El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa ha presentado este martes los datos del mercado inmobiliario correspondientes al segundo trimestre de 2026. El informe destaca una ralentización de las compraventas y el encarecimiento de la vivienda, pero también pone el foco en la falta de estadísticas actualizadas sobre el alquiler. Por un lado, Gipuzkoa registró 2.041 operaciones de compraventa entre abril y junio, un 8,2% menos que un año antes. La situación es todavía más complicada en el mercado del alquiler.

La Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL) del Gobierno vasco solo está actualizada hasta el cuarto trimestre de 2025 y, según José Luis Polo, presidente del COAPI de Gipuzkoa, esta falta de diferenciación entre alquiler de larga y corta duración distorsiona la realidad del mercado. El representante de los agentes de la propiedad denuncia que “se está utilizando el alquiler temporal para esquivar la aplicación de las áreas tensionadas con la ambición de camuflar sobre ello una vivienda habitual”, lo que “hace que el precio se escape del control de la ley”. Los datos disponibles reflejan, además, un desplome interanual del 21,7% en los contratos de alquiler firmados.

A pesar de la falta de datos sobre la situación actual del alquiler, Polo ha señalado que el problema continúa presente a partir de lo que le trasladan las inmobiliarias, que aseguran no estar recibiendo ofertas. Por ello, ha apelado al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, y al delegado de Gipuzkoa, Alfonso Sanz, para que agilicen la actualización de las estadísticas de la EMAL. Polo considera que trabajar con datos que llegan con dos o tres trimestres de retraso impide evaluar el efecto de medidas como las zonas tensionadas y los límites al alquiler. “No podemos opinar de lo que no sabemos”, resume el presidente del COAPI guipuzcoano.

Una situación contradictoria en el mercado de la vivienda

En la compraventa, los datos muestran también un mercado difícil de interpretar, aunque en este caso sí se cuenta con cifras actuales. Mientras el número de operaciones desciende y la oferta aumenta tanto en el Euskadi como en Gipuzkoa, el precio de la vivienda continúa al alza. Para Polo, se trata de un comportamiento que rompe con la relación habitual entre una menor actividad y una moderación de los precios, aunque mantiene la esperanza de que estos terminen moderándose.

La vivienda usada concentra la mayor parte de las operaciones. En Euskadi representa el 83% de las compraventas del segundo trimestre, frente al 17% de la vivienda nueva. En Gipuzkoa, la diferencia es todavía mayor: de las 2.041 operaciones registradas, 1.854 fueron de vivienda usada, el 90,8%, mientras que solo 187 correspondieron a vivienda nueva, un 9,2%. Luis Fabra, director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario, considera que la vivienda usada permite observar mejor el comportamiento más reciente del mercado, ya que las operaciones de obra nueva arrastran un desfase temporal entre la compraventa y su escrituración.

Los datos acumulados de los últimos doce meses apuntan, según Fabra, a un cambio de tendencia. Gipuzkoa suma 8.289 compraventas anualizadas, una cifra todavía elevada, pero un 2,1% inferior a la del año anterior. El experto ya había anticipado que “el año 2026 va a ser peor que el año 2025, aunque también anticipamos, no va a ser un mal año”. A pesar del descenso, las cifras continúan por encima de las registradas en otros trimestres y años, y lejos de las caídas más pronunciadas de compraventas de 2007 y 2021.

Sin embargo, Fabra sitúa el precio como uno de los principales obstáculos para mantener el ritmo de actividad. Los altos niveles de precio “es el mayor enemigo del mercado en el sentido de la actividad”, señala. En su opinión, el momento actual está marcado por una “intensificación del precio de la vivienda”, con unos costes que dificultan cada vez más el acceso a la compra para buena parte de la población. El metro cuadrado en Gipuzkoa alcanzó los 3.970 euros durante el segundo trimestre, un 3,8% más que en el trimestre anterior y el máximo histórico registrado. En el caso de la vivienda usada, el precio medio se situó en 3.843 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 6,4%.

Pese al encarecimiento de la vivienda, el esfuerzo hipotecario de las familias se mantiene, por ahora, dentro de los niveles considerados asumibles por el sector bancario, según ha explicado Sergio Aparicio. La cuota mensual media alcanzó los 847 euros, un 9,4% más que un año antes, mientras que las familias destinan de media el 31,1% de sus ingresos al pago de la hipoteca, una proporción considerada “óptima” por el sector. Además, la duración media de los préstamos se mantiene en 25,5 años.

Un año después de la primera fase de la operación en la que se detuvo al administrador concursal de Grupo Vera, la Policía ha asestado el segundo gran mazazo a la presunta trama que durante años saqueó, presuntamente, las cuentas de uno de los grandes grupos inmobiliarios de la Costa del Sol de la burbuja inmobiliaria, luego caído en desgracia.

La Policía ha desarticulado ahora la “matriz” de esa estructura presuntamente delictiva, a la que se atribuye el expolio millonario de la masa concursal (el conjunto de activos de una empresa declarada en concurso, como propiedades inmobiliarias, saldos a favor o créditos con otras empresas) del que fuera un potentísimo conglomerado empresarial del sector de la construcción en Málaga, responsable de proyectos tan emblemáticos como algunos tramos del Metro, el Cementerio y la urbanización del Parque Tecnológico en Málaga capital, o los puertos de La Duquesa y Cabopino en Marbella, entre otros muchos.

La segunda fase de la operación 'Drave' ha supuesto la detención de una decena de personas, entre los que hay allegados a los fundadores de las concursadas. Además, con las nuevas pesquisas, el saqueo de las cuentas de la constructora en perjuicio de sus acreedores ascendería ya a 160 millones de euros.

La Policía cree que a través de una red de testaferros y sociedades interpuestas, promovieron un “expolio” del patrimonio que conservaba el grupo, valorado en 314 millones de euros al comienzo de la liquidación, gracias al despliegue de anterior y paralelo al concurso de un “cúmulo de operaciones fraudulentas de vaciado patrimonial y desvío de fondos”. Con estas operaciones se vaciaba el patrimonio del grupo destinado a satisfacer las deudas para canalizarlo hacia empresas creadas ex profeso bajo la tutela del ex director financiero de Grupo Vera y el propio administrador concursal, designado por el juzgado con el fin de velar por la conservación de la masa concursal y de darle el destino previsto por la ley.

Embargo de 135 inmuebles

El despojo de Grupo Vera ha provocado “un grave quebranto económico de las compañías acreedoras, incluida la Hacienda Pública, que han visto frustradas sus legítimas expectativas de cobro”, resaltan desde la Comisaría provincial de la Policía Nacional, que comenzó a investigar el caso a partir de una denuncia en septiembre de 2023. Era un secreto a voces en círculos empresariales y jurídicos de la capital. El Grupo II de Blanqueo de Capitales ha desarrollado la operación bajo la dirección de la Fiscalía y el juzgado de instrucción 3 de Málaga, y ha contado con el auxilio de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda .

La primera fase de la investigación se saldó con la intervención de 462.000 euros en efectivo, el bloqueo de 2,5 millones de euros en cuentas y el embargo de 173 inmuebles por valor de 140 millones, y fueron detenidas siete personas: el ex director financiero del grupo empresarial, varios familiares, un proveedor y su pareja y, el más singular de todos, el propio administrador concursal designado por el Juzgado de lo Mercantil para liquidar la masa concursal conforme a la prelación de acreedores prevista por la ley. Además, resultaron investigadas otras cuatro por su vinculación en los hechos. La Policía los acusaba de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La lista se amplía ahora con otros diez arrestos por los presuntos delitos de frustración de la ejecución --acción ilegal en la que un deudor oculta, vende o gasta sus bienes a propósito para evitar pagar una deuda o cumplir una sentencia judicial--, insolvencia punible y apropiación indebida. Además hay otras dos personas investigadas en esta segunda fase, incluido nuevamente el administrador concursal.

En el marco de la macrooperación se han efectuado dos nuevos registros en la provincia a finales del pasado mes de julio, incautándose joyas valoradas en más de 200.000 euros. Además, se han bloqueado nuevos activos financieros en nueve entidades bancarias por valor de un millón de euros y se ha decretado el embargo preventivo de 135 inmuebles valorados en más de 300 millones de euros, incluidos terrenos de muy alto valor económico, locales comerciales, garajes y viviendas.

En el cómputo global del entramado criminal desarticulado, sumando las dos fases, el expolio asciende a los 160 millones de euros. Un saqueo mayor a la deuda impagada a los acreedores, que está estipulada en torno a los 150 millones.

30 millones defraudados durante la liquidación

Las nuevas actuaciones de la operación Drave II han permitido deslindar un entramado delictivo “distinto y autónomo” que operó de forma paralela. Aprovechando la “alianza estratégica” con la administración concursal, obtuvo activos de gran valor del patrimonio de las mercantiles concursadas en beneficio de los sospechosos, unidos por lazos familiares con los fundadores del grupo empresarial, según la Policía.

De esta forma, en una fase previa al concurso se sacaron bienes por valor superior a 28 millones de euros simulando contratos de prestación de servicios (eludiendo así embargos de Hacienda que eran inminentes); transfiriendo capitales a empresas de los investigados; y vendiendo fraudulentamente activos inmobiliarios en fechas inmediatamente anteriores a la solicitud concursal en beneficio de los sospechosos.

Pero el vaciamiento no terminó ahí. La Policía cree que la trama descapitalizó el grupo en más de 30 millones de euros adicionales cuando el concurso ya había entrado en fase de liquidación; es decir, cuando la concursada estaba vendiendo sus activos para ir saldando sus deudas. Para ello, los investigados habrían articulado un procedimiento para adquirir inmuebles y carteras de créditos en subastas públicas adulteradas y en ventas directas carentes de los preceptivos requisitos de publicidad y formalizadas con cláusulas de reversión manipuladas en favor de allegados de los fundadores.

Estos métodos supusieron que bienes de gran valor de las concursadas pasaran al patrimonio privado de los mismos deudores, a precios ínfimos y libres de cargas, lo que privó a la masa del concurso de los ingresos que se habrían obtenido en un proceso de liquidación transparente y que tendrían que haberse destinado al pago priorizado de los acreedores y la Hacienda Pública, concluyen los investigadores. Para lograr su propósito, los investigados habrían contado con la ayuda de las administraciones concursales y de una red de testaferros y sociedades interpuestas.

La caída en desgracia de Grupo Vera

La operación en dos tiempos contra los responsables financieros de Grupo Vera es un triste final para una de las firmas abanderadas del ladrillo en los años de la gran burbuja inmobiliaria en la Costa del Sol. Por entonces, a comienzos de siglo, Grupo Vera se codeaba con los principales grupos inmobiliarios de Andalucía con un modelo de marcado corte familiar (allí trabajaban sobrinos, nietos y familia política por decenas) inaugurado a mediados de los años 50 por Juan Vera, y continuado por su hijo Francisco hasta su fallecimiento en 2017.

Hasta la crisis del ladrillo la empresa tenía un sólido negocio basado en gran parte en la adjudicación de obra pública, que intentó ampliar con una división inmobiliaria, concesiones de aparcamientos, una empresa de cementos y otra de gestión hotelera y de campos de golf. Pero no funcionó. En parte, porque todo se vino abajo con el estallido de la burbuja y la crisis inmobiliaria que arrastró a tantos gigantes con pies de barro, como Grupo Aifos.

Grupo Vera también entró en concurso de acreedores en 2013. El clavo definitivo fue el parón de la obra del Metro por las dificultades financieras de la Junta de Andalucía. También contribuyó el fiasco de dos proyectos faraónicos propios de aquella época: el aeropuerto (que impulsó como promotor) y el centro de ensayos ferroviarios, ambos en Antequera. Propuso entonces a sus acreedores una quita del 45% y un plan de pagos a siete años de una cantidad que parecía asumible, y por un tiempo pareció que seguiría a flote.

