Perder una casa, pagar a la vez alquiler e hipoteca, sentir más distancia emocional en pareja. Sumirse en un pozo de desesperación y que ni el paso de los años o la ansiada reapertura de la línea 7B logren aliviar la herida. Desde que en 2011 aparecieron las primeras grietas en edificios de San Fernando de Henares, al este de la Comunidad de Madrid, el 90% de los vecinos que han sufrido las consecuencias sienten que su vida se ha quedado paralizada. Dos décadas después y con la ruta de Metro ya restablecida, el desastre aún es mayúsculo: 73 viviendas demolidas, más de 600 inmuebles afectados y unos 200 desalojos. Otra pregunta que subyace: ¿cómo golpea tanta incertidumbre en lo más pequeño y cotidiano?

“Para mí y mi familia es la experiencia más horrible de nuestras vidas”. Es el testimonio anónimo de una mujer del municipio, que tuvo que desplazar su domicilio a raíz de la construcción del Metro. “Rechazábamos la casa, mi hijo no quería estar allí. A mi marido y a mí nos alejó, y la relación de pareja ha salido resentida”, afirma. Su experiencia, y la de otros 168 entrevistados, se recogen en un informe elaborado por el Centro Sira. Esta es una organización especializada, entre otras cosas, en atención a víctimas de violencia política o violaciones de derechos humanos, que estudió el caso a instancias de una plataforma vecinal de afectados por las obras en la L7B.

El estudio, publicado en febrero, aborda el impacto emocional, social o económico entre los vecinos después de 20 años de inconvenientes. Las conclusiones son, en muchos casos, ligeramente uniformes. Cerca del 60% se ha sentido solo durante el proceso o confiesa haber tenido tensiones familiares y discusiones frecuentes por la nueva convivencia. Una cifra similar dice tener problemas para concentrarse con el ruido de las obras, no pudiendo ni siquiera leer en paz. Una travesía involuntaria que no parece dejar espacio a la normalidad de antes.

Luego está el factor económico: más del 86% menciona pérdidas en el valor de su vivienda, ubicadas sobre un terreno actualmente inestable y en obras, mientras que casi el 20% afirma seguir pagando la hipoteca aun no pudiendo disponer de su casa. Todo este ajetreo viene acompañado de más dificultades para dormir, dolores de cabeza, crisis de ansiedad o el consumo de medicación. En su día, la expresidenta Esperanza Aguirre fue quien aceleró la apertura de un nuevo tramo de Metro entre el municipio y Coslada. Era una promesa electoral que quería cerrar a tiempo para unos nuevos comicios, pero que nada más inaugurarse empezó a sufrir cierres intermitentes por un problema de filtraciones, que acabaron extendiéndose a las viviendas del entorno.

Las respuestas iban llegando a los vecinos de manera progresiva, pero se le exigían una reacción rápida al poco de notificarlas: “Recibes una carta en el buzón, lo lees y entras en pánico”, narra otra voz anónima incluida en el estudio. En este caso, le dieron 10 días para responder sin “tener antes la información suficiente”, y lo mismo ocurrió tiempo más tarde cuando intentaron desalojarla. Cuenta que apenas le dejaron tiempo para coger las cosas, e incluso después seguían exigiendo presupuestos, documentación bancaria o escrituras de la casa para cerrar el trámite. “Son condiciones abusivas y coercitivas. Te piden cosas que saben que no puedes dar y te exigen, bajo un marco legal, cosas que tú pelearías si tuvieras la asesoría necesaria”, intuye.

Me ofrecen 45.000 euros por daños morales después de derribar mi negocio de 30 años, en el que había invertido un dineral en reformas y donde tenía mi vida

Nieves — Vecina de San Fernando de Henares. Perdió su negocio hace cuatro años y medio

Este periódico ha podido hablar directamente con una de las vecinas que sí accede a dar su nombre. Se llama Nieves y hace cuatro años y medio desde que derribaron el edificio donde vivía su padre, de 90 años, y en el que ella misma instaló su negocio hace 30. Era una escuela de danza, bastante conocida en la zona, y también una de las primeras instalaciones en ser derribadas por las filtraciones. “Ver llorar a una persona tan mayor que ha perdido su casa es muy duro”, reconoce, refiriéndose a su padre. Él ahora vive de alquiler en otro piso, muy cerca del suyo, y recibe una compensación económica de la Comunidad de Madrid. Pero llegar hasta ese punto no ha sido fácil.

“Tuvimos que adelantar los primeros ocho meses de alquiler porque aún no se había resuelto la indemnización”, relata Nieves, que junto a sus dos hermanas y la pensión de su padre abonó la renta del nuevo piso y el sueldo de una trabajadora interna. En su caso particular, continúa pendiente de juicio después de rechazar la oferta final de la administración: “Solo 45.000 euros por daños morales, un negocio por el que un año antes invertí un dineral en reformas y todo mi lucro cesado”.

Según los datos registrados por hogares, más del 72% de participantes advirtieron problemas por grietas en sus viviendas. Otros declararon contra el ruido sostenido (un 83%) o los daños en puertas y ventanas (60%), además de contratiempos puntuales por las obras como cortes de luz, agua o gas. La mitad de los entrevistados tuvo abandonar su casa por períodos de entre uno y seis meses, y el 34% ha sido desalojado ante el peligro de un desprendimiento. El estudio muestra casos más extremos, aunque no tan comunes: más del 27% ha pasado ya más de dos años fuera del domicilio, y lograr un sustento no es tarea fácil.

“Nos exigen presentar la documentación rápido o no te pagan las obras por los destrozos. Entonces te vuelves loca, corres a pedir presupuestos, presentas de todo. Y al final, te contestan lo que parece que ya tenían preparado de antemano, una cifra irrisoria con la que no puedes hacer nada. ¿Qué haces? ¿Vas a juicio y esperas años para arreglar tu casa? Vivir así nos hace un daño”, sigue otro testimonio recopilado en el informe. La desesperación da paso a muchas secuelas que aún perduran.

Una investigación pilotada por psicólogas y especialistas

La investigación corre a cargo de Gabriela López Neyra, Lourdes Carrasco Colom y Pau Pérez Sales, que comparten la autoría con María Escalona Castro. Todos proceden del ámbito de la psicología, la psiquiatría o la salud y tienen vínculos con el Centro Sira, encargado del documento. La primera de ellas, López Neyra, cuenta que lo que más le sorprendió del caso fueron algunas actuaciones institucionales “innecesariamente dolosas”. “Que te quiten las llaves de casa para reformarla y no puedas entrar ni opinar, por ejemplo, es algo que no siquiera tiene fundamentación económica”, resalta la psicóloga y terapeuta, que incluye en la lista otras formas “extrañas” de proceder, como “los avisos sin tiempo” para reaccionar cuando, entre otras cosas, la Comunidad de Madrid va a dejar de financiar un alquier temporal.

En la exposición de motivos del informe, que ha podido consultar Somos Madrid, se argumenta que este análisis pretende entender cómo la actuación de distintas administraciones, empresas e instituciones han influido en las consecuencias personales que hoy arrastran los vecinos. Algunos testimonios ejemplifican hasta qué punto la inestabilidad amplía la brecha de las desigualdades. “Tenía un trabajo en un puesto de responsabilidad. Como mujer, y en el entorno en el que me muevo, no ha sido fácil llegar. Soy mujer divorciada y así mantenía a mi familia, pero sufrí una mudanza forzosa de la que me avisaron con 15 días”, puede leerse en otra entrevista. En este caso, la afectada tuvo que volver a entregar sus llaves de casa a una empresa que acometería los arreglos, algo que según cuenta ya había ocurrido en el paso, cuando la realojaron en otro inmueble durante un año completo.

Entonces tuvo que dar el adiós definitivo. “Cuando hice la entrega de mis llaves, intuí que ya no iba a volver. Y así fue”, desvelan a las investigadoras. “Empecé a tener problemas: dolores de cabeza, mareos, falta de concentración, temblores, palpitaciones... entré en depresión. Estuve un año de baja y perdí el trabajo. Ahora no soy la de siempre: mis niveles de ansiedad están por las nubes, y tengo miedo a no rendir como antes. […] Para una mujer divorciada, cabeza de familia, es muy duro lidiar contra una administración y hacerlo en soledad”.

La presencia del lince ibérico en la Comunidad de Madrid, símbolo de la recuperación de una de las especies más amenazadas de la fauna europea, se ha visto empañada por el hallazgo de un ejemplar adulto muerto. El pasado viernes 27 de febrero, un particular encontró el cadáver de un lince ibérico en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, en una cuneta de la carretera M-203.

El animal, un macho de entre ocho y nueve años de edad, presentaba lesiones compatibles con un posible atropello que ahora está bajo investigación, según ha informado el Instituto Armado. La Guardia Civil recibió un aviso en el que alertaban de la presencia del cadáver del lince en el margen de la carretera, hasta donde se trasladaron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

Ya en el lugar llevaron a cabo una inspección ocular y el levantamiento del cadáver mediante acta. Posteriormente, trasladaron el cuerpo mediante cadena de custodia al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad de Madrid.

Durante las exploraciones pertinentes se observaron diversos traumatismos y lesiones relacionadas con un atropello, que más tarde confirmaron los expertos del CRAS. Además, se pudo comprobar que procedía de la Comunidad de Madrid, ya que el animal poseía chip.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid han confirmado que este ejemplar no es Uraclio, el lince ibérico macho de dos años y medio detectado hace unos meses en la zona este de la región, cerca de Guadalajara. El animal, procedente de los Montes de Toledo, fue reintroducido hace tan solo unos días junto a una hembra originaria de Cáceres por el Gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Cuenca, concretamente en la comarca de Las Pedroñeras.

Del ejemplar encontrado no se tenía constancia en la región y todavía se desconoce cómo pudo llegar desde la Comunidad Valenciana al municipio madrileño.

Se procede a la publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares S.A.

Adif ha completado la renovación del sistema de gestión del tráfico y de señalización en la infraestructura ferroviaria que presta servicio a las líneas del Corredor del Henares de la red de Cercanías de Madrid (C-2, C-7 y C-8), con la modernización de las instalaciones en el tramo San Fernando de Henares-Azuqueca de Henares.

Se ha realizado en el marco del Plan de Cercanías de Madrid, la renovación de la señalización en la infraestructura del Corredor del Henares ha incluido la instalación y puesta en servicio del Bloqueo Automático Banalizado (BAB) en el tramo Vallecas Industrial-Vicálvaro, según explica el gestor ferroviario.

También ha contemplado la actualización de este sistema en el resto de la infraestructura y en parte de la vía de contorno que facilita la movilidad en las mismas líneas, con una inversión de 36,87 millones de euros. En concreto, la inversión de las actuaciones en el tramo San Fernando de Henares-Azuqueca asciende a 12,75 millones de euros.

En concreto, el sistema Bloqueo Automático Banalizado permite la circulación de los trenes en ambos sentidos de las dos vías, mejorando la fiabilidad de las instalaciones, incrementando su capacidad y flexibilizando las circulaciones ferroviarias.

Los trabajos en el tramo San Fernando de Henares-Azuqueca han incluido la renovación de las instalaciones de seguridad asociadas a la señalización en el tramo, con la implementación de nuevos enclavamientos de última generación en las estaciones de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Meco.

Los enclavamientos son los dispositivos que facilitan la circulación ferroviaria al controlar el correcto funcionamiento de todos los elementos instalados en las vías (agujas, señales, sistemas de detección de tren, etc.).

También se han instalado circuitos de vía de audiofrecuencia, así como nuevas señales tipo LED y un sistema de protección del tren mediante balizas ASFA Digital. Asimismo, se han realizado adaptaciones técnicas en el Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Madrid Chamartín.

Esta actuación se une a la renovación de diversos elementos del sistema de electrificación del trayecto Madrid Atocha-San Fernando de Henares, adjudicada por cerca de tres millones de euros. El objetivo es reforzar la fiabilidad de la Línea Aérea de Contacto (catenaria).

Además, Adif ya ha ejecutado las obras de mejora de la accesibilidad de la estación de Vicálvaro y tiene otras actuaciones en marcha, como la reforma integral de la estación de Alcalá de Henares y un cambio en la configuración de las vías de la estación de Cercanías de Guadalajara para mejorar su operativa.

Pierde su casa por un error ajeno. El techo, las paredes o los azulejos del suelo se agrietan y la factura para repararlo asciende a 27.000 euros, pero la compensación que recibe no alcanza los 6.000. Los destrozos en la vivienda no dejan más opción que derrumbarla, así que debe buscar a alguien con quien quedarse. O bien pagar otro alquiler de su bolsillo. La decisión que lo desencadena todo emana de la autoridad de turno y tiene una razón política: llegar a tiempo a una promesa electoral y pedir el voto para revalidar. “Claro que me enfada”, resopla Alex Escribano desde San Fernando de Henares, en la Comunidad de Madrid, a pocos días de reabrir la L7B. Una línea de Metro 'maldita' que quiso conectar el municipio y terminó en derribos, grietas e infinitas reparaciones.

El Gobierno regional abre este sábado la línea 7B de Metro después de invertir 171,2 millones de euros en rehabilitar el suburbano entre San Fernando de Henares y Coslada, que desde su inauguración hace 18 años se ha convertido en un dolor de cabeza para instituciones y vecinos por las filtraciones de agua derivadas de la obra. En 2007, la entonces presidenta Esperanza Aguirre aceleró la inauguración de esta línea de Metro que ya prometió en la campaña de 2003, y que pudo completar poco antes de unas nuevas elecciones con cambios de última hora y contraviniendo los criterios técnicos.

Los problemas comenzaron días después de cortar la cinta a la nueva estación. Las filtraciones afectaron a las viviendas a su alrededor, terminaron con 73 de ellas derribadas y, calculan los perjudicados, hasta 600 inmuebles dañados. El tramo cerrado desde 2022 reabre este sábado después de actuar sobre 5.575 metros de trazado y más de 20.000 m² de la superficie. Ese año también abrió una Oficina de Atención de los afectados en el municipio, de 40.000 habitantes, que hasta el momento de la reinauguración ha registrado 1.741 consultas sobre realojos, seguimiento técnico y tramitación de indemnizaciones. Pero no es suficiente.

