ritmo en el municipio: su coalición ganó la alcaldía con más del 60% de los votos. “Yo admiro mucho a Uribe, es un hombre de la gente. Lo conocí el año pasado, hablamos de caballos y de fincas”, cuenta Arteaga, de 25 años, sin saber que en pocas horas será declarado culpable.

Aquí, como en el resto de Antioquia, gran parte de la población se declara uribista. Uribe gobernó entre 2002 y 2010 y es el político más influyente del país en lo que va del siglo. Su política de “mano dura” contra las guerrillas le granjeó una popularidad que rozó el 80% durante sus dos mandatos, de los que arrastra acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, presuntos vínculos con paramilitares y abusos contra la oposición. Uribe fundó su propio movimiento político y rompió con más de un siglo de bipartidismo. Hoy, sigue siendo el líder indiscutible de la derecha del país.

15 años después de dejar el poder, los políticos de Antioquia saben que exaltar el legado de Uribe es una condición necesaria para ganar. Y si se obtiene su bendición, la victoria está prácticamente asegurada.

Pero en los juzgados de Bogotá, a más de 400 kilómetros de distancia, la suerte del expresidente está en juego este lunes. La Justicia decide si el expresidente es culpable de manipular testigos para ocultar presuntos vínculos con grupos paramilitares, tras un proceso que ha durado más de siete años y que muchos en Colombia llaman “el juicio del siglo”.

Arteaga mira la transmisión especial de todos los telediarios del país que comenzó a las 8:30 de la mañana. En la pantalla, la jueza Sandra Heredia empieza a leer un fallo de más de 1.000 páginas que promete partir en dos la historia del país sudamericano. Si es hallado culpable, Uribe se convertirá en el primer expresidente con una condena penal en la historia de Colombia. Pero en Antioquia, tierra natal y bastión político de Uribe, el veredicto ya se ha decidido.

“Es inocente y el mejor presidente que ha tenido este país. Este pueblo estaba encerrado por la violencia de las guerrillas hasta que llegó Uribe. Nos devolvió la seguridad y el poder ir a las fincas a trabajar”, dice Carlos González, un adulto mayor vestido con el tradicional sombrero y poncho de la región, mientras sigue el juicio en su móvil. “A mi hermano lo mató la guerrilla volviendo de la finca. Y en esa esquina de la plaza, mataron a un vecino”, recuerda a su lado Juan Rafael Vélez.

Acto seguido, González muestra un vídeo de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador que ha saltado a la fama internacional por su mano dura contra las pandillas entre violaciones de derechos humanos y acusaciones de autoritarismo. “Esto es lo que necesita Colombia”, dice mientras presos corren semidesnudos y esposados.

“El juicio es una injusticia”, agrega Nancy Margarita Ríos, concejal del Centro Democrático. “Personas como el doctor Uribe son las que necesitamos para que este país vuelva a surgir. Porque, desafortunadamente, desde que dejó de ser presidente hemos venido en decadencia”.

Arteaga dice que sería lamentable que Uribe sea condenado. “Pero no soy fanática, Uribe no es un salvador”, añade. ¿Cambiaría su percepción en caso de ser condenado? La joven concejala mide sus palabras. Sabe que estar en contra del expresidente podría significar una muerte política en el municipio. “No lo sé”, responde finalmente.

El juicio del siglo

Este lunes, los colombianos esperaban saber el destino del político más controvertido del siglo a la hora del almuerzo. No obstante, la jueza extendió su discurso durante más de diez horas para justificar minuciosamente una decisión que la ha puesto en el ojo del huracán.

El caso que finalmente llevó al expresidente a los estrados es complejo. Se remonta a una larga disputa entre Uribe y el senador Iván Cepeda, un opositor político que ha investigado supuestos vínculos del exmandatario con los grupos paramilitares que asolaron el país entre finales de los 80 y mediados de los 2000. Según la Comisión de la Verdad, fueron responsables de al menos 205.000 homicidios entre 1985 y 2018.

La historia comenzó en 2012, cuando Uribe demandó a Cepeda por una supuesta manipulación de testimonios para relacionarlo con paramilitares. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema de Justicia archivó el caso contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió una investigación contra el propio Uribe. Según los magistrados, existían indicios de que el expresidente y sus abogados habrían presionado o sobornado a exparamilitares para que cambiaran o fabricaran testimonios a su favor, con el objetivo de desacreditar a Cepeda y limpiar su nombre.

El proceso marcó un hito histórico: Uribe se convirtió en el primer exmandatario colombiano en ser llamado a rendir cuentas en un caso penal. En agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria preventiva (en su gigantesca hacienda en el norte del país), lo que provocó un terremoto político en Colombia. Uribe renunció a su escaño en el Senado para que el caso pasara a la Fiscalía General, en ese entonces afín al expresidente. La misma Fiscalía pidió archivar el proceso en varias ocasiones, argumentando falta de pruebas. Sin embargo, jueces de distintas instancias han rechazado esos intentos, manteniendo viva la investigación, y criticando la labor de la Fiscalía.

No fue hasta que Gustavo Petro, exmiembro de la guerrilla del M-19 y enemigo acérrimo de Uribe, ganó las elecciones en 2022 cuando el caso tomó impulso. En 2024, después de múltiples audiencias, recursos legales y cambios de jueces y fiscales, el proceso avanzó hasta la etapa de juicio oral. Un centenar de testigos –incluidos políticos, exparamilitares encarcelados y empresarios– dieron su versión de los hechos mientras que todo se transmitía por internet.

Para sus críticos, es una oportunidad histórica para que la justicia alcance a uno de los hombres más poderosos del país.

Sus seguidores, en cambio, defienden que se trata de una persecución judicial motivada por sus enemigos políticos y por sectores que se oponen a su legado en la lucha contra la guerrilla. Eso es lo que piensa la mayoría de los miembros de la Cooperativa de Caficultores de Andes, un municipio de 44.000 habitantes que es considerado la capital del suroeste antioqueño.

El regreso de la inseguridad

Los caficultores atienden a elDiario.es en un centro de acopio de bultos de café, colgado de una de las abruptas pendientes de las montañas del pueblo. Los cultivos de café son también la arteria principal de este municipio que, a 170 kilómetros serpenteantes de Medellín, fue durante años víctima de la violencia de guerrilleros y paramilitares.

Luis Arroyave, de 44 años, dice que, antes de Uribe, viajar a la capital departamental era como jugar a la ruleta rusa: en una misma noche, un coche podía ser detenido hasta tres veces por hombres armados que les pedían sus documentos; guerrilleros, paramilitares y el Ejército. La vida era cosa del azar: podían continuar su camino, o ser secuestrados o asesinados sin mayor explicación.

Todo eso cambió con la llegada de la política de “seguridad democrática” de Uribe, que fortaleció a las fuerzas armadas y se negó a negociar con las guerrillas de izquierda. En cambio, llegó a un acuerdo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el más poderoso grupo paramilitar, que llevó a una polémica disolución en 2006.

Pero el apoyo a Uribe en la región no se debe solo al pasado. El caficultor Juan Carlos Gallego, de 51 años, asegura que está siendo extorsionado en este mismo instante, mientras habla con este medio.

Unos mensajes de WhatsApp desde un número desconocido le advierten que están en su finca, a pocos kilómetros de allí, y amenazan con asesinar a uno de sus trabajadores si no transfiere dinero. La foto de perfil muestra la bandera del Clan del Golfo, una banda criminal fundada por exparamilitares. Desde 2018, el grupo ha duplicado su capacidad armada hasta convertirse en el mayor grupo armado ilegal del país: tiene presencia en 25% de los municipios de Colombia; y en la mitad de los municipios de Antioquia. “Hoy ya he recibido 15 llamadas de extorsión. Estamos volviendo 25 años atrás en materia de seguridad. Yo creo que tendré que abandonar mi finca en los próximos días”, dice Gallego.

El Acuerdo de Paz de 2016 puso fin a medio siglo de conflicto con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero los sucesivos gobiernos no han logrado ocupar los territorios antes controlados por la guerrilla. En cambio, otros grupos armados han aprovechado el vacío para expandirse, desatando cruentas guerras por el territorio en las que la población civil es la mayor afectada. Solo en 2023 y 2024, más de 80.000 personas tuvieron que abandonar forzosamente sus hogares, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Es un número equivalente a toda la población de la ciudad de Pontevedra.

Para los caficultores de Andes, la “mano dura” de Uribe no solo significó tranquilidad, sino la oportunidad de más empleos e inversión en los municipios. Así que ven el proceso contra Uribe como un atentado contra el progreso. “Yo siento una injusticia muy hija de puta con ese juicio”, espeta con rabia Luis Restrepo, de 78 años, dueño de grandes extensiones de café en Andes. “No tenemos memoria en este país. La gente que habla mal de Uribe son muchachos a los que no vivieron cómo era Colombia antes de Uribe. Él, a los jóvenes, los puso a trabajar”.

Juan Carlos Escobar, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, explica que la gente de esta región se ha sentido identificada profundamente con Uribe, de manera que su popularidad se mantiene por encima de otras zonas del país que también vivieron violencia extrema. “Este es un departamento que históricamente ha sido muy conservador y católico. Y Uribe apela al trabajador que se levanta temprano, que monta a caballo, que tiene un discurso fuerte con las guerrillas. Cuando Uribe llega al poder en 2002, encarna una suerte de disputa entre la provincia y la política de la capital”, explica Escobar.

Sentados en bultos de café, los caficultores de la cooperativa juran que el proceso contra el líder de la derecha colombiana es una persecución política por parte del presidente Petro. Pero incluso así, pronostican que será hallado inocente en cuestión de horas. Sus palabras parecen calcadas a las que, desde hace meses, difunden los abogados de Uribe, políticos del partido Centro Democrático, grandes medios de comunicación y hordas de tuiteros uribistas: todo es un complot contra el más grande de los colombianos.

El fallo

La impaciencia se siente en cada pueblo en el camino que lleva de Andes a Medellín. Las televisiones de cada restaurante, billar, y cafetería de esta región de Antioquia muestran la transmisión en vivo de la audiencia de la jueza Heredia. Las puertas de las casas, abiertas para combatir el calor, revelan la misma inquietud en el interior de los salones. Radios transmiten sin cortes el monólogo de ya más de 10 horas con el que la jueza busca, asediada por todo el peso de la sociedad colombiana, explicar al detalle su decisión.

