Nortegas, la segunda distribuidora de gas en España, ha fichado como consejero de su matriz al ex secretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz. El nombramiento llega en un momento de máxima agitación en el sector, en mitad de la peor crisis energética de las últimas décadas por la exponencial subida del gas alimentada por la guerra en Ucrania.

El ex alto cargo del Gobierno de Mariano Rajoy y ex directivo de la fundación FAES de José María Aznar ha sido nombrado consejero de la matriz del grupo vasco Nature Investments SARL, domiciliada en Luxemburgo. Según documentación oficial, el nombramiento se hizo efectivo el pasado 23 de marzo.

elDiario.es preguntó el viernes a Naturgas si García-Legaz ha sido nombrado como vocal independiente o como representante de alguno de los fondos que controlan la empresa, sin obtener respuesta del grupo con sede en Euskadi. García-Legaz declinó atender a este medio.

El expolítico murciano es licenciado en Administración de Empresas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico comercial y economista del Estado desde 1994, fue diputado del PP hasta 2011 y secretario de Estado de Comercio entre ese año y 2015. De ahí pasó a presidir la estatal CESCE, con uno de los sueldos más altos del sector público.

Entre 2017 y 2018 pasó a ser presidente ejecutivo de Aena, en cuya filial internacional sigue siendo consejero. Tras su cese como primer ejecutivo de la dueña de los aeropuertos españoles, pidió el ingreso en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero rápidamente pasó al sector privado.

Actualmente es, además de vocal en la matriz de Nortegas, consejero de la sociedad de valores Ahorro Corporación, del Canal de Isabel II, la empresa pública que controla la Comunidad de Madrid, y de la cadena Dia. En la cadena de supermercados, fue el único consejero que sobrevivió a la criba realizada en el consejo del grupo en mayo de 2019, tras la llegada a su capital del oligarca ruso Mijaíl Fridman, ahora sancionado por la UE por la invasión de Ucrania.

En una de sus últimas entrevistas, publicada en El Español en enero, García-Legaz no hizo referencias a la grave crisis energética que ya entonces golpeaba a la economía, pero sí a la “gran oportunidad” de los fondos europeos, que tradicionalmente “han sido absorbidos con mucha eficacia por empresas de tamaño mediano y grande. A la pequeña y mediana hay que ayudarla, pero por otra vía. No debe ser el foco en la orientación de estos fondos. Deben estar diseñados para impulsar una economía más eficiente desde el punto de vista energético, más apoyada en tecnología para producir”.

La antigua Naturgas

Con unos 230 empleados a cierre de 2020, Nortegas, que hasta 2018 se llamaba Naturgas, fue adquirida en julio de 2017 por 2.591 millones de euros, deuda incluida, a Energías de Portugal (EdP) por un consorcio de inversores institucionales liderado por el banco de inversión JP Morgan, un fondo soberano de Abu Dhabi, el Gulf Cooperation Council, la aseguradora suiza Swiss Life y el fondo británico Covalis Capital.  

Recientemente, el banco estadounidense ha tomado el control del 75%, tras comprar el paquete de ese fondo árabe al ejercer su derecho de compra preferente, según avanzó Expansión.

En los últimos meses, y en un momento en el que Naturgy prepara su escisión en dos empresas diferentes, se ha especulado con la potencial integración futura de Nortegas con otras empresas del sector como Madrileña de Gas, también propiedad de varios fondos que acaban de abrir un proceso de venta.

En el caso de la firma cuya matriz ha fichado a García-Legaz, suministra gas natural y gas propano (GLP) a través de una red de más de 8.000 kilómetros desplegados en 383 municipios de Asturias, Cantabria y Euskadi. El grupo cerró el primer semestre de 2021 con 1,052 millones de clientes, un 1,3% más, de los que 963.000 eran domésticos y comerciales y 87.900, industriales.

Según los últimos datos de la CNMC, su cuota en el sector minorista a septiembre de 2021 alcanzaba el 12,19%, con 971.302 puntos de suministro, ligeramente por encima de Madrileña Red de Gas (11,19%) y lejos de Nedgia, la distribuidora de Naturgy (67,6%).

Nortegas, que está buscando vías para diversificar hacia energías o procesos más limpios, como la producción de hidrógeno con renovables o el biometano, logró en 2020 unos ingresos de 216 millones y un beneficio bruto operativo (ebitda) de 174 millones, ligeramente por debajo de 2019.

En el primer semestre de 2021, registró unos ingresos ordinarios de 112,2 millones, ligeramente por encima de los de 2020, un beneficio bruto operativo (ebitda) de 89 millones y un beneficio neto de 21,7 millones, un 20,8% menos, por los mayores gastos financieros. Su deuda neta era entonces de algo menos de 1.100 millones.

Son datos previos a que los precios del gas se descontrolaran, lo que obligó al Gobierno a poner en septiembre un tope a la tarifa regulada del gas (TUR) a costa de engordar el déficit de tarifa (desfase entre ingresos y costes regulados) en el sector gasista.

El multimillonario Mikhail Fridman ha consumado esta madrugada la toma de control del consejo de administración de la cadena de supermercados Dia, horas después de la adhesión de Banco Santander al acuerdo de refinanciación que ha evitado el concurso de acreedores del grupo tras el éxito de la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el inversor ruso a través de su sociedad LetterOne, que ha alcanzado el 69,76% del capital del grupo español.

En torno a las 4.14 horas de esta madrugada, Dia ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la dimisión de siete de sus ocho vocales, incluyendo al hasta ahora consejero delegado, Borja de la Cierva. Solo se ha salvado de la criba el ex secretario de Estado Jaime García-Legaz, consejero independiente del grupo desde diciembre al que algunas fuentes apuntan como próximo presidente de la cadena.

En la misma sesión, se ha aprobado el nombramiento como nuevo presidente de Stephan DuCharme y de Karl-Heinz Holland, ex CEO de Lidl, como consejero delegado. Ambos son personas de la máxima confianza del inversor ruso y fueron consejeros de Dia el año pasado.

