La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han desarrollado una web (victimaseducadoras.es) sobre víctimas del terrorismo de ETA, del yihadismo, de la extrema derecha, de los GAL y de los GRAPO, un espacio interactivo que recoge las preguntas que habitualmente plantean los jóvenes tras escuchar los testimonios de damnificados por el terrorismo que participan en programas educativos, junto con las respuestas que 23 de estas personas ofrecen a partir de sus propias vivencias.

En España, más de un centenar de víctimas participan en encuentros en institutos y universidades para compartir su experiencia, según han recordado durante su presentación el responsable del área de Educación y Exposiciones del Memorial, Raúl López Romo, el responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Eduardo Mateo, y Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, quien participa en el proyecto a través de su testimonio.

El proyecto de esta web, que se pondrá a disposición de la comunidad educativa y de toda la ciudadanía, reúne los testimonios de 23 personas afectadas por ETA, el terrorismo yihadista, el de la extrema derecha, los GAL y los GRAPO. Las grabaciones se realizaron durante coloquios con alumnado desde 2023 hasta la actualidad. La web permite buscar las preguntas más habituales que los jóvenes plantean a los afectados por terrorismo, ya sea por víctima o por temática. Se han identificado 29 temas recurrentes y, en total, la plataforma recoge 234 preguntas con sus correspondientes respuestas, según recoge Europa Press.

Las cuestiones más frecuentes abordan aspectos personales —como el impacto de los atentados en la familia y el entorno cercano o los sentimientos de las víctimas—, así como temas más generales, entre ellas, la justicia, el odio o el perdón. Se trata de una muestra amplia y representativa de víctimas con experiencia en el ámbito educativo en España. Cada víctima cuenta su historia, aunque todas coinciden en su “rechazo al odio y a la venganza”.

Han tomado parte en calidad de víctimas educadoras Alberto Muñagorri, Albino Machado, Ana Aizpiri, Ángel Altuna, Antonio Utrera, Asun Olaeta, Aurora Intxausti, Begoña Elorza, Esther Sáez, Iñigo Pascual, José Aguilar, Joseba Abaitua, Josu Elespe, Juan Carlos Cuervo, Koldo San Martín, Lourdes Legasa, Maider García, Manuel López Represa, Marina Irigoyen Caballero, Marta Buesa, Naiara Zamarreño, Sara Buesa y Teo Uriarte.

Según ha explicado Eduardo Mateo, “es un proyecto abierto donde se pueden incorporar más testimonios en el futuro”; mientras que para Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, el dirigente socialista vasco asesinado por ETA en 2000, su participación en esta web es para “compartir la historia de mi vida, algo que me remueve y un legado para las nuevas generaciones y que sirve para deslegitimar la violencia y el terrorismo”. A su juicio, “es importante nombrar lo innombrable: el miedo, la pérdida y el vacío”. “Hablar del trauma y el proceso de curación, es un granito de arena, pero muy real”, ha añadido para agradecer “cómo los chavales nos escuchan sin prejuicios y conectan con el dolor”.

La Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo consideran que impulsar iniciativas como esta web “resulta fundamental para deslegitimar la violencia política, preservar la memoria de nuestro pasado reciente y formar ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos”.

La exposición en memoria de las 193 personas asesinadas en los atentados del 11M en Madrid, formada por 67 fotografías del fondo documental de la Agencia EFE, ha llegado a Albacete, donde se ha defendido la necesidad de “seguir luchando contra la barbarie” y de “militar en el pacifismo”.

Así lo ha destacado el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, durante la inauguración de la muestra 'Atentados del 11M. Memoria de dolor y solidaridad', que se ubica en la Facultad de Económicas y Derecho del campus de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Albacete.

La exposición reúne 67 fotografías seleccionadas del archivo gráfico de la Agencia EFE, que documentan los momentos posteriores a las explosiones en los trenes de Cercanías y la respuesta ciudadana e institucional ante la tragedia.

Caballero ha señalado que de todas las fotografías la que le resulta “más impactante” es una de la manifestación del pueblo español “representada en una imagen de Madrid, pero que se vivió en el conjunto del país y en todas las grandes ciudades”.

El vicepresidente segundo ha resaltado que “la sociedad fue capaz de salir a la calle y, en una situación de dolor extrema, unirse contra la barbarie y por la paz”, y ha subrayado que estos son los dos aspectos que se deben poner en valor.

En su intervención, ha defendido la necesidad de “fomentar una cultura de paz, especialmente entre los jóvenes”, y ha advertido sobre “los efectos perversos, negativos y crueles” de la radicalización, los extremismos y la falta de integración, factores que, según ha recordado, “están en el origen de fenómenos como el terrorismo”.

En el acto ha estado acompañado, entre otros, por el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; el rector de la UCLM, Julián Garde; el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero; y la concejala de Emprendimiento en el Ayuntamiento de la ciudad, Lucrecia Rodríguez de Vera.

“Recordar también es educar”

Benito ha incidido en que “recordar es también educar” y se ha referido al “valor especial” que cobra esta muestra “en un entorno educativo”.

En este contexto, ha recordado que son 23 los castellanomanchegos víctimas de la yihad, entre ellos el capitán de la Guardia Civil José María Galera, natural de Albacete y asesinado en atentado en Afganistán.

En la inauguración de la muestra se encontraba su madre, visiblemente emocionada, quien al término del acto ha recibido el abrazo de los representantes institucionales.

El presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo ha reclamado “unidad institucional firme” frente al terrorismo y ha insistido en que “la violencia extremista se combate con educación”.

Por otro lado, Garde ha destacado la importancia de que esta muestra llegue a la UCLM, cuyos alumnos más jóvenes “no habían nacido entonces” y ha considerado que esto les ayudará a conocer el atentado más grave de la historia reciente de España.

En la misma línea, Cabañero ha subrayado el “acierto de traer esta muestra al ámbito académico” y ha dicho que “la memoria debe tener una parte pedagógica, no puede ser sólo un recuerdo”.

La exposición rinde homenaje a las 193 personas asesinadas en los atentados de Madrid y a los más de 2.000 heridos y, además de las 67 fotografías que forman parte del banco de imágenes de la agencia, como complemento hay un vídeo informativo sobre lo acontecido durante aquellos días de 2004.

Está estructurada en nueve apartados y comisionada por Laura Camacho y Sagrario Ortega, periodistas de la Agencia EFE especializadas en informaciones sobre Interior.

La muestra ha visitado ya las ciudades de Madrid, Vitoria, Azuqueca de Henares (Guadalajara), Haro (La Rioja), Badajoz, Alcalá de Henares (Madrid), Burgos, Bilbao, Santander, San Sebastián y Ciudad Real.

Una operación conjunta contra el terrorismo yihadista desarrollada entre la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos se ha saldado este miércoles con la detención en Palma del líder de una presunta célula vinculada a Estado Islámico que planeaba atentar en España.

La operación hispano-marroquí, bautizada como 'Seula', ha permitido desmantelar una estructura terrorista transnacional vinculada con la organización terrorista Daesh (Estado Islámico) y formada por tres sospechosos que operaban en Marruecos y en España, según un comunicado emitido por la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ) recogido por la agencia estatal marroquí MAP.

Las detenciones se han producido de forma simultánea: dos individuos en Tánger y un tercero en Mallorca, señalado como el jefe de la supuesta célula. Éste último estaría implicado en la planificación del atentado en territorio español siguiendo el patrón del terrorismo individual. Por su parte, de acuerdo con las autoridades marroquíes, los arrestados en Tánger desempeñaban funciones de financiación y apoyo logístico a combatientes yihadistas vinculados a las filiales de Daesh en el Sahel y Somalia.

En un comunicado, la Policía Nacional señala que al detenido en Palma se le vincula con una presunta participación en delitos de adoctrinamiento y autoadoctrinamiento terrorista. Según la nota, el arrestado tenía la intención de cometer “una acción de gran envergadura”. Además, consumía y divulgaba material relativo al Daesh en sus perfiles de redes sociales, utilizándolo además para el adoctrinamiento a terceros. Según el cuerpo policial, también había manifestado su voluntad de viajar para hacer la yihad -participar en actividades armadas - en zona de conflicto.

En concreto, la operación ha sido llevada a cabo con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Palma, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 3 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que mantiene las investigaciones bajo secreto.

El operativo de la DGST marroquí y la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional se enmarca, además, en el trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad para neutralizar los riesgos ligados a la amenaza terrorista y desmantelar las redes y organizaciones extremistas que amenazan la seguridad de ambos países.

En su comunicado, la Policía Nacional ha puesto en valor la “excelente relación” que, desde hace más de una década, mantiene con la DGST de Marruecos, una alianza que, subraya, “se ha consolidado como un pilar fundamental en la estrategia de lucha contra el terrorismo de corte yihadista, permitiendo la neutralización de graves amenazas para la Seguridad Nacional de ambos países”.