“La Comunidad de Madrid lleva años ignorando a la mayoría de nosotros”, continúa Alex, que lanza esta denuncia desde la Plataforma de Afectados por la ampliación de la línea 7B de Metro, la principal alianza entre vecinos que nació del fiasco en la obra pública. Él es portavoz de la agrupación y también uno de los vecinos que vieron cómo derribaban la vivienda en la que creció. “Yo nací en San Fernando de Henares y esa era mi casa de toda la vida, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna compensación económica”, asegura enfadado. A su familia la desalojaron el 11 de abril de 2022 y, desde entonces, se buscan la vida a la espera de una indemnización que se ha dilatado en el tiempo. “Mi madre entró en depresión y perdió su empleo”, revela este vecino, que lanza un augurio: “Algún día se sabrá hasta qué punto ha influido el desastre del metro en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos”.

Indemnizaciones “inexactas” o que llegan a destiempo

Tenían la hipoteca pagada y solo les quedaba abonar una comisión extra para una vivienda que ya no existe, pero cuya compra se acabó cerrando igualmente de su bolsillo. “Aunque el metro vuelva y parezca que todo ha terminado, no es así. Los vecinos seguimos esperando como agua de mayo que resuelvan las indemnizaciones. En cuanto ese dinero llegue a nuestras cuentas, al día siguiente si hace falta, iremos a los juzgados para abrir un proceso contencioso-administrativo y denunciarlos. No tenemos un segundo que perder”, determina el portavoz vecinal, que sostiene cómo las ayudas que se les plantean “no cubren ni la mitad de los gastos” y, tal como lo ven, desinfla la cifra real de damnificados.

Se refiere a esos vecinos cuyas casas estaban cerca de las obras y, aunque no han sido derribadas, conviven a diario con grietas o desperfectos que ellos atribuyen a los trabajos, aunque la Comunidad de Madrid no siempre reconoce la causalidad de los daños y alude a factores externos a la L7B. No obstante, algunos han abandonado voluntariamente sus viviendas en mal estado para marcharse a otro lugar, ante el temor de un desprendimiento en el edificio. Otros deciden quedarse, pero no siempre logran vivir tranquilos.

“Hay unas 300 viviendas que el Gobierno regional no reconoce como afectadas, porque solo consideran como perjudicados a los que han sufrido derribos”, agrega David Casado, otro vecino de San Fernando de Henares que vive en un bloque próximo a las obras de Metro. El apartamento que comparte con su mujer e hijos de ambos mide unos 60 metros cuadrados y tiene dos habitaciones. Lo compraron hace 12 años, cuando el precio de la vivienda en Madrid estaba a años luz del actual y el edificio aún no se había llenado de grietas en muros, ventanas o puertas, como ocurre desde hace unos cuatro.

Un gasto final de 171 millones de euros

El presupuesto para repararlo no baja de los 27.000 euros, y la Comunidad de Madrid apenas acaba de abrir el expediente de responsabilidad patrimonial para su vivienda. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció haber compensado por la pérdida de su vivienda a 83 titulares, con un total de 11,8 millones de euros a repartir. David no ha sido uno de ellos, aunque a su casa han ido hasta cinco veces a peritar empleados de Tragsa o Intemac y en el bloque han intervenido varias veces por la aparición de grietas, siempre según su testimonio.

“La Consejería [de Vivienda, Transportes e Infraestructuras] nos dijo que lo arregláramos nosotros y les pasáramos la factura, pero nos opusimos. No todo el mundo tiene tanto dinero para adelantar”, afirma David, que junto a otros residentes con inmuebles agrietados denuncia una estrategia para pactar una cantidad con el Gobierno y “eximirle de responsabilidad si finalmente se encarece al descubrir nuevos desperfectos”. Desde la Comunidad de Madrid reiteran la apertura de oficio de varios expedientes de responsabilidad patrimonial para compensar a los propietarios y la existencia de otra línea de ayudas para pymes o empresarios, dotada de 500.000 euros.

David teme que esa última bonificación desaparezca en los próximos presupuestos autonómicos, y sostiene que las ayudas que están llegando a las viviendas no derrumbadas –que fija entre los 3.000 y los 6.000 euros– apenas cubren los daños reales. “Lo que nos espera no es solo reparar grietas, sino verificar posibles fallos estructurales, revisar puertas y azulejos, reconstruir de cero... Con ese dinero no hacemos nada”, teme. De momento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid celebra la nueva reapertura de la L7B, que hasta la fecha ha cerrado nueve veces alguno de sus tramos.

Cinco informes que avalan la seguridad en la reapertura

La reinauguración se sustenta en cinco informes que avalan el estado de las infraestructuras y la supervisión geotécnica en los últimos años, que no detecta movimientos en el terreno desde febrero de 2023. Fuentes de la Consejería responsable detallan que estos cinco informes son independientes y garantizan la seguridad de usuarios o vecinos del entorno. En concreto hay dos documentos internos, uno elaborado por la Dirección General de Infraestructuras y otro de Metro de Madrid; y tres estudios externos encargados al Grupo Typsa, la empresa de obras DO IT o satélites UPM para la auscultación del terreno o la revisión del túnel.

“Esto acredita las condiciones óptimas del trazado, la mayor resistencia del suelo respecto a la prevista inicialmente y el excelente estado del hormigón de la plataforma o la contrabóveda”, destacó en su comunicado el Gobierno regional, que ha ido aprobando gastos añadidos al presupuesto inicial para hacer distintas reparaciones. La actuación más compleja fue para anclar el túnel y evitar futuras filtraciones, pues al construirse sobre una zona con dos acuíferos subterráneos terminó favoreciendo la aparición de cavidades que se extendieron más allá de su infraestructura.

En su día, Aguirre prometió en un acto público que incluiría las estaciones de Henares y el Hospital Universitario del Henares (Coslada) en la ampliación de la línea. Para lograrlo modificó el esquema previsto e invirtió otros 37 millones de euros para alterar el trazado, y convertir lo que iba a ser una línea recta en otra curva. Todo en tiempo récord. Este giro estratégico para presentar la línea a pocos días de las elecciones y redactar velozmente el nuevo proyecto puso en la diana a la expresidenta una vez comenzaron las filtraciones. Aguirre ha quitado hierro a su responsabilidad en diversas ocasiones, afirmando por ejemplo que fue la alcaldesa de San Fernando de Henares (entonces de Izquierda Unida) quien le obligó a retocar el trazado.

Para reparar el túnel fallido han hecho falta 1.279 toneladas de mortero a profundidades de 45 metros. La cuenta final ha subido su precio en millones de euros hasta alcanzar los 171 millones. “Con ese dinero podrían haber construido tres estaciones de Metro y lo han dedicado a arreglar un destrozo propio cuando aquí aún no hemos recibido todas las ayudas”, se queja Eloy Rodríguez, otro miembro de la plataforma de afectados y vecino en San Fernando de Henares. El suburbano reabrirá el 22 de noviembre desde la seis de la madrugada y dará servicio a unos 120.000 usuarios diarios entre el Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla o San Fernando, además de la parada en el hospital y la de Henares.

“Hay muchas familias a la espera de soluciones y, aunque nosotros también queríamos y necesitamos esa conexión de Metro no sentimos, de momento, que haya mucho que celebrar”, lamenta Eloy, que se suma a las críticas por las indemnizaciones “inexactas” que no equiparan el precio de una vivienda actual, mucho más cara que cuando compraron las residencias afectadas en San Fernando de Henares. El alcalde del municipio, el socialista Javier Corpa, ha lanzado una advertencia a la Comunidad el día antes de reabrir la L7B: “Lo primero es reparar el daño a los vecinos. Todo lo demás es secundario”.

Un anuncio de final feliz que no suena a final. Después de tres años de cierre, la línea 7B del metro de Madrid volverá a abrir el próximo mes de noviembre después de clausurarse el tramo por un problema de inestabilidad en el túnel. La infraestructura unía la capital con el municipio de San Fernando de Henares, cuyos vecinos han sufrido de primera mano las consecuencias de una construcción apresurada: hasta la fecha, calculan que unos 600 pisos se han visto afectados por la filtración de sales en el subsuelo y muchos han tenido que abandonar sus domicilios.

En total, los residentes hablan de 217 desalojos, 73 viviendas derribadas y 21 calles salpicadas por las afecciones a sus comercios o espacios públicos. “Esto no termina aquí, aunque hagan creer que sí”, se temen algunos residentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado oficialmente este jueves durante el debate del estado de la región la fecha prevista para la reapertura integral de la línea: será en los últimos meses del año, con idea de que en 2026 ya funcione con normalidad. Su equipo prevé que ocurra a finales de noviembre, tal y como especificaron en un comunicado.

Los 120.000 usuarios de este servicio entre el Hospiral Universitario del Henares y la estación de Barrio del Puerto en Coslada, otro municipio madrileño, podrán volver a utilizarlo después de que la inauguración en 2007 comenzara frustrada, y obligara a varios cierres intermitentes que se han prolongado hasta hoy. Son siete paradas las que han clausurado sus puertas durante la obra de reparación. En este tiempo se han realizado varias intervenciones en terreno y edificaciones con la inyección de más de 13.000 toneladas de mortero para reparar la infraestructura, según ha especificado la Comunidad de Madrid en una nota informativa.

Además, en el túnel de la discordia en el túnel se han ejecutado trabajos de consolidación, impermeabilización y drenaje para salvar el tramo que conecta con el hospital recuperando así la conexión con la red del suburbano que permanecía cerrada desde agosto de 2022. Desde febrero del año siguiente el Gobierno regional no ha registrado movimientos en el suelo, y eso ha facilitado la actual reapertura. Pero aunque Ayuso celebrara este jueves el anuncio, e incluso iniciara su primera intervención alabando el metro de Madrid frente al “caos” del Gobierno central con los trenes, la plataforma vecinal creada a raíz del derrumbe ha emitido un comunicado muy crítico con la gestión de Sol y acusan al Ejecutivo de “obligar” a las familias a acudir por su cuenta a los tribunales para obtener unas indemnizaciones atascadas.

“En las últimas semanas hemos podido escuchar, ver y leer diversas opiniones señalando cómo el problema de Metro L7B está prácticamente resuelto, cómo las familias afectadas han sido indemnizadas o cómo las víctimas de esta catástrofe están en una mejor situación que hace varios meses y cómo el problema técnico se está estabilizando. Todas estas afirmaciones están completamente al margen de la realidad”, sentencian en su nota. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que dirige el socialista Javier Corpa, también se ha pronunciado reciente a razón de la reapertura.

El alcalde ha denunciado lo que considera una “falta de trasparencia” en el proceso por parte de la “única administración responsable y con competencias sobre el suburbano”, refiriéndose al Gobierno de Ayuso. Corpa asegura haber conocido la noticia de que vuelve la línea 7B a través de los medios de comunicación y no mediante la comunicación directa del Ejecutivo regional, con cuya actuación respecto al metro ha sido crítica en numerosas ocasiones.

“[La Comunidad de Madrid] tiene que dar soluciones dignas a las familias que han perdido sus hogares”, ha catalogado en su respuesta institucional, tildando de “insuficientes” las indemnizaciones recibidas hasta ahora por parte de los vecinos, que coinciden con esta valoración en el comunicado de la Plataforma de Afectados por la L7B. “Muchos padecen un día a día entre grietas y afecciones, viviendo con incertidumbre porque no saben qué va a pasar”, ha sentenciado el regidor de San Fernando de Henares.

El próximo 18 de septiembre, en el pleno municipal, llevará una propuesta desde el Ayuntamiento para exigir a Sol que construya los edificios públicos demolidos hasta ahora por las afecciones del suburbano, aludiendo a los servicios municipales que estos prestaban a la ciudadanía. En realidad, las idas y venidas con la obra de la línea 7B han deteriorado progresivamente durante años las condiciones de residentes en varios edificios residenciales, además de los de titularidad pública.

Todo empezó con Aguirre: una obra frustrada por la prisa electoral

Hace ya 15 años que se inauguró el nuevo tramo en la línea 7 del metro de Madrid. Fue en mayo de 2007, con la idea de conectar con San Fernando de Henares y su hospital. Pero su historia está plagada de percances, precisamente, porque la construcción derivó en múltiples filtraciones de agua. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, prometió en la campaña de 2003 –unas elecciones a las que se presentaba por primera vez como candidata a la presidencia regional– que llevaría el Metro a esa localidad.

Lo cumplió en tiempo récord, a pesar de que el proyecto sufrió grandes cambios por el camino y los técnicos habían alertado de la casuística del terreno. Aunque en 2006 cambió el trazado original para incluir dos nuevas estaciones, la construcción llegó puntual un año después para ser inaugurada 22 días antes de la siguiente cita electoral. Aguirre cortó la cinta con una gran fiesta que hoy se investiga en el marco de la trama Púnica.

Los geólogos e ingenieros advirtieron de los riesgos durante la ejecución del proyecto, aunque las alertas fueron ignoradas por el Gobierno de Aguirre. La construcción comenzó a ejecutarse en 2004. El contrato de adjudicación se publicitó en pleno mes de agosto y el 15 de septiembre de ese año se anunció que la empresa Dragados (propiedad de Florentino Pérez) sería la encargada de llevar a cabo la macroinfraestructura. La constructora levantaría las estaciones por 168 millones de euros en un plazo de 20,5 meses, frente a los 30 meses que recomendaba Mintra, la empresa pública de transportes extinguida en 2011. Pero el proyecto sufrió importantes cambios en el trazado dos años después. También en el presupuesto, que se incrementó en otros 38 millones.

“¿Sabías que la peli El Hundimiento iba a llamarse Vivir en San Fernando de Henares? Esto no es broma, todo el municipio se está hundiendo y para solucionarlo le están metiendo más inyecciones al suelo que a la cara de Kiko Matamoros”. Este fue uno de los chistes con los que el cómico David Suárez promocionó en sus redes sociales el espectáculo que iba a protagonizar en la citada localidad madrileña el próximo 18 de octubre. El humorista hizo así alusión a las deficiencias de la línea 7B de Metro que atraviesa el municipio. El Ayuntamiento decidió cancelar su show tras ver el vídeo, alegando en un comunicado que sus palabras suponían “una absoluta falta de respeto a los vecinos”.

