Viviendas ficticias, empresas pantalla y fuga a Colombia: así se fraguó la mayor estafa inmobiliaria de Mallorca

Se parapetaron tras una enmarañada red de empresas pantalla, simulaban ser promotores de experiencia consolidada y gran solvencia y convencían a los potenciales compradores, a través de las más variadas artimañas, para que les entregasen a cuenta decenas de miles de euros –en algunos casos, más de 90.000– para adquirir una vivienda que jamás recibirían. Para cuando los perjudicados comenzaron a sospechar, los integrantes del grupo criminal ya se habían deshecho de todos sus activos patrimoniales, habían dilapidado en restaurantes de lujo, coches de alta gama, servicios de compañía, casinos y hoteles todo el dinero defraudado, y el principal cabecilla de la trama se había fugado a Colombia.

Fue el modus operandi con el que se fraguó y culminó la mayor estafa inmobiliaria llevada a cabo en Mallorca. Hasta 3,3 millones de euros de centenares de víctimas invertidos en 32 promociones ficticias dispersadas a lo largo y ancho de la isla acabaron en las cuentas de los siete miembros que, según los investigadores, conformaban el entramado delictivo encabezado por Carlos García Roldán, más conocido como 'Charly', quien, en prisión preventiva en la actualidad, acabó huyendo al país sudamericano y fue finalmente extraditado a España para ser encausado por estos hechos.

Mientras tanto, los ahorros invertidos por los damnificados, varios de ellos ya jubilados, cayeron en saco roto, al igual que los préstamos que muchos solicitaron para pagar la entrada “de lo que se suponía que sería la casa de nuestros sueños o, al menos, si no de nuestros sueños sí una vivienda digna en la que criar a nuestros hijos”, como manifestaron en su día varios de los al menos 235 afectados en un comunicado conjunto. Los estafados aseguraron haber visto “arruinada” su vida y se preguntaban cómo “después de la oleada de estafas inmobiliarias que se produjeron con el boom de la construcción, a día de hoy siguen pasando estas cosas”.

Las presiones llegaron a tal punto que, en marzo de 2018, el cerebro de la trama acabó tomando una decisión clave: modificar su apariencia física y fugarse a Colombia

Esta semana, la justicia ha dado el primer paso para que 'Charly' y el resto de investigados en el conocido como 'caso Lujo Casa' se sienten en el banquillo de los acusados para responder por presuntos delitos continuados de estafa agravada, pertenencia a organización criminal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y falsedad.

Todo comenzó cuando, a finales de 2015, García Roldán creó, con la intención de poner en marcha la maquinaria criminal que tenía en mente, la empresa Lujo Casa. Junto a otro de los acusados, Pablo Luciano Suárez, convenció al hermano de éste, Juan Carlos –más adelante sustituido por otro de los inculpados, Juan Antonio Boza–, para que ejerciese de testaferro y figurase como administrador de la sociedad, habida cuenta de que necesitaban a una persona que no tuviera deudas pendientes con Hacienda y la Seguridad Social.

“Radicalmente insolvente”, sin fondos propios, recursos o financiación externa. La inmobiliaria fue constituida únicamente con la aportación de un todoterreno valorado en 6.000 euros propiedad de uno de los acusados y que en ningún momento llegó a ser puesto a nombre de la empresa, el siguiente paso de los integrantes de la organización fue el de alquilar una oficina dedicada a la construcción y comercialización de viviendas mediante plano, dando inicio así a una de las mayores estafas económicas perpetradas en Baleares, nunca ajena a los desmanes y a la especulación inmobiliaria.

Fotografías de promociones ajenas

Atraídos por las imágenes publicitadas por Lujo Casa y Mallorca Investment, otra de las mercantiles instrumentales de la trama, los compradores, en la mayoría de los casos, desconocían si estaban adquiriendo viviendas de una u otra empresa. Tan solo habían seguido el rastro de unas fotografías que en realidad pertenecían a promociones ajenas o habían sido extraídas de Internet para después verse embaucados por la confianza proporcionada por García Roldán y sus colaboradores.

Y es que, a tal fin, a las oficinas de Lujo Casa se incorporaron comerciales, secretarias, administrativos y otros profesionales como el arquitecto Bruno Freire –cuya presencia en la trama, según los investigadores, acrecentó la apariencia de profesionalidad de la empresa y contribuyó a la consumación del engaño al aportar a los compradores planos y proyectos elaborados por él mismo– o el constructor José Antonio Mir, quien, ante las posteriores reclamaciones de los clientes, habría intentado tranquilizarlos y convencerlos de que no denunciaran porque 'Charly' estaba buscando financiación para llevar a cabo la construcción de las viviendas.