Finalmente, cuando la noche empieza a caer sobre las comunas de Medellín, la jueza anuncia el sentido de su fallo: según las pruebas, Uribe indujo a su abogado, Diego Cadena, a ofrecer dinero y beneficios a exparamilitares encarcelados. Con ello, buscaba que los criminales cambiaran su versión, negando su participación en la creación de un grupo paramilitar llamado Bloque Metro en Antioquia, a finales de los 90. Es declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El político colombiano más importante del siglo se convierte también en el primer expresidente condenado penalmente en la historia del país.

Una gran valla publicitaria en la entrada de Medellín, colocada días antes del fallo, recibe a los viajeros con un mensaje contundente: “#UribeEsInocente”. En Antioquia, el “juicio del siglo” ocurrió hace 15 años, cuando Uribe terminó su segundo mandato con una popularidad tan alta que intentó cambiar la ley para aspirar a una segunda reelección. Hace ya tiempo que el departamento lo elevó a héroe de la patria.

Mientras tanto, la radio informa sobre el mundo paralelo que se desarrolla en la fría capital. Informa de una fiesta espontánea de jóvenes en una calle rodeada de universidades, junto a un extenso mural que responsabiliza a Uribe de las 6.402 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, que ocurrieron durante su gobierno.

“Este Gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas. No presiona a la justicia que es independiente por completo del Gobierno”, dijo por su parte Petro. “Simpatizantes o no del expresidente Uribe, deben respetar esa justicia. Lo demás es la bestialidad”.

Cada aspirante a ganar la presidencia en las elecciones del 2026 decide, en ese momento, si celebrar o condenar el fallo, si apoyar o no a Uribe. Al igual que en el pequeño municipio de Ciudad Bolívar, alinearse con el legado del expresidente puede significar la victoria.

“Un fallo condenatorio podría incluso reavivar el uribismo, que ya viene en crecimiento por el Gobierno de Petro. Se va a activar toda la opinión y la maquinaria en los medios, que están muy sesgados a su favor. Es una suerte de fervor, casi una religión”, explica el profesor Escobar, quien se dedica a estudiar el sistema político colombiano. Para él, la merma de los grupos criminales que impuso Uribe se ha convertido en un anestésico frente a sombras “cada vez más evidentes”. “La gente está a punto de decir: ‘Sí, es un delincuente. Pudo haber ayudado a crear grupos paramilitares. O pudo haber sido la cabeza sistemática de más de 6.400 personas que murieron como falsos positivos. ¿Qué más da, si el país mejoró?”, afirma el académico.

La Hacienda Guacharacas

La última parada del viaje revela que esa justificación ya es casi realidad. San Roque está a dos horas al norte de Medellín, tras subir por una angosta y oscura carretera oculta bajo las copas de los árboles. Aquí, la violencia de las guerrillas, y luego de los paramilitares, tuvo a sus habitantes cautivos durante décadas.

Es también el lugar que dio a luz el mito de Uribe, su guerra contra los grupos armados de izquierda, y del juicio que posiblemente cambie su vida. A 20 kilómetros de San Roque se extiende la Hacienda Guacharacas, que en el pasado fue propiedad de la familia Uribe. Allí, en 1983, las FARC asesinaron a Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente, al resistirse a un intento de secuestro. “La tragedia de Guacharacas marcó en mi vida personal y profesional un punto de quiebre cuya influencia tal vez sea inconmensurable”, escribió Uribe en su autobiografía No hay causa perdida.

En 2011, un año después de que Uribe cumpliera su último mandato, el senador Iván Cepeda visitó en la cárcel a un exparamilitar llamado Juan Guillermo Monsalve para indagar sobre el pasado del presidente. Lo que dijo Monsalve –cuya familia vivió y trabajó en Guacharacas a finales de los 90– desató el juicio que tuvo en vilo a Colombia durante años: afirmó que, en esa misma hacienda, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y su hermano Santiago participaron en la creación de uno de los grupos paramilitares más sanguinarios de la región: el Bloque Metro.

Arriba en la montaña, en las calles de San Roque, todavía se recuerdan los crímenes del Bloque Metro. elDiario.es se reúne en la plaza principal con integrantes de la Red de Mujeres Asormucsan, un colectivo que da apoyo, capacitación y amistad a las habitantes del municipio. Llegan después de pasar todo el día en un balneario donde no había señal ni internet. A las 21:00 horas, son quizás las últimas colombianas en enterarse de que Uribe ha sido condenado.

“No me lo esperaba”, lamenta Margélica Parra, agricultora de 59 años y líder de la asociación. “Uribe tendrá sus errores, pero el agradecimiento es enorme porque la violencia en San Roque era tal que venían remolques llenos de muertos. Además, hizo mucho por los pobres con subsidios”, dice la también concejala.

Las cinco mujeres que atienden a este medio afirman que el fallo es una venganza de Petro, de una jueza y una fiscal llenas de un resentimiento mal dirigido. Al preguntar por los crímenes del Bloque Metro en la zona, y el presunto vínculo con el expresidente, Parra sostiene que son mentiras de los opositores.

Pero Blanca Arcila, ama de casa de 56 años y ecologista, reconoce que, cuando ejerció como gobernador de Antioquia, Uribe apoyó a las “Convivir”: grupos de seguridad privada que el Estado autorizó en los 90 para proteger a comunidades rurales, pero que defensores de derechos humanos critican como una fachada legal al paramilitarismo, permitiéndole cometer masacres y asesinatos selectivos al amparo del Gobierno.

Arcila afirma que no le gustan las Convivir ni los paramilitares, pero que surgieron en respuesta a los abusos de la guerrilla. “Los paras investigaban si alguien era culpable antes de matarlo; mientras que la guerrilla asesinaba a cualquiera”, dice.

El lunes por la noche, las redes sociales se inundan de mensajes advirtiendo de que la condena contra el expresidente Uribe exacerbará la polarización política de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Pero, para los creyentes, este fallo histórico podría no cambiar nada: ninguno de los entrevistados para esta crónica dice que la condena a Uribe cambiará su posición.

Blanca Arcila devuelve la pregunta: “Si a usted no le gustara Uribe, y la justicia lo absolviera ¿Creería en su inocencia?”.

La decisión de la jueza Heredia todavía no es la palabra final. La defensa de Uribe ha anunciado que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá. De ahí, podría saltar a la Corte Suprema, alargando aún más la incertidumbre del juicio del siglo.

La Justicia de Colombia ha declarado culpable al expresidente del país, Álvaro Uribe, en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Uribe se ha convertido así en el primer exmandatario condenado penalmente en Colombia en el que ha sido el caso más mediático al que se ha enfrentado el país. El exmandatario, que ha sido absuelto del delito de soborno simple, se enfrenta a una posible pena de entre cuatro y ocho años de cárcel, todavía por dictaminar.

El fallo condenatorio contra Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, fue leído por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, en una audiencia de más de diez horas y que acaparó la atención del país en los canales de televisión y redes sociales. La defensa del expresidente ha anunciado que apelará el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá y “de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, lo que indica que la resolución definitiva del caso puede prolongarse incluso años.

Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y se consolidó como el líder político más poderoso del país en décadas, ha asistido virtualmente a la audiencia, que comenzó a las 8:30 hora local (15:30 hora española) de este lunes y fue retransmitida en vivo.

“Obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal”, dijo la jueza Sandra Heredia al leer el fallo contra el expresidente de 73 años.

Con respecto a la lectura de la sentencia contra Uribe, que fue fijada para el próximo viernes 1 de agosto, la jueza dijo que la ley prevé para los delitos por los que fue condenado “un monto superior a cuatro años e inferior a ocho”.

Sin embargo, aclaró que el acusado, “indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión”.

Al comentar el fallo, la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, pidió una pena mayor, de 108 meses de prisión (nueve años) y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos colombianos (unos 349.000 dólares). Contra esta condena cabe el recurso de apelación, que la defensa debe presentar en un plazo máximo de cinco días, contados a partir de la lectura de la sentencia, ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Un caso de 2012

El proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. En esa época, Cepeda preparaba una denuncia contra el expresidente por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, pese a lo que esperaba Uribe, la Corte Suprema no abrió una investigación contra Cepeda, sino que inició un proceso contra él por presunto soborno y por el cual ya cumplió una orden de detención domiciliaria por 67 días en 2020.

Los demandantes alegan que Uribe, a través del abogado Diego Cadena, intentó sobornar a testigos en las cárceles, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en su contra ni mencionaran posibles vínculos suyos con el paramilitarismo, en el marco de la disputa con Cepeda. La lectura del fallo ha tenido lugar en presencia del senador, acreditado como víctima, y de sus abogados.

Partidarios y críticos del expresidente se han reunido en las afueras del complejo judicial de Paloquemao, donde está el juzgado, para esperar la conclusiones del fallo. Los simpatizantes de Uribe, que lanzan arengas en favor del expresidente, han tenido un conato de enfrentamiento con opositores al político, lo que obligó a la Policía a intervenir para calmar los ánimos.

La jueza valida dos pruebas importantes

Durante la lectura del fallo, la jueza ha validado las interceptaciones al teléfono del exmandatario y las grabaciones con un reloj espía, que su defensa había pedido que fueran rechazadas por ilegales.

Una de las pruebas presentadas en el juicio contra Uribe tiene que ver con una interceptación de su teléfono ordenada en 2018 por la Corte Suprema. En las conversaciones interceptadas durante varios días, Uribe habla con Cadena, uno de sus abogados. “No puede afirmarse que en la ejecución del acto de investigación haya existido una actuación de mala fe, una irregularidad intencional concertada en reuniones con el propósito de interceptar al señor Uribe Vélez en el marco de un proceso distinto. Tales afirmaciones corresponden a conjeturas y suposiciones planteadas por la defensa sin respaldo en los elementos probatorios”, ha señalado la jueza.

La defensa de Uribe ha sostenido que dichas interceptaciones fueron ilegales porque el magistrado José Luis Barceló las pidió a la Fiscalía como parte de otro proceso, ajeno al caso del expresidente, y asegura que el contenido de las conversaciones debe estar protegido por el secreto profesional entre un abogado y su cliente.

