La Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado el recurso presentado por una agencia inmobiliaria contra una pareja de compradores, eximiéndola del pago de 9.038,70 euros en concepto de comisión por la intermediación en la compra de un piso. La sentencia ratifica así el fallo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Plasencia y determina que no existía obligación contractual con la empresa para hacer frente a ese pago.

El conflicto se originó tras el interés de la pareja en una vivienda ubicada en Salamanca que comercializaba la agencia. El mismo día en que acudieron a la firma, rubricaron tanto la promesa de compraventa como un documento de intermediación en el que se fijaba una comisión del 3% más IVA si se aceptaba la oferta. Pese a que los compradores desistieron posteriormente de la operación por motivos económicos, la inmobiliaria exigió judicialmente el cobro de la comisión pactada al considerar que su derecho al devengo se había generado al aceptarse la oferta.

En su resolución, el tribunal sustenta que los compradores no solicitaron ni contrataron una labor de búsqueda o localización de inmuebles a la inmobiliaria. La pareja simplemente se interesó por una vivienda que la agencia ya ofrecía en su catálogo por encargo de los propietarios vendedores. De este modo, la Sala concluye que la verdadera relación de mediación y la obligación de retribución correspondía a la parte vendedora, pues fue quien originalmente encomendó la gestión de la finca.

Falta de información clara al consumidor y desestimación del recurso

Asimismo, la resolución judicial fundamenta la invalidez de la cláusula amparándose en la normativa de protección de consumidores y usuarios. El tribunal resalta que la agencia redactó el documento de forma unilateral mediante cláusulas predispuestas, incumpliendo los deberes de información previa recogidos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

El fallo destaca que no quedó acreditado que los compradores tuvieran una oportunidad real de conocer con detalle el contenido completo de las cláusulas antes de quedar vinculados, lo que invalida la exigibilidad de los honorarios.

A esto se suma el examen de la documentación presentada en la causa, que reveló que la promesa de compraventa llegó a figurar formalmente rechazada por uno de los copropietarios, lo que impedía dar por perfeccionada la venta sobre la cual la agencia pretendía sustentar la comisión.

Con la resolución de la Audiencia Provincial de Cáceres, sobre la que no cabe recurso alguno, la sentencia queda declarada firme.

Más de 63 millones de euros heredados tras regularizar dinero opaco en la amnistía fiscal de 2012; multas de Hacienda por fingir su residencia en Andorra o Suiza o poner trabas a una inspección; y una inmobiliaria que ha anunciado más de 1.200 pisos de “flex living” (alquiler flexible de corta y media duración) en zonas del área metropolitana de Madrid, como Torrejón de Ardoz o Getafe.

Es el periplo de los multimillonarios hermanos catalanes Juan y Mercedes Escoda Huguet, que en 2016 crearon Twin Peaks Capital, definido en su web como “Family Office de origen español especializado en la inversión, promoción y gestión de proyectos inmobiliarios en España, principalmente en Madrid y Barcelona”.

La firma, inicialmente llamada Twobroscapital, se enfocó primero en alquiler y venta de vivienda de lujo para luego comprar suelos para su promoción y venta a fondos, como el alemán Patrizia, que le adquirió en 2021 un proyecto residencial build to rent (construir para alquilar) en Alcobendas (Madrid) por 50 millones. En los últimos años, se ha volcado en Madrid en el denominado flex living, definido por Expansión como “un nuevo imán para el inversor” y al que afectarían los decretos del Gobierno, que ponen límites de duración y reglas para evitar encadenar contratos de alquiler temporales, y prohíben a los fondos especular con vivienda hasta 2030.

En 2024 varios medios aún vinculaban a los dos hermanos con Twin Peaks, aunque Juan Escoda ya no forma parte de la firma, que se ha aliado este año con BlackRock para invertir 400 millones en este tipo de complejos. A finales de 2025 fichó como primer ejecutivo a Jesús Moler, hasta entonces directivo en España de esa gestora de fondos, la mayor del mundo. Ya han comprometido más del 50% del capital en tres proyectos con unas 1.200 unidades en municipios del norte y sur de Madrid, en suelos aportados por Twin Peaks. Según explicaron en marzo, esperan entregarlas en 2028.

Las regularizaciones y multas del Fisco a los Escoda Huguet tras la amnistía figuran en varias sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) rechazando sus recursos en 2023 y 2025. La investigación de la Agencia Tributaria la propiciaron unas diligencias penales sobre los asesores que aparentemente diseñaron la deslocalización de los hermanos.

El nombre de Juan ya figuraba en 2023 en un recuento de acogidos a la amnistía fiscal del PP, declarada inconstitucional en 2017 sin efectos para sus 30.000 beneficiarios, de los que ha trascendido poco más de un centenar. Él regularizó 617.030,76 euros de rentas de los ejercicios 2008-2010 procedentes de activos financieros que ocultaba en Suiza. También declaró 3.459.869 euros que compartía al 50% con su hermana, “depositados en Suiza, excepto unas acciones en Panamá y otras en Bahamas”, dice una de las sentencias. 

En noviembre de 2013 llega esa millonaria herencia de su abuela. Juan Escoda recibe 31.529.356 euros en una cuenta en Banque Privée Edmond de Rothschild en Ginebra. No tributa por el Impuesto sobre Donaciones, ni en IRNR (Renta de No Residentes), porque asegura que desde ese año vive en Andorra, donde entonces no existía IRPF. Para intentar demostrar su residencia en el Principado, esgrime un contrato de trabajo con una consultora andorrana que supuestamente le pagaba 1.601,78 euros mensuales. Pero era falso.

“Las nóminas no se han aportado, no hay prueba alguna del trabajo desarrollado”, concluyó el TSJC. La relación, según la inspección, no fue “de empleado sino la de cliente”. El joven magnate, entonces veinteañero (nació en 1989), incluso pagaba a su supuesto empleador: “Se producen flujos dinerarios que en 2015, retornan a la empresa en un montante total similar a lo abonado mensualmente en concepto de nómina”, dice una de las sentencias.

Tras la millonaria herencia de la abuela, ambos hermanos se enzarzan con otros familiares (en especial, su tía) por la venta de acciones en un grupo empresarial por la que “corresponderían 100 millones al valor de las participaciones de cada uno de los hermanos”, recogió la inspección. En escuchas telefónicas, su asesor fiscal aludió a la “estrategia fiscal” que “debería seguirse en el momento de la transmisión, tanto por lo que respecta al país que se elija para fijar la residencia o la supuesta residencia”, como a la constitución de un “Family Office” para “colocar los fondos derivados de dicha transmisión”.

Juan Escoda defendió que en marzo de 2016 se mudó de Andorra a Suiza, como su hermana. Pero Hacienda comprobó que allí tampoco realizó “actividad económica alguna” mientras en España, “junto con los dividendos percibidos por cientos de miles de euros cada año, resulta que en el año 2016 ha participado en la constitución de una sociedad” junto a su hermana: Twin Peaks. Él aportó 28,7 millones en sus dos primeros años (su hermana, otros 15 millones), en una “repatriación” de fondos que se habían “remansado temporalmente en Suiza” y otra prueba de que “la base de sus actividades o intereses económicos” siempre estuvo en España.

Los hechos que sustentaron su culpabilidad son “evidentes, exuberantes y palmarios”, concluyó en febrero de 2025 el TSJC al confirmar que Juan Escoda urdió “una estrategia para aparentar la residencia fiscal andorrana y suiza, pese a permanecer en España la inmensa mayoría de sus activos e intereses económicos, sin que se haga constar para el supuesto desplazamiento una sola razón personal o familiar”. 

Hacienda comprobó que los Escoda tenían vivienda a su disposición en Barcelona y que él estuvo en España “cientos de días, en cada uno de los años 2013 a 2016”. Pasó “largas estancias” en Andorra y Suiza (aunque en 2013 estuvo en España “más de 183 días”, el mínimo que recoge la normativa), pero la mayor parte de sus intereses económicos radicaba aquí: “Resulta acreditado en base a cifras apabullantes, que evidencian la titularidad de un patrimonio multimillonario” y “rendimientos que no encuentran el más mínimo parangón en Andorra, ni en Suiza”, dijo el TSJC. 

La amnistía de su hermana consta en otra sentencia de febrero de 2025 que rechazó su recurso a una sanción de 100.000 euros por obstruir la labor de Hacienda. El Fisco le abrió en marzo de 2018 inspección para determinar si fue residente fiscal en Suiza de 2013 a 2016 y fue multada por no pagar IRPF esos años tras no contestar “la mayoría” de las 17 diligencias y requerimientos de información que recibió del Fisco, en una “deliberada y reiterada negativa” y “un comportamiento obstructivo, obstaculizante, paralizador y auténticamente de falta de colaboración”, con “distintas actuaciones tendentes a ocultar su continua presencia en España”.

“Por citar solo un par de ellos, el hecho de abrir una cuenta en Andorra donde se cargan los pagos de hasta 3 tarjetas de débito/crédito o la simulación de haber cesado en el arrendamiento de la vivienda que tenía a su disposición en Barcelona y en la que pasaba los cientos de días que ha estado en dicha ciudad durante el periodo comprobado”. Para el TSJC, esa sanción de 100.000 euros, la máxima posible, “cumple el principio de proporcionalidad”: “Pretende soslayar la recurrente que en fecha de 22.11.2013 recibió una donación de activos financieros por más de 30.000.000 euros -al igual que su hermano y en idéntica fecha- y que constan en el periodo multitud de operaciones con divisas y obtención de rentas que no se justifican a través de los requerimientos realizados”.

De Suiza a La Moraleja

A Mercedes Escoda El Confidencial la definía en diciembre como “una de las mujeres más poderosas del sector inmobiliario, gracias a su papel de presidenta y dueña de la promotora Twin Peaks”. Vanity Fair contó su mudanza en 2019 de Suiza a La Moraleja con su entonces marido, el financiero Joaquín Castellví, hijo del millonario y fallecido constructor homónimo del Distrito 22@, complejo de edificios en Barcelona que acoge a gigantes como Amazon, Indra, Ogilvy o WeWork. “En noviembre celebraron el cumpleaños de Mercedes en su casa y trajeron a todo el equipo de bailarines de LIO”, un exclusivo club de Ibiza. “La cena la sirvieron Ramón Freixá y Alberto Fabra”, recogía esa publicación en 2020.

Marcada por la muerte prematura de su madre por cáncer de ovario, hasta 2024 Mercedes Escoda fue patrona de la Fundación Fero, de investigación oncológica, junto a Sol Daurella (Coca-Cola), Eusebio Díaz-Morera (EDM Holding), Carlota Pi (Holaluz) o José Crehueras (Planeta). Al margen de la actividad inmobiliaria que heredó de sus abuelos, tiene una firma de productos de higiene femenina libres de tóxicos, MyAlma. Hace años fundó con una amiga Alma Santa (ropa sostenible).

En una entrevista emitida meses antes de recurrir en 2022 en el TSJC la multa de Hacienda que confirmó el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, se decía “feliz de pagar mis impuestos” y subrayaba su compromiso con la sostenibilidad: “Estamos en unos niveles de desigualdad inhumanos” y hay una “brecha social brutal”. “Las diferencias tan abismales no son buenas”. 

Explicó lo “bonito” de emprender empezando “desde cero” y lamentó que el precio del suelo en Madrid capital estaba ya “intocable”, aunque “es verdad que luego vienen los fondos y te lo compran todo”. Contaba que le asesoraba el gallego Julio César Díaz-Freijo, primer director de inversiones de Pontegadea (Amancio Ortega). Se declaraba “fan de la meditación” y el yoga. Y presumía de tener “una casa de cojones”.

En la cartera de Twin Peaks destacan 450 apartamentos que prevé en Torrejón, al este de la capital, junto al fondo suizo Partners Group y la gestora Meda; otros 430 en Las Rozas, donde en 2024 anunció más de 80 millones de inversión. “En el corazón de Valdemarín, barrio conocido como el Beverly Hills madrileño”, dice su web, prevé otros 125. En la menos pudiente Getafe, al sur de la capital, 210.

Hace unos meses adquirió Móstoles Smart Living SL, con una opción de compra sobre tres fincas en el sector PAU-5 de la segunda ciudad más poblada de Madrid. En TPC BM 2024 SL participa al 50% desde enero con los Arango, ex dueños de Vips, según las últimas cuentas de la firma, accesibles a través de Insight View. 

Con Mercedes Escoda volcada en Twin Peaks, su hermano ha cesado en los últimos años en casi todas las sociedades que administraba en España. Es consejero de Aquacorp, que ofrece soluciones de gestión tecnológica para el agua con varios clientes públicos. elDiario.es contactó con los Escoda Huguet sin obtener respuesta.

Ambos pertenecen al clan de los Huguet, a los que El Mundo sitúa en el puesto 422 de mayores fortunas de España, con 140 millones de patrimonio, vinculados a Misodi Rent (alquiler de habitaciones o apartamentos de corta y larga estancia en Barcelona), Mimeisa (que ha gestionado en las últimas décadas edificios míticos en Barcelona como el del Hard Rock Café, el Diagonal Beethoven o tiendas de lujo como la de Kenzo en el paseo de Gràcia) o Gesteide, de alquiler residencial y comercial en zonas exclusivas de Madrid. 

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros se redujo un 13 % en el primer semestre del año, su mayor caída desde 2020, un descenso que en Canarias ha sido del 20,3%, y alcanzó las 62.327 operaciones, el 18,3% del total, manteniendo su tendencia descendente.

Según los datos que maneja el Consejo General del Notariado, con este nuevo ajuste las transacciones realizadas por extranjeros se sitúa por debajo del 19,2% que supusieron en el mismo periodo de 2025 y del 20,3% de 2024.

Los compradores de Marruecos concentraron el mayor número de operaciones en el semestre, 4.960 compraventas (8% del total), y adelantaron a británicos, que se situaron en segunda posición con 4.541 adquisiciones, el 7,3% del total.

Tras ellos se situaron los italianos con 4.109 operaciones, el 6,6% del total, rumanos con 3.974 (6,4%) y alemanes con 3.907 operaciones (6,3%).

El grupo que engloba al resto de compradores extracomunitarios realizó 7.822 operaciones (12,5% del total), manteniendo un peso relevante dentro del mercado.

Las compras por no residentes se hunden un 18%

La caída más pronunciada la protagonizaron los extranjeros no residentes, que representaron casi el 37% de todas las compras realizadas por extranjeros, y se anotaron una caída del 18% tras el fin de las Golden visa.

Los extranjeros residentes siguen siendo los que más viviendas compran en España, concentrando el 63,2% de las operaciones, el 9,7% menos.

Entre los extranjeros residentes, los marroquíes realizaron el mayor número de compraventas (12,4% del total), seguidos de italianos (9,2%) y rumanos (9%). Los de Reino Unido ocuparon el cuarto lugar con el 5,5%.

Entre los no residentes, los más destacados fueron los de Países Bajos (12,6%); Alemania (11,8%); Reino Unido (10,4%) y Polonia (8,1%).

Brecha de precio entre no residentes y residentes en máximos

Los compradores extranjeros adquirieron sus viviendas en España a 2.644 euros/m2, un 9,4% más.