Fruto de esta cooperación bilateral, basada -añade el cuerpo policial- en la confianza y el intercambio de información-, desde 2014 ambos cuerpos de seguridad han desarrollado un total de 31 operaciones conjuntas en el marco antiterrorista. En el mismo sentido, la colaboración ha culminado con la detención de 150 personas durante ese periodo. Del total de arrestos, 83 se han producido en España y 67 en territorio marroquí. En la misma línea, la BCIJ ha ensalzado la estrecha cooperación antiterrorista entre España y Marruecos.

Como recuerda la Policía Nacional, la primera operación conjunta se ejecutó el 14 de marzo de 2014. Fue la denominada operación Azteca, donde miembros de la Comisaría General de Información y Dirección General de Seguridad del Territorio detuvieron a ocho personas de cinco nacionalidades: cuatro en España, tres en Marruecos y una en Luxemburgo. Con estas detenciones se desarticuló una de las mayores redes detectadas en Europa y el Magreb de envío de yihadistas a Siria y al Sahel.

Hablamos de terrorismo porque Estados Unidos, con su ataque a Irán, nos está volviendo a meter en una guerra que nos recuerda a la de Irak. El terrorismo no tiene justificación pero sí tiene explicaciones y hoy queremos desgranar cómo las guerras e intervenciones en terceros países pueden provocar un caldo de cultivo peligroso. ¿Estamos hablando lo suficiente de las consecuencias a medio plazo que esto puede tener sobre nuestra seguridad en Occidente? Lo analizamos con el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús Núñez. 

Además, hemos escuchado al líder de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo, vincular terrorismo, seguridad e inmigración mencionando la regularización de migrantes del Gobierno. Según este argumento la culpa de los atentados terroristas que puedan surgir a partir de ahora en Europa… no es de una guerra totalmente arbitraria sino de la regularización de inmigrantes. Lo desmentimos con el director de investigaciones de porCausa, Gonzalo Fanjul.

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“La memoria no se diluye, la memoria se nombra”. 22 años después del mayor atentado de la historia de España, las víctimas del 11M luchan por evitar que la sociedad se olvide de las 192 personas que fallecieron y las más de 2.000 que resultaron heridas por la cadena de explosiones que provocó el horror en los Cercanías de Madrid aquel 11 de marzo de 2004 en el que cambió todo. El principal esfuerzo de los familiares de los asesinados y de los propios heridos que aún arrastran las secuelas de los ataques se centra, dos décadas después, en tratar de que sus experiencias sirvan a las nuevas generaciones en un momento en el que la polarización marca los discursos políticos y surgen nuevas formas de “radicalidad” que amenazan las democracias occidentales.

Juan Benito, actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo que el 11M perdió a su hijo Rodolfo, asesinado con tan solo 27 años, reconoce que “22 años después parece que todo ha sido muy reciente” y que la “ausencia” de su hijo “es notoria los 365 días del año”. En conversación con elDiario.es, Benito reivindica el proyecto educativo 'Memoria y prevención del terrorismo' que se ha promovido en las escuelas e institutos en la última década por su fundación y los Ministerios del Interior y de Educación con el objetivo de prevenir la violencia y la radicalización, así como para sensibilizar sobre las consecuencias del terrorismo en la vida de las personas y el conjunto de la sociedad.

Más allá de ese programa que lleva a las víctimas a las escuelas para ofrecer sus testimonios, Benito reivindica que la realidad del terrorismo se pueda incluir en el currículum escolar “para que las nuevas generaciones conozcan lo que ha pasado”. El objetivo es que esos jóvenes sepan “que las víctimas del terrorismo son héroes de la democracia porque son víctimas de los ataques contra el Estado”. “No se debe olvidar y es importante que se conozca que España vivió cinco décadas de tragedias terroristas”, apunta, en alusión a ETA, otros grupos y Al Qaeda, la organización yihadista que provocó la masacre del 11M.

“Con un relato veraz se mantiene la memoria”, remarcan las víctimas consultadas por este diario, que lamentan que en los aniversarios destacados, como cuando se cumplieron los 20 años, la atención mediática fuera muy destacada y este año, al conmemorar los 22, sea más reducida.

Una lucha diaria

“La lucha con las instituciones es diaria”, remarca Montse Soler, que forma parte de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo. Las bombas de los terroristas yihadistas mataron a su hermana Susana. Inicialmente, fue trasladada con vida al hospital, pero murió en el quirófano. Soler la identificó gracias a un pendiente que le enseñaron los médicos. Bajo su responsabilidad quedaron su sobrino, que entonces tenía ocho años, y su madre, que contaba con 80. “La memoria es lo más importante para que lo ocurrido no se olvide”, destaca ella en conversación telefónica con este diario. 22 años después de la masacre, a su juicio, lo importante es que las instituciones promuevan “dignidad, memoria y educación para evitar cualquier radicalización”.

El lunes, con motivo de un acto por el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo que se celebra este miércoles precisamente por los atentados del 11M, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que se conozcan los testimonios de las víctimas del ataque “como instrumento de prevención frente a la radicalización violenta y para neutralizar la narrativa terrorista”. “Sois la referencia ética de nuestro sistema democrático y de valores”, les dijo, antes de recordar “la vileza y el odio sin escrúpulos” al que se enfrenta la sociedad actual. “La lucha debe ser colectiva en defensa de la democracia y reclama a la determinación de avanzar siempre en la convivencia pacífica”, zanjó.

Quien durante años fuera la imagen visible de la tragedia, Pilar Manjón, que el 11M perdió en los trenes a su hijo Daniel, se vuelve a mantener en un segundo plano otro año más, después de lustros recibiendo insultos y amenazas por haber dado la cara en nombre de las víctimas. Durante años, el PP y la derecha mediática la culparon de que los populares perdieran el Gobierno solo tres días después de los atentados, el 14 de marzo de 2004. También la censuraron por exigir la verdad al entonces presidente José María Aznar que, durante días, sostuvo que el ataque no lo perpetró un grupo yihadista –como certificó el juicio– sino ETA, pese a que tenían las evidencias de la autoría islamista. Este miércoles se cumplen, por tanto, también 22 años de esa gran mentira de Estado que dio un vuelco a la política española.

Los condenados

En todo este tiempo muchos de los condenados por los atentados terroristas han ido recibiendo algunos permisos carcelarios y son solo tres, los que encajaron las mayores condenas, los que siguen en prisión. Se trata de José Emilio Suárez Trashorras, Jamal Zougam y Otman el Gnaoui. El primero, el único español condenado, fue sentenciado en 2007 a 34.715 años de cárcel al ser considerado colaborador de la masacre por haber suministrado los explosivos que usaron los yihadistas. Los otros dos, Jamal Zougam y Othman el Gnaoui, son ambos de nacionalidad marroquí y fueron considerados autores materiales de la masacre, por lo que fueron condenados a 42.922 años y 42.924 años de cárcel, respectivamente. Los tres estarán entre rejas hasta, al menos, 2044.

Este miércoles las distintas asociaciones de víctimas volverán a celebrar actos distintos en conmemoración de la tragedia. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se reunirá en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro junto a representantes institucionales del PP. La izquierda, además, asistirá al acto conjunto con CCOO, UGT, en Atocha, al lado de la cúpula exterior, como siempre. También habrá un acto en la calle Téllez junto al Mural-Memorial del 11M, otro en Santa Eugenia, frente a la estación de trenes y uno más en El Pozo, también frente a la estación. Los tres fueron los principales escenarios de la matanza hace 22 años.

La Policía Nacional y la Ertzaintza, en una operación conjunta, han detenido este pasado lunes en la localidad alavesa de Salvatierra-Agurain a un menor de edad, de 16 años, “muy radicalizado” por su presunta participación en delito de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista. La investigación se encuentra bajo la dirección de la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a cuyo cargo ya ha sido puesto el menor.

La investigación, señala la Policía Nacional en una nota de prensa, comenzó el pasado mes de noviembre, cuando expertos del cuerpo especializados en terrorismo yihadista detectaron a una persona afín a los postulados de la organización terrorista Daesh. Las pesquisas condujeron a los agentes a comprobar que el menor habría sufrido una “profunda radicalización”, indican, llegando a presentarse como 'mujahideen' (un combatiente). Además, se habría autoformado mediante material audiovisual proporcionado por la organización.

En el momento de la detención, señala la Policía Nacional, el detenido portaba armas blancas, pasamontañas y un arma corta simulada. En un registro de la vivienda del detenido, los dos cuerpos policiales intervinieron más objetos relacionados con la investigación.

El Ejército francés confirmó este domingo los ataques aéreos realizados la pasada noche de forma conjunta con el Reino Unido contra posiciones de la organización terrorista Daesh en Siria.

“Prevenir el resurgimiento del ISIS (también conocido como Daesh)” es “un asunto crucial para la seguridad de la región”, declaró el Estado Mayor del Ejército francés en un mensaje publicado en redes sociales, sin proporcionar más detalles y limitándose a confirmar la información divulgada previamente por el Reino Unido.

