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El PP logra que el caso ordenadores recaiga en la jueza que empantana la investigación de su espionaje

La jueza Freire se opone a la segunda recusación del partido de Rajoy pero la tramita para que resuelva la Audiencia de Madrid

Se hace cargo temporalmente  la magistrada Carmen Valcarce, quien elogió a Granados cuando fue a declarar por el espionaje en la Comunidad de Madrid

La formación procesada consigue dilatar el proceso a pocos días del pleno de investidura de Mariano Rajoy

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Rajoy asistirá mañana en Bruselas a su posible última cumbre en funciones

Rajoy asistirá mañana en Bruselas a su posible última cumbre en funciones EFE

El caso de los ordenadores de Bárcenas, el mismo que ha convertido al PP en el primer partido procesado de la historia de España, pasa a manos de la jueza Carmen Valcarce, la misma que empantana desde hace siete años la causa del espionaje entre miembros del partido en Madrid, y que no tuvo rubor en elogiar públicamente a Francisco Granados el día que fue a declarar al juzgado. La jueza Rosa María Freire ha rechazado la segunda recusación del PP, pero la tramita para que en última instancia resuelva la Audiencia de Madrid. Hasta que haya una resolución, será Valcarce quien se haga cargo del caso del borrado de los ordenadores de Bárcenas.

Freire había rechazado de plano la primera recusación del PP, basada en informaciones y comentarios en tertulias de Eduardo Inda y que apuntaban a un presunto vínculo de la magistrada con el PSOE. La magistrada contestó en un auto muy duro en el que se preguntaba si el PP actuaba contra ella de forma machista. La formación de Mariano Rajoy quiso aprovechar ese comentario y planteó una segunda recusación centrada en esa afirmación de la jueza y alegando que demostraba animadversión hacia el partido.

En su último auto, la jueza Freire asegura: “En primer lugar, es preciso decir algo obvio y es que esta instructora no es responsable ni tiene la más mínima intervención en los titulares con los que los medios de comunicación rotulan o tienen a bien remarcar sus noticias, ni tampoco en los análisis y conclusiones a los que llegan, desde una óptica profesional, con el fin de captar la atención y transmitir información a sus lectores u oyentes”.

Añade que ella “carece de la más leve animadversión hacia el partido recusante”, al tiempo que considera obvio que el PP se encuentra inmerso en un proceso de sabotaje de la causa que se sigue contra él por delitos informáticos y por este y el de encubrimiento contra su tesorera, Carmen Navarro; el director jurídico, Alberto Durán; y el jefe de informática, José Manuel Moreno. “Con hasta dos recusaciones en un brevísimo plazo, lo que han visto con claridad las acusaciones, esto es, obstaculizar el normal desarrollo del presente procedimiento”, escribe la jueza.

Las sustituciones entre los magistrados de los 54 Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla responden a un sistema establecido por el Decanato, según el cual un juzgado tiene asignado automáticamente al titular de otro, siempre el mismo, ya sea por motivo de recusación, enfermedad o vacaciones, explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Las mismas fuentes señalan que el sistema lleva vigente “muchos años”.

El PP dilata el proceso

La sustituta de Freire, Carmen Valcarce, podría ahora resolver los recursos del PP, el informático y la Fiscalía en contra del auto de procesamiento o esperar a que se resuelva la recusación, para la que hay que nombrar un instructor. En cualquier caso, la última palabra sobre las decisiones de Valcarce la tendría la sección de la Sala de lo Penal que ordenó reabrir el caso y viene avalando las decisiones de Freire. En este momento, el PP ya ha logrado dilatar el proceso en un momento en el que está pendiente de la investidura de Mariano Rajoy. 

El PP argumenta que Freire es próxima al PSOE con datos inexactos y descontextualizados. Asegura que un vocal del CGPJ a propuesta de los socialistas la respaldó para una sustitución que al final no obtuvo; y que acudió a propuesta del Grupo Socialista a la comisión de Justicia del Congreso para abordar como ponente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Freire se opuso en su intervención a la imposición de los plazos de instrucción, como hicieron todas las asociaciones de jueces, incluida la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

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