Pero no ocurrió. La muerte de Francisco Vera, hijo del fundador, máximo responsable y alma máter de la constructora, conocido por su capacidad persuasiva y sus contactos políticos, fue el golpe definitivo. Nadie tomó las riendas tras su fallecimiento, al menos para reflotar la empresa, que quedó ya a expensas del concurso. Entre muchos otros inmuebles y derechos de cobro, Vera todavía conservaba entonces una oficina en el Parque Tecnológico valorada en 37 millones, el campo de Baviera Golf (en Caleta de Vélez), valorado en 16,8 o la gestión de dos aparcamientos públicos en Vélez-Málaga y Torre del Mar, valorada en 5,1 millones. El pasivo (las deudas del grupo) era de 227 millones, lo que suponía un margen teórico de más de 80 millones de margen para saldarlas. Sin embargo, no fue suficiente.

Primero vino el ERE para sus 77 trabajadores, luego la liquidación del patrimonio y entre tanto, un escándalo financiero que protagonizan su máximo responsable financiero, familiares y el administrador concursal, que habrían urdido una presunta trama con el fin de sacar todo el dinero posible de los restos del gigante caído. Los afectados por la trama han constituido una plataforma de perjudicados en el juzgado.

La compraventa de viviendas subió en junio un 1,6% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 59.288 operaciones, su mayor cifra en un mes de junio desde 2007, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance registrado en el sexto mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de haber encadenado cinco meses consecutivos de caídas interanuales.

El incremento interanual de la compraventa de viviendas en junio fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 6,3%, hasta las 12.766 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que crecieron de manera más modesta, un 0,3%, hasta las 46.522 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en junio fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 55.609 operaciones, un 2,6% más que en junio de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 11,8%, hasta un total de 3.679 transacciones.

En tasa intermensual (junio sobre mayo), la compraventa de viviendas aumentó un 5% tras incrementarse tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+4,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (+7,4%).

En los seis primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,6%, con caídas del 2,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.

“Y estoy por fin en la cima. Solo unos pájaros llegamos a ser libres como esos pájaros que vuelan tan alto. El cielo es inmenso y te veo pequeño desde arriba”. Con esta lírica se promocionaba en redes el ático adquirido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que la Comunidad de Madrid compró a través de la empresa pública Planifica Madrid para que “la presidenta y su equipo lo usaran durante las obras de la sede en Sol”, según fuentes autonómicas.

La frase citada pertenece a un vídeo publicitario publicado en TikTok por la inmobiliaria de lujo Promora, que administra propiedades de lujo en la capital y en entornos tan cotizados como la urbanización de La Moraleja. El clip muestra el interior del polémico inmueble, con 485 metros cuadrados de los cuales casi 200 se corresponden con una impresionante terraza.

El anuncio, publicado el 31 de enero y con un uso evidente de inteligencia artificial, se adentra en las distintas estancias del alojamiento mientras suena el tema Baby I'm Back, del rapero australiano The Kid Laroi. El piso en el número 35 de la calle General Martínez Campos, pleno corazón de Chamberí, se ofertaba a 6.600.000 euros.

A través de frenéticos movimientos de cámara y cambios de plano, el anuncio muestra las distintas zonas de la lujosa propiedad que el equipo de Ayuso adquirió como “oficina” mientras se desarrollan unos trabajos en la Real Casa de Correos que todavía no se han licitado. Amplias zonas comunes con y sin amueblar, un muy completo baño, un despacho equipado y la joya de la corona: una gran terraza con imponentes vistas de la ciudad.

Desde Promora no atienden las preguntas trasladadas desde Somos Madrid, ya que alegan que los detalles de la operación deben preservarse “por protección de datos”. Fuentes de la compañía sí han comunicado que la venta comenzó “como cualquier otra” y fue “totalmente normal”, según avanza El País. La empresaria Astrid Gil-Casares, anterior propietaria, es clienta habitual de la inmobiliaria y les contactó para gestionar la venta de lo que la oposición ha calificado de “aticazo”. La principal anomalía fue que tuvieron que firmar, a petición del comprador (la Comunidad de Madrid), un acuerdo de confidencialidad: “Nos pidieron privacidad. Todo de una manera muy razonable: análisis de los papeles, algunas dificultades técnicas habituales en este tipo de operaciones…”. Así lo confirmaron fuente conocedoras del proceso a elDiario.es la pasada semana.

La polémica del ático ha envalentonado a la oposición y preocupado en el seno del PP. Las explicaciones con las que respondió el Ejecutivo autonómico resultaron primero confusas y equívocas: sus responsables aseguraron que el lugar iba a ser utilizado como oficina en un lugar donde la normativa municipal impide estos usos y que el traslado se haría durante unas obras en la Puerta del Sol, a pesar de que no están planificadas en ningún contrato del Gobierno regional. Luego se supo que la casa en la que actualmente vive fue puesta a la venta por su pareja en un portal online, justo después de la compra del ático chamberilero.

Ayuso rebatió la información presentándose como la víctima de una supuesta “campaña de desprestigio”, algo que no calmó los ánimos, como tampoco lo hizo el intento de zanjar el tema el pasado jueves con el anuncio de la venta del ático para destinar su importe a la reconstrucción de los incendios en la Sierra Oeste.

El fondo británico Pollen Street, a través de sus empresas Finsolutia e Hipoges, ha alcanzado un acuerdo con el fondo estadounidense Lone Star para adquirir Servihabitat, una de las plataformas de gestión de deuda y activos inmobiliarios en España.

Con la unión de estas tres firmas, Pollen Street alcanza los 60.000 millones de euros en activos bajo gestión y más de 2.000 empleados en España, Portugal, Italia y Grecia, según ha informado en un comunicado.

“Servihabitat aporta una sólida experiencia en la comercialización inmobiliaria y en la gestión de activos residenciales, alquileres y suelo. Sus equipos especializados y capacidades operativas complementarán la propuesta de valor de Finsolutia e Hipoges, reforzando la presencia y las capacidades del grupo en el mercado español”, explica el fondo.

La combinación de las tres firmas permitirá unir una amplia cobertura geográfica con capacidades complementarias. El objetivo es ofrecer una propuesta de valor diferencial a propietarios e inversores en Europa, gracias a soluciones integrales en gestión de crédito, tecnología y servicios de capital. Así, la plataforma resultante continuará prestando servicio a las principales entidades financieras e inversores internacionales en toda la cadena de valor.

“Esta operación refuerza de manera decisiva nuestra posición en España y amplía nuestra capacidad para acompañar a los clientes en retos cada vez más complejos. La experiencia y el talento de Servihabitat complementan nuestras capacidades y nos permitirán ofrecer una propuesta de valor aún más completa, manteniendo al cliente en el centro de nuestra actividad”, han señalado el consejero delegado de Grupo Finsolutia, Afonso Nascimento, y los directores generales y co-consejeros delegados de Hipoges, Hugo Velez y Claudio Panunzio.

“Esta adquisición es un paso más en la construcción de la plataforma líder en gestión de crédito y activos inmobiliarios en la Península Ibérica. Servihabitat aporta una sólida experiencia en la gestión de activos adjudicados (REO), una valiosa cartera de clientes y una fuerte presencia nacional. El Grupo resultante estará en una posición privilegiada para liderar el mercado de la región, manteniendo el foco en ofrecer un servicio excelente a nuestros clientes en un entorno cada vez más complejo”, ha añadido la consejera delegada de Pollen Street, Lindsey McMurray.

L'Audiència Provincial de les Balears ha rebutjat l'intent d'una empresa immobiliària de desnonar una inquilina a Eivissa a la qual acusava de subarrendar l'habitatge per a ús turístic basant-se, fonamentalment, en una fotografia d'una persona amb maletes a les zones comunes i en diversos missatges de WhatsApp remesos per una veïna. El tribunal conclou que les proves aportades per la societat no són suficients per acreditar que l'arrendatària explotés l'immoble com a allotjament vacacional.

La sentència confirma íntegrament la resolució del Jutjat de Primera Instància número 4 d'Eivissa, que ja havia desestimat la demanda interposada per Lowestolf Norm SL, una societat constituïda el 2015 els administradors de la qual figuren al capdavant de nombroses societats vinculades al sector immobiliari i turístic a l'illa. Encara que la inquilina ja havia abandonat l'habitatge durant la tramitació del procediment i va lliurar les claus l'octubre del 2023, l'empresa va mantenir la seva reclamació econòmica i exigia el pagament de 50.000 euros, és a dir, 500 euros per cada dia que, segons la immobiliària, havia transcorregut des de la resolució del contracte fins al lliurament efectiu de l'immoble.

El litigi es va iniciar després que la immobiliària demandés l'arrendatària en considerar que aquesta havia vulnerat el contracte en cedir o subarrendar l'habitatge a tercers per a ús turístic, una conducta expressament prohibida tant pel contracte com per l'article 8 de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), que impedeix a l'inquilí subarrendar o cedir l'habitatge sense el consentiment escrit del propietari.

Segons l'empresa, la sospita va sorgir després de les queixes d'una veïna de la comunitat, a les quals s'afegia una fotografia presa a les zones comunes de l'edifici en les quals apareixia una dona amb maletes i bosses de gran mida. La immobiliària entenia que aquests indicis demostraven que l'habitatge estava sent utilitzat per a lloguer vacacional i va decidir resoldre el contracte d'arrendament mitjançant un burofax abans d'acudir als tribunals per reclamar el desnonament i una indemnització.

No obstant això, el tribunal considera que l'empresa no va aconseguir demostrar aquests fets, asseverant que l'única prova consistia en missatges de WhatsApp remesos per una veïna i en diverses fotografies d'una dona amb maletes, elements que, per si sols, no permeten acreditar l'existència d'un subarrendament o d'una activitat de lloguer turístic.

La sentència dictada en primera instància ja indicava que, juntament amb la demanda, “no es va aportar prova alguna d'aquests subarrendaments, aportant-se posteriorment una sèrie de wasaps i fotografies que no permeten tenir per acreditats els subarrendaments ni l'activitat de lloguer turístic al·legada”. “Estem davant de missatges d'una veïna i una fotografia d'una persona amb maletes per les zones comunes que no ens permeten tenir per acreditats els fets constitutius de la pretensió actora, per la qual cosa la demanda ha de ser desestimada”, afegia la resolució, confirmada íntegrament per l'Audiència.

El tribunal afegeix que l'empresa ni tan sols va proposar declarar com a testimoni la veïna que va alertar dels fets ni el president de la comunitat de propietaris, malgrat que ambdós podien haver aportat informació rellevant. Tampoc va incorporar els estatuts o acords comunitaris que, segons sostenia, prohibien expressament el lloguer turístic a l'edifici.

La sentència, contra la qual cap recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, també posa en dubte un altre dels pilars de la demanda. Lowestolf Norm SL assegurava haver comunicat a l'arrendatària la resolució del contracte mitjançant un burofax. No obstant això, l'Audiència observa que la comunicació es va remetre a una adreça diferent de la que figurava en el contracte d'arrendament, per la qual cosa tampoc va quedar demostrat que la demandada tingués coneixement efectiu d'aquesta resolució contractual.

Una penalització de 500 euros diaris

L'empresa no només pretenia recuperar l'habitatge. El contracte incloïa una clàusula que imposava una penalització de 500 euros per cada dia que transcorregués des de la resolució del contracte fins al lliurament efectiu de l'immoble, a més d'una altra indemnització equivalent a una anualitat de renda. Amb base en aquesta clàusula, la immobiliària va arribar a reclamar 50.000 euros malgrat que l'arrendatària ja havia abandonat el pis durant la tramitació del procediment.

Encara que l'Audiència no entra a valorar la legalitat d'aquesta penalització, sí que recorda que el jutjat de primera instància havia advertit que podria tractar-se d'una condició abusiva en tractar-se d'un contracte signat entre una empresa i una consumidora. En qualsevol cas, considera innecessari pronunciar-se sobre aquesta qüestió perquè la demanda havia de desestimar-se prèviament per falta de prova del suposat lloguer turístic.