“Esta es una de tantas”, explica sobre lo sucedido David Suárez a este periódico. La más sonada ocurrió en 2019, cuando la Fiscalía llegó a pedir un año y diez meses de cárcel por un chiste sobre el síndrome de Down. Dos años después, acabó siendo absuelto. “Sigo pensando que hay que defender la libertad de expresión”, sostiene.

¿Cómo está? Que le cancelen un espectáculo no debe ser muy agradable.

Estoy más acostumbrado de lo que parece. No es la primera actuación que me cancela un Ayuntamiento porque encuentra inapropiado algo que hago. Esta es una de tantas. Llama la atención que sigan pasando este tipo de cosas en 2024, pero suceden.

Dice que lo sucedido es “una de más”, ¿debería ser normal que lo tenga tan naturalizado?

Me sigue llamando la atención que la gente se alarme cuando se hacen chistes sobre su localidad porque me parece algo que es más sano que otra cosa, y hay una gran tradición en España de reírnos de los municipios y hacer parodia del sitio del que venimos.

Hay quien se ha echado las manos a la cabeza por lo que decía en su vídeo, pese a que diariamente se escuchan barbaridades que escandalizan menos, incluso en el Congreso.

Sí. La gente muchas veces le da menos margen al humor que a otros géneros porque se entiende que el humor es únicamente un mecanismo de burla, cuando también sirve para poner en relieve cuestiones sin la necesidad de reírse exactamente de ellas. Es decir, al final la intención del vídeo era promocionar la actuación, pero no ridiculizar el pueblo. Es paradójico que de repente pase a ser un problema visibilizar un problema que ataca a los propios ciudadanos.

La intención del vídeo era promocionar la actuación, no ridiculizar el pueblo. Es paradójico que visibilizar un problema que ataca a los propios ciudadanos se convierta en un problema

David Suárez — Cómico

Al preparar el vídeo, ¿pensó que esto podría pasar?

No, en ningún momento pensé que se fuera a liar de esa forma. El Ayuntamiento me hizo llegar un mensaje por Instagram que no era una amenaza, pero sí una especie de advertencia de que este era un tema sensible en el pueblo. Pensé que, dado que durante este tiempo ellos no había hecho nada para solucionarlo, tenía sentido que me dijeran que no lo mencionara. No me lo tomé en serio.

La Fiscalía llegó a pedir un año y diez meses de cárcel por un chiste suyo sobre el síndrome de Down en 2019, ¿cambió en algo su manera de afrontar el trabajo?

Lo que ha pasado con San Fernando es reflejo de que no ha habido ningún tipo de reflexión más allá de, en tal caso, reforzar estar en mis trece porque sigo pensando que la libertad de expresión es algo que hay que defender. Lo que sí que he aprendido es a asegurarme de que los chistes sean más graciosos que polémicos. Sí que intento hacer mi trabajo mejor, independientemente de a quién pueda ofender, para que al menos si se lía, sea por algo que sea digno.

Da mucha rabia cuando te vuelves conocido por una polémica y aquello que una parte de la población querría defender por cuestiones de libertad de expresión y de defensa de la comedia, sea defendible pero no lo suficientemente gracioso. También creo que es lícito que el cómico se equivoque y no necesariamente tiene por qué pedir disculpas. Los chistes no graciosos son tan lícitos y deberían poder hacerse tanto como los que sí lo son. Pero bueno, ahora intento que sean graciosos para que si me voy a meter en la boca del lobo, que por lo menos sea una cosa que valga la pena.

Ahora me aseguro de que mis chistes sean más graciosos que polémicos

David Suárez — Cómico

Hace unos años se abrió mucho debate sobre dónde están los límites del humor pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Siente libertad al escribir sus guiones?

Sí. El victimismo en el arte es muy frecuente porque te pone en un punto en el que sales bien parado, ya que de repente puedes jugar con la fantasía de que hay unos señores moviendo unos hilos que no quieren que hables y silenciarte, y tu mensaje es tan potente que toda esa serie de cosas en las que yo no creo... Suena muy bonito ponerte como víctima y decir: “Ya no se puede decir nada”. Pero la realidad es que se puede decir todo lo que tú quieras. Lo que pasa es que ahora la respuesta de a quién no le ha hecho gracia lo que has dicho te llega muy rápido.

Sí creo que venimos de una época de más sensibilidad que nunca. Desde 2016 hasta la pandemia, no es que no se pudiese decir nada, pero sería muy cínico negar que existió una cancelación muy fuerte de mucha gente. Sí que había una cultura de lo políticamente correcto que era bastante asfixiante. Ahora ya no estamos en esas. Igual que creo que es cierto que venimos de una época con una censura, que era diferente porque no te obligaba a borrar las cosas, sino que tiraba por otros derroteros de hacerte sentir mal, con superioridad moral, con una serie de palabras que se supone que ya no puedes usar.

Ahora mismo estamos en una situación en la que todos hemos aprendido muchísimo de feminismo y todas las palabras que se te ocurran, y ahora ya todos somos clase media intelectual normal. No tenemos por qué estar teniendo cuidado con hacer un chiste de “a fregar” porque ya todo el mundo sabe la importancia que tiene el feminismo; digamos que hay un poco de: “Podemos ya dejar de fingir que somos buenas personas cuando ahora ya hemos aprendido lo importante, por mucho camino que quede por recorrer está claro, y podemos hacer chistes de una vez porque si no, esto es insoportable”.

El victimismo es muy frecuente en el arte porque te hace salir bien parado

David Suárez — Cómico

Aun así, tras la entrada de Vox en los ayuntamientos, quizás no solo enfocado en la comedia, pero se empezaron a cancelar obras y proyecciones de películas. ¿Le ha preocupado?

Hemos visto cancelaciones a gente como Zahara, que fue cosa de Vox; pero la de esta actuación viene del PSOE. Ser un fascista es algo que permea a cualquier polo político y al final, gente que no quiere que digas determinadas cosas, va a existir en todas partes. Siempre va a haber Flanders en todos los espectros políticos. Gente de izquierdas que se va a ruborizar y poner el grito en el cielo porque utilices determinadas palabras que se supone que no deberías decir; y gente de derechas que va a poner el grito en el cielo porque digas equis cosas que pueda ofender a su religión o forma de pensar.

Pero básicamente es la misma clase de persona estúpida que cree que las palabras tienen más fuerza que los hechos, y que el mundo se cambia cuando prohíbes un disco, una serie o cancelas a un cómico. La historia se repite y siempre hay esta especie de volvernos locos por algo de la cultura que desafía un poco, que intenta romper con determinadas cuestiones. Porque supongo que los linchamientos son divertidos, porque de repente pensar que todos tus problemas los provoca una canción o un rapero, también es una forma simplista de ver las cosas; y porque el 90% de la gente está jodida y necesita excusas para tirar adelante. Y a veces pasan estas cosas de coger la antorcha para hacerte más llevadero el lunes.

Si alguien tiene que ser ejemplar en cuestiones como la ley mordaza o de libertad de expresión tiene que ser la izquierda

David Suárez — Cómico

¿Es ahora peor actuar en un pueblo en el que gobierna el PP o el PSOE?

Me resulta más escandaloso que quien censure sea en este caso la izquierda. También entiendo que no es una cuestión del PSOE como entidad cancelando la actuación de San Fernando, sino un alcalde acorralado, que tiene un pavor a que se le echen encima, que decide cancelar la actuación sin ser a lo mejor una persona que tenga algún problema con mi show. Pero bueno, creo que hay que ser ejemplar y que si alguien debe ser ejemplar en cuestiones como las leyes mordaza o las leyes de la libertad de expresión, evidentemente tiene que ser la izquierda.

La derecha tiene la suerte de que como tradicionalmente han sido más censores, no quedan tan hipócritas si de repente pretenden cancelar una actuación mía, como ha sucedido alguna vez. Pero claro, cuando lo hace un gobierno que es del PSOE es cuando no se entiende. Y ya han pasado esos años en los que podías poner la excusa de: “Es que esto es machista”, por ejemplo. Sigue habiendo cosas machistas, sigue habiendo cultura que a todas luces igual necesita una revisión, pero como sociedad hemos llegado a la conclusión de que somos nosotros quienes podemos decidir no comprar un ticket para ir a ver a un cantante que nos parece machista o a un cómico que nos parece clasista, o lo que sea. Que los gobiernos tomen estas decisión por nosotros es tomarnos de idiotas.

¿Debería existir alguna protección desde el Ministerio de Cultura para que no pueda haber una censura de este tipo?

Ahora tenemos la suerte, desde el que tiene más seguidores al que no tiene ninguno, de que al final eres más o menos escuchado gracias a internet. Las injusticias tienen un megáfono. Yo si noté mucho apoyo en este caso y basta con denunciar equis situación para que, si verdaderamente es injusta, suele haber un gran apoyo social. Y la verdad es que en este caso, la gente respondió muy bien. El comunicado que se hizo fue muy compartido y luego la actuación de Madrid se llenó.

¿Temió que se fueran a caer más espectáculos?

No, porque cuando esto te ha pasado varias veces, ya sabes medir cuáles son las verdaderamente graves y cuáles las polémicas pequeñitas. Y esto era, no voy a decir un día normal en mi vida, pero sí una más de las que sabes y hueles que son pequeñas.

Parece que lo tiene muy interiorizado y normalizado pero, ¿siempre lo ha llevado tan, entre comillas, bien?

Sí. Lo tengo muy interiorizado y no tengo mucho problema. Con otras cancelaciones pasadas, por ejemplo cuando fue la cuestión del síndrome de Down, en la que la izquierda y la derecha tenían claro que esa persona debía desaparecer de cualquier ámbito y su carrera debía acabarse. Ahí sí que lo pasé mucho peor porque no encuentras ningún apoyo y pierdes amigos, tu familia te pone en duda. No encuentras consuelo en ningún lado porque absolutamente todo el mundo está de acuerdo con que el chiste estuvo mal. Esto de San Fernando es nada al lado de eso y hay un consenso por todo el mundo que me ha escrito diciéndome que qué idiota el alcalde, qué mal el Ayuntamiento, y que les den por culo.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) ha cancelado el espectáculo que el comediante David Suárez iba a protagonizar el 18 de octubre en el Teatro Municipal Federico García Lorca. El Consistorio ha tomado esta decisión después de que el humorista se haya burlado del municipio y, en particular, del hundimiento de la línea 7B de Metro. 

Este domingo Suárez publicó un vídeo anunciando este evento y mofándose de la localidad. “¿Sabías que la peli del Hundimiento iba a llamarse Vivir en San Fernando de Henares? Esto no es broma, todo el municipio se está hundiendo y para solucionarlo le están metiendo más inyecciones al suelo que a la cara de Kiko Matamoros”, aseguraba el cómico en sus perfiles en redes sociales. 

Desde el Consistorio municipal muestran su “total rechazo y condena al contenido” del vídeo. Sostienen, en un comunicado, que las palabras del humorista suponen “una absoluta falta de respeto a los vecinos” del municipio y “especialmente, a los afectados por la grave problemática creada” por la línea 7B de Metro. 

El equipo de gobierno justifica su decisión asegurando que no permitirán que “este drama social y el sufrimiento de cientos de familias se convierta, bajo ningún concepto, en objeto de mofa o burla para nadie”.  

“San Fernando es una ciudad de trabajadores que lleva más de 15 años padeciendo una tragedia consecuencia de la negligencia de los diferentes gobiernos de la Comunidad de Madrid, únicos responsables de las obras de esta infraestructura”, recoge el comunicado de prensa elaborado por el ejecutivo municipal. 

Desde que fue inaugurada a toda prisa en 2007 por la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, esta línea de metro ha sido protagonista de numerosas polémicas y protestas vecinales por las consecuencias de su construcción. Según explicó en julio el alcalde Javier Corpa (PSOE), la construcción de esta línea de metro ha provocado el derribo de 70 viviendas y hay unas 600 familias afectadas.

En su vídeo, Suárez también se dirigió a San Fernando de Henares como “la hermana fea de San Fernando de Cádiz” o “como el Badajoz de Madrid: feo, mal comunicado y solo paras ahí porque la gasolina está barata”. 

Tras el anuncio del Consistorio, el cómico se ha pronunciado en sus redes asegurando que la decisión de San Fernando de Henares es una “censura” y convocando a sus seguidores en otro emplazamiento el 4 de octubre. 

A pesar de que España se desmorona, Madrid va viento en popa, según se desprende del triunfal discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el debate sobre el estado de la región, que se celebra hoy y mañana. Ayuso ha prometido mejoras en la práctica totalidad de infraestructuras y servicios de la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo ha anunciado que seguirá bajando impuestos.

La cuadratura del círculo se logra en parte con el reciclaje de medidas anunciadas previamente y que se han venido retrasando, en algunos casos desde su primera campaña electoral, como las 25.000 nuevas viviendas asequibles que propuso en 2019 y que se han ido ajustando a la baja sucesivamente; ahora serán 10.500 hasta el final de la legislatura, lo que obligará a avanzar a toda prisa, pues de momento solo se han entregado 489. También los nuevos centros de salud prometidos, originalmente 20, hoy 35, pero de los que solo cuatro están operativos. “En breve” habrá otros tres funcionando, hay cuatro en obras incipientes y otros 16 se licitarán antes de que acabe el año que viene, ha prometido. Las cuentas se disparan a partir de ahí: al terminar la legislatura en 2027 serán 34, según ha asegurado.

Ayuso se ve tan fuerte en términos electorales que ha empezado su alocución con referencias a la voluntad de establecer un “legado”, pero ha dedicado el primer bloque a atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistiendo en el supuesto afán dictatorial que le achaca, comparando la situación en España con la de Venezuela e incluso con México, que discute en estas semanas una reforma judicial que a Ayuso tampoco le parece adecuada. Después, la sopa habitual: fascismo, socialismo y nacionalismo son “lo mismo”, entiende Ayuso, capaz de decir esto y acto seguido acusar al Gobierno de querer sufragar el dispendio de la burguesía nacionalista catalana con la recaudación de las familias madrileñas.

