El Partido Popular se convertirá este viernes en la primera formación política en la historia de España que se siente en el banquillo de los acusados. Lo hará por destruir presuntamente pruebas de la financiación irregular que mantuvo durante al menos dos décadas cuando la Audiencia Nacional ya acreditaba indicios de ello. La formación peleará por saltar de ese banquillo 'in extremis' acudiendo a la doctrina Botín, la última maniobra contra una causa de la que intentó expulsar a su magistrada instructora.

Una reforma legal que entró en vigor en 2015 permite que los partidos políticos sean acusados en un proceso penal, pero no por todos los delitos. El Partido Popular será juzgado por daños informáticos, los infligidos a dos discos duros que su extesorero Luis Bárcenas dejó en la sede de Génova y de los que reclama su propiedad y contenido. Esas memorias, según él, albergaban más pruebas de la caja B de la formación.

Los otros tres acusados lo serán por ese delito y otro de encubrimiento, que no se puede atribuir al PP por tratarse de una persona jurídica. Se trata del responsable de su estrategia legal, Alberto Durán; de la que fuera su tesorera Carmen Navarro –ambos personas de la confianza de María Dolores de Cospedal y todavía con puestos de responsabilidad en el partido–; y del que fuera responsable de informática, José Manuel Moreno. Durán ha representado al partido durante todo el proceso, por lo que será la persona que represente a la formación físicamente en el banquillo de los acusados.

En la causa han adquirido una relevancia vital las acusaciones populares, toda vez que la Fiscalía no presenta cargos y el perjudicado, Luis Bárcenas, tampoco, con lo que el PP pretende que se le aplique la doctrina Botín. Según ésta, la acusación popular no puede sostener el proceso por sí sola si el delito que se ha cometido no afecta al común de la sociedad. Contra ello, las acusaciones populares alegan que el delito de daños informáticos se cometió en concurso medial con el de encubrimiento, o lo que es lo mismo, que se destruyeron los discos duros para sabotear la investigación judicial de Pablo Ruz. Y ese encubrimiento supone una obstrucción de la acción de la Justicia que sí afecta al interés general.

La actual responsable de la Fiscalía de Madrid, María Pilar Rodríguez, nombrada con el Gobierno socialista, ha optado por mantener la postura de su predecesor y no acusar al PP. De hecho, el Ministerio Público es proactivo en la causa y ha solicitado la declaración de testigos para demostrar la inocencia del PP. Bárcenas, por su parte, decidió retirar su acusación apenas dos meses antes de que comenzara el juicio del caso Gürtel alegando unas razones que fueron excusas para su abogado. Ejercen la acusación, por tanto, Izquierda Unida, Observatori Desc y Adade.

El abogado del PP, Jesús Santos, el mismo que le representó en el caso Gürtel, planteará la aplicación de la doctrina Botín en la primera sesión del juicio, dedicada a las cuestiones previas. La segunda sesión está prevista para el siguiente jueves, momento en el que se espera que el magistrado Eduardo Muñoz de Baena comunique su decisión al respecto, aunque también podría hacerlo al final de la vista.

Izquierda Unida solicita las penas más duras para los acusados. Al PP le pide 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos. A los otros tres acusados les solicita cuatro años y seis meses de prisión por esos dos delitos más otro de encubrimiento. Observatori Desc pide penas de hasta dos años para las personas físicas y que el PP sea suspendido de sus funciones durante seis meses y no pueda recibir donaciones en los siguientes cinco años. Por último, Adade solicita una multa de 109.500 euros para el PP y hasta dos años de cárcel para el resto.

Indicios de sabotaje en la Audiencia Nacional

Ante los indicios del sabotaje a su investigación de la caja B, el juez Pablo Ruz envió la causa a los juzgados de Plaza de Castilla por no ser la Audiencia Nacional competente para investigar ese presunto delito. La jueza de Madrid archivó a petición de la Fiscalía, pero Izquierda Unida y otras acusaciones presentaron una querella, igualmente archivada y recurrida ante la Audiencia de Madrid.

Ahí comenzaron las peripecias del caso. Catorce meses después, en el juzgado se dieron cuenta de que la causa había desaparecido. Gracias a la documentación de la Audiencia Nacional y de las propias acusaciones pudo ser reconstruida. La Audiencia de Madrid ordenó reabrir el caso que ha concluido en el procesamiento del PP y de tres de sus responsables.

Pero entre tanto, el Partido Popular se fijó en la magistrada instructora, Rosa María Freire. Solo lo hizo cuando había finalizado la instrucción y Freire había dictado el auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años de cárcel.

Con la recusación de Freire, a la que el PP consideraba próxima al PSOE, los conservadores lograron retrasar el caso nueve meses y ponerlo, durante todo ese tiempo, en manos de la magistrada Carmen Valcarce, la jueza que empantanó durante siete años el caso de los espías de la Comunidad de Madrid y a la que Francisco Granados plantaba dos besos cuando iba a declarar como investigado en esa causa. Valcarce no adoptó ninguna decisión en esos nueve meses.

La jueza rechazó su propia recusación y deslizó que la argumentación del PP, vinculándola con el exdirigente socialista Álvaro Cuesta, rezumaba machismo. Aseguraba que no tenía con él relación alguna y añadía: “Desconozco si esto significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas”.

La Audiencia de Madrid respaldó a Freire. “Ninguna de las circunstancias alegadas, por sí solas ni en conjunto, proyecta desde un punto de vista objetivo y aséptico, la impresión de pérdida de imparcialidad de la Magistrada recusada que tuviese como consecuencia el apartarla del ejercicio de su función constitucional en el caso concreto”, aseguraba el auto de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid. El PP basaba su recusación en una información de okdiario.com.

A pocos días del inicio del juicio, una nueva polémica se ha añadido a las anteriores. El magistrado que va a juzgar el caso ha accedido a la pretensión del PP de que no se grabe en vídeo y los medios no puedan tener imágenes. Alega que los acusados no son personajes públicos. La Fiscalía también se ha alineado en esto con el Partido Popular y las acusaciones han recurrido. IU ha presentado un escrito, al que se ha adherido Observatori Desc, para que el juez acceda al menos a retransmitir la primera y última sesión mientras se pronuncia la Audiencia Provincial.

De no modificarse, la decisión implica que los ciudadanos no podrán ver a ninguno de los acusados o testigos narrando la aplicación del sistema informático que incluye 35 borrados de las memorias y la destrucción física posterior de las mismas, sin permiso del extesorero que las había estado utilizando mientras trabajaba en el PP y gestionaba presuntamente su caja B. Para la Fiscalía no ha quedado acreditado cuál era la información que contenía los ordenadores ni que dicha información fuera “relevante” para los hechos que se investigaban. El PP sostiene que los discos duros eran de su propiedad.

La investigación abierta a mediados de 2018 al secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), Víctor Duque, entra en una fase decisiva. Ante las evidencias acumuladas de que presuntamente gastó el dinero de sus afiliados y las subvenciones del Ministerio del Interior en llevar una vida de lujo, la jueza Rosa María Freire ha ordenado una auditoría completa del sindicato durante su mandato, según han informado a eldiario.es fuentes jurídicas. Duque y otro dirigente del sindicato están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid por un delito de malversación que se habría cometido desde 2015 y hasta mediados de 2018.

La Unidad de Policía Judicial adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla recopila ahora toda la documentación incautada en los registros en la sede del sindicato y diversos domicilios particulares para que comience su trabajo el perito judicial, momento previsto para finales del presente mes de mayo, han precisado las mismas fuentes. La diligencia se produce en un momento especialmente delicado toda vez que las elecciones sindicales tendrán lugar a finales del presente año. En las mismas, los policías eligen a sus representantes en el Consejo de la Policía, el órgano de representación ante la Administración.

