La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha pedido a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, ambas de titularidad socialista en el Gobierno del Pacto del Botánico, que ponga en marcha la modificación de varios artículos de la Ley de Carreteras de la Comunitat Valenciana de 1991 para incluir como sanción la demanda y consumo de prostitución.

La titular de Justicia, Gabriela Bravo, ha comunicado la petición este lunes en una sesión sobre políticas feministas por la abolición de la prostitución, organizada por la Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, en la que han participado varias expertas como la escritora Rosa Cobo, la juez Lara Esteve o la activista Amelia Tiganus, superviviente de trata. La propuesta legislativa se plantea para poder sancionar hasta con 15.000 euros, “a los puteros y a los proxenetas” que fomenten la práctica de la prostitución en las vías de titularidad autonómica.

Bravo, que desde hace meses enarbola la bandera abolicionista en el Ejecutivo autonómico, ha considerado necesario, “en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado poder establecer tolerancia cero ante la prostitución”, también en las carreteras. La propuesta solicita la inclusión de un nuevo artículo al final del Título VIII de la normativa autonómica sobre carreteras donde se prohíba “la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de protección y de reserva para realizar en ella usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”. Asimismo, se solicita establecer “un procedimiento de actuación de apoyo y protección a las personas que realizan usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual”.

La titular de Justicia defiende que el modelo no suponga sanciones directas para las mujeres prostituidas y detalla en la normativa que “en ningún caso puedan ser sancionadas”. Según la redacción de la propuesta, serán multadas las personas implicadas en “solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios sujetos a esta ley, según lo dispuesto en su artículo 2”, y matiza: “En ningún caso las conductas detalladas en dichos artículos serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual”.

Els palaus de justícia de les dues principals ciutats valencianes començaran a ser estructures decents per a l’ús dels treballadors i dels ciutadans. La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha presentat aquest dimarts el pla d’infraestructures judicials per a adaptar les seus al segle XXI i atendre les necessitats del personal.

El pla, que es preveu del 2017 al 2021, recull una inversió de 200 milions d’euros en quatre vessants: construcció de nous edificis, rehabilitació de les infraestructures deficients, un pla d’eficiència energètica i la centralització del sistema de seguretat.

Bona part de la inversió se centra a Alacant, que té unes infraestructures obsoletes i en què l’activitat es fa complicada per als treballadors. El palau de la Justícia s’emportarà 24 milions per a la rehabilitació, a més hi haurà 53 milions per a la construcció d’un nou edifici en la ciutat. 

En la reforma de la seu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, una reivindicació que s’arrossega anys i anunciada dilluns, s’invertiran 25 milions d’euros per a unes obres que duraran entre 4 i 5 anys. Pràcticament, del palau actual només quedarà la façana, segons comentaven aquest dimarts en la seu l’executiu. Ambdues seus estan en un estat deplorable, com ha criticat el personal de Justícia.

El president, Ximo Puig, que ha comparegut seguint la consellera, ha recordat que en arribar al Govern el seu equip va trobar “una justícia desatesa i una administració distant” respecte dels ciutadans, als quals es deu i protegeix el sistema judicial. Per tant, considera imprescindible posar en marxa una política de reparació de drets, que ha de passar per la inversió en justícia –desterrant la idea de despesa–. “Les retallades suposen empobriment moral i social”, ha considerat, i ha assenyalat la xarxa d’oficines d’atenció al delicte que ha anat creant el Consell.

El model copia el de Pla Edificant que va posar en marxa Educació, en què els ajuntaments fan les licitacions i la Generalitat abona el cost per a agilitzar el procés. En realitat, algunes actuacions van començar el 2017 i ja hi ha dues obres a punt d’acabar; la fiscalia de Gandia i els jutjats de Mislata, que tenia “un dels espais més indignes”, ha ressaltat Bravo.

La consellera de Justícia calcula que es reformaran amb aquest pressupost un de cada quatre centres i, si es tenen en compte els plans d’eficiència energètica, ascendeix a un 60%. L’objectiu d’aquests últims, així com els de seguretat, és una gestió més eficaç del manteniment d’edificis per a garantir també la salubritat i la comoditat dels funcionaris que hi treballen, així com dels drets dels ciutadans que hi acudeixen, perquè siguen atesos en les millors condicions.

Los palacios de justicia de las dos principales ciudades valencianas comenzarán a ser estructuras decentes para el uso de los trabajadores y de los ciudadanos. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha presentado este martes el plan de infraestructuras judiciales para adaptar las sedes al siglo XXI y atender a las necesidades del personal.

El plan, que se contempla de 2017 a 2021, prevé una inversión de 200 millones de euros en cuatro vertientes: construcción de nuevos edificios, rehabilitación de las infraestructuras deficientes, un plan de eficiencia energética y la centralización del sistema de seguridad.

Buena parte de la inversión se centra en Alicante, que cuenta con unas infraestructuras obsoletas y en las que la actividad se hace complicada para los trabajadores. El palacio de la justicia se llevará 24 millones para su rehabilitación, además habrá 53 millones para la construcción de un nuevo edificio en la ciudad.

En la reforma de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, una reivindicación que arrastra años y anunciada el lunes, se invertirán 25 millones de euros para unas obras que durarán entre 4 y 5 años. Prácticamente, del actual palacio solo quedará la fachada, según comentaban este martes en la sede el Ejecutivo. Ambas sedes se encuentran en un estado deplorable, como ha venido criticando el personal de justicia.

El president, Ximo Puig, que ha comparecido siguiendo a la consellera, ha recordado que al llegar al Gobierno su equipo encontró “una justicia desantendida y una administración distante” respecto a los ciudadanos, a quienes se debe y protege el sistema judicial. Por tanto, considera imprescindible poner en marcha una política de reparación de derechos, que debe pasar por la inversión en justicia -desterrando la idea de gasto-. “Los recortes suponen empobrecimiento moral y social”, ha considerado, para señalar la red de oficinas de atención al delito que ha ido creando el Consell.

El modelo copia el de Pla Edificant que puso en marcha Educación, en el que los ayuntamientos hacen las licitaciones y la Generalitat abona el coste para agilizar el proceso. En realidad, algunas actuaciones comenzaron en 2017 y ya hay dos obras a punto de finalizar; la fiscalía de Gandia y los juzgados de Mislata, que contaba con “uno de los espacios más indignos”, ha resaltado Bravo.

La consellera de Justicia calcula que se reformarán con este presupuesto uno de cada cuatro centros y, si se tienen en cuenta los planes de eficiencia engergética, asciende a un 60%. El objetivo de estos últimos, así como los de seguridad, es una gestión más eficaz del mantenimiento de edificios para garantizar también la salubridad y comodidad de los funcionarios que allí trabajan, así como de los derechos de los ciudadanos que acuden, para que sean atendidos en las mejores condiciones.

Los abogados valencianos del turno de oficio recuperarán las retribuciones que percibían en 2005, las cuales sumarán, además, un aumento del 20,7% para compensar la subida del IPC durante estos años.

Así lo ha explicado este miércoles la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, a los representantes de la Plataforma de Abogados del Turno de Oficio. Previamente, la titular de Justicia había informado de esta iniciativa a los responsables del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.

En la reunión, la consellera les ha trasladado los pormenores del proyecto de Orden por la que se revisan las cuantías de los módulos y bases de compensación para estos profesionales y que también modifica el Decreto 17/2017 del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

De esta forma, los abogados de oficio recuperarán y superarán el nivel retributivo que tenían hace doce años cuando fue congelado y posteriormente recortado. Una vez publicada la Orden, los efectos de la misma serán de aplicación a partir del pasado 1 de abril.

La consellera ha explicado a los representantes del turno de oficio que, en este 2018, la partida destinada al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados asciende a 33,5 millones de euros, lo cual representa un incremento de un 18,37% respecto a 2017 y de un 64% respecto a 2015.

Este apuesta presupuestaria del Consell es la que ha permitido que los letrados del Turno puedan recuperar los emolumentos que recibían en 205 e incluso aumentarlos para compensar la subida del IPC en estos doce años.

El incremento también ha llegado al Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, para el que se ha destinado una partida de cinco millones de euros, un 11% más que en 2017. Los procuradores de oficio, cuyo baremo es fijo por expediente tramitado, verán su remuneración incrementada un 76% desde el inicio de esta legislatura

Además, Gabriela Bravo se ha comprometido con los abogados a reforzar la colaboración con los colegios profesionales para incrementar la formación especializada y gratuita a los letrados del Turno de Oficio. Esta iniciativa estará destinada a complementar la labor que, en este sentido, ya realizan los ocho colegios profesionales de abogados repartidos entre las tres provincias valencianas.

La Ciudad de la Justicia de València no tenia seguro antiincendio en la etapa de gobierno del PP, ni lo ha tenido durante la actual legislatura. Así lo ha reconocido la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que ha explicado que la recuperación del edificio tras el incendio sufrido en septiembre costará por ello un total de 2,7 millones a las arcas públicas.

¿Por qué no lo ha tenido? Porque “sale muy caro y no es obligatorio”, reconocía Bravo al periódico Valenciaplaza. No obstante cabe destacar que la propia consellera en su día ya salió al paso de las acusaciones de que no sonara la alarma de la Ciudad de la Justicia, hecho que desmintió afirmando que sonó y además el sistema antiincendios funcionó bloqueando las estancias afectadas e impidiendo así su propagación.

El balance, por tanto, además de estos casi 3 millones de coste, también fue el retraso de 2.000 expedientes que han requerido de un plan de choque iniciado esta semana para poner al día a los juzgados. 

Mejoras

Gabriela Bravo también ha anunciado mejoras obligadas tras el incendio como la puesta en marcha de una única central de alarma para intrusismo y prevención de incendios. Con este sistema se tendrá acceso por vídeo a todas las sedes judiciales valencianas desde la garita de vigilancia de València.

Por lo que respecta a esta garita de vigilancia en 2018 se someterá a reforma, igual que las sedes de Mercantil y Social. Otra intervención destacada será la mejora del juzgado de guardia de Violencia Sobre la Mujer que dejará de estar en medio de un pasillo.

L'incendi registrat el 10 de setembre en la Ciutat de la Justícia de València va ser “accidental” a causa de “una incidència elèctrica” i l'alarma va sonar, segons es desprèn d'un informe policial i d'un altre elaborat pel Servei d'Infraestructures de la Conselleria de Justícia.

“El sistema de detecció contra incendis va funcionar, diguen el que diguen. Va detectar el focus, va alertar mitjançant alarma i va activar el tancament de portes automàtiques que va impedir la propagació de l'incendi i va minimitzar les conseqüències”, ha subratllat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, que ha comparegut aquest dimarts davant una comissió de les Corts Valencianes.

Aquest mateix dimarts Bravo ha rebut un informe del grup d'inspecció de la Brigada de la Policia Científica que conclou que “tot sembla indicar” que l'incendi va tenir un origen “accidental” per “incidència elèctrica en alguns aparells elèctrics trobats”. I va sorgir des del sòl i no des del sostre, com es va pensar inicialment, en el jutjat de Primera Instància número 3 de València.

“Sabem que el sinistre no té res a veure amb fallades del sistema elèctric de l'edifici. Les instal·lacions de la Ciutat de la Justícia havien sigut objecte de revisió”, ha subratllat la consellera.

La Conselleria de Justicia elaborará, junto con los diferentes operadores jurídicos, un plan de choque para que los juzgados valencianos recobren lo antes posible la normalidad y su agenda. El plan cuenta con incrementar el número de funcionarios para agilizar el trabajo.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha trasladado estos objetivos a diferentes operadores jurídicos con los que ha mantenido un encuentro en la Ciudad de la Justicia valenciana tras el incendio registrado en estas instalaciones hace un semana.