Según ha informado Dia a la CNMV esta madrugada, “se han aceptado las dimisiones presentadas por los consejeros don Richard Golding, don Mariano Martín Mampaso, don Antonio Urcelay Alonso, doña María Garaña Corces, don Julián Díaz González, doña Angela Spindler y don Borja de la Cierva Álvarez de Sotomayor como consejeros y miembros de las comisiones del Consejo de Administración de la Sociedad como consecuencia del resultado positivo de la referida oferta pública de adquisición formulada por LetterOne y el consiguiente cambio en el control de la Sociedad”.

En paralelo, se ha procedido a nombrar a seis nuevos vocales: cuatro dominicales a propuesta de LetterOne (DuCharme, Holland, Michael Joseph Casey y Sergio Antonio Ferreira Dias) y dos independientes, Christian Couvreux y José Wahnon Levy.

Finalmente, se han aceptado las dimisiones presentadas por los hasta ahora secretario y vicesecretario del consejo, Ramiro Rivera y Miguel Ángel Iglesias, que han sido sustituidos por Álvaro López-Jorrín Hernández y de doña Lisa Giroux, respectivamente.

La renovación del consejo de Dia se ha llevado a cabo unas horas después de que la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, anunciase la adhesión de esta entidad al acuerdo de refinanciación del grupo una vez que LetterOne “se ha comprometido a trabajar para eliminar la discriminación entre bonistas y bancos de Dia, lo que creemos es un tratamiento justo”.

El ex presidente ejecutivo y ex consejero delegado de Aena Jaime García-Legaz ha pedido ingresar en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo público que fija las tarifas que cobra Aena en España, tras ser ratificado recientemente por el gestor aeroportuario como consejero de su filial internacional.

El exdiputado del PP, exdirectivo de FAES (la fundación de José María Aznar) y exsecretario de Estado de Comercio, entre otros cargos, fue reemplazado en julio como primer ejecutivo de Aena, de la que fue máximo responsable ocho meses, pero sigue vinculado al gestor aeroportuario como consejero de su filial en el exterior, Aena Desarrollo Internacional.

Paralelamente, Legaz ha pedido al Ministerio de Economía, al que se ha reincorporado recientemente (es miembro del cuerpo superior de técnicos comerciales y economistas del Estado), que autorice su traslado “al gabinete del presidente de la CNMC”, José María Marín Quemada, según explica el político conservador a eldiario.es.

“El accionista mayoritario me propuso continuar como consejero en Aena Internacional y acepté, previo informe favorable del servicio jurídico de Aena”, confirma Legaz, que defiende que, una vez se incorpore a la CNMC, “difícilmente” podrá existir conflicto de interés, pese a que ese organismo es el encargado de aprobar las tarifas aeroportuarias que Aena cobra por el uso de sus instalaciones.

“Está previsto pedir un informe de los servicios jurídicos cuando se materialice mi incorporación. Si hay conflicto, me marcharé, obviamente”, indica García-Legaz sobre su próximo aterrizaje en la CNMC. El expolítico y alto funcionario, al que recientemente el diario Expansión situaba en las quinielas para presidir el grupo de distribución Dia, señala que “ser ex primer ejecutivo de Aena no implica tener incompatibilidades en el sector público, sino en el privado”.

“Yo no estoy en el consejo de Aena, sino en el de Aena Internacional, es decir, sobre los aeropuertos en el extranjero. Y ahí no hay ninguna potestad reguladora de la CNMC”, añade Legaz.

A preguntas sobre este asunto, fuentes del 'súperregulador' aseguran que el destino de Legaz no va a ser el gabinete de Marín Quemada, sino el departamento de Promoción de la Competencia, y que se incorpora como técnico, no como alto cargo, por lo que no tendrá poder de decisión sobre las tarifas aeroportuarias, que dependen de la sala de Supervisión Regulatoria del organismo. Las mismas fuentes añaden que la designación deberá tener el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses.

El político del PP ya ha cedido su puesto de presidente en Aena Internacional a su sustituto al frente de la compañía, el socialista Maurici Lucena, pero se mantiene como miembro del consejo de administración de la filial, según consta en la web de la empresa y en el Registro Mercantil, en el que el nombramiento de Lucena como presidente de Aena Desarrollo Internacional fue inscrito el 29 de octubre.

García-Legaz va a seguir aportando así su conocimiento a la compañía pública para potenciar su expansión internacional. “Jaime García-Legaz está en el Consejo por aportar una gran experiencia en desarrollo internacional ya que fue secretario de Estado de Comercio”, explican fuentes oficiales de Aena, que cifran su retribución en “404 euros por reunión, con un máximo de 11 al año”. Equivale a entre 2.400 y 4.400 euros netos anuales, en función del número de sesiones (entre 6 y 11 al año). En cantidades brutas, esa asignación asciende a 623,09 euros por reunión, según Aena.

Explorando oportunidades

El crecimiento de Aena en el exterior es una de las patas del plan estratégico 2018-2021 que el consejo de la compañía, entonces presidida por Legaz, aprobó en mayo, justo antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, y que su sustituto hizo suyo. Maurici Lucena indicó hace un mes, en su primera rueda de prensa como presidente de Aena, que el grupo explora “activos atractivos” en Europa, Asia, Oriente Medio y Norteamérica.

Aena, que este lunes anunció un incremento del 6,5% del tráfico de pasajeros en su red en España, sigue de cerca la quinta ronda de privatizaciones de aeropuertos en Brasil y en Europa tiene la vista puesta en el aeródromo de Sofía (Bulgaria). Quiere “capturar una parte significativa” del crecimiento del tráfico aéreo para los próximos años, que se espera que se duplique en las próximas dos décadas, dijo Lucena.

Aena Desarrollo Internacional es la sociedad en la que Aena (que cotiza en el Ibex pero tiene un 51% en manos del Estado a través de Enaire) canaliza sus participaciones en el exterior. Tiene un 51% de la concesionaria del aeropuerto londinense de Luton, el 50% de Aerocali (que explota el aeropuerto de Cali, Colombia), el 5,8% del mexicano Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y el 37,89% de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa SA (SACSA), que explota el Aeropuerto de Cartagena de Indias (Colombia).