Un informe aportado a la causa hace un repaso de los gastos detectados a Duque, que fueron cargados por éste al sindicato y que tienen difícil encaje en la actividad sindical. “Son muchos los pagos realizados en restaurantes de alto standing, tipo asador y marisquería, en los que se consume marisco, carne, pescado, vinos y copas de alto valor económico que no estarían justificados por una simple comida de reunión sindical, demostrando este consumo un gastos desmesurados en beneficio propio”, recoge un informe policial al que ha tenido acceso eldiario.es.

Por orden judicial, y de acuerdo con la Fiscalía, la jueza Freire ordenó los registros el 10 de septiembre de 2018. En el informe posterior de la Policía Judicial, los investigadores afirman que han encontrado numerosa documentación de gastos, pero no los “justificantes” ni de esos gastos ni de cheques cobrados en los años 2016 y 2017 por valor de 146.500 euros en el primero de estos ejercicios y de 140.000 en el segundo. “Ante la falta de facturas se sospecha que han debido cuadrar las cuentas, por lo que si se realizara una auditoría, no superaría la misma”, decía ya ese informe.

Los policías ponen el acento en que muchos de los gastos se producen en locales de ocio “fuera del horario considerado por labores sindicales” y especifican “copas de ron, ginebra, whiskey”. En un prestigioso asador de Madrid se les hace descuento, sospechan los policías, “por ser buenos clientes”. Tanto Duque, como el secretario de Organización y Finanzas, Juan Manuel Heredia, gastaban con la tarjeta del sindicato hasta 10.000 euros mensuales cada uno.

Y no solo en copas y cenas, también en la “compra de casa”, según la expresión de los investigadores, que han encontrado una factura de vino de 10.257,82 euros. En joyerías se han encontrados gastos cargados al sindicato de hasta 850 euros. Duque declaró ante la jueza que las copas que pagaba, sobre todo en Algeciras (de donde procede aunque vive de alquiler en Madrid en un piso pagado por el sindicato), respondían a las invitaciones a delegados sindicales y que el viaje a un hotel de cinco estrellas de estos dos imputados junto a sus mujeres responde a un congreso de la UFP en Canarias a los que es costumbre ir acompañado de las esposas.

El líder de la UFP también pagó con la tarjeta de crédito del sindicato la página de contactos badoo.com. Duque declaró que esos pagos se debieron a un error. elindependiente.com detalló que se trata de 69 abonos a la página de contactos badoo.com entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, por un importe total de 700 eutros. Esos pagos se hicieron con una tarjeta asociada a una cuenta de la UFP en el Banco Popular.

Los dirigentes de la UFP tampoco reparaban en gastos en tecnología. Los investigadores han encontraron en los registros siete teléfonos Iphone por valor de 1.530 euros cada uno y otros siete con un precio por unidad de 1.100 euros. A ello hay que sumar dos tabletas digitales y dos ordenadores portátiles por valor de 6.629,18 euros. A los delegados sindicales que viajaban a Madrid se les repartieron 120 tarjetas de gasolina a 15 euros cada una. Las reparaciones de los vehículos de lujo de Duque también eran cargados al sindicato. El asegura que su alquiler era de 28 euros al día fuera el modelo o marca de lujo que fuera.

Los investigadores creen igualmente que Duque realizó regalos e invitó a comidas y copas al hermano de su antigua amante, otra dirigente sindical también imputada. Este llegó a declarar que Duque le había invitado a Tánger y que allí había pagado el servicio de prostitutas, algo que el secretario general de la UFP niega. La Policía Judicial cree que incluso le abonaba carreras inexistentes del taxi en el que trabajaba el invitado para cubrir el tiempo que estaba con él de celebración y no trabajaba.

A pesar de la investigación y de las informaciones sobre el caso, Víctor Duque sigue al frente del sindicato y pilota la campaña electoral para las próximas elecciones sindicales. Algunos comités provinciales se han personado en la causa como perjudicados, pero Duque sigue manteniendo otros apoyos internos. La Policía Judicial sospecha que repartía “sobrsueldos” entre otros dirigentes, de entre 150 y 600 euros mensuales, “siendo mayor la cuantía cuanta más responsabilidad se tiene en el sindicato”.

En el momento de que explotara la investigación, la UFP tenía 9.800 afiliados, según el propio Duque, que aportaban con sus cuotas entre 110.000 y 120.000 euros mensuales. Otros 40.000 euros procedían de las subvenciones que por ley tiene asignadas del Ministerio del Interior. Duque defendió en su declaración que el Ministerio nunca les había abierto expediente por el gasto de las subvenciones.

Los policías de la investigación encontraron un documento en el registro del sindicato en el que se admite la existencia de “una cuenta para meter el dinero que sobra al mes y que nadie lo fiscalice” y pueda así ser gastado “sin control” por el comité provincial de Madrid de la UFP.

La Unión Federal de Policía es uno de los sindicatos que se implicó en las maniobras policiales contra el separatismo catalán, ya con Duque al frente. Es una de las dos centrales –con el Sindicato Profesional de Policía (SPP) que firmaron una querella contra Artur Mas y otros por el referéndum del 9-N, pese a que la iniciativa no era suya sino de la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino, el artífice de la brigada política al que el sindicato arropó cuando fue requerido por el Congreso y al que prestó asistencia legal.

El Partido Popular se aferra a la conocida como ‘doctrina Botín’ para evitar hasta el último momento ser la primera formación política en la historia de España que se sienta en el banquillo de los acusados. Su defensa acaba de presentar un nuevo escrito alegando ante la jueza que instruye el caso de los ordenadores que no cabe continuar con la causa cuando el afectado del presunto delito, Luis Bárcenas, ha retirado la acusación y la Fiscalía no aprecia delito en la conducta del partido en el Gobierno.

“Resulta evidente que, si el supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal, y si tampoco concurre el interés general o público que ostenta el Ministerio Fiscal –quien en reiteradas ocasiones ha manifestado la ausencia de relevancia penal de los hechos que nos ocupan-, no es posible mantener la causa abierta únicamente a instancias de las acusaciones”, alega el PP en un escrito con fecha 22 de noviembre.

Con esta afirmación, calcada de un escrito anterior presentado en septiembre, la defensa del Partido Popular juega su baza de escapar del banquillo 'in extremis'. La doctrina Botín hace referencia a la sentencia 1045/2007 del Tribunal Supremo por la que el ya fallecido presidente del Banco Santander evitó ser juzgado. Según estableció el fallo del Alto Tribunal, nadie puede sentarse en el banquillo si solo actúa la acusación popular, pero ni el perjudicado directo del presunto delito, ni la Fiscalía ejercen la acusación. 

El extesorero renunció de forma sorpresiva el 13 de septiembre a seguir ejerciendo la acusación particular por la destrucción de sus ordenadores. Bárcenas argumentó que tenía que reducir gastos en abogados cuando su letrado en aquel entonces no había percibido un euro por sus servicios, ni se lo había reclamado. Ocho días después entraba en el juzgado de instrucción número 32 de Madrid un escrito del letrado del PP solicitando que se archivara el caso en aplicación de la doctrina Botín. 

Aquel primer escrito no fue resuelto por la jueza Rosa María Freire, a la espera de que la Audiencia Provincial se pronunciara sobre los recursos de apelación presentados por los acusados contra el auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para los delitos inferiores a nueve años. El pasado 15 de noviembre, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento dictado por Freire, paso previo a la de apertura de juicio oral contra el PP; su tesorera, Carmen Navarro; el jefe de informática, José Manuel Moreno; y el director de los servicios jurídicos, Alberto Durán.