Estos ataques se llevaron a cabo como parte de la Operación Resolución Inherente (OIR), en el marco de la coalición internacional antiyihadista coordinada por Estados Unidos, según el mensaje del Ejército francés, que va acompañado de un vídeo de la operación franco-británica.

“La lucha contra el terrorismo sigue siendo una prioridad para Francia y los países socios de la coalición”, afirmó el Estado Mayor del Ejército francés en su mensaje en redes sociales.

Previamente, el Ministerio de Defensa británico había informado en un comunicado de un ataque contra un lugar subterráneo en Siria, sospechoso de ser utilizado por Daesh.

El ataque tuvo lugar en las montañas al norte de la antigua ciudad de Palmira, en el centro del país, contra una instalación “probablemente utilizada para almacenar armas y explosivos” y, según los primeros indicios, el objetivo fue alcanzado con éxito, según las informaciones facilitadas por Londres.

Durante la guerra en Siria, que comenzó en 2011 con protestas a favor de la democracia, Daesh logró controlar amplios territorios en el país, incluida la región de Palmira, antes de ser derrotado por la coalición internacional en 2019. Sin embargo, sus combatientes, que se han retirado al desierto sirio, continúan realizando ataques esporádicamente.

A finales de diciembre de 2025, Estados Unidos anunció que había golpeado “bastiones” del grupo terrorista en Siria, una semana después de un ataque que había matado a tres estadounidenses en el país.

Siria y Qatar buscan cooperar militarmente

Siria y Qatar mantuvieron este sábado conversaciones en Damasco para discutir posibles espacios de cooperación tanto en defensa como para sus respectivas industrias militares, según han informado medios estatales sirios.

El ministro de Defensa de Siria, Murhaf Abu Qasra, se encontró en la capital con el embajador de Qatar en el país sirio, Khalifa bin Abdullah al Mahmoud Al Sharif, que iba acompañado de una delegación de la empresa Barzan Holdings, especializada en defensa y seguridad, según informa la agencia siria de noticias SANA.

Estas conversaciones se producen después de que el ministro de Defensa mantuviera una llamada telefónica la semana pasada con su homólogo qatarí, Saoud bin Abdulrahman, durante la cual se trataron asuntos de interés mutuo así como los desarrollos más recientes a nivel regional e internacional.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha archivado por falta de “indicios suficientes” la causa contra el presidente de la Comisión Islámica en España, Mohamad Aidman Adbli, y otros ocho investigados, entre ellos el imán de Badajoz, Adel Najjar, por financiar el terrorismo en Siria.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 expone que ha adoptado esta decisión en consonancia con el dictamen de la Fiscalía, que ha entendido que los indicios que se han ido recabando no son suficiente para proseguir el procedimiento contra estos nueve investigados y formular escrito de acusación.

Según el juez, de lo actuado se concluye la existencia de campañas de recaudación efectuadas con la finalidad de ayuda a huérfanos y viudas en Siria y de indicios de que los fondos llegaran a zonas controladas o al menos donde operaban milicias yihadistas, enviados en primer lugar a través de la organización Consejo de Socorro de Damasco Rural y posteriormente a través de la ONG Al Bashaer, vinculada con milicias yihadistas sirias relacionadas con la filial siria de Al Qaeda y la organización Hermanos Musulmanes.

No hay indicios de que supieran que sus donaciones eran para financiar el terrorismo

Sin embargo, y si bien, “está directamente probada la financiación” a dicha ONG, “no hay elementos suficientes que acrediten que los donantes lo hacían para financiar actividades de terrorismo”.

Esto es así, abunda el auto, porque, según los informes policiales y de Europol, “la evolución y complejidad” de la situación en Siria no permite concluir que el dinero enviado no fuera por motivación humanitaria y que la fundación Al Basahaer fuera conocida por un pretendido carácter yihadista.

De tal modo quedan exonerados de esta causa, entre otros, el presidente de la Comisión Islámica y su tesorero; el que fuera imán de Badajoz Adel Najjar, o el sirio Ghasoub Alabrash Ghalyoun, que en su día fue absuelto de integrar una célula de Al Qaeda en España vinculada a los atentados del 11-S, liderada por Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah.

Todo ello, pese a que existe “prueba directa”, a través del análisis de cuentas bancarias, cartas de agradecimiento o mensajes intervenidos a los investigados, que acreditan “sin duda la realidad de las aportaciones efectuadas desde España a la ONG investigada”.

Además, “la minuciosa y elaborada documentación y análisis remitida por la Comisaría General de Investigación ha permitido aportar al procedimiento los indicios de la presunta utilización de los fondos en la financiación del terrorismo y el conocimiento que tendrían los investigados de ese hecho”, observa el juez.

Sin embargo, según apunta, esos indicios no son suficientes para proseguir el procedimiento ni para que el Ministerio Fiscal, como indica en su dictamen, formule escrito de acusación.

La investigación comenzó en octubre de 2019 en relación a una presunta financiación del terrorismo en Siria por parte de Mohamed Hatem Rohaibani y Aiman Albi, ambos miembros de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), así como de determinadas entidades islámicas que tenían “como nexo común estar ligadas a la Mezquita Central de Madrid o de Abu Bakr”, relata el auto.

En marzo de 2021, fueron hallados en algunos de los dispositivos electrónicos y documentos intervenidos en distintos registros -esencialmente en la carnicería del centro cultural islámico Abu Bakr; en el domicilio de la familia Kutayni y en el domicilio de Galeb Kalaje- indicios de la recaudación “bajo una supuesta campaña de ayuda humanitaria” de envío de fondos a Siria a través de la citada ONG.

Se descubrió así que Mohamed Hatem Rohaibani escribiría a su hermano Fares Kutayni sobre la llegada de fondos a Siria a instancias de la asociación Bashaer, y también la existencia de cartas de agradecimiento a la comunidad islámica en España por el envío de los fondos.

También se determinó que los dos referidos miembros de la UCIDE firmaron un acuerdo de colaboración con la citada ONG en marzo de 2013, y si bien conocían que los envíos de dinero llegaban a manos de milicias yihadistas, según los agradecimientos que hizo, entre otros, un destacado miembro del grupo yihadista Jaysh Al Islam, no consta que participaran en esas campañas de donación con la finalidad de financiar actividades terroristas.

Lo mismo sucede con el resto de investigados, como Fady Kutayni, que en la carnicería de la mezquita se ocupaba del Zakat al-Fitr o caridad obligatoria que se refiere a limosna destinada a los pobres, o con Fawaz Nahhas Al Afandi y Adel Najjar Mohamed, representante y enlace de UCIDE en Badajoz y Aragón, respectivamente. 

Un hombre de 36 años fue detenido el pasado 13 de agosto en Martorell (Barcelona) en una operación conjunta entre la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra como presunto autor de los delitos de auto adoctrinamiento terrorista y de enaltecimiento del terrorismo.

Pese a que la investigación policial se inició en 2024 tras detectar “un cambio radical” en la actitud del sospechoso, que mostraba una conducta cada vez más agresiva y hacía proclamas en favor de organizaciones yihadistas en redes sociales, según ha informado en una nota de prensa la Benemérita. Los agentes confirmaron su proceso de radicalización, alimentado por el consumo intensivo de contenidos extremistas.

Ante la existencia de “indicios y evidencias sólidas” de su presunta actividad terrorista, los agentes anticiparon su detención el día 13 de agosto para neutralizar una potencial amenaza de este individuo, de quien se sospechaba que podía tener la intención de llevar a cabo una acción violenta.

Tras su detención, los agentes realizaron un registro en su domicilio en la localidad tarraconense de Santa Bárbara, donde se han incautado diferentes dispositivos electrónicos y un arma blanca.

El detenido, tras ser puesto a disposición judicial, ha ingresado de forma preventiva en el centro penitenciario de Brians II, en la provincia de Barcelona.

Estudiar los errores cometidos con los terroristas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en La Rambla y Cambrils para detectar mejor los procesos de radicalización. Este ha sido el objetivo que los Mossos d'Esquadra y tres universidades se han planteado en un estudio que ha identificado varios “factores de riesgo” que impactaron en los jóvenes de Ripoll para conformar la célula liderada por imán Abdelbaky Es Satty.

Los resultados muestran que los elementos vinculados a las creencias psicológicas, como la sensación de estar amenazado por la sociedad occidental, y los ligados a la experiencia personal de cada miembro de la célula, como haber vivido hechos traumáticos o la exposición a medios violentos de comunicación, son los más frecuentes en los islamistas del 17-A.

En cambio, los factores protectores (educación, empleo y vínculos, entre otros) estaban más desconectados entre sí y no tenían fuerza suficiente para imponerse a los factores de riesgo. Las amistades que todos mantenían con gente externa a la célula no fueron suficientes para neutralizar las acciones violentas que cometieron hace casi ocho años.