La sociedad participa directamente en 15 aeropuertos fuera de España (doce en México, dos en Colombia y uno en Reino Unido) e indirectamente a través de GAP en el aeropuerto de Montego Bay (Jamaica). Hasta febrero de 2012 gestionó el 40% del Aeropuerto de Barranquilla (Colombia), aunque en este caso la concesión expiró sin acuerdo y el litigio está en manos de un tribunal administrativo.

Con 311 millones en activos y una plantilla de 29 personas, Aena Internacional aumentó en 2017 un 53% su cifra de negocios, hasta 50,5 millones, y más que triplicó su beneficio, hasta los 39 millones, según sus últimas cuentas.

El 1 de agosto del 2014 el entonces secretario de Estado de Comercio del Gobierno del PP, Jaime García-Legaz, se desplazó a Andorra para reunirse con el jefe de gobierno del principado, Antoni Martí. La reunión no tendría por qué ser noticia si no fuese porque el encuentro no constaba en las respectivas agendas oficiales y se celebró una semana después de que Jordi Pujol confesase públicamente en un comunicado que tenía una fortuna sin declarar en el extranjero. El expresident no dijo ni la cantidad ni dónde estaba el dinero pero ese mismo día ya se informó de que la fortuna estaba en Andorra.

El encuentro se celebró en el Hotel Hermitage, situado en Soldeu, y además del alto cargo del Gobierno de Rajoy y de Antoni Martí, también estuvo presente el exministro de Presidencia del Ejecutivo andorrano, Antoni Riberaygua. Pese a que el almuerzo no era oficial, los asistentes fueron seguidos y fotografiados a la entrada, tal y como consta en las fotografías que publica eldiario.es. Los comensales llegaron en coches oficiales, todos con matrículas andorranas, y lo hicieron por separado.

Preguntado por el motivo de la reunión, García-Legaz ha asegurado que no tenía más objetivo que hablar de las inversiones que podían ser de interés para ambos gobiernos y ha restado cualquier importancia al hecho de que, pese a tratarse de un encuentro con el presidente de otro país, no constase en su agenda oficial. El exalto cargo de Rajoy, que fue también secretario de la FAES, insiste en que se enmarcaba en un almuerzo de trabajo como cualquier otro.

“Una visita privada”

Por su parte, el Gobierno andorrano ha explicado a este diario que en el marco de “una visita privada” de García-Legaz a Andorra, el jefe del gobierno andorrano fue invitado por el exministro de Presidencia a una comida. El motivo, añaden, era la relación que García-Legaz y Riberaygua habían forjado a partir de sus conversaciones para la elaboración de la ley del juego de Andorra. Para la redacción de esta norma, Andorra necesitó contactar con los operadores del juego que comercializan sus productos en Andorra, y García-Legaz les facilitó contactos con la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado.

El encuentro, subrayan fuentes del Gobierno andorrano, fue para tratar estas cuestiones y niegan que en el almuerzo se hablase de la confesión de Pujol. Y añaden que si no se informó a los medios de esta reunión fue porque no se consideró un acto público.

El diario Público informó en agosto del 2016 que García-Legaz y el exjefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, viajaron el verano de 2014 a Andorra para tutelar las negociaciones con los dueños de la Banca Privada d’Andorra (BPA), los hermanos Ramon e Higini Cierco, y para negociar también con el Gobierno de Martí. El objetivo, según estas mismas informaciones, sería obtener el extracto de la cuenta corriente que Pujol tenía en esa entidad. Moragas negó que en esa época hubiese viajado a Andorra ni que tuviese nada que ver con presiones a la banca andorrana. García-Legaz reconoce que sí estuvo en este país en esas fechas pero niega tajantemente que sus conversaciones con el Ejecutivo andorrano estuviesen relacionadas con el dinero de la familia Pujol.

Higini Cierco, presidente y máximo accionista del BPA confesó posteriormente al juez que fue su entidad bancaria, a través de su consejero delegado, Joan Pau Miquel, la que facilitó a la policía española la información sobre la cuenta de la familia Pujol, después de que hubiesen recibido “coacciones” por parte de estamentos del Ministerio del Interior. Cierco aseguró haber sido víctima de un chantaje por parte de mandos policiales y declaró que acabó entregando la información por el temor de que se actuase contra su banco. El Gobierno de Andorra intervino el BPA en marzo del 2015 tras recibir una notificación de Estados Unidos por la que sometía a la entidad a 'preocupación de primer orden' en materia de blanqueo de capitales.

El Ejecutivo de Rajoy siempre negó que hubiese tenido contactos con el Gobierno andorrano para hablar del caso Pujol ni que supiese que el expresident y su familia escondían dinero en paraísos fiscales. Antes de que estallase el escándalo, su jefe de gabinete, Jorge Moragas, estuvo al corriente de la conversación en la que, en julio del 2010, una exnovia del primogénito de los Pujol le confesó a Alicia Sánchez-Camacho, como Jordi Pujol Ferrusola movía entre España y Andorra cantidades ingentes de billetes escondidos en bolsas de basura.

El nombramiento, a instancias del Gobierno, del ex secretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz como presidente ejecutivo de Aena fue el punto del orden del día con menos apoyos en la junta de accionistas que el operador aeroportuario celebró el pasado martes, según se desprende del resultado de las votaciones que ha publicado este jueves la compañía en su pagina web.

En concreto, la propuesta de ratificación del nombramiento de García-Legaz recibió un 10,168% de votos negativos y fue, con amplia diferencia, el punto del orden del día más contestado, en una asamblea en la que se aprobaron todos los acuerdos propuestos sometidos a votación. El nombramiento del exministro y expresidente de Vueling, Josep Piqué, sí tuvo un amplio apoyo y recibió un 99,7% de votos favorables.

Se desconoce si en ese 10,168% de votos negativos al nombramiento de García-Legaz se incluyen los del mayor accionista privado de Aena, el fondo TCI, que está representado en su consejo de administración y participa en la compañía desde que se inició su proceso de privatización en 2015.

El ex secretario de Estado aterrizó al frente de Aena procedente de otra empresa controlada por el Estado, Cesce, tras la dimisión del anterior presidente, José Manuel Vargas.

Desde la llegada de Legaz, la compañía, que cotiza en el Ibex, ha fichado a varios cargos de confianza del ex secretario de Estado de Comercio, como un polémico secretario general, Juan Carlos Rubio, un nuevo director de Políticas Públicas y Relaciones con Europa el vicepresidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Óscar Arizcuren Pola, y una asesora jurídica que es hija del secretario personal de la Reina Letizia.