Como consecuencia del incendio, declarado en un juzgado de Primera Instancia en la segunda planta, los edificios permanecen inhábiles hasta hoy y únicamente han estado funcionando los juzgados de guardia las 24 horas y el Registro Civil de 9 a 12 para nacimientos, matrimonios y defunciones.

En el momento en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acuerde declarar hábiles los plazos en estos 21 juzgados afectados, la consellera pretende reunir a los operadores jurídicos para hacer un plan de choque.

“La voluntad es que en el mínimo tiempo imprescindible se pueda recuperar la normalidad y la agenda. Se hará un plan que podría contemplar habilitar salas fuera de la Ciudad de la Justicia -para los juzgados afectados por el fuego- o ampliar funcionarios”. “Se estudiará y estamos dispuestos”, ha apostillado.

Respecto a los informes, la consellera todavía está a la espera de recibir varios encargados sobre el edificio, entre ellos, uno relativo a la medición de la pureza del aire. “Parece que el nivel de pureza es importantísimo ahora y que incluso en algunos ámbitos es cero”, ha dicho, aunque hay que esperar el informe definitivo. También ha comentado que “al parecer” los despachos interiores, según las mediciones, no presentan problemas ni de bacterias ni de toxicidad. Además, aún debe llegar un informe de la empresa que revisa el funcionamiento de medidas de detección y prevención de incendios para saber cuándo se hizo la última revisión; así como otro de una auditoría generalizada.

Por su parte, la empresa encargada del mantenimiento de los sistemas de detección de incendio en la Ciudad de la Justicia ha afirmado que ha hecho un análisis del funcionamiento posterior al incendio y que “todo está funcionando correctamente”.

“Los técnicos trasladan esto. Es lo que han adelantado”, ha comentado la consellera, quien ha adelantado que ha pedido otro informe para salir de dudas puesto que, según contempla el informe de bomberos, ni el vigilante de seguridad ni las personas que estaban allí el día del incendio escucharon la alarma.

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha informat aquest dimarts que la Ciutat de la Justícia tornarà a obrir les seues portes de forma parcial des d'aquest dimecres 13 de setembre - un incendi va afectar diumenge passat a les dependències judicials de València-.

Bravo ha explicat que tot l'edifici podrà recuperar la seua activitat, excepte l'ala dreta des de la primera a la cinquena planta, on estan situats els jutjats de primera instància 1, 2, 3 i 4, les dependències de la qual es mantindran tancades fins que es facen les obres necessàries d'assentament de l'estructura. A més, ha comentat que aquests jutjats es traslladaran de forma provisional a una sala situada al costat de l'Audiència Provincial.

La consellera ha pres aquesta decisió després de comprovar mitjançant dos informes que no existeix toxicitat en l'aire i que per tant està garantida la seguretat per a funcionaris i usuaris. Sobre l'accés de personal de neteja després de l'incendi, ha assegurat que en aqueix moment ja no hi havia fum i que encara així, es va proporcionar màscares de seguretat als operaris i operàries.

Sobre les causes de l'incendi i la possibilitat que els sistemes de prevenció i extinció d'incendis hagen fallat, Bravo ha comentat que estan a l'espera dels informes definitius de la Policia Científica i dels bombers, dels quals s'informarà una vegada estiguen finalitzats.

La consellera ha preferit no fer valoracions sobre aquest tema ja que, segons ha comentat, existeixen diferents versions sobre si les alarmes no van sonar o si ho van fer però no es van escoltar.

En qualsevol cas, ha dit que el sistema és el mateix que es va implantar l'any 2004 quan es va construir l'edifici i que existeix un servei de manteniment que s'encarrega de tenir-ho operatiu i en condicions òptimes.

Sobre els danys causats per l'incendi, ha comentat que no els tenen quantificats i que en tot cas els assumiran la Conselleria. A més, ha afegit que els expedients afectats pel foc (relacionats amb temes de reclamacions econòmiques, morositat, etc...) són menys dels estimats inicialment: “S'ha contractat una empresa especialitzada per a netejar-los i reconstruir-los i es reforçarà el personal per a evitar problemes d'operativitat”.

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha informado este martes que la Ciudad de la Justicia volverá a abrir sus puertas de forma parcial desde este miércoles 13 de septiembre -un incendio afectó el pasado domingo a las dependencias judiciales de Valencia-.

Bravo ha explicado que todo el edificio podrá recuperar su actividad, salvo el ala derecha desde la primera a la quinta planta -permanecerán cerrados 20 juzgados, 18 de Primera Instancia y dos de Contencioso-, donde están ubicados los juzgados de primera instancia 1, 2, 3 y 4, cuyas dependencias se mantendrán cerradas hasta que se hagan las obras necesarias de asentamiento de la estructura. Además, ha comentado que estos juzgados se trasladarán de forma provisional a una sala ubicada junto a la Audiencia Provincial.

La consellera ha tomado esta decisión tras comprobar mediante dos informes que no existe toxicidad en el aire y que por tanto está garantizada la seguridad para funcionarios y usuarios. Sobre el acceso de personal de limpieza tras el incendio, ha asegurado que en ese momento ya no había humo y que aún así, se proporcionó mascarillas de seguridad a los operarios y operarias.

Bravo ha trasladado esta decisión a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva. El organismo ha informado que este miércoles, pese a abrirse las dependencias de la Ciudad de la Justicia, será día inhábil, quedando suspendidos plazos procesales, vistas, audiencias y otros actos judiciales. En este sentido, el TSJCV ha marcado el jueves como día hábil, recuperando toda esta actividad.

Sobre las causas del incendio y la posibilidad de que los sistemas de prevención y extinción de incendios hayan fallado, Bravo ha comentado que están a la espera de los informes definitivos de la Policía Científica y de los bomberos, de los que se informará una vez estén finalizados.

La consellera ha preferido no hacer valoraciones al respecto ya que, según ha comentado, existen diferentes versiones sobre si las alarmas no sonaron o si lo hicieron pero no se escucharon.

En cualquier caso, ha dicho que el sistema es el mismo que se implantó en el año 2004 cuando se construyó el edificio y que existe un servicio de mantenimiento que se encarga de tenerlo operativo y en condiciones óptimas.

Sobre los daños causados por el incendio, ha comentado que no los tienen cuantificados y que en todo caso los asumirán la Conselleria. Además, ha añadido que los expedientes afectados por el fuego (relacionados con temas de reclamaciones económicas, morosidad, etc...) son menos de los estimados inicialmente: “Se ha contratado una empresa especializada para limpiarlos y reconstruirlos y se reforzará el personal para evitar problemas de operatividad”.

Les funcionàries que patisquen violència masclista podran traslladar-se de lloc de treball i tindran dret a sis mesos de baixa sense perjudici econòmic. La Generalitat Valenciana ha desenvolupat el protocol de mobilitat per a les empleades públiques, un dret reconegut des de 2010 en la llei de Funció Pública, al que no s'havia parat atenció.

“En dos anys ens hem adonat que no hi ha moltes peticions vinculades a la violència de gènere”, ha explicat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, que considera que és per desconeixement. Per açò, entre el seu departament i el d'Igualtat, consensuat amb els sindicats i entitats feministes, s'ha elaborat una guia per a les empleades públiques víctimes de violència masclista. “Sense el coneixement dels drets, no es poden exercir”, ha assenyalat la consellera.

El sumari recopila els drets als quals poden acollir-se les víctimes i totes les mesures de protecció que la llei reconeix. Segons han explicat la consellera Bravo i la vicepresidenta del Consell, Mónica Olta, durant la presentació del protocol, la llei de Funció Pública valenciana regula les excedències voluntàries a empleades públiques per violència de gènere, i des de 2004 existeix la llei que regula les mesures de protecció integral. La majoria no s'havien desenvolupat, la qual cosa les convertia en “paper mullat”, han insistit ambdues.

La principal novetat del protocol és la regulació de la mobilitat interadministrativa per a les treballadores i que no suposarà perjudici econòmic. El divendres el ple del Consell aprovarà un conveni amb ajuntaments i diputacions per a estendre el dret a totes les empleades públiques. De moment, afectaria a prop de 10.600 dones en l'àmbit de les funcionàries de la Generalitat. D'aquesta manera, les víctimes de violència masclista podran traslladar-se a una altra conselleria, ajuntament o corporació provincial si així o estimen convenient.

A més del trasllat, les empleades tenen dret a baixa de fins a sis mesos i a una reducció de la jornada sense que es reduïsca el seu salari. En el cas de canviar de lloc de treball, el protocol estableix que el nou lloc haurà d'assemblar-se el màxim possible a l'anterior i, si hi ha diferència en les retribucions, les assumirà l'administració d'origen.

Les mesures seran adoptades en el menor termini possible: un màxim de 15 dies per a la mobilitat administrativa i de 30 per a la interadministrativa. A més, per a protegir la identitat de la víctima, el registre estarà únicament a càrrec de la directora general de funció pública.

El Consell ha aprobado este viernes el anteproyecto de la Ley de Mediación de la Comunitat Valenciana para la resolución extrajudicial de los conflictos, que será idónea para diferentes ámbitos, salvo el penal, y gratuita para los beneficiarios de la justicia gratuita.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha explicado el anteproyecto tras el pleno del Consell y ha destacado que la mediación es un 75 % más barata que la vía judicial, más rápida (un plazo de tres meses) y “muy eficaz” porque ayuda a reducir la litigiosidad y gastos en los juzgados.

La ley ofrece novedades respecto a la norma estatal aprobada en 2012 al ser “más ambiciosa”, ya que caben todas las materias excepto la penal, incorpora la novedad de la mediación gratuita y establece un régimen sancionador.

El objetivo de la ley es implantar, desarrollar e impulsar un marco jurídico en el que incorporar los procedimientos de mediación que se desarrollen en el ámbito de la Comunitat Valenciana, fomentando el acceso de la ciudadanía a este método extrajudicial de solución de conflictos.

No procedeix de la política, però coneix bé la vida pública. Gabriela Bravo (Ràfol de Salem, 1963), fiscal de carrera, va ser portaveu del Consell General del Poder Judicial entre el 2008 i el 2013. Prèviament havia estat presidenta de la Unió Progressista de Fiscals.

En el Govern valencià sorgit del Pacte del Botànic es va fer càrrec de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, un departament amb repercussions cap a dins i cap a fora de l’estructura de la Generalitat Valenciana.

Fruit de la seua formació jurídica i de la seua trajectòria professional, s’expressa amb una meticulositat que dilata les respostes. “Acostume a fer llargues les contestacions i després patisc per la manera com ho resumiran els periodistes”, s’excusa abans de començar.

El conseller d’Hisenda, Vicent Soler, va reclamar en la reunió de seguiment de la Conferència de Presidents poder fer una oferta pública d’ocupació extraordinària, com la del Govern central. Tan malament estem?

Arrosseguem un dèficit important en el tema de personal derivat de totes les restriccions que s’han imposat en matèria de funció pública tots aquests anys anteriors. La política del PP, amb l’argument de la crisi econòmica, ha estat restringir i limitar les ofertes d’ocupació pública amb les taxes de reposició. Ens trobem ara mateix en una situació bastant dramàtica. En menys de deu anys en l’Administració general de la Generalitat Valenciana es jubilaran 12.000 persones sobre un actiu de 16.500.

Això és gairebé tota la plantilla.