El estudio se ha realizado en el marco del proyecto Camins, liderado por la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra y las universidades de Córdoba, Granada y Burgos. Los investigadores han estudiado los factores de riesgo presentes en su radicalización y los de protección que deberían haber contrarrestado a los primeros.

La célula terrorista formada por diez miembros -el imán de Ripoll y nueve hombres jóvenes- se empezó a constituir entre finales de 2014 e inicios de 2015. Tras la detonación accidental de los explosivos que preparaban en la casa de Alcanar (Tarragona), donde murieron varios de ellos, los terroristas improvisaron el atropello de La Rambla y el ataque en Cambrils. En conjunto, asesinaron a 16 personas.

Entre los factores de riesgo analizados se encuentran especialmente los psicológicos, como la conexión dentro del grupo, la búsqueda de significado, las tendencias obsesivas o el autoritarismo. También existen las actitudes o creencias subjetivas que reflejan la perspectiva individual como las actitudes segregacionistas, antidemocráticas o radicales y el extremismo político-religioso.

Estos factores de riesgo tuvieron una presencia significativamente mayor entre los miembros que otros factores protectores, como los sociodemográficos (edad, nivel educativo, estado civil o empleo), o los experienciales, especialmente aquellos relacionados con su integración social, que habrían podido evitar su radicalización.

Para realizar el estudio se han analizado 200 declaraciones policiales, 50 entrevistas a familiares, amigos y personas del entorno, 123 evidencias tecnológicas, 25 pruebas físicas, 18 pruebas virtuales, y otros informes complementarios.

Los resultados, señalan los Mossos, permitirán mejorar los actuales planes de prevención de extremismos violentos y avanzar en el desarrollo de herramientas de apoyo a la evaluación para conocer los mecanismos que se encuentran en la base de la radicalización violenta.

El estudio tiene en cuenta factores sociodemográficos y psicológicos, así como aquellos vinculados a la integración y la discriminación, las creencias subjetivas y los factores criminógenos, es decir, aquellos relacionados con la influencia de compañeros o redes radicales.

Desde 2015, los Mossos han impulsado, junto con otros departamentos de la Generalitat, diversos planes de prevención de los extremismos violentos. El objetivo es expandir la red de colaboración en el ámbito preventivo y asegurar la participación activa de los sectores de la comunidad educativa, la protección de la Infancia y la juventud, la proximidad policial, los Agentes Rurales, la ejecución penal, los servicios sociales, las comunidades religiosas y asociaciones culturales y el deporte.

Veronique Caplanne es la hija de Robert Caplanne, asesinado por los GAL en Biarritz el 3 de enero de 1986. Cuando ocurrió el atentado Veronique tenía 14 años y era 24 de diciembre. Tras pasar unos días ingresado en el hospital, finalmente falleció el 3 de enero. “Nadie nos ha ayudado y nadie quería hablar con nosotros. Era un secreto sin ser un secreto. Nosotros no estábamos en esas historias ni de ETA, ni de los GAL, ni de la Policía. No sabíamos nada. Nadie nos ha ayudado y nadie nos ayudó”, reconoce casi 40 años después en una entrevista recogida en la investigación 'El terrorismo de Estado ante sus víctimas. Concersaciones a propósito de los GAL', realizada por los politólogos e investigadores Jerónimo Ríos y Egoitz Gago. Se trata de la tercera obra que publican tras 'La lucha hablada', un libro en el que miembros de ETA cuentan su experiencia en la banda y la segunda parte, en la que son las víctimas de ETA las que narran su historia.

En esta ocasión han querido centrarse en las víctimas de los GAL para llenar un “vacío académico”. “La renuncia a escribir sobre los GAL se entiende en un país como España, donde el grueso de las víctimas del terrorismo y de acción violenta desplegada fue a cargo de ETA. ETA ha focalizado buena parte de la atención académica durante décadas. También hay otras miradas, sobre todo de otros terrorismos, como el terrorismo de extrema derecha o terrorismos asociados al yihadismo fundamentalista, pero hay vacíos incomprensibles en torno a los GAL y eso también ocurre por la dificultad de encontrar documentación”, reconoce a este periódico Jerónimo Ríos.

Las víctimas entrevistadas denuncian la falta de apoyo institucional tanto vasco, como a nivel de España y Francia (donde ocurrieron la mayoría de los atentados). Maider García Martín, hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL en Hendaya el 24 de julio de 1987, relata las insuficientes aproximaciones que han llegado a tener por parte de sectores políticos. “A mi madre, una persona muy importante del PSOE le llegó a reconocer que seguíamos siendo la gran losa del partido y que les pesábamos mucho. Ellos saben que tienen ahí una responsabilidad enorme y que no han dado el paso que se espera de ellos. Aquí, en Euskadi, todo el mundo es consciente que el PSOE tiene una deuda pendiente, es igual que cuando le piden a la izquierda abertzale que tienen que dar un paso más con respecto al reconocimiento de las víctimas de ETA”, detalla en el libro García Martín. El terrorismo de Estado se desarrolló durante los mandatos de Felipe González.

A mi madre, una persona muy importante del PSOE le llegó a reconocer que seguíamos siendo la gran losa del partido y que les pesábamos mucho

Maider García Martín — Hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL

“La de los GAL es una responsabilidad que el PSOE no se asume y que, y que efectivamente es una grandísima losa democrática o antidemocrática. Ya han pasado 40 años, pero no podemos pasar las páginas de nuestra historia sin antes leerlas y eso implica que quizá haya que normalizar, haya que exigir, haya que visibilizar y haya que reclamar una ausencia de responsabilidades, de cuestionamientos y la aceptación de cuestiones que, al menos en el plano simbólico, en el plano moral y en el plano más normativo, son necesarias. Yo creo que los derechos a la verdad, la dignidad, la memoria y la justicia se ven seriamente afectados con la posición de renuncia del PSOE a aceptar, a reconocer, a discutir sobre un pasado muy oscuro, muy turbio, en el cual todavía, por desgracia, no se ha contado todo”, lamenta Ríos.

Según el investigador, el oscurantismo acerca de las informaciones relacionadas con los GAL es algo que afecta a los Gobiernos socialistas en todos los niveles. “Hay una gran opacidad, oscurantismo en el acceso a cierta documentación y a cierto tipo de fuentes. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que esto vincula a un Gobierno socialista en Madrid, a un Gobierno socialista en Euskadi y a un Gobierno y a unas elites políticas que tienen connivencias muy perversas, con manzanas podridas, con sectores muy concretos del ámbito de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, pero que indudablemente desembocan en elementos a los cuales hay que atender. Y ese es un un reclamo que tratamos de hacer. Por supuesto que entendemos que en un país como España, donde hay 860 víctimas de ETA, pues eso implique la necesaria atención o predominancia de ETA, pero la gravedad de los GAL reviste precisamente en su naturaleza jurídica, en que es el Estado el que manda matar a través de mercenarios, haciendo uso de fondos reservados y haciendo uso de elementos que son la máxima expresión de las cloacas más despreciables del Estado. Y además, si a eso le sumas que en el 40% de las muertes violentas, por ejemplo, hay equivocaciones, pues nos encontramos ante una situación que considerábamos que era necesario seguir reivindicando y visibilizando”, argumenta.

La gravedad de los GAL reviste en su naturaleza jurídica, en que es el Estado el que manda matar a través de mercenarios, haciendo uso de fondos reservados y de las cloacas más despreciables del Estado

Jerónimo Ríos — Politólogo e investigador

Al igual que ocurrió en la investigación realizada a víctimas de ETA, en las entrevistas realizadas a víctimas de los GAL se ve gran diferencia de relatos. Una de las principales diferencias es el hecho de que algunas de las víctimas de los GAL fueron miembros de ETA, mientras que otras no. “Para mí lo importante de todo es decir que a mi padre lo mató el GAL y que nunca tuvo nada que ver con ETA, pero que es una víctima también. No nos pueden meter en el mismo saco. Esos matices son complicados. Lo que predomina, como te decía antes, es que si te mató el GAL es porque algo habría hecho la víctima”, confiesa Veronique.

En la investigación también se aporta el testimonio de Izaskun Ugarte y Haize Goikoetxea, viuda e hija de Mikel Goikoetxea Elorriaga “Txapela”, asesinado por los GAL en San Juan de la Luz el 1 de enero de 1984. “En nuestro caso, nosotras sí que fuimos consideradas como víctimas de terrorismo. Es decir, nosotras pedimos la ayuda y nos la concedieron. Estábamos en ese listado, pero llegó el cambio de ley y nos hemos quedado fuera. ¿Por qué? Porque Mikel Goikoetxea era militante de ETA y nosotras, por tanto, no merecemos nada. No tenemos derecho a nada. Que hubiese muerto en un atentado a manos del Estado español no importa. Al final su mensaje es el mismo. Nosotros lo matamos y está bien muerto”, lamenta Haize.