Aena, que ultiman un nuevo plan estratégico y en los últimos meses ha multiplicado las licitaciones de contratos de “asistencia técnica”, afronta entre otros retos el de potenciar su expansión internacional aprovechando las oportunidades de negocio en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, fundamentalmente, y mantener los costes a raya, tras la decisión del Gobierno de bajar un 11% las tarifas aeroportuarias hasta 2021, lo que limita el crecimiento de sus ingresos.

En el ámbito inmobiliario, Legaz también tiene la opción de activar el plan que guardaba Vargas en la recámara para desarrollar 2.000 hectáreas alrededor de los aeródromos de Madrid y Barcelona.

La empresa semiestatal Aena ha culminado un proceso de selección de personal que va a saldarse con la incorporación, con carácter indefinido, de la abogada y aristócrata Ana Luisa Zuleta Pérez de Guzmán como nueva jefa de la División de Asesoramiento Corporativo, de reciente creación. Hija del militar José Manuel Zuleta, secretario personal de la reina Letizia, ha logrado el puesto tras un procedimiento que fuentes internas definen como “dedazo”. Fuentes de Aena se limitan a señalar que “es la que ha obtenido mayor puntuación”.

En febrero, y “de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”, Aena lanzó, previa autorización del Ministerio de Hacienda, un proceso de “selección intraadministrativa” dirigido a “personal funcionario o laboral con una relación preexistente de carácter fijo e indefinido en el sector público estatal” para este puesto.

La elegida, que no es funcionaria, procede de la Compañía Española de Crédito a la Exportación (Cesce), otra empresa semipública que presidió el actual primer ejecutivo de Aena, el ex secretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz, hasta que el Gobierno le colocó a finales del año pasado al frente del gestor aeroportuario.

Zuleta era adjunta en Cesce a Juan Carlos Alfonso Rubio, abogado del Estado, amigo de Legaz y secretario general de la compañía de créditos a la exportación hasta que en enero fue nombrado para ese mismo puesto en Aena, desplazando a la hasta ahora directora de la Asesoría Jurídica, Matilde García Duarte, que este jueves presentó su dimisión como vicesecretaria no consejera de Aena “debido a sus nuevas responsabilidades fuera de la Sociedad”, según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ahora, Alfonso y Zuleta van a volver a trabajar juntos en el área de Asesoría jurídica del gestor aeroportuario, que según fuentes internas actualmente integran unas 17 personas, entre directivos y letrados.

Cinco años de experiencia

Aena exigía para el puesto de Zuleta, entre otros requisitos, licenciatura en Derecho, “experiencia previa mínima de cinco años en el asesoramiento jurídico a empresas de tamaño y complejidad similar a AENA o sociedades de naturaleza y composición accionarial o análogas, en áreas de derecho administrativo y mercantil” y “experiencia como adjunto/a a Secretarías Generales en Sociedades Mercantiles Estatales”.

También se valoraría la experiencia profesional en empresas del sector público, conocimientos de inglés, experiencia en derecho administrativo, especialmente en materia de Contratación Pública, y títulos de postgrado en materias relacionadas con el derecho administrativo, mercantil o financiero.

El perfil le viene como un guante a Zuleta. Con estudios de derecho en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), es, según su perfil en LinkedIn, Máster en Derecho Empresarial en el Centro de Estudios Garrigues y máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB.

Su experiencia en el sector público: algo más de un año en Cesce como adjunta al secretario general (desde enero de 2017), dos años y tres meses en la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) como “abogado de operaciones” (desde noviembre de 2014) y ocho meses (abril-noviembre de 2014) en el departamento legal del Instituto de Comercio Exterior (Icex), que entonces tenía a Alfonso Rubio como secretario general.

Además, trabajó tres años (2011-2014) en el despacho Garrigues como “especialista en Derecho Público” en las áreas de Derecho Administrativo y Urbanismo. “La candidata que ha obtenido la plaza ha asesorado empresas similares a Aena o del sector público durante más de seis años y medio, ya sea desde el despacho Garrigues o como personal contratado en las empresas públicas Cofides y Cesce”, indican fuentes de Aena.

Retirada a última hora

En la fase de valoración curricular del proceso de selección, que suponía la mitad de la puntuación total (50 puntos sobre 100), Zuleta quedó segunda, dos puntos por detrás de una persona que, “aparte de experiencia profesional de más años en el sector público, tiene dos másteres y es doctora en Derecho” cum laude, señalan fuentes conocedoras del proceso, que añaden que la tercera clasificada “tenía formación de postgrado y más de 15 años de ejercicio profesional en el sector público”.

La última fase del procedimiento se basaba en un criterio más subjetivo, las entrevistas personales, que se puntuaban con hasta 40 puntos. En ella, la persona con mejor valoración curricular no se presentó y Zuleta fue la más valorada. También se impuso en un “test de competencias conductuales” en el que sacó 7,8 puntos sobre 10.

En Aena, que a cierre del ejercicio 2017 tenía 8.234 empleados de los que 1.644 tenían la categoría de “directivos y titulados” (justo por debajo de la alta dirección), la aristócrata tendrá encomendadas, entre otras funciones, el “diseño de los modelos de seguimiento y control” de las adjudicaciones de la compañía; la “asistencia y labores de preparación de las Juntas” y consejos de administración; “asesoramiento y apoyo en las labores de gestión” de las participadas o “preparación de los trámites y la documentación relacionada” con el consejo, sus comisiones y la junta de accionistas.

Zuleta es la primogénita del jefe de la Secretaría de la Reina y heredó en 2009 el título el título de marquesa de Sardoal de su padre. Duque de Abrantes, conde de Cancelada, marqués del Duero, marqués de Valdefuentes, conde de Belalcázar y conde de Lences, José Manuel Zuleta lleva vinculado a la Casa Real desde la década de los 90 y ha ocupado puestos de responsabilidad en el Cuarto Militar del Rey y en la Guardia Real. Esta institución acaba de adjudicar un contrato de 147.351,11 euros a un joven empresario vinculado a la familia Franco.