Una part importantíssima. A més, tenim més d’un 30% d’interinitat en l’àmbit de l’Administració. Són els nostres dos grans problemes davant d’aquest nombre escàs de personal en els distints departaments. Què hem demanat al Govern? Ja es va plantejar en la Conferència de Presidents: no poden tractar a totes les comunitats igualment, el café per a tothom no ens serveix, com no ens serveix en matèria de finançament ni en altres qüestions. Per què? Perquè la situació de la Comunitat Valenciana no té res a veure, per exemple, amb la d’Extremadura, que té superàvit de funcionaris. Per això es va plantejar que les comunitats autònomes pogueren tenir capacitat a l’hora de determinar les ofertes d’ocupació pública atenent-ne la singularitat i els problemes propis.

És cert que el Govern ha anunciat en el pacte amb els sindicats una ampliació de les ofertes d’ocupació pública, ha reduït les taxes de reposició en molts sectors del 50% que se’ns imposava, però ja hem advertit, i així ho va manifestar el conseller Soler en aquella reunió, que no n’hi ha prou. Perquè podem arribar a una taxa d’interinitat del 10% d’ací a tres anys, que és l’horitzó que ens hem marcat i a què també vol arribar l’Estat, amb aquestes mesures no n’hi ha prou. Per tant, haurem de revisar els acords i haurem d’impulsar noves mesures per al 2018.

Fins a quin punt aquestes restriccions del Govern de Rajoy han respost a la política de retallades o a una mentalitat centralista en relació amb les administracions autonòmiques?

És una manera de tutelar-les. Aquestes polítiques posen de manifest, igual que el Fons de liquiditat autonòmic (FLA), una tutela i un control de les polítiques dels governs autonòmics i això, d’alguna manera, també incideix directament en l’execució de les polítiques. Sempre hi ha un ens superior que et marcarà fins i tot els temps de l’execució de les polítiques que projectes. Per a nosaltres és importantíssima la regeneració de l’Administració, és importantíssim incorporar-hi talents nous, que es nodrisca de gent jove, gent preparada, que ix de la universitat i engrosseix les llistes de l’Inem o busca oportunitats fora d’aquest país, mentre els recursos de les administracions públiques són tan escassos. Hem de posar-hi remei. En l’esborrany de l’avantprojecte de llei que traurem aquestes setmanes tenim prevista una dotació de beques.

A quina llei es refereix? Com s’anomena?

En principi s’anomena Llei d’Ocupació Pública, encara que és un terme també criticat per alguns sectors. Dic ‘en principi’ perquè està en fase d’esborrany. Anirà aquestes pròximes setmanes al Consell i després iniciarem la fase de negociació amb els sindicats. Després es debatrà en la seu parlamentària.

Què preveu aquesta llei?

En l’esborrany està previst, fins i tot, la possibilitat de concedir beques per a activar i estimular els joves a preparar-se les oposicions i poder integrar-los com a valors en l’Administració.

I això com pot ser si fa la sensació que a les oposicions es presenten milers de persones quan es convoquen?

És veritat que competeixes amb un nombre importantíssim de persones normalment ben preparades. Què hem de fer? Doncs que les ofertes d’ocupació pública siguen nombroses. En el nostre pla de recursos plantejàvem la necessitat de traure 4.500 places, entre processos de consolidació, dirigits a la reducció de la interinitat, i de personal nou a través del torn lliure.

Podria tot això mitigar la queixa que la falta de funcionaris ralentitza les polítiques del Consell?

Hi ha un problema important si tenim en compte que les ofertes d’ocupació pública durant aquests últims huit anys han estat escasses i que hem assistit a un cert immobilisme dins de l’Administració. Ni tan sols hi havia concursos. L’instrument que s’utilitzava perquè els funcionaris optaren a altres llocs de treball dins de l’Administració eren les comissions de serveis, que estan previstes per a una altra cosa. I s’ha abusat molt del famós article 8 de la llei que possibilitava que per la via d’urgència pogueres contractar gairebé de manera directa, sense cap tipus de prova, personal de fora de l’Administració com a interins.

Nosaltres hem canviat el rumb. Els grans puntals d’una funció pública professional a què s’accedisca per principis de mèrits, capacitat i igualtat, els hem portat fins a les borses de treball. L’exemple són les 29 borses que hem obert, a què s’han presentat més de 10.000 persones. Les hem obertes amb el requisit que la gent, per a accedir-hi, ha de passar una mínima prova objectiva de coneixements.

Tot això és conseqüència de la creació d’una Generalitat paral·lela en l’època del PP, amb conselleries molt externalitzades, mitjançant empreses públiques fora de l’Administració?

Tenim grans exemples, Vaersa, Ciegsa i determinats instituts, que en definitiva han servit de tapadores per a altres interessos i per a fomentar la corrupció política. Pense que no cal demonitzar el sector públic. És molt important tenir un sector públic potent que camine de manera paral·lela a l’Administració. Cal seguir donant suport en el sector públic, però ha de ser transparent, veritablement al servei dels interessos de la societat, que se sotmeta al procés de fiscalització i no s’utilitze com a excusa per a l’opacitat ni per a actuacions irregulars o per a espoliar les arques públiques.

Intentem reconstruir el sector públic després del que hem heretat. Com a exemple, l’entrada i l’escorcollament que va tenir lloc al cap de l’any que arribàrem a Ciegsa, l’empresa que es va crear, en teoria, per a construir col·legis i que va ser utilitzada desgraciadament per a altres finalitats dels corruptes. Intentem també canviar aquesta tònica des de principis ètics i la incorporació de valors basats en la transparència. Això demana un temps. Ens diuen que som lents i puc assegurar-li que no deixem de treballar ni un minut.

Les federacions de serveis públics solen ser les més fortes. Com s’entén amb els sindicats?

Pense que tinc una bona relació amb tots els representants sindicals. Des del primer moment vaig obrir les portes de la conselleria. Poden traslladar a la titular d’aquesta conselleria qualsevol problema. Hem intentat des del diàleg i el consens fixar les bases de la política en matèria de funció pública que ens permeta avançar en la transformació de l’Administració. Encara que estiga malament dir-ho, va ser un èxit l’acord de legislatura que van signar la major part dels sindicats (l’únic que no ho va fer simplement s’hi va abstenir, però no va mantenir una oposició frontal). Li puc assegurar que estem complint aquest acord que es va signar al Palau de la Generalitat.

I com s’entén amb l’oposició, amb el PP?

Només puc ser respectuosa amb el paper de l’oposició. Ara bé, dit això, pense que en aquest cas hauria de mesurar més el to i la intensitat de les acusacions enfront de les polítiques, sobretot en l’àmbit social, que estem impulsant per a complir l’Acord del Botànic, que és el nostre referent. No tenen base ni justificació per a totes aquestes crítiques. Tracten de polaritzar, de radicalitzar els missatges i confondre la societat. El que intenta fer aquest Consell en polítiques socials i educatives és garantir més igualtat en la societat valenciana i posar fi a aquestes polítiques que ells sí que van posar en marxa, dirigides als interessos d’uns quants.

Amenacen de portar als tribunals la norma sobre l’ús del valencià en l’Administració...

La iniciativa va arrancar des de la Conselleria d’Educació, perquè és la direcció de Política Lingüística la que té la competència. Des de Funció Pública vam fer les observacions que enteníem necessàries perquè el text s’ajustara a la legalitat vigent. Insistisc, l’oposició està centrada en el radicalisme i la confrontació. Aquest decret tracta de garantir que qualsevol ciutadà que vulga comunicar-se en valencià amb l’Administració puga fer-ho sense que hi haja cap objecció, ni obstacles, ni siga una rèmora. No compartisc que això discrimine l’altra llengua oficial, que és el castellà. Tenint en compte que el valencià és una llengua que no té el mateix desplegament en l’ús que el valencià, és perfectament legítim que el govern autonòmic impulse mesures per a afavorir el coneixement i el desenvolupament d’aquesta altra llengua que forma part de la nostra identitat cultural. El decret només persegueix normalitzar l’ús de les dues llengües.

Hi ha un altre front de fricció en els tribunals relacionat amb Educació, que té a veure amb el decret de plurilingüisme i amb els concerts educatius de batxillerat. Fins a quin punt està d’acord amb al·lusions com les que ha fet Mónica Oltra que des dels tribunals es puga fer política?

Sempre he defensat que les resolucions judicials poden ser objecte de crítica, però les crítiques que van més enllà i que afecten o ataquen directament els titulars del poder judicial crec que cal moderar-les. Respecte les decisions judicials encara que no les compartisca, com no he compartit algunes de les interlocutòries que ha dictat el Tribunal Superior de Justícia en aquestes matèries, però pense que les crítiques cal fer-les sempre des del respecte al que signifiquen com a poder judicial, sobretot per a evitar aquesta imatge de possible ingerència en les funcions jurisdiccionals. Ara bé, tenim dret a criticar les resolucions. N’hi ha de molt sorprenents, fins i tot molt poc motivades. I això ens preocupa. A través de la via dels recursos les instàncies superiors haurien de corregir-les.

Vosté que ha viscut el poder judicial per dins comparteix la sensació que els tribunals que toquen temes polèmics no aposten precisament per l’obertura i la modernització de la societat?

Les resolucions sempre estan marcades per interpretacions jurídiques. Si hi ha criteris polítics o no, correspondrà als òrgans superiors corregir-los. La major part dels jutges, en el dia a dia, adopten les decisions seguint criteris jurisdiccionals.

Les seues competències en justícia se centren en els mitjans materials i humans, un àmbit en què sembla que tot el que es fa sempre és poc.

Així és.

Què és pitjor: que falten jutges o que hi haja pocs mitjans materials?

El més greu és que la reforma profunda que necessita la justícia a Espanya continue sent l’assignatura pendent de la democràcia. Tota la resta que podem anar aportant des de les comunitats autònomes ajudarà, però no deixaran de ser pegats. Tenim un model de justícia huitcentista per al que desgraciadament cap govern, ni progressista ni conservador, ha posat damunt de la taula un projecte de reforma profunda. Hi ha hagut avenços, però sempre posant pegats a les lleis, posant pegats a les normes. Ara mateix, en la societat del segle XXI, amb tota l’enginyeria delictiva que veiem en tot allò de relacionat amb la corrupció política i econòmica, continuar aplicant una llei de la fi del segle xix, amb uns procediments estructurats sobre una societat rural com aquella, sincerament, és un veritable obstacle per al funcionament de la justícia.

Dit açò, la nostra responsabilitat, des de les comunitats autònomes, és instar, d’una banda, el Govern d’Espanya que aborde aquesta reforma de la justícia tan necessària, en matèria de planta judicial, en matèria de procés penal, i d’altra banda, atendre les necessitats de mitjans personals i professionals. Però el problema és que invertim sobre una estructura i un model huitcentista i obsolet i al final, en compte d’invertir, desinvertim. A més, no es materialitzen grans avenços. En posaré un exemple, els casos de reforços.

Quan hi ha un cas complex que exigeix suport perquè el jutge puga instruir-lo...

En situacions extraordinàries la Conselleria ha d’aportar més funcionaris als jutjats que ho requereixen. En dos anys hem duplicat el nombre de reforços. Continuarem doblant-los per a l’any següent. Els jutges, però, continuen queixant-se de falta de personal. El 2017 hem posat el doble de funcionaris que l’any passat! I hem triplicat els de l’última etapa del PP!

Potser és que falten jutges.

