La jueza imputa al PP por la destrucción de los discos duros de Bárcenas
La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Esperanza Collazos, ha citado a declarar como querellado al Partido Popular en el caso de la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas. El partido deberá enviar a un representante legal al juzgado el próximo 4 de febrero. La citación por providencia como querellado equivale a la imputación del PP, ya que los hechos investigados se produjeron después de la reforma del Código Penal que permite la acusación contra partidos políticos.
La jueza Collazos también ha citado, en calidad de testigos, al extesorero Luis Bárcenas, a la que fuera su secretaria en el PP Estrella Domínguez; al jefe de seguridad de la época, Antonio de la Fuente -cuñado de Bárcenas-; y al abogado del partido. Todos ellos prestarán declaración el 3 de febrero. Al día siguiente, además del PP declarará como querellada Carmen Navarro, actual tesorera y gerente del PP.
La Seccción Cuarta de la Audiencia de Madrid obligó la semana pasada a la jueza Collazos a reabrir la causa de la destrucción de los discos duros, como habían solicitado las representaciones de Izquierda Unida y otros partidos, Observatori Desc -ambas también acusación popular en el caso de la caja B del PP- y de UPyD . Las acusaciones populares se querelló contra el PP por un presunto delito de daños y otro de encubrimiento. La Fiscalía se sumó al Partido Popular en contra de los recursos de las citadas organizaciones y para lograr el archivo definitivo.
“Desconoce también este tribunal quien o quienes acordaron u ordenaron en la sede del Partido Popular la destrucción de las unidades de disco duro, pues este aspecto no ha sido investigado ni esclarecido; no consta tampoco en las actuaciones si el seno de la organizsación de la formación política del Partido Popular existía o no un protocolo formal, conocido o aceptado por sus trabajadores, sobre el uso de las herramientas informáticas…”, continúa el auto.
El origen de la causa está en la petición de dos unidades de disco duro que el juez Pablo Ruz solicitó al PP durante la instrucción de la causa conocida como ‘papeles de Bárcenas’ o ‘caja B’. El partido respondió que habían sido destruidos para garantizar la confidencialidad de los datos allí almacenados. Ruz apreció entonces posible delito informático y de encubrimiento y se inhibió en favor de la Audiencia de Madrid al no ser él competente para investigarlos.
Los jueces de la Sección Cuarta corregían duramente en su auto a la jueza Collazos. “La decisión de sobreseimiento provisional se adoptó por la instructora inmediatamente después de incoar el procedimiento. Esto es, sin practicar diligencia de investigación alguna sobre los hechos”, recoge el auto de la Sección Cuarta. Así es imposible, entre otras cosas, conocer “quién ordenó” la destrucción de los discos duros, añadían los magistrados.
Como ocurrió con las agendas de las secretarias y el registro de visitas a la sede de Génova, el juez Ruz se topaba con la desaparición de pruebas fundamentales para el esclarecimiento de la financiación irregular del partido, algo que consideró indiciariamente acreditado cuando cerró la instrucción.
La jueza Collazos afirmó, sin embargo, que no constaba la relevancia para la causa de la caja B de los documentos destruidos. La Sección, sin embargo, se pregunta cómo puede concluir eso si desconoce el contenido de los ‘papeles de Bárcenas’ y el pen drive que entregó al juez Ruz el extesorero con parte de la información destruida. Ni una cosa, ni otra han sido incorporadas a la causa del Juzgado número 32 de Madrid en momento alguno.