Los no residentes pagaron los importes más elevados, 3.493 euros/m2 (11,8 % más), frente a los 2.102 euros/m2 abonados por los extranjeros residentes (9,8% más) y los 1.971 euros/m2 (8,7% más) de los nacionales.

Así, la brecha de precios entre extranjeros no residentes y residentes continúa ampliándose y alcanzó un nuevo máximo histórico con 1.391 euros/m2 de diferencia.

Los de EE.UU. son los compran más caro y los marroquíes más barato

Los importes medios más elevados correspondieron a compradores de EEUU (3.948 euros/m2); Suecia (3.839 euros); Alemania (3.763 euros; Suiza (3.760 euros) y Noruega (3.588 euros).

También se registraron precios por encima de la media en aquellos de Polonia, Bélgica, Irlanda, Francia, Italia, Países Bajos, Rusia y Reino Unido.

Los precios medios más bajos correspondieron a personas de Marruecos (801 euros/m2); Rumanía (1.439 euros); Ecuador (1.531 euros) y Colombia (1.604 euros).

Los venezolanos lideran las subidas y los rusos las caídas

En cuanto al número de operaciones, solo se registraron aumentos entre aquellos de Venezuela (10,2%) y Colombia (7,4%).

Por el contrario, los mayores descensos se produjeron entre los compradores de Rusia (26,2%) mientras siguen las sanciones a Rusia por la guerra con Ucrania. Con caídas de dos dígitos también están los de China (26,1%); EEUU (22%); Bulgaria (21,6%); Bélgica (21,3%) y Reino Unido (21%).

La compraventa de vivienda por parte de extranjeros se redujo en la mayoría de las comunidades autónomas y las caídas más intensas se dieron en Cantabria (20,5%); Canarias (20,3%); Comunidad de Madrid (19,7%); Baleares (15,4%) o Comunidad Valenciana (15,4%). 

En pleno clamor social contra los desahucios, con una huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre por este motivo y cuando ya ha arrancado la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre, el PP de Castilla-La Mancha no ha dudado en clarificar cuál es su postura sobre esta situación: bajar impuestos a empresas inmobiliarias y fondos buitre, y acelerar desahucios administrativos, es decir, los que se producen en el parque residencial con algún tipo de protección pública.

Así lo refleja en tres de las 58 enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado para su inclusión en la futura norma de medidas sobre suelo y vivienda que el Gobierno de Emiliano García-Page quiere que las Cortes regionales aprueben para noviembre y cuyo contenido ya ha desgranado este periódico en las últimas semanas.

Estas propuestas del PP, que se abstuvo en la toma en consideración de la norma, se han debatido hoy mismo en la Comisión de Fomento del Parlamento autonómico, encargada de elaborar el dictamen sobre la futura regulación. Previamente, el diputado socialista Álvaro Toconar ya había alertado de estas propuestas del PP.

“Si hoy en esta comisión aprobamos sus enmiendas tendríamos tres noticias: que los fondos buitre tendrían una importante bajada de impuestos, que se agilizarían los desahucios en el parque público residencial, y que las empresas, la ciudadanía y los ayuntamientos tendrían más trabas para construir viviendas en Castilla-La Mancha”, ha dicho.

Las tres polémicas enmiendas

Con ello se refería, en concreto, a tres enmiendas del Grupo Popular. La primera de ellas pide añadir un nuevo artículo en la futura ley mediante el que se aprobaría una reducción del 9 al 6 por ciento el tipo general de transmisiones patrimoniales aplicable a los inmuebles.

En la segunda de sus propuestas, el PP ha apostado también por añadir un nuevo artículo para regular un tipo “reducido” de ese mismo impuesto, del 5 al 3%, para la “adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias destinadas a su posterior venta”, sin especificar qué tipo de empresas y con qué fines. Ambas supondrían, según el PSOE, “bajar impuestos y allanar el camino a los fondos buitre”, los mismos que han provocado desahucios como el de Maricarmen, la espita que abrió las protestas sociales en todo el país y la histórica acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Es más, en ambas propuestas de bajadas de impuestos, dispone que serán aplicables a los hechos imponibles devengados desde el 1 de enero de 2026. Es decir, las empresas que hubieran presentado autoliquidación e ingresado una cantidad superior a la que resulte de su aplicación “podrán solicitar su rectificación y la devolución de la diferencia, con los intereses que correspondan conforme a la normativa tributaria”.

Ampliar las causas para un desahucio administrativo

Pero además, en la tercera de sus polémicas enmiendas, piden ampliar las causas que pueden provocar un “desahucio administrativo” (el que se produce en el parque público residencial). El PP quiere así que, en las viviendas adjudicadas para atender una necesidad de carácter temporal expresamente identificada en la resolución de adjudicación, fuera causa de desahucio la desaparición sobrevenida y acreditada de la circunstancia que la justificó, algo que no incluye el texto original de la futura ley. Con ello, se acelerarían este tipo de resoluciones administrativas.

Esta cuestión ha marcado buena parte del debate en comisión de la futura ley castellanomanchega, que se tramita por la vía de urgencia como proposición del Grupo Socialista.

El diputado socialista, durante su intervención y tras defender las bondades de la ley ante la crisis nacional de la vivienda, no ha dudado después en afear al PP que con sus propuestas (una enmienda la totalidad por la puerta de atrás) pretenda “agilizar desahucios, bajar impuestos fondos buitre y más burocracia”. “Plantean que los fondos buitre paguen menos impuestos que la gente”.

Fuera de las Cortes también se ha referido a esta cuestión, la consejera portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla: “En un momento en el que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la población, el PP plantea medidas que benefician a los grandes inversores. Va por un camino distinto al de la ciudadanía. Su propuesta consiste en aliviar la presión fiscal de quienes hacen negocio con una necesidad básica”.

Pero el PP ha pasado de puntillas por sus tres controvertidas enmiendas. En su intervención inicial, el diputado Ignacio Redondo apenas las ha mencionado. Se ha limitado a afirmar que la futura ley puede “no tener encaje” en la legislación estatal y, por lo tanto, introduce “inseguridad jurídica”.

Ha defendido así que sus propuestas no buscan “bloquear” la futura normativa y al llegar al bloque de enmiendas donde propone bajadas de impuestos, simplemente ha hablado de “beneficio fiscal” pero no las ha detallado, ni ha concretado a qué tipo de empresas se bajaría impuestos.  

La Comisión de Fomento también ha servido para reflejar otra polémica cuestión: las enmiendas de Vox. Como ya adelantó este periódico, una parte del medio centenar que este partido ha presentado, propone aplicar la prioridad nacional. Lo ha hecho en varias de ellas, pero principalmente “consagrándolo” en el acceso a vivienda protegida, parque público residencial y ayudas o subvenciones autonómicas, “otorgando atención prioritaria a los españoles y sus familias”.

La misma tesis incorpora en otras enmiendas, donde exige que las reservas de viviendas sociales dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social se sometan a este mismo principio.

Vox y el “arraigo” de diez años

Igualmente, el partido de extrema derecha establece criterios de baremación para la adjudicación de vivienda pública basados en el “arraigo” y para ello exige un empadronamiento en España de al menos cinco años para alquiler y 10 años para compra, así como la vinculación sociolaboral con la región y tener menos de 36 años.

Finalmente, incorpora este mismo principio en otras de sus enmiendas, reclamando que la futura ley establezca el mencionado requisito de arraigo, con los mismos plazos, en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.

Pero Francisco José Cobo, diputado del partido de extrema derecha, apenas si ha hablado de estas propuestas. Ha dicho que la futura ley supone la “protección oficial y el amparo de la ocupación y la inquiocupación”, al tiempo que ha hecho una defensa de las familias y ha criticado las “enormes cargas para promotores y constructores” que, su opinión, incluye la proposición de ley.  

Dicho esto, ha criticado que la ley no haga “ni una sola referencia a la palabra inmigración”. Y ha aprovechado para tirar de argumentario nacional, y vincular la “entrada masiva” de migrantes con la “hacinación en pisos”. “Traer a media América o a media África han cancelado el futuro de nuestros jóvenes y de las familias españolas, a las que hay que poner en el centro”.

Las tres controvertidas enmiendas del PP han sido rechazadas con el voto mayoritario del Grupo socialista, pero Vox se ha abstenido en las tres. En cuanto a las de Vox, llama la atención que en las cinco enmiendas que piden incorporar el principio de prioridad nacional, el Grupo Popular se ha abstenido. Han sido rechazadas también por la mayoría absoluta de los socialistas.

Ayer mismo en la vecina Comunitat Valenciana, donde gobierna el PP con apoyo de Vox, validaron aplicar ‘prioridad nacional’ en vivienda por arraigo de 10 años y lo hicieron a pesar de que la Unión Europea solo permite cinco. La propia Comisión Europea ha advertido recientemente que la 'prioridad nacional' en las ayudas públicas vulnera el derecho comunitario.

Ahora la ley regresará al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha para su ratificación, aunque con esas enmiendas vivas, tras manifestar PP y Vox su deseo que de que vuelvan a ser debatidas y votadas. Tras su previsible aprobación, al ser tramitada con carácter de urgencia como proposición de ley, la ley quedará promulgada para su entrada en vigor.

“Invierte como los grandes fondos” era uno de los reclamos con los que la startup Housers, rebautizada hace un año como Crowpire, trataba de captar clientes para invertir en promociones inmobiliarias a cambio de grandes rentabilidades.

Housers llegó a publicitar que había recaudado 167 millones de inversores y se habían devuelto 110. ¿Adónde han ido los 57 millones de euros que faltan?

Ni siquiera la nueva dirección de la empresa, que achaca los problemas a una etapa anterior, logra responder la pregunta. “La mayoría de los proyectos están en desarrollo y construcción y otros en recobro y en juicio”, afirman. “No podemos, en este caso, facilitarte los datos concretos, que daremos en cada caso conforme se vayan devolviendo, repartiendo o recobrando”.

Las docenas de inversores entrevistados y documentación obtenida por elDiario.es apuntan a problemas de gestión y a un entramado societario que permitió a la startup eludir cualquier responsabilidad en los proyectos inmobiliarios que anunciaba mientras, de manera indirecta, mantenía su control.

Sobre el papel, la responsabilidad de Housers sobre una promoción inmobiliaria acababa una vez se lograba la financiación para el proyecto. En la práctica, esas promociones acababan gestionadas por personas con vínculos societarios con la empresa.

La actual dirección, que le puso el nombre de Crowpire a la compañía, señala que estas prácticas forman parte del pasado.

“Estos hechos se produjeron en etapas anteriores y bajo responsabilidades distintas de las actuales”, responden. “Desde la incorporación de la actual dirección la actividad se ha centrado en defender los intereses de los inversores con la máxima transparencia”.

Este periódico también ha podido obtener diversas resoluciones y sanciones contra la empresa y sus dirigentes, incluido su presidente actual, que no habían trascendido hasta la fecha, más allá de las multas por 215.000 euros que le impuso en 2019 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pocas semanas antes de asumir la presidencia de Housers, Juan Guruceta recibió una sanción del Banco de España. En octubre de 2025, el organismo le multó a él y a Divilo, la empresa que preside, con 54.000 euros por haber operado al menos seis meses con un capital inferior al mínimo exigido.

Tres meses después, Guruceta anunciaba que Housers pasaba a llamarse Crowpire y que la plataforma Divilo se integraría como plataforma de pagos en la startup de crowdfunding inmobiliario.

“La incidencia que mencionas es pública”, responden desde la compañía. “Y es absolutamente ajena a Crowpire y a su actividad”.

También el CONSOB, el regulador italiano del mercado de valores, multó con 100.000 euros a Housers a finales de 2019 por acumulación de sanciones vinculadas a su “actividad abusiva”. 

“No nos corresponde valorarla”, responden desde la empresa. “La sentencia es anterior al cambio de control y a la incorporación de la actual dirección”.

Un entramado societario que acababa en un piso de Madrid

En principio la tarea de Housers era la de un mero intermediario que juntaba a inversores con promotores que necesitaban el dinero. Cuando el proyecto estaba financiado, se nombraba un administrador “independiente” y Housers ya no tenía ninguna responsabilidad sobre lo que ocurriera.

Este nombramiento de un administrador independiente fue una obligación que impuso la CNMV a Housers, cuyos primeros proyectos estuvieron administrados directamente por la startup hasta que el regulador le obligó a separar la gestión.

La empresa propuesta por Housers como “administradora independiente” en buena parte de sus proyectos era una compañía llamada Atrium Lex. El administrador de la empresa, sin embargo, estaba vinculado con personas vinculadas a Housers a través de diversas sociedades radicadas en un mismo piso en el barrio de Peñagrande de Madrid.

El responsable de Atrium era también apoderado de una sociedad, Firstom Properties, que acabó comprando las filiales de Housers en Italia y Portugal en 2019 por casi un millón de euros, según un documento interno de la empresa.

El presidente de Firsthom Properties presidió a su vez la compañía Lemon Key, otra empresa utilizada por uno de los fundadores de Housers, Antonio Brussola, para desviar más de 55.000 euros de proyectos inmobiliarios de la startup, según una sentencia ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

El fundador de Firsthom Properties, Arturo Ballester, y el administrador de Atrium, Luis Puebla, también compartían cargos en otra sociedad inmobiliaria, a su vez radicada en el mismo domicilio de Madrid. El que fuera administrador único de Firsthom Properties, David Marchamalo, fue también liquidador de varios proyectos de Housers.

Atrium, la administradora elegida por Housers, acumula quejas y denuncias judiciales, algunas en curso, por parte de decenas de inversores que acusan a la compañía de llevar años sin presentar las cuentas ni convocar juntas de propietarios en diversas promociones que están paralizadas. 

En una promoción de Barcelona que gestiona Atrium, la administradora aseguró a los inversores que el edificio estaba tapiado cuando en realidad estaba en perfecto estado, según pudo comprobar elDiario.es.

Atrium también fue multada con 100.000 euros por la Agencia Española de Protección de Datos por tratar masivamente datos financieros de inversores sin base legal ni medidas de seguridad y llegó incluso a tener el NIF revocado por insolvencia durante unos meses entre 2021 y 2022.

Al cierre de este artículo, esta empresa de administración de inmuebles no había respondido al cuestionario remitido por elDiario.es.

“Desde nuestra incorporación como gestores, la prioridad de la dirección actual ha sido maximizar la recuperación de las inversiones con transparencia, y defender los intereses de las personas afectadas por situaciones procedentes de etapas anteriores”, responden desde Crowpire.

Inversores denuncian posibles irregularidades en las comisiones

Los más de veinte inversores de Housers entrevistados apuntan también que la startup pudo cometer un fraude a Hacienda a la hora de cobrar sus comisiones en los proyectos. 

Según describen los entrevistados —bajo condición de anonimato para evitar acciones legales— en la comisión del 10% que Housers les cobraba por formalizar contratos u obtener rentabilidades, los cobros se detraían automáticamente de su cuenta en la liquidación de los rendimientos, sin una factura nominativa con identificación de la base imponible y el desglose del IVA correspondiente. 

Al carecer de una factura sobre esta comisión, los inversores no se podían deducir esa cantidad en la declaración del IRPF. Cuando un inversor solicitó a la compañía una factura detallada por este concepto, la empresa le respondió que no se la podía remitir, según un correo obtenido por esta redacción. 