Falten jutges, la mateixa estructura d’organització de la justícia no rendibilitza tota la inversió en mitjans personals ni el funcionament de les oficines. El gran projecte de posada en marxa de l’oficina judicial que estem impulsant a la Comunitat Valenciana continua tenint problemes per a implantar-se en l’àmbit nacional. Hi ha molts problemes i obstacles. Continuar mantenint l’estructura atomitzada de jutjats fa que l’esforç inversor de l’Administració no resulte significatiu. Toca seure i, des de l’àmbit d’un pacte d’estat, fixar les prioritats. Per a fer-ho, cal un Govern que lidere la reforma de la justícia, però no sembla estar-hi disposat.

S’han acabat les imatges de jutjats en situacions tercermundistes?

No, desgraciadament no s’han acabat. Nosaltres treballem per presentar prompte un pla integral en matèria d’infraestructures. Hem detectat que la diversitat de seus judicials és àmplia i contradictòria. Al costat de partits judicials amb seus modernes, preparades per a garantir els drets de les víctimes i l’accés de qualsevol ciutadà, conviuen seus insalubres, que no poden garantir la privacitat de la víctima davant de l’agressor, que poden posar fins i tot en risc la salut de les persones que hi treballen. Per això actuem, com a prioritat, sobre aquestes seus.

Quins jutjats estan pitjor?

Li’n puc posar un exemple. La situació dels jutjats de Mislata era insostenible des de fa ja 10 anys. La primera mesura que vam adoptar va ser buscar un local nou dins del partit judicial i hem adjudicat ja l’obra per a habilitar allí els quatre òrgans judicials. Estem també treballant en el Tribunal Superior de Justícia, on hi ha denúncies per part de la Inspecció de Treball sobre condicions d’insalubritat i risc. Adjudicarem el contracte per a una reforma integral del palau del TSJ. Hem resolt el problema gravíssim d’Alcoi, on hem aconseguit consensuar amb l’Ajuntament el trasllat dels jutjats al nou edifici que hem habilitat i preparat. En fi... Ens queda encara molt. Hem diagnosticat en el pla quines són les prioritats, la situació de cada una de les seus i quins tipus de reformes necessiten.

El pla parteix de principis com la funcionalitat, la universalitat, l’accés, l’austeritat i la racionalització de la despesa... No ens dedicarem a la construcció de grans seus i a abandonar tot el patrimoni de l’Administració. Busquem aprofitar, mitjançant reformes integrals, el patrimoni propi de la Generalitat. Volem impulsar aquest pla en els pròxims dos anys per a deixar un full de ruta orientat a deixar seus preparades i aconseguir un gran estalvi en la despesa.

Abans ha esmentat les víctimes. Va haver-hi moltes crítiques a les oficines d’atenció a les víctimes perquè estaven copades pel PP. Com ho ha resolt? Quin és el nou model?

Amb l’aprovació del decret de creació de la nova xarxa d’oficines d’atenció a la víctima hem previst 22 seus en tota la Comunitat, ja hem creat noves places de psicòlegs i treballadors socials que s’hi incorporaran aviat, s’estan enllestint els treballs d’acomodació de les oficines i hem iniciat el procés de contractació de l’assessorament jurídic per a posar en marxa l’ERO de la fundació Favide.

Serà l’Administració la que assumirà directament la gestió de tots aquests recursos i la que liderarà el compliment dels drets que les víctimes tenen reconeguts. L’ERO servirà per a determinar quin personal s’hi ha d’integrar i quin ha d’eixir de la fundació, tenint en compte que, en fer-se’n càrrec l’Administració, ja no el necessitem. Hi ha un acord del Consell de l’any 2013 d’extinció de les fundacions. Una de les que el PP va acordar extingir llavors va ser Favide.

Volem fer el trànsit de manera tranquil·la a fi d’assegurar el servei. No sé com hi van entrar o van deixar d’entrar. El que sí que sé és que en l’àmbit de la fundació treballen professionals que presten un servei molt important a les víctimes. Em referisc fonamentalment als lletrats i a les lletrades que han prestat aquest servei. El trànsit d’un model a un altre s’ha de fer de manera suau i no ha d’obrir un buit en la gestió del servei.

Una característica del govern del Botànic va ser incorporar conceptes nous a l’estructura de la Generalitat. En el cas del seu departament va ser la memòria democràtica i les llibertats públiques. El projecte més rellevant en aquest àmbit és la Llei de la Memòria Democràtica, que ha tingut una acollida per part del PP bastant dura, amb acusacions de sectarisme i de no tenir en compte més que unes víctimes de la Guerra Civil. Com encaixa vosté aquesta postura?

Em sent molt satisfeta que el projecte de Llei de la Memòria Democràtica i per a la Convivència a la Comunitat Valenciana haja eixit d’aquesta conselleria. Hem treballat amb totes les entitats memorialistes, amb la societat civil, per a presentar-lo. No em va sorprendre gens la posició del PP. Si un examina els arguments que es van donar en seu parlamentària per a justificar l’esmena a la totalitat, és preocupant comprovar que en alguns sectors res no ha canviat. Continuen utilitzant els mateixos arguments que els seus pares o els seus iaios van utilitzar en el passat. Una de les grandeses de l’estat de dret i de la democràcia és avançar en la construcció de valors que permeten obrir totes aquestes ferides, enfrontar-nos a la història sense por i sense confrontació. Els arguments del PP continuen fixats en bases antidemocràtiques.

Hi ha dos aspectes de la llei. L’un és la retirada de símbols franquistes i la revisió d’honors i distincions. L’altre, més dramàtic, és el de les exhumacions. Són les exhumacions de víctimes les que condicionen més l’estructura i els objectius d’aquesta futura llei?

Aquesta llei tracta fonamentalment de fer valorar els drets. Enfront dels arguments del PP, dic que aquesta norma recupera drets, i no qualsevol dret, sinó drets fonamentals. La dignitat de les víctimes, la reparació, la memòria, la veritat, són drets que corresponen a aquestes víctimes que van matar dues vegades: primerament quan les van assassinar i després quan les van sepultar en l’oblit.

És una llei que va més enllà de l’estatal del 2007 per diverses raons. El concepte de víctima no es redueix a víctimes directes, sinó que s’estén als familiars. D’altra banda, preveu una llista de possibles sancions per atacs directes a fosses, llocs de memòria o a la mateixa dignitat de les víctimes. D’alguna manera, construeix el procés perquè l’Administració assumisca directament aquest deute pendent amb les víctimes, que és la localització de les fosses, l’exhumació i la identificació.

A més, hem creat l’Institut de la Memòria per a construir el model que permeta gestionar i impulsar aquestes polítiques de recuperació de la dignitat de les víctimes. Això no és incompatible amb la possibilitat que el Consell decidisca, fins i tot abans de l’entrada en vigor de la llei, destinar una línia pressupostària per a iniciar el procés d’obertura i exhumació de les fosses.

Si escoltem el PP sembla que només es tracte d’exhumar les víctimes d’un bàndol, però la llei reflecteix les fosses de víctimes del franquisme i també les que es van produir en zona republicana...

Hi estan previstes totes les víctimes. Parlem de prop de 300 fosses. Ho he explicat en distints àmbits. En aquestes més de 10.000 víctimes, n’hi ha d’un bàndol i d’un altre. No volem una llei que servisca per a la confrontació, sinó que avance en la convivència. Per això entenem que és tan important parlar de memòria i de convivència. Rescatar la nostra història, obrir-la, rescatar éssers estimats del passat fosc de les fosses és construir la nostra pròpia història i avançar envers el futur. És molt important saber què va passar, per què va passar. Des de l’Institut de la Memòria es treballarà també per a facilitar el coneixement i l’accessibilitat als documents. La difusió és importantíssima. Cal saldar el deute de la democràcia amb massa víctimes que continuen estigmatitzades. Aquelles viudes o viudos, aquelles xiquetes i xiquets que van perdre éssers estimats perquè van ser afusellats després de processos sumaríssims o sense cap procés, van ser injuriats durant massa temps i tractats com a delinqüents. Les famílies esperen recuperar aquesta dignitat

Les exhumacions de fosses a Paterna reben l’ajuda de la Diputació de València. Però hi ha hagut un incident quan la jutgessa ha rebutjat fer-se càrrec del procediment. En aquests dos temes, qui finança les exhumacions i la intervenció judicial, hi aporta la llei cap novetat?

La llei deixa clar que el finançament correspon a l’Administració autonòmica. No significa que siga l’administració d’ofici que procedisca a l’obertura de les fosses. Això es farà a instància de les famílies i les associacions legitimades que la norma preveu. Però ho assumeix directament. Per què? Perquè seguim els cànons que ens marca les Nacions Unides, que entén que no podem fer que els familiars assumisquen un procés tan complex i tan car des del punt de vista econòmic.

Un altre tema és el procés judicial. Si com a conseqüència de l’obertura d’una fossa s’obrin unes diligències judicials, correspon a aquest jutjat el control. La identificació de les víctimes correspondria a l’Institut de Medicina Legal. A Paterna va entendre que els fets havien prescrits.

Però està en joc si són els forenses judicials o els que col·laboren amb les associacions de memòria històrica els que es fan càrrec de les identificacions.

Si no se n’haguera acordat l’arxiu, se n’hauria d’haver fet càrrec l’Institut de Medicina Legal. S’hauria d’haver traslladat allí els cossos. Contra aquesta interlocutòria de Paterna s’ha recorregut en reposició i m’imagine que s’hi recorrerà en apel·lació davant de l’Audiència. Cal esperar a veure què passa. Si s’entén que cal continuar, no tant per a esbrinar-ne els possibles autors, que evidentment sabem que són morts, o una vegada constatada la prescripció dels delictes, un fet sobre el qual hi ha molta discussió, sinó perquè ha de fer-se en el marc judicial, ho haurà de decidir l’Audiència Provincial.

La llei crea l’Institut Valencià de la Memòria Democràtica, que ha generat certa discrepància interna en la Generalitat perquè a Hisenda li sembla massa car.

Bé, a Hisenda li sembla massa car tot. És la posició inicial de què partim des de principis d’austeritat i racionalitat de la despesa. En la memòria econòmica que hem aportat es dissenyaven les polítiques que calia impulsar i la configuració d’aquest institut, que permetrà canalitzar totes les mesures que la llei estableix. És d’on eixirà el pla estratègic per a la recuperació de la memòria. Nosaltres, a l’hora de dissenyar l’institut, ens hem basat en models semblants que funcionen fa anys al País Basc, a Catalunya i a Andalusia.

Li puc assegurar que, si compara les estructures, la valenciana és més austera en nombre de funcionaris i en pressupost. Em va sorprendre el famós titular dels 19 caps. El concepte de cap és una nomenclatura pròpia de l’estructura de l’Administració que reflecteix l’existència de funcionaris de distint nivell en què, de fet, els caps de servei són els dels grups A1 i A2. En el model que vam presentar a Hisenda hi ha 6 persones. La resta són caps de secció o de negociat, però es tracta de grups inferiors que es dediquen a la gestió purament administrativa.

He criticat molt el fet d’aprovar lleis sense memòria econòmica o amb una disposició addicional que diu que no comportarà increment de la despesa perquè crec que és paper mullat. Hauria generat molta frustració als valencians i a les valencianes que esperen fa tant de temps trobar-se una llei sense una memòria que acompanye i definisca el projecte.

No procede de la política pero conoce bien la vida pública. Gabriela Bravo (Ràfol de Salem, 1963), fiscal de carrera, fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013. Previamente había sido presidenta de la Unión Progresista de Fiscales.