La otra prueba contra Uribe validada por la jueza es la utilización de un reloj espía usado por el exparamilitar Monsalve para grabar las visitas que le hizo a la cárcel bogotana de La Picota el abogado Cadena. El objetivo de esas visitas supuestamente era ofrecerle ayuda a cambio de que no declarara en contra de Uribe por sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en la disputa que mantenía con el senador Cepeda.

El reloj le fue entregado a Monsalve por su pareja de entonces, Deyanira Gómez, con el fin de grabar en secreto las conversaciones con Cadena, algo considerado ilegal por la defensa, pero la jueza señaló que el hecho de ocultar esa información al interlocutor “no debe entenderse como una actuación indebida o delictiva”.

“El debate probatorio no recae exclusivamente en las grabaciones magnetofónicas allegadas a juicio, sin embargo, se verificó la legalidad de estas, dilucidando los aspectos relacionados con la obtención para lo cual no se acudió a ellas por métodos ilícitos (...) estas videograbaciones tampoco fueron obtenidas violando el derecho a la intimidad ni se realizaron de mala fe”, ha dicho Heredia.

“La justicia no se arrodilla ante el poder”

Heredia ha asegurado este lunes que la Justicia “no se arrodilla ante el poder” al comenzar la lectura del fallo. La jueza ha defendido la autonomía judicial de su despacho frente a lo que ha calificado como “uno de los casos más significativos de su historia judicial reciente” que, asegura, “ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones”.

“El derecho no puede temblar frente el ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia como (la diosa griega) Temis no ve nombres, ni cargos, ni estaturas porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia”, ha señalado Heredia.

En esa línea, ha reiterado que este “no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia”. Ha subrayado que su decisión “no decide sobre un nombre sino sobre unos hechos” y que la tomó “sin pasión, sin rencor y sin temor”, después de 475 días de una “maratónica lucha contra el reloj”.

“Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral. ni para las lecturas interesadas”, ha agregado Heredia, quien también ha defendido las garantías procesales, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia durante este juicio pese a los “intentos de deslegitimación y ataques que ha recibido la judicatura”.

En ese sentido, la jueza ha recordado que este proceso “ha estado a cargo de mujeres, que desde sus roles en cada una de las etapas del proceso ha enfrentado con valentía incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado quizá si quien decidiera fuera un hombre”. “La toga no tiene género, pero sí carácter”, ha sentenciado Heredia, quien ha acabado su introducción citando al padre de la teoría de la separación de poderes, Montesquieu: “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”.

EEUU y la derecha latinoamericana lamentan el fallo

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este lunes respetar el fallo judicial y defendió la independencia judicial al afirmar que su gobierno “no persigue a nadie por razones políticas”. “Simpatizantes o no del expresidente Uribe deben respetar esa justicia. Lo demás es bestialidad. Y Colombia debe ser sabia”, escribió Petro en X.

El mandatario izquierdista agregó que su gobierno “no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas, no presiona a la justicia que es independiente por completo”, y subrayó: “Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos”.

Sin embargo, el fallo no ha gustado a la derecha colombiana, venezolana y de EEUU. Los expresidentes colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana, al igual que otros políticos, expresaron este lunes su respaldo al exmandatario Álvaro Uribe. “Álvaro Uribe Vélez no está solo. Somos millones los colombianos que hemos visto probada su inocencia a lo largo de todo este proceso lleno de irregularidades y de infamias”, escribió en X Duque (2018-2022), cuyo mentor político fue Uribe.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, por su parte, se solidarizó con el expresidente colombiano Álvaro Uribe en “estas horas tan duras y complejas que está enfrentando”. “Le hago llegar toda mi solidaridad, confianza y afecto”, expresó la exdiputada en un mensaje en la red social X en el que etiquetó a Uribe, quien, además, fue absuelto del delito de soborno simple en el considerado 'juicio del siglo' en Colombia y se enfrenta a una posible pena de entre cuatro y ocho años de cárcel.

Machado dijo que el exmandatario del país andino “ha sido un genuino aliado de la democracia y de la libertad en Venezuela, asumiendo siempre que el destino” de ambas “naciones está hermanado”. “No habrá paz en Colombia sin libertad en Venezuela, y nosotros necesitamos del pueblo colombiano para triunfar en nuestra lucha. Sé que la verdadera justicia se impondrá en su país y en el nuestro. ¡Mucha fuerza!”, agregó la opositora.

A estas críticas a la sentencia se ha unido EEUU. El secretario de Estado, Marco Rubio, y varios congresistas han condenado el fallo. “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”, afirmó Rubio en la red social X. El secretario de Estado denunció, además, que el fallo de la jueza Sandra Heredia se debe a que la Justicia en Colombia está politizada. “La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró este lunes que la investigación por el atentado del sábado en un mitin en Bogotá contra el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato a las elecciones presidenciales, apunta a un “grupo criminal” organizado, más allá del joven de 15 años que lo ejecutó.

“Somos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprehendido es apenas un ejecutor material”, afirmó Camargo en rueda de prensa, donde agregó que su “propósito es poder establecer quién determinó esa acción criminal”, según recoge EFE.

La fiscal explicó que se trata de una investigación a gran escala en la que participan más de 180 personas, entre investigadores de la fiscalía, agentes de inteligencia y miembros de la policía nacional: “Estamos realizando una investigación juiciosa, transparente y seria, con todas nuestras capacidades”, aseguró.

Las autoridades trazaron el recorrido completo del menor de 15 años que disparó contra el senador, del partido Centro Democrático, desde su casa hasta el parque Modelia de la capital colombiana, donde ocurrió el atentado, y luego su ruta de escape, explicó.

El adolescente se encuentra actualmente en un hospital, donde se le está tratando por una herida de bala en una pierna y bajo estrictas medidas de protección debido a las amenazas recibidas tras la difusión de su identidad en redes sociales.

La pena por el atentando puede llegar a ocho años de prisión, según detalló la fiscal general, que explicó que el joven permanecerá en dependencias de la fiscalía y no será internado en un centro de menores “porque no se puede garantizar su seguridad en esas condiciones”.

La fiscal también confirmó que se realizaron análisis de balística a la pistola requisada en el lugar, que fue adquirida en Arizona (Estados Unidos) en 2020, según los investigadores. “La Policía ya identificó dónde fue adquirida el arma y se investiga cómo llegó a Colombia y en qué otros hechos delictivos podría haber estado involucrada”, indicó.

Camargo indicó que ya se han realizado 23 entrevistas, entre ellas de testigos presenciales y familiares del menor, y se han examinado más de 1.000 videos: “Estamos perfilando a quienes podrían ser los determinadores del crimen. Buscamos una cadena de responsabilidad completa”, aseguró.

Uribe Turbay permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá. La gravedad del ataque ha sacudido al país y ha encendido las alarmas sobre la seguridad en el proceso electoral de 2026.

Álvaro Uribe afirma que también preparan un atentado contra él

En medio de la conmoción por el suceso, el expresidente derechista Álvaro Uribe ha criticado en X al Gobierno de Gustavo Petro por “hablar de otros temas” mientras “Miguel se debate por la vida”, y al tiempo ha dicho que la “inteligencia internacional” le ha informado de que él también puede ser objeto de un ataque.

La víctima del atentado es un político cercano al expresidente Álvaro Uribe y uno de los más críticos contra Petro, que hoy mismo ha señalado que su propia familia también está amenazada. Petro achaca el “actual clima de tensión” en el país a la negativa del Senado a aprobar la reforma laboral que defiende el presidente, quien trata ahora de aprobarla a través de una consulta popular.

El candidato de izquierdas, Gustavo Petro, competirá en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia con el empresario inmobiliario Rodolfo Hernández. Petro consiguió el 40,3%, que representa más de 8,5 millones de votos. Hernández se ubica en segundo lugar con el 28,1%, casi 6 millones de votos, según datos del preconteo de la Registraduría Nacional. Tanto Petro como Hernández buscan representar a los electores cansados con la política tradicional.

“Hoy hemos ganado”, dijo Petro en su primer discurso después de conocerse el resultado. “Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político han sido derrotados en Colombia. La votación de Colombia lanza es un mensaje central al mundo: se acaba un período, se acaba una era”, dijo Petro en la noche del domingo.

Federico “Fico” Gutiérrez, de la coalición de derecha Equipo por Colombia, cercano al presidente Iván Duque, no ha conseguido entrar en la segunda ronda, si bien era el preferido para pelear contra Petro, según las encuestas. Gutiérrez consiguió el 23,9%, con más de 5 millones de votos. El Ingeniero civil de 47 años, alcalde de Medellín entre 2016 y 2020, dijo que apoyará Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. “Votaremos por Rodolfo [Hernández] y Marelen [Castillo] el próximo 19 de junio”.

“Gustavo Petro por todo lo ha que dicho y por lo que ha hecho no le conviene a Colombia, sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Esa opción sería un peligro para el país”, dijo Hernández si bien aclaró que no formarán parte de un eventual gobierno de Hernández.

Gustavo Petro, del Pacto Histórico, candidato de largo recorrido político, es economista, formó parte de la guerrilla del M-19 hasta el año 1990, ha sido cuatro veces congresista y fue elegido en 2011 alcalde de Bogotá, donde este domingo consiguió el 47% de los votos. Tres veces candidato a presidente, en 2018 perdió en segunda vuelta contra Iván Duque. “Le digo a ese empresario temeroso, con el que dialogué muchas veces: ha llegado el momento de escoger, lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica”, dijo Petro.

Hernández, candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, empresario inmobiliario, en 2016 asumió la alcaldía de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, donde gobernó hasta 2021, momento en que dejó el cargo para inscribir su candidatura a presidente. Este domingo, Hernández consiguió el 66,9% de los votos en su distrito. “Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción”, dijo el ingeniero de 77 años después de conocer el resultado.

Hernández llega por fuera de las estructuras partidarias, basa su campaña en el rechazo a la política tradicional y ha logrado hacer pie en esta elección con un discurso enfocado en la lucha contra la corrupción y las “maquinarias politiqueras”; un discurso empañado por la imputación que le hizo la Fiscalía para investigar si hubo irregularidades en un contrato para implementar nuevas tecnologías en el servicio de basuras cuando era alcalde. En sus intervenciones públicas se ha caracterizado por sus insultos y por utilizar frases como que los políticos “son unas ratas”. El ingeniero llegó a la carrera por la presidencia con polémicas, por ejemplo, por una entrevista en la que dijo que admiraba a Hitler o por golpear a un concejal opositor de Bucaramanga, que terminó con la suspensión de su cargo. 