“Es incorrecto que los inversores carezcan de soporte documental”, responden desde Crowpire. “Al menos bajo la actual dirección, toda la documentación contable y fiscal justificativa de los servicios prestados, y relativa a cualquier actividad, se emite, como no podía ser de otra manera, conforme a la normativa aplicable.”

El adelanto electoral o la muerte de Maricarmen Abascal no han frenado la enorme crisis de vivienda que sumerge desde hace años a todo el país. Un fondo buitre sacó a la mujer que ya se ha convertido en un símbolo de la lucha por la vivienda de la casa que la vio crecer durante 71 años y eso ha terminado por visibilizar que 809.115 inmuebles están en manos de titulares con más de 10 viviendas en el mismo municipio, según la plataforma Quien Tiene la Vivienda, creada por el biólogo y profesor canario Romén Herrera, fundador también de Vertidos Canarias y Canarias Bajo Presión.

Las Palmas de Gran Canaria encabeza el ranking de municipios canarios con mayor presencia de grandes propietarios. 145 titulares acumulan más de diez inmuebles en propiedad. En un parque residencial de 167.074 viviendas, la concentración de la propiedad pone el foco sobre un puñado de actores que han ido ganando peso en el mercado inmobiliario.

Entre ellos destaca Blackstone. El fondo estadounidense, a través de sus distintas sociedades y marcas vinculadas, es el mayor propietario privado de vivienda residencial del municipio, con 506 casas. Su posición en la capital grancanaria se enmarca en una estrategia de mayor alcance, ya que acumula 8.176 viviendas vinculadas en toda España, lo que lo sitúa como el principal gran tenedor privado residencial del país, según QTV en base a los datos extraídos del Catastro 2025.

Una de las marcas que orbitan alrededor del gigante inmobiliario es Nestar. En Las Palmas de Gran Canaria existen 32 viviendas vinculadas a esta empresa, una pequeña parte de las aproximadamente 9.500 que suma en el conjunto del territorio nacional.

Otro de los nombres presentes en el mercado canario es Gramina Homes, una sociedad inmobiliaria ligada a fondos de inversión con implantación en varias islas. Su cartera se reparte entre distintos municipios: cinco inmuebles en Las Palmas de Gran Canaria, tres en Tías (Lanzarote), dos en El Rosario (Tenerife) y uno en Arrecife (Lanzarote), Santa Lucía de Tirajana y Valsequillo (Gran Canaria).

La lista se completa con otros operadores de menor presencia, pero igualmente significativos. ASAM (Alquiler Seguro Asset Market) cuenta con dos viviendas, mientras que Techo Hogar dispone de una.

Pero la presión sobre el parque residencial de Las Palmas de Gran Canaria no se explica únicamente por la concentración de viviendas en manos de grandes tenedores. A esta realidad se suma el avance del uso turístico. 3.109 inmuebles de la capital grancanaria se destinan a esta actividad, en un municipio donde existe un nivel alto de dificultad para acceder a una vivienda. La paradoja se encuentra en la negativa por parte del PP y Coalición Canaria por declararla zona tensionada al considerarlo “contraproducente”.

Por otra parte, si buscamos empresas con más de 100 inmuebles residenciales, Romén Herrera, en conversación con Canarias Ahora, sitúa a Arona en primer lugar, con 16, seguida de Tías, con 9 sociedades privadas que sumarían 1.298 viviendas.

En el sector público, Canarias también destaca en el mapa de la propiedad residencial. El Archipiélago es la comunidad con mayor número de administraciones que superan las diez viviendas en cartera y concentra el 4,4% del parque público nacional. Buena parte de esos inmuebles está en manos del ICAVI (Instituto Canario de la Vivienda), VISOCAN y Casa 47. Estas entidades entran en la categoría de grandes tenedores por el volumen de propiedades que gestionan, aunque su papel responde a una lógica distinta a la del mercado privado, ya que sus viviendas están destinadas a fines sociales y protegidos por ley, sin ánimo de lucro.

El peso de los grandes propietarios no se limita, sin embargo, a las empresas y las administraciones. También entre los particulares, Canarias encabeza la clasificación estatal. El 1,4% posee más de diez inmuebles residenciales. En el otro extremo, el grueso de los propietarios del Archipiélago se mueve en una escala algo más reducida: el 83,8% tiene entre dos y cinco viviendas. Y más de la mitad, un 54,6%, cuenta con una sola propiedad.

El Catastro es el que ofrece, con datos actualizados a finales de 2025, una de las radiografías más completas de esta distribución, al registrar los inmuebles vinculados a los titulares del IBI. Pero con algunas zonas oscuras, al no permitir conocer la identidad de las sociedades propietarias. La plataforma de Romén Herrera, sin embargo, trata de completar esa información, que permite poner nombre a parte de los titulares empresariales. El cruce de ambas fuentes ayuda a identificar dónde se concentra la propiedad y quién está detrás de ella.

Virginia Guisasola, 86 años, le pregunta cada día a su hijo Ignacio cuándo le devolverán su dinero. “Ya no sé qué decirle”, explica él. “Me siento responsable por haberla metido en esto”.

Guisasola invirtió hace un lustro una parte de sus ahorros, unos 10.000 euros, en una plataforma de crowdfunding inmobiliario llamada Housers. Se suponía que, tras invertir en una promoción de ladrillo, en poco tiempo recuperaría su dinero con unos generosos intereses.

Tras varios años esperando, sin embargo, no sabe si los llegará a recuperar.

“Lo peor de todo es la falta de información”, abunda su hijo, que también tiene miles de euros paralizados en esa startup. “Ya no pretendo que mi madre gane nada, me bastaría con que pudiera recuperar una parte de lo invertido”.

Anunciada a bombo y platillo en los medios, Housers nació en 2015 como la primera plataforma española de crowdfunding inmobiliario. La empresa permitía invertir desde 50 euros (ahora son 300) en la compra, reforma y posterior venta o alquiler de inmuebles a cambio, supuestamente, de intereses que podían alcanzar entre el 10 y el 13% o en ocasiones incluso más.

Tras una década de quejas, demandas de inversores insatisfechos, disputas entre los socios e incluso varias multas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Housers cambió en febrero de nombre y accionistas: ahora se llama Crowpire.

Los problemas, no obstante, siguen siendo los mismos, según aseguran más de veinte inversores entrevistados para este reportaje. 

“Es el mismo perro, pero con distinto collar”, afirma Juan Antonio Fernández, otro afectado que lleva años esperando recuperar una parte de los 25.000 euros que invirtió.

De las entrevistas y la documentación empresarial y judicial obtenida se desprende que cientos de personas llevan años sin poder recuperar su dinero y, en varios proyectos, sin ningún tipo de información sobre el estado de sus inversiones desde hace años.

Antoni Brussola, uno de los fundadores de la empresa (actualmente fuera del accionariado), fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de administración desleal por desviar 55.000 euros desde sociedades vinculadas a proyectos de Housers a la cuenta de una empleada de otra empresa que él presidía.

La sentencia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en enero y que no había trascendido hasta la publicación de este artículo, ha sido recurrida ante el Supremo.

“Brussola salió de la compañía en el año 2021. La nueva dirección de la compañía no tiene ni ha tenido contacto alguno con esta persona”, responden desde Housers/Crowpire. Esta redacción ha intentado sin éxito localizar a Brussola para ofrecerle comentar el artículo. 

Housers/Crowpire, a su vez, ha contratado en varias ocasiones como intermediarios que presentaba como independientes ante los inversores a empresas controladas por personas que están en el organigrama de gobierno de esta startup inmobiliaria, según el registro mercantil.

Housers/Crowpire también llegó a ofertar a sus clientes inversiones vinculadas a una inmobiliaria de Marbella que fue investigada judicialmente en una causa por presunto blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico. La causa fue archivada , pero los inversores consultados aseguran que no han recuperado sus fondos.

“Crowpire tiene un accionariado completamente diferente al que tenía Housers, además de que todo el equipo fundador y gestor de Housers abandonó la compañía hace tiempo”, respondió la empresa en un cuestionario enviado el pasado julio.

Inversores que no saben adónde ha ido su dinero

La mayoría de los entrevistados admite que los primeros proyectos en los que invirtieron salieron bien: la plataforma les informó debidamente de cómo avanzaban y, aunque con menos intereses de los publicitados, lograron algunas ganancias. 

El modelo consistía inicialmente en constituir una sociedad por cada inmueble y el inversor se convertía en socio y esperaba beneficios tras la venta o el alquiler. Posteriormente, la empresa pasó a un modelo de préstamos participativos a promotores que necesitaban financiación.

“¿Qué tipo de empresas se financian al 10%?”, se pregunta uno de los afectados. “Al final acababas dejándole dinero a una sociedad con 3.000 euros de capital a la que los bancos no le quieren prestar y la gente se extraña de haber perdido el dinero”.

A partir de 2019 un gran número de inversiones empezaron a ir mal. La información empezó a escasear, nadie sabía qué ocurría con sus aportaciones. Algunos inversores a día de hoy desconocen, en algunos casos desde hace más de seis años, si sus proyectos siguen en pie, si los promotores a los que prestaron dinero continúan operando o si directamente lo han perdido todo.

Basta visitar las páginas de reseñas Crowdrating o Trustpilot, con más de un millar de opiniones negativas, para ver hasta qué punto los inversores están descontentos con la plataforma.

La CNMV impuso ese año a la empresa tres sanciones que sumaron 215.000 euros. La primera, muy grave, por incumplir de forma reiterada sus obligaciones de información y transparencia hacia los clientes. La segunda, también muy grave, por llevar a cabo actividades no contempladas en su autorización. La tercera, calificada como grave, por la publicación de un proyecto de financiación participativa que no cumplía la normativa.

Los inversores describen juntas que se reducen a formularios online sin verificación, comunicaciones que tardan meses o años en llegar —cuando llegan—, documentación sobre sus inversiones que ha desaparecido con el cambio de nombre de la empresa (la compañía les ha asegurado que no tardará en estar disponible) y administradores que no presentan cuentas ni convocan reuniones desde hace años.

“Es muy grave que no nos informen de nada”, apunta Ruben Berastegui, de 44 años. “Nadie te dice si alguno de los proyectos no se podrá recuperar, tienes que adivinarlo tú porque llevan años paralizados”. 

Berastegui invirtió decenas de miles de euros en 42 proyectos distintos ofertados por la startup. En 24 de ellos logró recuperar el dinero, pero en los 18 restantes asegura que lo ha perdido todo o no tiene noticias de su inversión.

“En los que he conseguido recuperar el dinero habré ganado unos 8.000 euros”, sostiene en conversación telefónica. “Es muy poco teniendo en cuenta que tengo otros 28.000 atrapados”.

Otros clientes, como Asier Fernández, invirtieron en la compra y reforma de un piso en el corazón del Raval. Pagó el dinero hace más de cinco años y afirma que la última noticia que tuvo de su inversión, a través del administrador, era que el edificio estaba tapiado. El inmueble, sin embargo, no está tapiado y presenta un aspecto exterior normal, según pudo comprobar este diario.

Dificultades para denunciar o recuperar el dinero

Son varios los inversores que han intentado sin éxito llevar a esta empresa a los tribunales durante la última década. En 2020 incluso se creó una asociación de afectados que se acabó disolviendo tras los reveses judiciales a los inversores.

“Lo tienen muy bien montado para que sea difícil denunciarlos”, apunta Guillermo (no quiere que se publique su apellido), otro de los clientes atrapados.

Según los contratos analizados, Housers/Crowpire se presenta como un mero “intermediario” tecnológico, una especie de tablón de anuncios que junta a quien quiere invertir con quien necesita el préstamo, sin responsabilidad en caso de que el negocio salga mal.

Pero su papel no se limita a poner en contacto a inversores y promotores: según los contratos analizados, la plataforma decide qué proyectos publica y puede solicitar información adicional al promotor. 

El contrato atribuye al promotor la responsabilidad por cualquier información falsa o engañosa que traslade a los inversores y exime expresamente a Housers de esa responsabilidad. Esto ocurre pese a que la plataforma cobra una comisión específica por el “análisis y estudio” de cada oportunidad y recurre a asesores externos para valorar los proyectos antes de publicarlos.

Housers, además, cobra comisiones en distintas fases del proyecto, con independencia de que el inversor gane o pierda dinero: hasta un 6% al inicio, por recibir, analizar y publicar la oferta; 100 euros por cada aviso de impago que envía; y 2.000 euros cada vez que se reestructura la deuda de un proyecto con problemas.

Los contratos, por tanto, prevén pagos adicionales a la plataforma cuando un proyecto entra en impago o necesita una reestructuración, mientras los inversores siguen pendientes de recuperar su dinero.

“Opacidad en las votaciones”

En algunas ocasiones, los inversores han logrado votar conjuntamente para expulsar al administrador designado inicialmente por Housers/Crowpire y gestionar la promoción por su cuenta, pero en la mayoría de casos no logran tirar adelante estas votaciones porque los afectados no se conocen entre ellos y cuesta coordinarse, a pesar de que existen más de una docena de grupos de WhatsApp en los que los afectados intentan organizarse.

Los entrevistados también afirman que no logran nunca ejecutar la garantía hipotecaria cuando un proyecto se ha atascado. “Ha habido proyectos en los que nos hemos organizado para votar, pero siempre acaba ganando la opción de dar más tiempo al promotor, nunca la de ejecutar”, apunta Juan Antonio Fernández, que ha invertido en diversos proyectos desde 2017.

Este periódico ha podido comprobar que, en varios proyectos, Housers/Crowpire ha designado como agente de garantías —la empresa que actúa de intermediaria entre inversor y promotor para verificar y, en su caso, ejecutar las garantías hipotecarias— a una sociedad controlada por el que fue secretario no consejero de Housers/Crowpire entre julio de 2019 y noviembre de 2025.

“No ha afectado en nada la independencia”, responden desde Housers/Crowpire, “porque el secretario consejero no forma parte del órgano de administración a efectos de voto y ejercicio”. Añaden, sin embargo, que tras las preguntas de elDiario.es no seguirán contando con esta empresa como intermediaria.

En otros proyectos, Housers/Crowpire ha designado como agente de garantías a sociedades recién creadas y sin ni siquiera un teléfono de contacto. “Su contratación se hace por su cualificación y profesionalidad”, aseguran desde la plataforma. “No corresponde a esta compañía valorar la estructura jurídica de estos”.

Los inversores entrevistados sostienen que tampoco resulta fácil organizar reclamaciones judiciales conjuntas con otros clientes a los que no conocen de nada, por no contar con los que han invertido pequeñas cantidades y no están dispuestos a sufragar un abogado. 

“¿Cómo le voy a pedir a alguien que ha invertido 300 euros que pague 1.000 para un abogado?”, se pregunta Ignacio Rubio. “Estamos todos atrapados y ni siquiera podemos declarar las pérdidas de proyectos que no saldrán adelante porque la empresa ni siquiera nos informa de que han fracasado”.

“Si fessin una llar, un parc... Que la gent gran hi pugui venir, que hi posin pedals per fer exercici, bancs per prendre la fresca...”. Als seus 82 anys, Joana fa massa temps que espera el mateix que una bona part dels veïns de Son Sardina: un lloc públic on seure, reunir-se i fer vida de poble. En aquesta antiga barriada de Palma hi ha una plaça que fa anys que està dibuixada sobre el paper, però que mai no ha arribat a existir sobre el terreny. Allà, entre el nucli tradicional de cases i el creixement residencial dels darrers anys, l'Ajuntament va prometre un gran espai públic, un casal de barri i una biblioteca. Enguany, quan semblava que Cort estava finalment a punt de comprar-lo, el solar ja havia canviat de mans.