El Partido Popular está procesado por un delito de daños informáticos. Los otros tres imputados lo están, además, por uno de encubrimiento. La ley impide atribuir a una persona jurídica, en este caso el PP, esta segunda figura delictiva. La representación legal del partido, que también defiende a su tesorera, Carmen Navarro, pide para ambos la aplicación de la doctrina Botín. 

Una vez se ha pronunciado la Audiencia de Madrid, el PP vuelve a la carga con la doctrina que sirvió al banquero. Fuentes jurídicas apuntan a que la jueza Rosa María Freire descargue una decisión jurídica de tal calado en el tribunal que juzgará el caso y que así lo podría plantear en el auto de apertura de juicio oral. En la primera joranada de la vistga, las partes plantearán las cuestiones previas, entre ellas la aplicación de la doctrina Botín, y el tribunal resolverá en ese momento o al final del juicio.

De este modo se repetiría lo ocurrido en el arranque del caso Nóos. La infanta Cristina no era acusada por la Fiscalía y solo la acusación popular, en aquel caso Manos Limpias, mantenía los cargos. El tribunal resolvió, con la infanta sentada en el banquillo, que no era aplicable la doctrina Botín.

El mismo Tribunal Supremo había matizado su doctrina con motivo del caso Atutxa en 2008. Así estableció que, aunque no haya acusación particular, ni la Fiscalía acuse, el procesado se puede sentar en el banquillo si “el delito afecta a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual”. La infanta Cristina estaba acusada de defraudar a Hacienda, esto es, al colectivo de ciudadanos, y bastaba con la acusación popular para juzgarla, según la doctrina Atutxa. 

En el caso del PP, el presunto delito de daños informáticos afectó solo a Bárcenas, pero las acusaciones populares defienden que se cometió en concurso medial, esto es, con la finalidad de consumar otro delito, el de encubrimiento, y que este último sí afecta al conjunto de ciudadanos porque se comete contra la Administración de Justicia. La acusación popular está ejercida en estos momentos por Izquierda Unida,  Observatori Desc y Adade, organizaciones que han impulsado la causa junto a la jueza frente a la insistencia de la Fiscalía por demostrar que los hechos denunciados carecen de relevancia penal. 

“Destrucción a conciencia”

La instrucción de la jueza Freire ha determinado que existen “indicios de un borrado a conciencia, con ánimo de destruir, no solo los archivos existentes, sino cualquier otra información que hubiera existido previamente en los discos duros y que pudiera revelarse tras los correspondientes trabajos técnicos a realizar por las unidades policiales especializadas”.

El caso llegó a los juzgados de Plaza Castilla desde la Audiencia Nacional, donde el juez Pablo Ruz investigaba la financiación irregular del Partido Popular. El magistrado requirió los ordenadores para comprobar si, como asegura Bárcenas, guardaban información de la caja B del partido. Lo que encontró fue la “destrucción a conciencia con el sistema de borrado más drástico: sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física”, según describió después la jueza Freire en su auto. 

La apelación a la doctrina Botín llega después de que el Partido Popular intentara apartar del caso a la jueza Freire alegando una supuesta proximidad de la magistrada al PSOE. Esa petición de recusación fue desestimada por la Audiencia de Madrid.

No es la primera vez que el Partido Popular esgrime la doctrina que lleva el nombre del banquero. El abogado que defiende a la formación en ambos casos, Jesús Santos, recurrió la imposición de una fianza de 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario en el caso de los 'papeles de Bárcenas'. Se refería al presunto delito fiscal de 2008 que no aprecian la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado, pero sí las acusaciones populares. El PP tuvo que depositar finalmente la fianza.

La jueza Rosa María Freire adoptará las últimas decisiones de la instrucción del caso conocido como ‘Ordenadores de Bárcenas’, que investiga la presunta destrucción de pruebas de la financiación irregular del Partido Popular mediante el borrado de los discos duros que el extesorero guardaba en la sede de Génova. La Audiencia de Madrid ha resuelto que no hay motivos para apartar a la magistrada Freire del caso, como planteó el PP bajo la acusación de ser una persona próxima al PSOE.

“Ninguna de las circunstancias alegadas, por sí solas ni en conjunto, proyecta desde un punto de vista objetivo y aséptico, la impresión de pérdida de imparcialidad de la Magistrada recusada que tuviese como consecuencia el apartarla del ejercicio de su función constitucional en el caso concreto”, asegura el auto de la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, al que ha tenido acceso eldiario.es.

El Partido Popular adoptó una nueva estrategia en el caso después de que la juez Freire dictara auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento para delitos de menos de nueve años, contra la propia formación de Mariano Rajoy, su tesorera actual, el jefe de informática y el responsable jurídico. El PP planteó entonces un incidente de recusación para intentar apartar a la jueza que le mostraba el camino del banquillo. 

El caso de los ordenadores de Bárcenas convirtió al PP en el primer partido imputado y después procesado de la historia de España, gracias a la reforma legal de 2012 que permite acusar a los partidos de distintos delitos, entre ellos el informático, uno de los dos que investiga Freire, junto al de encubrimiento. Con la recusación de la magistrada, presentada mientras se decidía la investidura de Mariano Rajoy, su partido ha conseguido dilatar la causa nueve meses.

Entretanto se ha encargado de la causa Carmen Valcarce, la jueza que empantanó el caso del espionaje en el PP de Madrid durante siete años y que lanzó elogios a Francisco Granados en el pasillo de los juzgados de Plaza de Castilla cuando fue a declarar como testigo. Valcarce no ha tomado ninguna decisión en los nueve meses que ha tardado en resolverse el incidente de recusación.

La jueza Freire deberá resolver ahora los recursos contra el auto de pase a procedimiento abreviado presentados por el PP; su tesorera, Carmen Navarro; su director jurídico, Alberto Durán; y el informático, José Manuel Moreno. En el caso de que los rechace, la decisión última corresponderá a la Audiencia Provincial.

Otra jueza archivó el caso y la Audiencia reabrió

Por su parte, la Fiscalía considera que no hay caso y ha pedido archivarlo en varias ocasiones, como llegó a acordar la sustituta temporal de Freire, Esperanza Collazos. La Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid, sin embargo, corrigió a Collazos en enero de 2016 y le reprochó haber archivado “sin practicar diligencia de investigación alguna” y sin preocuparse de saber quién ordenó destruir los discos duros en los que Bárcenas asegura guardaba documentación clave sobre la caja B del PP.

Los abogados del Partido Popular expusieron que Freire había sido propuesta para un puesto en la Audiencia Nacional, que finalmente no obtuvo, por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Iglesias, del PSOE. También alegaron que había coincidido con éste en varios cursos académicos de la especialidad de Freire, así como que fue convocada por los socialistas a una comisión del Congreso sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impuso los plazos de prescripción. Igualmente que durante la misma criticó la reforma impulsada por el Grupo Popular, por otra parte, como hicieron todas las asociaciones de jueces, sin distinción ideológica.

El escrito del PP citaba para todo ello una información de okdiario.com que, a su vez, citaba como fuente al partido de Rajoy. También aludía como fuente de información “una tertulia televisiva” donde, se da la circunstancia, que los datos los proporcionó Eduardo Inda, director del anterior medio digital aludido.

La propia Freire respondió en un auto en el que consideraba extemporáneo el incidente de recusación, criticaba que se fundamentara en “un tertuliano habitual” y deslizaba una acusación de machismo al PP por el modo en el que la vinculaba al PSOE y, en concreto, a Álvaro Cuesta, con el que decía que no tenía ninguna relación, ni “evidente”, ni “profunda”, parafraseando a la defensa del PP.