La Audiencia Provincial de Balears ha rechazado el intento de una empresa inmobiliaria de desahuciar a una inquilina en Eivissa a la que acusaba de subarrendar la vivienda para uso turístico basándose, fundamentalmente, en una fotografía de una persona con maletas en las zonas comunes y en varios mensajes de WhatsApp remitidos por una vecina. El tribunal concluye que las pruebas aportadas por la sociedad no son suficientes para acreditar que la arrendataria explotara el inmueble como alojamiento vacacional.

La sentencia confirma íntegramente el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Eivissa, que ya había desestimado la demanda interpuesta por Lowestolf Norm SL, una sociedad constituida en 2015 cuyos administradores figuran al frente de numerosas sociedades vinculadas al sector inmobiliario y turístico en la isla. Aunque la inquilina ya había abandonado la vivienda durante la tramitación del procedimiento y entregó las llaves en octubre de 2023, la empresa mantuvo su reclamación económica y exigía el pago de 50.000 euros, es decir, 500 euros por cada día que, según la inmobiliaria, había transcurrido desde la resolución del contrato hasta la entrega efectiva del inmueble.

El litigio se inició después de que la inmobiliaria demandase a la arrendataria al considerar que ésta había vulnerado el contrato al ceder o subarrendar la vivienda a terceros para uso turístico, una conducta expresamente prohibida tanto por el contrato como por el artículo 8 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que impide al inquilino subarrendar o ceder la vivienda sin el consentimiento escrito del propietario.

Según la empresa, la sospecha surgió tras las quejas de una vecina de la comunidad, a las que se añadía una fotografía tomada en las zonas comunes del edificio en las que aparecía una mujer con maletas y bolsas de gran tamaño. La inmobiliaria entendía que esos indicios demostraban que la vivienda estaba siendo utilizada para alquiler vacacional y decidió resolver el contrato de arrendamiento mediante un burofax antes de acudir a los tribunales para reclamar el desahucio y una indemnización.

Sin embargo, el tribunal considera que la empresa no logró demostrar esos hechos, aseverando que la única prueba consistía en mensajes de WhatsApp remitidos por una vecina y en varias fotografías de una mujer con maletas, elementos que, por sí solos, no permiten acreditar la existencia de un subarriendo o de una actividad de alquiler turístico.

La sentencia dictada en primera instancia ya indicaba que, junto a la demanda, “no se aportó prueba alguna de dichos subarrendamientos, aportándose posteriormente una serie de wasaps y fotografías que no permiten tener por acreditados los subarriendos ni la actividad de alquiler turístico alegada”. “Estamos ante mensajes de una vecina y una fotografía de una persona con maletas por las zonas comunes que no nos permiten tener por acreditados los hechos constitutivos de la pretensión actora, por lo que la demanda debe ser desestimada”, añadía la resolución, confirmada íntegramente por la Audiencia.

El tribunal añade que la empresa ni siquiera propuso declarar como testigo a la vecina que alertó de los hechos ni al presidente de la comunidad de propietarios, pese a que ambos podían haber aportado información relevante. Tampoco incorporó los estatutos o acuerdos comunitarios que, según sostenía, prohibían expresamente el alquiler turístico en el edificio.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, también pone en duda otro de los pilares de la demanda. Lowestolf Norm SL aseguraba haber comunicado a la arrendataria la resolución del contrato mediante un burofax. Sin embargo, la Audiencia observa que la comunicación se remitió a una dirección distinta de la que figuraba en el contrato de arrendamiento, por lo que tampoco quedó demostrado que la demandada tuviera conocimiento efectivo de esa resolución contractual.

Una penalización de 500 euros diarios

La empresa no solo pretendía recuperar la vivienda. El contrato incluía una cláusula que imponía una penalización de 500 euros por cada día que transcurriera desde la resolución del contrato hasta la entrega efectiva del inmueble, además de otra indemnización equivalente a una anualidad de renta. Con base en esa cláusula, la inmobiliaria llegó a reclamar 50.000 euros pese a que la arrendataria ya había abandonado el piso durante la tramitación del procedimiento.

Aunque la Audiencia no entra a valorar la legalidad de esa penalización, sí recuerda que el juzgado de primera instancia había advertido de que podría tratarse de una condición abusiva al tratarse de un contrato celebrado entre una empresa y una consumidora. En cualquier caso, considera innecesario pronunciarse sobre esa cuestión porque la demanda debía desestimarse previamente por falta de prueba del supuesto alquiler turístico.

El que va començar amb unes pintades, diversos danys materials i panys inutilitzats en cinc immobiliàries de Santa Maria del Camí (Mallorca) en protesta per la turistificació i l'encariment de l'habitatge a les Balears ha acabat convertint-se en una investigació per presumpta pertinença a grup criminal. L'operació policial, saldada amb la detenció de dues joves presumptament vinculades als fets, ha desencadenat un intens debat polític i social sobre la resposta de les forces de seguretat i els límits de la protesta: mentre els investigadors consideren que va existir una actuació “coordinada i premeditada”, col·lectius com 'Menys Turisme, Més Vida', 'Alerta Solidària' o el Sindicat de Llogateres denuncien una “criminalització” de l'activisme pel dret a l'habitatge.

Els investigadors situen els fets la nit del 31 de maig. No obstant això, no va ser fins al passat dimecres quan els agents van arrestar les dues joves. Una circumstància que ha generat un profund malestar entre els col·lectius que integren el moviment contra la turistificació, que consideren significatiu que els arrestos es produïssin tot just una setmana després que 'Menys Turisme, Més Vida' difongués un manual d'acció contra la turistificació. El document, que va despertar les crítiques immediates per part del sector polític i empresarial, proposa actuacions com la realització de pintades, el bloqueig de panys dels habitatges de lloguer turístic o el llançament de pintura contra determinats objectius relacionats amb el negoci turístic, pràctiques que els seus promotors emmarquen en l' acció directa no violenta i en la desobediència civil com a eines històriques dels moviments socials i de defensa del territori.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Guàrdia Civil per conèixer la seva valoració sobre les crítiques suscitades per la investigació i per l'actuació desenvolupada durant l'operatiu. No obstant això, fonts de l'Institut Armat han declinat fer declaracions al respecte i s'han limitat a assenyalar que els fets s'han tractat “com una denúncia més”.

Per la seva banda, el portaveu de 'Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol', assenyala, en declaracions a aquest mitjà, que l'operació policial no pot entendre's al marge del clima polític i mediàtic generat en les setmanes prèvies arran de la difusió del seu manual d'acció. Al seu entendre, la campanya de crítiques impulsada, segons afirma, per determinats partits polítics, mitjans i denunciants particulars ha facilitat a la Guàrdia Civil dur a terme una operació policial de tal envergadura. “Primer hi ha una criminalització pública i, després, això dona peu a una ofensiva que, des del meu punt de vista, es pot considerar repressió”, incideix.

Les detencions s'han produït, a més, en un dels moments de tensió més alta entre els qui denuncien els efectes de la turistificació i les administracions públiques. No en va, el pròxim 26 de juliol una manifestació a Palma sota el lema “No tenim por” (“No tenim por”), que pretén denunciar l'impacte del model turístic sobre l'accés a l'habitatge, la precarització laboral, la pressió sobre els recursos naturals i la pèrdua de qualitat de vida de la població resident.

L'atestat de la Guàrdia Civil, al qual ha tingut accés aquest diari, sosté al llarg de les seves 116 pàgines que els atacs contra les cinc immobiliàries no van ser fets aïllats ni espontanis, sinó una actuació “coordinada i premeditada”. Sobre aquesta base, els investigadors atribueixen a les dues detingudes i a un tercer investigat no només un delicte continuat de danys i danys contra el patrimoni històric -una de les empreses està integrada en, sinó també pertinença a grup criminal, una qualificació que eleva considerablement la gravetat de la causa.

Una pancarta privada com a indici

L'informe policial es basa principalment en l'anàlisi de càmeres de videovigilància públiques i privades, un fet que ha generat la crítica de les entitats socials davant els dubtes sobre si diverses d'elles, instal·lades a la façana d'una de les immobiliàries, gravava més espai públic del permès per la normativa de protecció de dades. A partir de l'anàlisi de les gravacions, la Benemèrita reconstrueix els desplaçaments de les persones investigades, identifica vehicles, roba i motxilles i, posteriorment, recorre a perfils públics a xarxes socials per intentar confirmar les seves identitats i les relacions existents entre elles.

Els agents també incorporen referències a la vida privada de les investigades, com el fet que en l'habitatge d'una d'elles pengés una pancarta amb el lema “SOS Residents, Stop Overtourisme”. A partir d'aquest element, l'atestat arriba a afirmar que aquest fet “confirmaria sense cap mena de dubtes l'activitat delictiva d'aquesta persona”.

L'Institut Armat dedica a més part del seu informe al manual d'acció directa difós per 'Menys Turisme, Més Vida'. Malgrat que el document va ser difós públicament més d'un mes després dels atacs, els agents consideren “com a mínim cridaner” que les recomanacions que conté -com ocultar el rostre, emprar pintura o inutilitzar panys amb silicona- coincideixin amb el modus operandi observat durant la investigació dels fets. Per a la Guàrdia Civil, aquesta similitud constitueix un indici rellevant dins la investigació.

'Menys Turisme, Més Vida': “Volen criminalitzar el moviment”

L'operació ha generat una intensa reacció entre organitzacions socials i col·lectius pel dret a l'habitatge. El portaveu de 'Menys Turisme, Més Vida' Pujol qüestiona la utilització de les imatges de videovigilància incorporades a la investigació i assenyala que, d'acord amb la informació jurídica de què disposa la plataforma, un particular només pot gravar la via pública en supòsits molt excepcionals. Si finalment s'acredités que alguna de les càmeres no complia la normativa, considera que resultaria “molt fort” que aquestes imatges haguessin servit com a prova. A parer seu, la difusió pública dels vídeos de les detencions perseguia “criminalitzar i posar la gent en contra” del moviment i constitueix un exemple del que qualifica d'una operació “política”.

Respecte al manual d'acció contra la turistificació difós per la plataforma, nega que aquest suposi una incitació a cometre actes vandàlics. Defensa que el document recull formes de protesta que “ja s'estan duent a terme” tant a Mallorca com en altres territoris i sosté que el moviment pretén legitimar una forma d'acció directa no violenta que, assevera, ha format part històricament de les lluites ecologistes i socials. “No ens hem inventat res ni estem agitant la societat per fer bogeries, sinó recollint accions que ja es fan”, argumenta.

Per la seva banda, Alerta Solidària i el Sindicat de Llogateres de Mallorca denuncien que les detencions busquen “desmobilitzar” el moviment i sostenen que s'utilitza el dret penal per reprimir la protesta contra la turistificació. L'entitat sindical acusa a més els “poders fàctics del capital”, en referència al sector immobiliari i turístic, d'actuar al costat dels aparells coercitius de l'Estat per mirar de diluir les protestes. El col·lectiu sosté que la resposta policial pretén generar por entre els qui denuncien la crisi d'accés a l'habitatge i assegura que continuarà donant suport a les mobilitzacions convocades contra la turistificació, l'encari ment de l'habitatge, l'expansió del lloguer vacacional i l'augment de la pressió turística, que han situat l'accés a un habitatge assequible en el centre del debat polític i social.

Mentrestant, la plataforma SOS Residents ha impulsat una campanya per distribuir i penjar a balcons i finestres pancartes amb el lema “SOS Residents, Stop Overtourism!” arran de la seva inclusió en l'atestat com un dels indicis contra una de les detingudes. El col·lectiu anima la ciutadania a “omplir balcons, finestres i carrers de pancartes per demostrar que defensar el dret a l'habitatge i denunciar les polítiques del Govern no és cap delicte”.

Compareixença de Grande-Marlaska

A les crítiques també s'ha sumat Més per Mallorca, que ha qüestionat l'operatiu policial i ha advertit del risc de convertir la protesta social en un problema d'ordre públic. La formació ecosobiranista considera que la resposta institucional està desplaçant el focus del debat sobre l'emergència habitacional i la massificació turística cap a la persecució de qui denuncia les seves conseqüències. El diputat de Sumar-Més al Congrés Vicenç Vidal ha reclamat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de la secretària d'Estat de Turisme i candidata del PSIB a la presidència del Govern, Rosario Sánchez, perquè donin explicacions sobre l'actuació de la Guàrdia Civil. En un missatge publicat a X, Vidal es pregunta: “Per què defensen les empreses que destrossen la vida dels nostres ciutadans?”.

