Un incendio provocado por dos condenados y varios concursos fallidos alargan la agonía de la Justicia en Ibiza

La madrugada del 21 de enero de 2019, las llamas empezaron a expandirse en el número 4 de la calle Isidor Macabich de Vila. El fuego, provocado por dos hombres a los que les cayeron, por cabeza, cuatro años y un día de cárcel, trepó por la fachada de los antiguos juzgados mientras los cuerpos de emergencias se desplazaban a toda prisa al corazón de la ciudad. Así se quedó Eivissa sin la sede judicial que había levantado en 1981. Ahora hace seis años del suceso que precipitó la compleja reorganización de la Justicia que arrastra la isla. Desde esa madrugada en que F.F.F. y J.C.V., el mayor de 'los hermanos Cazorla' –condenados por varios robos en Balears y acusados de otros delitos–, provocaron que el fuego calcinara parcialmente las plantas segunda y tercera del edificio, que permanece vacío desde entonces y simboliza el punto de partida de una mudanza precipitada. Se perdieron, además, incontables expedientes judiciales, lo que ha provocado demoras de hasta dos años en los procedimientos.

A finales de ese mismo año, el 2 de diciembre, se inauguró la nueva sede judicial en una jornada que el entonces juez decano, Juan Carlos Torres, bautizó como “histórica”. El martes siguiente, la vida arrancaba en el edificio recién estrenado de la plaza de Sa Graduada, que puso rápido en marcha sus engranajes. Desde entonces, se concentran allí los juzgados de instrucción, los penales, el decanato penal, el Instituto de Medicina Legal y Forense, la Oficina de Asistencia a las Víctimas, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la Fiscalía y el juzgado de lo social. Es, sobre el papel, el núcleo principal de la actividad judicial en la isla.

Pero las funciones judiciales se reparten entre esta sede y el edificio Cetis, donde se mantienen los seis juzgados de instancia, el Registro Civil, el decanato civil y el Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución. Denominaciones que se transformarán a medida que entre en vigor la reforma judicial recientemente aprobada. La repartición ha causado desesperación entre jueces, abogados y demás trabajadores de la Justicia. En 2021, la ministra de Justicia por entonces, Pilar Llop, visitó la isla y avisó de que la dispersión de las sedes provocaría “serias disfunciones”, algo que se ha ido haciendo palpable a lo largo de los años.

Un presupuesto inicial de 16 millones

El retraso de la nueva sede no es nuevo, sino que arrastra casi una década de burocracia y promesas incumplidas por parte de la Administración. El proyecto comenzó a tomar forma en octubre de 2015, cuando la entonces subsecretaria del Ministerio de Justicia, Áurea Roldán, anunció la construcción del edificio en el emplazamiento de la antigua escuela de Sa Graduada. 

La presentación llegó acompañada de un presupuesto de 16 millones de euros y de una explicación que auguraba futuras demoras. La obra –compartió Roldán– se dividiría en dos fases “por motivos presupuestarios”. Así lo detallaba también la memoria justificativa del Ministerio, publicada tres años atrás para reactivar la segunda fase del proyecto, la misma que actualmente sigue sin ejecutarse.

La dimensión del proyecto planteado era considerable: una sede de 12.251 metros cuadrados pensada para unificar todos los juzgados. De ellos, 8.173 metros ya están terminados y en uso desde hace años. Esa primera fase, la única culminada, se inauguró en diciembre de 2019 y permitió trasladar parte de la actividad judicial al nuevo edificio. El resto, los 4.000 metros cuadrados pendientes, que incluyen espacios esenciales como las áreas de reserva y servicios complementarios, siguen esperando a que se complete una obra anunciada hace casi diez años y que continúa lejos de materializarse.