“Desconozco si esto significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas”, escribe la jueza. Este comentario incluido en el auto fue utilizado por el PP para recusar por segunda vez a la jueza, que en esta ocasión sí tramitó el incidente. 

Los argumentos contra la recusación

Ahora, la Sección 23 de la Audiencia de Madrid dice, sobre la propuesta de Cuesta para que Freire ocupara un puesto en la Audiencia Nacional, que en ningún caso elevar un nombre para una plaza en comisión de servicios de forma temporal puede implicar “una contaminación política sobre él o la aspirante”. Que Cuesta sea vocal a propuesta del PSOE y que eso inhabilitara a Freire por ser su candidata añaden los magistrados, “supondría en la práctica la puesta en cuestión del sistema de gobierno judicial con unas consecuencias que lo harían inviable”.

En cuanto a su coincidencia en cuatro cursos, la Audiencia de Madrid detalla en su resolución cuáles son y dice que así se comprueba que la participación en los mismos de Freire tiene “incuestionable relación con su estudio del ámbito de la mediación penal”.

Sobre su comparecencia en el Congreso de los Diputados, dicen los jueces que fue “una lectura técnica de determinados aspectos de la norma entonces en proceso de elaboración, que no puede apartarla ahora del conocimiento de un asunto en el que se ve involucrado uno de los partidos políticos con presencia parlamentaria”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, considera que el PP es responsable indiciario del borrado de los discos duros que había utilizado Bárcenas de la siguiente forma: “Por no haber establecido un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de este delito, toda vez que todavía en fechas actuales no existe un inventario de los elementos informáticos existentes en su sede”.

Y añade la magistrada en el auto de procesamiento: “Se funciona con la presunción de que lo que hay en su interior es del Partido, no existe un protocolo interno de seguridad pues como tal, no puede considerarse, de forma seria y rigurosa, el simple folio que contiene un denominado procedimiento de borrado seguro”, que, además, no era conocido por nadie dentro de Génova, concluye la jueza.

El caso de los ordenadores de Bárcenas, el mismo que ha convertido al PP en el primer partido procesado de la historia de España, pasa a manos de la jueza Carmen Valcarce, la misma que empantana desde hace siete años la causa del espionaje entre miembros del partido en Madrid, y que no tuvo rubor en elogiar públicamente a Francisco Granados el día que fue a declarar al juzgado. La jueza Rosa María Freire ha rechazado la segunda recusación del PP, pero la tramita para que en última instancia resuelva la Audiencia de Madrid. Hasta que haya una resolución, será Valcarce quien se haga cargo del caso del borrado de los ordenadores de Bárcenas.

Freire había rechazado de plano la primera recusación del PP, basada en informaciones y comentarios en tertulias de Eduardo Inda y que apuntaban a un presunto vínculo de la magistrada con el PSOE. La magistrada contestó en un auto muy duro en el que se preguntaba si el PP actuaba contra ella de forma machista. La formación de Mariano Rajoy quiso aprovechar ese comentario y planteó una segunda recusación centrada en esa afirmación de la jueza y alegando que demostraba animadversión hacia el partido.

En su último auto, la jueza Freire asegura: “En primer lugar, es preciso decir algo obvio y es que esta instructora no es responsable ni tiene la más mínima intervención en los titulares con los que los medios de comunicación rotulan o tienen a bien remarcar sus noticias, ni tampoco en los análisis y conclusiones a los que llegan, desde una óptica profesional, con el fin de captar la atención y transmitir información a sus lectores u oyentes”.

Añade que ella “carece de la más leve animadversión hacia el partido recusante”, al tiempo que considera obvio que el PP se encuentra inmerso en un proceso de sabotaje de la causa que se sigue contra él por delitos informáticos y por este y el de encubrimiento contra su tesorera, Carmen Navarro; el director jurídico, Alberto Durán; y el jefe de informática, José Manuel Moreno. “Con hasta dos recusaciones en un brevísimo plazo, lo que han visto con claridad las acusaciones, esto es, obstaculizar el normal desarrollo del presente procedimiento”, escribe la jueza.

Las sustituciones entre los magistrados de los 54 Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla responden a un sistema establecido por el Decanato, según el cual un juzgado tiene asignado automáticamente al titular de otro, siempre el mismo, ya sea por motivo de recusación, enfermedad o vacaciones, explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Las mismas fuentes señalan que el sistema lleva vigente “muchos años”.

El PP dilata el proceso

La sustituta de Freire, Carmen Valcarce, podría ahora resolver los recursos del PP, el informático y la Fiscalía en contra del auto de procesamiento o esperar a que se resuelva la recusación, para la que hay que nombrar un instructor. En cualquier caso, la última palabra sobre las decisiones de Valcarce la tendría la sección de la Sala de lo Penal que ordenó reabrir el caso y viene avalando las decisiones de Freire. En este momento, el PP ya ha logrado dilatar el proceso en un momento en el que está pendiente de la investidura de Mariano Rajoy. 

El PP argumenta que Freire es próxima al PSOE con datos inexactos y descontextualizados. Asegura que un vocal del CGPJ a propuesta de los socialistas la respaldó para una sustitución que al final no obtuvo; y que acudió a propuesta del Grupo Socialista a la comisión de Justicia del Congreso para abordar como ponente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Freire se opuso en su intervención a la imposición de los plazos de instrucción, como hicieron todas las asociaciones de jueces, incluida la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

La renuncia de Luis Bárcenas el 13 de septiembre a ejercer la acusación particular en el caso del borrado de la información de sus ordenadores por parte del PP desató una ola de sospechas sobre qué escondía tan sorpresiva decisión. Ocho días después, la representación legal del partido firmó un escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que pide a la jueza Rosa María Freire que no siga adelante con la causa que le ha convertido en la primera formación procesada en la historia de España. El argumento: sin acusación particular, ni de la Fiscalía puede haber caso. O lo que es lo mismo, el PP reclama que se le aplique la ‘doctrina Botín’.

“Resulta evidente que, si el supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal, y si tampoco concurre el interés general o público que ostenta el Ministerio Fiscal –quien en reiteradas ocasiones ha manifestado la ausencia de relevancia penal de los hechos que nos ocupan-, no es posible mantener la causa abierta únicamente a instancias de las acusaciones”, alega el PP en su escrito.

El Partido Popular está procesado por un delito de daños informáticos. Los otros tres imputados –su tesorera, el director del gabinete jurídico y el jefe de informática- lo están, además, por uno de encubrimiento. La ley impide atribuir a una persona jurídica, en este caso el PP, esta segunda figura delictiva. Ahora, la representación legal del partido, que también defiende a su tesorera, Carmen Navarro, pide para ambos la aplicación de la doctrina instaurada por el Tribunal Supremo el 17 de diciembre de 2007 y que salvó del banquillo al que fuera presidente del Banco de Santander, que terminó por darle nombre. 

El PP recurre a la citada jurisprudencia para defender que sólo con la acusación popular no se puede sentar a alguien en el banquillo. Fue el mismo argumento de la defensa de la infanta Cristina en el caso Nóos y que, sin embargo, el tribunal rechazó aplicar. En aquel caso, la Audiencia de Palma entendió que el delito fiscal que se atribuye a Cristina de Borbón tiene como perjudicado a toda la sociedad y que, por tanto, no influye que ni el fiscal ni la Agencia Tributaria evitaran acusar a la hermana del rey.

Los abogados del Partido Popular defienden en su caso que el delito de daños informáticos tiene carácter privado, esto es, cuenta con un perjudicado. En este caso, sería Luis Bárcenas. Y éste ya no ejerce la acusación. Las organizaciones que integran la acusación popular recalcan que ese delito se cometió presuntamente en concurso medial, esto es, con el objeto de consumar otro delito, el de encubrimiento. Y según esta tesis, el encubrimiento se comete contra la Administración de Justicia, por lo que la acción popular está legitimada para dirigir en solitario una acusación contra el presunto autor.