Tras la andanada inicial, llegó el momento para los anuncios. El impuesto de donaciones y sucesiones, “anacrónico”, tendrá una mayor bonificación para hermanos, tíos y sobrinos, que pasará del 25% al 50%, lo que supondrá perder 130 millones de euros de recaudación, según sus cálculos (ella lo llama ahorro). Las donaciones inferiores a 1.000 euros tampoco tributarán.

Ayuso ha anunciado que apostará por la jornada partida en la educación primaria y secundaria, que será obligatoria en los nuevos colegios que se vayan construyendo, los cuales, además, albergarán también a los alumnos del primer ciclo de ESO. Se prometen también 8.000 nuevas plazas escolares en colegios e institutos del sur.

La catástrofe de las residencias de mayores durante la pandemia no ha modificado sustancialmente el modelo de la Comunidad de Madrid, en línea con la nula asunción de responsabilidad durante la gestión por parte de Ayuso y del PP. La presidenta anuncia ahora 40 nuevas residencias y otros tantos centros de día para mayores de aquí a 2030, por importe de 500 millones de euros. El detalle de las plazas es que de las 4.200 que se ofrecerán, solo 2.460 formarán parte de la red pública; el resto se podrán sufragar “con la financiación que ofrece el sistema de dependencia”, que también aumenta, indica la Comunidad de Madrid.

Otros anuncios han sido más innovadores; por ejemplo, un centro de atención integrado especializado para hombres víctimas de violencia sexual, centrado en la infancia y en fenómenos entre adultos como el ‘chemsex’, según ha dicho expresamente Ayuso; o también la posibilidad de ir a recoger paquetes a las estaciones de metro. Para compensar en parte del desaguisado de la línea de metro 7B en San Fernando de Henares, que ha obligado a tirar las casas de numerosos vecinos, ha anunciado la construcción de un parque de 12.000 metros cuadrados. También en términos de legado se puede interpretar el anuncio de la inversión en materia de abastecimiento de agua. Se prometen obras por valor de 3.200 millones de euros, pero el horizonte de ejecución se extiende hasta 2035.

Todo va bien en Madrid, celebra Ayuso, pues va camino del “pleno empleo”, sus “calles llenas de vida hablan por sí solas”, la pública y la privada “se eligen libremente”, y al Gobierno estatal solo le pide que “no estorbe”. El aplauso del pleno de la Asamblea, dominada por el PP, fue rotundo. Mañana será el turno de la oposición.

A partir del próximo sábado 27 de julio quedará suspendido el servicio en la línea 7B de Metro de Madrid entre las estaciones de Hospital del Henares y Barrio del Puerto por trabajos de reparación de la infraestructura, debido al hundimiento del túnel en unas obras ejecutadas durante el Gobierno autonómico de Esperanza Aguirre sin el pertinente estudio geológico. 

La actual paralización del servicio, entre San Fernando y Hospital de Henares, se amplía ahora al tramo de línea comprendida entre las estaciones de San Fernando y Barrio del Puerto. Así, a partir del próximo sábado y hasta la finalización de los trabajos por un periodo previsto en alrededor de nueve meses, permanecerán cerradas las estaciones de Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares.Mientras, la estación de Barrio del Puerto permanecerá operativa.

Plan de movilidad con refuerzo en el transporte

El Consorcio Regional de Transportes ha elaborado un plan de movilidad para atender las necesidades de los municipios de Coslada y San Fernando de Henares ante esta situación. Según este plan, además de ampliar el recorrido del actual servicio especial de autobús (SE Hospital del Henares-Barrio del Puerto), gratuito para los usuarios de la línea 7, se ponen en marcha dos nuevos Servicios Especiales: las líneas lanzaderas SE71 Av. Montserrat -Estación de Cercanías de San Fernando y SE72 Hospital del Henares - Estación de Cercanías de Coslada.

Durante la interrupción del tramo, el suburbano madrileño habilitará el mencionado servicio sustitutivo gratuito de autobuses en San Fernando que cubrirá en superficie el trayecto que completa el Metro añadiendo, a petición de los alcaldes, dos paradas más en la calle Ventura de Argumosa y en Avenida Somorrostro.

Además, el Ejecutivo regional refuerza varias líneas interurbanas con una ampliación de frecuencias que tratará de mitigar la clausura de la red suburbana. En concreto, en Coslada, se aplicará en las líneas 287 y 289 en torno a un 30% en días laborables y un 50% en fines de semana (a partir del 1 de septiembre). En el caso de la línea 288 se llegará al 90% en días laborables y al 95% en fines de semana (ya desde este 27 de julio). El Consorcio planea reforzar también las líneas 281, 283 y 286.

La Plataforma de Afectados por la ampliación de la Línea 7B de Metro ha denunciado este martes que la Comunidad de Madrid llevará a cabo nuevos derribos en dos bloques de viviendas en San Fernando de Henares afectadas por las obras y ha convocado una concentración de protesta ante la “política de parches” por parte del Gobierno regional.

En concreto, los derribos se producirán en los próximos meses en las viviendas ubicadas en los portales 3 y 4 del número 7 de la calle Rafael Alberti y en el número 9 de la misma calle y afectarán a una veintena de familias, que actualmente están desalojadas de las casas, según han indicado los afectados después de una reunión con la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras.

En concreto, los técnicos han comunicado a los vecinos que el estado de las viviendas es de ruina urbanística legal. Fuentes de la Consejería que dirige Jorge Rodrigo han indicado a Europa Press que esta decisión se trasladará también al Ayuntamiento, que tiene la competencia “o bien para declarar la ruina urbanística legal, que conlleva la demolición del edificio y el abono de indemnización por parte de la Comunidad, o bien de desestimarla y que el Gobierno regional rehabilite esas casas”.

Según han indicado desde la Asociación de Afectados, en enero se solicitará al Ayuntamiento la declaración de ruina de los portales 3 y 4 del número 7 de la calle Rafael Alberti con la intención de comenzar el derribo en febrero o principios de marzo, unos trabajos que se espera se prolonguen durante un mes o mes y medio. La Orden de Emergencia para la totalidad del edificio de esta calle que termina en marzo de 2024 se ampliará así sin determinar la duración, que en cualquier caso sería no menos de seis meses.

Una vez efectuado el derribo, se volverá a inyectar mortero en la zona para consolidar todo el solar y las calles adyacentes y se ampliará la monitorización del entorno para volver a ver la estabilidad de los portales 1 y 2 de dicha calle. En caso de que todo se desarrolle con normalidad, los vecinos de estos dos últimos portales podrán regresar a sus viviendas. Una vez finalizada la rehabilitación de las viviendas, se entregará un certificado en el que se garantizará su seguridad en ese momento.

Igualmente, se procederá al derribo del edificio que ocupa el número 9 de la calle Rafael Alberti. También se hará un análisis en profundidad del edificio histórico ubicado en el número 5 de Nazario Calonge para ver su viabilidad y si procede su derrumbe.

En declaraciones a Europa Press, Alejandro Escribano, portavoz de la plataforma, ha explicado que estas demoliciones son “una crónica de muerte anunciada” ante los “parches técnicos” que se están aplicando en el entorno de las obras de la zona más afectada del municipio.

“No solamente no contienen el problema ni lo resuelven, sino que lo aumentan y lo extienden a zonas sanas del municipio, a viviendas que hace un tiempo no tenían ni un solo rasguño y que hoy en día van a ser demolidas”, ha explicado Escribano, quien ha denunciado que “la Comunidad de Madrid ”no está cumpliendo desde hace muchísimos años“.

“Desde que Isabel Díaz Ayuso fue proclamada presidenta de la Comunidad de Madrid, en San Fernando de Henares había unas 60 viviendas afectadas repartidas en unas 13 calles. Actualmente los números son terribles. Hablamos de más de 600 viviendas afectadas en todo el municipio, repartidas en 21 calles, 88 familias desalojadas, 54 viviendas derribadas más las que van a derribar próximamente”, ha explicado el portavoz.

Todo ello, ha recalcado, unido a los comercios y servicios afectados y empobrecidos, la pérdida del transporte público para los vecinos, con la L7 cerrada entre Hospital del Henares y San Fernando, además de las consecuencias en escuelas, teatros y recursos municipales y, lo que es más importante, una “devaluación generalizada de todo el municipio”.

En este contexto, la Plataforma de Afectados ha insistido en la necesidad de poner en marcha una ley autonómica y un plan integral para la recuperación de la zona. “El problema técnico es un problema de difícil solución pero a día de hoy no hay soluciones sociales para las víctimas”, ha indicado el portavoz, que ha citado la necesidad de que “las víctimas que les toque pasar por esta situación puedan tener al menos una cobertura social necesaria” con ayuda psicológica, ayuda a comercios, alternativas habitacionales dignas e indemnizaciones dignas que les permita recuperar lo que se ha perdido.

Ante esta situación, la plataforma de afectados ha convocado una concentración de protesta y apoyo a las familias afectadas este mismo viernes, a partir de las 17 horas, en la Plaza del Trébol de la localidad.

Tras conocerse estos dos nuevos derribos, el Ayuntamiento de San Ferando ha trasladado su “total apoyo y solidaridad” con los vecinos. Además, el alcalde de la localidad, Javier Corpa (PSOE), se reunirá en los próximos días con el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, para abordar esta situación.

“Seguimos insistiendo en la importancia de poner en marcha un plan integral que ordene todo este caos y en que la Administración competente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tiene que acelerar los plazos en lo que tiene que ver con las indemnizaciones, así como tomar medidas también en aquellas viviendas en las que por parte del Gobierno regional todavía no se ha actuado y que tienen algún tipo de afección”, ha subrayado.

El Plan Integral, ha explicado, marca una 'hoja de ruta' a seguir, con plazos y partidas económicas para alcanzar soluciones definitivas a esta grave problemática que padece la ciudad desde hace más de 15 años.

En su reunión con el consejero, ha indicado, volverá a reclamar la máxima celeridad en el cobro de indemnizaciones, así como garantizar total protección a los afectados e insistirá en la necesidad de poner en marcha el Plan Integral aprobado en la Asamblea de Madrid. “El municipio de San Fernando de Henares merece soluciones a un problema que ya viene de lejos y un problema que debe solucionar la Administración que lo ha creado, que es el Gobierno regional”, ha zanjado.

Las familias afectadas por el hundimiento de parte de la línea 7B de Metro de Madrid no pueden más. En la entrada de San Fernando de Henares, municipio de 40.000 habitantes a 20 kilómetros al este de Madrid, 24 de ellas han decidido levantar un campamento para protestar por el trato que reciben por parte de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ante la pérdida de sus viviendas. Construida en el año 2007 bajo el gobierno de Esperanza Aguirre (PP), la línea de metro ha sufrido constantes y prolongados cortes por los estragos que llevan causando todo este tiempo, en los últimos 15 años, las obras que se realizaron en un terreno inadecuado y que ha afectado a cientos de viviendas. Todo es consecuencia las prisas electorales del PP por construir las líneas antes de las elecciones de aquel año, desoyendo a los técnicos y profesionales. Las consecuencias ahora las sufren estas familias, que vieron cómo derrumbaron su edificio hace casi dos años.  

El problema de origen tiene que ver con el agua: las estaciones están construidas encima de un subsuelo en el que existe una gran acumulación de sal, que son los restos de un mar prehistórico. Con las obras, la perforación de este subsuelo desequilibró las aguas subterráneas, que empezaron a disolver la sal y a dejar sin sustentación a los edificios de la localidad. Por eso, no solo las viviendas se han hundido unos metros, sino que la sal entra en el túnel y corroe los trenes.

En lo que pretende ser una acampada indefinida, estos vecinos que se han quedado sin sus casas se pasan día y noche en este parque y van a seguir haciéndolo hasta que la Comunidad de Madrid les de una solución. “Reivindicamos que nos den nuestra indemnización para poder comprarnos un piso”, expresa Rosario Ramos, una mujer jubilada que llevaba viviendo 40 años en ese piso, hasta que destruyeron el edificio y tuvo que irse a casa de su hija.

Fue en 2020 cuando los afectados, reunidos en la asociación Vecinos de San Fernando Afectados por la Línea 7B, comenzaron a notar más los desperfectos que cubrían sus casas: grietas, agujeros, rajas, crujidos… Hasta que en 2021 el edificio se declaró en ruinas. Ahora muchos de ellos, a parte de seguir pagando la hipoteca, están viviendo de alquiler, con familiares o en sus segundos hogares esperando que la Comunidad de Madrid les ofrezca una solución digna. Además, hay que tener en cuenta que casi la mitad de los que forman esta asociación son personas mayores, jubilados que llevaban toda la vida viviendo en ese edificio. “Teníamos la vida ya resuelta y llevamos dos años con las vidas rotas”, lamenta Mercedes Mariblanca, otra de las víctimas que ahora está viviendo del alquiler.

El proceso de desalojo fue muy rápido, tanto que prácticamente tuvieron que salir con lo puesto de casa: “De un día para otro, nos llamaron a las 12.00 de la noche y nos dicen que tenemos que desalojar el edificio”, indica una afectada. “Los bomberos vinieron y nos dejaron entrar en casa media hora para sacar las cosas más imprescindibles”, señala Ramos. En un principio iban a dejar sus casas entre dos y tres meses, pero ya llevan 19 y el edificio ya se ha derrumbado.

Aunque los afectados directos –es decir, los que se han quedado sin casa– son 24 familias, hay cerca de unas 800 viviendas perjudicadas por las vías del metro que ya han visto cómo van apareciendo grietas debido a los movimientos subterráneos del agua. Ahora, ellos también temen esa llamada de teléfono del ayuntamiento que les puede pedir en cualquier momento que desalojen sus casas. “Estamos apoyando la iniciativa porque igual dentro de tres meses me toca a mí y esto hay que solucionarlo mediante lucha y unión de San Fernando”, reivindica David Casado, un habitante del municipio que vive justo enfrente de las obras y que todos los días se solidariza con sus vecinos acompañándolos en la protesta.