En el gobierno valenciano surgido del Pacto del Botánico se hizo cargo de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, un departamento con repercusiones hacia dentro y hacia fuera de la estructura de la Generalitat Valenciana.

Fruto de su formación jurídica y de su trayectoria profesional, se expresa con una meticulosidad que dilata las respuestas. “Suelo hacer largas las contestaciones y después sufro por cómo van los periodistas a resumirlo”, se excusa antes de empezar.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, reclamó en la reunión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes poder hacer una oferta pública de empleo extraordinaria, como la del Gobierno central. ¿Tan mal estamos?

Arrastramos un déficit importante en el tema de personal derivado de todas las restriccciones que se han impuesto en materia de función pública todos estos años anteriores. La política del PP, bajo el argumento de la crisis económica, ha sido restringir y limitar las ofertas de empleo público con las tasas de reposición. Nos encontramos ahora mismo en una situación bastante dramática. En menos de diez años en la Administración general de la Generalitat Valenciana se van a jubilar 12.000 personas sobre un activo de 16.500.

Eso es casi toda la plantilla.

Una parte importantísima. Además, tenemos más de un 30% de interinidad en el ámbito de la Administración. Son nuestros dos grandes problemas frente a ese número escaso de personal en los distintos departamentos. ¿Qué le hemos pedido al Gobierno? Ya se planteó en la Conferencia de Presidentes: no pueden tratar a todas las comunidades igual, el café para todos no nos sirve, como no nos sirve en materia de financiación ni en otras cuestiones. ¿Por qué? Porque la situación de la Comunidad Valenciana no tiene nada que ver, por ejemplo, con la de Extremadura, que tiene superávit de funcionarios. Por eso se planteó que las comunidades autónomas pudiesen tener capacidad a la hora de determinar las oferta de empleo público atendiendo a la singularidad y a los problemas propios.

Es cierto que el Gobierno ha anunciado en el pacto con los sindicatos una ampliación de las ofertas de empleo público, ha reducido las tasas de reposición en muchos sectores del 50% que nos venía imponiendo, pero ya hemos advertido, y así lo manifestó el conseller Soler en esa reunión, que no es suficiente. Para que podamos llegar a una tasa de interidad del 10% dentro de tres años, que es el horizonte que nos hemos marcado y al que también pretende llegar el Estado, esas medidas no son suficientes. Por tanto, tendremos que revisar los acuerdos y tendremos que impulsar nuevas medidas para 2018.

¿Hasta qué punto esas restricciones del Gobierno de Rajoy han respondido a la política de recortes o a una mentalidad centralista en relación con las Administraciones autonómicas?

Es una forma de tutelarlas. Estas políticas ponen de manifiesto, igual que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), una tutela y un control de las políticas de los gobiernos autonómicos y eso, de alguna forma, también incide directamente en la ejecución de las políticas. Siempre hay un ente superior que te va a marcar incluso los tiempos de la ejecución de las políticas que proyectas. Para nosotros es importantísima la regeneración de la Administración, es importantísimo incorporar nuevos talentos, que se nutra de gente joven, gente preparada, que sale de la Universidad y está engrosando las listas del Inem o buscando oportunidades fuera de este país, mientras los recursos de las Administraciones públicas son tan escasos. Tenemos que poner remedio a eso. En el borrador del anteproyecto de ley que vamos a sacar estas semanas contemplamos una dotación de becas.

¿A qué ley se refiere? ¿Cómo se llama?

En principio se llama Ley de Empleo Público, aunque es un término también criticado por algunos sectores. Digo 'en principio' porque está en fase de borrador. Irá estas próximas semanas al Consell y luego iniciaremos la fase de negociación con los sindicatos. Después se debatirá en sede parlamentaria.

¿Qué contempla esa ley?

En el borrador contemplamos incluso la posiblidad de conceder becas para activar y estimular a los jóvenes a prepararse las oposiciones y poder integrarlos como valores en la Administración.

¿Y eso cómo puede ser cuando da la sensación de que a las oposiciones se presentan miles de personas en cuanto se convocan?

Es verdad que compites con un número importantísimo de personas normalmente bien preparadas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que las ofertas de empleo público sean numerosas. En nuestro plan de recursos planteábamos la necesidad de sacar 4.500 plazas, entre procesos de consolidación, dirigidos a la reducción de la interinidad, y de personal nuevo a través del turno libre.

¿Podría todo eso mitigar la queja de que la falta de funcionarios ralentiza las políticas del Consell?

Hay un problema importante si tenemos en cuenta que las ofertas de empleo público durante estos últimos ocho años han sido escasas y que hemos asistido a un cierto inmovilismo dentro de la Administración. Ni siquiera había concursos. El instrumento que se utilizaba para que los funcionarios optaran a otros puestos de trabajo dentro de la Administración eran las comisiones de servicios, que están previstas para otra cosa. Y se ha abusado mucho del famoso artículo 8 de la ley que posibilitaba que por la vía de urgencia pudieras contratar casi de manera directa, sin ningún tipo de prueba, a personal de fuera de la Administración como interinos.

Nosotros hemos cambiado el rumbo. Los grandes pilares de una función pública profesional a la que se acceda por principios de méritos, capacidad e igualdad, los hemos llevado hasta las bolsas de trabajo. El ejemplo son las 29 bolsas que hemos abierto, a las que se han presentado más de 10.000 personas. Las hemos abierto con el requisito de que la gente para acceder a ellas ha de pasar una mínima prueba objetiva de conocimientos.

¿Todo esto es consecuencia de la creación de una Generalitat paralela en la época del PP, con consellerias muy externalizadas, mediante empresas públicas fuera de la Administración?

Tenemos grandes ejemplos, Vaersa, Ciegsa y determinados institutos que en definitiva han servido de tapaderas para otros intereses y para fomentar la corrupción política. Creo que no hay que demonizar el sector público. Es muy importante tener un sector público potente que camine de forma paralela a la Administración. Hay que seguir apoyándose en el sector público, pero ha de ser transparente, verdaderamente al servicio de los intereses de la sociedad, que se someta a los proceso de fiscalización y no se utilice como excusa para la opacidad ni para actuaciones irregulares o para expoliar las arcas públicas.

Estamos intentado reconstruir el sector público después de lo que hemos heredado. Como ejemplo, la entrada y registro que se produjo al año de que llegáramos en Ciegsa, la empresa que se creó, en teoría, para la construcción de colegios y que fue utilizada desgraciadamente para otros fines de los corruptos. Intentamos también cambiar esa tónica desde principios éticos y la incorporación de valores basados en la transparencia. Eso exige su tiempo. Nos dicen que somos lentos y puedo asegurarle que no dejamos de trabajar ni un minuto.

Las federaciones de servicios públicos suelen ser las más fuertes. ¿Cómo se lleva con los sindicatos?

Creo que tengo una buena relación con todos los representantes sindicales. Desde el primer momento abrí las puertas de la conselleria. Pueden trasladar a la titular de esta conselleria cualquier problema. Hemos intentado desde el diálogo y el consenso sentar las bases de la política en materia de Función Pública que nos permita avanzar en la transformación de la Administración. Aunque esté mal decirlo, fue un éxito el acuerdo de legislatura que firmaron la mayor parte de los sindicatos (el único que no lo hizo simplemente se abstuvo pero no mantuvo una oposición frontal). Le puedo asegurar que estamos cumpliendo ese acuerdo que se firmó en el Palau de la Generalitat.

¿Y cómo se lleva con la oposición, con el PP?

Solo puedo se respetuosa con el papel de la oposición. Ahora bien, dicho esto, creo que en este caso debería medir más el tono y la intensidad de las acusaciones frente a las políticas, sobre todo en el ámbito social, que estamos impulsando para dar cumplimiento al Acord del Botànic, que es nuestro referente. No tienen base ni justificación para todas esas críticas. Tratan de polarizar, de radicalizar los mensajes confundiendo a la sociedad. Lo que intenta hacer este Consell en políticas sociales y educativas es garantizar una mayor igualdad en la sociedad valenciana y acabar con esas políticas que ellos sí que pusieron en marcha, dirigidas a los intereses de unos cuantos.

Amenazan con llevar a los tribunales la norma sobre uso del valenciano en la Administración...

La iniciativa arrancó desde la Conselleria de Educación, porque es la dirección de Política Lingüística la que tiene la competencia. Desde Función Pública hicimos las observaciones que entendíamos necesarias para que el texto se acomodara a la legalidad vigente. Insisto, la oposición está centrada en el radicalismo y la confrontación. Ese decreto trata de garantizar que cualquier ciudadano que quiera comunicarse en valenciano con la Administración pueda hacerlo sin que haya ninguna objeción, ni obstáculos, ni sea una rémora. No comparto que eso discrimine a la otra lengua oficial, que es el castellano. Teniendo en cuenta que el valenciano es una lengua que no tiene el mismo despliegue en el uso que el castellano, es perfectamente legítimo que el gobierno autonómico impulse medidas para favorecer el conocimiento y el desarrollo de esa otra lengua que forma parte de nuestra identidad cultural. El decreto solo persigue normalizar el uso de ambas lenguas.

Hay otro frente de fricción en los tribunales relacionado con Educación, que tiene que ver con el decreto de plurilingüismo y con los conciertos educativos de bachillerato. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con alusiones como las que ha hecho Mónica Oltra de que desde los tribunales se pueda estar haciendo política?

Siempre he defendido que las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica, pero aquellas críticas que van más allá y que afectan o atacan directamente a los titulares del poder judicial creo que hay que moderarlas. Respeto las decisiones judiciales aunque no las comparta, como no he compartido algunos de los autos que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia en estas materias, pero creo que las críticas hay que hacerlas siempre desde el respeto a lo que significan como poder judicial, sobre todo para evitar esa imagen de posible de injerencia en las funciones jurisdiccionales. Ahora bien, tenemos derecho a criticar las resoluciones. Hay algunas muy sorprendentes, incluso muy poco motivadas. Y eso nos preocupa. A través de la vía de los recursos las instancias superiores deberían corregirlas.

¿Usted que ha vivido el Poder Judicial por dentro, comparte la sensación de que los tribunales que tocan temas polémicos no apuestan precisamente por la apertura y la modernización de la sociedad?

Las resoluciones siempre están marcadas por interpretaciones jurídicas. Si hay criterios políticos o no, corresponderá a los órganos superiores corregirlos. La mayor parte de los jueces, en el día a día, adoptan las decisiones siguiendo criterios jurisdiccionales.

Sus competencias en Justicia se centran en los medios materiales y humanos, un ámbito en el que parece que todo lo que se hace siempre es poco.

Así es.

¿Qué es peor, que falten jueces o que haya pocos medios materiales?

Lo más grave es que la reforma profunda que necesita la justicia en España siga siendo la asignatura pendiente de la democracia. Todo lo demás que podamos ir aportando desde las comunidades autónomas ayudará, pero no dejarán de ser parches. Tenemos un modelo de justicia decimonónico para el que desgraciadamente ningún gobierno, ni progresista ni conservador, ha puesto sobre la mesa un proyecto de reforma profunda. Ha habido avances, pero siempre parcheando las leyes, parcheando las normas. Ahora mismo, en la sociedad del siglo XXI, con toda la ingeniería delictiva que estamos viendo en todo lo relacionado con la corrupción política y económica, seguir aplicando una ley de finales del siglo XIX, con unos procedimientos estructurados sobre una sociedad rural como aquella, sinceramente, es un verdadero obstáculo par el funcionamiento de la justicia.