El PP tiene a su disposición en esta causa varios abogados de prestigio que están inundando a la jueza Freire de recursos, incluidos los que tienen por objeto apartarla de la causa por una supuesta proximidad con el PSOE. La formación de Rajoy ya ha presentado dos recusaciones contra Freire. La primera fue inadmitida a trámite por la propia jueza, motivo de otro de los recursos presentados por el PP.

En un nuevo escrito intentan argumentar que Freire no tiene legitimidad para decidir sobre su propia recusación. “Los actos judiciales son nulos de pleno derecho cuando en ellos concurre un defecto insubsanable y comprendido en alguno de los supuesos contenidos en el artíuclo 238 LOPJ como es el caso de la resolución recurrida”, dice el texto.

Por otra parte, el PP aprovechó el auto en el que Freire negaba la admisión a trámite de su recusación para alegar ser víctima de una acusación de machismo que contra él habría proferido la jueza. Así, presentó una segunda recusación, todavía pendiente de resolver por la magistrada instructora. Asimismo, el PP se ha sumado a diferentes recursos del resto de imputados.

Todos los frentes del PP para salvarse

En el caso de que el PP lograra apartar a Freire recaerían importantes decisiones sobre su futuro judicial en otra magistrada, Carmen Valcarce, que mantiene empantanada desde hace siete años la causa del espionaje en el seno del partido en Madrid. Es la misma jueza que mostró en público en los pasillos del juzgado su devoción por el que fuera hombre fuerte del PP madrileño, hoy en prision, Francisco Granados. 

A pesar de la amplia estrategia del PP, la jueza Freire sigue adelante. En un auto de cinco folios, al que ha tenido acceso eldiario.es, la titular del juzgado número 32 desestima los argumentos de la defensa en su recurso contra el auto de procesamiento y pide al PP que los exponga cuando llegue el juicio.

El Partido Popular había alegado en su recurso que el portátil con el que trabajaba Bárcenas “no contenía información” y que el pen drive que aportó al juzgado el extesorero podría estar manipulado. También defendió  que el borrado de los ordenadores forma parte de un procedimiento “normal y habitual en estos casos” dentro del partido.

La jueza admite en primer lugar que no puede procesar al Partido Popular, una persona jurídica, por la destrucción de pruebas, pero mantiene que debe ser juzgado por los daños informáticos. El auto recuerda que existen “indicios de un borrado a conciencia, con ánimo de destruir, no solo los archivos existentes, sino cualquier otra información que hubiera existido previamente en los discos duros y que pudiera revelarse tras los correspondientes trabajos técnicos a realizar por las unidades policiales especializadas, por cuanto todos los investigados eran conocedores de primera mano de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la Audiencia Nacional sobre la contabilidad paralela del Partido Popular y sobre su financiación ilegal , entre otros delitos”.

La jueza Rosa María Freire ha rechazado de plano la pretensión del Partido Popular de apartarla del caso de los ordenadores de Bárcenas por una supuesta afinidad al PSOE. En un auto dictado este miércoles, Freire asegura que la maniobra del PP es extemporánea, ya que todos los datos que aporta, además de ser muy discutibles, eran conocidos por la formación política mucho antes de que presentara la recusación, en contra de lo que dice la ley.

La decisión de la jueza evita, por el momento, que la causa recaiga en su sustituta, la magistrada Carmen Valcarce, la misma que empantana el caso del espionaje en la Comunidad de Madrid desde hace siete años y que expresó en público su admiración y proximidad al antiguo hombre fuerte del PP en Madrid Francisco Granados. El PP, que ha anunciado que tiene la intención de recurrir según informa Europa Press, tiene ahora tres días para presentar el escrito y la última palabra la tendrá la Sala Penal de la Audiencia Provincial.

El artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que una recusación debe presentarse “tan pronto como se tenga conocimiento” de las causas que la fundamentan. “Todos los datos e informaciones que se alegan en el cuerpo de escrito y en la documentación que se acompaña (en la recusación) eran públicos y estaban a su alcance, desde el momento en que se realizaron las actividades, e incluso algunas se anunciaron con antelación”, zanja la jueza. Y añade: “Frente a la publicidad y transparencia de mi actividad profesional, no puede apoyarse el partido recusante en que no tuvo conocimiento, como pretende, hasta las tertulias de determinados medios de televisión durante el mes de agosto”.

La jueza acuasa al PP de manipular la figura del incidente de recusación según sus intereses y no porque tenga motivos fundados para presentarlo. “Parece que el Partido Popular esperó a conocer el resultado de la resolución que resolviesse su solicitud de sobreseimiento para hacer valer, caso que no fuese favorable a sus pretensiones (...) otras estrategia derivadas de la información pública y accesible sobre la instructora de la que ya disponía, y que se materializaron en el incidente de recusación”, recoge el auto.

A continuación, Freire reprocha al PP que pretenda que una decisión tan importante como apartar a una jueza se apoye en “el tertuliano habitual” Eduardo Inda. El escrito del PP recuperaba que el vocal del CGPJ Álvaro Cuesta apoyo a Freire para una sustitución de seis meses en la Audiencia Nacional, en contra del criterio de otros cinco vocales. Y citaba como fuente una información del 1 de agosto de okdiario.com, el medio que dirige Eduardo Inda, que apunta a la propia formación como origen de la misma: El PP quiere recusar a la juez del 'caso ordenadores' por ser afín al PSOE.

Asimismo, el PP esgrimía que la jueza Freire compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso, a propuesta de los socialistas, para abordar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015. En su intervención, añade el PP, criticó la imposición de plazos para la instrucción, como hicieron todas las asociaciones de jueces. La fuente, esta vez, es una tertulia de La Sexta, asegura el PP. Lo que oculta el partido y revela la jueza en su auto es que fue el propio Inda el que expuso esta supuesta causa de recusación en el citado programa de televisión.

“Sostener esto sería tanto como dejar en manos del señor Eduardo Inda, que mediante su oficio de tertuliano habitual, opinando lo que le parece, pudiese determinar el dies a quo para el ejercicio de una acción de recusación que, como bien sabe el recusante, afecta directamente a una garantía de independencia y de protección del ejercicio de la función jurisdiccional (...) Esto no es serio ni riguroso”, escribe la jueza en su auto.

Respecto a la noticia de su supuesta proximidad a Cuesta y el PSOE, la jueza recuerda que en la noticia de Okdiario.com se cita al PP como fuente, por lo que “la fuente de la información es el propio Partido Popular, y no al revés, como pretende” mostrar la formación en su escrito.

El PP califica a Freire en su escrito de “eficaz instrumento de la acción política del PSOE”. La jueza dice que la inadmisión a trámite no es momento de entrar en el fondo del asunto, pero advierte contra el tinte machista de la afirmación. “Desconozco si esto significa a ojos del recusante que soy extraordinariamente inteligente o que, por el contrario, soy un instrumento en manos de mentes privilegiadas, seguramente masculinas”, escribe la jueza, al tiempo que niega vinculación con el PSOE o Álvaro Cuesta, “ni evidente, ni profunda, utilizando los mismos términos que el PP.

La  recusación de la jueza Rosa María Freire presentada por el PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas puede entregar la causa a Carmen Valcarce, la misma que ha archivado en tres ocasiones la investigación del presunto espionaje entre dirigentes del partido en Madrid, con cargo a las arcas públicas, que se prolonga ya siete años. En el marco de esa causa se produjo la escena que describió Francisco Granados en un pinchazo telefónico de la Operación Púnica, con Valcarce diciéndole en los pasillos del juzgado que ella “estaba allí para servirle”, justo antes de declarar como testigo por los seguimientos a otros políticos del PP.