La formació ecosobiranista vol conèixer què va motivar l'operatiu policial, quins protocols es van seguir i si es van respectar els drets de les detingudes. A més, sosté que el debat transcendeix l'actuació policial i es qüestiona “per què l'Estat acaba protegint els interessos del capital especulatiu que alimenta la turistificació i destrossa la vida de la gent, mentre posa el focus sobre les persones que denuncien aquesta situació”.

El Govern balear, mentrestant, ha evitat aquest divendres pronunciar-se sobre l'actuació de la Guàrdia Civil i la detenció de les dues activistes al·legant que desconeix els detalls de la investigació, encara que ha expressat el seu “màxim respecte” per la tasca dels agents. La vicepresidenta segona de l'Executiu, Antònia Maria Estarellas (PP), sí que ha condemnat la “vandalització” de comerços i ha reclamat que la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol es desenvolupi de forma “pacífica”, alhora que ha advertit que “no es poden normalitzar accions contra comerços que estan duent a terme activitats lícites, reglades i normalitzades”.

El xoc amb el negoci immobiliari

Es dona la circumstància que una de les immobiliàries que va denunciar la vandalització de la seva façana es Engel & Völkers, una firma que, recentment, va presentar un informe en què defineix les Balears com un dels principals “refugis” immobiliaris d'Europa. “Les Illes Balears continuen consolidant-se com una de les destinacions més segures i atractives d'Europa tant per viure-hi com per invertir-hi”, sosté la companyia en aquest document, en què destaca l'atractiu de l'arxipèlag per a la inversió internacional. Un discurs que xoca frontalment amb el dels col·lectius contra la turistificació, que consideren precisament la creixent pressió del mercat immobiliari un dels principals factors que alimenten la crisi d'accés a l'habitatge.

La publicació de l'informe va arribar fins i tot a un dels plens del Parlament. Interpel·lada per l'oposició sobre si compartia el diagnòstic d'Engel & Völkers -empresa participada majoritàriament pel fons de capital de risc britànic Permira- com a “refugi” per a la inversió immobiliària, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), va evitar pronunciar-s'hi i va centrar la seva resposta en la defensa de la propietat privada. “La majoria dels propietaris no són senyors amb corbata, bancs i fons voltor, sinó petits propietaris, famílies, pensionistes i persones normals que són conscients de la situació”, va afirmar, alhora que va tornar a carregar contra l'ocupació il·legal i a reivindicar la necessitat de protegir els propietaris.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Engel & Völkers per recollir la seva versió sobre les crítiques formulades pels col·lectius que qüestionen la legalitat de les càmeres de videovigilància instal·lades a la façana de la seva oficina de Santa Maria, la seva utilització en la investigació dels actes vandàlics, si aquests dispositius disposen de la corresponent autorització municipal i si compleixen la normativa de protecció de dades i de videovigilància. Tanmateix, no havia obtingut cap resposta en el moment de la publicació d'aquest article.

Lo que comenzó con unas pintadas, diversos daños materiales y cerraduras inutilizadas en cinco inmobiliarias de Santa María del Camí (Mallorca) en protesta por la turistificación y el encarecimiento de la vivienda en Balears ha acabado convirtiéndose en una investigación por presunta pertenencia a grupo criminal. La operación policial, saldada con la detención de dos jóvenes presuntamente vinculadas a los hechos, ha desatado un intenso debate político y social sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad y los límites de la protesta: mientras los investigadores consideran que existió una actuación “coordinada y premeditada”, colectivos como 'Menys Turisme, Més Vida', 'Alerta Solidària' o el Sindicat de Llogateres denuncian una “criminalización” del activismo por el derecho a la vivienda.

Los investigadores sitúan los hechos en la noche del 31 de mayo. Sin embargo, no fue hasta el pasado miércoles cuando los agentes arrestaron a las dos jóvenes. Una circunstancia que ha generado un profundo malestar entre los colectivos que integran el movimiento contra la turistificación, que consideran significativo que los arrestos se produjesen apenas una semana después de que 'Menys Turisme, Més Vida' difundiese un manual de acción contra la turistificación. El documento, que despertó las críticas inmediatas por parte del sector político y empresarial, propone actuaciones como la realización de pintadas, el bloqueo de cerraduras de viviendas de alquiler turístico o el lanzamiento de pintura contra determinados objetivos relacionados con el negocio turístico, prácticas que sus promotores enmarcan en la acción directa no violenta y en la desobediencia civil como herramientas históricas de los movimientos sociales y de defensa del territorio.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Guardia Civil para conocer su valoración sobre las críticas suscitadas por la investigación y por la actuación desarrollada durante el operativo. Sin embargo, fuentes del Instituto Armado han declinado hacer declaraciones al respecto y se han limitado a señalar que los hechos se han tratado “como una denuncia más”.

Por su parte, el portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol', señala, en declaraciones a este medio, que la operación policial no puede entenderse al margen del clima político y mediático generado en las semanas previas a raíz de la difusión de su manual de acción. En su opinión, la campaña de críticas impulsada, según afirma, por determinados partidos políticos, medios y denunciantes particulares ha facilitado a la Guardia Civil llevar a cabo una operación policial de tal envergatura. “Primero hay una criminalización pública y, después, eso da pie a una ofensiva que, desde mi punto de vista, se puede considerar represión”, incide.

Las detenciones se han producido, además, en uno de los momentos de mayor tensión entre quienes denuncian los efectos de la turistificación y las administraciones públicas. No en vano, el próximo 26 de julio una manifestación en Palma bajo el lema “No tenim por” (“No tenemos miedo”), que pretende denunciar el impacto del modelo turístico sobre el acceso a la vivienda, la precarización laboral, la presión sobre los recursos naturales y la pérdida de calidad de vida de la población residente.

El atestado de la Guardia Civil, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, sostiene a lo largo de sus 116 páginas que los ataques contra las cinco inmobiliarias no fueron hechos aislados ni espontáneos, sino una actuación “coordinada y premeditada”. Sobre esa base, los investigadores atribuyen a las dos detenidas y a un tercer investigado no solo un delito continuado de daños y daños contra el patrimonio histórico -una de las empresas está integrada en , sino también pertenencia a grupo criminal, una calificación que eleva considerablemente la gravedad de la causa.

Una pancarta privada como indicio

El informe policial se apoya principalmente en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, un hecho que ha generado la crítica de las entidades sociales ante las dudas sobre si varias de ellas, instaladas en la fachada de una de las inmobiliarias, grababa más espacio público del permitido por la normativa de protección de datos. A partir del análisis de las grabaciones, la Benemérita reconstruye los desplazamientos de las personas investigadas, identifica vehículos, ropa y mochilas y, posteriormente, recurre a perfiles públicos en redes sociales para tratar de confirmar sus identidades y las relaciones existentes entre ellas.

Los agentes también incorporan referencias a la vida privada de las investigadas, como el hecho de que en la vivienda de una de ellas colgase una pancarta con el lema “SOS Residents, Stop Overtourisme”. A partir de este elemento, el atestado llega a afirmar que este hecho “confirmaría sin lugar a género de dudas la actividad delictiva de esta persona”.

El Instituto Armado dedica además parte de su informe al manual de acción directa difundido por 'Menys Turisme, Més Vida'. A pesar de que el documento fue difundido públicamente más de un mes después de los ataques, los agentes consideran “cuanto menos llamativo” que las recomendaciones que contiene -como ocultar el rostro, emplear pintura o inutilizar cerraduras con silicona- coincidan con el modus operandi observado durante la investigación de los hechos. Para la Guardia Civil, esa similitud constituye un indicio relevante dentro de la investigación.

'Menys Turisme, Més Vida': “Quieren criminalizar el movimiento”

La operación ha generado una intensa reacción entre organizaciones sociales y colectivos por el derecho a la vivienda. El portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida' Pujol cuestiona la utilización de las imágenes de videovigilancia incorporadas a la investigación y señala que, de acuerdo a la información jurídica de la que dispone la plataforma, un particular solo puede grabar la vía pública en supuestos muy excepcionales. Si finalmente se acreditara que alguna de las cámaras no cumplía la normativa, considera que resultaría “muy fuerte” que esas imágenes hubieran servido como prueba. En su opinión, la difusión pública de los vídeos de las detenciones perseguía “criminalizar y poner a la gente en contra” del movimiento y constituye un ejemplo de lo que califica como una operación “política”.

Respecto al manual de acción contra la turistificación difundido por la plataforma, niega que éste suponga una incitación a cometer actos vandálicos. Defiende que el documento recoge formas de protesta que “ya se están llevando a cabo” tanto en Mallorca como en otros territorios y sostiene que el movimiento pretende legitimar una forma de acción directa no violenta que, asevera, ha formado parte históricamente de las luchas ecologistas y sociales. “No nos hemos inventado nada ni estamos agitando a la sociedad para hacer locuras, sino recogiendo acciones que ya se hacen”, argumenta.

Por su parte, Alerta Solidària y el Sindicat de Llogateres de Mallorca denuncian que las detenciones buscan “desmovilizar” al movimiento y sostienen que se está utilizando el derecho penal para reprimir la protesta contra la turistificación. La entidad sindical acusa además a los “poderes fácticos del capital”, en referencia al sector inmobiliario y turístico, de actuar junto a los aparatos coercitivos del Estado para tratar de diluir las protestas. El colectivo sostiene que la respuesta policial pretende generar miedo entre quienes denuncian la crisis de acceso a la vivienda y asegura que continuará apoyando las movilizaciones convocadas contra la turistificación, el encarecimiento de la vivienda, la expansión del alquiler vacacional y el aumento de la presión turística, que han situado el acceso a una vivienda asequible en el centro del debate político y social.

Mientras tanto, la plataforma SOS Residents ha impulsado una campaña para distribuir y colgar en balcones y ventanas pancartas con el lema “SOS Residents, Stop Overtourism!” a raíz de su inclusión en el atestado como uno de los indicios contra una de las detenidas. El colectivo anima a la ciudadanía a “llenar balcones, ventanas y calles de pancartas para demostrar que defender el derecho a la vivienda y denunciar las políticas del Govern no es ningún delito”.

Comparecencia de Grande-Marlaska

A las críticas también se ha sumado Més per Mallorca, que ha cuestionado el operativo policial y ha advertido del riesgo de convertir la protesta social en un problema de orden público. La formación ecosoberanista considera que la respuesta institucional está desplazando el foco del debate sobre la emergencia habitacional y la masificación turística hacia la persecución de quienes denuncian sus consecuencias. El diputado de Sumar-Més en el Congreso Vicenç Vidal ha reclamado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, para que den explicaciones sobre la actuación de la Guardia Civil. En un mensaje publicado en X, Vidal se pregunta: “¿Por qué defienden a las empresas que destrozan la vida de nuestros ciudadanos?”.

La formación ecosoberanista quiere conocer qué motivó el operativo policial, qué protocolos se siguieron y si se respetaron los derechos de las detenidas. Además, sostiene que el debate trasciende la actuación policial y se cuestiona “por qué el Estado acaba protegiendo los intereses del capital especulativo que alimenta la turistificación y destroza la vida de la gente, mientras pone el foco sobre las personas que denuncian esta situación”.

El Govern balear, mientras tanto, ha evitado este viernes pronunciarse sobre la actuación de la Guardia Civil y la detención de las dos activistas al alegar que desconoce los detalles de la investigación, aunque ha expresado su “máximo respeto” por la labor de los agentes. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Antònia Maria Estarellas (PP), sí ha condenado la “vandalización” de comercios y ha reclamado que la manifestación convocada para el próximo 26 de julio se desarrolle de forma “pacífica”, al tiempo que ha advertido de que “no se pueden normalizar acciones contra comercios que están llevando a cabo actividades lícitas, regladas y normalizadas”.