La obra, prevista para 2028

La empresa Santatecla Arquitectos S.L, adjudicataria de la redacción y dirección del proyecto, entregó su trabajo el pasado enero de 2024, después de haber sido escogida en el proceso de licitación. Posteriormente, se sacó a concurso el proyecto de ejecución de las obras y, aunque varias constructoras mostraron interés por hacerse con el contrato e incluso visitaron el edificio para evaluar la complejidad de la obra pendiente, solo llegó hasta el final del proceso la empresa valenciana Vilor Infraestructuras. La compañía fue la única en presentar una oferta formal para completar los trabajos, que ha vuelto a salir a concurso. 

La propuesta de Vilor quedó descartada de inmediato. La empresa había planteado un presupuesto de 6,85 millones de euros, una cifra que superaba el límite fijado por el Ministerio –5,99 millones sin impuestos– y que, por tanto, implicaba su exclusión automática de la licitación. Con su caída, el proyecto volvió a quedar en punto muerto. Ahora, la Secretaría de Estado de Justicia ha vuelto a sacar a concurso las obras de acondicionamiento de la conocida como ‘zona de reserva’ del nuevo edificio judicial. 

El proyecto, valorado en 8,63 millones de euros, busca completar esta segunda fase que acumula casi tres años de retraso. El contrato, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevé un plazo de obra de 20 meses que desde la unidad Territorial de Justicia en la isla estimaron, en un principio, que se podrían reducir a 15. Una promesa que cada vez parece menos factible.

Fuentes judiciales consultadas por elDiario.es han advertido que, con este nuevo retraso, es imposible que el edificio pueda darse por finalizado antes de 2028. De hecho, aún están pendientes de acondicionarse 4.078 metros cuadrados del inmueble judicial. Hasta hoy, han coexistido –y seguirán coexistiendo, por el momento– las dos sedes judiciales y se han mantenido externalizados servicios que deberían estar integrados en el nuevo inmueble, con el sobrecoste que ello implica.

Hasta mínimo 2028 seguirán coexistiendo las dos sedes judiciales y se mantendrán externalizados servicios que deberían estar integrados en el nuevo inmueble, con el sobrecoste que ello implica

Un alquiler de 600.000 euros anuales

Solo el alquiler del espacio en el edificio Cetis, donde se ubican los seis juzgados de la jurisdicción civil, supone cada año cientos de miles de euros para el Estado. Por otro lado, la Secretaría de Estado ha elevado 1,4 millones de euros en este segundo concurso para licitar la ejecución de las obras (después de que la otra convocatoria quedara desierta) para que las empresas estén interesadas en presentar sus ofertas.

Por ahora, la situación implica seguir prorrogando el contrato de alquiler en el Cetis, propiedad de la empresa de transporte público Sagalés, que también hace uso de parte de las instalaciones. El sobrecoste ronda los 600.000 euros anuales, señalan las mismas fuentes judiciales consultadas. ElDiario.es ha intentado ponerse en contacto con el Ministerio de Justicia para acceder a este contrato por vía telefónica y por correo electrónico, sin haber obtenido respuesta sobre este asunto concreto en el momento en que se publica este artículo. 

Cuando nació hace casi una década el proyecto de la nueva sede judicial lo hizo con una previsión muy distinta a la actual: sin augurar las interminables dilaciones en el proceso de obra. El Ministerio fijó agosto de 2020 como fecha tope para la inauguración completa del edificio y, aún a día de hoy, solo se puede dar uso a dos tercios del complejo y la finalización del conjunto se continúa aplazando sin fecha de fin. Pero el Gobierno ya ha adelantado que, en efecto, los trabajos no comenzarán hasta, mínimo, mediados del próximo 2027.

Con esto, la Justicia ibicenca lleva, en total, ocho años funcionando con un edificio parcialmente ejecutado, lo que ha generado perjuicios a la ciudadanía, como ya vaticinó Llop durante su visita. La problemática ha afectado sobre todo a servicios esenciales, como por ejemplo, en el funcionamiento de los equipos forenses, que han tenido que trabajar durante años en instalaciones cedidas por la empresa Pompas Fúnebres, ofrecidas de manera gratuita, según informaciones publicadas por Diario de Ibiza. Es otra de las evidencias que se suma a la urgencia de completar cuanto antes la sede judicial.