La defensa del Partido Popular presentó el escrito de recusación de Freire el pasado miércoles, al día siguiente de que trascendiera que Luis Bárcenas retiraba su acusación de la causa contra la formación de Rajoy en el mismo caso de los ordenadores, un quiebro que las acusaciones populares sospechan esconde un pacto entre el extesorero y su partido. El PP señala a la titular del Juzgado de Instrucción número 32 como próxima al PSOE, y lo hace una vez que se ha agotado la instrucción, dos meses después de que lo procesara. Su argumento para hacerlo en este momento es que conoció los datos en los que basa la recusación en verano a través de los medios de comunicación.  

Ahora es la propia Freire quien debe admitir a trámite la recusación del PP, previa consulta a las partes. De hacerlo, será la Sala de lo Penal quien decida si hay motivos o no para apartarla del caso. Y mientras la Sala resuelve, el recurso contra el procesamiento del PP y, en su caso, sobre cuándo y contra quién abrir juicio oral quedaría en manos de Valcarce. En el caso de que Rosa María Freire encuentre argumentos para rechazar de plano su propia recusación, el PP podrá recurrir igualmente a la Sala. Pero mientras ésta decide, la magistrada seguirá al frente de la causa del borrado de los ordenadores. 

Freire aún debe resolver cuestiones clave. Para empezar, los recursos del PP, el informático y la Fiscalía en contra del auto de procesamiento. La admisión a trámite de la recusación dejaría en manos de Valcarce un posible archivo de la causa contra el partido de Rajoy que podría ser recurrido ante la Audiencia Provincial. Fuera cual fuera la posición de la Sala de lo Penal, el PP habría logrado dilatar el proceso. 

Y más allá del procesamiento está la apertura de juicio oral. Para ello, Freire cuenta ya con todos los escritos de acusación de las organizaciones que integran la acción popular. Pero debe hacerlo después de conocer el fallo de Sala Penal sobre el 'procesamiento' del PP y los otros tres imputados que la magistrada ordenó el pasado julio. Esa decisión, rechazar o no los recursos de los procesados, corresponde a la Sección Cuarta, la misma que resucitó  un caso que había sido archivado por la jueza Esperanza Collazos, quien sustituía a Freire al frente del Juzgado número 32 por encontrarse ésta en situación de servicios especiales.

En el caso de que la Sección Cuarta resolviera esos recursos antes que otro eventual del PP contra la inadmisión por Freire de su recusación, la jueza podría darse prisa y enviar la causa a juicio sin que llegara a caer en manos de Valcarce. 

La decisión clave, por tanto, es la que adopte Freire sobre su propia recusación en los próximos días. El artículo 223 de la LOPJ dice que una recusación debe presentarse “tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde”. El PP asegura en su escrito que conoció la supuesta vinculación de Freire al PSOE por una noticia de okdiario.com que citaba como fuente al propio PP y que se publicó el 1 de agosto. La intervención de Freire ante el Congreso, ante diputados también del PP, se produjo el 12 de mayo de 2015. 

Un sistema antiguo y conocido

Las sustituciones entre los magistrados de los 54 Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla responden a un sistema establecido por el Decanato, según el cual un juzgado tiene asignado automáticamente al titular de otro, siempre el mismo, ya sea por motivo de recusación, enfermedad o vacaciones, explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Las mismas fuentes señalan que el sistema lleva vigente “muchos años”.

El PP argumenta que Freire es próxima al PSOE con datos inexactos y descontextualizados. Asegura que un vocal del CGPJ a propuesta de los socialistas la respaldó para una sustitución que al final no obtuvo; y que acudió a propuesta del Grupo Socialista a la comisión de Justicia del Congreso para abordar como ponente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Freire se opuso en su intervención a la imposición de los plazos de instrucción, como hicieron todas las asociaciones de jueces, incluida la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

“Córtese un poco”

Su sustituta mientras se resuelve la recusación, Carmen Valcarce, ha archivado el caso de los espías de la Comunidad de Madrid tres veces y otras tantas ha debido reabrirlo por orden de la Audiencia Provincial. La relación de la jueza con el PP volvió a estar de actualidad en el verano de 2015, cuando trascendió parte del sumario de la Operación Púnica. En el mismo se recogen transcripciones de las intervenciones telefónicas a Francisco Granados, previas a su arresto, en el que el mismo presunto cabecilla de la trama explica los parabienes y alabanzas que le dedicó la jueza Carmen Valcarce en los mismos pasillos del juzgado, al que había acudido por el caso de los espías.

El día de la declaración de Granados, el 16 de septiembre de 2014, el exconsejero llama a su mujer por la tarde y le cuenta que la jueza Valcarce se había acercado a él en el pasillo, antes de tomarle declaración. Ante los ocho abogados personados en la causa, la jueza aseguró que “Paco Granados ha sido el mejor consejero de justicia que ha tenido la Comunidad de Madrid, que allí la tenía para lo que quisiera, que allí estaba para servirle”. Según el relato de Granados, él mismo tuvo que decirla que “se cortara un poco” delante de aquellas personas.

La Guardia Civil redacta el contenido de otra conversación, también en el mismo día de la declaración, en esta ocasión de Granados con una colaboradora.  El exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid asegura que la jueza Valcarce ha pactado con él, antes de la vista y a espaldas de los demás, lo que debía hacer para que su testimonio en el Juzgado no quedara grabado. El guardia civil escribe que una de las partes “había pedido que se grabara la declaración pero la jueza le ha dicho a Francisco antes de la vista que se negara, que ella también lo iba a hacer. Viky pregunta si conocía a la jueza, Francisco dice que sí, de hablar un par de veces anteriormente”.

Estas revelaciones del sumario de la Púnica motivaron que tres de los seis imputados en el caso del espionaje recusaran a la jueza Valcarce en julio de 2015. Siete meses después, en febrero de 2016, la Audiencia de Madrid falló en contra de aceptar dicha recusación.

La Sección 16 de la Sala Penal considera que hay indicios de que el Gobierno de Madrid “utilizó a varios funcionarios, a los que estaba pagando su nómina, para destinarlos a fines ajenos a la causa pública, habiendo sido destinados jornadas enteras, durante muchos días al mes, al menos durante tres meses, a fines ajenos a la función encomendada”. La jueza Carmen Valcarce  no quería seguir investigando porque es imposible saber cuánto dinero fue presuntamente malversado.

Los objetivos de los seguimientos en abril y mayo de 2008 fueron adversarios internos de Esperanza Aguirre, como Manuel Cobo o Alfredo Prada, en un momento en el que se cuestionaba el liderazgo de Mariano Rajoy tras su segunda derrota electoral. 

La organización Observatori Desc, que ejerce la acción popular en el caso de los ordenadores de Bárcenas, pide en su escrito de acusación que el Partido Popular sea condenado al triple del perjuicio causado por un delito de daños informáticos, la suspensión de actividades durante seis meses y la prohibición de recibir donaciones privadas por espacio de cinco años.

El artículo 33 del Código Penal habla de las “penas aplicables a las personas jurídicas”, entre ellas la multa por cuotas o proporcional y la “suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder los cinco años”. La acusación de Izquierda Unida solicita una multa de más de 10 millones de euros por dos delitos de daños informáticos.

Asimismo, Observatori Desc pide que la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, sea condenada a dos años de cárcel por un delito de daños informáticos en concurso ideal con otro de encubrimiento y la inhabilitación para la ocupación o profesión de gerencia de partidos políticos por espacio de 6 años.