Can Pasquet, un solar de gairebé 2.000 metres quadrats situat al cor de Son Sardina, és per als veïns molt més que un terreny buit. És l'espai que fa anys que reclamen per trobar-se, organitzar activitats i disposar d'uns equipaments públics que ara estan dispersos o funcionen en locals que ni tan sols són municipals.

El 13 d'agost de 2025, el batle de Palma, Jaime Martínez (PP), va acudir a Son Sardina i va anunciar que Cort havia iniciat el procés per adquirir Can Pasquet. La intenció era construir-hi una plaça, un casal de barri i estudiar la possibilitat d'incorporar-hi un aparcament. L'anunci va generar una expectativa evident entre els veïns. La promesa, a més, no era nova: Can Pasquet feia anys que apareixia en els plans i les reivindicacions del barri, però la compra mai no havia arribat a formalitzar-se.

La inversió privada s'avança

Tanmateix, quan el passat 19 de febrer Cort va aprovar una modificació de despeses que reservava 237.976 euros per adquirir el solar, la finca va passar, tot just vuit dies després, a mans d'una promotora immobiliària constituïda tres anys abans, Polnavalón S.L., tal com figura en la documentació registral consultada per aquest diari. elDiario.es s'ha posat en contacte amb el seu administrador per conèixer els detalls de l'operació i el destí que preveu donar al solar, però aquest ha declinat fer declaracions.

Davant la reixa de Can Pasquet, Joana explica el problema des d'un punt de vista molt més senzill que qualsevol expedient urbanístic: l'actual casal de barri està situat en una primera planta i cal pujar-hi per les escales. “Com podem pujar si molts ja passam dels 80 anys?”, es demana. A l'altre costat de la tanca hi ha el solar que els veïns fa anys que reclamen com a futura plaça pública i on el batle va prometre, fa un any, construir un nou casal de barri i una biblioteca. A Son Sardina, lamenta Joana, “no hi ha res”. Hi ha un petit parc infantil a l'entrada del poble, però resulta insuficient. I el casal tampoc no dona resposta a les necessitats de la gent gran.

La seva preocupació no és només disposar d'un espai nou. Malgrat les incomoditats de l'actual casal, tem perdre'l com va succeir amb el local de majors del barri de Son Cladera, desallotjat a principis de juliol mentre desenes de persones participaven en un taller de memòria. El futur del centre comunitari i de la biblioteca està condicionat pel fet que tots dos equipaments funcionen actualment en un immoble adquirit el 2019 per una societat vinculada a un gran fons d'inversió internacional amb seu als Estats Units. L'Ajuntament reconeix que tots dos serveis s'ofereixen en locals arrendats i planteja traslladar-los a Can Pasquet si aconsegueix fer-se amb el solar. L'Associació de Veïnats també ha advertit del mal estat del casal actual, amb goteres, humitats i un terra de formigó.

Aquest diumenge, mentre queia la tarda sobre Son Sardina, Joana i altres veïns es concentraven davant el solar, convocats per l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, per exigir que l'Ajuntament lluiti per la parcel·la i la posi a disposició del barri.

Un barri de 3.000 veïns sense espais públics

La importància de Can Pasquet s'entén millor en recórrer Son Sardina. El nucli conserva encara un marcat caràcter de poble malgrat formar part del municipi de Palma. El seu origen es remunta a l'època islàmica, vinculat a les antigues xarxes d'aigua i als molins de la zona, i entre els segles XVII i XIX es va consolidar com un petit nucli d'agricultors, jornalers i artesans. L'agricultura va ser durant segles la principal activitat fins que el creixement residencial va anar transformant progressivament el territori.

Aquest caràcter de poble continua sent una de les seves principals senyes d'identitat. Son Sardina està físicament separat del centre de Palma -gairebé cinc quilòmetres separen tots dos nuclis- i conserva una trama urbana de cases baixes, camins estrets i antigues possessions, envoltada per noves zones residencials i grans àrees de serveis com Son Castelló, Son Reus o la Universitat. Amb més de 3.000 habitants, manté també una intensa activitat associativa i festiva. Però aquesta vida comunitària topa amb una mancança: més enllà del col·legi i el centre de salut, el nucli no disposa d'una xarxa suficient d'espais públics municipals on desenvolupar-la.

Un deute pendent des dels anys vuitanta

Ho il·lustra a elDiario.es Antoni Marimón, veí del nucli i catedràtic d'Història Contemporània. Marimón resumeix el problema en una “falta crònica d'equipaments públics” malgrat la forta identitat comunitària de Son Sardina. L'absència d'espais de titularitat municipal dificulta que les associacions disposin de llocs on reunir-se, que la gent gran compti amb instal·lacions accessibles i que infants i joves tenguin zones de trobada.

L'historiador situa l'origen del problema urbanístic de Can Pasquet a començament dels anys vuitanta. Segons explica, el planejament d'aquella època ja preveia que els terrenys acabassin destinats a equipaments públics. El sistema previst era complex: la propietat havia de cedir el terreny a l'Ajuntament a canvi que s'hi permetés determinada edificació. Però el mecanisme mai no va arribar a executar-se. “Esperes i esperes i no s'arriba a complir”, resumeix Marimón.

El resultat ha estat una llarga successió de propietaris i oportunitats frustrades. Marimón assegura que el solar ha passat per “cinc o sis mans” des d'aleshores i que fins i tot altres governs municipals van intentar abordar-ne l'adquisició. El problema, explica, és que el sistema urbanístic previst inicialment no va arribar a funcionar. Ara, per primera vegada en anys, l'Ajuntament havia donat la impressió que l'operació estava encarrilada. El PP, de fet, va arribar a incloure en el seu darrer programa electoral la construcció de la plaça de Can Pasquet: “Invertirem a Son Sardina i farem realitat les peticions dels veïns”, exposava la formació.

En Genís, membre de l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, introdueix una altra dimensió en la reivindicació: la dels joves que ja no poden quedar-se a viure al poble. Ell mateix n'ha hagut de marxar. En conversa amb aquest diari, explica que del grup d'una trentena de joves que participa habitualment en les festes de Son Sardina, amb prou feines en queden uns pocs que hi visquin. Molts han acabat traslladant-se a Palma o a altres municipis perquè consideren pràcticament impossible accedir a un habitatge al nucli si no disposen de terres, d'una casa familiar o d'una herència. “Si no tens preparat un milió per gastar, no et pots quedar”, afirma. Genís vincula aquesta expulsió progressiva de la població jove amb l'encariment de l'habitatge, l'especulació immobiliària i la turistificació de l'illa.

Per a ell, la reivindicació de Can Pasquet forma part d'alguna cosa més àmplia: quin tipus de poble vol continuar sent Son Sardina i si podrà conservar una vida comunitària pròpia mentre augmenta la pressió immobiliària.

L'agost de 2025, l'Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga ja alertava de la situació del terreny i del risc que acabàs en mans privades. L'entitat recordava que el Ple de Palma havia aprovat el maig de 2024, amb el suport del PP, instar l'equip de govern a adquirir els terrenys per construir-hi una plaça pública, després que les associacions del barri reclamassin també un casal. Malgrat el compromís municipal i les més de 1.000 signatures recollides en només quatre mesos, denunciava que l'Ajuntament no havia informat de cap avanç i mantenia un “silenci” que deixava en l'aire el futur del solar.

La preocupació va créixer quan a la parcel·la va aparèixer un cartell de Solvia anunciant-ne la venda. L'Assemblea advertia, a més, que el solar, tot i estar reservat en el Pla General per a espais lliures i equipaments, podia quedar exposat a promocions privades arran de la nova legislació urbanística aprovada aleshores pel Parlament. Reclamava així que Cort materialitzàs el compromís anunciat i impedís que Can Pasquet acabàs venut al millor postor, frustrant l'oportunitat de dotar Son Sardina d'una plaça i un casal públics.

Els anuncis de venda localitzats per aquest diari permeten posar xifres al valor que tenia aleshores el terreny al mercat. La parcel·la, anunciada amb una superfície de 1.751 metres quadrats, va arribar a oferir-se per 180.700 euros, a raó de 103 euros per metre quadrat. Un altre portal immobiliari situava el preu de venda en 210.000 euros. Són, en tot cas, preus d'oferta i no permeten determinar l'import pel qual es va tancar finalment la compravenda.

L'interès del solar no resideix únicament en la seva ubicació, sinó també en la seva situació urbanística. Com recorda Marimón, Can Pasquet arrossega des dels anys vuitanta una ordenació que mai no va arribar a executar-se i que ha anat canviant amb les successives revisions del planejament. L'aprovació del Pla General de 2023 i la posterior caiguda del Pla d'Ordenació Detallada han deixat l'àmbit en una situació d'incertesa sobre el seu futur urbanístic. Aquest escenari incorpora, a més, una variable econòmica rellevant: una eventual modificació del planejament que milloràs les condicions urbanístiques de la parcel·la i n'augmentàs l'aprofitament podria incrementar-ne de manera significativa el valor. No hi ha constància, però, que el nou propietari hagi iniciat cap tràmit en aquest sentit ni que aquesta possibilitat estigués darrere de l'adquisició.

L'Ajuntament assegura que lluitarà pel solar

Enmig d'aquesta incertesa, l'Ajuntament assegura que no ha renunciat al projecte. elDiario.es s'ha posat en contacte amb el Consistori, que remet a un comunicat recent en el qual, subratlla, des que l'alcalde va anunciar el seu compromís d'adquirir la parcel·la, l'Administració va iniciar les gestions pertinents amb l'entitat bancària llavors propietària de la mateixa.

El consistori explica que, des de llavors, treballa per trobar una solució i que actualment negocia amb el propietari per assolir un acord de compravenda. Si no fos possible, l'Ajuntament afirma que iniciarà el corresponent procediment d'expropiació. La intenció municipal és mantenir el projecte previst: un nou casal de barri i una biblioteca, una plaça pública i, com a possibilitat addicional, un aparcament que contribueixi a alleujar el dèficit d'estacionament de la zona. Cort assenyala, a més, que el disseny dels futurs equipaments es farà amb la participació de les associacions veïnals i les entitats del barri.

L'Ajuntament està negociant amb el propietari per arribar a un acord de compravenda. Si no fos possible, iniciarà l'expropiació

L'oposició també ha carregat contra la gestió de l'Ajuntament. El secretari general de l'Agrupació Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha reclamat explicacions i responsabilitats polítiques a l'equip de govern per la venda de Can Pasquet a una immobiliària i ha qüestionat que Cort no aconseguís tancar la compra del solar que havia anunciat. Per la seva banda, Més per Palma ha resumit la seva crítica en una frase: “Martínez ho va prometre. El PP ho ha deixat perdre”. El regidor Miquel Àngel Contreras sosté que el batle va generar “una expectativa davant tot Son Sardina” en anunciar una plaça, un casal de barri i un aparcament i considera que ara ha d'explicar per què el consistori no va arribar a adquirir el terreny.

El manifest llegit durant la concentració reclama que l'Ajuntament adquireixi immediatament el solar i posi en marxa el projecte de plaça i casal de barri. L'Assemblea Popular reivindica, a més, que aquests espais siguin de titularitat pública i que el seu disseny tengui en compte els projectes elaborats pels mateixos veïns. El missatge de fons és que Can Pasquet no és vist com un equipament més, sinó com una peça necessària per mantenir la vida comunitària de Son Sardina. Les entitats recorden que la manca d'espais municipals dificulta fins i tot l'organització de les festes i d'altres activitats associatives.

Després de dècades d'espera i d'una promesa municipal que va acabar coincidint amb la venda del solar a un particular, la pregunta que queda entre els veïns és ara quan arribarà, finalment, la solució. Per a l'Assemblea Popular, la resposta no admet més demores: “No és una necessitat ni una promesa: és un dret”.

“Si hicieran un hogar, un parque... Que la gente mayor pueda venir, que pongan pedales para hacer ejercicio, bancos para tomar el fresco...”. A sus 82 años, Joana lleva demasiado tiempo esperando lo mismo que gran parte de los vecinos de Son Sardina: un lugar público donde sentarse, reunirse y hacer vida de pueblo. En esta antigua barriada de Palma hay una plaza que lleva años dibujada sobre el papel, pero que nunca ha llegado a existir sobre el terreno. Allí, entre el núcleo tradicional de casas y el crecimiento residencial de los últimos años, el Ayuntamiento prometió un gran espacio público, un casal de barrio y una biblioteca. Este año, cuando parecía que Cort -como se conoce popularmente al Consistorio- estaba finalmente a punto de comprarlo, el solar ya había cambiado de manos.

Can Pasquet, un solar de casi 2.000 metros cuadrados ubicado en el corazón de Son Sardina, es para los vecinos mucho más que un terreno vacío. Es el espacio que llevan años reclamando para encontrarse, organizar actividades y tener unos equipamientos públicos que ahora están dispersos o funcionan en locales que ni siquiera son municipales.

El 13 de agosto de 2025, el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), acudió a Son Sardina y anunció que Cort había iniciado el proceso para adquirir Can Pasquet. La intención era construir una plaza, un casal y estudiar la posibilidad de incorporar un aparcamiento. El anuncio generó una expectativa evidente entre los vecinos. La promesa, además, no era nueva: Can Pasquet llevaba años apareciendo en los planes y reivindicaciones del barrio, pero la compra nunca había llegado a formalizarse.

La inversión privada se adelanta

Sin embargo, cuando el pasado 19 de febrero Cort aprobó una modificación de gastos que reservaba 237.976 euros para adquirir el solar, la finca pasó, apenas ocho días después, a manos de una promotora inmobiliaria constituida tres años antes, Polnavalón S.L., tal como figura en la documentación registral consultada por este periódico. elDiario.es se ha puesto en contacto con su administrador para conocer los detalles de la operación y el destino que prevé dar al solar, pero éste ha declinado hacer declaraciones.

Frente a la verja de Can Pasquet, Joana habla del problema desde un punto de vista mucho más sencillo que cualquier expediente urbanístico: el actual casal de barri está en una primera planta y hay que subir por escaleras. “¿Cómo podemos subir si muchos ya pasamos de 80 años?”, se pregunta. Al otro lado de la valla está el solar que los vecinos llevan años reclamando como futura plaza pública. En Son Sardina, lamenta Joana, “no hay nada”. Tan solo un pequeño parque para los niños en la entrada del pueblo, pero resulta insuficiente. Y el casal actual tampoco resuelve las necesidades de los mayores.

Su preocupación no es únicamente disponer de un espacio nuevo. Pese a las incomodidades del actual casal, teme perderlo como sucedió con el local de mayores del barrio de Son Cladera, desalojado a principios de julio mientras decenas de personas participaban en un taller de memoria. El futuro del centro comunitario y de la biblioteca está condicionado por el hecho de que funcionan en un inmueble adquirido en 2019 por una sociedad vinculada a un gran fondo internacional estadounidense. El Ayuntamiento reconoce que ambos equipamientos están actualmente en locales arrendados y plantea trasladarlos a Can Pasquet si consigue hacerse con el solar. La Associació de Veïnats ya ha advertido además del mal estado del casal actual, con goteras, humedades y suelo de hormigón.