El choque con el negocio inmobiliario

Se da la circunstancia de que una de las inmobiliarias que denunció la vandalización de su fachada fue Engel & Völkers, una firma que, apenas unas semanas antes de los hechos, había presentado un informe en el que definía a Baleares como uno de los principales “refugios” inmobiliarios de Europa. “Las Islas Baleares siguen afianzándose como uno de los destinos más seguros y atractivos de Europa tanto para vivir como para invertir”, sostiene la compañía en ese documento, en el que destaca el atractivo del archipiélago para la inversión internacional. Un discurso que choca frontalmente con el de los colectivos antituristificación, que consideran precisamente la creciente presión del mercado inmobiliario uno de los principales factores que alimentan la crisis de acceso a la vivienda.

La publicación del informe llegó incluso a uno de los plenos del Parlament. Interpelada por la oposición sobre si compartía el diagnóstico de Engel & Völkers -empresa participada mayoritariamente por el fondo de capital de riesgo británico Permira- como un “refugio” para la inversión inmobiliaria, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), evitó pronunciarse al respecto y centró su respuesta en la defensa de la propiedad privada. “La mayoría de los propietarios no son señores encorbatados, bancos y fondos buitre, sino pequeños propietarios, familias, pensionistas y personas normales que son conscientes de la situación”, afirmó, al tiempo que volvió a cargar contra la ocupación ilegal y a reivindicar la necesidad de proteger a los propietarios.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Engel & Völkers para recabar su versión sobre las críticas formuladas por los colectivos que cuestionan la legalidad de las cámaras de videovigilancia instaladas en la fachada de su oficina de Santa Maria, su utilización en la investigación de los actos vandálicos, si los dispositivos cuentan con la correspondiente autorización municipal y si cumplen con la normativa de protección de datos y videovigilancia, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de este artículo.

Dues dones han estat detingudes aquest dimecres a Mallorca com a presumptes autores dels delictes de danys i contra el patrimoni històric, segons han informat fonts de la Guàrdia Civil, que expliquen que els arrestos són conseqüència de diverses denúncies rebudes després de la vandalització de cinc immobiliàries al municipi de Santa Maria el passat 31 de maig.

Precisament la plataforma 'Menys turisme, més vida' havia denunciat prèviament a les seves xarxes socials que almenys una persona havia estat detinguda per haver participat en “protestes contra la turistificació”. “Davant la criminalització i la repressió ens trobaran unides”, ha assenyalat 'Menys turisme, més vida' al seu perfil a xarxes socials.

Cal recordar que fa uns mesos diverses immobiliàries de Santa Maria van aparèixer amb pintades vandàliques amb missatges contra el turisme.

A més, 'Menys turisme, més vida' va compartir a principis de juliol el que va qualificar de un 'manual d'acció contra la turistificació' en el qual oferia recomanacions per assenyalar “tot el que cal expulsar” i incloïa en aquest punt a lloguers turístics, immobiliàries, cartells de la federació hotelera o negocis gentrificadors.

“Justifiquem i defensem l'acció directa no violenta contra un sistema que ens ofega”, assenyalaven en la publicació difosa a les xarxes socials amb consells com ocultar el rostre i vigilar les càmeres de seguretat per assenyalar lloguers turístics i negocis. Aquest manual va ser criticat per administracions, sindicats, empresaris i altres col·lectius.

Dos mujeres han sido detenidas este miércoles en Mallorca como presuntas autoras de los delitos de daños y contra el patrimonio histórico, según han informado fuentes de la Guardia Civil, que explican que los arrestos son consecuencia de varias denuncias recibidas tras la vandalización de cinco inmobiliarias en el municipio de Santa Maria el pasado 31 de mayo.

Precisamente la plataforma 'Menys turisme, més vida' había denunciado previamente en sus redes sociales que al menos una persona había sido detenida por haber participado en “protestas contra la turistificación”. “Ante la criminalización y la represión nos encontrarán unidas”, ha señalado 'Menys turisme, més vida' en su perfil en redes sociales.

Cabe recordar que hace unos meses varias inmobiliarias de Santa Maria aparecieron con pintadas vandálicas con mensajes contra el turismo.

Además, 'Menys turisme, més vida' compartió a principios de julio lo que calificó como un 'manual de acción contra la turistificación' en el que ofrecía recomendaciones para señalar “todo lo que hay que expulsar” e incluía en este punto a alquileres turísticos, inmobiliarias, carteles de la federación hotelera o negocios gentrificadores.

“Justificamos y defendemos la acción directa no violenta contra un sistema que nos ahoga”, señalaban en la publicación difundida en las redes sociales con consejos como ocultar el rostro y vigilar las cámaras de seguridad para señalar alquileres turísticos y negocios. Este manual fue criticado por administraciones, sindicatos, empresarios y otros colectivos.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha iniciado una operación, denominada 'Insulae', en doce provincias de seis comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario de empresas que prestan servicios de intermediación en la compraventa y alquiler de propiedades inmobiliarias.

La AEAT ha informado este lunes en un comunicado de que denuncias previas recibidas advertían sobre posibles cobros en efectivo no declarados y otras presuntas irregularidades en las inmobiliarias objeto de esta actuación.

La operación conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 49 sociedades y empresarios, así como a 18 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de funcionarios de la AEAT en 41 locales.

El dispositivo desplegado alcanza a locales situados en Andalucía (7), Baleares (1), Canarias (4), Cataluña (5), Madrid (5) y la Comunidad Valenciana (19).

El fraude consistiría en la utilización de dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas o declaradas parcialmente y el cobro también de cantidades irregulares (como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda) que igualmente no se estarían declarando.

Asimismo, habría cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes o la realización de visitas a viviendas.

La operación 'Insulae' ha sido coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando con la participación de más de 170 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera.

El Ministerio de Hacienda enmarca la operación en un momento de “crecimiento sostenido” en el que las agencias inmobiliarias ya participan en la intermediación del 70% de las operaciones de compra y alquiler de viviendas en España, detectándose denuncias que apuntan a una “posible existencia de una bolsa de fraude” en las sociedades objeto de la presente actuación operativa.

Un presunto fraude derivado de la utilización de “dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas” o de “cantidades irregulares como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda”, además de cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes o la realización de visitas a la vivienda.

Asimismo, la Agencia Tributaria ha realizado un estudio de los socios que puedan presentar “signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas”, ante la sospecha de que las ventas ocultas se estén materializando en incrementos patrimoniales en los mismos.

De esta manera, mediante las acciones desarrolladas de forma simultánea en los locales seleccionados, Hacienda ha podido acceder a información de vital importancia para la realización de la labor inspectora (documentación e información contable o auxiliar real existente, en papel y en los sistemas informáticos de procesamiento de la información).

Así, las inspecciones se seguirán desarrollando en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas iniciales, con el fin de “regularizar todos los incumplimientos detectados”, apoyándose en las directrices del Plan de Control de la AEAT para 2026, que inciden en aquellos contribuyentes que realicen un uso intensivo de efectivo, o que ostenten signos de riqueza, patrimonio o rentabilidad, “incoherentes con sus rentas declaradas”.

Con esta intervención sectorial, la Agencia Tributaria suma 27 macrooperaciones sectoriales coordinadas en algo más de una década, con el objetivo añadido de “transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas”.

“Hemos comprado esta guardería en Madrid por 880.000 euros”. Con esta frase arranca un vídeo en el que un inversor presume con algarabía de adquirir un inmueble dedicado a la educación infantil para dedicarlos al negocio inmobiliario.

El edificio, en el Barrio de los Metales (entorno en el barrio oficial de Legazpi y el distrito de Arganzuela), está siendo objeto de una transformación en cinco alojamientos con el que los promotores esperan lograr importantes beneficios. Lo relata así en su propia cuenta de TikTok Pau Antó, un inversor asiduo a los discursos motivacionales en redes sociales: “Vamos a generar 300.000 euros de beneficio, pero no educando niños, sino convirtiéndola en cinco viviendas”.

Antó pasa luego a presentar dónde se ubicarán las futuras estancias de los pisos en el inmueble, sumido en obras. “Cada vivienda nos ha costado 65.000 euros y en total 325.000 euros. Sumado a los 880.000, nos da 1,2 millones de inversión. Como cada piso lo vamos a vender a 300.000 euros, generaremos 1,5 millones”, expone el empresario. Todo ello mientras las estancias dan cuenta del tamaño reducidísmo de las futuras viviendas.

“Pretendéis que respetemos esta mierda especulativa como trabajo”, critica en sus redes sociales el propietario de la cuenta @MadridDecadente, que ha compartido el clip para convetirlo en viral. “Este tipo de reconversiones deberían cumplir la misma normativa de habitabilidad que una vivienda de nueva construcción... vaya basura de sociedad”, responde un usuario. “Asusta la ligereza del tipo”, opina otra persona.

Otros, en cambio, defienden al inversor porque desde su punto de vista contribuye a la sociedad mientras hace negocio mostrando las bondades del capitalismo: “Todos ganan”, responden desde un perfil que no ha consultado a los ciudadanos afectados por esa guardería clausurada.

Canarias contaba con 1.102.198 viviendas al término de 2025, un 0,3% más que el año anterior, de las que 30.055 son nuevas aún sin vender. Esto es un 2,4% más, según un informe publicado este jueves por el Ministerio de Vivienda.

Por provincias, el parque de vivienda en las islas se reparte de esta manera: 558.773 en Las Palmas y 543.425 en Santa Cruz de Tenerife.

Cabe señalar que Canarias es la región del país donde más se ha encarecido el preciode la vivienda nueva, tras subir un 12% en el último año.

En cuanto a su uso, 855.022 de las viviendas contabilizadas por el Ministerio en Canarias son vivienda principales y 260.001, no principales.

De las 30.055 viviendas nuevas sin vender registradas en el archipiélago, 11.267 están en Las Palmas y 18.788 en Santa Cruz de Tenerife, que es la séptima provincia española con mayor stock, con el 4,15% de todas las viviendas nuevas disponibles en España.

Al cierre de 2025, España rozó los 27,1 millones de viviendas, apenas el 0,3% más que un año antes (94.791 unidades más), y contabilizó 452.670 viviendas nuevas sin vender, cerca de un 6% menos que un año antes (5,7%), su primera caída tras dos años sin absorción.

El pasado año se contabilizaron 27.099.556 viviendas en España, de las que más de un 72% eran principales, 19.571.428; y las 7.528.128 restantes no principales.

Con respecto a un año antes, el volumen de viviendas principales se incrementó en 2025 en 293.371 unidades, mientras que las no principales disminuyeron en 198.580.

España superó por primera vez los 27 millones de viviendas a cierre de 2024, tras registrar un 0,3% más que un año antes (102.322 unidades más).

Sin embargo, el país sufre una escasez de vivienda disponible para hacer frente a una demanda creciente, lo que está tensionando al alza los precios y dificultando el acceso, especialmente de los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Durante el pasado año, el mayor volumen se registró en Andalucía, con 4.763.651 viviendas; Cataluña, con 3.981.693; Comunidad Valenciana, con 3.332.698; y la Comunidad de Madrid, con 3.054.762.

Desde que en 2001 arrancó la serie histórica de esta estadística, con 21.033.759 unidades, el parque de viviendas en España ha aumentado casi un 29%.

Tres años más tarde desde el inicio de la serie histórica, en 2004, el parque superó los 22 millones de unidades. Dos años más tarde, en 2006, alcanzó los 23,4 millones; y doce meses después, en 2007, se registraron por primera vez 24 millones de viviendas; cifra que superó los 25 millones tres años más tarde.

Pese a los rápidos incrementos que se dieron hasta esos años, pasaron doce años hasta que el parque de viviendas superase, en 2023, los 26 millones; y no fue hasta 2024 cuando esta cifra superó los 27 millones de unidades por primera vez.

Disminuye tras dos años el stock de vivienda nueva sin vender

A 31 de diciembre de 2025, España contaba con un stock de viviendas nuevas sin vender de 452.670, casi el 6% menos que un año antes. El pasado año la cifra de viviendas nuevas sin vender se redujo en 2.610 unidades respecto a 2024.