Dicho esto, nuestra reponsablidad, desde las comunidades autónomas, es instar, por una parte, al Gobierno de España a que aborde esa reforma de la justicia tan necesaria, en materia de planta judicial, en materia de proceso penal, y por otra parte, atender las necesidades de medios personales y profesionales. Pero el problema es que invertimos sobre una estructura y un modelo decimonónico y obsoleto y al final, en lugar de invertir, estamos desinvirtiendo. Además, no se materializan grandes avances. Voy a poner un ejemplo, los casos de refuerzos.

Cuando hay un caso complejo que exige apoyo para que el juez pueda instruirlo...

En situaciones extraordinarias la conselleria tiene que aportar más funcionarios a aquellos juzgados que lo requieren. En dos años hemos duplicado el número de refuerzos. Vamos a seguir doblándolo para el año siguiente. Sin embargo, los jueces siguen quejándose de falta de personal. ¡En 2017 hemos puesto el doble de funcionarios que el año pasado! ¡Y hemos triplicado los de la última etapa del PP!

A lo mejor es que faltan jueces.

Faltan jueces, la propia estructura de organización de la justicia no rentabiliza toda la inversión en medios personales ni el funcionamiento de las oficinas. El gran proyecto de puesta en marcha de la oficina judicial que estamos impulsando en la Comunidad Valenciana sigue teniendo problemas para implantarse en el ámbito nacional. Son muchos los problemas y los obstáculos. Seguir mantiendo la estructura atomizada de juzgados hace que el esfuerzo inversor de la Administración no resulte significativo. Toca sentarnos y, desde el ámbito de un pacto de Estado, fijar las prioridades. Para eso hace falta un Gobierno que lidere la reforma de la justicia, pero no parecen estar por la labor.

¿Se han acabado las imágenes de juzgados en situaciones tercermundistas?

No, desgraciadamente no se han acabado. Nosotros estamos trabajando para presentar pronto un plan integral en materia de infraestructuras. Hemos detectado que la diversidad de sedes judiciales es amplia y contradictoria. Junto a partidos judiciales con sedes modernas, preparadas para garantizar los derechos de las víctimas y el acceso de cualquier ciudadano, conviven sedes insalubres, que no pueden garantizar la privacidad de la víctima frente al agresor, que pueden poner incluso en riegso la salud de las personas que están trabajando. Por eso actuamos, como prioridad, sobre esas sedes.

¿Qué juzgados están peor?

Le puedo poner un ejemplo. La situación de los juzgados de Mislata era insostenible desde hace ya 10 años. La primera medida que adoptamos fue buscar un nuevo local dentro del partido judicial y hemos adjudicado ya la obra para habilitar allí los cuatro órganos judiciales. Estamos también trabajando en el Tribunal Superior de Justicia, donde nos encontramos con denuncias por parte de la Inspección de Trabajo sobre condiciones de insalubridad y riesgo. Vamos a adjudicar el contrato para una reforma integral del palacio del TSJ. Hemos resuelto el problema gravísimo de Alcoi, donde logramos consensuar con el Ayuntamiento el traslado de los juzgados al nuevo edificio que hemos habilitado y preparado. En fin... Nos queda todavía mucho. Hemos diagnosticado en el plan cuáles son las prioridades, la situación de cada una de las sedes y qué tipos de reformas necesitan.

El plan parte de principios como la funcionalidad, la universalidad, el acceso, la austeridad y la racionalización del gasto... No nos vamos a dedicar a la construcción de grandes sedes y abandonar todo el patrimonio de la Administración. Buscamos aprovechar, mediante reformas integrales, el patrimonio propio de la Generalitat. Queremos impulsar ese plan en los próximos dos años para dejar una hoja de ruta orientada a disponer de sedes preparadas y conseguir un gran ahorro en el gasto.

Antes ha citado a las víctimas. Hubo muchas críticas a las oficinas de atención a las víctimas porque estaban copadas por el PP. ¿Cómo lo ha resuelto? ¿Cuál es el nuevo modelo?

Con la aprobación del decreto de creación de la nueva red de oficinas de atención a la víctima hemos previsto 22 sedes en toda la Comunidad, hemos creado ya nuevas plazas de psicólogos y trabajadores sociales que van a incorporarse en breve, se están ultimando los trabajos de acomodación de las oficinas y hemos iniciado el proceso de contratación del asesoramiento jurídico para poner en marcha el ERE de la fundación Favide.

Será la Administración la que asuma directamente la gestión de todos esos recursos y la que liderará el cumplimiento de los derechos que las víctimas tienen reconocidos. El ERE servirá para determinar qué personal debe integrarse y cuál debe salir de la fundación, teniendo en cuenta que al hacerse cargo la Administración ya no lo necesitamos. Hay un acuerdo del Consell del año 2013 de extinción de las fundaciones. Una de las que el PP acordó entonces extinguir fue Favide.

Queremos hacer el tránsito de forma tranquila con el fin de asegurar el servicio. No sé cómo entraron o dejaron de entrar. Lo que sí que sé es que en el ámbito de la fundación están trabajando profesionales que prestan un servicio muy importante a las víctimas. Me refiero fundamentalmente a los letrados y letradas que han prestado este servicio. El tránsito de un modelo a otro se tiene que hacer de forma suave y no ha de abrir un vacío en la gestión del servicio.

Una característica del gobierno del Botánico fue incorporar conceptos nuevos a la estructura de la Generalitat. En el caso de su departamento fue la memoria democrática y las libertades públicas. El proyecto más relevante en ese ámbito es la Ley de la Memoria Democrática, que ha tenido una acogida por parte del PP bastante dura, con acusaciones de sectarismo y de no tener en cuenta más que a unas víctimas de la Guerra Civil. ¿Cómo encaja usted esa postura?

Me siento muy satisfecha de que el proyecto de Ley de la Memoria Democrática y para la Convivencia en la Comunidad Valenciana haya salido de esta conselleria. Hemos trabajado con todas las entidades memorialistas, con la sociedad civil, para presentarlo. No me sorprendió en absoluto la posición del PP. Si uno examina los argumentos que se dieron en sede parlamentaria para justificar la enmienda a la totalidad, es preocupante comprobar que en algunos sectores nada haya cambiado. Siguen utilizando los mismos argumentos que sus padres o sus abuelos utilizaron en el pasado. Una de las grandezas del Estado de derecho y de la democracia es avanzar en la construcción de valores que permitan abrir todas esas heridas, enfrentarnos a la historia sin miedo y sin confrontación. Los argumentos del PP siguen estando asentados en bases antidemocráticas.

Hay dos aspectos de la ley. Uno es la retirada de símbolos franquistas y la revisión de honores y distinciones. El otro, más dramático, es el de las exhumaciones. ¿Son las exhumaciones de víctimas las que condicionan más la estructura y los objetivos de esa futura ley?

Esta ley trata fundamentalemente de poner en valor los derechos. Frente a los argumentos del PP, digo que esta es una norma que recupera derechos, y no cualquier derecho, sino derechos fundamentales. La dignidad de las víctimas, la reparación, la memoria, la verdad, son derechos que corresponden a esas víctimas que mataron dos veces: primero cuando las asesinaron y después cuando las sepultaron en el olvido.

Es una ley que va más allá de la estatal de 2007 por varias razones. El concepto de víctima no se reduce a la víctimas directas sino que se extiende a sus familiares. Por otra parte, contempla una lista de posibles sanciones frente a ataques directos a fosas, lugares de memoria o a la propia dignidad de las víctimas. De alguna manera, construye el proceso para que la Administración asuma directamente esa deuda pendiente con las víctimas, que es la localización de las fosas, la exhumación y la identificación.

Además, creamos el Instituto de la Memoria para construir el modelo que permita gestionar e impulsar estas políticas de recuperación de la dignidad de las víctimas. Eso no es incompatible con la posibilidad de que el Consell decida, incluso antes de la entrada en vigor de la ley, destinar una línea presupuestaria para iniciar el proceso de apertura y exhumación de las fosas.

Al escuchar al PP parece que solo se trate de exhumar a las víctimas de un bando, pero la ley refleja las fosas de víctimas del franquismo y también las que se produjeron en zona republicana...

Están contempladas todas las víctimas. Hablamos de cerca de 300 fosas. Lo he explicado en distintos ámbitos. En esas más de 10.000 víctimas, las hay de un bando y de otro. No queremos una ley que sirva para la confrontación, sino que avance en la convivencia. Por eso entendemos que es tan importante hablar de memoria y de convivencia. Rescatar nuestra historia, abrirla, rescatar a seres queridos del pasado oscuro de las fosas es construir la propia historia y avanzar hacia el futuro. Es muy importante saber qué pasó, por qué pasó. Desde el Instituto de la Memoria se trabajará también para facilitar el conocimiento y la accesibilidad a los documentos. La difusión es importantísima. Hay que saldar la deuda de la democracia con demasiadas víctimas que siguen estigmatizadas. Aquellas víudas o viudos, aquellas niñas y niños que perdieron seres queridos porque fueron fusilados después de procesos sumarísimos o sin proceso alguno, fueron demasiado tiempo denostados y tratados como delincuentes. Las familias esperan recuperar esa dignidad

Las exhumaciones de fosas en Paterna reciben la ayuda de la Diputación de Valencia. Pero se ha producido un incidente cuando la juez ha rechazado hacerse cargo del procedimiento. ¿En estos dos temas, el de quién financia las exhumaciones y el de la intervención judicial, aporta la ley alguna novedad?

La ley deja claro que la financiación corresponde a la Administración autonómica. No significa que sea la administración de oficio que proceda a la apertura de las fosas. Eso se hará a instancia de las familias y las asociaciones legitimadas que la norma contempla. Pero lo asume directamente. ¿Por qué? Porque seguimos los cánones que nos marca Naciones Unidas, que entiende que no podemos hacer que los familiares asuman un proceso tan complejo y tan cuantioso desde el punto de vista económico.

Otro tema es el proceso judicial. Si como consecuencia de la apertura de una fosa se abren unas diligencias judiciales, corresponde a ese juzgado el control. La identificación de las víctimas correpondería al Instituto de Medidicna Legal. En Paterna entendió que los hechos estaban prescritos.

Pero está en juego si son los foreneses judiciales o los que colaboran con las asociaciones de memoria histórica los que se hacen cargo de las identificaciones.

Si no se hubiera acordado el archivo, tendría que haberse hecho cargo el Instituto de Medicina Legal. Se tendría que haber trasladado allí los cuerpos. Ese auto de Paterna está recurrido en reposición y me imagino que se recurrirá en apelación ante la Audiencia. Hay que esperar a ver qué pasa. Si se entiende que hay que continuar, no tanto para la averiguación de los posibles autores, que evidentemente sabemos que están muertos, o una vez constatada la prescripción de los delitos, algo sobre lo que hay mucha discusión, sino porque debe hacerse en el marco judicial, lo tendrá que decidir la Audiencia Provincial.

La ley crea el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, que ha generado cierta discrepancia interna en la Generalitat porque a Hacienda le parece demasiado caro.

Bueno, a Hacienda le parece demasiado caro todo. Es la posición inicial de la que partimos desde principios de austeridad y racionalidad del gasto. En la memoria económica que aportamos se diseñaban las políticas a impulsar y la configuración de este instituto, que va a permitir canalizar todas las medidas que la ley establece. Es de donde va a salir el plan estratégico para la recuperación de la memoria. Nosotros, a la hora de diseñar el instituto nos hemos basado en modelos similares que están funcionando hace años en el País Vasco, en Cataluña y en Andalucía.