El sindicato CSIF de AENA ha hecho pública una carta del actual presidente de la entidad aeroportuaria, Jaime García-Legaz, en la que detalla al senador de Compromis, Carles Mulet, el dinero que se había gastado la empresa en las juntas de accionistas entre los años 2015 y 2017 bajo la presidencia de José Manuel Vargas: 750.000 euros.

En la misiva se detalla que la entidad aeroportuaria se gastó en la junta de accionistas de AENA en 2015 272.610 euros, mientras que en la de 2016 la factura fue de 264.363 euros y en la de 2017, el coste se elevó a 210.818 euros. Las tres juntas de accionistas supusieron para la compañía un dispendio de 747.791 euros. El importe de la licitación para la junta general de accionistas de 2018 es de 127.296 euros, sin impuestos, entre un 40% y un 50% por debajo del precio de las celebradas bajo la presidencia de Vargas.

En la carta, García-Legaz justifica la celebración de las juntas de accionistas en la terminal aeroportuaria de Barajas para “facilitar labores organizativas del acto llevadas a cabo por el personal de AENA y criterios de eficiencia económica”. El diputado de Unidos Podemos, Ricaro Sixto, había preguntado con anterioridad sobre el coste de estos actos con los accionistas y si había algún problema de seguridad en caso por la celebración en el aeropuerto en caso de que haya una alerta local, pero AENA no ha respondido.

El sindicato CSIF señala que era inaceptable que se siguieran “tapando las vergüenzas” y “no saber qué gastaba el ex Presidente José Manuel Vargas en sus fiestas de la Junta de Accionistas”, unas actuaciones que a juicio del sindicato estaban encaminadas a “ensalzar la imagen del nefasto ex Presidente de AENA, de peor recuerdo”.

Aeropuertos Estatales y Navegación Aérea (Aena) tiene previsto gastarse 13,17 millones de euros (más IVA) en las próximas semanas en diversos informes de “asistencia técnica” que la empresa, cuyo mayor accionista es el Estado (51%), ha sacado a concurso tras el nombramiento como primer ejecutivo, el pasado 13 de octubre, del ex secretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz.

La mayor parte de ese importe (más de 10 millones), se ha licitado en los últimos días y en el lapso de apenas una semana. El pasado día 2, Aena sacó a concurso un servicio de “Asistencia técnica para la redacción de proyectos, control y vigilancia y dirección de obra de actuaciones descentralizadas en aeropuertos. Fase II” por un importe de 8,53 millones de euros y con un plazo de recepción de ofertas muy ajustado, hasta el 26 de febrero.

La documentación de la licitación no está disponible en la web de Aena “debido al volumen de este pliego” y hay que recogerla en la sede física de la empresa.

Lo mismo ocurre con el estudio que Aena licitó el 27 de enero para analizar, por 797.500 euros, “actuaciones de remodelación” de las zonas comerciales de la T4 de Madrid Barajas, cuyas tiendas ya fueron reformadas hace solo tres años.

Y otro tanto con un contrato de objeto similar para las terminales 1 y 2 del aeropuerto madrileño (705.400 euros) licitado también el 27 de enero. Ese día salió también a concurso, por medio millón, un servicio de asistencia técnica “para la elaboración de estudios y seguimiento de la capacidad aeroportuaria” cuyo pliego tiene fecha 7 de noviembre.

Aena también tiene pendiente adjudicar, entre otros estudios que ha sacado a concurso tras el aterrizaje de García-Legaz, un “contrato de consultoría y asistencia técnica para la realización de actuaciones jurídicas administrativas de carácter patrimonial” por un importe de 1.672.433,33 euros; y otro de “asistencia técnica de dirección de obra y control y vigilancia (ATDOCV) para la remodelación de la facturación” de las terminales 1, 2 y 3 de Barajas, con un presupuesto de 313.500 euros.

La empresa, que cotiza en el Ibex 35 y tiene un valor bursátil de unos 24.400 millones de euros, no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto. Legaz es su presidente y consejero delegado ejecutivo porque el Gobierno le eligió para sustituir al dimitido José Manuel Vargas.

El Ejecutivo de Rajoy le repescó de la empresa semipública Cesce y le propuso a través del grupo público Enaire (Ministerio de Fomento), en un nombramiento simultáneo a la entrada de Josep Piqué, exministro con José María Aznar y exconsejero de, entre otras, Vueling y Airbus, como consejero independiente de Aena.

Primeras decisiones

Nacido en Murcia en 1968, técnico comercial del Estado y con una trayectoria que incluye ocho años (2004-2011) como directivo de la FAES de José María Aznar (una etapa que no consta en su currículum oficial en la web de Aena), las primeras decisiones de García-Legaz en la empresa semipública han sido pujar en solitario por el Aeropuerto ‘fantasma’ de Corvera (Murcia), que Aena se ha comprometido a abrir y a explotar durante 25 años, y colocar, con cierta polémica, a dos afines en la empresa semipública: Juan Carlos Alfonso Rubio, nuevo secretario general y del consejo, y Óscar Arizcuren Pola, vicepresidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y nuevo director de Políticas Públicas y Relaciones con Europa de Aena.

Entre los retos que afronta García-Legaz en su mandato se encuentran potenciar la expansión internacional de la compañía aprovechando las oportunidades de negocio que surjan en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, fundamentalmente, y mantener los costes a raya, tras la decisión del Gobierno de bajar un 11% las tarifas aeroportuarias hasta 2021, lo que limita el crecimiento de sus ingresos.

En el ámbito inmobiliario, Legaz también tiene la opción de activar el plan que guardaba Vargas en la recámara para desarrollar 2.000 hectáreas alrededor de los aeródromos de Madrid y Barcelona.

El consejo de Administración de Aena ha aprobado este viernes el nombramiento del ex secretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz como nuevo presidente ejecutivo y consejero delegado en sustitución del dimitido José Manuel Vargas. La propuesta parte del grupo público Enaire, dependiente del Ministerio de Fomento y titular del 51% de las acciones del grupo aeroportuario.