Entre 2010 y 2022 se absorbió stock acumulado, siendo el ritmo de absorción muy lento desde 2019, y en 2025 volvió a reducirse esta cifra tras dos años sin absorción.

Las viviendas de obra nueva sin transmitir representan el 1,7% del total del parque de viviendas existente.

Más del 60% del stock nacional de 2025 se acumuló en cuatro comunidades: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

Por otra parte, Navarra, Cantabria y Extremadura presentaron un 'stok' nulo mientras que, País Vasco, Baleares, La Rioja, Ceuta y Melilla fueron las ciudades y comunidades autónomas con menor porcentaje acumulado sobre el total nacional, inferior al 2%.

Las provincias con mayor excedente sobre el 'stock' nacional se sitúan en la costa mediterránea, así como Madrid, Toledo, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife.

Madrid y Barcelona, que están entre las provincias con mayor nivel de stock sobre el total nacional, aglutinaron sin embargo gran volumen de la construcción en comparación con otras provincias.

Entre las zonas con mayor stock sobre el parque de viviendas se sitúan algunas provincias de interior como Toledo, La Rioja, Ciudad Real, Lleida y Teruel. Otras de la costa mediterránea como Castellón, Almería y Girona, además de Santa Cruz de Tenerife.

Desde que arranca la serie histórica en 2005, el mayor excedente de vivienda nueva sin vender se alcanzó en 649.780 en 2009, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. A partir de ahí cayó hasta 2023, cuando este volumen aumentó, al igual que lo hizo en 2024.

“A ver, corazón, me lo exige la marca. Este piso es sí o sí con Kiron”. Álvaro estaba interesado en un piso anunciado en Tecnocasa por 220.000 euros en el barrio de Las Águilas de Madrid, hasta que la comercial de la inmobiliaria le aseguró que solo se lo vendía si para la hipoteca utilizaba la financiera filial de la empresa, que se llama Kiron. Dos clientes han contado a elDiario.es las presiones de comerciales de la inmobiliaria para contratar la financiera y este medio tiene constancia de al menos dos casos más. Las asociaciones de consumidores y el Ministerio de Consumo coinciden en que se trata de una práctica ilícita. Tecnocasa niega que obligue a contratar la financiera.

Ya se lo había sugerido a Álvaro la comercial con otras palabras menos explícitas, pero a base de preguntarle, la trabajadora acabó reconociendo que si no firmaba con Kiron ni siquiera podría ver la vivienda. “Lo siento, no puedes ver el piso”, “Kiron y Tecnocasa van de la mano”, son algunas de las frases más explícitas de la comercial en las conversaciones de WhatsApp a las que ha tenido acceso elDiario.es. Kiron realiza un estudio de mercado y negocia con las entidades bancarias para cerrar la hipoteca y después cobra unos honorarios de intermediación de entre el 3% y el 4% sobre el valor total.

Las plataformas de consumidores Cecu y Facua coinciden en que se trata de una práctica ilegal. En Facua, de hecho, recibieron una reclamación con un caso parecido, pero el consumidor no siguió adelante con la denuncia. “El consumidor siempre tiene derecho a elegir banco, da igual que compre a una promotora, a un particular o a través de un intermediario”, sentencia Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que añade que por ello sería una “cláusula abusiva” y admiten la posibilidad de presentar una reclamación si reúnen pruebas al respecto. 

Desde el CAES, el abogado experto en vivienda Víctor Palomo explica que ha trabajado también con un cliente que, en su caso, accedió a la compra obligado a contratar Kiron.

Cecu apunta al artículo 82.1 del RDL 1/2007, que establece que “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

Las cláusulas que “vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario” o que supongan la “limitación de derechos del consumidor”, en este caso la elección de una hipoteca, se consideran ilegales. 

Tecnocasa lo niega

Preguntada por elDiario.es, Tecnocasa asegura que “la contratación de Kiron no es en absoluto obligatoria”, lo cual argumenta con el hecho de que solo el 37% de las compraventas realizadas a través de Tecnocasa fueron intermediadas por Kiron. “Cualquier práctica de presión, imposición o vinculación entre la compra de un inmueble comercializado por la red Tecnocasa y la contratación de servicios de intermediación de crédito de Kiron es completamente contraria a la política de la compañía”, añaden.

“Lo que hacen los franquiciados de la red Tecnocasa, cuando detectan que un cliente puede necesitar financiación para adquirir una vivienda, es informarle de la existencia de Kiron para que, si así lo desea, pueda recibir información sobre las opciones de financiación disponibles y la viabilidad de su operación. A partir de ahí, la decisión de contratar o no dichos servicios corresponde exclusivamente al cliente y se adopta siempre de forma libre y voluntaria”, abundan.

La versión choca con los testimonios recogidos por elDiario.es. El de Álvaro no es el único caso en que Tecnocasa ha vinculado estas dos prácticas de manera presuntamente ilícita. Facua tiene una reclamación al respecto y este medio ha contactado con otro caso. Julio, nombre ficticio porque el protagonista prefiere el anonimato, llegó más lejos y firmó en el año 2024 un documento de reserva sin conocer estas condiciones. Además, abogados del CAES explican que se han encontrado con personas que habían firmado con la financiera presionadas por Tecnocasa.

“En una reunión que tuve para firmar el documento de responsabilidad hipotecaria (que esclarece el importe por el que responde un inmueble en caso de impago), me di cuenta de que imponían una cláusula obligatoria para hacer la hipoteca con Kiron”, relata Julio. “Además de eso, me imponían unos nuevos honorarios que no estaban contemplados”, añade. 

“Fue un momento desagradable, una conversación muy tensa y compleja, porque te están forzando a comprar un producto, pero al mismo tiempo tienes miedo a perder el piso. Te ves ante el documento y ya sin tiempo de echarte atrás, notas la tensión en el trato personal”, cuenta. “Lo hacen para impedir la competencia”, añade. 

“No puedo coger ninguna oferta que no sea con Kiron”

En el caso de Álvaro, se disponía a visitar el piso cuando le dijeron que era obligatorio presentar documentación para el estudio financiero antes y también que tendría que realizar la hipoteca con la financiera Kiron. “Me exigen que no puedo coger ninguna oferta que no sea con Kiron por este piso. Lo siento, ya si me sale otra cosa te contacto!”, fue el primer mensaje explícito. 

Incrédulo, Álvaro insistió en preguntar, ya que un compañero de la inmobiliaria sí que le había dicho que podía hacerse por otra vía. “En otra ocasión sí, pero este piso se tiene que cerrar con Kiron”, insistía la comercial, “porque Kiron y Tecnocasa van de la mano”. 

“Lo siento, no puedes venir a ver el piso”, concluye la comercial al ver que Álvaro no accedía, tras lo cual advirtió que hablaría con el Ministerio de Consumo para averiguar si se trataba de una práctica abusiva. “Puedes consultar con consumo”, dice. En respuesta a elDiario.es, fuentes del departamento de Pablo Bustinduy reconocen la práctica como abusiva. 

Nacida en Milán y fundada por Oreste Pasquali, Tecnocasa tiene más de 1.000 oficinas en España, adonde llegó en 1994 con sedes en Madrid y Barcelona. Un año después abrió su financiera Kiron, que hoy tiene más de 100 oficinas en el país y se define en su página web como “el grupo líder en intermediación inmobiliaria y de crédito en Europa”. 

El CEO de Tecnocasa en España es Miguel Ángel Pérez Luna, que ocupa el cargo desde principios de 2018. La empresa facturó 35,4 millones de euros y ganó 12,2 en 2024, últimas cuentas disponibles. Cuenta con cuatro filiales entre las que está Kiron, que facturó 7,8 millones en 2024 y obtuvo 3,7 millones de beneficios.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha revocado la condena por estafa impuesta en primera instancia a una mediadora inmobiliaria que operaba en Fuerteventura y ha acordado su absolución al entender que no ha quedado probado con la solidez exigible el “engaño bastante” propio del delito. La sentencia recurrida, dictada por la Audiencia de Las Palmas el 13 de octubre de 2025, le imponía un año de prisión y el pago de 15.000 euros de indemnización a los compradores.

Los hechos se remontan a la primavera de 2016. Según la resolución, el 22 de abril de 2016 unos clientes de la investigada le hicieron una transferencia de 14.000 euros para la reserva de un apartamento en Fuerteventura y, el 24 de mayo de 2016, realizaron otras tres transferencias por 11.000 euros, 1.275 euros y 15.000 euros, esta última bajo el concepto de “reforma apartamento”.

El 27 de mayo de 2016 se firmó un contrato privado de arrendamiento con opción a compra sobre la vivienda, que después no llegó a elevarse a público por la calificación del inmueble como VPO, circunstancia que la Sala de lo Penal del TSJC recoge como parte del contexto del conflicto. La Audiencia había considerado probado que la acusada actuó “aprovechándose del desconocimiento del idioma” de los compradores y que les hizo creer que la operación no tendría coste de intermediación, cuando en realidad habría cobrado una comisión de 15.000 euros “absolutamente desproporcionada”.

El TSJ, sin embargo, concluye que esa versión no queda acreditada con la firmeza necesaria y que el razonamiento condenatorio presenta debilidades“. La Sala afirma que la cuestión podía suscitar dudas sobre el destino final del dinero y sobre la corrección de la intermediación, pero que eso no basta para afirmar penalmente una estafa, porque ”no concurren los hechos típicos del delito de estafa“.

La resolución añade que el hecho de que los 15.000 euros se ingresaran en la cuenta de la inmobiliaria “resulta irrelevante” por sí solo para excluir o afirmar el ánimo de lucro, y recuerda que la actividad del mediador inmobiliario es “típicamente onerosa”. En este contexto, apunta la sentencia, adquiere relevancia la doctrina del llamado “deber de autotutela o autoprotección de la víctima” en el delito de estafa.

La jurisprudencia penal, recuerda el tribunal, perfila este deber como un criterio auxiliar para valorar la suficiencia del engaño: se protege a la persona media que actúa con la diligencia ordinaria, “pero no se extiende la cobertura penal a supuestos en que el propio comportamiento de la víctima, por su pasividad o falta de mínima comprobación, contribuye decisivamente a la producción del daño”, subraya.

Aunque la jurisprudencia más reciente limita una interpretación extensiva del deber de autoprotección, recordando que el engaño no tiene que quedar neutralizado por una diligente actividad de la víctima, es lo cierto, enfatiza el TSJC, que en este caso “los compradores-denunciantes (que, por cierto, llevan ocupando legítimamente la vivienda que iban a comprar casi diez años y que se negaron a aceptar un acuerdo más que razonable para dar solución al conflicto) no podían ignorar cuál era el destino de los 15.000 euros, dada la sustancial equivalencia de las expresiones en español e italiano”.

El tribunal revoca íntegramente la sentencia de instancia, absuelve a la acusada y declara de oficio las costas del recurso.

Los precios de compraventa de la vivienda se asoman a un cambio de ciclo. Pero para quien piensa en comprar, eso no significa que vayan a bajar: los expertos auguran tan solo un enfriamiento de las subidas, que se empieza a reflejar ya en algunas provincias, según las estadísticas de algunos portales inmobiliarios.

El dato clave que apuntan los expertos: la subida de la tasa de esfuerzo (los años de renta bruta necesarios para adquirir una vivienda) ha tocado techo y el comprador no está dispuesto a gastar más. Las subidas del euríbor y la subida de tipos de interés por la guerra en Irán que podría aprobar en unos días el Banco Central Europeo (BCE) también desincentivan la compra y pueden enfriar más el mercado.

Aunque la subida de precios de compraventa es una constante desde 2015 en España, es 2025 el año en que se produce un mayor salto: una subida de precios a doble dígito del 12,5% y una tasa de esfuerzo que desde 2024 a 2025 ha pasado de 7 a 8 años, un máximo desde 2011. 