“No soy ingenuo respecto a las resistencia que habrá frente a un gobierno decidido en acabar con la politiquería y la corrupción, en especial, por parte de algunos de los que se han sentidos dueños de este país”, dijo el exalcalde, quien buscará seducir a aquellos que en elecciones anteriores votaron por el candidato del expresidente Álvaro Uribe, pero que se sienten desencantados con el gobierno.

El gran derrotado de este domingo ha sido el candidato de centro, Sergio Fajardo, por Centro Esperanza, que alcanzó menos de un millón de votos que representan el 4,2% del total. Fajardo aseguró que la coalición se reunirá este lunes para definir el camino que tomarán en la segunda vuelta electoral. “Yo espero de todo corazón, porque le he dedicado la vida a este país que cuidemos a Colombia”, dijo Fajardo.

Los hechos se suceden con tal vértigo en Europa y España que quizá a muchos les haya pasado desapercibido un acontecimiento estremecedor, un viaje tenebroso al corazón de las tinieblas, que está teniendo lugar en estos precisos momentos en el otro lado del Atlántico, en Colombia. Me refiero a la audiencia de los ‘falsos positivos’ que se desarrolla en la JEP (siglas de Jurisdicción Especial para la Paz), un tribunal especial creado en 2016 en el marco del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la mayor guerrilla de entonces en el país, las FARC.

‘Falsos positivos’ es el nombre con que se conocen miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por el Ejército colombiano para exhibir ante la opinión pública resultados alentadores en la lucha contra la guerrilla y obtener a cambio licencias, condecoraciones y ascensos. Las víctimas, en su mayoría jóvenes estudiantes o desempleados, eran secuestradas o atraídas a otras regiones con falsas promesas de empleo, tras lo cual eran asesinadas en algún paraje debidamente seleccionado y presentadas ante los medios como insurgentes muertos en combate. Para conseguir el efecto deseado se les ataviaba como guerrilleros y se les acomodaba entre sus manos inertes un fusil para hacer más verosímil la escena. En algunas ocasiones los verdugos no tenían suficientes precauciones y calzaban a sus víctimas las botas al revés, lo que avivó la sospecha de que se trataba de un montaje.

Esta práctica macabra se remonta a finales de los años 80, pero alcanzó su paroxismo bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y su denominada “seguridad democrática”, estrategia que le granjeó al presidente la admiración de los círculos del establishment europeo y de grandes grupos mediáticos. Según la JEP, entre 2002 y 2008 se produjeron 6.402 casos de ‘falsos positivos’, cifra que se ha convertido en un icono en los eslóganes de protesta contra una de las etapas más polémicas de la historia reciente del país suramericano. El supuesto éxito de la seguridad uribista se asentó, según las denuncias de sus detractores, sobre una estrategia de terror y montones de cadáveres de inocentes.

Este miércoles, Colombia asistió sobrecogida al comienzo del juicio por el ‘caso 03’, como identifica la JEP el capítulo de los ‘falsos positivos’. Sentados en el escenario de un teatro en Ocaña, una pequeña ciudad del noreste del país que fue escenario de muchos de los crímenes, un general retirado, otros nueve militares y un civil contaron su versión de lo ocurrido ante centeneras de familiares de sus víctimas, en un acto que fue transmitido en directo por el canal de la JEP. “Quiero hoy que el mundo sepa que eran campesinos, que yo, como miembro de la fuerza pública, asesiné cobardemente, les arrebaté la ilusión a sus hijos, les desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno”, dijo el excabo Néstor Guillermo Gutiérrez en una de las intervenciones más conmovedoras. En otro momento del acto, el general retirado Paulino Coronado dijo: “Quiero expresarles que siento un gran remordimiento que me lacera el alma. Sé que afectamos a familias enteras, padres, madres, hijos, nietos. Les dejamos un gran vacío”. Pese a las enfáticas declaraciones de culpabilidad y arrepentimiento de los procesados, los familiares de los fallecidos, que vestían camisetas negras con la leyenda “¿Quién dio la orden?”, exigieron que las confesiones lleguen “al fondo”, puesto que no han bastado para establecer cómo se concibió y organizó desde instancias más altas esta política de ejecuciones.

LA JEP administra la justicia transicional para los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado, y su objetivo es ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas. Quienes hacen una confesión completa y veraz de sus crímenes se benefician de penas alternativas de entre cuatro y ocho años en prisión domiciliaria o de prestación de servicios a la comunidad. El uribismo ha convertido a la JEP en uno de los principales blancos de sus ataques, con el argumento de que es un tribunal que sigue consignas políticas de izquierdas. La realidad es que los testimonios recabados por el tribunal, en especial los de exintegrantes de la fuerza pública, están haciendo añicos la narrativa oficial que presentaba la presidencia de Uribe como una de las épocas más gloriosas y doradas en la historia colombiana.

Las primeras audiencias de los ‘falsos positivos’ están coincidiendo en el tiempo con un clima político de polarización extrema en el país por la inminencia de las elecciones presidenciales (la primera vuelta es el 29 de mayo), en las que el candidato de izquierdas Gustavo Petro se perfila como ganador, y por el curso -inimaginable hasta hace poco tiempo- que está tomando la situación procesal de Uribe. El mismo día en que comenzaba la audiencia en Ocaña, una jueza en Bogotá rechazó la petición de la Fiscalía de precluir un proceso contra el expresidente por presunto soborno de testigos, dentro de una causa más amplia por supuesta responsabilidad en unas masacres cometidas por paramilitares en 1997 en Antioquia, cuando Uribe era gobernador de ese departamento. La decisión judicial supone un duro revés para el hombre que ha dominado la escena política colombiana en los últimos 20 años.

Hace algún tiempo leí una confesión de un paramilitar colombiano que contaba que, cuando asesinaban a sospechosos de colaborar con la guerrilla, debían asegurarse de que los cadáveres se hundieran cuando los arrojaban al río para que no quedara rastro de ellos porque “los muertos hacen mucha bulla”. Ahí están para corroborarlo los miles de ‘falsos positivos’, interpelándonos con su grito para que no olvidemos nunca las dimensiones que puede alcanzar el horror.

El arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe es un golpe simbólico con pocos antecedentes en Colombia por lo que él ha significado en nuestra historia reciente, por ser el jefe de la coalición de gobierno y por ser el senador más votado. Y augura una coyuntura muy difícil para el país en el corto plazo porque agudizará la polarización y desconcentrará aún más al presidente Iván Duque de los problemas estructurales. Pero quizás despeje el largo plazo si las instituciones logran salir fortalecidas y los extremos deslegitimados.

El corto plazo

A juzgar por las primeras reacciones frente a la detención de Uribe, es fácil anticipar que el país entrará en una fase difícil en los próximos meses. Aunque Uribe acató la decisión de la Corte Suprema y solo manifestó su tristeza, su partido no optó por un discurso institucional. Por el contrario, escogieron el camino más rentable políticamente en el corto plazo pero más peligroso para el país de ahondar la polarización y marcar el contraste frente a los desmovilizados de las Farc. Es un discurso atractivo para las bases del partido, más cuando la primera reacción del partido de la exguerrilla fue lanzar la primera piedra, como si no tuvieran rabo de paja.

Manipular testigos, el delito del que se le acusa, es un grave crimen contra la justicia. Según el comunicado de la Corte Suprema, la orden de detención es para “evitar la obstrucción de la justicia” (uno de los motivos explícitos en la ley penal para asegurar un investigado) en un caso que “tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material, hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas que, al parecer, indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

Aún así, frente a todo lo que se ha dicho de Uribe en su larga trayectoria política, que incluye desde que participó en la masacre del Aro hasta que mandó asesinar a su amigo convertido en crítico Pedro Juan Moreno fallecido en un accidente aéreo, acusaciones que llevan años y no han avanzado ni se han esclarecido judicialmente, este caso es relativamente menor en comparación.

Que Uribe sea detenido por la menor de las acusaciones que se han hecho en su contra, y cuando comienza ahora el proceso, exacerba la narrativa del uribismo de que mientras Uribe es víctima de una venganza política de sus enemigos, los guerrilleros de las Farc que tanto combatió son directivos en el Congreso. Y confirma un temor que existe entre el uribismo desde hace años.

Es un discurso que utilizaron las senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia, que ya pidió en el Senado convocar una Asamblea Constituyente para unificar las cortes, y María Fernanda Cabal desde el instante en que se conoció la noticia.

Y es un discurso que la senadora Paola Holguín, también del Centro Democrático, ha llevado a un nivel aún más desestabilizador pidiendo la ayuda (no está muy claro para qué) de las Fuerzas Militares de reserva con este audio y este documento.

Es una narrativa que, de manera muy problemática para el país por la neutralidad que se espera y se demanda de un Presidente, también asumió Iván Duque en su primera declaración al respecto. “Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado el país con barbarie se defiendan en libertad, o inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y a que un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia.”

En otras palabras, del presidente para abajo en su partido del Centro Democrático, la narrativa ya está formulada, a pesar de que el caso por el que se investiga a Uribe gira alrededor de hechos ocurridos después del Acuerdo de La Habana y que, si el crimen fue cometido, no se hizo dentro de la lógica de guerra como para que se apele a una equivalencia. Victimizar a Uribe y usar su detención para avivar la polarización será rentable políticamente con miras al 2022 para un partido como el Centro Democrático, que venía de capa caída.

Sin un liderazgo claro del presidente, ni en su partido ni en otras fuerzas políticas; una división en la colectividad por las disputas generadas en las elecciones regionales; la caída en la popularidad de Uribe que, según la encuesta Gallup Poll, desde junio del año pasado entró en terreno negativo y ha seguido bajando hasta llegar a 59% negativo y 30% favorable en la última medición de junio, el panorama para el Centro Democrático no era nada halagüeño. Panorama que se hace más difícil a futuro pues los nombres que suenan para disputar la Presidencia, entre los que están Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo, Rafael Nieto, no dan certeza de ser cartas ganadoras. Ahora, con el teflón desgastado, la victimización de Uribe puede movilizar los votos para mantenerse en el poder y unificar a la derecha alrededor de su caso.