Este domingo, mientras la tarde caía sobre Son Sardina, Joana y otros vecinos se concentraban frente al terreno convocados por la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga para exigir que el Consistorio luche por la parcela y la ponga a disposición del barrio.

Un barrio de 3.000 vecinos sin espacios públicos

La importancia de Can Pasquet se entiende mejor al recorrer Son Sardina. El núcleo conserva todavía un marcado carácter de pueblo pese a formar parte del municipio de Palma. Su origen se remonta a la época islámica, relacionado con las antiguas redes de agua y molinos de la zona, y durante los siglos XVII y XIX se consolidó como un pequeño núcleo de agricultores, jornaleros y artesanos. La agricultura fue durante siglos la actividad dominante hasta que el crecimiento residencial fue transformando progresivamente el territorio.

Ese carácter de pueblo sigue siendo una de sus principales señas de identidad. Son Sardina está separado físicamente del centro de Palma -casi cinco kilómetros lo separan ambas zonas- y mantiene una estructura urbana de casas bajas, caminos estrechos y antiguas posesiones, rodeada por zonas residenciales y grandes áreas de servicios como Son Castelló, Son Reus o la Universitat. Son Sardina cuenta con más de 3.000 habitantes y mantiene una intensa actividad asociativa y festiva. Pero esa vida comunitaria se desarrolla, más allá del colegio y el centro de salud, sin una red suficiente de espacios públicos municipales.

Una deuda pendiente desde los años ochenta

Lo ilustra, en declaraciones a elDiario.es, Antoni Marimón, vecino del núcleo y catedrático de Historia Contemporánea. Marimón resume el problema en una “falta crónica de equipamientos públicos” a pesar de la fuerte identidad comunitaria del barrio. La ausencia de espacios que sean realmente de titularidad municipal impide que las asociaciones dispongan de lugares donde reunirse, los mayores, de instalaciones accesibles, y los niños y jóvenes, de zonas de encuentro.

El historiador sitúa el origen del problema urbanístico de Can Pasquet a comienzos de los años ochenta. Según explica, el planeamiento de aquella época ya contemplaba que el espacio terminara destinado a equipamientos. El sistema previsto era complejo: la propiedad debía ceder el terreno al Ayuntamiento a cambio de que se permitiera determinada edificación. El mecanismo nunca llegó a ejecutarse. “Esperas y esperas y no se llega a cumplir”, resume el historiador.

La consecuencia ha sido una larga sucesión de propietarios y oportunidades frustradas. Marimón asegura que el solar ha pasado por “cinco o seis manos” desde entonces y que incluso otros gobiernos municipales intentaron abordar su adquisición. El problema, añade, es que el sistema urbanístico previsto no llegó a funcionar. Ahora, por primera vez en años, el Ayuntamiento había dado la impresión de que la operación estaba encarrilada. El PP llegó a incluir en su último programa electoral la construcción de la plaza de Can Pasquet: “Invertiremos en Son Sardina y haremos realidad las peticiones de los vecinos”, prometía la formación.

Mientras tanto, Genís, miembro de la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga, introduce otra dimensión: la de los jóvenes que ya no pueden quedarse en la zona. Él mismo ha tenido que marcharse. En conversación con este periódico, cuenta que entre el grupo de unos 30 jóvenes que participa en las fiestas son Sardina apenas quedan unos pocos viviendo allí; muchos se han trasladado a Palma o a otros municipios porque consideran imposible acceder a una vivienda en el núcleo sin disponer de tierras, una casa familiar o una herencia. “Si no tienes preparado un milloncito para gastar, no te puedes quedar”, explica. Vincula esa expulsión de población joven al encarecimiento de la vivienda, la especulación y la turistificación.

Para él, la reivindicación de Can Pasquet forma parte de algo más amplio: qué tipo de pueblo quiere seguir siendo Son Sardina y si podrá conservar una vida comunitaria propia mientras aumenta la presión inmobiliaria.

En agosto de 2025, la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga ya alertaba de la situación del solar de Can Pasquet y del riesgo de que acabara en manos privadas. Los vecinos recordaban que el pleno de Palma había aprobado en mayo de 2024, con el apoyo del PP, instar al equipo de gobierno a adquirir los terrenos para construir una plaza pública después de que las asociaciones del barrio reclamaran también un casal. La entidad denunciaba que, pese al compromiso municipal y a las más de 1.000 firmas recogidas en cuatro meses, el Ayuntamiento no había informado de ningún avance y persistía en un “silencio” que dejaba en el aire el futuro del solar.

La preocupación vecinal aumentó al aparecer en la parcela un cartel de Solvia que anunciaba su disponibilidad. La Assemblea advertía además de que el solar, pese a estar reservado en el Plan General para espacios libres y equipamientos, podía quedar expuesto a promociones privadas si Palma aplicaba la nueva legislación urbanística aprobada entonces por el Parlament. Los vecinos reclamaban así que Cort materializara su compromiso y evitara que Can Pasquet acabara vendido al mejor postor, frustrando la oportunidad de dotar a Son Sardina de una plaza y un casal públicos.

En anuncios localizados por este periódico, la parcela de 1.751 metros cuadrados llegó a ofrecerse por 180.700 euros, a razón de 103 euros por metro cuadrado, mientras que otro portal situaba el precio de venta en 210.000 euros. Apenas ocho días después de que el Ayuntamiento habilitase 237.976 euros para hacer frente a la adquisición, el solar acabó en manos privadas.

El interés del solar no reside únicamente en su ubicación, sino también en su situación urbanística. Como señala Miramón, Can Pasquet arrastra desde los años ochenta una ordenación que nunca llegó a ejecutarse y que ha ido cambiando con las sucesivas revisiones del planeamiento. La aprobación del Plan General de 2023 y la posterior caída del Plan de Ordenación Detallada han añadido incertidumbre sobre el futuro urbanístico del espacio. Esta circunstancia introduce una variable económica relevante: cualquier modificación futura que mejorase las condiciones urbanísticas de la parcela y aumentase su aprovechamiento podría incrementar de forma significativa su valor.

El Ayuntamiento asegura que peleará el solar

En medio de esta incertidumbre, el Ayuntamiento asegura que no ha renunciado al proyecto. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Consistorio, que remite a un comunicado reciente en el que, subraya, desde que el alcalde anunció su compromiso de adquirir la parcela, la Administración inició las gestiones pertinentes con la entidad bancaria entonces propietaria de la misma.

El Consistorio asegura que, desde entonces, trabaja para encontrar una solución y señala que actualmente está negociando con el propietario para alcanzar un acuerdo de compraventa. Si no fuera posible, el Ayuntamiento asegura que iniciará el correspondiente procedimiento de expropiación. La intención municipal es mantener el proyecto: un nuevo casal de barri y una biblioteca, una plaza pública y, como posibilidad adicional, un aparcamiento que contribuya a aliviar el déficit de estacionamiento de la zona. Cort asegura, además, que el diseño de los futuros equipamientos contará con la participación de las asociaciones vecinales y entidades del barrio.

El Ayuntamiento está negociando con el propietario para alcanzar un acuerdo de compraventa. Si no fuera posible, iniciará la expropiación

La oposición también ha cargado contra la gestión del Ayuntamiento. El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha reclamado explicaciones y responsabilidades políticas al equipo de gobierno por la venta de Can Pesquet a una inmobiliaria y ha cuestionado que Cort no lograra cerrar la compra del solar que había anunciado. Por su parte, Més per Palma ha resumido su crítica en una frase: “Martínez lo prometió. El PP lo ha dejado perder”. El regidor Miquel Àngel Contreras sostiene que el alcalde generó “una expectativa ante todo Son Sardina” al anunciar una plaza, un casal de barri y un aparcamiento y ahora debe explicar por qué el Consistorio no llegó a adquirir el terreno.

El manifiesto leído durante la concentración reclama que el Ayuntamiento adquiera inmediatamente el solar y comience el proyecto de plaza y casal. La Assemblea Popular reivindica además que estos espacios sean públicos y tengan en cuenta los proyectos elaborados por los propios vecinos. El mensaje de fondo es que Can Pasquet no se considera una infraestructura más. Las entidades recuerdan que la falta de espacios municipales dificulta incluso organizar las fiestas y las actividades asociativas. Los vecinos, después de décadas de espera y de una promesa que terminó coincidiendo con una venta privada, quieren saber cuándo. Porque, como resumía el manifiesto de la concentración, “no es una necesidad ni una promesa: es un derecho”.

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa ha presentado este martes los datos del mercado inmobiliario correspondientes al segundo trimestre de 2026. El informe destaca una ralentización de las compraventas y el encarecimiento de la vivienda, pero también pone el foco en la falta de estadísticas actualizadas sobre el alquiler. Por un lado, Gipuzkoa registró 2.041 operaciones de compraventa entre abril y junio, un 8,2% menos que un año antes. La situación es todavía más complicada en el mercado del alquiler.

La Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL) del Gobierno vasco solo está actualizada hasta el cuarto trimestre de 2025 y, según José Luis Polo, presidente del COAPI de Gipuzkoa, esta falta de diferenciación entre alquiler de larga y corta duración distorsiona la realidad del mercado. El representante de los agentes de la propiedad denuncia que “se está utilizando el alquiler temporal para esquivar la aplicación de las áreas tensionadas con la ambición de camuflar sobre ello una vivienda habitual”, lo que “hace que el precio se escape del control de la ley”. Los datos disponibles reflejan, además, un desplome interanual del 21,7% en los contratos de alquiler firmados.

A pesar de la falta de datos sobre la situación actual del alquiler, Polo ha señalado que el problema continúa presente a partir de lo que le trasladan las inmobiliarias, que aseguran no estar recibiendo ofertas. Por ello, ha apelado al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, y al delegado de Gipuzkoa, Alfonso Sanz, para que agilicen la actualización de las estadísticas de la EMAL. Polo considera que trabajar con datos que llegan con dos o tres trimestres de retraso impide evaluar el efecto de medidas como las zonas tensionadas y los límites al alquiler. “No podemos opinar de lo que no sabemos”, resume el presidente del COAPI guipuzcoano.

Una situación contradictoria en el mercado de la vivienda

En la compraventa, los datos muestran también un mercado difícil de interpretar, aunque en este caso sí se cuenta con cifras actuales. Mientras el número de operaciones desciende y la oferta aumenta tanto en el Euskadi como en Gipuzkoa, el precio de la vivienda continúa al alza. Para Polo, se trata de un comportamiento que rompe con la relación habitual entre una menor actividad y una moderación de los precios, aunque mantiene la esperanza de que estos terminen moderándose.

La vivienda usada concentra la mayor parte de las operaciones. En Euskadi representa el 83% de las compraventas del segundo trimestre, frente al 17% de la vivienda nueva. En Gipuzkoa, la diferencia es todavía mayor: de las 2.041 operaciones registradas, 1.854 fueron de vivienda usada, el 90,8%, mientras que solo 187 correspondieron a vivienda nueva, un 9,2%. Luis Fabra, director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario, considera que la vivienda usada permite observar mejor el comportamiento más reciente del mercado, ya que las operaciones de obra nueva arrastran un desfase temporal entre la compraventa y su escrituración.

Los datos acumulados de los últimos doce meses apuntan, según Fabra, a un cambio de tendencia. Gipuzkoa suma 8.289 compraventas anualizadas, una cifra todavía elevada, pero un 2,1% inferior a la del año anterior. El experto ya había anticipado que “el año 2026 va a ser peor que el año 2025, aunque también anticipamos, no va a ser un mal año”. A pesar del descenso, las cifras continúan por encima de las registradas en otros trimestres y años, y lejos de las caídas más pronunciadas de compraventas de 2007 y 2021.

Sin embargo, Fabra sitúa el precio como uno de los principales obstáculos para mantener el ritmo de actividad. Los altos niveles de precio “es el mayor enemigo del mercado en el sentido de la actividad”, señala. En su opinión, el momento actual está marcado por una “intensificación del precio de la vivienda”, con unos costes que dificultan cada vez más el acceso a la compra para buena parte de la población. El metro cuadrado en Gipuzkoa alcanzó los 3.970 euros durante el segundo trimestre, un 3,8% más que en el trimestre anterior y el máximo histórico registrado. En el caso de la vivienda usada, el precio medio se situó en 3.843 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 6,4%.

Pese al encarecimiento de la vivienda, el esfuerzo hipotecario de las familias se mantiene, por ahora, dentro de los niveles considerados asumibles por el sector bancario, según ha explicado Sergio Aparicio. La cuota mensual media alcanzó los 847 euros, un 9,4% más que un año antes, mientras que las familias destinan de media el 31,1% de sus ingresos al pago de la hipoteca, una proporción considerada “óptima” por el sector. Además, la duración media de los préstamos se mantiene en 25,5 años.

Un año después de la primera fase de la operación en la que se detuvo al administrador concursal de Grupo Vera, la Policía ha asestado el segundo gran mazazo a la presunta trama que durante años saqueó, presuntamente, las cuentas de uno de los grandes grupos inmobiliarios de la Costa del Sol de la burbuja inmobiliaria, luego caído en desgracia.

La Policía ha desarticulado ahora la “matriz” de esa estructura presuntamente delictiva, a la que se atribuye el expolio millonario de la masa concursal (el conjunto de activos de una empresa declarada en concurso, como propiedades inmobiliarias, saldos a favor o créditos con otras empresas) del que fuera un potentísimo conglomerado empresarial del sector de la construcción en Málaga, responsable de proyectos tan emblemáticos como algunos tramos del Metro, el Cementerio y la urbanización del Parque Tecnológico en Málaga capital, o los puertos de La Duquesa y Cabopino en Marbella, entre otros muchos.

La segunda fase de la operación 'Drave' ha supuesto la detención de una decena de personas, entre los que hay allegados a los fundadores de las concursadas. Además, con las nuevas pesquisas, el saqueo de las cuentas de la constructora en perjuicio de sus acreedores ascendería ya a 160 millones de euros.

La Policía cree que a través de una red de testaferros y sociedades interpuestas, promovieron un “expolio” del patrimonio que conservaba el grupo, valorado en 314 millones de euros al comienzo de la liquidación, gracias al despliegue de anterior y paralelo al concurso de un “cúmulo de operaciones fraudulentas de vaciado patrimonial y desvío de fondos”. Con estas operaciones se vaciaba el patrimonio del grupo destinado a satisfacer las deudas para canalizarlo hacia empresas creadas ex profeso bajo la tutela del ex director financiero de Grupo Vera y el propio administrador concursal, designado por el juzgado con el fin de velar por la conservación de la masa concursal y de darle el destino previsto por la ley.

Embargo de 135 inmuebles

El despojo de Grupo Vera ha provocado “un grave quebranto económico de las compañías acreedoras, incluida la Hacienda Pública, que han visto frustradas sus legítimas expectativas de cobro”, resaltan desde la Comisaría provincial de la Policía Nacional, que comenzó a investigar el caso a partir de una denuncia en septiembre de 2023. Era un secreto a voces en círculos empresariales y jurídicos de la capital. El Grupo II de Blanqueo de Capitales ha desarrollado la operación bajo la dirección de la Fiscalía y el juzgado de instrucción 3 de Málaga, y ha contado con el auxilio de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda .

La primera fase de la investigación se saldó con la intervención de 462.000 euros en efectivo, el bloqueo de 2,5 millones de euros en cuentas y el embargo de 173 inmuebles por valor de 140 millones, y fueron detenidas siete personas: el ex director financiero del grupo empresarial, varios familiares, un proveedor y su pareja y, el más singular de todos, el propio administrador concursal designado por el Juzgado de lo Mercantil para liquidar la masa concursal conforme a la prelación de acreedores prevista por la ley. Además, resultaron investigadas otras cuatro por su vinculación en los hechos. La Policía los acusaba de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La lista se amplía ahora con otros diez arrestos por los presuntos delitos de frustración de la ejecución --acción ilegal en la que un deudor oculta, vende o gasta sus bienes a propósito para evitar pagar una deuda o cumplir una sentencia judicial--, insolvencia punible y apropiación indebida. Además hay otras dos personas investigadas en esta segunda fase, incluido nuevamente el administrador concursal.

En el marco de la macrooperación se han efectuado dos nuevos registros en la provincia a finales del pasado mes de julio, incautándose joyas valoradas en más de 200.000 euros. Además, se han bloqueado nuevos activos financieros en nueve entidades bancarias por valor de un millón de euros y se ha decretado el embargo preventivo de 135 inmuebles valorados en más de 300 millones de euros, incluidos terrenos de muy alto valor económico, locales comerciales, garajes y viviendas.

En el cómputo global del entramado criminal desarticulado, sumando las dos fases, el expolio asciende a los 160 millones de euros. Un saqueo mayor a la deuda impagada a los acreedores, que está estipulada en torno a los 150 millones.

30 millones defraudados durante la liquidación

Las nuevas actuaciones de la operación Drave II han permitido deslindar un entramado delictivo “distinto y autónomo” que operó de forma paralela. Aprovechando la “alianza estratégica” con la administración concursal, obtuvo activos de gran valor del patrimonio de las mercantiles concursadas en beneficio de los sospechosos, unidos por lazos familiares con los fundadores del grupo empresarial, según la Policía.

De esta forma, en una fase previa al concurso se sacaron bienes por valor superior a 28 millones de euros simulando contratos de prestación de servicios (eludiendo así embargos de Hacienda que eran inminentes); transfiriendo capitales a empresas de los investigados; y vendiendo fraudulentamente activos inmobiliarios en fechas inmediatamente anteriores a la solicitud concursal en beneficio de los sospechosos.

Pero el vaciamiento no terminó ahí. La Policía cree que la trama descapitalizó el grupo en más de 30 millones de euros adicionales cuando el concurso ya había entrado en fase de liquidación; es decir, cuando la concursada estaba vendiendo sus activos para ir saldando sus deudas. Para ello, los investigados habrían articulado un procedimiento para adquirir inmuebles y carteras de créditos en subastas públicas adulteradas y en ventas directas carentes de los preceptivos requisitos de publicidad y formalizadas con cláusulas de reversión manipuladas en favor de allegados de los fundadores.

Estos métodos supusieron que bienes de gran valor de las concursadas pasaran al patrimonio privado de los mismos deudores, a precios ínfimos y libres de cargas, lo que privó a la masa del concurso de los ingresos que se habrían obtenido en un proceso de liquidación transparente y que tendrían que haberse destinado al pago priorizado de los acreedores y la Hacienda Pública, concluyen los investigadores. Para lograr su propósito, los investigados habrían contado con la ayuda de las administraciones concursales y de una red de testaferros y sociedades interpuestas.

La caída en desgracia de Grupo Vera

La operación en dos tiempos contra los responsables financieros de Grupo Vera es un triste final para una de las firmas abanderadas del ladrillo en los años de la gran burbuja inmobiliaria en la Costa del Sol. Por entonces, a comienzos de siglo, Grupo Vera se codeaba con los principales grupos inmobiliarios de Andalucía con un modelo de marcado corte familiar (allí trabajaban sobrinos, nietos y familia política por decenas) inaugurado a mediados de los años 50 por Juan Vera, y continuado por su hijo Francisco hasta su fallecimiento en 2017.

Hasta la crisis del ladrillo la empresa tenía un sólido negocio basado en gran parte en la adjudicación de obra pública, que intentó ampliar con una división inmobiliaria, concesiones de aparcamientos, una empresa de cementos y otra de gestión hotelera y de campos de golf. Pero no funcionó. En parte, porque todo se vino abajo con el estallido de la burbuja y la crisis inmobiliaria que arrastró a tantos gigantes con pies de barro, como Grupo Aifos.

Grupo Vera también entró en concurso de acreedores en 2013. El clavo definitivo fue el parón de la obra del Metro por las dificultades financieras de la Junta de Andalucía. También contribuyó el fiasco de dos proyectos faraónicos propios de aquella época: el aeropuerto (que impulsó como promotor) y el centro de ensayos ferroviarios, ambos en Antequera. Propuso entonces a sus acreedores una quita del 45% y un plan de pagos a siete años de una cantidad que parecía asumible, y por un tiempo pareció que seguiría a flote.

Pero no ocurrió. La muerte de Francisco Vera, hijo del fundador, máximo responsable y alma máter de la constructora, conocido por su capacidad persuasiva y sus contactos políticos, fue el golpe definitivo. Nadie tomó las riendas tras su fallecimiento, al menos para reflotar la empresa, que quedó ya a expensas del concurso. Entre muchos otros inmuebles y derechos de cobro, Vera todavía conservaba entonces una oficina en el Parque Tecnológico valorada en 37 millones, el campo de Baviera Golf (en Caleta de Vélez), valorado en 16,8 o la gestión de dos aparcamientos públicos en Vélez-Málaga y Torre del Mar, valorada en 5,1 millones. El pasivo (las deudas del grupo) era de 227 millones, lo que suponía un margen teórico de más de 80 millones de margen para saldarlas. Sin embargo, no fue suficiente.

Primero vino el ERE para sus 77 trabajadores, luego la liquidación del patrimonio y entre tanto, un escándalo financiero que protagonizan su máximo responsable financiero, familiares y el administrador concursal, que habrían urdido una presunta trama con el fin de sacar todo el dinero posible de los restos del gigante caído. Los afectados por la trama han constituido una plataforma de perjudicados en el juzgado.

La compraventa de viviendas subió en junio un 1,6% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 59.288 operaciones, su mayor cifra en un mes de junio desde 2007, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance registrado en el sexto mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de haber encadenado cinco meses consecutivos de caídas interanuales.

El incremento interanual de la compraventa de viviendas en junio fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 6,3%, hasta las 12.766 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que crecieron de manera más modesta, un 0,3%, hasta las 46.522 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en junio fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 55.609 operaciones, un 2,6% más que en junio de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 11,8%, hasta un total de 3.679 transacciones.

En tasa intermensual (junio sobre mayo), la compraventa de viviendas aumentó un 5% tras incrementarse tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+4,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (+7,4%).

En los seis primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,6%, con caídas del 2,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.

“Y estoy por fin en la cima. Solo unos pájaros llegamos a ser libres como esos pájaros que vuelan tan alto. El cielo es inmenso y te veo pequeño desde arriba”. Con esta lírica se promocionaba en redes el ático adquirido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que la Comunidad de Madrid compró a través de la empresa pública Planifica Madrid para que “la presidenta y su equipo lo usaran durante las obras de la sede en Sol”, según fuentes autonómicas.

La frase citada pertenece a un vídeo publicitario publicado en TikTok por la inmobiliaria de lujo Promora, que administra propiedades de lujo en la capital y en entornos tan cotizados como la urbanización de La Moraleja. El clip muestra el interior del polémico inmueble, con 485 metros cuadrados de los cuales casi 200 se corresponden con una impresionante terraza.

El anuncio, publicado el 31 de enero y con un uso evidente de inteligencia artificial, se adentra en las distintas estancias del alojamiento mientras suena el tema Baby I'm Back, del rapero australiano The Kid Laroi. El piso en el número 35 de la calle General Martínez Campos, pleno corazón de Chamberí, se ofertaba a 6.600.000 euros.

A través de frenéticos movimientos de cámara y cambios de plano, el anuncio muestra las distintas zonas de la lujosa propiedad que el equipo de Ayuso adquirió como “oficina” mientras se desarrollan unos trabajos en la Real Casa de Correos que todavía no se han licitado. Amplias zonas comunes con y sin amueblar, un muy completo baño, un despacho equipado y la joya de la corona: una gran terraza con imponentes vistas de la ciudad.

Desde Promora no atienden las preguntas trasladadas desde Somos Madrid, ya que alegan que los detalles de la operación deben preservarse “por protección de datos”. Fuentes de la compañía sí han comunicado que la venta comenzó “como cualquier otra” y fue “totalmente normal”, según avanza El País. La empresaria Astrid Gil-Casares, anterior propietaria, es clienta habitual de la inmobiliaria y les contactó para gestionar la venta de lo que la oposición ha calificado de “aticazo”. La principal anomalía fue que tuvieron que firmar, a petición del comprador (la Comunidad de Madrid), un acuerdo de confidencialidad: “Nos pidieron privacidad. Todo de una manera muy razonable: análisis de los papeles, algunas dificultades técnicas habituales en este tipo de operaciones…”. Así lo confirmaron fuente conocedoras del proceso a elDiario.es la pasada semana.

La polémica del ático ha envalentonado a la oposición y preocupado en el seno del PP. Las explicaciones con las que respondió el Ejecutivo autonómico resultaron primero confusas y equívocas: sus responsables aseguraron que el lugar iba a ser utilizado como oficina en un lugar donde la normativa municipal impide estos usos y que el traslado se haría durante unas obras en la Puerta del Sol, a pesar de que no están planificadas en ningún contrato del Gobierno regional. Luego se supo que la casa en la que actualmente vive fue puesta a la venta por su pareja en un portal online, justo después de la compra del ático chamberilero.

Ayuso rebatió la información presentándose como la víctima de una supuesta “campaña de desprestigio”, algo que no calmó los ánimos, como tampoco lo hizo el intento de zanjar el tema el pasado jueves con el anuncio de la venta del ático para destinar su importe a la reconstrucción de los incendios en la Sierra Oeste.

El fondo británico Pollen Street, a través de sus empresas Finsolutia e Hipoges, ha alcanzado un acuerdo con el fondo estadounidense Lone Star para adquirir Servihabitat, una de las plataformas de gestión de deuda y activos inmobiliarios en España.

Con la unión de estas tres firmas, Pollen Street alcanza los 60.000 millones de euros en activos bajo gestión y más de 2.000 empleados en España, Portugal, Italia y Grecia, según ha informado en un comunicado.

“Servihabitat aporta una sólida experiencia en la comercialización inmobiliaria y en la gestión de activos residenciales, alquileres y suelo. Sus equipos especializados y capacidades operativas complementarán la propuesta de valor de Finsolutia e Hipoges, reforzando la presencia y las capacidades del grupo en el mercado español”, explica el fondo.

La combinación de las tres firmas permitirá unir una amplia cobertura geográfica con capacidades complementarias. El objetivo es ofrecer una propuesta de valor diferencial a propietarios e inversores en Europa, gracias a soluciones integrales en gestión de crédito, tecnología y servicios de capital. Así, la plataforma resultante continuará prestando servicio a las principales entidades financieras e inversores internacionales en toda la cadena de valor.

“Esta operación refuerza de manera decisiva nuestra posición en España y amplía nuestra capacidad para acompañar a los clientes en retos cada vez más complejos. La experiencia y el talento de Servihabitat complementan nuestras capacidades y nos permitirán ofrecer una propuesta de valor aún más completa, manteniendo al cliente en el centro de nuestra actividad”, han señalado el consejero delegado de Grupo Finsolutia, Afonso Nascimento, y los directores generales y co-consejeros delegados de Hipoges, Hugo Velez y Claudio Panunzio.

“Esta adquisición es un paso más en la construcción de la plataforma líder en gestión de crédito y activos inmobiliarios en la Península Ibérica. Servihabitat aporta una sólida experiencia en la gestión de activos adjudicados (REO), una valiosa cartera de clientes y una fuerte presencia nacional. El Grupo resultante estará en una posición privilegiada para liderar el mercado de la región, manteniendo el foco en ofrecer un servicio excelente a nuestros clientes en un entorno cada vez más complejo”, ha añadido la consejera delegada de Pollen Street, Lindsey McMurray.

L'Audiència Provincial de les Balears ha rebutjat l'intent d'una empresa immobiliària de desnonar una inquilina a Eivissa a la qual acusava de subarrendar l'habitatge per a ús turístic basant-se, fonamentalment, en una fotografia d'una persona amb maletes a les zones comunes i en diversos missatges de WhatsApp remesos per una veïna. El tribunal conclou que les proves aportades per la societat no són suficients per acreditar que l'arrendatària explotés l'immoble com a allotjament vacacional.

La sentència confirma íntegrament la resolució del Jutjat de Primera Instància número 4 d'Eivissa, que ja havia desestimat la demanda interposada per Lowestolf Norm SL, una societat constituïda el 2015 els administradors de la qual figuren al capdavant de nombroses societats vinculades al sector immobiliari i turístic a l'illa. Encara que la inquilina ja havia abandonat l'habitatge durant la tramitació del procediment i va lliurar les claus l'octubre del 2023, l'empresa va mantenir la seva reclamació econòmica i exigia el pagament de 50.000 euros, és a dir, 500 euros per cada dia que, segons la immobiliària, havia transcorregut des de la resolució del contracte fins al lliurament efectiu de l'immoble.

El litigi es va iniciar després que la immobiliària demandés l'arrendatària en considerar que aquesta havia vulnerat el contracte en cedir o subarrendar l'habitatge a tercers per a ús turístic, una conducta expressament prohibida tant pel contracte com per l'article 8 de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), que impedeix a l'inquilí subarrendar o cedir l'habitatge sense el consentiment escrit del propietari.

Segons l'empresa, la sospita va sorgir després de les queixes d'una veïna de la comunitat, a les quals s'afegia una fotografia presa a les zones comunes de l'edifici en les quals apareixia una dona amb maletes i bosses de gran mida. La immobiliària entenia que aquests indicis demostraven que l'habitatge estava sent utilitzat per a lloguer vacacional i va decidir resoldre el contracte d'arrendament mitjançant un burofax abans d'acudir als tribunals per reclamar el desnonament i una indemnització.

No obstant això, el tribunal considera que l'empresa no va aconseguir demostrar aquests fets, asseverant que l'única prova consistia en missatges de WhatsApp remesos per una veïna i en diverses fotografies d'una dona amb maletes, elements que, per si sols, no permeten acreditar l'existència d'un subarrendament o d'una activitat de lloguer turístic.

La sentència dictada en primera instància ja indicava que, juntament amb la demanda, “no es va aportar prova alguna d'aquests subarrendaments, aportant-se posteriorment una sèrie de wasaps i fotografies que no permeten tenir per acreditats els subarrendaments ni l'activitat de lloguer turístic al·legada”. “Estem davant de missatges d'una veïna i una fotografia d'una persona amb maletes per les zones comunes que no ens permeten tenir per acreditats els fets constitutius de la pretensió actora, per la qual cosa la demanda ha de ser desestimada”, afegia la resolució, confirmada íntegrament per l'Audiència.