Que alguien asuma la responsabilidad de haberlo hecho, sobre todo si es un Estado el que mata

Haize Goikoetxea — Hija de Mikel Goikoetxea Elorriaga “Txapela”, asesinado por los GAL

Lo que la familia de Goikoetxea reivindica, al igual que el resto de las familias, es saber lo que pasó. “Quién lo hizo, cómo lo hicieron, quién pagó, cuánto pagó. Y, sobre todo, que alguien asuma esa responsabilidad, no sé si judicialmente hablando, pero por lo menos sí a otros niveles. Que alguien asuma esa responsabilidad de haberlo hecho, sobre todo si es un Estado el que mata. Que al final, que una persona o una organización asuma las armas vale, pero que un Estado que se supone que debe proteger y tiene que garantizar un montón de cosas, se haya saltado todas las leyes y haya hecho lo que ha querido impunemente, no sé... Además, con dinero público, con fondos reservados, utilizando la policía y recurriendo a mercenarios. Se trata de una barbaridad tras otra. Todo eso habría que esclarecerlo punto por punto, no solo en nuestro caso, sino en todos”, exige Haize Goikoetxea.

“El hecho de que haya terrorismo de Estado y haya una militancia de ETA no exime, ni justifica, ni valida prácticas atroces como las que vivieron Lasa y Zabala o como las que podemos encontrar en el caso de la viuda de Goikoetxea. Es decir, a ellas, por ejemplo, se les niega la condición de víctimas de terrorismo por la pertenencia a ETA. Ser de ETA no exime que hayan sufrido terrorismo de Estado”, indica Ríos.

El hecho de que haya terrorismo de Estado y haya una militancia de ETA no exime, ni justifica, ni valida prácticas atroces como las que vivieron Lasa y Zabala

Jerónimo Ríos — Politólogo e investigador

A la hora de documentarse para realizar la investigación, Ríos reconoce que algunas personas entrevistadas son más accesibles que otras. Para este estudio, además de las citadas, se ha entrevistado a Itziar Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, víctima de violencia policial por actos de motivación política asesinado el 26 de noviembre de 1985, a Pili Zabala, hermana de José Ignacio “Joxi” Zabala, secuestrado y posteriormente asesinado por los GAL junto a Joxean Lasa, la madrugada del 15 al 16 de octubre de 1983 e incluso a una de las víctimas directas de los GAL, Kepa Pikabea Ugalde, herido por los GAL en el atentado contra el Bar des Pirennes, en Bayona, el 29 de marzo de 1985. “Hay casos de víctimas que son más fáciles de trabajar porque son víctimas de un mundo ajeno de ETA y, por tanto, son esas personas que siempre están presentes en el espacio público y en los actos que buscan visibilizar las exigencias de las víctimas del terrorismo y del terrorismo de Estado también. Después, hay otras que son muy incómodas por su militancia ETA, por su proximidad a ETA o por su todavía posición dogmática con respecto a lo que supuso. Y a esas también hay que escuchar y atender. Escuchar no es validar. Escuchar es tratar de entender cómo se construyen discursos en torno a demandas, necesidades, reclamos, porque todavía hoy se inscriben en una gama de grises y de contradicciones muy fuertes”, reconoce el investigador.

A pesar del trabajo realizado, Ríos sostiene que ve complicado acabar con el vacío académico con respecto a las investigaciones relacionadas con los GAL. “Es difícil porque el propio estudio reconoce el Estado como actor violento, habla del terrorismo de Estado. Ya de por sí académicamente es un planteamiento teórico muy marginal, muy escorado, muy residual. Digamos que el 'mainstream' de la Ciencia Política, de Historia, de los estudios sobre violencia, se centran básicamente en las acciones desplegadas por los actores que ejercen la violencia, grupos de terroristas, victimarios, etcétera. En los últimos años ha ganado mucho peso dar voz a las víctimas del terrorismo, pero entrar en agentes del Estado, en agentes de la Policía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no solamente en España, en otros lugares, y especialmente en contextos democráticos, es difícil”, concluye.

La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra han detenido a tres personas en la provincia de Barcelona por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista, que defendían las tesis de organizaciones terroristas como la del Dáesh así como ataques del tipo «lobo solitario».

Según informan este viernes ambos cuerpos policiales en un comunicado, durante los cuatro registros practicados los agentes hallaron manuscritos y materiales con referencias a ataques del tipo «lobo solitario» y al martirio, varios dispositivos informáticos y una bayoneta.

Las tres personas detenidas durante la madrugada del pasado lunes, dos de ellas en Castelldefels y otra en Montcada i Reixac, están acusadas de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y amenazas, y se encuentran en prisión provisional.

Según los investigadores, los detenidos estaban plenamente adheridos a los postulados yihadistas defendidos por varias organizaciones terroristas, entre ellas la organización terrorista Dáesh.

La investigación permitió constatar cómo los detenidos usaban diferentes perfiles en redes sociales para compartir contenido propagandístico de carácter yihadista y, además, realizaban publicaciones en las que se enaltecían y justificaban las acciones y atentados de diferentes organizaciones terroristas.

El grado de radicalización de uno de los detenidos le habría llevado a realizar amenazas concretas contra varias personas en estas plataformas.

La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número cinco y la Fiscalía General de la Audiencia Nacional, la han llevado a cabo de forma conjunta la Brigada Provincial de Información de Barcelona en colaboración con la Comisaría General de Información de Policía Nacional y el Área Central de Contraterrorismo -CGINF- Unidad Operativa de Información Exterior del Cuerpo de Mossos d’Esquadra. Tras pasar a disposición judicial, el magistrado ha ordenado prisión provisional para los tres detenidos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Centro Penitenciario de Soria a un hombre que cumplía prisión por delitos comunes por su presunta participación en delitos de adoctrinamiento y autocapacitación terrorista para la práctica de la yihad en zonas de conflicto.

El arrestado, cuya detención se practicó el pasado miércoles, se encontraba en una fase muy avanzada de radicalización, y utilizaba sus relaciones con otros internos para, entre otras cosas, adoctrinarles en las tesis yihadistas, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa .

La operación se ha desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Provincial de Información de Soria, en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, coordinados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

La investigación comenzó en octubre de 2024, cuando los expertos en la investigación antiterrorista, detectaron las conductas proyihadistas en uno de los internos del Centro Penitenciario de Alcalá de Henares (Madrid), donde esta persona cumplía una condena por la comisión de delitos comunes.

Tras la oportuna investigación, los especialistas comprobaron cómo el detenido desarrollaba una intensa actividad proyihadista en el interior del Centro Penitenciario, como forma de vida.

Se constató que estaba obsesionado con el estricto cumplimiento de los postulados yihadistas dictados por la organización terrorista Dáesh, además de una extrema radicalidad religiosa.

Manifestaba su odio hacia todo lo occidental, hacía actividades físicas con la finalidad de autocapacitarse para la práctica de la yihad, y expresaba su voluntad de desplazarse a zonas en conflicto yihadista para combatir en las filas dicha organización terrorista. El arrestado llegó incluso a manifestar su intención de llevar a cabo acciones violentas en España.

Todas estas ideologías yihadistas las proyectó sobre otros internos de manera sostenida en el tiempo. Les recitaba de memoria cánticos Nasheed yihadistas, que son elaborados por productoras oficiales de Dáesh.

El consumo habitual de este tipo de contenidos es idóneo para inculcar los dogmas de la organización terrorista, de modo que se pueda iniciar, sostener o perfeccionar un proceso de captación yihadista.

Durante la operación, realizada durante miércoles, se ha practicado un registro en la celda del detenido en el Centro Penitenciario de Soria, incautándose diverso material, y documentación de interés que están siendo analizados por los investigadores.

Cuatro hombres han sido detenidos esta semana como supuestos autores de delitos de terrorismo yihadista: uno en la provincia de Salamanca que ha sido puesto en libertad, otro en la de Burgos que ha ingresado en prisión y dos más, en las de Huelva y Barcelona, a quien la Audiencia Nacional ha enviado a la cárcel.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, investiga a tres de estos detenidos, arrestados en las provincias de Salamanca, Burgos y Huelva, en una operación policial en la que se han practicado cinco registros.

Tras pasar a disposición judicial este jueves, el magistrado ha ordenado el ingreso en prisión provisional para los detenidos en Burgos y Huelva, mientras que el arrestado en un pueblo de Salamanca ha quedado en libertad con medidas cautelares, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Durante los registros, explican las fuentes, los agentes de la Guardia Civil han encontrado documentos relativos a armas y fabricación de explosivos y un arma blanca, además de abundante material propagandístico del Estado Islámico.

En una investigación independiente, otro magistrado de la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Antonio Piña, ha acordado asimismo el ingreso en prisión provisional de un cuarto detenido esta semana en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) en otra operación contra el terrorismo yihadista.

Una persona ha muerto esta tarde y al menos cinco más han resultado heridas en la ciudad francesa de Mulhouse, en el Alto Rin cerca de la frontera alemana, por el ataque con un arma blanca de un hombre fichado por terrorismo que ha sido detenido, según informan varios medios de comunicación franceses.