En la causa también aparece imputado el director de los servicios jurídicos del PP, Alberto Durán, por los mismos delitos que Navarro. Para él, Observatori Desc solicita una pena de un año y once meses de cárcel, así como la inhabilitación para ejercer la abogacía que se prolongaría durante 6 años.

En el caso de José Manuel Moreno, jefe de informática en el partido, la citada acusación popular solicita un año y 10 meses de cárcel más seis años de inhabilitación que le impida ejercer “como responsable o encargado de servicios relacionados con la informática”.

La asociación Observatori Desc, que igualmente ejerce la acción popular en el caso denominado los ‘papeles de Bárcenas’, también solicita la declaración de varios testigos en el juicio, entre ellos la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

La número dos del PP declaró como testigo en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la financiación irregular del partido. Fue precisamente en el marco de esa causa que se conoció la destrucción de los ordenadores utilizados por Bárcenas y en los que, según el extesorero, había documentación de la caja b de la formación.

Observatori Desc pide que durante la vista oral se proyecten las declaraciones en fase de instrucción de varios testigos, entre ellos Luis Bárcenas. El extesorero ordenó sorpresivamente a su defensa la semana pasada que abandonara la acusación particular que ejercía alegando motivos económicos. Las acusaciones sospechan que el movimiento es fruto de algún pacto.

Durante la fase de instrucción, Bárcenas declaró que los discos duros contenían información relevante de la caja b y relató cómo se le impidió recogerlos de la sede del PP una vez fue despedido. La jueza dio credibilidad al testimonio del tesorero en su auto de pase a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento en los delitos castigados con menos de nueve años de cárcel.

El Partido Popular ha recusado a la jueza del caso, Rosa María Freire, porque considera que es próxima al PSOE. Para llegar a esta conclusión afirma que un vocal del CGPJ, Álvaro Cuesta, antiguo dirigente socialista, defendió en una reunión de la comisión permanente del Poder Judicial que ella acumulaba más méritos. El segundo argumento es que acudió a la comisión de Justicia del Congreso para hablar de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que durante su comparecencia se opuso a una medida contra la que se pronunciaron la totalidad de las asociaciones de jueces. La Audiencia Provincial decidirá sobre la recusación.

En Comú Podem quiere que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparezca en el Congreso de los Diputados a raíz de la maniobra, desvelada por eldiario.es, por la que el PP intenta recusar a la juez del caso 'ordenadores de Bárcenas'.

Los abogados del PP han presentado un escrito para que se aparte a María Freire en el que manipulan su historial para vincularla con el PSOE y apartarla de la causa. Sus argumentos, sin embargo contienen datos inexactos y descontextualizados.

En Comú, integrado en el grupo de Unidos Podemos, ha presentado un escrito en el registro de la Cámara Baja para que Catalá acuda a dar explicaciones en el Congreso. En el texto, En Comú pide que el ministro de Justicia explique qué valoración le merece la maniobra del PP.

Para En Comú, la recusación del PP manipulando el historial de la jueza “trata de cuestionar la profesionalidad, la imparcialidad y la honorabilidad de buena parte de los jueces que se ocupan de los numerosos casos que les afectan”.

El escrito presentado por el PP argumenta que el vocal del CGPJ Álvaro Cuesta, propuesto por el PSOE, votó a favor de que Freire ocupase un cargo en la Audiencia Nacional. Pero Cuesta argumenta que no conocía a Freire previamente y que se guió por su historial profesional. Los abogados del PP también justifican su vínculo por la participación de ambos en cursos y seminarios, pero cuando coincidieron en ellos participaban en mesas distintas, que ni siquiera se celebraban el mismo día.

El otro gran argumento del PP es que Freire acudió al Congreso, a propuesta del PSOE, para criticar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En concreto, se mostró en contra del acortamiento de los plazos de instrucción, un cambio criticado por las asociaciones de jueces de todas las ideologías.

El escrito del Partido Popular para recusar a la jueza del caso de los ‘ordenadores de Bárcenas’, Rosa María Freire, contiene datos inexactos y afirmaciones descontextualizadas para defender que la magistrada debe ser apartada de la causa por su proximidad con el PSOE. La recusación se produce dos meses después de que Freire procesara al PP, el primer partido en la historia de España que alcanza esta condición, y a 48 horas de que finalice el plazo para la presentación de los escritos de acusación.

Uno de los argumentos del PP para apartar a la jueza es que un vocal socialista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votó a su favor para que ocupara por seis meses un puesto en la Audiencia Nacional, en contra del criterio de otros cinco vocales. El otro es que criticó un proyecto de reforma legislativa del PP, en la línea de todas las asociaciones judiciales, durante su comparecencia en la comisión de Justicia del Congreso a petición de los socialistas.

La marcha a París como juez de enlace de Javier Gómez Bermúdez dejó en 2015 libre el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, recurrió a un procedimiento de urgencia recogido en la ley para elegir a un sucesor provisional. Se presentaron 15 aspirantes de los que, de acuerdo al citado procedimiento, la Sala de Gobierno del tribunal especial destacó la trayectoria de cuatro de ellos, equiparando como los más adecuados a dos de ellos: Juan Pablo González y Rosa María Freire.

La comisión permanente del CGPJ estaba compuesta por tres vocales conservadores, dos progresistas y el presidente, Carlos Lesmes. Tras analizar los informes de los candidatos, cinco de esos vocales se decantaron por Juan Pablo González, mientras que Álvaro Cuesta, uno de dos progresistas, lo hizo por Freire. La mayoría alegó la trayectoria por distintos juzgados de González -un magistrado de claro perfil conservador ahora aupado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional-, el ritmo de trabajo en su entonces destino en la Sección 15 de la Audiencia de Madrid y su pasado como juez de enlace en París.

Cuesta, por el contrario, consideró que el trabajo ininterrumpido de Freire en distintos juzgados durante dos décadas y su puesto superior en el escalafón hacían más idónea la elección de la jueza para los seis meses en el Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional. El exdirigente socialista también Cuesta se opuso en aquella reunión a que el proceso para la elección hubiera partido de la Audiencia Nacional, en lugar del propio CGPJ, y que el tribunal especial condicionara así el proceso.

La recusación del PP afirma: “Cuesta, significadísimo miembro del PSOE, no se limitó a votar en contra del nombramiento de otra persona distinta (único voto en contra de la designación), sino que al parecer puso un voto particular y además anunció públicamente que la recusada era la candidata más idónea, lo cual parece ciertamente excesivo para la simple provisión técnica de una plaza en un órgano jurisdiccional, aunque es suficiente para explicitar de manera pública quién es la candidata del PSOE  a ocupar puestos de relevancia en la carrera judicial”.

Álvaro Cuesta asegura que el 3 de junio de 2016, fecha de la citada reunión de la comisión permanente, ni conocía personalmente, ni había oído hablar de Rosa María Freire. El exdirigente socialista defiende que expresó su convencimiento de que era la candidata idónea para el puesto una vez analizados los informes entregados a los vocales del CGPJ. “Me limité a valorar mérito y capacidad”, ha asegurado a eldiario.es.

En cuanto a la supuesta “publicidad” que dio a su opción, ésta no trascendió más allá de las paredes de la sala donde se reunió la comisión permanente. Alvaro Cuesta no recuerda haber emitido voto particular, un mecanismo que, por otra parte, suelen utilizar los vocales discrepantes para exponer sus argumentos, según fuentes del Consejo. El Partido Popular adjunta una información del 1 de agosto de okdiario.com, el medio que dirige Eduardo Inda, que apunta a la propia formación como origen de la misma: El PP quiere recusar a la juez del 'caso ordenadores' por ser afín al PSOE.