A pesar de los daños ya visibles desde hace meses del edificio de Casado y de otros cercanos, las autoridades competentes se niegan a estudiar el origen de esas grietas. “Hemos pedido informes y no nos los dan. Lo único que te dicen es que ya no hay movimientos, pero eso es mentira porque las grietas cada vez son más grandes”, dice. Casado, que desde su balcón ve perfectamente las obras que están desviando el agua del subsuelo, afirma haber sufrido en reiteradas ocasiones cortes de gas, agua y luz: “El problema es el agua, que se ha movido con la construcción del metro y es lo que está dañando mi edificio”. José Fernández, otro de los vecinos afectados indirectamente, sostiene que en su edificio también han aparecido grietas, pero que además se oyen crujidos y hay movimientos: “Mi bloque tiene unos boquetes de hasta 60 metros, se está hundiendo”. 

Las infructuosas negociaciones con la Comunidad de Madrid

La asociación Vecinos de San Fernando Afectados por la Línea 7B lleva reuniéndose con la Comunidad de Madrid desde que los desalojaron, pero todas las negociaciones han sido en vano. Primero, les dieron una alternativa que eran aproximadamente 750 euros al mes para pagar el alquiler, pero los vecinos coinciden en que en San Fernando de Henares no hay ningún piso por ese dinero porque todos son más caros. No obstante, algunos aceptaron y ahora ven cómo ese dinero se está retrasando. “Dicen que amplían el alquiler a quienes se lo estén pagando, pero hay gente que ya está poniendo de su bolsillo”, apunta Mercedes.

Después, la Comunidad de Madrid hizo una oferta a los afectados de unos 200.000 euros –en ocasiones menos dinero– pero que, igual que con el alquiler, se trata de una cantidad pequeña para las viviendas en venta en San Fernando de Henares, y eso sin tener en cuenta que más de uno tenía también plazas de garaje. Igualmente, esos 200.000 euros no se asemejan al valor de cada una de las casas derrumbadas. “Esta propuesta es irrisoria. A parte de que no puedo comprarme lo que tenía, mi vivienda valía más”, manifiesta Mariblanca.

Sin embargo, las negociaciones con la Comunidad de Madrid no se quedan ahí. Esta misma semana, la asamblea de afectados tuvo una reunión con la institución, y esta les transmitió que faltaban unos documentos por entregar. “Hemos entregado todo y ellos dicen que faltan documentos, nosotros decimos que no es cierto”, sostiene Ramos. Los vecinos coinciden en la mala gestión y ponen el foco en las supuestas mentiras que la Comunidad de Madrid está vertiendo sobre ellos respecto al tema de los expedientes: “Van diciendo que nos han pagado ya, pero es mentira, hasta los vecinos dudan ya de nosotros”, dice Mariblanca. “Llevan 19 meses sin casa, es ridículo que en su situación no hayan presentado ya la documentación”, subraya Casado.

Las máquinas demoledoras han vuelto a las calles de San Fernando de Henares para tirar abajo los edificios afectados por la línea 7 del Metro de Madrid. Paredes, ventanas y puertas acaban en el suelo ante la mirada preocupada de los vecinos, que viven desde hace más de una década con las molestias causadas por estas obras. Desde la Plataforma Afectados Metro Línea 7b San Fernando denuncian la falta de aviso, pero sobre todo la peligrosidad de tener unas obras de esta envergadura a pocos metros de otras viviendas por las cuales no se ha contemplado un plan de desalojo temporal. 

“Aquí todos corremos peligro. Pero la Comunidad cataloga como afectados solo a aquellos a los que les han tirado la casa. Las familias que estamos a la espera, con las grietas que van del techo hasta el suelo, no contamos para ellos”, asegura David Casado, vecino del municipio. Desde el balcón de su piso, mira desconsolado cómo los ladrillos caen en la cercana calle de la Presa. Este es el nuevo epicentro de los trabajos de derribo, que el pasado año fueron declarados ruinas. 

Son solamente algunas las viviendas que están destinadas a desaparecer por las grietas que las obras han ocasionado. En 15 años ya se han derribado 27 viviendas afectadas por daños estructurales debidos a la obra y la cuenta no hace más que crecer. De hecho, la Comunidad de Madrid anunció en diciembre que la cifra se duplicará en estos meses, lo que llevaría a 54 el número total de hogares afectados.

“Vivimos con miedo. Con el polvo que entra por la ventana y el ruido a todas horas del día”, añade Casado, que sigue pagando la hipoteca de su vivienda. “¡Nadie nos dice nada. Nos enteramos de que iban a volver a tirar abajo las casas este mismo lunes, cuando volvieron con las grúas”. Los derribos empezaron al principio de la semana en el complejo de El Pilar, un bloque de edificios públicos que era sede, entre otros, de una Casa de la Mujer, de un centro juvenil y de la Escuela Oficial de Idiomas. Todos servicios que el municipio ha perdido cuando el complejo fue declarado ruina y destinado a ser demolido. 

El alcalde de la localidad, el socialista Javier Corpa, ha visitado este miércoles las casas de algunos vecinos, cuyas viviendas comparten paredes con los edificios que se están tirando abajo. “Tenemos un censo de 600 viviendas afectadas, que corresponden a 600 vidas rotas para muchas familias de San Fernando. La Comunidad de Madrid tiene que empezar a tomar esto en serio, porque hasta ahora no lo ha hecho”, denuncia Corpa. 

También la pérdida de las instalaciones del complejo de El Pilar, que está siendo demolido durante esta semana, donde se desarrollan diversos servicios públicos. “La escuela de idiomas, que era un referencia en el Corredor de Henares, ha paso a Coslada. Hemos tenido que trasladar la escuela de adultos, la Consejería de Educación. Es un daño tremendo para la ciudad”, afirma el regidor. 

Desde la corrala de su casa, María Jesús Fernández mira con impotencia las máquinas pesadas en acción. Su piso no es de los más afectados, casi no tiene ni grietas, pero han sido desalojados en más de una ocasión en los últimos diez años. “Una vez porque había temblores, otra porque han empezado a demoler los edificios alrededor. Seguro que en unas semanas nos toca de nuevo”, garantiza. 

Comparte pared con un edificio de la misma urbanización que ha sido desalojado de forma permanente hace un año y que se encuentra en la lista de las viviendas destinadas al derrumbe. Sin embargo, asegura que lo que más rabia le da no es la posibilidad de llegar a perder su casa, sino el ninguneo que sufren por parte de la Comunidad. “Es inhumano. No nos hablan, no nos dicen nada. No tienen empatía. Para ellos somos un expediente que tienen que solucionar, pero no somos personas”, dice. 

Excavar a un metro de una guardería 

Los trabajos de demolición no son los únicos que han puesto patas arribas la vida de los vecinos del centro de San Fernando. A pocos metros de la calle de la Presa, siguen los trabajos de consolidación del subsuelo, que se está hundiendo poco a poco. En la calle Nazario Calonge, las maquinarias se encuentran a menos de un metro de una guardería. Trabajan en horario escolar perforando el suelo. También se puede notar cómo en este tracto de calle la acera se haya hundido unos centímetros y presente unas grietas profundas.

“Me vine aquí para huir de las obras, pero me persiguen”, explica Mar Martínez, peluquera y vecina de la calle Ventura de Argumosa, donde también se encuentran edificios agrietados. Cambió la sede de su salón porque en la calle donde estaba habían empezado a excavar y las maquinarias de las obras quitaban el espacio para que sus clientes pudieran acceder. Sin embargo, desde hace unos meses empezaron a trabajar en frente de su nueva sede. 

“Nos van a cambiar el barrio. Yo todavía no me he acostumbrado a ver el hueco donde antes había edificios. Pero es que si sigue así, no va a quedar nada. Estoy harta de esta situación”, confiesa entre lágrimas. En la puerta del salón tiene un cartel con las caras de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y de su predecesora Esperanza Aguirre, que en 2007 fue quien inauguró a toda prisa la línea del metro. “Hay culpables. San Fernando ponte en pie”, cita el papel. 

Una de sus clientas y amigas, Dolores Lacerna, la consuela mientras señala otra fotografía en el escaparate: dos personas miran cómo una grúa tira abajo un edificios de ladrillos rojos. “Se puede ver mi comedor, allí detrás de la ventana”, explica Lacerna, que perdió su casa el pasado mayo. “La tiraron abajo con todos los muebles. Solamente nos dieron media hora para sacar un poco de ropa, con los bomberos al lado que nos ponían prisa”. 

Desde entonces, vivió primero en un apartahotel, y luego en un piso que pudo pagar gracias a una ayuda de seis meses, que descubrieron les será descontada de la indemnización por haber perdido su casa. “En dos semanas termina también esto, y ya no sé donde voy a dormir. Perdimos nuestras casas y ahora nos tenemos que buscar la vida”. 

Cientos de personas se han manifestado este domingo en el centro de Madrid en contra de la gestión del Gobierno de Ayuso de las obras de la línea 7 del Metro de Madrid en San Fernando de Henares, que están provocando el hundimiento de los edificios del centro de la localidad. Muchos vecinos de los barrios afectados, pero también madrileños que se han sumado en apoyo, han marchado hasta la Puerta del Sol al grito de “Metro culpable, Ayuso responsable” y “Se hunden nuestras casas, se hunde San Fernando” para pedir soluciones. 

“Hay cientos de personas que tienen su futuro colgando de un hilo, porque la Comunidad de Madrid, con sus políticas de maltrato, nos lleva dando largas durante mucho tiempo. Hoy se acabó. Este pueblo se levanta”, ha declarado en la plaza de Callao Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma Afectados Metro Línea 7b San Fernando.

La manifestación, convocada el pasado mes de diciembre, ha retomado fuerza a raíz del accidente de este martes, cuando 52 vecinos de la plaza de la Fuente del Trébol de San Fernando de Henares fueron desalojados ante la amenaza de derrumbe y la aparición de fisuras en sus viviendas. Al día siguiente, la Consejería de Transporte e Infraestructuras aseguró que los pisos continuaban estables y que no había daños estructurales. La mayoría de las familias volvieron a sus casas, aunque mantuvieron reservas sobre la seguridad del inmueble. 

Los vecinos, que tras el desalojo consiguieron parar momentáneamente la obra, este domingo han salido a la calle para pedir un plan integral que solucione de forma definitiva el problema. 

Adriana González (59 años) es una de las habitantes del edificio de la plaza de la Fuente del Trébol. Marcha en primera fila mientras sostiene la pancarta que preparó en su casa poco antes de que empezara el temblor. “Aguirre culpable, Ayuso soluciones ya”, cita. Después de haber pasado dos días en un hostal, decidió volver a su casa. “Aún no sé si ha sido la mejor decisión. Tengo mucho miedo. En el sótano del edificio han aparecido grietas del grosor de dos dedos. No se puede vivir así”, denuncia. 

Convocada por la Plataforma Afectados Metro Línea 7b San Fernando, la manifestación ha recibido el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT y CGT, además de los partidos de oposición en la Asamblea de Madrid y de numerosas asociaciones locales. Paloma Lopez, secretaria general de CCOO, ha acusado de “sadismo institucional” a la presidenta de la Comunidad de Madrid. “La situación que llevan viviendo los vecinos de San Fernando de Henares desde hace 15 años es absolutamente insostenible. Exigimos a Ayuso que ponga en marcha el plan integral, aprobado ya desde hace varios años, y que dé respuesta de una vez a la ciudadanía”.

15 años de derribos

Desde que fue inaugurada a toda prisa en 2007 por la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, esta línea de metro ha sido protagonista de numerosas polémicas y protestas vecinales por las consecuencias de su construcción. Al día de hoy, se están llevando los trabajos de consolidación de un terreno que se está hundiendo lentamente. Esto pasa porque el agua presente en el subsuelo entra en contacto con la sal del terreno, la disuelve y provoca un deslizamiento de tierras que hace que las estructuras de los edificios se muevan poco a poco.

En 15 años ya se han derribado 27 viviendas afectadas por daños estructurales debidos a la obra, y la cuenta no hace más que crecer. Según anunció la Comunidad de Madrid en diciembre, otras tantas sufrirán la misma suerte en los próximos meses, lo que llevaría a 54 el número total de hogares afectados.

Los vecinos de San Fernando viven constantemente con el miedo a que aparezcan nuevas grietas en sus casas. Santa Martínez (31 años) vive al lado del edificio que desalojaron el martes a toda prisa. Asegura que en su vivienda han empezado a aparecer fisuras desde hace unos meses, tanto que el Ayuntamiento del municipio ya la reconoce como edificio afectado, a pesar que la Comunidad no lo haya incluido en su lista. Compró el piso en marzo del año pasado, después de que le hubieran asegurado que estaba en perfectas condiciones. “A los tres meses de mudarme, empezaron a aparecer las grietas. Se suponía que estábamos fuera de la zona de riesgo, pero con las obras a lado día y noche, era imposible que no pasara”, dice. 

También el alcalde de este municipio al este de la capital, el socialista Javier Corpa, acudió a la manifestación. Tras haber criticado duramente la ausencia y el silencio de los políticos del Partido Popular en los días sucesivos al accidente, el regidor hizo un llamamiento en las redes sociales para participar en la convocatoria. 

“Hoy vamos a llenar las calles del centro de Madrid de dignidad. La dignidad de un pueblo que ha dicho basta a 15 años de gobierno del Partido Popular”, ha dicho el alcalde antes del comienzo de la marcha. “Tiene que saber la presidenta de la Comunidad de Madrid que no vamos a parar, porque San Fernando de Henares no merece seguir con el maltrato que estamos soportando”.

Tal y como anunció el pasado 21 de diciembre el consejero de Transporte e Infraestructuras, David Pérez, las familias cuyas casas han sido declaradas ruinas recibirán entre 136.000 y 355.000 euros de indemnización por inmueble derruido. La Comunidad calcula que este monto sería suficiente también para compensar el daño moral y para permitir a los vecinos encontrar una nueva vivienda en los actuales precios de mercado. 