Inmediatamente después de este techo, el ritmo de compraventa descendió durante tres meses seguidos hasta este mes de marzo, eso sí, desde cifras récord que llevaron a cerrar 2025 con 700.000 ventas de vivienda por primera vez desde 2008. La venta de vivienda nueva ha caído más, un 5,6% más en este primer trimestre que en el del pasado año, y ha precipitado una caída general (incluyendo la vivienda usada) del 2,6%.

Uno de los primeros economistas en alertar de un cambio de ciclo fue Ángel Talavera, de Oxford Economics, aunque lo hizo apuntando tan solo a un enfriamiento en 2027 y no a una caída de precios. Y esa ralentización, pronostica, no se verá este año, cuando espera que los precios sigan subiendo a doble dígito. “Cuando los precios empiezan a subir desacoplados de la subida de rentas, es probable que las compras se frenen”, alerta Talavera con precaución a elDiario.es. 

“A corto plazo, el mercado aún se mueve en cifras muy calientes de precios, no creo que se enfríe rápido y el año puede cerrar de nuevo con un aumento de entre el 10 y el 12% en los precios”, augura Talavera, que cree que de cara al año que viene el aumento podría quedarse entre un 3 y un 7%. El devenir de la guerra puede tener una influencia en las compraventas y en los precios por su impacto en los materiales de construcción y en los tipos de interés a los que prestan los bancos, pero “tan solo una recesión podría llevarnos a una caída de precios en 2027”, sostiene Talavera. 

Para el economista José García Montalvo, “los indicadores más claros son los descuentos en vivienda sobre el precio inicial, que están creciendo” y también “el tiempo que tarda en venderse, que se alarga”. “Existe una clarísima desaceleración y las visiones de mercado son muy diferentes entre comprador y vendedor. Los precios siguen al alza porque el vendedor no quiere ceder. Pero cuando cede lo hace con unos descuentos ya mayores. Tardará, pero los precios pueden bajar en un acercamiento entre comprador y vendedor”, reflexiona.

Las últimas cifras oficiales de precios de compraventa no muestran desde luego una correlación clara entre el freno de compraventas y la caída de precios, que subieron un 7% en marzo respecto a febrero y un 9,7% en comparación con marzo del año pasado, según los notarios. Las cifras del Ministerio de Vivienda muestran una subida anual del 13,9% en el valor tasado de la vivienda libre, que costaría 2.315 euros por metro cuadrado a marzo de 2026 de media en España, esto es, 231.500 euros por una vivienda de 100 metros cuadrados. 

Por si fuera poco, las hipotecas para vivienda alcanzaron su cifra récord desde 2010 en marzo, con 46.661 préstamos, encadenando 21 meses de subidas. La subida del euríbor tras la guerra, con un salto del 2,24% en enero a un 2,7% en mayo, podría enfriar este mercado en los próximos meses. 

Aunque las cifras del Ministerio aún no registran ninguna bajada de precios, sí que lo hacen los datos de los notarios en La Rioja (9,5%) y Navarra (6,8%). También Pisos.com empieza a registrar descensos en Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, pero estos se miden con respecto a la oferta de venta y sirven solo como termómetro impreciso. “Si bajan los precios en alguna zona, será en lugares de poca demanda como la España vaciada”, opina Montalvo. 

Para anticipar la correlación entre un enfriamiento de la compraventa y una bajada de precios, el director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres, observa en la última entrada de su blog los casos de Alemania y Francia. En el vecino país galo, tras seis bajadas consecutivas y radicales de compraventas trimestrales (a un máximo del 20% menos en el tercer trimestre de 2023), vinieron seis trimestres de leves caídas de precios, de un 4,8% la mayor. 

En España, una caída mucho más leve de la compraventa en seis trimestres de 2023 no desembocó en una caída de precios. El mercado español aún está lejos del escenario francés, si es que lo llega a imitar: le faltaría un año y medio con un freno en las compraventas mucho mayor al actual para provocar una caída de precios que, por tanto, solo se empezaría a reflejar ya en 2028.

Nadie apunta hacia esa dirección, pero Torres sí que ve una buena noticia que los precios ya no suban por “el fomo”, el miedo a perder la oportunidad de una compra más barata que la futura, que ha acelerado el mercado de compraventa junto a un alquiler asfixiante que no sale a cuenta y se come en ocasiones la mitad del sueldo de las familias. 

La construcción de vivienda se encuentra también estancada y no oxigena la oferta. Y aunque la vivienda pública debe empezar a arrancar a partir de 2027, la mayor parte irá a alquiler y el desajuste entre demanda y oferta hará difícil que empuje los precios a la baja. 

El director de estudios y portavoz de Pisos.com, Ferran Font, ve tan solo “una ralentización” y “una tendencia al alza más moderada” que el año pasado. El presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), Miguel Ángel Gómez, cree que “en las zonas de España muy tensionadas los precios dejarán de subir a doble dígito”, pero “el mercado no se está cayendo”. 

María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, cree que “hay que hablar más de enfriamiento que de contracción”. “La magnitud de esa tendencia descendente dependerá en gran medida de la guerra, por sus efectos sobre los tipos de interés y la incertidumbre”, aporta, y coincide con Talavera en que para ver una caída de precios debería existir una recesión económica que es poco probable, a no ser que la guerra tenga un impacto económico mayor del esperado.

El último informe de CaixaBank Research, del pasado día 28, se muestra “sorprendido al alza” con la subida de precios de la vivienda libre y alerta de que “a pesar del avance de los visados de obra nueva, la producción efectiva sigue siendo insuficiente para absorber la intensa creación de hogares”. 

Los alquileres, mientras tanto, siguen subiendo de manera desenfrenada, aunque algo menos que en los últimos meses y con la excepción de Navarra, donde el tope que aplica su gobierno autonómico permitió una bajada del 7% en un año. Sobre el efecto que este enfriamiento de la compraventa pueda tener en los precios del alquiler, Montalvo es pesimista: “La gente que no va a comprar, seguirá necesitando una vivienda y se irá al alquiler, porque se siguen creando hogares. Como no hay oferta, el precio puede subir aún más”. 

Si la compraventa subió porque el alquiler era inaccesible y eso también provocó que los jóvenes se sirvieran de ayudas de los padres para las entradas con récords de donaciones, ahora es la compraventa la que parece expulsarlos del mercado de nuevo. Un bucle infinito que, mientras no se construya vivienda pública, nunca da como resultado una vivienda barata o al menos asequible.

La crisis de la vivienda en ciudades como Barcelona ha obligado a supervisar con lupa, año tras año, la subida del precio de los alquileres —ahora frenada por la regulación—, y de la compraventa de pisos. Pero hay una cara oculta del mismo mercado inmobiliario, el de la compra de edificios residenciales enteros, que mueve cientos de millones de euros al año y que impacta también en la vida de los barceloneses. 

Desde 2019, el Ayuntamiento de Barcelona ha registrado hasta 1.290 operaciones de compraventa de fincas con viviendas. Los traspasos se concentran sobre todo en el Eixample y Ciutat Vella, y la mitad de ellos afectan a inmuebles que contaban con inquilinos a la hora de comunicar el cambio de manos. 

La radiografía, calle a calle, de la compraventa de fincas en la capital catalana, desvelada por elDiario.es tras una petición de Transparencia que se ha alargado casi un año, procede de las notificaciones que recibe el Ayuntamiento de Barcelona cada vez que se acuerda una operación de este tipo entre privados en la ciudad. Los protagonistas del negocio suelen ser empresas que van desde fondos de inversión a inmobiliarias o sociedades patrimoniales. 

Antes de traspasar cualquier edificio residencial en Barcelona, el vendedor debe comunicarlo al consistorio que, por normativa, desde 2018, tiene preferencia en la adquisición del inmueble por el mismo precio. Es lo que se conoce como derecho de tanteo y retracto, regulado para todas estas operaciones en la capital catalana al final del primer mandato de Ada Colau.  

Esta fórmula permite al Ayuntamiento comprar por la vía rápida edificios para destinarlos a vivienda pública —lo ha hecho en 31 ocasiones desde 2019—, pero también tomar el pulso de la inversión residencial en una codiciada urbe como Barcelona. Un mercado del que poco conocen los barceloneses, salvo cuando llega a sus oídos por las protestas de aquellos inquilinos que ven cómo su nuevo casero les quiere echar. 

La lucha contra los colivings, encabezada por el profesor Txema Escorsa del Sindicato de Inquilinas, tiene su origen en la compra de su edificio en la calle Sant Agustí, en Gràcia. Según los datos obtenidos por este diario, el fondo NAD adquirió la finca —con 11 viviendas, seis de ellas todavía ocupadas— por 3,11 millones de euros. La casa de Rosario en el Eixample, convertida posteriormente en una “residencia de estudiantes encubierta”, fue comprada por Vandor a Renta Corporación por 4,55 millones.

Menos operaciones, la mayoría en el centro

Entre todas las comunicaciones de compraventas recibidas por el Ayuntamiento, la cifra inversora ascendería en siete años a 3.798 millones de euros, con un alcance de 9.870 viviendas (el 52% de ellas, con uno o más inquilinos).

Sin embargo, ese volumen total podría ser inferior. Fuentes municipales precisan que de todas las notificaciones que reciben, que corresponden a acuerdos de traspaso, algunas puede que no se lleguen a consumar al echarse atrás el inversor^*. 

Desde 2019, la cifra de traspasos notificados ha oscilado entre los 148 del año 2020, en pandemia, y el récord de 217 en 2024. Lo más destacado es el descenso registrado en 2025, una caída de un 31% en un solo año. 

El Gobierno municipal atribuye esta reducción a que las políticas de vivienda de los últimos años hacen cada vez menos rentable la gran inversión residencial en la ciudad, que vinculan con la especulación inmobiliaria. Los límites del precio del alquiler o la regulación de los arrendamientos de temporada “desincentivan” estas operaciones, afirman.

Por contra, resulta llamativo también cómo el volumen se ha mantenido estable hasta hace poco a pesar de la aprobación en 2018 de otra polémica medida, que el sector aseguró que paralizaría las inversiones: la obligación de destinar el 30% de pisos a vivienda social en nuevas promociones pero también en las grandes rehabilitaciones de fincas enteras. 

La mayor porción del pastel inmobiliario está, como era de esperar, en los dos distritos más céntricos de Barcelona: Eixample y Ciutat Vella, con 392 ventas tramitadas, se llevan un tercio de las operaciones. Esto no se debe solo a que algunos de sus barrios están entre los más caros de la ciudad, o a que el Eixample por ejemplo es el que tiene más población, sino también a que concentran más inmuebles de propiedad vertical —es decir, que no se han llegado a separar y vender por viviendas—. 

Por barrios, los que salen destacados en la foto son Gràcia (91) y el Raval (88), núcleos —sobre todo este último— en el que han trascendido en los últimos años numerosos ejemplos de expulsión de vecinos y especulación. El 8% de todas las viviendas de la ciudad que se traspasan —o así se comunica al consistorio— por esta vía pertenecen a este barrio de renta baja. 

Algunas zonas resaltan también por el porcentaje de pisos con inquilinos que pasan de manos. Descartados los que tienen poco mercado (menos de diez ventas en siete años), aparecen por encima del 70% de ocupación Poble-sec, Horta, Sant Antoni o El Putxet.

De las ventas más caras a las más polémicas

La operación más cara de la última década en Barcelona no aparece en los registros, porque se produjo este 2026: la inmobiliaria de CaixaBank compró el enorme Edificio Estel, alquilado por AstraZeneca, por 385 millones. Lo que sí sale es cómo el viejo y destartalado inmueble de Telefónica fue adquirido por 120 millones por las inversoras Freo y Brain Capital, que posteriormente se lo vendieron a la entidad financiera. 

Las cifras más abultadas corresponden a edificios patrimoniales, donde hay más oficinas y comercios que vivienda, como el récord de 169 millones por el antiguo Corte Inglés de Portal del Àngel, conocida por ser la calle más cara de España. Ahí están en el top 10 el Palau Marcet (Passeig de Gràcia, 13; 68,3 millones), comprado por el fondo Stoneweg para albergar el Museo Thyssen; y la Casa Heribert Pons (Rambla de Catalunya, 19-21; 36,8 millones), adquirido por Núñez i Navarro y alquilado a la Conselleria de Economía de la Generalitat. 