Los hechos han ocurrido antes de las 16.00 hora local en el centro de la ciudad cuando el atacante ha apuñalado a una persona hasta la muerte en el margen de una manifestación de apoyo al Congo y ha herido a dos agentes municipales.

Entre los heridos hay al menos dos agentes encargados del control de los aparcamientos y tres policías municipales heridos leves, según ha informado el periódico regional Les Dernières Nouvelles d'Alsace, que no ha dado detalles acerca de la identidad de la persona asesinada. La agencia France Presse ha confirmado también este número de heridos y que los dos primeros agentes han sufrido sendas lesiones en la carótica y el tórax.

Este diario ha indicado que el ataque se ha producido entre la plaza del Mercado y la calle Lavoisier, que es donde ha sido arrestado el sospechoso, un hombre nacido en 1987 de nacionalidad argelina y contra el que se había dictado una orden de expulsión de Francia. Según informa el diario francés La Croix de fuentes sindicales, el detenido se encontraba bajo vigilancia judicial y en arresto domiciliario.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha calificado los hechos de “acto terrorista de carácter islamista, del cual no hay ninguna duda” y ha querido expresar “la solidaridad de la nación” con la familia de la víctima a través de una breve declaración a los medios que ha sido retransmitida a través de la cuenta del Elíseo en la red social X (antes Twitter).

La Fiscalía Nacional Antiterrorista ha anunciado en un comunicado que ya se ha hecho cargo de la investigación. Antes, la Fiscalía de Mulhouse ha avanzado que el perfil del autor de los hechos estaba incluido en el fichero de tratamiento de señalados por la prevención de la radicalización de carácter terrorista de Francia.

La investigación abierta trata los hechos como delitos de asesinato terrorista y tentativa de asesinatos terroristas de agentes de la autoridad.

La alcaldesa de la localidad, Michèle Lutz, en un mensaje publicado en la red social Facebook, afirma que “la vía terrorista parece ser la preferida por el momento” a la espera de que sea confirmado por la investigación judicial. “El horror acaba de apoderarse de nuestra ciudad”, añadía.

Varios medios franceses señalan que se espera que el ministro del Interior, Bruno Retailleau, se desplace hasta el lugar de los hechos a lo largo de la tarde del sábado.

Los hechos probados de la sentencia que condenó a los terroristas vivos de la célula que mató a 16 personas en el atentado de la Rambla de Barcelona y a una más en Cambrills la tercera semana de agosto de 2017 señalan que Houli C. pertenecía desde dos años antes al comando que se creó en torno al imán de Ripoll Abdelbaki E.S. Que junto a otros miembros de la célula, Houli C. compró grandes cantidades de material explosivo “con el fin de perpetrar diversas actividades terroristas”. Que el 16 de agosto de 2017, en torno a las 23.00 horas, se produjo una gran explosión en la casa de Alcanar, donde se preparaban los explosivos, y que costó la vida al líder espiritual de la banda, el imán de Ripoll, y cuyas réplicas hirieron al día siguiente de gravedad a varios bomberos y agentes de policías que investigaban el origen de la deflagración. 

Por todo lo anterior, Houli C. fue condenado a 43 años de cárcel por una ristra de delitos gravísimos: “Pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y estragos en grado de tentativa de carácter terrorista”.

Las diferentes sentencias (la de la Audiencia Nacional y la del Supremo, que confirma la pena de 43 años de prisión) no le atribuyen a Houli participación directa en los atentados porque no fue informado por el resto de la célula de la matanza que se iba a llevar a cabo al día siguiente de la explosión en Alcanar. Pero ratifican que participó en la compra de los explosivos para perpetrar actos terroristas. 

Siete años y medio después de aquella masacre, cuando el caso ya ha agotado todas las instancias judiciales, Houli acudió este jueves el Congreso a contar su supuesta verdad. Escoltado por cuatro agentes, dos uniformados y otros dos de paisano, entró esposado en la sala donde se sigue la comisión de investigación de los atentados del 17-A. Atrás quedaba un viaje en furgón policial de varias horas desde la prisión de Córdoba, donde cumple condena.

Sentado en esa sala del Congreso, esposado por las muñecas y con una chaqueta de chándal, Houli vertió durante 50 minutos una serie de conjeturas, sin pruebas, que no había esgrimido en el juicio ni cuando fue detenido. Dijo, para regocijo de los diputados de Junts, el único partido en el Congreso que sigue y alienta esa teoría de la conspiración, que el Centro Nacional de Inteligencia pudo frenar los planes terroristas del imán de Ripoll y que no lo hizo. Su declaración fue vaga, no aportó prueba alguna, aseguró que no lo había contado antes por temor a represalias y que lo dice ahora porque no tiene nada que perder. Los informes del propio CNI explican que Es Satty no estaba en su lista de colaboradores.

Nadie salvo una diputada de Junts le siguió el juego en el Congreso. Los diputados del PP abandonaron la sala. Y los que se quedaron, desde el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, hasta los del PSOE, Sumar o ERC desdeñaron sus revelaciones.

Ni siquiera fuera de allí, quien ejerció su defensa concede credibilidad a su testimonio. Su abogada durante el proceso dijo tras oírle que Houli nunca le había contado tal cosa, que se trata de una persona influenciable con un coeficiente intelectual de 90 y que uno no puede acudir al Congreso a hacer esas afirmaciones políticas sin aportar pruebas.

Sea como fuere, esa declaración fue celebrada a miles de kilómetros de distancia por el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont. A través de sus redes sociales, dijo que el terrorista “no podía hablar más claro”. La teoría conspirativa según la cual el Centro Nacional de Inteligencia, y, por tanto, el Gobierno de Mariano Rajoy, pudo evitar la muerte de 17 víctimas inocentes tiene hoy los mismos adeptos que antes de que el terrorista acudiese al Congreso. Nada moverá a la verdad judicial, que está plasmada en sendas sentencias de la Audiencia Nacional y el Supremo. 

¿Cómo se explica entonces que un terrorista condenado a medio siglo de cárcel haya disfrutado de 50 minutos de propaganda en la sede donde reside la soberanía popular? La culpa es de Junts, que exigió la convocatoria de la comisión en el pacto para investir presidente a Pedro Sánchez, pero la responsabilidad puede extenderse a los grupos que apoyan al Gobierno: desde el PSOE a Sumar, pasando por ERC y Bildu (el PNV decidió abstenerse sobre la lista de comparecientes que incluyó a Houli, entre sospechosos habituales como el comisario Villarejo y otros testigos en la misma línea). 

¿De verdad no había alternativa a dar semejante altavoz a un terrorista, integrante de la célula que segó la vida de 17 personas? 

¿Alguien ha pensado en qué habrán podido sentir las víctimas?

¿No había ningún otro modo de conseguir el sí de Junts a la investidura?

El Gobierno puede alegar que los indultos contribuyeron a pacificar Catalunya y que la ley de amnistía es otro instrumento para normalizar la situación política. Y es una evidencia que las políticas de distensión adoptadas por Sánchez han ayudado a salir de la peor crisis institucional vivida en democracia. 

Pero, ¿a qué han ayudado los 50 minutos de un terrorista compareciendo ante el Congreso sin nada que aportar? ¿Cómo lo puede explicar la izquierda? ¿Alguien piensa pedir perdón?

Siendo justos, tampoco puede decirse que fuese la primera vez que un terrorista alienta teorías de conspiración en el Congreso. Hace ahora dos décadas, las ensoñaciones de otro condenado por comprar explosivos que sirvieron para perpetrar el mayor atentado de la historia del país, José Emilio Suárez Trashorras, que sigue cumpliendo su pena de 34.715 años de cárcel, ocuparon decenas de horas en las dos cámaras legislativas y muchas más en radios y televisiones. 

Como Houli con Junts, el cooperador necesario de 192 asesinatos tuvo también a un partido a su servicio, el Partido Popular, con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, a la cabeza, para dar rienda suelta a sus hechos alternativos. Trashorras no pisó el Congreso, pero el PP y una serie de medios afines alentaron una conspiración según la cual en los atentados del 11M no fue solo obra del terrorismo islámico, sino que también participó ETA, con algunas complicidades de policías españoles y hasta de dirigentes socialistas. 

Fueron meses interminables de supuestas revelaciones incontestables sobre el ácido bórico, la furgoneta Kangoo, la cinta de la Orquesta Mondragón y el dinitrotolueno. Con el paso del tiempo, se conoció una conversación de Trashorras donde contaba a su madre que mientras el diario El Mundo siguiese pagando, él estaría dispuesto a contar hasta la guerra civil.

Ni medios ni políticos pidieron perdón por aquello y pese a todo poco a poco aquella teoría de la conspiración se fue difuminando y ya casi nadie se atreve a sembrar dudas sobre la autoría del 11M.