Pepi Castro (56 años) vio cómo las grúas tiraban abajo la casa donde vivía desde hace 35 años. Pasó en enero de 2022, aunque habían dejado el inmueble ya unos meses antes. “Nos llamaron para entrar con los bomberos. Hemos tenido dos horas para sacar todo lo que pudimos”, recuerda. Desde entonces, ha cambiado de casa dos veces y aún no ha encontrado una solución fija. “Ahora hablan de indemnización. Dicen que nos van a dar 200.000 euros. ¿Y dónde la encuentro yo una casa por este precio? Teniendo además que comprar de cero todos los muebles”, pregunta. 

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Hace un año, 24 familias de la localidad madrileña de San Fernando de Henares tuvieron que abandonar sus viviendas, prácticamente con lo puesto. La Comunidad de Madrid les prometió que el desalojo duraría apenas un par de meses, mientras se realizaban las obras de rehabilitación con las que coser las grietas que había abierto en sus muros la línea 7b de metro, que Esperanza Aguirre se empeñó en construir pese a los informes desfavorables. El Ejecutivo autonómico las realojó en un apartahotel en un polígono industrial de forma provisional y, ante su asombro, en mayo demolió sus viviendas.

Mientras siguen esperando una indemnización que les permita retomar sus vidas, a la lista de agravios se suma ahora un nuevo epígrafe: la consejería de transportes no ha renovado la orden de emergencia y les fuerza a abandonar el apartahotel y adelantar una parte de los alquileres, que hasta ahora cubrían íntegramente. La administración les abonará 798 euros durante seis meses, en un pago de 4.788 euros. Es, indican fuentes de la Consejería, lo que está tasado por parte del ministerio de Fomento, más el 14% de IPC, pero la Comunidad se compromete a sumar la diferencia de la compensación por su responsabilidad en los daños de la línea 7b del suburbano.

Cuando la reciban, porque por el momento la mayoría de vecinos aún no saben cuándo ni cuánto dinero les corresponde, ni si les dará para comprar otra vivienda. En febrero, la Comunidad de Madrid comenzó a tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial derivados de los daños causados. Es decir, la administración asumía la culpa. Al fin y al cabo, había sido Esperanza Aguirre quien ignoró “la problemática geotécnica asociada a la presencia de materiales salinos” en el terreno, de la que la advirtieron los técnicos, y que ahora está provocando que las construcciones se agrieten hasta convertirse en un peligro, por sus prisas electorales.

Este martes, una decena de familias que permanecían en los apartahoteles, se afanaban en encontrar un lugar en el que pasar la noche y vivir los próximos meses, a la espera de una solución definitiva. Rosario Gamo, de 69 años, abandonaba a última hora de la tarde la que había sido su casa improvisada durante el último año para ir a casa de su hija, mientras encuentra un piso que pueda mantener con su pensión de viudedad. Ve imposible encontrar algo con lo que ofrece ahora la Comunidad de Madrid.

Su hija, Ana, explica a elDiario.es que una vivienda de alquiler con muebles es superior a ese importe y que, además, reclaman una fianza, en algunos casos de hasta tres meses y un aval al que su madre no puede hacer frente. “No es lo mismo estar en un apartahotel que empezar de cero en un piso y nosotros, con la hipoteca y la situación en casa, tampoco la podemos avalar”, lamenta.

En mayo, mientras contemplaban la demolición de sus casas con los recuerdos de sus vidas y el futuro que habían planeado en ellas, los vecinos calculaban que las reparaciones se resolverían en unos seis meses, para el otoño. Ya entonces tenían dudas de que los plazos se fueran a cumplir pero, con el compromiso de la consejería de pagarles 798 euros al mes durante seis meses, temen que ese horizonte se alargue. “Si ofrecen un adelanto de seis meses de alquiler, es que no van a tardar menos de seis meses”, barrunta Juan Fuentes, que es el presidente de la Asociación de Afectados de Metro Presa-Rafael Alberti. Tampoco saben de cuánto serán esas indemnizaciones, ni si les llegará para comprar otra vivienda.

Desde el ejecutivo regional de Ayuso afirman que están “volcados” con los vecinos, pero aseguran que faltan documentos por entregar. “La inmensa mayoría no tienen el expediente completo”, señalan. Y esa, dicen, es la causa de que aún no hayan recibido sus indemnizaciones: “En febrero ya se dijo que el 20 de septiembre se acababa la emergencia”.

El consejero del transportes, David Pérez, se reunió este lunes con las 24 familias del bloque situado entre las calles Rafael Alberti y Presa, reconvertido ahora en un solar lleno de escombros. “Yo le pregunté qué documento le faltaba a mi madre y me dijo que toda la documentación estaba entregada y estaba OK. Cuando le consulté por qué no se ha podido entregar ya, me contestó que esto tiene un tiempo y que, por lo menos, son cuatro meses”, explica Ana.

Al llegar al apartahotel en el que vive su madre, cuenta que se encontraron bajo la puerta una nota de la empresa Tragsa, a través de la que la Comunidad gestionaba el pago de las rentas. “Decían que dejaban de hacerse cargo de esos alquileres y la lista de precios de los apartahoteles”, explica. 900 el más pequeño y cerca de 1.500 euros, el triple.

A Juan, que consiguió hace cuatro meses un pequeño piso de alquiler por 1.100 euros, que hasta el martes sufragaba la administración, le llegó un email de esta misma empresa reclamándole la fianza, explica.

“Una propuesta insuficiente”

A finales de julio, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso les avisó de que no renovaría la orden que les permitía financiar los apartahoteles y los pisos de alquiler que habían encontrado algunas familias. “Si hace 15 o 20 días nos dicen que no podían hacer nada y ahora consiguen esos 798 euros, ¿por qué no pueden conseguir que sea un poquito más y que se hagan cargo de todo, como durante el periodo de emergencia?”, se pregunta Ana.

Para Juan, “la propuesta es insuficiente”. “Se cumple un año fuera de nuestras casas y estamos peor que lo que estábamos”, lamenta. La vida de estos vecinos ha dado un giro de 180 grados, pero sus obligaciones no han cambiado. Los que no habían terminado de pagar sus viviendas, deben seguir haciendo frente a sus hipotecas pese a que sus casas han sido reducidas a escombros por culpa de la Comunidad de Madrid. Otros, viven gracias a sus pensiones o sus pensiones de viudedad. En cualquier caso, los 798 euros se les quedan cortos para pagar un alquiler y hacer frente a suministros como la luz, el agua y el gas. “Somos personas honradas, trabajadoras, gente mayor que en la vida nos hemos visto envueltos en algo así y estamos desesperados”, cuenta Juan.

Basta una búsqueda por portales de alquiler como Idealista, Fotocasa o Pisos.com para darse cuenta de que la oferta de viviendas en San Fernando de Henares es escasa. Poco más de una decena de casas en alquiler, con rentas que oscilan entre los 700 y los 1.275 euros al mes. Con estos precios, y sumando los suministros, los vecinos tendrían que aportar dinero de su bolsillo. “Si salgo de aquí, ¿dónde me meto?”, se pregunta Juan, que explica que algunos de sus vecinos que permanecían este martes encerrados en el apartahotel se niegan a abandonarlo porque no tienen donde ir.

“Hemos mantenido reuniones con los vecinos cuyas viviendas se han visto afectadas por la línea 7b de metro de San Fernando. Hemos escuchado a todos los vecinos, les hemos explicado cómo vamos a gestionar las indemnizaciones, los anticipos que desde mañana (por el martes) tendrán disponibles para que así puedan utilizarlos para su alojamiento. Tenemos ya las indemnizaciones definitivas”, dijo Pérez tras el encuentro. Las tienen, dicen, pero están bloqueadas a la espera de una próxima reunión con el abogado de las víctimas para resolver los flecos sueltos.

No obstante, pese a que Pérez ha definido la reunión como “provechosa”, esta no ha servido para que decenas vecinos no salieran este martes a la calle para defender San Fernando de Henares y solidarizarse con las familias “a las que han destrozado la vida”. En la llamada a la manifestación, que estaba convocada previamente y que ha discurrido entre la avenida Algorta y Plaza de España, la plataforma de afectados exigía a Ayuso “soluciones ya”.

“Se notó muchísima gente, muchísimo apoyo. Después de un día tan duro y tan amargo, terminar con la gente de mi pueblo fue como el colofón. No se puede imaginar la gente lo que nos hizo sentir en ese momento”, cuenta Ana emocionada.

Este lunes, los vecinos afectados han colgado en YouTube un documental en el que narran cómo ha sido su vida desde que fueron forzados a dejar sus casas. “Allí estaba tan a gusto, tan tranquila, pensando que, en mi jubilación, es lo que ya tenía”, explica Dolores, de 67 años con nostalgia en ese trabajo audiovisual, titulado 'Vidas rotas' y dirigido por Iván Fuentes, uno de los afectados. “Fue un cambio total”, lamenta Rosario. “Hace cuatro años me quedé viuda, tenía a mi nieta y era la que me daba la vida. Se quedaba a dormir de lunes a viernes conmigo y cuando pasó está situación, pues me vi sola, porque la niña no me la podía traer yo aquí [al apartahotel]”, dice. De su casa apenas pudo rescatar una foto de su marido con la niña.

Este mismo lunes, además, en una especie de deja vu, la Dirección General de Infraestructuras ha realojado a otras 30 familias de la calle Rafael Alberti. Por un lado, a 14 familias de los portales 1 y 2 del número 7, para los que el Ayuntamiento ha decretado la declaración de ruina de todo el edificio. Por otro, a 16 familias de los portales 3 y 4. Estas “manifestaban daños no compatibles con los trabajos de consolidación del terreno”, indica la consejería en un comunicado. En el mismo, se compromete a que “serán trasladados al apartahotel o a pisos en régimen de alquiler, todo ello sufragado por el Gobierno regional, al igual que los costes de los suministros (agua, luz y gas) y de manutención”, algo que ahora niegan a las familias que llevan un año fuera de sus casas.  

“Esperemos que esto se solucione por estas 24 familias y por toda esa gente que viene detrás, que nadie tenga que pasar por este año tan tan duro”, dice Ana con la boca pequeña. “Mi madre está muy indignada por el tiempo que pasa y porque ve que de palabra se dice mucho, pero de actos no. Su casa de 40 años en la que ha formado su hogar y ha visto crecer a sus hijos y a sus nietos no la va a recuperar y de eso es consciente, pero quiere vivir dignamente en otra casa y siente que están jugando con ella y con sus vecinos”, lamenta.

Hace casi un año, los bomberos desalojaron a toda prisa el bloque que hace esquina en las calles Rafael Alberti y La Presa, en la localidad de San Fernando de Henares, ante el peligro de derrumbe que habían detectado los peritos de la Comunidad de Madrid. Ese edificio pertenecía a la ‘zona cero’ de los daños causados por las obras de la Línea 7B de Metro que Esperanza Aguirre impulsó desoyendo las advertencias de los informes técnicos. El Gobierno regional envió a las familias a unos aparta-hoteles en un polígono industrial cercano, en los que la mayoría sigue viviendo a día de hoy pero que tendrán que abandonar el 20 de septiembre, porque el Ejecutivo madrileño ha decidido ahora no renovar la orden de emergencia que le permite financiar esos alquileres. 

Aquellas familias, desalojadas a finales de septiembre de 2021, pensaron en ese momento que pasados unos meses, tras los estudios y las obras pertinentes, podrían volver a sus casas. El consejero de Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, les aseguraba entonces que cuando volviesen lo harían “con la absoluta tranquilidad de que es el edificio más sólido de España”. “Al principio pensábamos que íbamos a volver, que serían unas pruebas y volveríamos”, cuenta Eva, una de aquellas vecinas. El edificio, sin embargo, quedó reducido a escombros el pasado mayo, después de que los peritos concluyesen que su estado era irrecuperable. “Al final ni prueba ni nada. No tengo casa, no tengo vivienda, no tengo hogar. Nos han jodido la vida”, explica al otro lado del teléfono. 

Durante este tiempo la mayoría ha montado una vida provisional en los aparta-hoteles que la Comunidad les asignó en un polígono a las afueras de San Fernando, pero tendrán que abandonarlos el 20 de septiembre. Los vecinos lo supieron en una reunión que mantuvieron el 28 de julio con el viceconsejero de Transportes, Carlos Díaz-Pache. “Nos dijeron que no se podía ampliar la orden de emergencia porque ya no existía emergencia”, relata Juan Fuentes, portavoz de la plataforma de afectados, que recuerda su respuesta: “La emergencia es la que no tenéis vosotros, pero son viviendas que habéis derribado vosotros, que seguimos pagando sin tenerlas y, ahora, si no hay cambios, nos vemos abocados a la calle”. 

A partir de septiembre, explica Fuentes, los alquileres que ahora asume el Gobierno deberán pagarlos ellos. “Yo en mi caso pago 400 euros de hipoteca, pero hay vecinos que pagan 800. Si tienes que sumarle un alquiler de otros 1.000, dime cómo lo haces con un sueldo de 1.400 o 1.500 euros. La emergencia es ahora cuando más existe”, protesta en declaraciones a elDiario.es. 

“Nos dejan con una mano delante y otra detrás. Completamente tirados”, lamenta Mari Carmen, otra de las vecinas desalojadas, que no sabe cómo se las va a arreglar ahora para pagar un alquiler de 1.000 euros, los gastos de vida con dos hijos adolescentes y la hipoteca en la que se metió en 2019 para pagar un piso del que ahora solo quedan ladrillos rotos y arena. “Habrá gente que pueda costearlo, pero en mi caso yo o lo voy pidiendo prestado o tengo que irme a casa de mi madre”, explica. Ella es una de las pocas vecinas que ha conseguido abandonar los aparta-hoteles y alquilar un piso decente, aunque ha tenido que mudarse a Coslada. “Alquilé un piso porque en esos apartamentos era imposible vivir. Mucha gente de paso, era un bajo de 30 metros cuadrados para una madre y dos hijos. No tienes intimidad”, describe. En esas circunstancias siguen viviendo 20 familias que en cuestión de semanas tendrán que buscar un alojamiento, acudir a un familiar o se quedarán en la calle. 

Eva sigue viviendo con su marido y su hijo en los aparta-hoteles. “Yo estoy en paro. solo tenemos el sueldo de mi marido. Seguimos pagando una hipoteca y una serie de gastos que si no los pagas te vienen a buscar. No podemos irnos de alquiler. La gente que tienes alrededor te va ofreciendo, pero yo no quiero estar dependiendo de nadie, quiero las condiciones que tenía antes”, se resigna. 