El recurso del PP evita asimismo mencionar que otra de las vocales que se posicionó a favor de Juan Pablo González, Mar Cabrejas, fue elegida a propuesta del PSOE, si bien ha votado junto al bloque conservador en cuestiones tan relevantes como sacar a concurso la plaza de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. 

No coincidieron

Entre la documentación aportada por el Partido Popular para demostrar que Cuesta y Freire tienen relación aparecen varios cursos de materia judicial. Cuesta asegura que con posterioridad a la votación ha coincidido con Freire porque él es encargado de los cursos sobre mediación del CGPJ y la magistrada ha sido reclamada por el Poder Judicial para ellos, como experta en la materia.

La consulta de esa documentación permite comprobar que todos los cursos donde podrían haber coincidido Freire y Cuesta se celebraron con posterioridad al 3 de junio de 2015, a excepción de uno, de principios de octubre de 2014. Este curso se celebró en Málaga, fue organizado por la Universidad local junto con la Asociación Profesional de la Magistratura, la organización conservadora mayoritaria entre los jueces. Freire intervino dos días antes que Cuesta y su mesa fue moderada por otra vocal del CGPJ, del bloque conservador, Ángeles Carmona.

Dos semanas después de la votación, Cuesta y Freire integraron la amplia nómina de invitados a un curso de justicia restaurativa a en Euskadi. Igualmente participaron en mesas diferentes y en días distintos. A finales de junio de ese año, juez y vocal volvieron a participar un curso de su especialidad, la mediación, junto a otra treintena de expertos, ésta vez en Galicia. Ella, en la jornada inaugural; él, en la clausura.

Freire, una jornada en el Congreso

El otro argumento utilizado por el PP es que el Grupo Socialista en el Congreso reclamó a Freire para que expusiera en la comisión de Justicia su opinión sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “De entre todos los expertos que puedan existir en España en Derecho Penal resulta ciertamente sorprendente que el PSOE proponga precisamente a la recusada, para criticar con toda virulencia la reforma procesal del Partido Popular”, dice el escrito del PP.

La propia defensa del PP adjunta el acta de la comisión de Justicia del Congreso, en la que se puede leer cómo Freire calificó la limitación a seis meses del periodo de instrucción que preveía el texto de la reforma como “la más perturbadora” de las medidas que incluía. De esta forma, Freire se alineaba con todas las asociaciones de jueces, de todas las orientaciones políticas, que elevaron la voz en contra de la medida, que el PP se vio obligado finalmente a modificar.

El PP solicita a la Audiencia de Madrid la “misma rigidez” en su decisión que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para apartar a Concepción Espejel y Enrique López de los juicios del caso Gürtel. López, por ejemplo, asistió a 55 cursos de la fundación FAES, el think tank del PP y fue vocal del CGPJ a propuesta de ese partido. En el caso de Espejel, el propio Luis Bárcenas, que se sentará en el banquillo, votó a favor de su elección como vocal del Poder Judicial desde su banco de senador. Otros cuatro imputados votaron como diputados de la Asamblea de Madrid para que López fuera elegido magistrado del Constitucional.

La defensa del Partido Popular ha solicitado que se aparte de la causa de los 'ordenadores de Bárcenas' a la jueza Rosa María Freire por presuntos vínculos con el PSOE. La maniobra de última hora del Partido Popular se produce cuando la magistrada ha finalizado la investigación que le ha convertido en la primera formación política imputada en la historia de España.

El PP argumenta en su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, que durante el verano ha conocido por los medios de comunicación la supuesta vinculación de Freire con los socialistas. En primer lugar, alega el abogado del PP, Freire fue propuesta por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta para el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Cuesta, exdirigente del PSOE, es vocal del CGPJ a propuesta de ese partido.

El segundo argumento de los conservadores es que el PSOE propuso a Freire como experta para intervenir en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que abordó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “De entre todos los expertos que puedan exisitir en España en Derecho Penal, resulta ciertamente sorprendente que el PSOE haya designado precisamente a la recusada para esa acción, que sin duda hay que calificar como una acción política”, aparece en la recusación.

De todo ello, dice el PP, ha sabido por los medios de comunicación. La propuesta de Cuesta, a través de okdiario.com, el medio que dirige Eduardo Inda. Y de su participación en la comisión de Justicia, a través de una tertulia de La Sexta, añade el PP. “La imparcialidad de dicha instgructora ha sido debatida en tertulias de determinados medios de comunicación”, dice en otro punto del escrito.

El partido de Rajoy alega que la investigación por daños informáticos y encubrimiento PP supone “un rédito político indiscutible para el PSOE” y pide que se aplique “la misma rigidez” que con los dos magistrados de la Audiencia Nacional apartados de los juicios de Gürtel por su afinidad con el Partido Popular, en referencia a Enrique López y Concepción Espejel.

“Las dos circunstancias que vinculan a la señora Freire con el principal adversario político del PP -y en un momento tan trascendente de la vida parlamentaria-deberían haber bastado para que la señora instructora se abstuviera”, recoge el escrito.

Está pendiente que la Audiencia de Madrid resuelva el recurso de las defensas y la Fiscalía contra el auto de pase a procedimiento abreviado -equivalente al procesamiento para delitos castigados con menos de nueve años- que Freire dictó en julio contra el PP, su tesorera, el jefe de informática y el de los servicios jurídicos.

Las partes personadas tienen hasta el viernes para presentar sus escritos de acusación y defensa. Con ellos, la jueza puede dictar auto de apertura de juicio oral contra el PP y el resto de imputados, incluyendo en él las peticiones de condena que hagan las acusaciones populares.

La reapertura del caso sobre la destrucción de los discos duros del PP incluye el requerimiento de la jueza Rosa María Freire para la formación política identifique a las personas que se encargaron del “formateado o destrucción” de los mismos y que incluirían información relevante sobre la financiación irregular del partido. Así lo requiere la magistrada en el auto de admisión a trámite de la querella, presentada en su momento por Izquierda Unida, y al que ha tenido acceso eldiario.es.

Es el mismo auto en el que cita como imputados al Partido Popular y a su actual gerente, Carmen Navarro, y al responsable de informática Javier Barrero. De igual modo, como testigos deberán comparecen ante Freire el extesorero Luis Bárcenas; el abogado del PP, Alberto Durán; la que fuera secretaria de Bárcenas, Estrella Domínguez; y el jefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente.

Freire también reclama a la empresa Universomac Madrid “toda la documentación que obre en su poder sobre los trabajos realizados” sobre el ordenador de Bárcenas en octubre de 2012, “así como que identifique a las personas que trabajaron en dicho ordenador”. Es la empresa a la que Bárcenas recurrió para una reparación de esos ordenadores y que, según el PP, cambió el disco duro. De esta forma, el PP habría borrado una memoria diferente a la que denuncia el extesorero.

La jueza responde al reproche de la Audiencia de Madrid a su antecesora en el juzgado, Esperanza Collazos, sobre la ausencia de investigación solicitando a la Audiencia Nacional documentación de la causa conocida como ‘papeles de Bárcenas’. En este sentido, pide los autos por los que Baltasar Garzón admitió a trámite la personación del PP en 2009 y Pablo Ruz acordó su expulsión de la causa en abril de 2013, por no actuar el partido más como defensor de Bárcenas que como acusación. También requiere el auto de envío a prisión del extesorero.

En otro apartado, Freire reclama al Juzgado del que hoy es titular José de la Mata, los autos de requerimiento de los discos duros que hizo Ruz al PP y por cuya respuesta supo que habían sido destruidos.

La jueza rechaza la solicitud de la acusación popular de que se identifique a los responsables del PP que destruyeron el registro de visitas y las grabaciones de las cámaras de seguridad que podrían haber ayudado a conocer qué empresarios donantes de dinero negro visitaron la sede central de la formación.