Que, veinte años después de aquello otro partido de derechas aliente una teoría de la conspiración y apele a los más bajos instintos tras perder el poder no es algo nuevo. Lo sorprendente es que haya sido la izquierda quien le haya facilitado como escenario, nada menos que el Congreso de los Diputados. 

Mohamed Houli Chemlal, el único superviviente de la célula terrorista yihadista que dejó 16 muertos y más de 300 heridos en los atentados de la Rambla de Barcelona y del paseo marítimo de Cambrils en el mes de agosto de 2017, ha azuzado este jueves en la comisión de investigación sobre estos atentados en el Congreso la teoría de la conspiración que insiste en que el imán Abdelbaki Es Satty tenía algún tipo de permiso de los servicios secretos españoles para actuar.

Houli Chemlal, que se ha convertido en el primer terrorista en comparecer ante una comisión de investigación del Congreso de los Diputados, ha arrancado su breve comparecencia situándose como una víctima más y descargando la responsabilidad en el imán de Ripoll y en los servicios secretos: “El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza”. “Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder”, ha argumentado Houli durante su declaración inicial en la comisión, acordada por el Gobierno de coalición como parte del acuerdo de investidura con Junts.

Ya en el mes de enero, informes desclasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reflejaban cómo se descartó a Abdelbaki Es Satty como confidente en 2014, tres años antes de que el imán de Ripoll planeara los atentados de Barcelona y Cambrils, tras entrevistarse con él en tres ocasiones en prisión. Los motivos fueron la falta total de “fiabilidad” o “confianza” que Es Satty generó en sus interlocutores.

La desclasificación de estos informes sobre los atentados era una de las exigencias de Junts en la negociación con los socialistas para los presupuestos de 2025, que todavía no se han presentado. Los trabajos de la comisión de investigación de los ataques de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 empezaron este otoño y la retirada del secreto fue uno de los gestos del Gobierno hacia Junts.

En la primera intervención de los grupos parlamentarios, el portavoz del Partido Popular Santi Rodríguez ha recordado que su grupo estuvo en contra de la creación de la comisión y ha afirmado que se han enterado hoy a través de la prensa de esta comparecencia. “Esta situación lo que provoca es una vergüenza y una falta de dignidad de esta cámara --ha subrayado--. Todo este espectáculo se produce simplemente para dar satisfacción a aquellos que con sus votos permiten que Pedro Sánchez se mantenga en el Palacio de la Moncloa de una forma creemos que muy indigna y a costa de la dignidad del conjunto de los españoles”, ha afirmado Rodríguez antes de anunciar que su grupo iba a abandonar la sala.

Después de una aclaración del presidente de la comisión, el diputado de Sumar Txema Guijarro ha querido que conste en acta que la declaración del terrorista condenado ha sido presencial y no telemática por decisión del juez. A continuación ha intervenido el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, quien no ha escondido su “sorpresa” al escuchar que Houli se “sumaba” a la teoría de la conspiración. Iñarritu ha pedido al compareciente que aportase pruebas de las afirmaciones que acababa de realizar, ante lo que el recluso ha dicho que hacía estas afirmaciones “para que se busque a quien permitió que el imán campara a sus anchas”. “Yo estoy en la cárcel, pero quienes tenían que vigilar al imán no lo están”, ha insistido.

El portavoz de EH Bildu ha insistido en solicitar pruebas de estas acusaciones a Houli Chemlal, quien aparece en una serie de vídeos grabados por los terroristas de la Rambla mientras fabricaban explosivos y en los que se le puede escuchar diciendo: “Alá nos ha prometido el paraíso y a vosotros el infierno”. “Una vez Mohamed Hichamy nos contó que a veces, cuando se reunían con el imán, este les decía que se tenían que ir porque iban a venir agentes del CNI”, ha respondido Houli, quien nunca había hecho declaraciones en este sentido ni ante las fuerzas y cuerpos de seguridad ni durante el juicio por el que se le condenó finalmente a 43 años de prisión.

Cuando el portavoz le ha recriminado que hiciera estas afirmaciones tanto tiempo después y sin aportar ninguna prueba, Houli ha respondido que él no es quien tiene que buscarlas. Tampoco ha querido aportar ningún tipo de detalle acerca ni de la preparación de los atentados, ni de su participación en la preparación de los explosivos, ni sobre su radicalización.

La intervención de los partidos catalanes

Tras Bildu ha llegado el turno de la portavoz de Junts, Pilar Calvo, quien ha tratado de ahondar en las circunstancias de los presuntos encuentros entre el imán Es Satty y agentes del CNI. Houli ha repetido sus declaraciones iniciales, sin aportar más datos, y tras ello ha defendido que sufrió “presiones” a través de terceras personas en la cárcel de Alcalá-Meco y que se sintió “obligado” a decir que la intención del grupo yihadista era atentar contra la Sagrada Familia.

El terrorista, que aunque ha insistido en su arrepentimiento y en su intención de colaborar no ha respondido a preguntas acerca de la preparación de los atentados, ha reafirmado que solo había tres personas en la vivienda de Alcanar que utilizaban para preparar los explosivos y que explosionó. Después ha hecho algunas conjeturas acerca de la posibilidad de que el imán de Ripoll hubiera podido escapar de la deflagración a través de la ventana: “Dicen que no se sabe si está muerto o no. Yo tampoco lo sé”.

Ya durante la intervención del portavoz de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal, Houli ha reconocido que sus afirmaciones acerca del CNI eran meras “conjeturas”. “Si fuera una información tendría pruebas, yo no las tengo”, ha admitido. Preguntado por el diputado republicano sobre qué le diría a las víctimas, el compareciente ha tratado de nuevo de situarse como una víctima del imán Es Satty: “Yo era un chico joven, que me comieron la cabeza y ya está. Que yo realmente ahora no sería capaz de hacer nada de eso. Yo jamás he hecho nada a nadie ni jamás me he metido en problemas ni nada”.

El portavoz de Sumar Eloi Badia ha acusado al condenado de venir al Congreso a situarse como una víctima y no asumir su culpabilidad. “No ha venido a ayudar a descubrir la verdad ni mucho menos ha venido a ayudar a las víctimas”, insistía, antes de recordar que su acusación contra el CNI “la podía haber hecho antes”. Tras ello, ha dejado claro que su grupo no iba a contribuir a su “intento de situarse hoy como víctima” y no ha hecho preguntas.

En el caso de Vox su portavoz sí que ha lanzado algunas preguntas al compareciente, aunque este, tras afirmar que ya había dicho lo que tenía que decir, no ha contestado a ninguna de ellas, la mayoría acerca de detalles sobre la preparación de los atentados o de la conformación y radicalización del grupo de jóvenes de Ripoll.

El portavoz socialista, David Serrada, ha seguido una estrategia similar a la de Sumar y no ha querido dar validez a su testimonio. “Usted ha venido aquí a jugarse un triple, pero le está saliendo bastante mal”, ha acusado el diputado del PSOE, que ha cuestionado su credibilidad: “De aquellas cuestiones en las que estaba presente no se acuerda de nada. De lo que sí se acuerda es de lo que escuchó decir a otras personas”. 

El PP responsabiliza a Armengol y a Sánchez

Una vez finalizada la comparecencia ante la comisión de investigación, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha ofrecido una comparecencia en la que ha destacado que la declaración de un terrorista yihadista condenado en el Congreso “no tiene precedentes”. “Lo que estamos viendo hoy aquí supera todo lo que hemos visto y vivido y esto no es un circo, es algo infinitamente peor”, ha dicho Álvarez de Toledo, que ha calificado el acto de “espectáculo degradante”.

“Este terrorista ha venido aquí para dar pábulo a la desquiciada teoría de que el Estado deliberadamente no impidió e incluso permitió una masacre terrorista para perjudicar a la causa separatista”, afirmaba la diputada popular, que defiende que esta comparecencia se ha producido “para dar satisfacción a Junts” y para que Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno.

Álvarez de Toledo ha anunciado también un escrito de “grave queja” a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que acusa de convertir el Congreso “en un plató para terroristas islamistas” y ha insistido en que “la única solución” es acabar con la legislatura.

Tras su declaración, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado los pactos de investidura con EH Bildu, la Ley de Amnistía y la declaración del terrorista yihadista de hoy con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Todo ha pasado por primera vez con un presidente”.

Sentencia judicial firme

Los jueces avalaron en noviembre de 2023 la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a Mohamed Houli Chemlal (43 años) y Driss Oukabir (36 años) y rebajaron a un año y medio de prisión la de Said Ben Iazza por formar parte del grupo terrorista, fabricar los explosivos o adquirir el material y como responsables de los daños y lesiones que causó la explosión de la casa de Alcanar donde preparaban ataques contra lugares emblemáticos de Barcelona.