Suspensión del metro por novena vez

Mientras los vecinos debaten qué acciones tomar y prometen que será un otoño “calentito” para los responsables de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional ha anunciado que a partir del 24 de agosto suspenderá parte del trayecto de la línea 7B. En concreto, quedará suspendido el servicio entre las estaciones de Jarama y Hospital del Henares para “comenzar los trabajos de reparación de la infraestructura”. “Los últimos informes elaborados por los técnicos han aconsejado realizar un cierre preventivo de las estaciones afectadas para acometer lo antes posible los trabajos necesarios de reparación”, explica Metro en un comunicado en el que detalla que los trabajos servirán para afianzar “las infraestructuras y el terreno afectado, para asegurar su estabilidad y resolver los problemas debidos a las filtraciones de agua” en ese tramo. 

Desde hace varias semanas, los vecinos habían detectado que los vagones de metro al pasar por San Fernando reducían la velocidad. No es la primera vez que lo sienten ni la primera vez que Metro suspende la línea para realizar obras. De hecho es la novena. Todo se remonta a los problemas que presenta el subsuelo de la zona, los mismos que han provocado que más de 176 viviendas presenten desde hace años grietas que se van ensanchando y que algunas de ellas, como las de Mari Carmen y Eva, hayan tenido que ser demolidas. 

El origen del problema está en la ampliación de la línea 7, la que discurre por el corredor del río Henares, por el noreste de la Comunidad de Madrid. Las obras comenzaron en 2004, pero dos años más tarde, a las puertas de la campaña electoral, Esperanza Aguirre pidió cambiar el trazado para crear dos estaciones nuevas y conectar el flamante Hospital del Henares. Todo ello se hizo finalmente pese a que varios informes desaconsejaron agujerear un subsuelo de importante composición salina, inundado hace millones de años por un mar. Los técnicos detectaron incluso cavidades en el terreno sobre el que debían circular los trenes.

En 2008, un grupo de geólogos de la Universidad Autónoma de Madrid advirtió en un estudio sobre las dificultades que presentaba el terreno sobre el que se había construido la línea. Un año antes, un informe de la dirección facultativa de la obra al que tuvo acceso después este diario exponía los problemas del cambio de trazado. Solo hace unos meses, el Gobierno autonómico reconoció públicamente que la situación que se vive en San Fernando de Henares tiene relación directa con las obras del tramo de la línea 7B, a pesar de que los problemas comenzaron hace 12 años y que incluso hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2019, que concluye que la responsabilidad fue de la administración por “no tener en cuenta las singularidades del terreno”. 

Sin noticias de las indemnizaciones

Cuando se declaró la ruina del edificio de la calle Alberti y los bomberos derribaron el bloque, el Gobierno regional reconoció su responsabilidad patrimonial y habilitó un plazo para que las familias solicitaran una indemnización. Esos expedientes debían resolverse en un plazo de seis meses que acaba de vencer sin que los afectados hayan recibido ninguna noticia al respecto. En la última reunión con el Gobierno, cuenta Fuentes, el portavoz de los afectados, el viceconsejero les trasladó que seguían trabajando en los expedientes y que tendrían noticias pronto. “Llevamos once meses y en once meses no han hecho nada. Lo veo muy difícil. La pequeña esperanza es que resuelvan los expedientes antes del 20 de septiembre, pero creo que si se hacen cargo, lo van hacer para cumplir con el expediente, no para poder rehacer nuestras vidas”, plantea. 

Mari Carmen recuerda que la Consejería les dijo que, como son expedientes separados, los tienen que mirar uno a uno, y eso lleva tiempo. “Yo como lo compré hace poco tengo fotos, facturas, documentación que he aportado. Pero hay gente que vive desde hace muchos años en esos apartamentos y es mucho más difícil de calcular el valor de todo”, opina. Eva se desespera al otro lado del teléfono: “No tenemos ninguna señal de ellos. Ni buena ni mala. Nos vemos debajo de un puente, no sabemos a dónde vamos a ir. No pedimos nada del otro mundo. Toda la vida trabajando para que nos dejen sin casa y ahora en la calle”.

La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto una condena de seis meses de inhabilitación a la exalcaldesa de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, Catalina Rodríguez, actualmente concejala de la oposición. Los jueces le atribuyen un delito contra las instituciones del Estado porque entre 2016 y 2017, cuando era alcaldesa, se negó reiteradamente a enviar documentación al Defensor del Pueblo sobre la Plaza de España del municipio, objeto también de numerosos litigios desde hace años. En su momento Rodríguez fue alcaldesa por San Fernando de Henares Sí Puede pero fue expulsada de Podemos y en la actualidad es concejala de la oposición por Más Madrid. Su condena de inhabilitación afecta sólo a ejercer el cargo de alcaldesa.

Catalina 'Cati' Rodríguez fue una de las denominadas 'alcaldesas del cambio' surgida de las urnas en 2015, la primera vez en que Podemos y sus marcas municipales concurrieron a unas elecciones locales. En San Fernando, localidad de casi 40.000 habitantes del Corredor del Henares, la formación 'San Fernando de Henares Sí Se Puede' fue segunda fuerza en los comicios con cinco concejales y apenas 150 votos menos que el Partido Popular. Su cabeza de lista, Rodríguez, fue investida alcaldesa con el apoyo de PSOE e Izquierda Unida. Cuatro años más tardes la marca se diluía, Podemos se quedaba con un concejal y Rodríguez pasaba a la oposición con Más Madrid.

Uno de los asuntos con más presencia en la vida pública de San Fernando de Henares es su Plaza de España. Los impagos del Ayuntamiento en legislaturas anteriores a las constructoras que tenían que reformar la plaza llevaron a su embargo por orden judicial. Un proyecto que acabó en los tribunales: el predecesor de Catalina Rodríguez, Julio Setién, está a la espera de ser juzgado por aportar la Plaza de España al capital social de la sociedad mercantil que iba a gestionar la reforma. Todo esto en una localidad donde, además, la línea 7B de Metro y sus obras han provocado hundimientos y grietas en viviendas del municipio con destrozos por valor de varios millones de euros.

El caso de la Plaza de España fue llevado a los tribunales por la Asociación Cívico Cultural El Molino, que en 2015 decidió dirigirse a la nueva alcaldesa para solicitar documentación. Ante su negativa decidieron acudir al Defensor del Pueblo que también recibió el silencio del Ayuntamiento por respuesta. Según la Justicia, el Defensor del Pueblo exigió seis veces sin éxito explicaciones al consistorio: cuatro veces por carta y dos veces más a través de una llamada telefónica entre agosto de 2016 y septiembre de 2017. La Fiscalía terminó denunciando a la regidora cuando ya había dejado el cargo, en 2020.

En un primer momento un juzgado de lo penal de Alcalá de Henares consideró culpable a Rodríguez, ahora en las filas de Más Madrid, de un delito contra las instituciones del Estado por no contestar a los requerimientos del Defensor del Pueblo y le impuso un año de inhabilitación para ejercer como alcaldesa, además de una multa de 1.800 euros. Ahora, según ha sabido este periódico, la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente su recurso y ha dejado su condena de inhabilitación en seis meses. Esta sentencia, además, todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo.

La concejala de la oposición alegaba en su recurso, entre otras cosas, que los jueces no habían tenido en cuenta las circunstancias en las que habían llegado los requerimientos de información del Defensor del Pueblo: un cambio de gobierno, constantes cambios en figuras clave del consistorio y una “supuesta situación caótica y de colapso del ayuntamiento” que, para la Audiencia de Madrid, no está probada. “La información solicitada era de fácil comprensión y cumplimentación, sin que por parte de la alcaldesa reclamada se facilitara información alguna remitiéndose desde el ayuntamiento simples excusas retardatorias, que solo cabe tildar de clamorosa inactividad”, reprocha la Audiencia Provincial de Madrid.

Un retraso de tres años

Para los jueces, “justificar un retraso en contestar al Defensor del Pueblo de casi tres años es difícilmente asumible”, más aún en un consistorio con un presupuesto de más de 40 millones de euros y “la consiguiente infraestructura administrativa”. Ya en primera instancia el juzgado de lo penal dijo que la entonces alcaldesa era “conocedora en todo momento de los sucesivos requerimientos del Defensor del Pueblo, tanto oficiales como extraoficiales, conociendo el carácter urgente de los mismos, así como su obligación de atender los mismos”.

Los jueces han contado con varias pruebas que apuntalan la condena de Rodríguez: un funcionario del Defensor del Pueblo que relató, dice la sentencia, “la sucesión de requerimientos, avisos y llamadas telefónicas insistiendo en la necesidad y urgencia de la remisión de los información requerida”. La hoy concejala de la oposición alegó en todo momento que nunca tuvo una intención de desatender la solicitud de información.

La sentencia sí acepta rebajar su condena a la mitad. La exalcaldesa se quejaba de que había sido inhabilitada durante un año sin justificación concreta y la Audiencia de Madrid entiende que “se justifica erróneamente con la afirmación de que el delito se cometió deforma directamente relacionada con el desempeño de su función, lo que no puede ser tomado en consideración como elemento agravatorio”. Actuar como alcaldesa no puede ser una agravación de la condena, dicen los jueces, porque ya forma parte del tipo básico del delito. Además carece de antecedentes penales y, por tanto, según la Audiencia “debe proceder la imposición de la pena mínima de seis meses de suspensión del cargo de alcaldesa”.

“Ha estado entretenida la cosa, sí”, responden desde una formación de izquierdas en San Fernando de Henares (Madrid) al ser preguntados por la convulsión política que han vivido en los últimos años. Se trata de una pequeña ciudad de 39.466 habitantes que limita al este con la capital y en la que, desde el fin de la dictadura, el Partido Comunista e Izquierda Unida han arrasado en prácticamente todas las elecciones locales, llegando a superar el 60% de los votos. Pero ha habido excepciones. La última, el pasado 26M: IU-Madrid En Pie (en confluencia con Equo y Anticapitalistas) obtuvo un concejal tras cosechar el 6,48% de las papeletas. Desde el 15 de junio, el PSOE gobierna con el apoyo de Ciudadanos.

Aunque la fragmentación de la izquierda y la subida de los socialistas han hecho que IU pierda apoyo en buena parte de sus feudos madrileños −ahora tienen 59 concejales en toda la región−, sí ha conseguido mantener el primer puesto en otra ciudad emblemática: Rivas-Vaciamadrid, a 12 kilómetros al sur de San Fernando, donde han gobernado de forma ininterrumpida las últimas tres décadas y seguirán haciéndolo los próximos cuatro años. Allí, de hecho, han mejorado sus resultados en dos puntos.

Entonces, ¿cuál ha sido el factor diferencial para que en San Fernando hayan pasado de diez concejales a uno en ocho años? En la propia Asamblea local de la confederación de izquierdas lo tienen claro: la privatización de la Plaza de España por parte de Julio Setién, alcalde de IU en San Fernando entre 2007 y 2013, cuando dimitió alegando motivos personales. El proyecto de reforma de este lugar céntrico de la ciudad se financió a través de un crédito con Bankia, que tenía como aval la propia plaza.

Con la llegada de su compañero de partido Ángel Moreno a la Alcaldía, se descubrió el desfase de las cuentas −94 millones de euros− y la destrucción de documentación. “Había mucha opacidad, recuperamos lo que pudimos y lo entregamos a la Fiscalía”, explican desde la agrupación local, que perdió el gobierno municipal en 2015. La Justicia declaró la recuperación de la plaza −pero el agujero económico se mantiene−, así como la opacidad del proceso respecto al Pleno del Ayuntamiento.

“Nuestro voto se fue con ellos”

Fuentes de IU San Fernando reconocen a eldiario.es que es “evidente” e “indudable” que la pérdida de votos está relacionada con la “gestión” de este caso. “No explicamos bien lo que habíamos hecho, no supimos llegar a la ciudadanía”, admiten ante una situación en la que ellos fueron quienes denunciaron a su compañero de partido. A esto se sumaron cuestiones que excedían la política local, como la fuerte irrupción de Podemos en 2015 −“nuestro voto se fue con ellos”− o la desfederación y crisis interna de IUCM en aquel momento. Sobre San Fernando Sí Se Puede, la confluencia apoyada por Podemos que ganó aquellas elecciones, afean que entonces “lo único que hicieron en campaña fue meterse con IU y la gestión del caso de la plaza, y eso que nosotros ya habíamos entregado la documentación a la Fiscalía dos años antes”.

Pese a ello, IU apoyó a esta confluencia, argumentan, “por responsabilidad, para que no gobernara la derecha”: “Dimos el voto de confianza, y antes intentamos llegar a negociaciones de programa, pero fue imposible”. ¿El motivo? Que no se fiaban. “No querían firmar nada hasta que no vieran en qué estado real estaba el Ayuntamiento”. San Fernando Sí Se Puede, con cinco de 21 concejales, acabó gobernando en solitario.

Pero el caso tuvo otra vuelta de tuerca. A mitad de mandato, PSOE, IU y CCOO presentaron una querella contra la alcaldesa de San Fernando Sí Se Puede, Catalina Rodríguez. “Dio acceso a una persona ajena al Ayuntamiento, militante de su partido, a la documentación del caso de Plaza de España. Era información sensible en manos de alguien que no tenía ninguna relación contractual con el Ayuntamiento”, explican las mismas fuentes: “No lo veíamos bien y ella nos dijo que le daba igual, que era de su confianza”.

Esa persona era su asesor Joaquín Gómez. Ambos fueron imputados por los delitos de prevaricación, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos públicos relacionados con la venta de la Plaza de España. No dimitió del cargo, algo que choca con lo establecido en el código ético de Podemos, donde militaba entonces, pero que también se recoge en el documento homónimo de Más Madrid, candidatura que encabezó en los últimos comicios en la ciudad. Aunque ha obtenido menos de la mitad de los apoyos que antes −dos concejales y un 10,52% de las papeletas−, sigue siendo la principal fuerza a la izquierda del PSOE: el resto solo tienen un representante.