El tribunal afegeix que l'empresa ni tan sols va proposar declarar com a testimoni la veïna que va alertar dels fets ni el president de la comunitat de propietaris, malgrat que ambdós podien haver aportat informació rellevant. Tampoc va incorporar els estatuts o acords comunitaris que, segons sostenia, prohibien expressament el lloguer turístic a l'edifici.

La sentència, contra la qual cap recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, també posa en dubte un altre dels pilars de la demanda. Lowestolf Norm SL assegurava haver comunicat a l'arrendatària la resolució del contracte mitjançant un burofax. No obstant això, l'Audiència observa que la comunicació es va remetre a una adreça diferent de la que figurava en el contracte d'arrendament, per la qual cosa tampoc va quedar demostrat que la demandada tingués coneixement efectiu d'aquesta resolució contractual.

Una penalització de 500 euros diaris

L'empresa no només pretenia recuperar l'habitatge. El contracte incloïa una clàusula que imposava una penalització de 500 euros per cada dia que transcorregués des de la resolució del contracte fins al lliurament efectiu de l'immoble, a més d'una altra indemnització equivalent a una anualitat de renda. Amb base en aquesta clàusula, la immobiliària va arribar a reclamar 50.000 euros malgrat que l'arrendatària ja havia abandonat el pis durant la tramitació del procediment.

Encara que l'Audiència no entra a valorar la legalitat d'aquesta penalització, sí que recorda que el jutjat de primera instància havia advertit que podria tractar-se d'una condició abusiva en tractar-se d'un contracte signat entre una empresa i una consumidora. En qualsevol cas, considera innecessari pronunciar-se sobre aquesta qüestió perquè la demanda havia de desestimar-se prèviament per falta de prova del suposat lloguer turístic.

La Audiencia Provincial de Balears ha rechazado el intento de una empresa inmobiliaria de desahuciar a una inquilina en Eivissa a la que acusaba de subarrendar la vivienda para uso turístico basándose, fundamentalmente, en una fotografía de una persona con maletas en las zonas comunes y en varios mensajes de WhatsApp remitidos por una vecina. El tribunal concluye que las pruebas aportadas por la sociedad no son suficientes para acreditar que la arrendataria explotara el inmueble como alojamiento vacacional.

La sentencia confirma íntegramente el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Eivissa, que ya había desestimado la demanda interpuesta por Lowestolf Norm SL, una sociedad constituida en 2015 cuyos administradores figuran al frente de numerosas sociedades vinculadas al sector inmobiliario y turístico en la isla. Aunque la inquilina ya había abandonado la vivienda durante la tramitación del procedimiento y entregó las llaves en octubre de 2023, la empresa mantuvo su reclamación económica y exigía el pago de 50.000 euros, es decir, 500 euros por cada día que, según la inmobiliaria, había transcurrido desde la resolución del contrato hasta la entrega efectiva del inmueble.

El litigio se inició después de que la inmobiliaria demandase a la arrendataria al considerar que ésta había vulnerado el contrato al ceder o subarrendar la vivienda a terceros para uso turístico, una conducta expresamente prohibida tanto por el contrato como por el artículo 8 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que impide al inquilino subarrendar o ceder la vivienda sin el consentimiento escrito del propietario.

Según la empresa, la sospecha surgió tras las quejas de una vecina de la comunidad, a las que se añadía una fotografía tomada en las zonas comunes del edificio en las que aparecía una mujer con maletas y bolsas de gran tamaño. La inmobiliaria entendía que esos indicios demostraban que la vivienda estaba siendo utilizada para alquiler vacacional y decidió resolver el contrato de arrendamiento mediante un burofax antes de acudir a los tribunales para reclamar el desahucio y una indemnización.

Sin embargo, el tribunal considera que la empresa no logró demostrar esos hechos, aseverando que la única prueba consistía en mensajes de WhatsApp remitidos por una vecina y en varias fotografías de una mujer con maletas, elementos que, por sí solos, no permiten acreditar la existencia de un subarriendo o de una actividad de alquiler turístico.

La sentencia dictada en primera instancia ya indicaba que, junto a la demanda, “no se aportó prueba alguna de dichos subarrendamientos, aportándose posteriormente una serie de wasaps y fotografías que no permiten tener por acreditados los subarriendos ni la actividad de alquiler turístico alegada”. “Estamos ante mensajes de una vecina y una fotografía de una persona con maletas por las zonas comunes que no nos permiten tener por acreditados los hechos constitutivos de la pretensión actora, por lo que la demanda debe ser desestimada”, añadía la resolución, confirmada íntegramente por la Audiencia.

El tribunal añade que la empresa ni siquiera propuso declarar como testigo a la vecina que alertó de los hechos ni al presidente de la comunidad de propietarios, pese a que ambos podían haber aportado información relevante. Tampoco incorporó los estatutos o acuerdos comunitarios que, según sostenía, prohibían expresamente el alquiler turístico en el edificio.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, también pone en duda otro de los pilares de la demanda. Lowestolf Norm SL aseguraba haber comunicado a la arrendataria la resolución del contrato mediante un burofax. Sin embargo, la Audiencia observa que la comunicación se remitió a una dirección distinta de la que figuraba en el contrato de arrendamiento, por lo que tampoco quedó demostrado que la demandada tuviera conocimiento efectivo de esa resolución contractual.

Una penalización de 500 euros diarios

La empresa no solo pretendía recuperar la vivienda. El contrato incluía una cláusula que imponía una penalización de 500 euros por cada día que transcurriera desde la resolución del contrato hasta la entrega efectiva del inmueble, además de otra indemnización equivalente a una anualidad de renta. Con base en esa cláusula, la inmobiliaria llegó a reclamar 50.000 euros pese a que la arrendataria ya había abandonado el piso durante la tramitación del procedimiento.

Aunque la Audiencia no entra a valorar la legalidad de esa penalización, sí recuerda que el juzgado de primera instancia había advertido de que podría tratarse de una condición abusiva al tratarse de un contrato celebrado entre una empresa y una consumidora. En cualquier caso, considera innecesario pronunciarse sobre esa cuestión porque la demanda debía desestimarse previamente por falta de prueba del supuesto alquiler turístico.

El que va començar amb unes pintades, diversos danys materials i panys inutilitzats en cinc immobiliàries de Santa Maria del Camí (Mallorca) en protesta per la turistificació i l'encariment de l'habitatge a les Balears ha acabat convertint-se en una investigació per presumpta pertinença a grup criminal. L'operació policial, saldada amb la detenció de dues joves presumptament vinculades als fets, ha desencadenat un intens debat polític i social sobre la resposta de les forces de seguretat i els límits de la protesta: mentre els investigadors consideren que va existir una actuació “coordinada i premeditada”, col·lectius com 'Menys Turisme, Més Vida', 'Alerta Solidària' o el Sindicat de Llogateres denuncien una “criminalització” de l'activisme pel dret a l'habitatge.

Els investigadors situen els fets la nit del 31 de maig. No obstant això, no va ser fins al passat dimecres quan els agents van arrestar les dues joves. Una circumstància que ha generat un profund malestar entre els col·lectius que integren el moviment contra la turistificació, que consideren significatiu que els arrestos es produïssin tot just una setmana després que 'Menys Turisme, Més Vida' difongués un manual d'acció contra la turistificació. El document, que va despertar les crítiques immediates per part del sector polític i empresarial, proposa actuacions com la realització de pintades, el bloqueig de panys dels habitatges de lloguer turístic o el llançament de pintura contra determinats objectius relacionats amb el negoci turístic, pràctiques que els seus promotors emmarquen en l' acció directa no violenta i en la desobediència civil com a eines històriques dels moviments socials i de defensa del territori.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Guàrdia Civil per conèixer la seva valoració sobre les crítiques suscitades per la investigació i per l'actuació desenvolupada durant l'operatiu. No obstant això, fonts de l'Institut Armat han declinat fer declaracions al respecte i s'han limitat a assenyalar que els fets s'han tractat “com una denúncia més”.

Per la seva banda, el portaveu de 'Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol', assenyala, en declaracions a aquest mitjà, que l'operació policial no pot entendre's al marge del clima polític i mediàtic generat en les setmanes prèvies arran de la difusió del seu manual d'acció. Al seu entendre, la campanya de crítiques impulsada, segons afirma, per determinats partits polítics, mitjans i denunciants particulars ha facilitat a la Guàrdia Civil dur a terme una operació policial de tal envergadura. “Primer hi ha una criminalització pública i, després, això dona peu a una ofensiva que, des del meu punt de vista, es pot considerar repressió”, incideix.

Les detencions s'han produït, a més, en un dels moments de tensió més alta entre els qui denuncien els efectes de la turistificació i les administracions públiques. No en va, el pròxim 26 de juliol una manifestació a Palma sota el lema “No tenim por” (“No tenim por”), que pretén denunciar l'impacte del model turístic sobre l'accés a l'habitatge, la precarització laboral, la pressió sobre els recursos naturals i la pèrdua de qualitat de vida de la població resident.

L'atestat de la Guàrdia Civil, al qual ha tingut accés aquest diari, sosté al llarg de les seves 116 pàgines que els atacs contra les cinc immobiliàries no van ser fets aïllats ni espontanis, sinó una actuació “coordinada i premeditada”. Sobre aquesta base, els investigadors atribueixen a les dues detingudes i a un tercer investigat no només un delicte continuat de danys i danys contra el patrimoni històric -una de les empreses està integrada en, sinó també pertinença a grup criminal, una qualificació que eleva considerablement la gravetat de la causa.

Una pancarta privada com a indici

L'informe policial es basa principalment en l'anàlisi de càmeres de videovigilància públiques i privades, un fet que ha generat la crítica de les entitats socials davant els dubtes sobre si diverses d'elles, instal·lades a la façana d'una de les immobiliàries, gravava més espai públic del permès per la normativa de protecció de dades. A partir de l'anàlisi de les gravacions, la Benemèrita reconstrueix els desplaçaments de les persones investigades, identifica vehicles, roba i motxilles i, posteriorment, recorre a perfils públics a xarxes socials per intentar confirmar les seves identitats i les relacions existents entre elles.

Els agents també incorporen referències a la vida privada de les investigades, com el fet que en l'habitatge d'una d'elles pengés una pancarta amb el lema “SOS Residents, Stop Overtourisme”. A partir d'aquest element, l'atestat arriba a afirmar que aquest fet “confirmaria sense cap mena de dubtes l'activitat delictiva d'aquesta persona”.

L'Institut Armat dedica a més part del seu informe al manual d'acció directa difós per 'Menys Turisme, Més Vida'. Malgrat que el document va ser difós públicament més d'un mes després dels atacs, els agents consideren “com a mínim cridaner” que les recomanacions que conté -com ocultar el rostre, emprar pintura o inutilitzar panys amb silicona- coincideixin amb el modus operandi observat durant la investigació dels fets. Per a la Guàrdia Civil, aquesta similitud constitueix un indici rellevant dins la investigació.

'Menys Turisme, Més Vida': “Volen criminalitzar el moviment”

L'operació ha generat una intensa reacció entre organitzacions socials i col·lectius pel dret a l'habitatge. El portaveu de 'Menys Turisme, Més Vida' Pujol qüestiona la utilització de les imatges de videovigilància incorporades a la investigació i assenyala que, d'acord amb la informació jurídica de què disposa la plataforma, un particular només pot gravar la via pública en supòsits molt excepcionals. Si finalment s'acredités que alguna de les càmeres no complia la normativa, considera que resultaria “molt fort” que aquestes imatges haguessin servit com a prova. A parer seu, la difusió pública dels vídeos de les detencions perseguia “criminalitzar i posar la gent en contra” del moviment i constitueix un exemple del que qualifica d'una operació “política”.

Respecte al manual d'acció contra la turistificació difós per la plataforma, nega que aquest suposi una incitació a cometre actes vandàlics. Defensa que el document recull formes de protesta que “ja s'estan duent a terme” tant a Mallorca com en altres territoris i sosté que el moviment pretén legitimar una forma d'acció directa no violenta que, assevera, ha format part històricament de les lluites ecologistes i socials. “No ens hem inventat res ni estem agitant la societat per fer bogeries, sinó recollint accions que ja es fan”, argumenta.

Per la seva banda, Alerta Solidària i el Sindicat de Llogateres de Mallorca denuncien que les detencions busquen “desmobilitzar” el moviment i sostenen que s'utilitza el dret penal per reprimir la protesta contra la turistificació. L'entitat sindical acusa a més els “poders fàctics del capital”, en referència al sector immobiliari i turístic, d'actuar al costat dels aparells coercitius de l'Estat per mirar de diluir les protestes. El col·lectiu sosté que la resposta policial pretén generar por entre els qui denuncien la crisi d'accés a l'habitatge i assegura que continuarà donant suport a les mobilitzacions convocades contra la turistificació, l'encari ment de l'habitatge, l'expansió del lloguer vacacional i l'augment de la pressió turística, que han situat l'accés a un habitatge assequible en el centre del debat polític i social.

Mentrestant, la plataforma SOS Residents ha impulsat una campanya per distribuir i penjar a balcons i finestres pancartes amb el lema “SOS Residents, Stop Overtourism!” arran de la seva inclusió en l'atestat com un dels indicis contra una de les detingudes. El col·lectiu anima la ciutadania a “omplir balcons, finestres i carrers de pancartes per demostrar que defensar el dret a l'habitatge i denunciar les polítiques del Govern no és cap delicte”.

Compareixença de Grande-Marlaska

A les crítiques també s'ha sumat Més per Mallorca, que ha qüestionat l'operatiu policial i ha advertit del risc de convertir la protesta social en un problema d'ordre públic. La formació ecosobiranista considera que la resposta institucional està desplaçant el focus del debat sobre l'emergència habitacional i la massificació turística cap a la persecució de qui denuncia les seves conseqüències. El diputat de Sumar-Més al Congrés Vicenç Vidal ha reclamat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de la secretària d'Estat de Turisme i candidata del PSIB a la presidència del Govern, Rosario Sánchez, perquè donin explicacions sobre l'actuació de la Guàrdia Civil. En un missatge publicat a X, Vidal es pregunta: “Per què defensen les empreses que destrossen la vida dels nostres ciutadans?”.

La formació ecosobiranista vol conèixer què va motivar l'operatiu policial, quins protocols es van seguir i si es van respectar els drets de les detingudes. A més, sosté que el debat transcendeix l'actuació policial i es qüestiona “per què l'Estat acaba protegint els interessos del capital especulatiu que alimenta la turistificació i destrossa la vida de la gent, mentre posa el focus sobre les persones que denuncien aquesta situació”.

El Govern balear, mentrestant, ha evitat aquest divendres pronunciar-se sobre l'actuació de la Guàrdia Civil i la detenció de les dues activistes al·legant que desconeix els detalls de la investigació, encara que ha expressat el seu “màxim respecte” per la tasca dels agents. La vicepresidenta segona de l'Executiu, Antònia Maria Estarellas (PP), sí que ha condemnat la “vandalització” de comerços i ha reclamat que la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol es desenvolupi de forma “pacífica”, alhora que ha advertit que “no es poden normalitzar accions contra comerços que estan duent a terme activitats lícites, reglades i normalitzades”.

