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Esperanza Aguirre, la ideóloga de un modelo sanitario que hace negocio
El PP usa el “sentido común” para disfrazar su renovado negacionismo climático
OPINIÓN | 'Privatizacionitis sanitaria: causas, síntomas, tratamiento', por Isaac Rosa

Nos va la vida en defender lo público

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la expresidenta, Esperanza Aguirre, en la inauguración de su retrato institucional. (Archivo)

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El ruido inherente a los casos de corrupción dentro del PSOE y el berrinche continuo e impostado de las derechas españolas, que llevan clamando desde hace años que vivimos en la dictadura sanchista, nos deja escasos tiempo y atención para hablar del hecho más grave que sucede hoy en España y en Europa: el deterioro provocado e incesante del Estado de bienestar. Ha sido el modelo social europeo durante décadas y nos ha permitido niveles de progreso y prosperidad inimaginables para una gran mayoría de los que convivimos en este espacio común. 

El último escándalo en la sanidad madrileña deja en evidencia, por boca de uno de los directivos de Ribera Salud, el plan de las administraciones del PP para deteriorar todo lo público y transferir el dinero de todos a empresas e instituciones privadas en un entramado de intereses que hipoteca el futuro de los españoles. En la misma línea de traspaso de recursos públicos al bolsillo de grupos privados se encuentran los acuerdos de la Comunidad de Madrid y Quirón. El Gobierno de Ayuso ha pagado a los hospitales del grupo en el que comisiona su pareja el doble de lo presupuestado en cuatro años: de 2.543 millones iniciales la suma de pagos roza los 5.000 millones de 2021 a 2024. 

Es una sucesión de casos que forman parte de un único plan: la privatización de lo que antes era de todos. El caso de los cribados de los hospitales andaluces, las excesivas listas de espera por carencia de medios materiales y humanos que, además, se inflan para cuadrar los beneficios empresariales; la precariedad de muchos trabajadores públicos esenciales como sanitarios o bomberos forestales; el avance de la privatización de la enseñanza, ahogando a las universidades públicas y favoreciendo la proliferación centros privados que no cumplen los requisitos de calidad y acceso igualitario; la falta de vivienda pública y la mercantilización codiciosa de un bien de primera necesidad para llevar una vida digna son cuestiones que forman parte del mismo y gravísimo problema: el derrumbe del Estado del Bienestar, esencial para vivir en una democracia real con igualdad de oportunidades. 

Los políticos de derecha acompañan el desmantelamiento efectivo de lo público con narrativas que disfrazan de libertad de mercado, meritocracia, guerra generacional, bajada de impuestos y luchas contra “los chiringuitos y las paguitas” el objetivo real: la privatización y el suculento negocio que se está haciendo con las concertaciones y las colaboraciones público-privadas. Sucede en España y en toda Europa. La consecuencia es un aumento insoportable de la desigualdad, con su chivo expiatorio correspondiente: el inmigrante. Mientras las multinacionales logran beneficios récord y multimillonarios como los tecnobros expanden una narrativa exitosa para no pagar impuestos y que su codicia no esté sometida a límite legal alguno.

El objetivo de la derecha ultraliberal es claro. Mientras tanto, izquierda, con una notable falta de ideas, se limita a intentar salvar los restos de lo que constituye el núcleo básico de las democracias europeas, el verdadero espíritu de la civilización que compartimos: los derechos, la igualdad y la justicia sociales que solo están garantizados si mantenemos el Estado del Bienestar. Ante la única obsesión mantenida por la derecha a lo largo del tiempo, bajar impuestos para hacer imposible un estado fuerte y preparado, la izquierda parece conformarse con parches que apenas salvan los muebles y alimentan el discurso de un estado asistencial para pobres y vagos. 

El ciudadano va olvidando, a merced del ruido y la furia, que su nivel de vida no solo depende de su esfuerzo individual sino también, y en buena parte, del esfuerzo colectivo, de los servicios públicos, de la seguridad de que hay sanidad y enseñanza públicas para nosotros y nuestros hijos, del sostén que nos hemos dado entre todos y que es el mayor avance civilizatorio del que, todavía, disfrutamos pero que corre un grave riesgo de desparecer. La izquierda debe acometer lo urgente, y hacerlo con una narrativa entusiasta y unas medidas reales valientes y eficaces. No se puede olvidar la paradoja de que la desigualdad y el desguace de lo público alimentan a la extrema derecha, y que será imposible reconstruir lo que hemos tardado tanto en levantar: una democracia real sostenida por el bienestar de todos sus ciudadanos. 

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