La denuncia no prosperó en primera instancia, recurrieron y volvieron a perder. Esta última vez el veredicto llegó a unos días de las elecciones y, aunque se manifestaba en el mismo sentido que el anterior, sí se matizaba que se habían producido irregularidades, pero no constitutivas de delito. No tienen previsto volver a recurrir.

El cargo que sí perdió Rodríguez fue el de secretaria general de Podemos en la ciudad. Aunque fue la primera en acceder a él, fue derrotada por amplio margen en junio 2018, siendo alcaldesa de la ciudad y teniendo el respaldo de Íñigo Errejón. Le ganó José Luis Sánchez −afín a Ramón Espinar−, que luego se convertiría en candidato a la Alcaldía por esta formación. Además, Rodríguez fue apartada al no presentarse a las primarias para la configuración de las listas en febrero de 2019. Este periódico se ha puesto en contacto con Más Madrid-San Fernando Sí Se Puede en reiteradas ocasiones durante las últimas semanas, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

“No solo ha sido la Plaza de España”

“El análisis que hacemos nosotros no va en esa línea. San Fernando sigue siendo mayoritariamente de izquierdas”, argumentan en Podemos sobre la caída de este espacio político, donde sí están de acuerdo en que “no solo ha sido la Plaza de España, también otros temas urbanísticos”. Por ejemplo, “el almacén municipal, que lleva años construido, costó un dineral y no se le dotó de acceso” o empresas “a las que se les expropiaron terrenos y no se le pagaron”. Todo ello, relatan, se “iba acumulando y generando una serie de intereses que hacen que el Ayuntamiento esté en una situación económica delicada”. “Si no llegamos a una serie de acuerdos y no intervenimos, esto puede llegar a afectar al gasto corriente”, avisan.

En IU también consideran que han podido influir otras cuestiones locales, y apuntan al retraso en la entrega de unos pisos −que achacan a la Comunidad de Madrid−, o a la desaparición de las corridas de toros en la ciudad en 2013, donde destacan que tuvieron que mantener un enfrentamiento con las peñas, pues allí “hay mucho caldo de cultivo”.

“Ni a San Fernando Sí Se Puede ni a nosotros nos puede haber salpicado esa cuestión (la de la plaza)”, dicen en Podemos antes de valorar que “la gente da el caso amortizado por el tema judicial, sobre todo viendo el resultado del PSOE”, que ha ganado las elecciones y votó a favor del proyecto de la plaza, que se aprobó por unanimidad. En este partido consideran que la cercanía entre las elecciones generales y las municipales ha hecho que el caso de la plaza “no haya tenido incluso la trascendencia que debería”. También achacan esa bajada de los partidos de izquierda a la división de candidaturas, un análisis que es compartido por todos ellos: “Eso a la gente le desorienta, porque es más difícil ver las diferencias que hay entre las distintas opciones. Además, la gente no termina de ver que haya un cambio de políticas cuando la izquierda gobierna, que es como debería ser”.

¿Por qué no hubo confluencia?

La última vez que IU no ganó las elecciones fue en 1995, cuando el PSOE superó a la confederación de izquierdas en cinco puntos (38,23% frente a 33,37%). La otra, dos décadas después. La candidatura San Fernando Sí Se Puede, apoyada por Podemos, fue la fuerza de izquierdas más votada y consiguió la Alcaldía, aunque el PP quedó 149 papeletas por delante, única vez que ha ocurrido en el municipio. Aquel año había dos listas a la izquierda del PSOE, pero las continuas tensiones y disputas desde entonces desembocaron en una mayor división: el 26M hubo listas de Más Madrid, IU-Madrid En Pie, Actúa-Los Verdes y Podemos, que estuvo a un centenar de votos de no entrar en el Ayuntamiento.

Cabe recordar que aunque IU ha obtenido una representante, esta candidatura era compartida también con Equo, Anticapitalistas y algunos independientes bajo la marca Madrid En Pie. Ni siquiera llegó a haber una reunión con Más Madrid, pero tampoco consiguieron llegar a buen puerto con Actúa, el partido de Gaspar Llamazares. La corriente que representaba el que fuera coordinador general de IU, Izquierda Abierta (IA), era especialmente fuerte allí. Su 'número dos', Montserrat Muñoz, ha sido la alcaldesa de San Fernando de Henares que más tiempo ha estado en el cargo (1995-2007) y el pasado 25M fue candidata al Parlamento Europeo por Actúa. Desde esta formación explican que “la mayoría de la gente nunca ha militado ni en IU, ni en IA, ni en ningún sitio”, así como que han pasado por “un proceso de construcción propio” en el que no establecieron ninguna lista conjunta porque “no hubo tiempo”: “Casi no nos conocíamos”.

En Actúa creen que lo que más ha afectado a la izquierda ha sido “la implosión en distintos partidos”, y señalan que el tema de la plaza “es una cuestión transversal, porque cuando se aprobó estaban todos los partidos a favor”. “Si se le echa la culpa a IU, lo han pagado con creces”, reconocen mientras lamentan que no se haya avanzado a “ninguna solución”. “Hay quien ha sabido sacar rédito de la situación y utilizarlo electoralmente”, dejan caer.

“No había grandes diferencias”

Mientras, en Podemos destacan que “no había grandes diferencias programáticas, sino cosas concretas sobre la actuación de IU en las últimas corporaciones”. En la federación de izquierdas dicen que la causa está en el rechazo a las primarias abiertas por parte de Podemos, que optaban por hacer unas votaciones en cada organización después de haber asignado puestos para cada partido en la candidatura conjunta. “Imagina que las cinco primeras personas salen de Podemos. ¿Cómo le pides al votante de IU que apoye eso?”, defienden.

“Si algo tenemos que lamentar, es la subida de la derecha”, apuntan en Actúa. El PP tenía seis concejales en 2015, mientras que la ultraderecha de España 2000 alcanzó un representante. Ahora, aunque el PP ha perdido un asiento y España 2000 se ha mantenido, Ciudadanos ha irrumpido con tres y Vox con uno.

El PSOE solo podía alcanzar la mayoría absoluta por la izquierda si se entiende con las cuatro fuerzas de este espacio político, cosa que no ha ocurrido. A 48 horas de la constitución del Ayuntamiento, los socialistas lanzaron un duro comunicado contra Más Madrid. En él, daban por rotas las negociaciones y acusaban a esta formación de “mercadeo” y priorizar “prebendas personales”, en referencia a la exigencia de liberados.

Acto seguido, el candidato del PSOE, Javier Corpa, anunció un acuerdo de investidura con Cs e invitaba a unirse a otras formaciones. Pese a ello, las candidaturas de izquierdas anunciaron públicamente que apoyarían al socialista “por responsabilidad”, con la única exigencia de que no pactaran con la derecha, pues “prima que haya un Ayuntamiento de izquierdas”. IU, Podemos y Actúa llegaron a lanzar un comunicado conjunto defendiendo esta postura, y Más Madrid hizo lo propio por separado.

No ha ocurrido tal cosa: Corpa es, desde hace una semana, alcalde de San Fernando de Henares gracias al apoyo de Cs. “Podrían haber pactado con nosotros y que nos apoyara Ciudadanos, y no al revés, que es lo que han hecho”, lamentan desde las candidaturas de izquierdas. Varios vecinos acudieron el pasado sábado a la constitución del Ayuntamiento madrileño para protestar contra este pacto, reivindicando que “Sanfer es de izquierdas”. Portaban una pancarta que rezaba: “No han pasado, les han invitado a entrar”. 

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un empleado de la empresa Amazon por sustraer presuntamente género por valor de 300.000 creando una red con colaboradores externos que hacían pedidos de escaso valor y recibían productos de alta gama, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

La investigación se inició a finales del año pasado cuando el departamento de seguridad de la empresa detectó en la zona de distribución cinco paquetes cuyos pesos de salida del centro no coincidían con los de entrada, descubriendo que en su interior, en vez de encontrarse el objeto adquirido por el cliente, había móviles y relojes electrónicos de alta gama.

Los agentes descubrieron que el empleado, con acceso a los inventarios y a los productos, había creado un complejo entramado para cometer los robos, para ello contaba con colaboradores ajenos a la empresa. Comprobaron entonces que en un primer momento el detenido sustraía productos de alto valor de la zona de almacenaje de los que quedaran pocas unidades y una vez tenía preparado el género que quería robar lo empaquetaba y calculaba su peso.

Seguidamente avisaba a sus colaboradores para que hicieran un pedido a través de la App. Les indicaba el producto a comprar, siempre de escaso valor y del cual ya había calculado el peso para que coincidiera con el del material que quería sacar de la empresa. Además, les indicaba el día y la hora adecuados para realizar la compra.

Si la orden de compra salía de alguno de otros centros logísticos que no fueran el de San Fernando de Henares, el operario se lo comunicaba al contacto que había realizado ese pedido para que diera orden de devolución, ya que esos paquetes contenían en su interior el producto original.

La operación fue llevada a cabo por el grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Coslada-San Fernando de Henares y se saldó con este empleado detenido y despedido y otras dos personas arrestadas más con distinto grado de implicación. Están investigando a otros posibles implicados en los hechos.

Por su parte, fuentes de la compañía Amazon han explicado a Europa Press que “han trabajado estrechamente con la Policía para garantizar que se pusiese fin a esta actividad delictiva y poner a disposición de la justicia a sus responsables”. “Tenemos tolerancia cero hacia cualquier tipo de actividad criminal”, han agregado.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares vive una situación caótica que crece cada día. El juzgado número 4 de Coslada ha admitido a trámite una denuncia de Izquierda Unida contra la alcaldesa, Catalina Rodríguez, por San Fernando de Henares Sí se Puede (SFHSP), y los asesores Jaime Morales y Joaquín García, por “una infracción penal que podría ser constitutiva de delito” relativo a la custodia de la documentación relacionada con la remodelación de la Plaza de España.

Esta es la segunda imputación de la alcaldesa, después de que el PSOE la denunciara y resultara imputada por los delitos de prevaricación, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos públicos relacionados con la venta de la Plaza de España a un fondo buitre.

En este nueva demanda la jueza pide información al Ayuntamiento sobre la custodia de los documentos relativos a la Plaza de España, pregunta por las personas responsables de la custodia de los mismos y los que tenían acceso a ellos y si existe un “archivo de alcaldía”. Además, exige saber cuál es la relación contractual de Jaime Morales y Joaquín García con el Ayuntamiento y si tenían acceso a la documentación del Ayuntamiento.

Catalina Rodríguez no quiso responder a las preguntas de eldiario.es, remitiendose a los comunicados oficiales ya publicados desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento.  

Además de los problemas judiciales de la alcaldesa, la situación de gobernabilidad es cada vez más complicada. La admisión a trámite de la nueva demanda ha coincidido con la dimisión por discrepancias en “la línea ideológica” de Pedro Moreno, concejal de Cultura, Educación, Juventud e Infancia, Participación Ciudadana, Medio Ambiente y Movilidad.

La acumulación de áreas en la concejalía de Moreno se debe a que el equipo de Catalina Rodríguez intenta gestionar este municipio de 42.000 habitantes con solo cinco concejales. San Fernando de Henares Sí se Puede consiguió acceder a la alcaldía gracias al apoyo del PSOE e Izquierda Unida, que les cedieron sus cinco y cuatro ediles respectivos para evitar que el PP consiguiera el bastón de mando, pero el apoyo se desvaneció a las pocas semanas. El resto de los concejales se lo reparten el PP, con seis, y España 2000, con un edil.

Las desavenencias comenzaron cuando la formación vinculada a Podemos denuncia a Javier Blanco, ex concejal de IU y Manuel González Rojo, ex concejal del PSOE, como directivos de la Empresa Municipal del Suelo, acusados de vender terrenos municipales a un precio inferior al tasado.

Además de carecer de apoyo político, Catalina Rodríguez tiene también en contra a los trabajadores y los sindicatos del Consistorio. La desavenencia laboral llegó tras la aparición en el Tribunal de Cuentas de una lista con 100 trabajadores supuestamente contratados irregularmente. Rodríguez achacó a un error por un traspapeleo la llegada del documento al Tribunal pero parte de la oposición y los trabajadores culparon a Jaime Morales, un asesor jurídico que fue nombrado también jefe de personal del Ayuntamiento. Morales, excompañero de despacho de la alcaldesa, tuvo que dejar su cargo el pasado 19 de enero.

Con esta situación el futuro de San Fernando de Henares Sí se Puede al frente del Ayuntamiento parecería cosa de dos días, sin embargo, la aritmética de pactos obliga a llegar a un acuerdo hoy imposible para ofrecer una alternativa. En mayo de 2016 PSOE e Izquierda Unida lograron aprobar una moción para reprobar a la alcaldesa con el voto de un exedil del PP (no adscrito), la abstención del edil de España 2000, y el voto en contra de los concejales de SFHSP y tres del PP.

La portavoz de Izquierda Unida, Sofía Díaz, admite que hay pocas posibilidades de reeditar un acuerdo como el que cedió la alcaldía a Catalina Rodríguez: “No están haciendo una política de izquierdas, están incluso privatizando, se ha convertido en un tribunal de la inquisición en lugar de solventar los problemas de los ciudadano”.  Díaz acusa a la alcaldesa de “ejercer una política de derechas, sin tener en cuenta que necesita al resto de los partidos que la apoyamos en un primer momento, no atiende a nada, se debería someter a una cuestión de confianza por el bien de San Fernando de henares”.   

En noviembre pasado el PSOE buscó la posibilidad de hacer una moción de censura contra la alcaldesa, sin éxito. Entre otras cosas, el PP votó en contra. La portavoz de los populares en esta localidad, María Pérez, explica que “la moción de censura nunca ha llegado a pleno. De todas maneras, aunque estamos dispuestos a escuchar, no negociaremos nada que no parta de que el PP, como partido más votado, debe de asumir la alcaldía”.

El portavoz del PSOE, Javier Corpa, sin embargo señala “que el PP no se ha querido ni sentar a hablar. No hemos cerrado esa puerta porque vivimos una situación de excepcionalidad en el Ayuntamiento y tenemos que encontrar una solución a los graves problemas que sufre nuestra ciudad”.