El analista Jaime Duarte, profesor del área de gobierno de la Universidad Externado, explica que hay dos formas de ganar elecciones: sumar voluntades y conformar una gran mayoría, o generar polarización garantizando ser el grupo más fuerte en esa división. “Ese libreto lo conoce el expresidente Uribe y su partido el Centro Democrático. Fue aplicado con éxito en el plebiscito con el que, finalmente, se dieron cuenta que sí eran mayoría. La fórmula fue repetida para la elección de Duque, con un resultado más holgado”, dice Duarte. Ahondar esa polarización, como contó La Silla, es también la estrategia electoral de Gustavo Petro con miras al 2022.

Si la reciente decisión del Consejo de Estado de admitir una denuncia en contra del líder de la Colombia Humana, que busca que le quiten la investidura por haber llamado a la desobediencia civil y a desconocer la elección de Duque, avanza, habrá un ingrediente adicional en la confrontación. Así las cosas, la detención de Uribe demarcará el campo y marcará el tono para las elecciones de 2022, algo que no deja de ser paradójico en medio de una pandemia de las proporciones que vivimos hoy en día.

Que este tema absorba la agenda política del país justo cuando se cuentan más de 10 mil muertos por COVID-19, se han perdido millones de empleos y nos embarcamos en una crisis económica y de salud sin precedentes, es una mala noticia para los colombianos. Si, como analizó La Silla, ya Duque tenía problemas para priorizar la agenda y convocar a los colombianos a su alrededor, ahora le será prácticamente imposible. Sobre todo si, como refleja su primera declaración, opta por actuar como jefe de su partido, defensor de oficio o “ciudadano dolido” con la suerte de su mentor, y no como garante de la separación de poderes y el respeto a las instituciones.

Al mismo tiempo, si Duque opta por la neutralidad que le exige la Constitución corre el riesgo de que su partido se vuelva en su contra en respuesta al repudio de las bases uribistas, como le pasó cuando sintieron que no fue suficientemente contundente en respuesta a la extradición de Andrés Felipe Arias. 

Ya el exalcalde uribista de Rionegro, Andrés Julián Rendón, salió a culpar a Duque. Si esta actitud gana tracción, la endeble mayoría del Presidente en el Congreso se disolvería y sería incapaz de sacar adelante alguna de las reformas estructurales que se necesitan en este momento (y que en todo caso no ha presentado).

En conclusión, en el corto plazo, a la tragedia medida en vidas y pobreza ocasionada por el coronavirus y a la creciente inseguridad, la detención de Uribe nutrirá una intensa confrontación política que si, con suerte, no termina en más violencia, como mínimo debilitará la capacidad de Duque para liderar una salida a la crisis.

El largo plazo

Sin embargo, paradójicamente, esta situación abre una oportunidad para que la democracia colombiana salga fortalecida en el largo plazo.

Para comenzar, que la Corte Suprema pueda detener preventivamente a una de las personas más poderosas de Colombia ratifica su independencia frente al poder Ejecutivo y Legislativo y envía la señal de que nadie se puede sentir por encima de la ley. Y que Uribe acate la decisión, como lo ha hecho hasta ahora, también da ejemplo de respeto a las instituciones y contrasta con los embates de sus senadoras.

Esta decisión -aunque no tiene relación con el Acuerdo de paz- le pone políticamente una presión muy grande a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que realmente haga justicia contra los guerrilleros que cometieron crímenes graves, y también a la Farc para que cuente la verdad y reparen a sus víctimas. Incluso de parte de aliados del proceso, como lo demostró la reciente respuesta del senador Roy Barreras al trino inmediato de las Farc.

Por último, como le dijo uno de los consultados para esta historia a La Silla, “pone desnudos en el espejo a los extremos”. En los próximos días y meses, quedarán en evidencia los políticos, los periodistas, los líderes sociales y los empresarios que apuestan por salidas no institucionales. Los que tienen sed de venganza, los que avivan el odio. También los capaces de ofrecer una opción para sacar de este episodio una propuesta de futuro.

Que de la crisis que se avecina salga una oportunidad dependerá del rigor jurídico del caso y del carácter democrático de los líderes políticos para aceptar lo de que de él resulte.

Este artículo ha sido originalmente publicado en el medio colombiano La Silla Vacía.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha ordenado este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, ha informado el propio acusado. “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, ha escrito Uribe, sobre la decisión de la Corte, que sin embargo no ha hecho aún un anuncio al respecto.

El caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que preparaba por esa época una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo, proceso que acabó volviéndose en contra del expresidente.

El magistrado José Luis Barceló no solo archivó el caso sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos contra el senador Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA) y uno de los más enconados críticos de Uribe.

El Centro Democrático, partido fundado por Uribe y al que pertenece el presidente colombiano, Iván Duque, indicó en su comunicado que el proceso contra el exmandatario hace parte de la guerra ideológica que vive Colombia entre izquierda y derecha.

Según el mensaje, “distintos elementos asociados con la izquierda armada comenzaron a tejer un imaginario criminal desde el cual fueron preconstituyendo la apariencia de una verdad, ficticiamente incriminante, para deformar –en la percepción pública– la conducta institucional y privada de quien ha observado una vida intachable”.

La investigación en torno al hermano del expresidente de Colombia Santiago Uribe llega a su fase final. Entre los días 3 y 7 de diciembre se conocerá la sentencia contra este ganadero al que la Fiscalía acusa de dos delitos: de la conformación del grupo paramilitar de los Doce Apóstoles y del asesinato del conductor de autobús Camilo Barrientos en el año 1994.

El hermano del ahora senador lleva siendo investigado 20 años, sin embargo, el proceso ha sido archivado en varias ocasiones por falta de pruebas y porque se cuestionó la credibilidad de varios testigos. Los Uribe defendían que se trataba de una persecución política. Sin embargo, en el año 2010 todo cambió gracias al testimonio del policía Juan Carlos Meneses que señaló directamente a Santiago Uribe.

El comienzo de los años 90 en Colombia es una época oscura en la que grupos paramilitares, que primero se formaron dentro de la legalidad y que llevaban a cabo las llamadas “limpiezas sociales”, se convirtieron en el brazo armado del poder contra la guerrilla. Una de las zonas calientes de la época se sitúa en Antioquia, zona en la que los Uribe tienen numerosas propiedades como la finca de la Carolina y en la que, al parecer, operó el grupo paramilitar de los Doce Apóstoles. La organización tomó este nombre porque uno de sus miembros era un sacerdote.

La cifra varía entre unas fuentes y otras, pero los defensores de los derechos humanos aseguran que el grupo paramilitar de los Doce Apóstoles fue responsable de más de 500 asesinatos a principios de los 90. El grupo se encargaba de llevar a cabo labores de 'seguridad' y ' limpieza' matando de manera aleatoria tanto a miembros de la guerrilla como a drogadictos.

“En el año 1996 se determina que las pruebas no son serias”, dice Daniel Prado, abogado de la parte civil en este proceso. “En el año 2010 aparece un oficial de la policía colombiana, que prestó servicio como comandante en la sección de Yarumal y cuenta cómo prestó su colaboración para los delitos que cometieron los Doce Apóstoles”, narra en la redacción de eldiario.es. “Además de eso, hace referencia a que la persona que dirigía el grupo para militar era el señor Santiago Uribe Vélez”.

Según las palabras del abogado, la repercusión que puede tener un fallo en contra de Santiago Uribe es la demostración de algo que se ha denunciado en Colombia desde hace décadas: el uso de la criminalidad para llegar al poder político en el país. “Este es el inicio de lo que después se conoció como el paramilitarismo”.

“Si logramos demostrar que esto no solo se produjo en la región de Antioquia sino que esta política también se utilizó en otra hacienda propiedad de los Uribe como es la de las Guacharacas en esos mismos años, podremos ver que realmente fueron ellos los que iniciaron ese laboratorio de una política para garantizar el ser dueños del poder económico y político de Colombia”, asegura Prado.

¿Un hito en la justicia colombiana?

En Colombia, las autoridades han condenado a muchas personas “vinculadas a los partidos políticos que han apoyado a Uribe Vélez en diferentes candidaturas por su participación con grupos paramilitares y muchos de los miembros de los gobiernos de Uribe están hoy condenados por delitos de corrupción”, recuerda Prado.

Sin embargo, este es un proceso único porque apunta directamente a un presidente y porque no hay ningún otro que haya llegado a estar tan avanzado. Prado considera que Álvaro Uribe, desde lo alto del poder, ha conseguido frenar otras investigaciones que seguramente le hubieran salpicado. “Será histórico, esperamos, en la medida de que después de 20 años se conozca por fin la verdad sobre estos homicidios del grupo de los Doce Apóstoles”, asegura Andrés Celis, investigador especializado en paramilitarismo de la Universidad del Rosario.

Aún con todo, los especialistas dudan de que esto repercuta de manera directa en el senador. “Al expresidente lo pueden ver un día matando a la mamá y al otro ganar las elecciones. Es uno de los famosos populistas”, dice Ariel Fernández Ávila, politólogo y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “Políticamente es muy difícil que le pase algo. Ni sus militantes, ni los senadores van a renunciar. Controla su partido y todo aquel que lo apoya sabe que esto podía pasar en algún momento”. Fernández Ávila ha reconocido en eldiario.es que, aunque se piden “entre 27 y 40 años de cárcel” para el ganadero Uribe, “en la vida real” cumpliría como mucho “10 o 12”.

Por su parte, el nuevo Gobierno encabezado por Iván Duque, apadrinado de Uribe, parece dispuesto a enfriar el acuerdo de paz alcanzado hace dos años con las FARC y un posible acercamiento al ELN.

“Quienes manejan el poder el Colombia han entendido que si el país logra la pacificación”, alerta Prado sobre la pausa en los diferentes procesos de pacificación con los grupos de guerrilla, “la sociedad va a buscar un cambio y va a tratar de escoger entre modelos económicos y futuras administraciones del país”. “Colombia tiene una corrupción absoluta en todas las esferas del poder público y hay once millones de personas que salieron a la calle para pedir que se acabase con esto. Eso se puede traducir en once millones de votos y Duque consiguió diez millones”, apunta.

“Necesitan la presencia de un enemigo interno, de una guerrilla armada, para seguir manteniéndose en el poder. Ellos son las mismas personas que manejan hoy el país”, concluye.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe es un habitual de la polémica política. La última, que ha iniciado él mismo, ha salpicado a dos políticos españoles: el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario general del PCE, Enrique Santiago.