Le puedo asegurar que si compara las estructuras, la valenciana es más austera en número de funcionarios y en presupuesto. Me sorprendió el famoso titular de los 19 jefes. El concepto de jefe es una nomenclatura propia de la estructura de la Administración que refleja la existencia de funcionarios de distinto nivel en los que en realidad jefes de servicio son los de los grupos A1 y A2. En el modelo que presentamos a Hacienda son 6 personas. El resto son jefes de sección o de negociado, pero se trata de grupos inferiores que se dedican a la gestión puramente administrativa.

He criticado mucho aprobar leyes sin memoria económica, o con una disposición adicional que dice que no conllevará incremento del gasto porque creo que son brindis al sol. Hubiera ocasionado mucha frustración a los valencianos y valencianas que están esperando hace tanto tiempo encontrarse una ley sin una memoria que acompañe y defina el proyecto.

“Estan fent apostasia de la Transició”, ha acusat aquest dimecres el diputat Luis Santamaría en les Corts Valencianes als promotors de la Llei de Memòria Democràtica i per la Convivència, durant el debat de totalitat del text legal presentat pel Govern del Pacte del Botànic. Segons el PP, que ha vist rebutjada la seua pretensió que el projecte de llei fóra retirat, les al·lusions de la norma a la doctrina de Nacions Unides la col·loquen en contra de la Llei d'Aministia i dels pactes polítics que es van establir fa 40 anys.

El PP no ha arreplegat la invitació al diàleg que ha formulat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, en presentar una llei que, no solament pretén exhumar més de 300 fosses comunes existents en territori valencià de la Guerra Civil i la dictadura per a identificar a 11.000 víctimes tant del franquisme com de la repressió republicana, sinó que preveu la recuperació del dret “a la veritat, la justícia, la memòria i la reparació”.

La llei, que crea un Institut Valencià de la Memòria Democràtica, reconeix a les víctimes directes i indirectes, d'acord amb els criteris de l'ONU, preveu la retirada en un any de tots els vestigis i símbols franquistes que queden i la incoporació al sistema educatiu de la memòria democràtica per a “tancar les ferides” i posar en evidència la veritat.

“No hi ha una sola al·lusió al govern del Front Popular i els seus abusos”, ha insistit Santamaría per a sostenir que es tracta d'una llei que oblida a una part i promou “una visió esbiaixada” de la història. Després d'al·ludir als represaliats per les seues creences religioses, a les víctimes de les txeques i als afusellats en zona republicana, el diputat del PP, en una de les rèpliques, ha arribat a assegurar que “el Front Popular va canviar la llista de carrers com Joan Ribó”. El parlamentari ha indicat que els republicans van posar als carrers nom com els de Màximo Gorki, UGT o Pablo Iglesias. “Això és el que van fer i el que tornen a fer”, ha insistit en al·lusió a l'alcalde de València.

La comparació de Santamaría s'ha produït al final d'un tibant debat amb les diputades del PSPV-PSOE Mercedes Caballero; de Podem Llum Quiñonero, i de Compromís Marian el Campello. Per la seua banda, Rosa García, de Ciutadans, ha defensat la posició del seu grup d'abstenir-se en la votació, la qual cosa no li ha estalviat crítiques per part del PP.

La socialista Mercedes Caballero ha assegurat que els populars “se senten incòmodes” amb la llei de memòria democràtica perquè mantenen reminiscències franquistes en la seua actuació. Li ha recriminat a Santamaría que parlara del colp d'estat de Franco com de l´“alçament nacional” i li ha recordat que, en plena democràcia i fins i tot amb la llei de la memòria històrica en vigor, Rita Barberá, l'exalcaldesa de València que va morir el passat mes de novembre, va impedir durant anys que s'exhumaren les restes d'un represaliat de la dictadura en el cementeri de València.

Llum Quiñonero, de Podem, ha enlletgit al PP valencià la seua postura quan els populars no han tingut problema a recolzar en Catalunya la nul·litat de les condemnes dels tribunals franquistes i ha apostat per no perpetuar “el silenci dels pactes de la transició”.

Marian Campello, de Compromís, ha recordat al PP diversos casos d'exhibició de símbols franquistes de les seues joventuts i de càrrecs o militants del partit. “Això solament els ocorre a vostés, és made in PP”, li ha retret. Ha sigut aleshores quan el diputat del PP ha acusat a Ribó, que és també de Compromís, d'actuar “com el Front Popular”, quan compleix la llei estatal de la memòria històrica que estableix la retirada de símbols i el canvi de noms dels carrers i places que es referisquen al franquisme. “Gràcies a vostès”, ha replicat la diputada, “a Alacant el barri de Miguel Hernández s'ha tornat a nomenar barri de José Antonio”. Al·ludia al fet que un recurs del PP va aconseguir que, per una qüestió de forma, s'anul·laren els canvis de nom dels carrers en aqueixa ciutat.

“Están haciendo apostasía de la Transición”, ha acusado este miércoles el diputado Luis Santamaría en las Corts Valencianes a los promotores de la Ley de Memoria Democrática y por la Convivencia, durante el debate de totalidad del texto legal presentado por el Gobierno del Pacto del Botánico. Según el PP, que ha visto rechazada su pretensión de que el proyecto de ley fuera retirado, las alusiones de la norma a la doctrina de Naciones Unidas la colocan en contra de la Ley de Aministía y de los pactos políticos que se establecieron hace 40 años.

El PP no ha recogido la invitación al diálogo que ha formulado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, al presentar una ley que, no solo pretende exhumar más de 300 fosas comunes existentes en territorio valenciano de la Guerra Civil y la dictadura para identificar a 11.000 víctimas tanto del franquismo como de la represión republicana, sino que prevé la recuperación del derecho “a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación”.

La ley, que crea un Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, reconoce a las víctimas directas e indirectas, de acuerdo con los criterios de la ONU, prevé la retirada en un año de todos los vestigios y símbolos franquistas que queden y la incoporación al sistema educativo de la memoria democrática para “cerrar las heridas” y poner en evidencia la verdad.

“No hay una sola alusión al gobierno del Frente Popular y sus abusos”, ha insistido Santamaría para sostener que se trata de una ley que olvida a una parte y promueve “una visión sesgada” de la historia. Tras aludir a los represaliados por sus creencias religiosas, a las víctimas de las checas y a los fusilados en zona republicana, el diputado del PP, en una de las réplicas, ha llegado a asegurar que “el Frente Popular cambió el callejero como Joan Ribó”. El parlamentario ha indicado que los republicanos pusieron a las calles nombres como los de Máximo Gorki, UGT o Pablo Iglesias. “Eso es lo que hicieron y lo que vuelven a hacer”, ha insistido en alusión al alcalde de Valencia.

La comparación de Santamaría se ha producido el final de un tenso debate con las diputadas del PSPV-PSOE Mercedes Caballero; de Podemos Llum Quiñonero, y de Compromís Marian Campello. Por su parte, Rosa García, de Ciudadanos, ha defendido la posición de su grupo de abstenerse en la votación, lo que no le ha ahorrado críticas por parte del PP.

La socialista Mercedes Caballero ha asegurado que los populares “se sienten incómodos” con la ley de memoria democrática porque mantienen reminiscencias franquistas en su actuación. Le ha recriminado a Santamaría que hablara del golpe de Estado de Franco como del “alzamiento nacional” y le ha recordado que, en plena democracia e incluso con la ley de la memoria histórica en vigor, Rita Barberá, la fallecida exalcaldesa de Valencia, impidió durante años que se exhumaran los restos de un represaliado de la dictadura en el cementerio de Valencia.

Llum Quiñonero, de Podemos, ha afeado al PP valenciano su postura cuando los populares no han tenido problema en apoyar en Cataluña la nulidad de las condenas de los tribunales franquistas y ha apostado por no perpetuar “el silencio de los pactos de la transición”.

Marian Campello, de Compromís, ha recordado al PP varios casos de exhibición de símbolos franquistas de sus juventudes y de cargos o militantes del partido. “Eso solo les ocurre a ustedes, es 'made in PP”, le ha reprochado. Ha sido entonces cuando el diputado del PP ha acusado a Ribó, que es también de Compromís, de actuar “como el Frente Popular”, cuando cumple la ley estatal de la memoria histórica que establece la retirada de símbolos y el cambio de nombres de las calles y plazas que se refieran al franquismo. “Gracias a ustedes”, ha replicado la diputada, “en Alicante el barrio de Miguel Hernández se ha vuelto a llamar barrio de José Antonio”. Aludía a que un recurso del PP logró que, por una cuestión de forma, se anularan los cambios de nombre de las calles en esa ciudad.

La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo ha visitado los trabajos que se están realizando en la fosa 113 del cementerio de Paterna, donde se estima que yacen los restos de entre 52 y 60 personas que fueron fusiladas en dos sacas ejecutadas el 18 de enero de 1940 y el 19 de septiembre de 1941.

La exhumación e identificación de los cuerpos empezó el pasado 22 de mayo de la mano de la Asociación Científica ArqueoAntro, con la financiación de la Diputación de Valencia y a instancias de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Franquismo de la Fosa 113, cuyo presidente, Santiago Vallés, ha agradecido el interés de la titular de Justicia del Gobierno Valenciano.

La visita de Gabriela Bravo se produce la víspera de la entrada del proyecto de Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana en les Corts para su debate y aprobacion.

La nueva norma pretende otorgar el reconocimiento social, el restablecimiento de la dignidad y el honor y la reparación moral de los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Derecho a la verdad, a la justicia y a la memoria

Además, tal y como ha recordado Gabriela Bravo, la norma busca recuperar para todas las víctimas tres derechos fundamentales: derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la memoria. De esta forma, la ley se articula sobre estos tres derechos más el reconocimiento público y homenaje a las víctimas.

La consellera ha agradecido públicamente el trabajo “desinteresado y admirable” de las asociaciones memorialísticas como la de la Fosa 113 de Paterna y ha recordado que la nueva ley que mañana inicia su trámite parlamentario “establece que sea la administración autonómica la que asuma los costes de la exhumación e identificación de las victimas” en el territorio de la Comunitat Valenciana donde se estima que existen “en torno a las 300 fosas”.

Gabriela Bravo ha insistido en que la Ley de Memoria Democrática debe servir para recuperar “la dignidad de los derechos fundamentales de los valencianos y las valencianas y de todos esos familiares que lucharon y sufrieron tanto y que demasiados años han estado en el silencio”.

Instituto Valenciano para la Memoria Democrática

En este sentido, la consellera ha recordado que la nueva norma prevé la creación del Instituto Valenciano para la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas. Será un organismo autónomo encargado de realizar las labores de estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la ley. En él se integra el Consejo Valenciano de la Memoria Democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación del movimiento memorialista que opera en la Comunitat Valenciana.

Además, la consellera ha explicado que los familiares de las víctimas van a tener a su disposición la Red de Oficinas de Ayuda a las Víctimas del Delito, con 22 centros desplegados por los 35 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana como primer punto de atención para quien precise información o asesoramiento. En ese sentido, Bravo ha asegurado que los familiares van a tener “todo el respaldo institucional”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Franquismo de la Fosa 113, Santiago Vallés, ha agradecido la visita de la consellera de Justicia y ha asegurado que, además del apoyo institucional que ya ha llegado a sus reivindicaciones, les gustaría “el apoyo de toda la sociedad porque tenemos la verdad, pero nos falta la justicia y la reparación”, ha asegurado.

La directora general de Justicia, Maria Àngels García Vidal, ha presentado su dimisión a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que ha decidido cesar en sus funciones al subsecretario de esta Conselleria, Luis Felipe Martínez.