Las ventas más costosas conocidas por el Ayuntamiento también incluyen complejos residenciales de alto standing, para estrenar y con decenas o cientos de pisos. Dos de ellos están en la zona de crecimiento urbanístico de Zona Franca. El tercero más caro, el de Rambla Guipúzcoa (98 millones), comunicó oficialmente tener diez viviendas, pero en realidad se trata un conjunto de inmuebles de varias plantas de altura. 

En este sentido, el número de viviendas y su ocupación incide de forma decisiva en el precio. La transacción comunicada con más pisos en liza fue Avinguda Diagonal 61-79, con 181 hogares, todos ellos por entrar a vivir.

El detalle de estas grandes ventas, que incluye precios y direcciones, deja, sin embargo, un hueco por rellenar. Al menos, en cuanto a los datos que recoge el Ayuntamiento: se trata de sus protagonistas. Con la ordenanza de tanteo y retracto, el consistorio ha anotado desde 2019 el nombre de cada empresa vendedora, pero no el de la compradora. 

Fuentes municipales argumentan que la normativa municipal no les obliga a registrarlo, aunque en 2024 y sobre todo 2025 empezaron a hacerlo (no sistemáticamente). Esos primeros datos permiten constatar algunas empresas con más de una adquisición ese último año: las que más, tres, fueron Calagran SAU y Second House SL. 

Lejos del mercado más lujoso, firmas como la propia Second House SL figuran por sus adquisiciones en el punto de mira de los movimientos de defensa de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas de Catalunya denunció la compra “especulativa” de tres edificios por parte de esta firma, a la que acusó de practicar el método flipping, que consiste en comprar una finca, expulsar a los residentes y vender los pisos por separado para sacar beneficio. 

El inmueble de la calle Cortines, 10, les costó 1,5 millones. El de Tapioles, 15, 2,28 millones. Y el de Salou, 7, lo compraron por 900.000 euros. En este último, con siete viviendas, la nueva propiedad puso a la venta un solo piso sin reformar por 295.000 euros, según los vecinos. Tras dos años de lucha, los inquilinos lograron renovar el contrato de alquiler. 

Pero si se trata de conflictos vecinales, ninguno como Casa Orsola, símbolo contra la gentrificación en el Eixample. También fue ofrecido al Ayuntamiento para comprarlo en su día, cuando Lioness Investments se lo quedó por 6 millones en 2021. Tres años después, apremiado por las protestas, el consistorio lo acabó adquiriendo por la vía directa por 9 millones. 

31 compras municipales en siete años

En medio de la jungla inversora, el Ayuntamiento barcelonés ha optado por intervenir en 31 de los cientos de ventas que le han comunicado. Esto es, ha ejercido la compra preferente en el 2,4% de los ofrecimientos por un montante total de 108,2 millones de euros. 

Tras poner en marcha Colau la normativa, en 2018, los primeros años apenas se utilizó. Tras la pandemia, 2021 y 2022 fueron los ejercicios de mayor actividad de tanteo. El consistorio compró catorce y siete edificios, respectivamente, el 7% y el 4% del total de operaciones planteadas en la ciudad esos ejercicios. 

Los Comuns siempre defendieron el tanteo y retracto como una de las herramientas para complementar el crecimiento del parque de vivienda pública, cuyo aumento se apuesta sobre todo a la nueva construcción. Tras la llegada de Jaume Collboni al Gobierno municipal, este tipo de compras preferentes cayeron a ocho en tres años.

Desde el Gobierno municipal, que se fijan llegar al 15% de vivienda asequible en la ciudad en 20 años (como la Generalitat para toda Catalunya), aseguran que siguen siendo partidarios del tanteo y retracto en algunos casos. Pero de entrada atribuyen las cifras más elevadas de 2021 y 2022 a que los ayuntamientos contaron esos años con la suspensión de las reglas fiscales debido a la pandemia y Barcelona pudo destinar más superávit a comprar vivienda. 

Los responsables de vivienda del Gobierno socialista aseguran que se plantean aplicar las compras preferentes solo cuando son a precio de mercado —o por debajo— y si las viviendas están vacías, para poder dar salida a las solicitudes de la bolsa de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Con todo, también aseguran que valoran adquirir las fincas que potenciales víctimas de especulación (cuando ven que están ocupadas y estiman una rentabilidad que apunta a la expulsión de los vecinos). 

Esto último ya ha ocurrido. Colau compró varias, entre ellas, por ejemplo, el edificio de la calle Hospital 99, propiedad de Blackstone, en el que vivían familias vulnerables. Costó 2,1 millones. De Collboni, una de las compras más llamativas ha sido la de Diputació, 345, que ha pasado de tener pisos turísticos a vivienda pública joven. 

A la foto del tanteo y retracto hay que añadirle, finalmente, la que ha empezado a ejercer la Generalitat, que también afecta a Barcelona. Sin ir más lejos, los pisos adquiridos al fondo buitre Divarian, que en la capital catalana son 487 (la mayoría con familias vulnerables como inquilinas). O las que corresponden también a la ciudad de los 2.000 hogares comprados por la Administración catalana a InmoCaixa. 

* En algunos casos, aparecen en dos fechas distintas comunicaciones de compraventa que corresponden a la misma finca y al mismo vendedor. Fuentes municipales apuntan a que se trataría de operaciones que no se llegaron a formalizar finalmente pese al acuerdo de traspaso entre las partes

El futbolista argentino Leo Messi ha adquirido las antiguas galerías Via Wagner, situadas en el Turó Park de Barcelona, por 11,5 millones de euros.

La operación llega después de que se anunciara la compra del UE Cornellà, un club de la quinta categoría del fútbol español, también por parte del astro argentino, que aumenta así sus inversiones en Barcelona y su área metropolitana.

Según ha informado el vendedor de este activo, el private office de Alejandro Alcaraz, Santomera Bay, la compra se ha llevado a cabo a través de la socimi Edificio Rostower, propiedad del futbolista.

Las antiguas galerías Via Wagner permanecían cerradas desde 1993 debido a la existencia de 87 locales con propietarios y aspiraciones divergentes.

Con Leo Messi como nuevo propietario, ahora se acometerá una reforma integral del edificio, de 4.000 metros cuadrados, que posteriormente se destinará al mercado de alquiler de oficinas.

“El proyecto suscita en estos momentos el interés de varios operadores tier 1 del ámbito financiero como potenciales ocupantes, si bien aún no se ha cerrado quién ocupará finalmente el activo”, asegura la sociedad vendedora.

Santomera Bay adquirió el edificio en 2025, un activo que “había despertado el interés de los principales family offices e inversores institucionales, así como de múltiples operadores, por su enclave y valor patrimonial, siendo finalmente Edificio Rostower socimi quien se ha adjudicado el proyecto”, añade esta sociedad.

La socimi de Leo Messi es propietaria de MiM Hotels, marca que agrupa establecimientos hoteleros situados en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra, todos ellos operados por Meliá Hotels International, así como de los restaurantes Hincha, gestionados por el prestigioso chef Nandu Jubany.

“Cuando un inversor de la dimensión y el reconocimiento global de Leo Messi elige Barcelona, envía una señal al mercado internacional que sitúa a la ciudad en el foco de los grandes inversores institucionales y refuerza su posición como capital europea de referencia para la inversión inmobiliaria de alto valor”, subraya también Santomera Bay

CaixaBank, uno de los mayores tenedores inmobiliarios de España, sobre todo por los activos procedentes de ejecuciones inmobiliarias, está completando con éxito su desinversión en vivienda y ha reducido un 27% sus activos en solo dos años. Si en 2023 contaba con 651 millones de activos en construcciones terminadas en España, al término del año 2025 su valor era de 465 millones, según datos de sus memorias anuales. En esta cartera se encuentra la de vivienda, con un total de 385 millones, 142 millones menos que el año anterior, esto es, un 26,9% menos.

El total de activos inmobiliarios incluye los procedentes de financiaciones destinadas a la construcción y promoción inmobiliarias, construcciones no terminadas adquiridas, suelo y bienes procedentes de financiaciones hipotecarias a hogares para la adquisición de vivienda. Con esta reducción, CaixaBank ha aligerado sus activos de los 4.118 millones en 2023 a los 3.006 al cierre de 2025, también un 27%, con una reducción en todas las categorías mencionadas.

La mayoría de bienes inmuebles de CaixaBank no proceden de un afán inversor ejecutado por el holding CriteriaCaixa, que también está abandonando el inmobiliario para migrar a sectores productivos. Su origen está más bien en las regularizaciones de actividad crediticia, ya sea por subastas, adquisiciones con subrogación y cancelación de deuda a particulares y empresas inmobiliarias o adjudicaciones por vía concursal.

La operación salida del sector no está tan clara

Existe una creencia en el sector de que los fondos de inversión están saliendo del inmobiliario y se han cerrado ventas mediáticas, como la de 1.050 millones de Blackstone a Brookfield por 5.000 viviendas de alquiler, entre ellas, las de protección oficial que vendió en su día el Gobierno autonómico de Ana Botella. Pero no está claro que esté siendo así del todo.

Esta última operación inmobiliaria sigue dejando a un fondo a cargo de un gran paquete de edificios, a diferencia de las ventas fragmentadas, que irían a particulares. Además, la inversión inmobiliaria creció un 93% en el primer trimestre del año hasta alcanzar los 6.300 millones de euros, según un estudio de la consultora especializada CBRE, y sin incluir aún la venta de Blackstone, que se cerró en la junta de accionistas de Fidere (que gestiona su cartera en España) el pasado martes.

Los inversores nacionales concentran el 50% de la actividad, seguidos de los canadienses con un 12% y los estadounidenses con un 11%. El 36% de la inversión, 2.250 millones, fue destinada a vivienda de alquiler, residencias de estudiantes y el denominado flex living, fórmulas estas últimas que sirven para aumentar la rentabilidad y esquivar las normativas de vivienda y que crecen de manera más pronunciada que la inversión en viviendas de alquiler.

En el caso del grupo bajo el amparo de la Fundación La Caixa, tanto por su brazo inversor Criteria como por el banco CaixaBank, sí que se está dando una salida del sector, por el cumplimiento de un ciclo de rentabilidad, pero también porque nunca fue un negocio estratégico en el caso del banco.

Criteria y la venta al Govern

En el caso de la inmobiliaria de CriteriaCaixa, InmoCaixa, ha vendido en pocos años prácticamente toda su cartera de vivienda en España, que alcanzaba alrededor de 4.000 pisos de alquiler a precio de mercado y sobre todo de protección oficial, informa Pau Rodríguez. Su principal comprador ha sido la Generalitat. Cuando cierren todas las adquisiciones que han anunciado ya, el Govern de Salvador Illa habrá adquirido la mitad de ellos, poco más de 2.000, todos los que tenía la filial bancaria en Catalunya, en la voluntad del Ejecutivo de ampliar el parque residencial público en los próximos años. 

La inmobiliaria de Criteria, InmoCaixa, asegura que ha priorizado la venta a los propios inquilinos de sus viviendas y a las administraciones locales y autonómicas. Ahora, tal como ya informaron, se centran en adquirir activos a los que puedan sacar mayor rentabilidad y revalorización. Es el caso principalmente de las oficinas. En este capítulo, la compra más sonada es de este 2026, la del Edificio Estel en el Eixample de Barcelona por 385 millones de euros, con la farmacéutica sueco-británica Astrazeneca como principal inquilina. 

La desinversión inmobiliaria ha generado también conflictos con algunos inquilinos de InmoCaixa que han acusado en los últimos años a la entidad de querer vender decenas de viviendas de que eran VPO (protección oficial) al entrar al mercado libre. Varias de las 38 promociones de protección oficial en Catalunya iniciaron una huelga en señal de protesta. También en Madrid se unieron numerosos arrendatarios para denunciar que la entidad les estaba desahuciando.