Uribe ha querido mostrar su rechazo a ambos a través de un artículo de Eduardo Mackenzie que ha compartido en su cuenta de Twitter. Un texto plagado de insultos contra Santiago e Iglesias. Y que está lleno de bulos sobre la familia del secretario general de Podemos.

Los ataques de Mackenzie son una respuesta a la última edición de Fort Apache, la tertulia política que presenta Iglesias en HispanTV, en la que se analizaron los resultados de las últimas elecciones colombianas. En ese programa, los políticos españoles comentaron el resultado y opinaron lo que creen que pasará en el país tras la llegada al poder de Iván Duque.

Por esta razón, el articulista asegura que Santiago “sólo logra vomitar su odio contra Colombia y contra todo lo que no sea FARC”. También le acusa de “bellaquerías y bombas antidemocráticas que dejó plantadas” por su papel en el proceso de paz en el país, en el que colaboró.

Ataques al abuelo de Iglesias

A partir de ahí, Mackenzie comienza una retahíla de insultos contra Pablo Iglesias (al que define como “jefe del comunismo español”), para lo que se vale de ciertos bulos. Por ejemplo, dice que el líder de Podemos es “nieto de un verdugo stalinista durante la guerra civil”, que a su vez era, según el autor, “un paramilitar comunista español, condenado a muerte por sus crímenes”. También asegura que Manuel Iglesias fue “uno de los terroristas que en 1936, sacaron de sus casas y fusilaron a derechistas y católicos en un pueblito de la provincia de Badajoz”. Además, dice que “incendió una iglesia donde se refugiaban personas inocentes”.

Estas acusaciones contra la familia de Iglesias ya han sido desestimadas por la Justicia. Lo hizo la Audiencia de Zamora, que ratificó la condena al periodista Hermann Tertsch por intromisión al honor de la familia del diputado. El columnista de ABC acusó a Manuel Iglesias de colaborar en el asesinato de “civiles inocentes” sin contrastar la noticia, como le reprocharon los jueces.

Tertsch se defendió asegurando que “miliciano criminal autor de crímenes atroces” no es una expresión vejatoria- Pero este argumento no le salvó de la condena, que ordena la retirada del artículo de la web del periódico de Vocento y obligó al periodista a pagar 12.000 euros y reproducir la sentencia en su cuenta de Twitter y en ABC.

“Quiere destruir de nuevo a España”

Mackenzie no se queda ahí en su artículo. El articulista también usa el revisionismo histórico y del famoso 'Oro de Moscú' para cargar contra Santiago. Según él, “es admirador de Juan Negrín, que según él ”quería entregarle España a la URSS y como no lo logró se las ingenió para enviarle a Stalin las reservas de oro del banco de España“. Iglesias, además, ”es el gurú podemita que, 80 años después de la guerra civil, quiere destruir de nuevo a España dándole manivela al separatismo catalán y vasco“. Tampoco se libra de los palos Pedro Sánchez, al que acusa de ”dar un golpe palaciego“ y de crear ”un nuevo clima de guerra civil“.

“¿Por qué Pablo Iglesias y Enrique Santiago discuten en público sobre Colombia en estos días?”, se pregunta el autor, que se responde inmediatamente a sí mismo: “mostrar tales obsesiones anti Uribe en esa conversación televisiva no es difícil deducir que están preparando un viaje a Colombia, invitados por la jefatura fariana, para intensificar la agitación y los montajes de todo tipo contra el expresidente Álvaro Uribe”.

“Los colombianos debemos abrir los ojos. Todos deben ver ese video. Ténganlo en la memoria para cuando esos dos extremistas asomen sus narices en Colombia disfrazados de 'amigos de la paz'”, finaliza el autor.

El poderoso expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha anunciado que renunciará a su escaño en el Senado para centrarse en la lucha contra una investigación del Tribunal Supremo que cada vez es más amplia.

Uribe, un político de línea dura que dirigió una campaña brutal contra los rebeldes izquierdistas entre 2002 y 2010, ha esquivado durante mucho tiempo las acusaciones que le vinculan a masacres paramilitares ocurridas antes y durante su mandato.

Sin embargo, nuevas acusaciones de soborno e intimidación de testigos relacionados con esos casos de escuadrones de la muerte pueden suponer un gran revés para el expresidente.

Este miércoles, Uribe acusó a la agencia de inteligencia británica MI6 de conspirar con su antiguo ministro de Defensa y sucesor, Juan Manuel Santos, para proporcionar grabaciones que le implican en delitos. “Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia británica MI6, amigos de Juan Manuel Santoss”, tuiteó Uribe. “Autoridades extranjeras en una treta en mi contra”.

No está claro a qué grabaciones se refiere, aunque los investigadores se han referido a llamadas telefónicas pinchadas.

Uribe y Santos fueron aliados, pero se separaron cuando Santos se convirtió en presidente y buscó llegar a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La repentina dimisión de Uribe el martes fue una sorpresa para muchos colombianos, que el mes pasado vieron la estrella de Uribe elevarse una vez más gracias a la elección de su protegido, Iván Duque, para suceder a Santos. Los resultados de las elecciones marcan una vuelta a atrás a las políticas conservadores de línea dura que definieron la presidencia de Uribe.

Esta victoria –que muchos atribuyen al poder carismático que mantiene el expresidente sobre sus bases– se produce tras la exitosa campaña de Uribe en el referéndum de 2016 para rechazar el acuerdo de paz con las FARC. El acuerdo, posteriormente ratificado en el Congreso, ha acabado con 52 años de guerra civil que han dejado al menos 220.000 muertos y siete millones de desplazados.

Uribe ha sido acusado durante mucho tiempo por grupos de derechos humanos de utilizar escuadrones de la muerte de derechas durante su presidencia para ayudar a combatir a las FARC. También se le acusa de haber conspirado con paramilitares para organizar una masacre en su provincia natal de Antioquia en 1997, cuando era gobernador.

En la masacre de El Aro murieron 15 personas y cerca de 1.000 fueron desplazadas. Además, un número desconocido de residentes locales fue víctima de violaciones.

Otro escándalo llevó al cierre de la agencia de inteligencia doméstica en 2011 tras revelarse que Uribe la había utilizado para espiar a miembros de la oposición y periodistas. Varios testigos en otros casos han aparecido muertos.

Uribe ha negado todas las acusaciones y ha afirmado que las últimas acusaciones tienen una motivación política. Pero las nuevas de manipulación de testigos parecen haberle irritado lo suficiente como para dimitir de su cargo.

Sus batallas legales actuales vienen de otra contienda con el senador de izquierdas Iván Cepeda, que lleva tiempo intentando llevar adelante la presunta implicación de Uribe en los escuadrones de la muerte. Uribe ha acusado al senador de intimidar y sobornar a testigos en sus investigaciones, algo que el Tribunal Supremo rechazó antes de lanzar las mismas acusaciones contra el expresidente.

El hermano de Uribe, Santiago, está actualmente a la espera de juicio por supuestamente dirigir su propio escuadrón de la muerte conocido como los 12 Apóstoles.

Donde los críticos de Uribe ven una falta de respeto por los derechos humanos manchada de sangre, otros ven una estrategia de guerra sensata que al final llevó a las FARC a la mesa de negociaciones.

“Es el mejor presidente que ha tenido Colombia”, señaló a The Guardian el mes pasado José Botero, un joven seguidor del expresidente y cuyo padre fue asesinado por las FARC.

Duque, que en la campaña electoral presentó la idea de reestructurar el poder judicial sin el Tribunal Supremo, apoyó a su mentor tras las consecuencias de los acontecimientos del martes. “Somos testigos de su honor, su corrección, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de derecho”, afirmó el presidente electo ante los periodistas el martes por la noche. Duque asumirá la presidencia el 7 de agosto.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

Aquest estiu ha aparegut un nou informe de NOVACT sobre empreses militars privades a l’Iraq, Palestina i Colòmbia. Un dels aspectes que s’hi aborda, el de les normatives que regulen l’activitat d’aquestes empreses, és particularment interessant. En presentem una síntesi en una sèrie de tres articles, cada un d’ells corresponent a un dels tres països. En aquest cas el de Colòmbia.

El PIB de Colòmbia depèn en gran mesura dels seus recursos naturals (petroli, or, maragdes, carbó, etc.), que es concentren en zones rurals on les forces armades colombianes han tingut poc control i on actors armats no estatals (sobretot la guerrilla FARC) han impedit o regulat l’explotació dels recursos naturals. Durant els darrers vint anys, l’Administració colombiana ha impulsat la inversió estrangera, sobretot en els sectors de l’energia, fruita i mineria. L’actuació de transnacionals extractives a les zones rurals va provocar la resposta de la guerrilla en forma de sabotatge d’oleoductes, segrestos, etc. Les forces armades colombianes no tenien la capacitat de garantir la seguretat ni dels terratinents locals ni de les empreses i tant els uns com les altres van optar per solucions de seguretat alternatives, seguint una estratègia doble: d’una banda, establiren aliances amb paramilitars d’extrema dreta i de l’altra van llogar serveis privats de seguretat.

Aquest context va afavorir l’expansió tant de grups paramilitars d’extrema dreta com de EPMS. Una investigació de l’any 1998 va revelar que British Petroleum va contractar EPMS per protegir instal·lacions i oleoductes. Una d’aquestes empreses, la israeliana Silver Shadows, va equipar i entrenar grups paramilitars vinculats a la 14a brigada de l’exèrcit de Colòmbia, un cos amb el pitjor historial de violació de drets humans en la guerra bruta a Colòmbia. Als sectors del carbó, maragdes, or, petroli i fruita han estat habituals els escàndols que vinculen els contractistes privats, els grups paramilitars d’extrema dreta i les empreses extractives.

A partir de mitjan anys 90 van aparèixer empreses que oferien seguretat privada. El període d’expansió d’aquestes empreses (primera dècada del segle actual) va coincidir amb el govern de dretes d’Alvaro Uribe. Un període amb nombrosos escàndols on estaven involucrats empreses transnacionals, grups paramilitars i contractistes privats de seguretat. La situació es va agreujar amb l’anomenat Pla Colòmbia (any 2000), a través del qual els EUA pretenien combatre els grups guerrillers d’extrema esquerra i els càrtels del narcotràfic i que va implicar la contractació de EPMS nord-americanes. Més del 70% dels fons assignats es van destinar a objectius militars i la majoria va acabar a les butxaques de les EPMS i dels fabricants d’armes nord-americans.