Según han informado fuentes del departamento que dirige Bravo, la dimisión de García Vidal se ha producido por motivos personales y no guarda relación con desavenencia alguna con la máxima responsable de la Conselleria, que todavía no ha decidido si acepta o no esta dimisión.

Respecto al cese de Luis Felipe Martínez, las mismas fuentes han señalado que la consellera ya ha dado explicaciones al afectado.

Los cambios en el organigrama de la Conselleria se harán efectivos en cuanto sea informado el pleno del Consell en su reunión semanal, algo que no sucederá en la jornada de de mañana sino previsiblemente en la siguiente, han señalado desde Justicia.

Els consellers Gabriela Bravo i Vicent Marzà, com a màxims responsables dels departaments de la Generalitat amb competència en Funció Pública i Política Lingüística, han presentat este dimarts a les centrals sindicals com quedarà el requisit lingüístic en l'esborrany de l'avantprojecte de la Llei d'Ocupació Pública de la Comunitat Valenciana.

A la reunió, celebrada a la seu de la Conselleria de Justícia, han assistit, segons un comunicat de la Generalitat, els dirigents de les formacions sindicals UGT, CCOO i Intersindical. Posteriorment, la consellera Bravo s'ha reunit amb els representants de CSI·F i FSES donada la seua condició d'organitzacions presents a la Mesa General de Negociació de la Generalitat.

L'esborrany de l'avantprojecte estableix, en l'article 61, que per, a accedir a l'Administració de la Generalitat, els aspirants hauran d'acreditar “el coneixement del valencià que es determine reglamentàriament, respectant el principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d'exigència i les funcions corresponents”.

La nova normativa preveu, mitjançant la disposició addicional segona, que el reglament que regule el nivell de valencià exigible per l'accés a la Funció Pública haurà de ser aprovat pel Consell en un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la llei, una vegada aprovada per Les Corts.

L'elaboració del mencionat reglament és competència de la Conselleria de Justícia, previ informe respecte a esta matèria de la conselleria competent en política lingüística.

A més, a la disposició final tercera, s'inclou una cautela per si es dóna el cas que, transcorregut un any des de l'entrada en vigor de la llei, no s'haguera aprovat pel Consell el referit reglament. En eixe cas, el nivell exigible dels coneixements del valencià que hauran d'acreditar-se per l'accés a l'àmbit de l'ocupació pública de la Comunitat Valenciana serà el següent:

La futura Ley de Función Pública de la Comunitat Valenciana contempla que el Consell deberá aprobar, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma, una vez aprobada por las Corts, un reglamento que regule el nivel de valenciano exigible para acceder a un puesto de empleado público.

En este sentido, se prevé que si en un año no se ha desarrollado dicho reglamento, para el acceso a los grupos de funcionariado A1, A2 y B habrá que acreditar el certificado de conocimiento de la lengua C1, equivalente al Mitjà expedido por la Junta Qualificadora de Coneixements del València.

Asimismo, se prevé “excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, y en garantía de los servicios públicos, si hay necesidades de personal y este no dispone de la competencia lingüística acreditada, el órgano competente en materia de personal de las conselleries correspondientes podrán proveer los citados puestos de trabajo con carácter no definitivo, por medio de un informe que debe establecer la vigencia y la extensión de la exención”.

Los consellers de Justicia, Gabriela Bravo, y Educación, Vicent Marzà, máximos responsables de los departamentos de la Generalitat con competencia en función pública y política lingüística, han presentado a las centrales sindicales cómo quedará recogido el requisito lingüístico en el borrador del anteproyecto de Ley de Empleo Público de la Comunitat Valenciana.

A la reunión, celebrada en la sede de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, han asistido los dirigentes de las formaciones sindicales UGT, CC.OO. e Intersindical. Posteriormente la consellera Bravo se ha reunido con los representantes de CSI·F y FSES, dada su condición de organizaciones presentes en la Mesa General de Negociación de la Generalitat.

Acreditar el conocimiento del valenciano

El borrador del anteproyecto establece, en su artículo 61, que para acceder a la administración de la Generalitat los aspirantes deberán acreditar “el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes”.

La nueva normativa prevé mediante la disposición adicional segunda que el reglamento que regule el nivel de valenciano exigible para el acceso a la función pública deberá ser aprobado por el Consell en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, una vez aprobada por las Corts, detalla la administración autonómica a través de un comunicado.

La elaboración de dicho reglamento es competencia de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades públicas, previo informe en lo relativo a esta materia de la conselleria competente en materia de política lingüística, es decir, el departamento de Educación en este caso.

Grau mitjà para los funcionarios de los grupos A1, A2 y B

Además, en la disposición final tercera se incluye una cautela para el supuesto de que, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la ley, no se hubiera aprobado por el Consell el referido reglamento. En ese supuesto, fija unos niveles exigibles de conocimientos de valenciano dependiendo de los grupos a los que se quiera acceder.

En concreto, para los funcionarios de los grupos A1, A2 y B se exigirá el certificado C1 (equivalente al Grau Mitjà expedido por la Junta Qualificadora); los funcionarios de los grupos C1 y C2 tendrán que acreditar el certificado B1 y B2, respectivamente (equivalente al Grau Elemental).

Finalmente, las agrupaciones profesionales funcionariales tendrán que acreditar el certificado A2 (equivalente al Grau Oral).

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha presentado este miércoles el proyecto de decreto por el cual se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de la Generalitat, que será aprobado este viernes por el pleno del Consell.

El reglamento extiende el servicio de justicia gratuita a un mayor número de colectivos y mejora la asistencia para mantener el compromiso del Consell con los más desfavorecidos. En este sentido, mejora su cobertura y extiende la atención de manera especializada. Según ha explicado Bravo en un comunicado, “la implantación de este nuevo modelo de justicia gratuita mejora y extiende la atención especializada de aquellos grupos sociales más necesitados de apoyo público cuando se ven obligados a defender sus derechos y sus intereses ante las administraciones públicas”.

Entre las novedades, destaca el refuerzo de los servicios de orientación y acceso a la Justicia de las personas con diversidad funcional, a las que tengan la capacidad modificada judicialmente o sean presuntos incapaces, y a las personas dependientes cuando en todos estos casos precisen de la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria. Tal y como ha dicho Bravo “es una propuesta que aplica una política proactiva de igualdad de oportunidades mediante acciones positivas que impulsa la Administración”.

Servicios de orientación jurídica

Además, el nuevo reglamento pone en funcionamiento nuevos servicios de orientación jurídica especializados en el ámbito de la extranjería e inmigración, donde las personas que acudan recibirán información y asesoramiento sobre su situación legal de residencia o solicitudes de asilo o refugio. Si fuera necesario, esta asistencia será en su propio idioma por medio de un traductor proporcionado por la propia Conselleria de Justicia.

Por otra parte, el Consell extenderá esta asistencia al ámbito penitenciario, de forma que la población reclusa pueda ser atendida en los mismos términos que el resto de usuarios en el caso de que precisaran este servicio, dentro de los supuestos que regulan la prestación pública.

La Asistencia Jurídica Gratuita es canalizada a través de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) de los diferentes colegios de Abogados de las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Entre las funciones de los SOJ que establece el reglamento destacan:

- 1. El asesoramiento previo a las personas que soliciten Asistencia Jurídica Gratuita con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones.

- 2. Informar sobre el contenido material del derecho a asistencia jurídica gratuita, los requisitos para su reconocimiento y su extensión temporal.

- 3. Informar a la persona solicitante sobre sus derechos y obligaciones, tanto si se le concede como si se le deniega la asistencia, incluido su derecho a designar profesionales de su libre elección.

- 4. Suministrar a los interesados los impresos necesarios para la solicitud del derecho y prestar auxilio técnico y material, en su caso, en la cumplimentación de la documentación.

- 5. Requerir a los interesados la documentación preceptiva que ha de acompañar a la solicitud y la subsanación de deficiencias de la misma.

- 6. Informar sobre la posibilidad de acceso a medios extrajudiciales alternativos de solución de conflictos.

Cada colegio de Abogados creará un servicio de orientación jurídica específico que, además de la orientación previa al proceso, asistirá profesionalmente a estas personas en todos los procedimientos judiciales. La legislación estatal permite la concesión del beneficio de justicia gratuita a estas personas cuando superen el límite de ingresos, pero solo para los procedimientos vinculados a su situación de discapacidad, incapacidad o dependencia y hasta un límite de 31.950,65 euros al año (el quíntuplo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para el año 2017) y carecer de patrimonio suficiente.

El reglamento, siempre según la Generalitat, respeta el límite económico, pero amplía la cobertura de la asistencia jurídica gratuita a cualquier proceso judicial en el que estas personas puedan verse inmersos. Para el resto de usuarios que no estén en esta situación, el límite de renta anual se fija en el doble del IPREM, es decir, 12.780 euros.

Nuevos turnos de oficio en violencia de género y extranjería

El reglamento establece que, junto a los turnos de oficio que ya existen y que vienen prestando servicio a los ciudadanos que lo requieren, los colegios de abogados crearán, donde el número de profesionales lo permita, nuevos turnos en materias de violencia de género, extranjería y para las personas con algún tipo de discapacidad.

Esta atención especializada, según la consellera Gabriela Bravo “redundará en una mayor calidad del servicio que se presta al ciudadano” y, para ello, el reglamento apuesta por la adecuada formación de los profesionales estableciendo que los colegios de abogados exigirán a sus miembros la acreditación de experiencia suficiente o la superación de los cursos formativos específicos que se establezcan para poder prestar su actuación profesional en los diferentes turnos especializados.

Según la consellera, la apuesta por el aumento y la especialización de los turnos de oficio “garantiza también una actuación mucho más eficaz y mucho más eficiente. La especialización de los turnos obliga a una formación previa, formación que deben organizar los propios colegios profesionales y que, por supuesto, va a ser apoyada por esta conselleria”.

El decreto también incluye modificaciones en la gestión y tramitación de los expedientes de asistencia jurídica gratuita a efectos de lograr una mayor eficiencia y agilidad en el reconocimiento del derecho. De esta forma, se simplifica la documentación a presentar por las personas solicitantes y se ofrece la posibilidad para que se permita, mediante autorizaciones expresas, la consulta sobre su patrimonio por parte de los colegios de Abogados. Además, se establece la normalización del uso del expediente electrónico como herramienta alternativa para la presentación de solicitudes de asistencia jurídica gratuita.

Junto a estas medidas, el nuevo decreto actualiza y completa el baremo de las compensaciones económicas por las actuaciones profesionales de los abogados y procuradores del turno de oficio. Para ello, introduce nuevos módulos que dan respuesta a las actuaciones profesionales, actualmente no remuneradas.

Así mismo, con el reglamento la Generalitat adquiere el compromiso de procurar que el pago por los servicios de asistencia jurídica gratuita sea abonado a los profesionales que lo hayan prestado dentro de los plazos establecidos a tal efecto. El presupuesto para el año 2017 para los distintos turnos de oficio y prestaciones de asistencia letrada asciende a 27'5 millones de euros para los abogados y de 4'35 millones para los procuradores. Además, se destinará otro millón de euros para la potenciación de los SOJ, para que incluyan los programas específicos para abogados y procuradores que deban atender a personas con diversidad funcional.

El nuevo sistema de pagos para aquellos letrados que atiendan a discapacitados -tal y como se recoge en el decreto- empezará a aplicarse en el año 2018 una vez se disponga de los datos de los servicios realizados a este colectivo por parte de los colegios de Abogados y Procuradores.