En la reunión de este viernes Aena también ha aprobado el nombramiento como consejero “independiente” del exministro de José María Aznar y exconsejero delegado de OHL, Josep Piqué. Piqué, expresidente de Vueling, pasará a formar parte de la Comisión Ejecutiva (la más importante) y de la de Nombramientos y Retribuciones. Cubrirá la vacante del empresario hotelero Simón Pedro Barceló, que presentó su dimisión el pasado 18 de septiembre.

García-Legaz, nacido en Murcia en 1968, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Desde noviembre de 2016, era presidente de CESCE, la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, en la que el Estado es accionista mayoritario. Además, dentro de su trayectoria profesional fue directivo de FAES, la fundación que preside José María Aznar. Ahora pasa a pilotar Aena, que cotiza en el Ibex 35.

Entre los retos que debe afrontar García-Legaz en su mandato se encuentran potenciar la expansión internacional de la compañía aprovechando las oportunidades de negocio que surjan en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, fundamentalmente, y mantener los costes a raya, tras la decisión del Gobierno de bajar un 11% las tarifas aeroportuarias hasta 2021, lo que limita el crecimiento de sus ingresos.

Aena controla el 51% del aeropuerto de Luton (Londres), que es el quinto mayor de Reino Unido, y tiene además presencia en 12 aeropuertos de México, dos en Colombia y uno en Jamaica.

En el ámbito inmobiliario, también tiene la opción de activar el plan que guardaba Vargas en la recámara para desarrollar 2.000 hectáreas alrededor de los aeródromos de Madrid y Barcelona.

Con este nombramiento se elimina la incertidumbre que generó la dimisión de Vargas, anunciada públicamente el pasado 26 de septiembre esgrimiendo “motivos personales”, después de que el Gobierno haya rechazado en diversas ocasiones avanzar en la privatización de la empresa.

El ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha confirmado este viernes el nombramiento de María Luisa Poncela García como nuevo secretaria de Estado de Comercio en sustitución de Jaime García-Legaz, que pasará a presidir la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), una empresa de capital mixto (el Estado tiene la mayoría) en la que el antiguo directivo de FAES, la fundación que preside su mentor José María Aznar, tendrá uno de los sueldos más altos del sector público (210.000 euros anuales en 2014).

Legaz saldrá así de la primera línea tras quedar muy tocado por su antigua amistad con el joven Francisco Nicolás, más conocido como el pequeño Nicolás. Su sueldo en CESCE será muy superior al que tenía en el Gobierno, que en 2015 ascendió a 112.996,83 euros, incluyendo sus siete trienios como alto funcionario (es técnico comercial y economista del Estado). 

Esta semana, Legaz ya había asegurado que su salida de Comercio se produce a petición propia. CESCE es una sociedad cuyo objeto social es asegurar a las empresas de los riesgos de impago derivados de las ventas de sus productos y servicios. 

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Méndez de Vigo también ha anunciado el nombramiento de Eva Valle Maestro como nueva directora de la Oficina Económica de Moncloa, una especie de ministerio de Economía en la sombra que en la anterior legislatura dirigió su cuñado, el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Eva Valle es técnico comercial y tenía muchas papeletas para dirigir la poderosa Oficina Económica, de la que hasta ahora era número dos, como directora general de la Secretaria Técnica de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y de Asuntos Económicos Internacionales. Está casada con Alberto Nadal, nuevo secretario de Estado de Presupuestos.

Hasta ahora, la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, era la que controlaba con mano férrea a los secretarios y subsecretarios, y los nombramientos dejan ver que su criterio ha sido determinante en la elección de nombres para este segundo mandato. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha sido pilotada directamente por el presidente en el anterior mandato, pero en su ausencia la vicepresidenta tomaba las riendas. En la anterior legislatura, Álvaro Nadal y Eva Valle controlaban este órgano que centraliza las diferentes áreas económicas del Gobierno.

Con los cambios, ahora los tres familiares se sentaran en este órgano, clave en la política económica. Según los estatutos la Comisión la componen Rajoy, la vicepresidenta y los ministros de Hacienda, Fomento, Empleo, Energía, Agricultura y el Economía. Pero también asiste el director de la Oficina Económica (ahora Eva Valle, que además ejercerá de secretaria del órgano) y los secretarios de Hacienda, Presupuestos (Alberto Nadal, que antes no asistía pues era secretario de Estado de Energía) y Economía. 

En el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el que fuera impulsor como secretario de Estado de Cultura del canon digital tumbado por Europa, José María Lassalle, será el nuevo secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital.

En junio de este año, el Tribunal Superior de Justicia Europeo declaró ilegal este canon que desde 2012 compensaba a los autores con dinero público y hace unos días el Supremo español le daba la puntilla. Ahora, Lassalle tendrá los temas relativos a las telecomunicaciones, la sociedad de la información y la agenda digital.

Más nombramientos

En el área económica también destaca el nombramiento de Daniel Navia como nuevo secretario de Estado de Energía. También procedente de la Oficina Económica, ocupaba hasta la fecha el cargo de director general de Políticas Financieras, Macroeconómicas y Laborales de la Oficina. Sin experiencia previa en el sector energético, es economista del Banco de España.

Méndez de Vigo también ha confirmado el nombramiento como nuevo presidente del banco público ICO de Pablo Zalba, hasta ahora eurodiputado, que hace unos años fue cazado negociando con un lobby para modificar una ley comunitaria. 

 En el Ministerio de Fomento, Rosana Navarro será la nueva subsecretaria del departamento de Rafael Catalá, que ha nombrado nuevo presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a Juan Bravo, hasta ahora consejero delegado de Metro de Madrid

El secretario de Estado de Comercio en funciones, Jaime García-Legaz, ha defendido este lunes que las empresas canarias disponen de “mucho terrero por conquistar” en África, tras participar en la reunión anual del Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental (CAPCAO).

“Ya empezamos a ver los frutos en términos de inversión extranjera en Canarias, en términos de crecimiento del comercio exterior y de mayor presencia de las empresas canarias en África Occidental, pero hay que seguir trabajando, porque mucho terreno por conquistar”, ha valorado García-Legaz ante los periodistas,

El secretario de Estado ha destacado la “coordinación excelente” entre el Gobierno central, el de Canarias y “todos los demás agentes que forman parte” del comercio exterior y ha insistido que la tendencia en cuanto inversión es “positiva en los últimos años”.