Els estudis indiquen que la iniciativa del Pla Colòmbia va afavorir enormement els contractistes militars privats i va aplanar el camí per a la privatització de la guerra al país. Sota el Pla Colòmbia, el conflicte armat va viure un allau sense precedents de EPMS treballant al territori i la guerra contra el narcotràfic es va militaritzar radicalment.

El primer intent de regulació de les EPMS fou el Decret 356 de l’any 1994, que instituïa la Superintendència de Vigilància i Seguretat Privades com a l’ens governamental encarregat de controlar les EPMS, de definir-ne l’abast de les funcions, de limitar-ne la llibertat d’operació i atorgar o anul·lar-ne les llicències. Els resultats, deficients: els mecanismes de supervisió i control són extremadament pobres; les regulacions sobre l’ús d’armes insuficients.

S’han fet altres intents legislatius per regular les activitats de les EPMS. El darrer, l’abril de 2015: al Senat es va debatre un potencial estatut que les reguli i que està pendent d’aprovació. Ara com ara, el marc legislatiu presenta deficiències greus, concretament perquè les EPMS tenen competència per treballar a Colòmbia a través d’acords militars bilaterals. El Pla Colòmbia n’és un exemple. Una de les raons fonamentals per les quals la legislació sobre EPMS roman profundament ineficient és precisament el fet que un important nombre d’aquestes empreses arriba legalment sota acords militars bilaterals i gaudeix d’absoluta impunitat. Durant els darrers cinquanta anys, les administracions colombiana i nord-americana han signat molts acords bilaterals que atorguen immunitat respecte la jurisdicció dels tribunals colombians als ciutadans nord-americans. Un d’aquests acords, el 1962, concedia directament privilegis i impunitat al personal dels EUA implicat en missions especials a Colòmbia. L’últim acord (2003),ratificat durant les Administracions d’Uribe i Bush, completa i amplia la immunitat dels ciutadans nord-americans i els contractistes de seguretat que treballin a Colòmbia, respecte al sistema judicial internacional. Mentre no es deroguin aquests acords amb els EUA, cap esforç regulatori local serà realment eficaç.

El resultado no podría haber sido más ajustado. Por un margen del 0,5%, los colombianos han rechazado un acuerdo de paz que habría dado un final formal a 52 años de guerra civil y habría permitido a los 7.000 combatientes que quedan en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reintegrarse en la vida y la política de la nación. Con sus votos, los ciudadanos han puesto de relieve las profundas divisiones geográficas y políticas del país y lo han dejado, una vez más, al borde de lo desconocido.

Lo que el presidente Juan Manuel Santos presentó a los votantes como una oportunidad histórica se ha convertido en una pesadilla política. Era un acuerdo apoyado por todo el mundo, desde Barack Obama hasta el papa Francisco, aunque los líderes conservadores de la Iglesia católica en Colombia han mantenido un notable silencio sobre el tema. Quizá confiado por las encuestas que predecían una cómoda victoria, el gobierno de Santos, como señaló la semana pasada alguien bien informado, no tenía un plan B.

¿Por qué más de la mitad de los votantes, en un país desgarrado para toda la vida de la mayoría de sus ciudadanos por una guerra que ha matado a 250.000 personas y ha desplazado a seis millones, han rechazado la oferta de paz y las inversiones y prosperidad que esta podría traer?

El largo historial de violencia en Colombia y sus torturadas políticas ofrecen muchas explicaciones posibles: Santos no tiene mucha popularidad y, al poner al comandante en jefe de las FARC, Timochenko, y a sí mismo al frente del acuerdo y organizar esa fastuosa ceremonia de firma una semana antes del referéndum, alejó a tantos votantes como los que atrajo.

“Si hubiera tenido la elegancia de dar un paso atrás y dejar hablar a las víctimas, habría sido totalmente diferente”, opinaba un analista colombiano antes de la votación. “Habría ganado autoridad moral y la gente podría haber votado por la paz sin sentir que les estaban invitando a apoyar a Santos”.

Las repetidas insinuaciones de los defensores del presidente de que Timochenko y él podrían obtener el premio Nobel de la Paz no ayudaron. La gente se quejaba: ¿por qué debería un líder de la guerrilla, con tanta sangre en las manos, ser galardonado con un premio así?

El expresidente de extrema derecha Álvaro Uribe, que mantiene un gran apoyo en su base local de Antioquia, ha hecho fuerte campaña por el no, por motivos ideológicos pero también por su propio interés. Bajo la presidencia de Uribe los asesinatos por parte del ejército y de las milicias de ultraderecha alcanzaron máximos históricos, y al igual que las apropiaciones de tierras que alimentaron buena parte de la violencia en esa fase de la guerra.

Una investigación nacional confirmó el año pasado que casi la mitad del territorio de Colombia está en manos del 0,4% de la población. Incluso aunque el acuerdo se hubiese aprobado, pocos de quienes consiguieron terrenos a través de la violencia paramilitar están dispuestos a devolverlos.

En los días previos al referéndum, los posibles votantes de Medellín –bastión de Uribe– ofrecieron un abanico de motivos para optar por el no: que se permitiría a las FARC mantener los bienes que obtuvieron de forma ilícita. En primer lugar, que una vez que los exguerrilleros entrasen en la política, Colombia acabaría convirtiéndose en una dictadura de izquierdas. En segundo lugar, que los colombianos de a pie tendrían que financiar el acuerdo mientras los hombres de violencia cosecharían las ganancias de la paz. Y en tercer lugar, que quienes tienen las manos manchadas de sangre no serían castigados por los crímenes pasados.

Otros líderes que polarizan menos, como el expresidente conservador Andrés Pastrana, también defendían el no, con el argumento de que el acuerdo haría demasiadas concesiones a las FARC. Planteaba que Santos estaba equivocado al presentar este referéndum como una elección entre la paz y la guerra: en este conflicto político, todas las partes reivindican querer la paz.

Pero para Pastrana, la elección era entre este acuerdo o uno mejor que él consideraba posible. Las propias FARC, insistía el expresidente, habían dicho que no volverían a las armas en caso de que ganase el no.

Aún queda por ver si los rebeldes terminarán entregando las armas y aceptando términos menos favorables. La capacidad de Colombia para la violencia tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha no ha disminuido. Y la autoridad de Timochenko se ha visto agitada por este impactante resultado, al igual que la de Santos: el partido de Uribe no ha tardado en pedir la renuncia del presidente.

En los minutos posteriores al anuncio del resultado final, Timochenko prometió en Twitter que las conversaciones continuarían. Las FARC tuitearon: “El amor que sentimos en nuestros corazones es enorme y, con nuestras palabras y acciones podremos alcanzar la paz”.

Pocos colombianos se sentirán conmovidos por esta declaración de amor de un movimiento con un historial como el que tienen las FARC de secuestros y violencia, pese a algunas peticiones recientes de disculpas por el sufrimiento de las víctimas. Amor infinito a un lado, no sorprendería que muchos de los combatientes rasos de las FARC recurriesen nerviosos a sus armas y volvieran a sus bases.

Cuando un serio presidente Santos salió a pronunciar una declaración, tres horas después del cierre de las urnas, él también insistió en que el alto el fuego sigue en pie y anunció que convocaría a todas las partes para debatir los próximos pasos. Pasó a garantizar la estabilidad nacional, el orden público y la búsqueda continua de la paz. Los colombianos a un lado u otro de este amargo conflicto van a necesitar las tres cosas.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo

Este verano ha aparecido un nuevo informe de NOVACT sobre empresas militares privadas en Irak, Palestina y Colombia. Uno de los aspectos que se aborda, el de las normativas que regulan la actividad de dichas empresas, es particularmente interesante. Presentamos una síntesis en una serie de tres artículos, cada uno de ellos correspondiente a uno de los tres países. En este caso el de Colombia.

El PIB de Colombia depende en gran medida de sus recursos naturales (petróleo, oro, esmeraldas, carbón, etc.), que se concentran en zonas rurales donde las fuerzas armadas colombianas han tenido poco control y donde actores armados no estatales (sobre todo la guerrilla FARC) han impedido o regulado la explotación de los recursos naturales. Durante los últimos veinte años, la Administración colombiana ha impulsado la inversión extranjera, sobre todo en los sectores de la energía, fruta y minería. La actuación de transnacionales extractivas en las zonas rurales provocó la respuesta de la guerrilla en forma de sabotaje de oleoductos, secuestros, etc. Las fuerzas armadas colombianas no tenían la capacidad de garantizar la seguridad ni de los terratenientes locales ni de las empresas y tanto los unos como los otros optaron por soluciones de seguridad alternativas, siguiendo una estrategia doble: por una parte, establecieron alianzas con paramilitares de extrema derecha y por otro alquilaron servicios privados de seguridad. Este contexto favoreció la expansión tanto de grupos paramilitares de extrema derecha como de EPMS. Una investigación de 1998 reveló que BP contrató EPMS para proteger instalaciones y oleoductos. Una de estas empresas, la israelí Silver Shadows, equipó y entrenó grupos paramilitares vinculados a la 14ª brigada del ejército de Colombia, un cuerpo con el peor historial de violación de derechos humanos en la guerra sucia en Colombia. En los sectores del carbón, esmeraldas, oro, petróleo y fruta han sido habituales los escándalos que vinculan los contratistas privados, los grupos paramilitares de extrema derecha y las empresas extractivas.

A partir de mediados de los años 90 aparecieron empresas que ofrecían seguridad privada. El período de expansión de estas empresas (primera década del siglo actual) coincidió con el gobierno de derechas de Alvaro Uribe. Un período con numerosos escándalos donde estaban involucrados empresas transnacionales, grupos paramilitares y contratistas privados de seguridad. La situación se agravó con el llamado Plan Colombia (2000), a través del cual EEUU pretendía combatir a los grupos guerrilleros de extrema izquierda y los cárteles del narcotráfico y que implicó la contratación de EPMS norteamericanas. Más del 70% de los fondos asignados se destinaron a objetivos militares y la mayoría terminó en los bolsillos de las EPMS y de los fabricantes de armas estadounidenses. Los estudios indican que la iniciativa del Plan Colombia favoreció enormemente los contratistas militares privados y allanó el camino para la privatización de la guerra en el país. Bajo el Plan Colombia, el conflicto armado vivió una avalancha sin precedentes de EPMS trabajando en el territorio y la guerra contra el narcotráfico se militarizó radicalmente.