Estos atentados de Barcelona y Cambrils de 2017 ya cuentan, por lo tanto, con una sentencia judicial firme. Los ataques, organizados por una célula que dirigió el imán Es Satty, provocaron 16 muertos y más de 300 heridos en dos atentados en la Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils. Pese a la rotundidad de las sentencias judiciales, dirigentes de Junts han lanzado teorías de la conspiración que llegan a poner en duda la muerte del imán, en contra de todas las evidencias recogidas en la investigación.

Una operación de la Guardia Civil, dirigida por la Audiencia Nacional, ha detenido a tres hombres en Pontevedra, acusados de apología del terrorismo yihadista y de estar entrenando a personas afines al islam radical. Uno de los arrestados, un individuo de nacionalidad española y origen brasileño, de 32 años, ha entrado ya en prisión. Los otros dos, un marroquí de 28 años y un ciudadano español de origen alauí de 22 han quedado en libertad con cargos.

Según informó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, las detenciones tuvieron lugar el pasado día 20 de enero y fueron realizadas por la jefatura del servicio de información de la Guardia Civil, con el apoyo de la comandancia de la ciudad.

Los sospechosos estaban siendo seguidos por realizar “presuntas actividades de difusión de contenidos de apología del terrorismo yihadista a través de plataformas multimedia y redes sociales”. Eso incluía consignas yihadistas y cantos religiosos musulmanes “con fuerte poder adoctrinador en el ideario yihadista extremista”.

Para todo ello, según Losada, empleaban material multimedia oficial del Daesh y transmitían mensajes de su red oficial. Además de la difusión de este ideario, desarrollaban actividades de entrenamiento físico para adiestrar a “personas afines en el islam radical”, que pudiesen estar “ya en una fase avanzada de radicalización”.

Abu Mohammad Al Jolani, líder de la alianza insurgente islamista que ha derrocado el régimen de Bashar Al Asad en Siria tras una ofensiva relámpago, es un extremista que ha intentado mostrar públicamente una apariencia más moderada para tratar de alcanzar sus objetivos.

A la cabeza de Hayat Tahrir al-Sham (el Organismo de Liberación del Levante, HTS por sus siglas), que hunde sus raíces en la rama siria de Al-Qaida, Jolani afirma que el objetivo de su ofensiva era derrocar el gobierno del presidente Bashar al-Assad. “Cuando hablamos de objetivos, la meta de la revolución sigue siendo el derrocamiento de este régimen. Tenemos derecho a utilizar todos los medios disponibles para lograr ese objetivo”, declaró Jolani a la CNN en una entrevista emitida el viernes.

Jolani actuó en la sombra durante años. Pero ahora está en el foco mediático, concediendo entrevistas a los medios de comunicación internacionales. Con el paso de los años, ha dejado de llevar el turbante de los yihadistas y se ha decantado por el uniforme militar. El miércoles visitó la ciudadela de Alepo con camisa y pantalones caqui, de pie en la puerta de su vehículo blanco, mientras saludaba y se movía entre la multitud.

Desde que rompió lazos con Al Qaeda en 2016, Jolani ha tratado de presentarse como un líder más moderado. Pero aún no ha logrado acallar las sospechas de analistas y gobiernos occidentales que siguen clasificando a HTS como organización terrorista. “Es un radical pragmático”, afirma Thomas Pierret, especialista en islam político. “En 2014, estaba en el apogeo de su radicalismo”, dice Pierret, refiriéndose al periodo de la guerra en el que buscaba competir con el grupo yihadista Estado Islámico. “Desde entonces, ha moderado su retórica”, añade.

Nacido en 1982, Jolani pertenece a una familia acomodada y se crió en Mazzeh, un barrio pudiente de Damasco. Durante la ofensiva que lanzó el 27 de noviembre, empezó a firmar sus declaraciones con su verdadero nombre: Ahmed al-Sharaa. En 2021, declaró a la cadena estadounidense PBS que su nombre de guerra era una referencia a sus raíces familiares en los Altos del Golán, afirmando que su abuelo se había visto obligado a huir tras la anexión de la zona por Israel en 1967.

El 11 de septiembre y la guerra de Irak

Según el sitio web de noticias Middle East Eye, fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 cuando Jolani se sintió atraído por primera vez por el pensamiento yihadista. “A raíz de su admiración por los autores de los atentados del 11 de septiembre, comenzaron a aparecer en su vida los primeros indicios de yihadismo, ya que empezó a asistir a sermones secretos y a mesas redondas en suburbios marginales de Damasco”, afirma el sitio web.

Tras la invasión de Irak liderada por Estados Unidos, abandonó Siria para participar en la lucha. Se unió a Al Qaeda en Irak, dirigida por Abu Musab al Zarqawi, y posteriormente fue detenido durante cinco años, lo que le impidió ascender en las filas de la organización yihadista. En marzo de 2011, cuando estalló en Siria la revuelta contra el régimen de Al Asad, regresó a su país y fundó el Frente al-Nusra, rama siria de Al-Qaeda.

En 2013, se negó a jurar lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi, que acabaría convirtiéndose en el emir del grupo Estado Islámico, y en su lugar prometió lealtad a Ayman al-Zawahiri, de Al-Qaeda.

Realista a los ojos de sus partidarios, oportunista para sus adversarios, Jolani declaró en mayo de 2015 que, a diferencia del Estado Islámico, no tenía intención de lanzar ataques contra Occidente. También proclamó que, en caso de derrota de Asad, no habría ataques de venganza contra la minoría alauita de la que procede el clan del presidente. Cortó los lazos con Al Qaeda, alegando que lo hacía para privar a Occidente de motivos para atacar a su organización. Según Pierret, desde entonces ha intentado trazar un camino para convertirse en un hombre de Estado creíble.

En enero de 2017, Jolani impuso una fusión con HTS a grupos islamistas rivales en el noroeste de Siria, reclamando así el control de franjas de la provincia de Idlib que habían caído en manos del gobierno. En las zonas bajo su control, HTS desarrolló un gobierno civil y estableció una apariencia de Estado en la provincia de Idlib, al tiempo que aplastaba a sus rivales rebeldes.

Las promesas para la nueva etapa

A lo largo de este proceso, HTS tuvo que hacer frente a acusaciones de residentes y grupos de defensa de los derechos humanos por los brutales abusos contra quienes se atrevían a disentir, que la ONU ha calificado de crímenes de guerra. Tal vez consciente del miedo y el odio que ha suscitado su grupo, Jolani se ha dirigido a los habitantes de Alepo, donde vive una importante minoría cristiana, para asegurarles que no sufrirán ningún daño bajo el nuevo régimen.

También pidió a sus combatientes que preservaran la seguridad en las zonas que habían “liberado” del régimen de Asad. “Creo que, ante todo, se trata de política”, afirma Aron Lund, miembro del grupo de reflexión Century International. “Cuanto menos pánico local e internacional haya y cuanto más parezca Jolani un actor responsable en lugar de un extremista yihadista tóxico, más fácil le resultará el trabajo”. ¿Es totalmente sincero? “Seguramente, no”, afirma. “Pero es lo más inteligente para sus intereses que puede decir y hacer en este momento”.

La Guardia Civil ha detenido en Caspe (Zaragoza), en el marco de la Operación Hadaba, a un individuo por la presunta comisión de delitos de terrorismo. Esta persona, inmersa en un avanzado proceso de radicalización yihadista, habría llevado a cabo actividades de adoctrinamiento sobre terceros.

La investigación ha sido consecuencia del análisis de la información obtenida en el marco de la primera fase de la operación Almuasasa, en la que la Guardia Civil, de manera conjunta con el FBI y con la coordinación y apoyo de Europol y Eurojust, procedió el pasado 11 de junio a la neutralización de la principal infraestructura web activa en ese momento a escala global dedicada a la facilitación de contenidos terroristas vinculados a la esfera mediática del Estado Islámico, a la vez que se detuvo a varios individuos en España.

Si bien ya se investigaba al detenido por su actividad yihadista desde el año 2017 en el plano virtual, y que se centraba recientemente en la difusión de contenidos relativos a “mártires y muyahidines” que actúan contra Israel, ha sido gracias al estudio de las evidencias de la Operación Almuasasa que se han podido constatar las actividades de adoctrinamiento sobre uno de los individuos detenidos en la citada operación.

Así mismo, el detenido presenta un perfil inestable, lo que unido a su militancia yihadista, eleva el nivel de riesgo que pudiera suponer para la seguridad nacional. Precisamente, muchos de los individuos que han protagonizado acciones terroristas violentas en Europa en los últimos años se corresponden con un perfil similar al del detenido, habiendo protagonizado incidentes violentos en sus comunidades y habiendo exteriorizado indicios de inestabilidad mental.

En el año 2019, el Comité de Dirección en materia de Prevención de Radicalización de la Comisión Europea incluyó entre las prioridades estratégicas en materia de prevención de la radicalización, el análisis del impacto de los problemas mentales en las personas que protagonizan acciones violentas súbitas.

La operación Hadaba ha sido desarrollada por el Servicio de Información de la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 1 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha decretado el ingreso del detenido en prisión por la presunta comisión de delitos de terrorismo