“Las exportaciones de Canarias a África Occidental registran una tendencia creciente, más allá de los problemas puntuales que pueda haber con un país o con una zona en concreto; por ejemplo, de la caída de los precios del petróleo, que ha hecho resentirse la capacidad de compra de algunos socios comerciales”, ha explicado.

García-Legaz ha agregado que “cada vez son más” las empresas canarias que está trabajando con África Occidental y ha dicho que la inversión extranjera “también se ha incrementado” en Canarias, “y eso es una muy buena señal de cara al futuro”.

Sobre los problemas de conectividad con los países africanos, García-Legaz ha reconocido que “necesita mejoras”, pero ha recordado que “hay que ser conscientes de que se realiza mediante empresas privadas”.

“Se trata de generar los incentivos y condiciones adecuadas para que mejore. Para eso es muy importante que haya más comercio y haya más empresas involucradas en la internacionalización, porque es lo que genera tráfico suficiente para hacer rentable las líneas que permitan que la conectividad mejore. Si no hay comercio suficiente, no hay conectividad. Trabajamos para tratar de romper ese círculo con medidas que permitan mejorar la conectividad”, ha afirmado.

Por su parte, el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega ha destacado el comercio “importante” que ya tienen las empresas canarias con Cabo Verde, Marruecos, Mauritania y Senegal.

“Entendemos que el CAPCAO debe ser un instrumento vital para la internacionalización de la economía canaria y está claro que debe fomentar las relaciones comerciales con África, un área emergente y ya es hora de buscar fórmulas”, ha apuntado Ortega, tras aclarar que Canarias ha sacado a concurso una estrategia de internacionalización “potente” para el periodo 2016-2020.

Muchos de los detractores del Tratado Comercial de Libre Comercio que está negociando Estados Unidos con la Unión Europea señalan que el acuerdo tiene a las multinacionales como las grandes beneficiarias a ambos lados del charco. Lo cierto es que, en el caso de España, las compañías con más presencia en el extranjero han mostrado su apoyo, de manera directa o indirecta, para que Bruselas y Washington rubriquen este tratado, aún en negociaciones.

Los sectores más disconformes con el TTIP han denunciado que la negociación se está haciendo de espaldas a la ciudadanía y con el asesoramiento mayoritario de compañías privadas. Según datos recogidos por el Corporate Europe Observatory, alrededor del 90% de los encuentros que realizó la Comisión Europea para preparar las negociaciones se hicieron con lobbies empresariales, quedando reducido espacio para las organizaciones públicas, ONG y otros actores de la sociedad. Este mismo observatorio señala que una parte de esas reuniones corresponden a empresas y asociaciones empresariales españolas.

Si se tira de hemeroteca, existen ejemplos de grandes multinacionales del Ibex-35 que han alabado el TTIP, así como otras que han dado apoyo a diversas iniciativas en favor del acuerdo comercial transatlántico.

Este mismo año, el consejero ejecutivo de BBVA José Manuel González-Páramo, anteriormente miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y único español que ha ocupado una silla en la institución monetaria, consideraba el TTIP como “una referencia para el comercio”. Otro que aplaudió en público este acuerdo fue el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. El expresidente del Partido Nacionalista Vasco ensalzaba el TTIP en la escuela de negocios ESADE.

Arturo Gonzalo, director de Responsabilidad Corporativa de Repsol, hablaba de diferentes ventajas que traería el TTIP como la protección a la inversión o la presión de apertura que supondría para otros mercados como Mercosur. En tuits de ESADE, Gonzalo mostraba la preocupación por el clima de hostilidad que se estaba generando en Europa.

En ese mismo escenario, Rafael Maneto, consejero delegado de Acciona Energía, decía que el sector energético debía tener una “fuerte presencia en el Tratado Transatlántico de Comercio (TTIP)”. Sin abandonar el campo de la energía, se puede ver este tuit de apoyo público por parte de Endesa.

Otra figura importante que ha hecho declaraciones en favor de este acuerdo comercial ha sido Juan María Nin, hasta hace poco consejero delegado de CaixaBank y presente en los consejos de administración de varias compañías como Gas Natural o Repsol. Nin calificaba el TTIP como una “oportunidad única” en una conferencia en la que participaba en calidad de presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos.

Otra forma que utilizan las grandes empresas de mostrar su apoyo al TTIP es la publicación de estudios. Así, la Fundación Mapfre publicaba un informe titulado TTIP: el Tratado de libre comercio e inversión entre la UE y EEUU, un acuerdo necesario. En ese documento, aparece como autor secundario La Caixa.

Influir sin dejar huella

Las empresas recurren a otro tipo de estrategias para influir por una determinada causa con una fórmula aún más imperceptible a la opinión pública como el apoyo financiero o el patrocinio de cursos, estudios y otro tipo de actividades realizadas por terceros.

Así, en marzo de 2013, el Centre for Economy Policy Research (CEPR), realizaba un exhaustivo estudio de más de 100 páginas acerca de los beneficios del acuerdo entre EEUU y la UE. Aunque este ‘think tank’ no revela directamente cuáles son sus mecenas -en su web apuntan a bancos de inversión, consultoras o agencias gubernamientales- Ecologistas en Acción y el medio de comunicación Cafèambllet aseguran que el Banco Santander o La Caixa están detrás.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizó en Santander el pasado año un encuentro titulado La Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (ATCI) y su importancia para las relaciones transatlánticasLa Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (ATCI) y su importancia para las relaciones transatlánticas. En dicho curso participaban importantes autoridades políticas como el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, el embajador de EEEU en España o miembros de representación en Europa. Junto a ellos, aparece en el programa el director de asuntos internacionales de Telefónica y representantes de empresas como CAF, Ficosa o Dow Chemical Ibérica. Otro de los ponentes de este curso es Brian Timothy Bennett, director general de Trans-Atlantic Business Council, un lobby con la clara intención de influir a favor del TTIP. Infinidad de empresas europeas sustentan esta organización entre las que aparecen BBVA y Telefónica. El transportador oficial del curso era Iberia.