El xoc amb el negoci immobiliari

Es dona la circumstància que una de les immobiliàries que va denunciar la vandalització de la seva façana es Engel & Völkers, una firma que, recentment, va presentar un informe en què defineix les Balears com un dels principals “refugis” immobiliaris d'Europa. “Les Illes Balears continuen consolidant-se com una de les destinacions més segures i atractives d'Europa tant per viure-hi com per invertir-hi”, sosté la companyia en aquest document, en què destaca l'atractiu de l'arxipèlag per a la inversió internacional. Un discurs que xoca frontalment amb el dels col·lectius contra la turistificació, que consideren precisament la creixent pressió del mercat immobiliari un dels principals factors que alimenten la crisi d'accés a l'habitatge.

La publicació de l'informe va arribar fins i tot a un dels plens del Parlament. Interpel·lada per l'oposició sobre si compartia el diagnòstic d'Engel & Völkers -empresa participada majoritàriament pel fons de capital de risc britànic Permira- com a “refugi” per a la inversió immobiliària, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), va evitar pronunciar-s'hi i va centrar la seva resposta en la defensa de la propietat privada. “La majoria dels propietaris no són senyors amb corbata, bancs i fons voltor, sinó petits propietaris, famílies, pensionistes i persones normals que són conscients de la situació”, va afirmar, alhora que va tornar a carregar contra l'ocupació il·legal i a reivindicar la necessitat de protegir els propietaris.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Engel & Völkers per recollir la seva versió sobre les crítiques formulades pels col·lectius que qüestionen la legalitat de les càmeres de videovigilància instal·lades a la façana de la seva oficina de Santa Maria, la seva utilització en la investigació dels actes vandàlics, si aquests dispositius disposen de la corresponent autorització municipal i si compleixen la normativa de protecció de dades i de videovigilància. Tanmateix, no havia obtingut cap resposta en el moment de la publicació d'aquest article.

Lo que comenzó con unas pintadas, diversos daños materiales y cerraduras inutilizadas en cinco inmobiliarias de Santa María del Camí (Mallorca) en protesta por la turistificación y el encarecimiento de la vivienda en Balears ha acabado convirtiéndose en una investigación por presunta pertenencia a grupo criminal. La operación policial, saldada con la detención de dos jóvenes presuntamente vinculadas a los hechos, ha desatado un intenso debate político y social sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad y los límites de la protesta: mientras los investigadores consideran que existió una actuación “coordinada y premeditada”, colectivos como 'Menys Turisme, Més Vida', 'Alerta Solidària' o el Sindicat de Llogateres denuncian una “criminalización” del activismo por el derecho a la vivienda.

Los investigadores sitúan los hechos en la noche del 31 de mayo. Sin embargo, no fue hasta el pasado miércoles cuando los agentes arrestaron a las dos jóvenes. Una circunstancia que ha generado un profundo malestar entre los colectivos que integran el movimiento contra la turistificación, que consideran significativo que los arrestos se produjesen apenas una semana después de que 'Menys Turisme, Més Vida' difundiese un manual de acción contra la turistificación. El documento, que despertó las críticas inmediatas por parte del sector político y empresarial, propone actuaciones como la realización de pintadas, el bloqueo de cerraduras de viviendas de alquiler turístico o el lanzamiento de pintura contra determinados objetivos relacionados con el negocio turístico, prácticas que sus promotores enmarcan en la acción directa no violenta y en la desobediencia civil como herramientas históricas de los movimientos sociales y de defensa del territorio.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Guardia Civil para conocer su valoración sobre las críticas suscitadas por la investigación y por la actuación desarrollada durante el operativo. Sin embargo, fuentes del Instituto Armado han declinado hacer declaraciones al respecto y se han limitado a señalar que los hechos se han tratado “como una denuncia más”.

Por su parte, el portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol', señala, en declaraciones a este medio, que la operación policial no puede entenderse al margen del clima político y mediático generado en las semanas previas a raíz de la difusión de su manual de acción. En su opinión, la campaña de críticas impulsada, según afirma, por determinados partidos políticos, medios y denunciantes particulares ha facilitado a la Guardia Civil llevar a cabo una operación policial de tal envergatura. “Primero hay una criminalización pública y, después, eso da pie a una ofensiva que, desde mi punto de vista, se puede considerar represión”, incide.

Las detenciones se han producido, además, en uno de los momentos de mayor tensión entre quienes denuncian los efectos de la turistificación y las administraciones públicas. No en vano, el próximo 26 de julio una manifestación en Palma bajo el lema “No tenim por” (“No tenemos miedo”), que pretende denunciar el impacto del modelo turístico sobre el acceso a la vivienda, la precarización laboral, la presión sobre los recursos naturales y la pérdida de calidad de vida de la población residente.

El atestado de la Guardia Civil, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, sostiene a lo largo de sus 116 páginas que los ataques contra las cinco inmobiliarias no fueron hechos aislados ni espontáneos, sino una actuación “coordinada y premeditada”. Sobre esa base, los investigadores atribuyen a las dos detenidas y a un tercer investigado no solo un delito continuado de daños y daños contra el patrimonio histórico -una de las empresas está integrada en , sino también pertenencia a grupo criminal, una calificación que eleva considerablemente la gravedad de la causa.

Una pancarta privada como indicio

El informe policial se apoya principalmente en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, un hecho que ha generado la crítica de las entidades sociales ante las dudas sobre si varias de ellas, instaladas en la fachada de una de las inmobiliarias, grababa más espacio público del permitido por la normativa de protección de datos. A partir del análisis de las grabaciones, la Benemérita reconstruye los desplazamientos de las personas investigadas, identifica vehículos, ropa y mochilas y, posteriormente, recurre a perfiles públicos en redes sociales para tratar de confirmar sus identidades y las relaciones existentes entre ellas.

Los agentes también incorporan referencias a la vida privada de las investigadas, como el hecho de que en la vivienda de una de ellas colgase una pancarta con el lema “SOS Residents, Stop Overtourisme”. A partir de este elemento, el atestado llega a afirmar que este hecho “confirmaría sin lugar a género de dudas la actividad delictiva de esta persona”.

El Instituto Armado dedica además parte de su informe al manual de acción directa difundido por 'Menys Turisme, Més Vida'. A pesar de que el documento fue difundido públicamente más de un mes después de los ataques, los agentes consideran “cuanto menos llamativo” que las recomendaciones que contiene -como ocultar el rostro, emplear pintura o inutilizar cerraduras con silicona- coincidan con el modus operandi observado durante la investigación de los hechos. Para la Guardia Civil, esa similitud constituye un indicio relevante dentro de la investigación.

'Menys Turisme, Més Vida': “Quieren criminalizar el movimiento”

La operación ha generado una intensa reacción entre organizaciones sociales y colectivos por el derecho a la vivienda. El portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida' Pujol cuestiona la utilización de las imágenes de videovigilancia incorporadas a la investigación y señala que, de acuerdo a la información jurídica de la que dispone la plataforma, un particular solo puede grabar la vía pública en supuestos muy excepcionales. Si finalmente se acreditara que alguna de las cámaras no cumplía la normativa, considera que resultaría “muy fuerte” que esas imágenes hubieran servido como prueba. En su opinión, la difusión pública de los vídeos de las detenciones perseguía “criminalizar y poner a la gente en contra” del movimiento y constituye un ejemplo de lo que califica como una operación “política”.

Respecto al manual de acción contra la turistificación difundido por la plataforma, niega que éste suponga una incitación a cometer actos vandálicos. Defiende que el documento recoge formas de protesta que “ya se están llevando a cabo” tanto en Mallorca como en otros territorios y sostiene que el movimiento pretende legitimar una forma de acción directa no violenta que, asevera, ha formado parte históricamente de las luchas ecologistas y sociales. “No nos hemos inventado nada ni estamos agitando a la sociedad para hacer locuras, sino recogiendo acciones que ya se hacen”, argumenta.

Por su parte, Alerta Solidària y el Sindicat de Llogateres de Mallorca denuncian que las detenciones buscan “desmovilizar” al movimiento y sostienen que se está utilizando el derecho penal para reprimir la protesta contra la turistificación. La entidad sindical acusa además a los “poderes fácticos del capital”, en referencia al sector inmobiliario y turístico, de actuar junto a los aparatos coercitivos del Estado para tratar de diluir las protestas. El colectivo sostiene que la respuesta policial pretende generar miedo entre quienes denuncian la crisis de acceso a la vivienda y asegura que continuará apoyando las movilizaciones convocadas contra la turistificación, el encarecimiento de la vivienda, la expansión del alquiler vacacional y el aumento de la presión turística, que han situado el acceso a una vivienda asequible en el centro del debate político y social.

Mientras tanto, la plataforma SOS Residents ha impulsado una campaña para distribuir y colgar en balcones y ventanas pancartas con el lema “SOS Residents, Stop Overtourism!” a raíz de su inclusión en el atestado como uno de los indicios contra una de las detenidas. El colectivo anima a la ciudadanía a “llenar balcones, ventanas y calles de pancartas para demostrar que defender el derecho a la vivienda y denunciar las políticas del Govern no es ningún delito”.

Comparecencia de Grande-Marlaska

A las críticas también se ha sumado Més per Mallorca, que ha cuestionado el operativo policial y ha advertido del riesgo de convertir la protesta social en un problema de orden público. La formación ecosoberanista considera que la respuesta institucional está desplazando el foco del debate sobre la emergencia habitacional y la masificación turística hacia la persecución de quienes denuncian sus consecuencias. El diputado de Sumar-Més en el Congreso Vicenç Vidal ha reclamado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, para que den explicaciones sobre la actuación de la Guardia Civil. En un mensaje publicado en X, Vidal se pregunta: “¿Por qué defienden a las empresas que destrozan la vida de nuestros ciudadanos?”.

La formación ecosoberanista quiere conocer qué motivó el operativo policial, qué protocolos se siguieron y si se respetaron los derechos de las detenidas. Además, sostiene que el debate trasciende la actuación policial y se cuestiona “por qué el Estado acaba protegiendo los intereses del capital especulativo que alimenta la turistificación y destroza la vida de la gente, mientras pone el foco sobre las personas que denuncian esta situación”.

El Govern balear, mientras tanto, ha evitado este viernes pronunciarse sobre la actuación de la Guardia Civil y la detención de las dos activistas al alegar que desconoce los detalles de la investigación, aunque ha expresado su “máximo respeto” por la labor de los agentes. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Antònia Maria Estarellas (PP), sí ha condenado la “vandalización” de comercios y ha reclamado que la manifestación convocada para el próximo 26 de julio se desarrolle de forma “pacífica”, al tiempo que ha advertido de que “no se pueden normalizar acciones contra comercios que están llevando a cabo actividades lícitas, regladas y normalizadas”.

El choque con el negocio inmobiliario

Se da la circunstancia de que una de las inmobiliarias que denunció la vandalización de su fachada fue Engel & Völkers, una firma que, apenas unas semanas antes de los hechos, había presentado un informe en el que definía a Baleares como uno de los principales “refugios” inmobiliarios de Europa. “Las Islas Baleares siguen afianzándose como uno de los destinos más seguros y atractivos de Europa tanto para vivir como para invertir”, sostiene la compañía en ese documento, en el que destaca el atractivo del archipiélago para la inversión internacional. Un discurso que choca frontalmente con el de los colectivos antituristificación, que consideran precisamente la creciente presión del mercado inmobiliario uno de los principales factores que alimentan la crisis de acceso a la vivienda.

La publicación del informe llegó incluso a uno de los plenos del Parlament. Interpelada por la oposición sobre si compartía el diagnóstico de Engel & Völkers -empresa participada mayoritariamente por el fondo de capital de riesgo británico Permira- como un “refugio” para la inversión inmobiliaria, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), evitó pronunciarse al respecto y centró su respuesta en la defensa de la propiedad privada. “La mayoría de los propietarios no son señores encorbatados, bancos y fondos buitre, sino pequeños propietarios, familias, pensionistas y personas normales que son conscientes de la situación”, afirmó, al tiempo que volvió a cargar contra la ocupación ilegal y a reivindicar la necesidad de proteger a los propietarios.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Engel & Völkers para recabar su versión sobre las críticas formuladas por los colectivos que cuestionan la legalidad de las cámaras de videovigilancia instaladas en la fachada de su oficina de Santa Maria, su utilización en la investigación de los actos vandálicos, si los dispositivos cuentan con la correspondiente autorización municipal y si cumplen con la normativa de protección de datos y videovigilancia, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de este artículo.

Dues dones han estat detingudes aquest dimecres a Mallorca com a presumptes autores dels delictes de danys i contra el patrimoni històric, segons han informat fonts de la Guàrdia Civil, que expliquen que els arrestos són conseqüència de diverses denúncies rebudes després de la vandalització de cinc immobiliàries al municipi de Santa Maria el passat 31 de maig.

Precisament la plataforma 'Menys turisme, més vida' havia denunciat prèviament a les seves xarxes socials que almenys una persona havia estat detinguda per haver participat en “protestes contra la turistificació”. “Davant la criminalització i la repressió ens trobaran unides”, ha assenyalat 'Menys turisme, més vida' al seu perfil a xarxes socials.

Cal recordar que fa uns mesos diverses immobiliàries de Santa Maria van aparèixer amb pintades vandàliques amb missatges contra el turisme.

A més, 'Menys turisme, més vida' va compartir a principis de juliol el que va qualificar de un 'manual d'acció contra la turistificació' en el qual oferia recomanacions per assenyalar “tot el que cal expulsar” i incloïa en aquest punt a lloguers turístics, immobiliàries, cartells de la federació hotelera o negocis gentrificadors.

“Justifiquem i defensem l'acció directa no violenta contra un sistema que ens ofega”, assenyalaven en la publicació difosa a les xarxes socials amb consells com ocultar el rostre i vigilar les càmeres de seguretat per assenyalar lloguers turístics i negocis. Aquest manual va ser criticat per administracions, sindicats, empresaris i altres col·lectius.

Dos mujeres han sido detenidas este miércoles en Mallorca como presuntas autoras de los delitos de daños y contra el patrimonio histórico, según han informado fuentes de la Guardia Civil, que explican que los arrestos son consecuencia de varias denuncias recibidas tras la vandalización de cinco inmobiliarias en el municipio de Santa Maria el pasado 31 de mayo.

Precisamente la plataforma 'Menys turisme, més vida' había denunciado previamente en sus redes sociales que al menos una persona había sido detenida por haber participado en “protestas contra la turistificación”. “Ante la criminalización y la represión nos encontrarán unidas”, ha señalado 'Menys turisme, més vida' en su perfil en redes sociales.

Cabe recordar que hace unos meses varias inmobiliarias de Santa Maria aparecieron con pintadas vandálicas con mensajes contra el turismo.

Además, 'Menys turisme, més vida' compartió a principios de julio lo que calificó como un 'manual de acción contra la turistificación' en el que ofrecía recomendaciones para señalar “todo lo que hay que expulsar” e incluía en este punto a alquileres turísticos, inmobiliarias, carteles de la federación hotelera o negocios gentrificadores.

“Justificamos y defendemos la acción directa no violenta contra un sistema que nos ahoga”, señalaban en la publicación difundida en las redes sociales con consejos como ocultar el rostro y vigilar las cámaras de seguridad para señalar alquileres turísticos y negocios. Este manual fue criticado por administraciones, sindicatos, empresarios y otros colectivos.