La realidad, sin embargo, era otra: ni siquiera existían licencias concedidas, por lo que ninguna ejecución de obra podía llevarse a cabo. Sí fue habitual, en cambio, presentar un proyecto básico con el objetivo de poder limpiar el terreno donde supuestamente iban a levantarse las edificaciones y colocar una caseta de obras que otorgara credibilidad a los proyectos. Mientras tanto, los compradores fueron entregando cantidades a cuenta en la creencia de que estaban realizando contratos de reserva o de opción de compraventa de inmuebles de próxima construcción y sin poder tener conocimiento alguno de que el dinero abonado por adelantado nunca sería destinado a la vivienda adquirida: la viabilidad de las promociones era completamente nula.

Ante las sospechas que comenzaron a aflorar entre los perjudicados, el entramado inició una carrera a contrarreloj con el objetivo de ocultar el destino de los fondos y deshacerse de todo activo patrimonial contra el que las víctimas pudieran dirigirse. Mientras, a su vez, destinaban pagos en B a adquirir los solares de las promociones previamente vendidas y a despilfarrar más de 700.000 euros en el Casino de Mallorca y otras ingentes cantidades en servicios de compañía, restaurantes de lujo, hoteles y bares de copas, además de retribuir a los integrantes del grupo criminal mediante transferencias y desembolsos en efectivo.

Tras más de dos años y hastiados de ser derivados a unos y otros y de evasivas en forma de problemas con las licencias, con los Ayuntamientos y con los bancos, los compradores comenzaron a irrumpir en las oficinas de Lujo Casa para exigir explicaciones y anunciar que acudirían a los tribunales. Los investigados tuvieron la pretensión de disuadirlos asegurándoles que una denuncia ante la Justicia dificultaría que las promociones saliesen finalmente adelante o que los afectados pudiesen recuperar su dinero.

Las presiones llegaron a tal punto que, en marzo de 2018, el cerebro de la trama acabó tomando una decisión clave: modificar su apariencia física y fugarse a Colombia, no sin antes haber transferido numerosas cantidades a terceras personas vinculadas a él que, desde Ecuador, le habrían ayudado a preparar y efectuar su huida. Allí permaneció hasta que acabó detenido en febrero de 2019 y extraditado un año después. Desde entonces, García Roldán se encuentra encarcelado de forma preventiva en el centro penitenciario de Palma.

“Desamparados” ante la Ley

Los perjudicados, muchos de los cuales prefieren no hacer declaraciones hasta que el juicio por estos hechos se celebre, recriminan en un comunicado no solo haber sido “arruinados” por un “señor que no tuvo escrúpulos en llevarse el dinero de familias con hijos, de recientes divorciados y jubilados” –“todos confiábamos en que al hacer el pago por transferencia a una cuenta de promociones inmobiliarias Lujo Casa nuestro dinero estaba protegido”, aseguran–. Lamentan, además, haberse visto desamparados ante la Ley tras la derogación de la normativa 57/1968, que, sostienen, “brindaba cierta protección” al comprador sobre planos.

Tras la derogación de esta Ley, entró en vigor la 20/2015, de 14 de julio, relativa a la ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que delimita el momento exacto –la obtención de la licencia de obra– a partir del cual el promotor está obligado a devolver, mediante seguro de caución o aval solidario, las cantidades anticipadas por los compradores, además de reducir a dos años el plazo de prescripción para ejercitar las acciones de reclamación de los pagos abonados a cuenta.

Se trata de un asunto que ha generado no pocas contradicciones entre los tribunales que se han visto abocados a arrojar luz al respecto. Mientras algunos de ellos –incluido el Tribunal Supremo– consideran que el plazo debe fijarse en cinco años al sostén de lo establecido en la actualidad por el Código Civil –hasta 2015, el artículo 1964 de este Código lo establecía en 15 años–, otros lo estipulan en dos al amparo de lo contemplado por la Ley 50/1980 del Contrato de Seguro.

Las disposiciones legislativas desarrolladas en esta materia será solo uno de los ejes sobre los que girará el juicio que previsiblemente sentará en el banquillo a los supuestos autores de la mayor estafa inmobiliaria de Mallorca, quienes, después de que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, Esther Domene, dictase esta semana auto de procesamiento contra todos ellos, deberán asegurar las responsabilidades económicas que puedan derivarse de esta causa mediante el pago de una fianza conjunta de 4,3 millones de euros.