El primer intento de regulación de las EPMS fue el Decreto 356 del año 1994, que instituía la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privadas como el ente gubernamental encargado de controlar las EPMS, de definir el alcance de las funciones, de limitar la libertad de operación y otorgar o anular las licencias. Los resultados, deficientes: los mecanismos de supervisión y control son extremadamente pobres; las regulaciones sobre el uso de armas insuficientes. Se han hecho otros intentos legislativos para regular las actividades de las EPMS. El último, en abril de 2015: en el Senado se debatió un potencial estatuto que las regule y que está pendiente de aprobación. Por ahora, el marco legislativo presenta deficiencias graves, concretamente porque las EPMS tienen competencia para trabajar en Colombia a través de acuerdos militares bilaterales. El Plan Colombia es un ejemplo. Una de las razones fundamentales por las que la legislación sobre EPMS permanece profundamente ineficiente es precisamente el hecho de que un importante número de estas empresas llega legalmente bajo acuerdos militares bilaterales y goza de absoluta impunidad. Durante los últimos cincuenta años, las administraciones colombiana y norteamericana han firmado muchos acuerdos bilaterales que otorgan inmunidad a los ciudadanos norteamericanos respecto a la jurisdicción de los tribunales colombianos. Uno de estos acuerdos, en 1962, concedía directamente privilegios e impunidad al personal de EEUU implicado en misiones especiales en Colombia. El último acuerdo (2003), ratificado durante las Administraciones de Uribe y Bush, completa y amplía la inmunidad de los ciudadanos estadounidenses y los contratistas de seguridad que trabajen en Colombia, respecto al sistema judicial internacional. En tanto no se deroguen estos acuerdos con EEUU, ningún esfuerzo regulatorio local será realmente eficaz.

El rechazo de Colombia a un acuerdo de paz con los rebeldes de las FARC para acabar con 52 años de guerra no implica una vuelta inmediata a las hostilidades, pero hace que las posibilidades de que llegue la paz, que parecían estar al alcance de la mano, vuelvan a ser una perspectiva lejana.

Todas las piezas estaban colocadas para empezar a aplicar un acuerdo que se estuvo cocinando durante cuatro años de conversaciones entre los negociadores del Gobierno y los de las FARC en La Habana. La guerrilla ratificó el acuerdo en una conferencia nacional. El presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Timochenko, lo firmaron en una ceremonia pública. Los observadores de la ONU estaban preparados para supervisar la reunión y el desarme de los 5.800 combatientes de la guerrilla. Se ha dicho que el comité que concede los premios Nobel estaba valorando otorgar el de la paz a Colombia.

Pero al someterlo a una votación popular, los colombianos dijeron no este domingo, aunque por un margen muy estrecho. Solo el 37% de los electores fue a las urnas. De entre ellos, el 50,2% votó en contra del acuerdo de paz, frente al 49,7% que dijo sí.

Al igual que el referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, fue un riesgo que Santos no tenía la obligación de asumir: una votación de sí o no sobre un acuerdo complicado que tenía un gran apoyo internacional, pero que chocaba con el resentimiento visceral que muchos votantes tienen hacia las FARC. La diferencia es que esta votación aspiraba a poner fin a una guerra.

El resultado dejó pasmados al Gobierno, a las FARC, a los analistas e incluso a algunos de los defensores del no. “Esto es un baño de realidad”, valora Kristian Herbolzheimer, experto en resolución de conflictos de la consultora de paz británica Conciliation Resources.

Tratando de mitigar el miedo a un regreso a la guerra, tanto el Gobierno como las FARC pronto dijeron que, a pesar del revés en las urnas, seguirían insistiendo en la paz. Santos aseguró que el alto el fuego bilateral que lleva en vigor en torno a un mes seguirá adelante, y las FARC prometieron que sus armas serán las palabras.

Abrir el diálogo a más interlocutores

Herbolzheimer cree que el proceso de paz continuará ahora con nuevos parámetros. “Ya no será un diálogo entre el Gobierno y las FARC”, explica. “Tendrán que buscar soluciones creativas que podrían convertirlo en negociaciones multilaterales”.

Santos ha convocado un diálogo con todas las formaciones políticas, incluida la campaña por el no liderada por su mayor crítico, el expresidente Álvaro Uribe. Aunque Santos fue el ministro de Defensa de Uribe, los dos políticos se convirtieron en enemigos encarnizados desde que Santos, tras ser elegido presidente, no dio continuidad a las políticas de mano dura contra las FARC, sino que prefirió sentarse a negociar con ellas.

El acuerdo que alcanzaron incluía disposiciones para que las FARC rompan sus lazos con el narcotráfico, entreguen las armas y se transformen en un movimiento político. Mientras que los combatientes de base serían amnistiados, los líderes pasarían por un tribunal especial que, si confesaran, los sentenciaría a penas que no serían de cárcel.

Según Uribe, el acuerdo daría impunidad a líderes responsables de graves crímenes, premiaría a los criminales al permitirles participar en política y erosionaría la Constitución y las instituciones de Colombia.

Un reto para Uribe

No está claro si se podrá alcanzar un nuevo acuerdo. “Ahora es Uribe quien tiene la responsabilidad de demostrar que puede desarrollar un plan mejor”, considera Herbolzheimer. “Es difícil decir qué es posible y qué no lo es”.

El analista Héctor Riveros cree que podríamos ver pronto una reunión directa entre Uribe y el líder de las FARC, Timochenko, aunque el primero rechazó en mayo una invitación a las negociaciones de La Habana. Ambos tienen un interés en común: tanto las guerrillas como Uribe han pedido una asamblea constituyente que reescriba la Constitución de 1991. Podría ser una salida a la enrevesada situación en la que se encuentra ahora Colombia, pero también abriría la puerta a que las FARC recuperen demandas que se habían descartado en las negociaciones.

“Las FARC subirán el listón de nuevo y volverán a sus demandas originales”, pronostica el analista político Fernando Giraldo. Advierte que, aunque los rebeldes han mantenido un estricto mando sobre sus tropas, los resultados de la votación pueden empezar a mostrar fisuras en la determinación de la guerrilla por la paz. Incluso antes del plebiscito, miembros renegados de una unidad rebelde dijeron que no participarían en el acuerdo de paz.

“Ahora las FARC son totalmente vulnerables y están abiertas a profundas divisiones”, apunta Giraldo. “Tendrán miedo a que todo esto se venga abajo en cualquier momento”.

A pesar del resultado, Herbolzheimer no cree que fuese un error someter el acuerdo a una votación popular. “Si no hubiera habido un plebiscito, los críticos se habrían pasado la vida culpando a Santos de todo lo que pudiera haber salido mal”.

El analista Fernando Cepeda considera por su parte que la situación inesperada en que se encuentra Colombia puede tener ventajas. “Es posible que esto sea una gran oportunidad para construir una paz sobre un consenso nacional”, señala.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, en la oposición desde que dejó el poder hace seis años, se ha erigido este domingo como el gran ganador del plebiscito sobre el acuerdo firmado con las FARC que ha dejado como perdedores a la paz y al presidente Juan Manuel Santos.

Contra todo pronóstico, la opción del “no” liderada por Uribe y su partido, el Centro Democrático, se ha impuesto con el 50,21 % de los 12,8 millones de votos válidos, mientras que el “sí” defendido por Santos, que consideraba el plebiscito “la decisión de voto más importante” de los colombianos “en toda su vida”, logró el 49,78 %.

El presidente apostó todo su capital político a una consulta que no era necesario convocar porque la Constitución lo faculta para buscar y firmar la paz del país, pero Santos insistió, probablemente en un ejercicio de transparencia democrática, en hacer el plebiscito para que los colombianos dieran la “última palabra” sobre el acuerdo firmado hace solo seis días, y esa palabra fue “no”.

El analista político Fernando Giraldo, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, ha señalado a Efe que tras la derrota en el plebiscito se entra en una etapa “como de una caja negra” porque realmente no se sabe qué va a pasar con el acuerdo de paz que Santos y el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, firmaron en un acto solemne ante la comunidad internacional el pasado 26 de septiembre.

Para Giraldo, con el resultado del plebiscito “se debilitó toda la institucionalidad, se debilitó el Gobierno y el país quedó fracturado”.

Eso porque la victoria del “no” ha sido demasiado estrecha, de solo 0,43 puntos porcentuales, en la práctica de 53.894 votos en un universo de 34.899.945 electores habilitados para ir a las urnas.

En opinión de Giraldo, políticamente sale ganando también el Centro Democrático, aunque explicó que cuando dice “ganador es que gana esta batalla pero mañana la puede perder” dependiendo del rumbo que tome una eventual renegociación del acuerdo, como propone Uribe.

“Hoy ellos salen airosos de esto”, declaró el analista en referencia no solo al resultado de las urnas sino también al anuncio del jefe de Estado de que convocará “a todas las fuerzas políticas, y en particular a las que se manifestaron hoy por el 'no', para escucharlas, abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir”.

La bandera del 'no'

El partido uribista enarboló la bandera del “no” y sostuvo que si se aprobaba el plebiscito las FARC tenían prácticamente garantizada la impunidad porque los responsables de crímenes de lesa humanidad y de reclutar menores, entre otros delitos, no pagarían cárcel.

Uno de los escuderos de Uribe, Francisco Santos, que fue su vicepresidente durante los ocho años de su Gobierno (2002-2010), ha sorprendido por su tono conciliador al comentar el resultado del plebiscito.

Santos, que es primo del presidente, ha considerado que para la renegociación “no hay que arrancar de ceros porque hay muchos elementos que están bien construidos”, un reconocimiento a la labor de los negociadores de paz que nadie esperaba.

Sea como fuere, el plebiscito deja como perdedora a media Colombia que soñaba con la inminencia de una paz que acarició hace menos de una semana con la firma del acuerdo con las FARC en Cartagena de Indias.

También pierden el presidente y los partidos de su coalición de Gobierno, así como figuras de la talla del expresidente César Gaviria, quien asumió la campaña del 'sí' y no pudo conducirla a la vitoria.

En medio de las declaraciones de ganadores y perdedores, Giraldo se declaró convencido de que “la paz quedó aplazada” y que incluso las FARC “fueron ganadoras” porque en una eventual segunda negociación “exigirán más de lo que exigió en la anterior”.