Otro grupo de presión empresarial que está abogando por sacar adelante el TTIP es, según explica La Marea, la Mesa Redonda Europea de Industriales. Entre sus miembros aparecen presidentes de pesos pesados del Ibex como César Alierta (Telefónica), Ignacio Sánchez-Galán (Iberdrola), Antonio Brufau (Repsol) o Pablo Isla (Inditex).

Por su parte, la patronal de los empresarios españoles CEOE ya ha hecho público y notorio su apoyo al TTIP.

La influencia en el Gobierno

De momento, la influencia de las grandes corporaciones españolas está teniendo su eco entre las autoridades estatales. En un documento elaborado por el Ministerio de Economía y Competitivdad, se destaca la voluntad del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, de “lograr un acuerdo amplio y ambicioso, incluyendo un capítulo de protección de inversiones, y la disposición a trabajar para definir la mejor manera de hacerlo”.

Uno de los puntos que se afana en resaltar este escrito es también uno de los que está siendo más cuestionados por los detractores del TTIP: la manera de resolver conflictos entre los Estados y los inversores extranjeros. Así, desde el Ministerio de Economía se cree necesario el mecanismo ISDS en el acuerdo TTIP con EEUU, que permite al inversor recurrir a instancias de arbitraje supranacional que van más allá de las leyes del país donde se invierte.

La carta explica que este sistema ha sido un mecanismo fundamental para la defensa de las inversiones en el extranjero de empresas españolas como Repsol, Telefónica, Gas Natural, Aguas de Barcelona, Iberdrola o Abengoa, entre otras.

El Gobierno tendrá que dar explicaciones en el Congreso, al menos por escrito, sobre el rocambolesco caso del 'pequeño Nicolás'. El PSOE ha registrado este jueves una batería de preguntas escritas, que se suman a las que ya registró la semana pasada la Izquierda Plural. Los socialistas quieren saber qué actividades realizaba el 'pequeño Nicolás' para la Administración General del Estado. También, que el Gobierno aclare sí el joven se ha reunido con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en qué fechas y si hay registros de entrada que acrediten sus visitas a dependencias públicas.

El autor de las preguntas es el diputado por Jaén, Felipe Jesús Sicilia, portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso.

El PSOE pide conocer “si quedan registradas las visitas de personas que no trabajen en la Secretaría de Estado de Comercio, cuánto tiempo se conservan los registros de las visitas y de cuántas se tiene constancia de que el 'pequeño Nicolás' acudiera a las dependencias del Ministerio”. Asimismo, quieren saber si Francisco Nicolás recibió “algún tipo de remuneración” por los supuestos trabajos realizados.

Además, demandan que se especifiquen las fechas de las reuniones que mantuvo con García-Legaz y si otros cargos de su departamento se reunieron también con él y con qué frecuencia.

Sobre este caso ya se había interesado la semana pasada la Izquierda Plural al registrar en el Congreso su propia batería de preguntas. Pero el grupo de Cayo Lara ha ido más allá y exige también la comparecencia en Comisión de García-Legaz y la de la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de la que depende el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo para el que Francisco Nicolás asegura que trabajaba.

La respuesta del Gobierno a estas afirmaciones ha sido ordenar a la Abogacía General del Estado presentar una querella contra Nicolás. En un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, solicitaba ser tenida como parte en las investigaciones que se están llevado a cabo contra este personaje por estafa, usurpación de funciones y falsedad documental.

A pesar de haber estado durante días insistiendo en que lo contado por Francisco Nicolás eran “fabulaciones” y “fantasías”, el caso ha terminado incomodando sobremanera al Gobierno. Hasta el punto de que fue el propio ministro de Defensa, Pedró Morenés, el que anunció que había solicitado la intervención de la Abogacía del Estado para frenar lo que consideran “un disparate”.

La semana que viene la Mesa del Congreso tendrá que calificar las iniciativas de los dos grupos. Pero no se esperan sorpresas. Salvo las preguntas escritas, que seguirán su trámite, las comparecencias de García-Legaz y de Sáenz de Santamaría serán rechazadas por el PP.

La relación entre el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y Francisco Nicolás Gómez Iglesias iba más allá de selfies o reuniones en el despacho del Ministerio de Economía. Según cuenta el diario El Mundo, el joven reclamaba a Legaz que mediase con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para colocar a personas de su confianza en puestos de responsabilidad en la Policía Municipal.

En concreto, el diario de Unidad Editorial publica un correo electrónico enviado por Francisco Nicolás al secretario de Estado de Comercio el 5 de enero de 2012 en el que le solicita que “haga lo que esté en su mano” para ascender al cabo de la Policía Municipal de Madrid que le acompañó tiempo después en su visita a Ribadeo con un vehículo oficial.

Francisco Nicolás copia en el email el currículum de su candidato y se permite sugerir que debería ocupar los puestos de coordinador general de Seguridad y Emergencias o director de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de la capital, a cuyos titulares en aquel momento critica: “resulta actualmente peligroso tenerle en este puesto controlando la seguridad de Ana [Botella] y teniendo conocimiento de todo lo que hace en cada momento”.

En su correo a García-Legaz, el joven explica al secretario de Estado la manera en la que debe presentar a su candidato: “Lo que hay que vender de él es que es una persona con una fuerte personalidad y carácter [...], afiliado al Partido Popular desde hace muchos años, con unos buenos principios y ha estudiado en el Tajamar, Colegio del Opus Dei, como sabes”. Francisco Nicolás remata su petición con la siguiente frase: “Espero hagas todo lo que esté en tu mano y podamos hacer algo bueno en el beneficio de todos y sobre todo en el de Ana”.

La petición del 'pequeño Nicolás' no tardó en recibir respuesta. Lejos de no atender al correo, el secretario de Estado de Comercio contestó al joven la misma noche del día 5, víspera del Día de Reyes: “No he podido hablar con Ana. Mañana hablo con ella”.

Según explica El Mundo, el cabo de la Policía Municipal para el que Francisco Nicolás solicitaba un ascenso no logró ninguno de los puestos que el joven sugirió para él. Sin embargo, a finales de 2013 se incorporó a la Oficina de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid, en la que es cabo jefe de turno y cuenta con despacho. Tanto la Secretaría de Estado como el Consistorio de la capital han negado que se produjeran gestiones en el sentido mencionado en el correo.